Bartlett: se respetará Reforma Energética; vamos a hacer que la CFE compita, señala
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| Manuel Bartlett Díaz, senador del Partido del Trabajo y próximo director de la Comisión Federal de Electricidad, acudió ayer a la sesión de la Comisión Permanente del Congreso de la Unión. Foto: Cuartoscuro |
Redacción
CIUDAD DE MÉXICO.
Manuel Bartlett, futuro director de la Comisión Federal de Electricidad (CFE), aseguró que no cambiará una sola coma a la Reforma Energética implementada en este sexenio, a pesar de que él fue uno de sus principales críticos. Por el contrario, aclaró, su gestión en la empresa se ajustará a las órdenes constitucionales, a la ley actual, y la hará crecer con apego a las reglas del mercado.
“La vamos a respetar. Vamos a hacer que se compita, porque ¿de qué se trata una reforma del mercado? Pues de que haya competencia.
¿Cómo va a competir (la CFE) si la están matando?”, dijo en entrevista al concluir la sesión del pleno de la Comisión Permanente.
El todavía coordinador de los senadores del PT sostuvo que no lo afectan ni le quitan el sueño las críticas y presiones que ha recibido por su designación.
“No será tocada la Reforma Energética”
El próximo director de la CFE dice que con la ley vigente levantará a la empresa, a la que no se le ha dejado crecer.
Manuel Bartlett aclaró que no va a cambiar una sola coma a la Reforma Energética y con apego a las reglas del mercado levantará a la CFE, empresa mexicana a la que no permiten crecer; aseguró además que “no” le merman las críticas que ha recibido ni le quitan el sueño las presiones del sector privado, pues ninguna empresa eléctrica en el mundo es dirigida por electricistas.
En entrevista, al concluir la sesión del pleno de la Comisión Permanente, Manuel Bartlett informó que se revisarán los criterios de cobro del servicio con la CRE y negó que la condonación de los adeudos de la CFE a usuarios de Tabasco, que suman al menos 11 mil 513 millones de pesos, implique un golpe a las finanzas de la empresa.
En 2016, la CFE entregó un informe a la Comisión Permanente del Congreso de la Unión en el que describe que en Tabasco existen 577 mil 107 usuarios; de ellos 495 mil deben hasta 23 mil 500 pesos y al 31 de diciembre de 2015 se adhirieron al convenio para facilitarles el pago del servicio, un total de 297 mil 520 usuarios, que representan mil 720 millones de pesos.
Se explica que en la Zona Sureste, del total de 14 mil 553 millones de pesos que adeuda, 11 mil 513 son del servicio público de los usuarios; 47 millones los debe directamente el estado; 555 millones de pesos los gobiernos municipales; dos mil 314 millones de pesos están incluidos en los convenios con usuarios y 124 millones “son incobrables”.
Manuel Bartlett evitó confrontarse con sus detractores, incluso puso en duda que existieran críticas en su contra, pero al hacerle referencia concreta a Manuel Clouthier, quien lo señaló de perseguir y acosar a su padre, el empresario Manuel J. Clouthier, Manuel Bartlett dijo que sus expresiones lo tienen “aterrado”, mientras mostraba una sonrisa.
—¿Le merman estas críticas?
—Nada. No me merman el ánimo, porque tengo la comisión muy importante que es rescatar la Comisión Federal de Electricidad, que es una empresa que llevó la electricidad de todo el país, una empresa fantástica, que la están matando.
Dejó en claro que no habrá reforma constitucional para echar abajo la Reforma Energética que, por el contrario, se ajustará a las órdenes constitucionales y a la ley actual.
“La vamos a respetar. Vamos a hacer que se compita, porque de qué se trata una reforma del mercado, pues de que haya competencia y cómo va a competir si la están matando”, aseguró el aún coordinador del Partido del Trabajo en el Senado.
Adelantó que se reunirá con los responsables de la CFE y “ellos van a explicar su gestión, de ahí surgirán responsabilidades o no. No sé. La Secretaría de la Función Pública de este gobierno neoliberal, al que me opuse los seis años, dice que la medalla de la corrupción la tiene la CFE. ¿Cómo va a competir una empresa corrupta?”.
Pidió no ser “drásticos” en pensar que las responsabilidades de quienes la han hundido impliquen cárcel.
La IP pide reflexionar
El sector empresarial pidió reflexionar la propuesta de quien será el director de la CFE, pues manda una señal negativa a los inversionistas.
Para Gustavo de Hoyos, presidente de la Coparmex, un perfil como el de Manuel Bartlett preocupa a quienes están invirtiendo en el sector, pues se ha manifestado en contra de los avances en el sector eléctrico y de hidrocarburos.
