Militarizan más; suben muertes
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| Foto: REFORMA |
Benito Jiménez
Cd. de México (19 julio 2018).-
El despliegue militar para contener la violencia rompió récord en el sexenio de Enrique Peña Nieto... y también el número de homicidios.
En 2011, el año más violento de la gestión calderonista, fueron empleados 52 mil 690 efectivos en promedio mensual para hacer frente al crimen organizado, principalmente en Chihuahua, Nuevo León, Guerrero, Tamaulipas, Sonora y Guanajuato.
Como parte de una nueva estrategia de seguridad, la Administración peñista redujo esa cifra de manera drástica en 2013 a 34 mil 529 elementos en promedio mensual, la mayoría enfocada en Tamaulipas, Nuevo León, Guerrero, Chihuahua, Michoacán y Guanajuato.
Para 2018, ante la escalada de homicidios, la gestión peñista se vio obligada a sacar de los cuarteles a 54 mil 980 militares para intentar frenar la ola de homicidios en un mayor número de estados, de acuerdo con cifras de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena).
Mayo se convirtió en el mes más violento en la historia reciente de México por el número de asesinatos registrados de acuerdo con cifras oficiales del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SNSP).
Las Procuradurías y Fiscalías estatales iniciaron 2 mil 530 carpetas de investigación por homicidio doloso.
Antes, el mes con más delitos de este tipo, 2 mil 108, se reportó en mayo de 2011, que fue el año más violento del sexenio pasado.
El sexenio de Calderón terminó con 102 mil 327 carpetas de investigación por homicidio doloso; mientras que con Peña Nieto se contabilizaron hasta el último día de mayo 109 mil 550.
Según información oficial de la Sedena, el grueso de la tropa se encuentra ahora en 20 entidades: Hidalgo, el Estado de México, Sonora, Sinaloa, Tamaulipas, Colima, Jalisco, Nayarit, Puebla, Veracruz, Tabasco, Chiapas, Oaxaca, Guerrero, Quintana Roo, Chihuahua, Guanajuato, Coahuila, Querétaro y Michoacán.
Desde el sexenio de Calderón las Fuerzas Armadas han urgido al Congreso a reformar la Ley de Seguridad Interior.
Aunque desde 2000 la Suprema Corte de Justicia determinó que las Fuerzas Armadas pueden actuar como auxiliares de las autoridades civiles en la lucha contra la delincuencia, los soldados no tienen seguridad jurídica en las operaciones, en las que han escalado las violaciones a los derechos humanos.
Trump prefiere pacto con México; destaca 'buenas sesiones'
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| Foto: AP |
Reuters
El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, afirmó ayer que su país podría negociar un pacto comercial independiente con México y que más adelante se podría trabajar en uno con Canadá.
En declaraciones a periodistas en una reunión de gabinete, en la Casa Blanca, Trump indicó que se han dado “buenas sesiones” con México y con el virtual presidente electo, Andrés Manuel López Obrador.
La semana pasada, el secretario de Estado, Mike Pompeo, se reunió con López Obrador, quien declaró que quiere tener una buena relación con EU y que su equipo de transición participará en la renegociación del Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN).
En una reunión de gabinete de la Casa Blanca, Pompeo dijo que esperaba poder mostrar pronto un progreso en las conversaciones comerciales y que había dejado en claro durante su visita a México que el gobierno ve necesaria la seguridad fronteriza.
Trump hace a un lado a Canadá
El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, afirmó ayer que su país podría negociar un pacto comercial independiente con México y que más adelante se podría trabajar en uno con Canadá.
En declaraciones a periodistas durante una reunión de su gabinete en la Casa Blanca, Trump indicó que se han dado ”buenas sesiones” con México y con el presidente electo del país, Andrés Manuel López Obrador.
La semana pasada, el secretario de Estado norteamericano, Mike Pompeo, se reunió con López Obrador, quien declaró que quiere tener una buena relación con Estados Unidos y que su equipo de transición participará en la renegociación del Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN).
En una reunión de gabinete de la Casa Blanca, Pompeo dijo que esperaba poder mostrar pronto un progreso en las conversaciones comerciales y que había dejado en claro durante su visita a México que el gobierno ve necesaria la seguridad fronteriza.
Trump está adoptando una postura proteccionista más agresiva sobre el comercio que sus predecesores recientes, lo que provocó medidas de represalia de países como México y Canadá.
