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El proceso electoral de este año fue el más violento en la historia de México y en ese contexto la impunidad, la falta de transparencia, la violencia de género y la desconfianza institucional abonan a la alta incidencia de delitos electorales.
Así lo concluyó el Observatorio Nacional Ciudadano (ONC) según el estudio “Delitos electorales, incidencia y evolución más allá de los partidos políticos” en el que la organización analizó las cifras de incidencia delictiva, la violencia electoral de género, la actividad judicial desde 1997 al 2017 en materia de delitos electorales y las capacidades y respuestas institucionales ante estas conductas.
Durante la presentación del estudio Francisco Rivas, presidente del ONC, explicó que de 774 agresiones a candidatos durante el proceso electoral de 2018, el 23.5% fueron contra mujeres y 152 se trató de asesinatos; 19 de ellos eran mujeres quienes murieron a manos de comandos armados.
Rivas enfatizó que en la legislación mexicana no está tipificado el delito de violencia electoral por razones de género, lo que provoca un vacío que abona a los casos que quedan en impunidad.
“En México, la violencia política en contra de las mujeres, al no estar tipificada cae en un vacío legal que se está generando desde la reforma de 2014 que introdujo el principio de paridad de género en los partidos”, dijo.
“Esto acaba debilitando la respuesta institucional y constriñe el actuar de la Fepadey otras fiscalías en la procuración de justicia”, agregó.
El 51% de las agresiones registradas en el pasado proceso electoral se concentraron en Guerrero, Oaxaca, Puebla, Edomex, Veracruz y el Golfo de México.
Rivas advirtió que pocas carpetas de investigación iniciadas por delitos electorales son judicializadas y la impunidad puede derivar en la consolidación de otra forma de delincuencia organizada.
“Algunos delitos electorales lo que hacen es consolidar un sistema de corrupción y de delincuencia organizada”, alertó.
"Estamos lejos de alcanzar un sistema democrático electoral pleno e íntegro, prueba de ello son los delitos electorales que quedan impunes y los asesinatos de aspirantes a cargos de elección popular, así como otro tipo de agresiones en su contra como los secuestros", refirió.
Al respecto, el titular de la Fiscalía Especializada para la Atención de Delitos Electorales de la Procuraduría General de la República, Héctor Díaz Santana, explicó que en dicha unidad laboran 350 funcionarios que atienden un aproximado de ocho mil casos y reconoció que sí hay rezago pero que para finales de este año confía en la reducción del mismo.
“En México se habla sobre una baja judicialización y la cifra de sentencias condenatorias por cada una de las denuncias y carpetas de investigación que se presentan, de acuerdo con Guillermo Zepeda, es menor al 2%, pero en el ámbito de la Fepade andamos en el 12% de judicialización y el 7% en sentencias condenatorias”, puntualizó.
El Universal - mpb
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