“La energética es la reforma de mayor calado, la que más recursos atrae en inversión y donde los errores pueden estar en dólares, no son un espacio para la improvisación”, dijo.
Por puntualidad, 2 mil 662 mdp al Poder Ejecutivo
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Angélica Mercado y Rafael Montes
La Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) reveló que además de pagar 763 mil millones de pesos en salarios a la burocracia del gabinete legal y ampliado entre enero y junio, le dio en el último trimestre 76 mil millones de pesos más en prestaciones de ley y otras, como bono de puntualidad, por el que pagó en total 2 mil 662 millones de pesos, y 2 mil 700 como estímulo por asistencia.
La dependencia detalló que en total el gobierno paga 136 prestaciones distintas, de las que siete son por disposición de ley y seguridad social.
El resto se distribuyen en prestaciones de retiro y de seguros a favor de las personas, prestaciones de condiciones generales, contratos colectivos y otras. Además de remuneraciones extraordinarias como: estímulos, pago de horas extras y días de descanso, pago por riesgo laboral y por antigüedad, finiquitos y liquidaciones.
En el Informe Sobre la Situación Económica y las Finanzas Públicas enviado ayer a la Comisión Permanente, la SHCP indica que en el último trimestre destinó 800 millones de pesos para pago de seguro de gastos médicos mayores, mil 406 millones de pesos para desarrollo y capacitación de los servidores públicos, mil 179 millones por seguro de separación individualizado y 316 millones de compensación por fidelidad.
Aunque la dependencia no menciona cuántos empleados fueron pagados con ese monto, el Inegi informó en julio que la administración pública federal, hasta 2016, se componía de un millón 639 funcionarios y empleados.
En su informe, Hacienda señala que las prestaciones se entregaron a los servidores públicos de 31 dependencias, como la Presidencia de la República, que recibió 96.41 millones de pesos; Gobernación, mil 995 millones; 113 millones para Relaciones Exteriores y mil 989 millones para la SHCP.
Además, se entregaron en un trimestre mil 459 millones de pesos para la Secretaría de la Defensa Nacional y mil 705 mdp para la de Marina.
La Secretaría de Educación Pública recibió una asignación de 10 mil 495 millones de pesos, mientras que el IMSS pagó prestaciones por 28 mil 781 millones.
La burocracia del país recibió bonos de mil 506 millones de pesos por actualización científica, de 2 mil 785 millones por asistencia, de 19.5 millones por comisión nacional de auxilios, de mil 281 millones por desempeño docente y de mil 300 millones por desempeño y productividad.
Se pagaron bonos por 31 millones de pesos para premiar al empleado del mes, 8.7 millones de pesos por gratificación, 4.5 millones de incentivo laboral, 2 millones por nota buena, 685 mil pesos por notas de mérito, 4 mil 135 millones por años de servicio, 156 millones de premios, estímulos y recompensas; 493 millones por productividad y eficiencia, y 2 mil 662 por puntualidad.
La dependencia dijo que por ley se pagaron para aguinaldo o gratificación de fin de año 303 millones de pesos, 82 mdp para asignaciones de técnico, 127 mil pesos para asignaciones de técnico especial, 11 millones para asignaciones de vuelo, 3 mil 870 mdp por prima de antigüedad, 2 mil 782 mdp por primas de vacaciones y dominical, y 301 mdp por prima quinquenal por años de servicios efectivos prestados.
Se pagaron también cuotas para el fondo de trabajo del personal militar por 188 millones de pesos, fondo de ahorro, por 690 mdp; fondo de retiro de trabajadores de la educación, por 782 mil pesos; fondo nacional capitalizable, 15 mdp; otros seguros, 2 mil 810 mdp; seguro colectivo de retiro, 99 mdp; seguro de gastos médicos mayores, 812 mdp; seguro de responsabilidad civil, por 31 mdp; seguro de separación individualizado, mil 179 mdp, y seguro de vida institucional, 742 mdp.
PAGOS POR FESTIVIDADES
Entre otras prestaciones, el informe detalla que se cubren bonos de diversas festividades.
Para el Día de la Madre se destinaron entre abril y junio 91.4 millones de pesos, 86 millones para el Día de la Mujer, 623 mil pesos para el Día de la Secretaria, 3.3 millones para el Día de Reyes, 37 mil pesos para el Día del Caminero, 1.3 millones para el Día del Cumpleaños del Trabajador, 583 millones para el Día del Maestro, 53.3 millones para el Día del Niño, 3 millones para el Día del Padre, 16 millones para el Día del Trabajador Institucional, 590 mil pesos para el Día del Trabajo y 2.2 millones para dote matrimonial y por maternidad.