Estados Unidos presentó el lunes cinco quejas en la Organización Mundial del Comercio, desafiando los aranceles de represalia impuestos por China, la Unión Europea, Canadá, México y Turquía tras los gravámenes de Washington sobre el acero y el aluminio.
Gobierno recorta plazas para dejar “finanzas sanas”
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Silvia Rodríguez, Agencia Notimex y Daniel Venegas
El vocero del Gobierno de la República, Eduardo Sánchez Hernández, dio a conocer que el presidente Enrique Peña Nieto instruyó a las dependencias aplicar los ajustes necesarios en el gasto, a fin de que la próxima administración federal inicie con las mejores condiciones financieras.
Detalló que en el encuentro con el gabinete del pasado martes se analizaron las medidas a seguir para los próximos meses con el objetivo de que el gobierno que encabezará Andrés Manuel López Obrador “no tenga cargas más allá de las que la propia operación requiere”.
Para ello, explicó, se anunció el finiquito del personal eventual en todas las dependencias federales y la Secretaría de Hacienda y Crédito Público expidió un oficio que hizo llegar a todos los funcionarios en días pasados, en el sentido de que no se pueden realizar contrataciones después del 16 de julio.
“Habrá de irse finiquitando a efecto que la estructura de gobierno que reciba la próxima administración sea específicamente la que se requiere para un arranque de gobierno y que no haya cargas adicionales en términos financieros para la administración próxima”, comentó.
En conferencia de prensa para dar a conocer información del Consejo Nacional de Población (Conapo), en conjunto con la secretaria general de este organismo, Patricia Chemor Ruiz, el vocero destacó que la instrucción del mandatario fue colaborar, brindar información de manera transparente y cooperar con lo necesario para una mejor transición de gobierno.
El objetivo de la actual administración es “ayudar, cooperar, entregar información para que ellos (el próximo gobierno federal) pueda llevar a cabo sus labores en las mejores condiciones posibles”, refirió.
El también coordinador general de Comunicación Social de la Presidencia de la República indicó que “se hizo un análisis de todas las normas, por parte de la Función Pública, que se tienen que cumplir para efecto de los libros blancos, lo que tiene que ver con la entrega-recepción, las memorias documentales y los lineamientos generales para todas las secretarías, para cumplir rigurosamente con lo que establece la ley en esta materia”.
Abundó que en la reunión se habló sobre el equipo de transición que definirá más adelante el gobierno de la República, que en su momento se dará a conocer, con “el entendido de que será todo el gobierno el que tendrá que participar en entregar información y colaborar”.
La manera de hacerlo es “ser muy claros, de tener transparencia y de cooperar en todo lo que se requiera para que el nuevo gobierno puede empezar sus trabajos de manera fuerte, de forma tal que ellos tengan todas las condiciones para poder llevar a cabo su trabajo desde el primer día”, precisó.
Respecto a las modificaciones a la estructura del gobierno que ha anunciado el candidato ganador de la elección presidencial, Sánchez Hernández subrayó que la presente administración no fijará posición al respecto, pues el gobierno entrante hará los ajustes que estime convenientes para hacer de la mejor manera posible su trabajo.
“Nuestra misión es ayudar, cooperar, entregar información... desde luego les deseamos que les vaya muy bien, porque en la medida en la que le vaya bien al gobierno, le irá bien a todos los mexicanos”, apuntó en la rueda de prensa en Los Pinos.
Sobre el Estado Mayor Presidencial (EMP) y su labor en el sexenio que termina, sostuvo que ha sido una institución fundamental en los últimos años, sobre todo en el gobierno de Peña Nieto, y reconoció la labor de este cuerpo, aunque no quiso fijar una postura sobre su permanencia o sobre lo que va a hacer el próximo presidente.
REDUCCIONES EN EL BANXICO
Los sueldos de los miembros de la Junta de Gobierno del Banco de México (Banxico) también se podrán reducir en la próxima administración, ya que si bien la ley del organismo central establece un comité que determina la remuneración de cada uno, debe acatar lo estipulado en la Constitución, que señala que ningún servidor público puede percibir un monto mayor al del presidente de la República.