Por lo que toca a los salarios, Hacienda reportó pagos en el primer semestre del año por mil 68 millones de pesos, la SEP, 103 mil 368 millones; Ejército y Fuerza Aérea, 53 mil millones, y Secretaría de Marina-Armada de México, 20 mil mdp.
La Secretaría de Gobernación recibió 33 mil 318 millones, de los que 18 mil mdp se asignaron al personal de la Policía Federal.
ISSSTE DEBE INFORMAR EDAD DE JUBILACIÓN DE ALTOS EX FUNCIONARIOS
El Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (INAI) ordenó al Instituto de Seguridad Social y Servicios para los Trabajadores del Estado (Issste) dar a conocer datos, como la edad que tenían al momento de jubilarse, altos ex funcionarios federales, como secretarios de Estado, directores generales y subsecretarios, que obtuvieron esa prestación a partir de 2010.
A partir del 1 de enero de ese año hubo una reforma en materia de seguridad social, en la cual la Ley de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado establece como requisito para jubilarse una edad mínima, por lo que conocer a qué edad se retiraron los altos ex funcionarios ayuda a saber si se cumplió con la ley.
Al analizar el proyecto de resolución y proponerlo al pleno del INAI, la comisionada Blanca Lilia Ibarra destacó que el asunto es trascendente porque busca transparentar el cumplimiento de un requisito para obtener una pensión pagada con recursos públicos: “Es un dato cuya difusión contribuye a la rendición de cuentas y a la transparencia en la gestión pública”, afirmó.
Sobre todo, comentó, porque, de acuerdo con el director del Issste, José Reyes Baeza, durante la glosa del quinto Informe de gobierno del Ejecutivo federal rendido ante la Comisión de Seguridad Social del Senado, para 2018 se contempla ejercer 207 mil millones de pesos en pensiones y jubilaciones, es decir, 73.2 por ciento de su gasto total de operación, mientras que 26.8 por ciento restante será para brindar los servicios médicos, hospitalarios, medicinas, tratamientos, campañas de promoción y vacunación, así como programas de salud pública del ISSSTE.
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Poder Judicial se ajusta el cinturón para 2019
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El Poder Judicial de la Federación (PJF) anunció medidas de austeridad para el presupuesto de egresos 2019, con las cuales busca “disminuir gastos no prioritarios” y que no afecten la correcta impartición de justicia en el país, dijo el ministro presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), Luis María Aguilar Morales.
Al encabezar la ceremonia con motivo de la apertura del segundo periodo de sesiones, el ministro ordenó a la Suprema Corte, al Consejo de la Judicatura Federal y al Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación establecer acciones que permitan “una mayor eficiencia, eficacia, racionalidad y, particularmente, de austeridad” en la compra de bienes, la realización de eventos y el ejercicio del gasto público.
Andrés Manuel López Obrador, virtual presidente electo de México, señaló en las últimas semanas que el país requiere austeridad en la administración de recursos públicos.
Ayer el ministro presidente afirmó que el Poder Judicial de la Federación no es ajeno a los profundos retos que enfrenta México en lo económico, político y social, y que al emprender esas estrategias se buscará que “no se comprometa la independencia y autonomía de los órganos jurisdiccionales, que se constituyen como uno de los pilares fundamentales de la estabilidad democrática del país, mediante la prestación de un servicio público fundamental”.
El ministro explicó que se elaborarán los respectivos proyectos de presupuesto de egresos para el ejercicio 2019, que desde luego deberán someterse a la aprobación de los plenos correspondientes, bajo tres directrices en los que se deberá generar ahorro y limitar la inversión.
El primero consiste en revisar la política de inversión pública en materia de bienes, servicios y obras, con el propósito de sólo ejercer recursos públicos en aquellos rubros que sean estrictamente indispensables para garantizar el desarrollo y la continuidad de las funciones constitucionales del Poder Judicial.
Esto significa disminuir “gastos no prioritarios, como pueden ser la compra de vehículos, remodelaciones, mobiliario o equipamiento en general, entre otros rubros”.
El segundo prevé revisar la política en materia de servicios al personal, con el fin de “disminuir los gastos en congresos, convenciones, ceremonias, viáticos, subsidios, gasolina, actividades culturales y deportivas, así como apoyos económicos en general, no indispensables para la adecuada impartición de justicia”.
Como tercera directriz se profundizará en la “política de racionalidad, disciplina y ahorro que se ha instrumentado en los últimos años”, sin que ello impida cumplir con las obligaciones en la labor sustancial de impartir justicia en beneficio de la población.