De acuerdo con su portal de transparencia, los integrantes de la junta no forman parte del personal de la institución y reciben por honorarios un máximo total de remuneraciones integradas de forma mensual de 239 mil 527 pesos y un mínimo de 233 mil 912 pesos, y no aplican conceptos específicos como salario base, ayuda para despensa, prima vacacional, gratificación y monto para mercancías en época decembrina. En términos del artículo 49 de la Ley del Banxico, los miembros perciben un salario que determina un comité integrado por el presidente de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores y dos personas nombradas por el secretario de Hacienda.
Superan sueldo de AMLO 17 gobernadores
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Esther Sánchez
Un total de 17 gobernadores y al menos ocho alcaldes del país tienen un salario mensual superior a los 108 mil 248 pesos que Andrés Manuel López Obrador propone que sea el salario máximo del Presidente y que ningún funcionario gane por arriba. De aprobarse su iniciativa, la austeridad también deberá llegar a los estados y municipios en donde varios mandatarios deberán ajustar su salario.
Encabeza la lista de los mandatarios estatales que más dinero reciben mes con mes: Martín Orozco Sandoval, de Aguascalientes, con un sueldo bruto de 245 mil 742 pesos, de acuerdo con la ley de egresos del gobierno del estado. El panista fue alcalde de Aguascalientes capital (2005-2007) y también estaba entre los ediles mejor pagados, pues cobraba 102 mil 763 pesos al mes.
En segundo lugar está otro militante del Partido Acción Nacional (PAN), Miguel Márquez , de Guanajuato, con un suledo bruto de 222 mil 025.07 pesos.
El perredista Arturo Núñez, de Tabasco, quien este año termina su gobierno, tiene un sueldo bruto de 179 mil 428 pesos 56 centavos. Muy cerca se ubica su similar del Estado de México, el priísta Alfredo del Mazo con 174 mil 409.65 pesos.
Dos mandatarios priístas más que están en la lista con salarios arriba de los 108 mil 248 pesos son Alejandro Moreno Cárdenas, de Campeche, quien hasta diciembre de 2017 reportaba percepciones brutas por la cantidad de 167 mil 661 pesos, y Aristóteles Sandoval, de Jalisco, con 166 mil 195 pesos.
Javier Corral, gobernador de Chihuahua (PAN), tiene sueldo bruto de 163 mil 381 mensuales y el aliancista (PAN-PRD), Carlos Joaquín González, de Quintana Roo, de 160 mil 676.
Ayer, el gobernador de Coahuila, Miguel Riquelme Solís, quien aparece en esta lista, advirtió que no ajustará su sueldo.
“Yo gano mucho menos que el señor presidente, no lo voy a ajustar, así me lo dejaron en la administración pasada y así quedó en mi administración, 90 mil pesos mensuales”, comentó en Torreón.
Sin embargo, una revisión al tabulador de percepciones del gobierno de Coahuila da cuenta de que recibe 158 mil 835.98 pesos de manera bruta. Tiene, entre sus beneficios, mil pesos mensuales de monedero (despensa) y mil 296.15 de “recreación, cultura y deporte”. Además recibe un aguinaldo anual de 173 mil 494.08 pesos.
Dadivoso
El sueldo del panista Antonio Echevarría, gobernador de Nayarit, es de 155 mil 301 pesos; sin embargo, desde que hizo campaña se comprometió a donar su salario para crear un fideicomiso con el que se entreguen becas para niños de escasos recursos. El empresario tomó posesión del cargo el 19 de septiembre de 2017 y fue hasta principios de junio pasado cuando comenzó la entrega de las llamadas Becas D10, que en una primera etapa beneficiará a 100 alumnos con 2 mil pesos mensuales.
Con salarios altos le sigue el priísta Héctor Astudillo Flores, gobernador de Guerrero (2015-2021), que gana 146 mil 916 pesos mensuales; José Rosas Aispuro Torres (PAN), de Durango, 141 mil 697 pesos, según el portal de Transparencia del gobierno estatal; Rolando Zapata Bello (PRI), de Yucatán, 141 mil 152 pesos en total y Juan Manuel Carreras (PRI), de San Luis Potosí, 137 mil 746.26.
El panista Carlos Mendoza Davis, de Baja California Sur, gana 118 mil 972.72 pesos al mes, según la Secretaría de Finanzas estatal; el priísta Alejandro Tello Cristerna, de Zacatecas, 113 mil 526. 16 y Francisco Domínguez Servién (PAN) de Querétaro, 109 mil 504 pesos.