En su mensaje, Aguilar Morales enfatizó que esas acciones se asumirán “sin comprometer la independencia y autonomía jurisdiccional”, y permitirán ahorros importantes que podrían ser reorientados conforme a las directrices de los Poderes de la Unión competentes.
El ministro presidente recordó que durante 2017 se implementaron medidas de austeridad y racionalidad del gasto, que permitieron que el Poder Judicial donara 2 mil 100 millones de pesos para apoyar a los damnificados por los sismos de septiembre de 2017.
Para este año, este poder obtuvo un presupuesto de 71 mil 366 millones 389 mil 337 pesos, de los cuales 5 mil 635 millones 107 mil 441 fueron destinados a la Suprema Corte de Justicia de la Nación.
Según los Estados financieros de la Suprema Corte al 30 de junio de 2018, a los que tuvo acceso EL UNIVERSAL, para el presente año se asignaron recursos, algunos de los cuales podrían estar en el plan de austeridad que se anunció.
Por ejemplo, en 2018 se tiene considerado el pago de 33 millones 997 mil 276 pesos de prima quincenal por años de servicio efectivo prestados para sus trabajadores; también se autorizó un total de 49 millones 718 mil 293 pesos para el pago de primas vacacionales y dominicales.
Las gratificaciones de fin de año están presupuestadas en 284 millones 388 mil 601 pesos, mientras que se destinarán 300 mil pesos a las remuneraciones por horas extraordinarias trabajadas.
El proyecto incluye el pago de 17 millones 32 mil 707 pesos para la compra de productos alimenticios para personal de la institución; un millón 830 mil 370 para la compra de comida derivado de actividades extraordinarias y 688 mil 643 pesos para los utensilios del servicio de alimentación.
Para la compra de “combustibles, lubricantes y aditivos” se prevé destinar 4 millones 848 mil 510 pesos, en tanto que para el pago de celulares se destinaría un millón 680 mil pesos y el pago de internet se presupuestó en 5 millones 998 mil 160 pesos.
Para capacitar a sus servidores públicos, la Corte destinará 13 millones 133 mil 814 pesos y de viáticos en territorio nacional se autorizaron 8 millones 515 mil 302, mientras que para ir al extranjero los viáticos son de 2 millones 348 mil 526 pesos.
Los congresos y convenciones cuentan con un presupuesto de 31 millones 479 mil 141 pesos; las exposiciones obtuvieron 414 mil pesos y los gastos de alimentación para servidores públicos en este tipo de eventos se calcularon en 6 millones 734 mil 620 pesos.
Para la compra de obras de arte o bienes culturales se autorizaron 27 millones 132 mil 600 pesos y para adquirir vehículos de los servidores públicos de la Corte se designaron 26 millones 529 mil 120 pesos, y en un rubro separado se destinaron 2 millones 825 mil 876 pesos para la compra de vehículos de servicio.
Todo el Poder Judicial tiene un total de 13 mil 694 plazas y la mayor parte está adscrita al Consejo de la Judicatura Federal, que recibió 61 mil 838 millones 81 mil 896 pesos para repartir en la administración de 839 órganos jurisdiccionales.
De los 3 mil 893 millones 200 mil pesos que recibió de presupuesto el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, se estimó un total de 371 millones 79 mil pesos para remuneraciones adicionales y especiales a sus trabajadores.
Según el Estado presupuestario y programático del primer trimestre de 2018 del tribunal electoral, para alimentos y utensilios se presupuestaron 9 millones 362 mil pesos y para la compra de lubricantes, combustibles y aditivos, otros 9 millones 32 mil pesos.
Para viáticos se autorizaron 18 millones 543 mil pesos y para la compra de vehículos y equipo de transporte, un total de 7 millones 115 mil pesos.
Retoma AMLO Constitución Moral; plantea “buscar bienestar del alma”
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Andrés Manuel López Obrador informó que ya se está trabajando en la elaboración de un anteproyecto de “Constitución Moral” que será sometido a la opinión de la ciudadanía, refirió que esta idea se sustenta en que “no solo se debe buscar un bienestar material, sino también un bienestar del alma, fortalecer valores culturales, morales, espirituales”.
La idea de una Constitución Moral, paralela a la Constitución y las leyes nacionales, fue expuesta durante la campaña AMLO, pero hasta ahora no la había retomado. Ayer indicó que debe ser elaborada en conjunto con la sociedad y lo presentó, sin pregunta de por medio, como uno de los proyectos a los que ha destinado tiempo de trabajo en los últimos días.
En campaña delineó un poco más lo que entiende por “Constitución Moral”: bajo el principio de que la reconciliación nacional sólo puede lograrse mediante el amor (la república amorosa a la que ha hecho alusión en diferentes ocasiones), argumenta que mejorar las condiciones materiales de la población es importante, pero en la misma medida lo es recuperar valores morales.
Afirmó en su momento, a principios de año en Puebla, que convocaría a un gran diálogo nacional para moralizar a México y que llamaba a participar a investigadores, filósofos, artistas, amas de casa, profesionistas, campesinos e indígenas, por mencionar sólo algunos.
Unos días después, ante sus aliados del conservador Partido Encuentro Social (PES), señaló que todas las religiones, todos los ciudadanos, creyentes o no, deben participar en este proyecto.
“La crisis actual se debe no sólo a la falta de bienes materiales, sino también a la pérdida de valores, de ahí que sea indispensable auspiciar una nueva corriente de pensamiento para promover un paradigma moral, del amor a la familia, al prójimo, a la naturaleza y a nuestra patria”, comentó ante la militancia del PES.
Mencionó que al conformar los ejes de su gobierno se incluirán principios y derechos actuales, conseguidos o por conseguir, como la no discriminación, la diversidad, el respeto a la diversidad, la pluralidad y el derecho a la libre manifestación de las ideas.
En aquella ocasión explicó que para ello convocará a una suerte de constituyente en el que van a participar también a filósofos, psicólogos, sociólogos, antropólogos, así como todos aquellos que tengan algo que aportar al respeto. Ayer, ya no hizo alusión al método de emisión de la constitución moral, aunque señaló que habrá más noticias sobre el tema en los próximos días.
Veremos firmar a EPN el acuerdo en el TLCAN: IP
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Moisés Kalach, coordinador del ‘cuarto de junto’ del sector empresarial, vislumbra un escenario en el que el presidente Peña Nieto firma la renegociación del Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN), es decir, que se debería alcanzar un acuerdo en agosto.
“El presidente lo puede firmar y es un momento donde se cierra un capítulo del proceso, que es la negociación per se, se llega a un acuerdo en principio, después lo firman ambos presidentes, de ahí se llega a un acuerdo formal, pero no entra en vigor hasta que lo aprueben, en el caso nuestro, el Senado que entra el primero de septiembre”, dijo a El Financiero.
Para Kalach es de vital importancia el acompañamiento que tiene el secretario de Economía, Ildefonso Guajardo, por parte del equipo de negociación de transición para el TLCAN, encabezado por Jesús Seade.
“El gobierno actual cierra el ciclo de una negociación, el gobierno entrante lo acompaña en el cierre, pero al mismo tiempo empieza a tomar responsabilidad de lo que sigue para pasarlo en el Congreso”, destacó.
Dado que la configuración del Senado entrante tiene mayoría morenista, el gobierno de AMLO estará muy involucrado en el trabajo que se deberá hacer para pasarlo, dijo.
Respecto a las ‘piedras en el zapato’ en la negociación, en una de las más complicadas, las reglas de origen, se están encontrando pistas de aterrizaje paralelas, añadió.
“Avances importantes en el tema de autos, me parece que están empezando a aterrizar las cosas, se están empezando a sentir avances en el sentido de que se empieza a escuchar que hay más aceptación de la industria y de los consensos, aunque es difícil hablar de una regla de origen ya final”, expuso.
Las negociaciones ministeriales, sin Canadá, inician hoy y concluyen el viernes en Washington.
DIFERENCIAS EN CLÁUSULA ‘SUNSET’
Estados Unidos y México aún tienen algunas diferencias en la cláusula ‘sunset’ en las pláticas del TLCAN, dijo Guillermo Malpica, jefe de la oficina de México en la representación del acuerdo.
Estados Unidos insiste en terminar el TLCAN cada cinco años y México sugiere que el acuerdo se revise en ese mismo periodo, señaló.
Sobre las reglas de origen de autos, afirmó que las naciones “están más cerca” de llegar a un acuerdo.
Puntualizó que Estados Unidos comenzó a mostrar más flexibilidad la semana pasada en relación a los contenidos de autos y otros asuntos en las negociaciones, que se prolongan ya por casi un año.
Fuentes consultadas por Bloomberg detallaron el martes que ambas partes han intercambiado nuevas propuestas para la industria automotriz.
En mayo, los negociadores mexicanos ofrecieron a EU que al menos el 20 por ciento del valor de un auto provendría de trabajadores mejor pagados, a cambio de que la Casa Blanca le dé la espalda a propuestas como poner límites a las oportunidades de contratación del Gobierno, barreras a las exportaciones estacionales de productos agrícolas mexicanos y la 'cláusula sunset'.