Los “austeros”
El gobernador de Aguascalientes, Martín Orozco Sandoval, y el de Baja California, Francisco Vega Lamadrid, tienen en común su militancia en Acción Nacional; sin embargo, el primero gana 179 mil pesos más que el segundo.
Orozco Sandoval es quien más gana de los gobernadores y Vega Lamadrid tiene el menor sueldo, al mes recibe 66 mil 667.0 5 pesos, de acuerdo con el portal de Transparencia de la Secretaría de Planeación y Finanzas.
Con el menor sueldo le siguen: Miguel Ángel Yunes Linares, de Veracruz, con un salario mensual de 74 mil 938 pesos; Marco Antonio Mena Rodríguez, de Tlaxcala, con 76 mil 648.68, y Claudia Pavlovich, de Sonora (PRI), 78 mil 880 pesos.
Manuel Velasco Coello (PVEM), de Chiapas, 80 mil 77.20; Antonio Gali (PAN), de Puebla, con 94 mil 924 pesos; José Ignacio Peralta (PRI), de Colima, con 96 mil 374 pesos y Alejandro Murat Hinojosa (PRI), de Oaxaca, con 97 mil 828.
Perciben salarios mayores a 100 mil, aunque menores a 108 mil: Omar Fayad (PRI), de Hidalgo; Silvano Aureoles (PRD), de Michoacán, y Francisco García Cabeza de Vaca (PAN), de Tamaulipas. Además, el jefe de Gobierno de la CDMX, José Ramón Amieva; Alejandro Tello Cristerna (PRI), de Zacatecas, y el independiente de Nuevo León, Jaime Rodríguez Calderón El Bronco. Con información de los corresponsales
Un total de 17 gobernadores y al menos ocho alcaldes del país tienen un salario mensual superior a los 108 mil 248 pesos que Andrés Manuel López Obrador propone que sea el salario máximo del Presidente y que ningún funcionario gane por arriba. De aprobarse su iniciativa, la austeridad también deberá llegar a los estados y municipios en donde varios mandatarios deberán ajustar su salario.
Encabeza la lista de los mandatarios estatales que más dinero reciben mes con mes: Martín Orozco Sandoval, de Aguascalientes, con un sueldo bruto de 245 mil 742 pesos, de acuerdo con la ley de egresos del gobierno del estado. El panista fue alcalde de Aguascalientes capital (2005-2007) y también estaba entre los ediles mejor pagados, pues cobraba 102 mil 763 pesos al mes.
En segundo lugar está otro militante del Partido Acción Nacional (PAN), Miguel Márquez , de Guanajuato, con un suledo bruto de 222 mil 025.07 pesos.
El perredista Arturo Núñez, de Tabasco, quien este año termina su gobierno, tiene un sueldo bruto de 179 mil 428 pesos 56 centavos. Muy cerca se ubica su similar del Estado de México, el priísta Alfredo del Mazo con 174 mil 409.65 pesos.
Dos mandatarios priístas más que están en la lista con salarios arriba de los 108 mil 248 pesos son Alejandro Moreno Cárdenas, de Campeche, quien hasta diciembre de 2017 reportaba percepciones brutas por la cantidad de 167 mil 661 pesos, y Aristóteles Sandoval, de Jalisco, con 166 mil 195 pesos.
Javier Corral, gobernador de Chihuahua (PAN), tiene sueldo bruto de 163 mil 381 mensuales y el aliancista (PAN-PRD), Carlos Joaquín González, de Quintana Roo, de 160 mil 676.
Ayer, el gobernador de Coahuila, Miguel Riquelme Solís, quien aparece en esta lista, advirtió que no ajustará su sueldo.
“Yo gano mucho menos que el señor presidente, no lo voy a ajustar, así me lo dejaron en la administración pasada y así quedó en mi administración, 90 mil pesos mensuales”, comentó en Torreón.
Sin embargo, una revisión al tabulador de percepciones del gobierno de Coahuila da cuenta de que recibe 158 mil 835.98 pesos de manera bruta. Tiene, entre sus beneficios, mil pesos mensuales de monedero (despensa) y mil 296.15 de “recreación, cultura y deporte”. Además recibe un aguinaldo anual de 173 mil 494.08 pesos.