En ese momento, Robert Lighthizer, representante comercial estadounidense, comentó que la propuesta no era suficiente para Estados Unidos que había exigido que 40 por ciento de los carros y 45 por ciento de los camiones fuesen hechos por trabajadores que ganen un mínimo de 16 dólares por hora.
Sobre contenido, el Gobierno mexicano estaba dispuesto a que el 70 por ciento de componentes de los automóviles fueran de América del Norte, por encima del 62.5 por ciento actual, mientras que Estados Unidos buscaba 75 por ciento.
AMLO apela a facultades; sí tendrá un delegado en cada estado
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| AMLO (der.) recibió ayer al gobernador electo de Morelos, Cuauhtémoc Blanco. Foto: Especial |
Antonio López Cruz
Alas críticas de algunos personajes, como el gobernador electo en Jalisco, Enrique Alfaro, contra la figura de los coordinadores estatales, en vez de las delegaciones federales, Andrés Manuel López Obrador, virtual Presidente de México, respondió: “yo no sé por qué les preocupa (a los gobernadores) si ya no se van a entender con tantos, sólo con un delegado en cada estado. Y es una facultad del Ejecutivo. Yo tengo esa facultad y la voy a ejercer”.
Afirmó que su propuesta busca reducir costos como parte de su plan de austeridad, pues actualmente hay entre 30 y 40 delegados del Gobierno Federal por entidad, y con su propuesta serán sólo 32 representantes, quienes serán el vínculo entre los estados y el Gobierno federal.
Además, aclaró que el puesto de delegado no va a interferir con las facultades de los gobernadores.
“No, no es como que vayan a ser algo así como vicegobernadores; el gobernador es electo por el pueblo y nosotros seremos respetuosos de la autonomía de los estados”, apuntó.
Además del mandatario de Jalisco, el dirigente nacional del PAN, Damián Zepeda, consideró que las figuras de coordinadores estatales “son “evidentemente operadores políticos”, y el gobernador perredista de Michoacán, Silvano Aureoles, dijo que la relación con la federación debe darse “en un marco del respeto irrestricto al pacto federal, evitando la creación de figuras que compitan con las facultades de los poderes locales”.
“Yo no sé por qué les preocupa (a los gobernadores) si ya no se van a entender con tantos, sólo con un delegado en cada estado. Esta es una facultad del Ejecutivo y la voy a ejercer”
Alas críticas de algunos personajes, como el gobernador electo en Jalisco, Enrique Alfaro, contra la figura de los coordinadores estatales, en vez de las delegaciones federales, Andrés Manuel López Obrador, virtual Presidente de México, respondió: “yo no sé por qué les preocupa (a los gobernadores) si ya no se van a entender con tantos, sólo con un delegado en cada estado. Y es una facultad del Ejecutivo. Yo tengo esa facultad y la voy a ejercer”.
Afirmó que su propuesta busca reducir costos como parte de su plan de austeridad, pues actualmente hay entre 30 y 40 delegados del Gobierno Federal por entidad, y con su propuesta serán sólo 32 representantes, quienes serán el vínculo entre los estados y el Gobierno federal.
Además, aclaró que el puesto de delegado no va a interferir con las facultades de los gobernadores.
“No, no es como que vayan a ser algo así como vicegobernadores; el gobernador es electo por el pueblo y nosotros seremos respetuosos de la autonomía de los estados”, apuntó.
Además del mandatario de Jalisco, el dirigente nacional del PAN, Damián Zepeda, consideró que las figuras de coordinadores estatales “son “evidentemente operadores políticos”, y el gobernador perredista de Michoacán, Silvano Aureoles, dijo que la relación con la federación debe darse “en un marco del respeto irrestricto al pacto federal, evitando la creación de figuras que compitan con las facultades de los poderes locales”.
“Yo no sé por qué les preocupa (a los gobernadores) si ya no se van a entender con tantos, sólo con un delegado en cada estado. Esta es una facultad del Ejecutivo y la voy a ejercer”
Andrés Manuel López Obrador
Virtual Presidente electo
También la Coparmex criticó lo que, consideró, sería una concentración de facultades en cada coordinador que debilitaría los equilibrios y contrapesos en la relación de los gobiernos estatales .
En otro tema, López Obrador anunció que a un mes de la elección del 1 de julio se reunió con el nuevo equipo del Servicio de Administración Tributaria (SAT), con quien se elabora el proyecto para tener una buena recaudación sin aumentar los impuestos en “términos reales”, para evitar la evasión fiscal, y anunció que pronto dará a conocer el nombre de la titular.
“Evitando la evasión fiscal, y cumpliendo todos con nuestra responsabilidad de contribuir en lo fiscal, lograremos mejorar la recaudación en términos reales sin aumentar el precio de gasolinas, de gas, de diésel, de energía eléctrica en términos reales”, puntualizó.
Además, señaló que se elabora el anteproyecto para convocar a los ciudadanos a crear conjuntamente una “constitución moral”, que busque fortalecer el bienestar del alma y los valores culturales.
Agregó que la descentralización de las secretarías sí va, pues la política económica ha sido un fracaso derivado de la centralización.
El Dato: AMLO dijo que los coordinadores se encargarán de vigilar los programas de desarrollo y sustituirán a los delegados federales.
“México es uno de los países con menor crecimiento económico del mundo, y para llegar al 2 por ciento hay regiones que están creciendo desde hace algún tiempo al 6-8 por ciento, mientras que en otras no ha habido crecimiento. Por ello la descentralización, porque lo que queremos es distribuir la inversión pública en todo el país”, explicó.
También, dijo que se avanza en diversas reformas para considerar la corrupción como delito grave sin derecho a fianza y que el Presidente pueda ser juzgado.
Rechazan a intermediarios
El proyecto de los coordinadores estatales de López Obrador no fue bien recibido.
La Confederación Patronal de la República Mexicana (Coparmex), considera que la concentración de facultades en cada coordinador debilitaría los equilibrios y contrapesos en la relación de los gobiernos estatales y municipales con la Federación.
Silvano Aureoles, gobernador de Michoacán, opina que se debe evitar la creación de figuras que compitan con las facultades constitucionales de los poderes locales.
Damián Zepeda, líder nacional del PAN, señala que los organismos estatales de programas de desarrollo, son evidentemente operadores políticos.
Enrique Alfaro, gobernador electo de Jalisco, afirma que su relación será directa con el Presidente y con sus secretarios de Estado y que en la entidad no habrá autoridades intermedias.
Y pide a EPN presentar propuesta de SSP
El virtual Presidente electo, Andrés Manuel López Obrador, informó que solicitará al Presidente Enrique Peña enviar al Congreso una iniciativa de ley para crear la nueva Secretaría de Seguridad Pública federal (SSP) que estará dirigida por Alfonso Durazo.
Explicó que la intención es que su administración cuente de inmediato con ese instrumento para atender el problema de la violencia.
“Queremos que desde el primer día se cuente con la SSP, que ya no dependa esta función de la Secretaría de Gobernación, será una dependencia para los ciudadanos, con personal bien preparado”, apuntó.
La petición al Jefe del Ejecutivo se realizaría para que la reforma a la Ley Orgánica de la Administración pueda concretarse en el primer periodo de sesiones del Congreso.
“Por eso le voy a pedir al Presidente Peña Nieto, de manera respetuosa, que se envíe esta reforma lo más pronto posible, de modo que antes del 1 de diciembre tengamos la aprobación para que empiece a funcionar”.
No se dará marcha atrás a reforma energética: Bartlett
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El senador y futuro director de la Comisión Federal de Electricidad (CFE), Manuel Bartlett Díaz, aseguró que no se dará marcha atrás a la reforma energética, ya que lo que se busca es volver competitiva a la empresa.
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El anunciado como próximo director de la Comisión Federal de Electricidad (CFE), Manuel Bartlett Díaz, aseguró que no se dará marcha atrás a la reforma energética, ya que lo que se busca es volver competitiva a la empresa.
En entrevista en la Cámara Alta, el exgobernador de Puebla, refirió que respetarán “la ley como está”, además de realizar una revisión a las tarifas respetando las reglas del mercado para rescatar a la CFE de la crisis económica que atraviesa.
“Cómo puede competir una empresa si sube y sube, lleva cinco años subiendo las tarifas, pues no compite. Entonces lo que tenemos que hacer es que, de acuerdo con las reglas del mercado, esa empresa nacional que es nuestra pueda competir”, dijo.
Recordó que el virtual presidente, Andrés Manuel López Obrador, habló de implementar tarifas combinadas o diferenciadas, a fin de devolver la función social a la CFE.
“Vamos a buscar que haya tarifas sociales, porque lo que han hecho es quitarle toda función social a la empresa pública, son las reglas del mercado”, refirió.
Bartlett Díaz expuso que su tarea al frente de la CFE “es muy sencilla” y consiste en rescatar a la empresa ya que “está siendo destruida”, por lo que consideró que, respetando las reglas de la competencia, “no podemos dejar que una empresa tan importante se hunda”.
Sobre su nombramiento y las cuestionamientos a los que ha sido sujeto, el senador justificó que las empresas de electricidad del mundo están han sido dirigidas tanto por empresarios, como por funcionarios del estado.