Dadivoso
El sueldo del panista Antonio Echevarría, gobernador de Nayarit, es de 155 mil 301 pesos; sin embargo, desde que hizo campaña se comprometió a donar su salario para crear un fideicomiso con el que se entreguen becas para niños de escasos recursos. El empresario tomó posesión del cargo el 19 de septiembre de 2017 y fue hasta principios de junio pasado cuando comenzó la entrega de las llamadas Becas D10, que en una primera etapa beneficiará a 100 alumnos con 2 mil pesos mensuales.
Con salarios altos le sigue el priísta Héctor Astudillo Flores, gobernador de Guerrero (2015-2021), que gana 146 mil 916 pesos mensuales; José Rosas Aispuro Torres (PAN), de Durango, 141 mil 697 pesos, según el portal de Transparencia del gobierno estatal; Rolando Zapata Bello (PRI), de Yucatán, 141 mil 152 pesos en total y Juan Manuel Carreras (PRI), de San Luis Potosí, 137 mil 746.26.
El panista Carlos Mendoza Davis, de Baja California Sur, gana 118 mil 972.72 pesos al mes, según la Secretaría de Finanzas estatal; el priísta Alejandro Tello Cristerna, de Zacatecas, 113 mil 526. 16 y Francisco Domínguez Servién (PAN) de Querétaro, 109 mil 504 pesos.
Los “austeros”
El gobernador de Aguascalientes, Martín Orozco Sandoval, y el de Baja California, Francisco Vega Lamadrid, tienen en común su militancia en Acción Nacional; sin embargo, el primero gana 179 mil pesos más que el segundo.
Orozco Sandoval es quien más gana de los gobernadores y Vega Lamadrid tiene el menor sueldo, al mes recibe 66 mil 667.0 5 pesos, de acuerdo con el portal de Transparencia de la Secretaría de Planeación y Finanzas.
Con el menor sueldo le siguen: Miguel Ángel Yunes Linares, de Veracruz, con un salario mensual de 74 mil 938 pesos; Marco Antonio Mena Rodríguez, de Tlaxcala, con 76 mil 648.68, y Claudia Pavlovich, de Sonora (PRI), 78 mil 880 pesos.
Manuel Velasco Coello (PVEM), de Chiapas, 80 mil 77.20; Antonio Gali (PAN), de Puebla, con 94 mil 924 pesos; José Ignacio Peralta (PRI), de Colima, con 96 mil 374 pesos y Alejandro Murat Hinojosa (PRI), de Oaxaca, con 97 mil 828.
Perciben salarios mayores a 100 mil, aunque menores a 108 mil: Omar Fayad (PRI), de Hidalgo; Silvano Aureoles (PRD), de Michoacán, y Francisco García Cabeza de Vaca (PAN), de Tamaulipas. Además, el jefe de Gobierno de la CDMX, José Ramón Amieva; Alejandro Tello Cristerna (PRI), de Zacatecas, y el independiente de Nuevo León, Jaime Rodríguez Calderón El Bronco. Con información de los corresponsales
Zozobra de empleados públicos por mudanza de secretarías
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Redacción
La descentralización de la mayoría de las secretarías de Estado y dependencias federales, que empezará una vez que Andrés Manuel López Obrador asuma el Poder Ejecutivo, genera un ambiente de incertidumbre y zozobra, según los propios trabajadores de distintas áreas de la administración pública.
De acuerdo con cifras del INEGI, en el país hay un millón 634 mil 629 servidores públicos del ámbito federal. Las áreas que más trabajadores públicos federales concentran son Seguridad Social, con 33.1 por ciento, y Educación, con 21.4 por ciento.
Testimonios de trabajadores recabados por El Financiero en secretarías como la de Educación Pública, la de Salud y la de Cultura, y en dependencias como la Comisión Nacional del Agua, Diconsa, el IMSS y Nacional Financiera, dan cuenta de las dudas y angustias por lo que pasará con su entorno familiar o, incluso, temor por el clima de inseguridad y violencia que priva en estados a los que se mudarían.
En la Secretaría de Educación Pública –la primera que se mudaría, a Puebla– trabajan 17 mil servidores públicos tan sólo en la Ciudad de México. Una de ellas es Gisela Fernández, quien labora ahí desde hace 23 años. Tiene dos hijas, una que acaba de ser aceptada en la Facultad de Contaduría y Administración de la UNAM y otra en el cuarto semestre de Veterinaria en la misma universidad. “No me puedo ir a trabajar a Puebla y abandonar a mi familia”, dice.