“Las grandes empresas de electricidad del mundo no son dirigidas por electricistas, son dirigidas por, en el área capitalista, grandes empresarios, y en las áreas sociales como la electricidad en Francia, por ejemplo, ha sido dirigida por funcionarios del Estado del más alto nivel”, indicó.
Próximo gobierno de AMLO
Coparmex pide reconsiderar nombramientos en CFE y Pemex
El presidente de la Confederación Patronal de la República Mexicana (Coparmex), Gustavo de Hoyos Walther, afirmó que las propuestas de nombramientos realizados por Andrés Manuel López Obrador en materia de política interior y exterior son vistos desde el órgano empresarial con buenos ojos, no así los realizados para el sector energético, los cuales, indicó, serán un tema a observar.
“Estamos preocupados porque las designaciones en las empresas productivas del Estado requieren de perfiles de alto conocimiento técnico para poder desempeñar eficazmente su responsabilidad; tanto Petróleos Mexicanos (Pemex), como la Comisión Federal de Electricidad (CFE), no solamente son estratégicas para el país por tener a su cargo dos de los sectores más importantes, sino que son grandes contribuyentes también del país”, dijo.
De Hoyos Walther agregó, al término de un evento en el Hemiciclo a Juárez en la CDMX, “esperamos que haya una segunda reflexión de aquí a diciembre y esperamos también que los consejos de administración (de las empresas productivas) cumplan con su tarea y que en su momento valoren las aptitudes de quienes sean propuestos”, refirió.
López Obrador nombró en días recientes a Octavio Romero Oropeza y a Manuel Bartlett como sus candidatos a dirigir a Pemex y la CFE, respectivamente. “Somos respetuosos de las facultades que asisten a quien será el próximo presidente, nos parece que tener la capacidad de hacer nuevas reflexiones y eventualmente en el momento en el que sea una postulación definitiva presentar mejores perfiles le daría mucha certidumbre al inicio de la próxima administración”, dijo De Hoyos. (Con información de Héctor Molina)
El PJF reducirá gastos no prioritarios en 2019
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Al poner en marcha el segundo periodo de sesiones de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), el ministro Luis María Aguilar Morales anunció que para 2019 el Poder Judicial de la Federación (PJF) recortará gastos no prioritarios ni indispensables para la adecuada impartición de justicia, como compra de vehículos, remodelaciones, mobiliario o equipamiento en general, gastos en congresos, convenciones, ceremonias, viáticos, subsidios, gasolina, actividades culturales y deportivas, así como apoyos económicos.
Luego de que durante varias semanas el PJF ha sido criticado por realizar gastos excesivos en bienes y otorgar altos beneficios económicos a integrantes del Consejo de la Judicatura Federal, del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación y de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Aguilar Morales –presidente del PJF– anunció que presentará proyectos de egresos para 2019 en los que se disminuirán los gastos no prioritarios.
Señaló que el país enfrenta retos profundos en lo económico, lo político y lo social, y el Poder Judicial de la Federación no es ajeno a estos retos, por lo cual debe replantearse una reorientación en algunas estrategias y acciones que le permitan ejercer sus funciones con mayor eficiencia, eficacia, racionalidad y, particularmente, austeridad en el ejercicio del gasto público.
De tal manera, agregó, que con estas medidas no se comprometa la independencia y la autonomía de los órganos jurisdiccionales, que constituyen uno de los pilares fundamentales en la estabilidad democrática del país mediante la prestación de un servicio público fundamental.
Por ello, Aguilar Morales dio la instrucción de que en los proyectos de presupuesto para 2019 se revise la política de inversión pública en materia de bienes , servicios y obra, para ejercer recursos públicos sólo en aquellos rubros que sean estrictamente indispensables para garantizar el desarrollo y la continuidad de las funciones constitucionales encomendadas al Poder Judicial de la Federación, disminuyendo los gastos no prioritarios.
Asimismo, dijo que el PJF profundizará en la política de racionalidad, disciplina y ahorro que se ha instrumentado en años recientes, que no impida cumplir con las obligaciones que en la labor sustancial imponen el marco constitucional y legal, y que estas acciones no comprometan la independencia y autonomía jurisdiccional.
El ministro Aguilar Morales señaló que el PJF está en posibilidad de contribuir a las finanzas nacionales, como lo hizo en 2017 con motivo de los sismos, cuando aportó 2 mil 100 millones de pesos para apoyar las labores de reconstrucción de los inmuebles afectados. Señaló que el recorte que se planteará para 2019 tiene el propósito de que el Estado mexicano reoriente (los recursos) a los fines públicos que más convengan al interés nacional.
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