Gisela está en una encrucijada: mudarse a Puebla, lo que implicaría que sus hijas dejaran su lugar en la UNAM y su esposo renunciara a su trabajo, perdiendo su derecho a jubilarse, o ella perder su empleo y dejar atrás 23 años de servicio.
“Es una decisión muy difícil, imagínese dejar solas a mis hijas aquí en la ciudad, porque de plano cuando platiqué con ellas de esta posibilidad de mudarnos me dijeron que ellas no van a dejar nunca su escuela. Mi marido, igual, le falta poquito para jubilarse”.
Dinorah Aguilar, quien lleva 15 años en la Secretaría de Salud, dependencia que se irá a Guerrero, reprocha que en esta decisión han dejado a los trabajadores “en el limbo”. “Si bien es cierto que en la ciudad no tenemos la seguridad que todo mundo quisiera, tampoco en Guerrero; los niveles de delincuencia y de matanzas que hay allá son terribles”, expresa.
Dinorah platica “nos afectaría de manera terrible. Yo tengo una niña de tres años, pero dependo de una guardería del ISSSTE y también ese es un problema”, lamenta.
Raúl tiene 38 años, trabaja en la Comisión Nacional del Agua (Conagua), que se mudaría a Veracruz. Con un crédito hipotecario que aún sigue pagando en la Ciudad de México, dice que podría considerar la posibilidad de renunciar. “Si hay buenos incentivos lo consideraría, porque la parte media de la estructura no ha tenido ningún incremento, desconocen las condiciones en las que vivimos y lo más seguro es que se renuncie”.
Explica que hay muchos que consideran ya cambiarse al sector privado por la incertidumbre que provocan los cambios. “Puede haber una fuga de talentos en México por esas decisiones”, dice.
Pablo es ingeniero y también trabaja en la Conagua. Él renunciaría: “No te pueden decir de un momento a otro ‘cámbiate’”.
Rebeca Núñez, gerente de Área en Diconsa, expresa: “Es una pésima decisión. Primero porque será de un costo financiero fatal. Segundo porque, en mi caso, que me tocaría irme a Zacatecas, no hay seguridad en la calidad de vida y no hay certeza de que en las escuelas puedan tener la capacidad de recepción. Y tercero, por las rentas y, en general, por el modus vivendi”.
Ernesto, quien labora en el Seguro Social, dice que “es prácticamente un cambio de vida, pero un cambio que pocos van a tener oportunidad de hacer. Yo estoy pagando mi casa del Infonavit y no voy a tener para pagar una renta en Michoacán, donde dicen que van a trasladar el IMSS, y también lo veo muy difícil porque tendría que sacar a mis hijos de la escuela, uno que va en la primera y el otro en la preparatoria, para irnos para allá”.
Héctor Rodríguez trabaja en Nacional Financiera (que se irá a Torreón) y lleva seis años en el gobierno federal. “Mi posición pudiera parecer privilegiada porque no tengo hijos, pero el cambio de vida de mi pareja, que aquí trabaja, no me dejaría tomar la decisión, preferiría buscar otro trabajo”, cuenta.
“Creo que ahí hay una reflexión: no es tan fácil mover voluntades como si fueran muebles”, apunta Ernesto Miranda, trabajador de la Secretaría de Cultura, que trasladaría sus 25 mil empleados a Tlaxcala.
Con información de Héctor Gutiérrez, Mariana León, Anabel Clemente, Susana Guzmán, Víctor Chávez, Magali Juárez y Rosario Reyes
Sanción histórica a Morena por desvío de recursos “para damnificados”
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Fideicomiso. El propio López Obrador anunció su creación para apoyar a los damnificados de los sismos de septiembre. Fondo y forma. El INE determinó que el fideicomiso transgrede la ley y que hay recursos cuyo destino se desconoce
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Pero no es sólo el destinar recursos a “apoyar” damnificados lo que ha salido a relucir (esto lo investigará el propio INE a similitud de lo que hace con, por ejemplo, el reparto de despensas u otras dádivas), el verdadero cuestionamiento se centra en la procedencia dudosa de los recursos que ingresaron al fideicomiso, en el hecho de que dirigentes de Morena cobraron para sí, vía cheques, dinero de ese fondo y que el destino final de al menos una parte del dinero se inyectó a la campaña electoral. El fideicomiso, en esta relatoría, rompe leyes electorales, leyes fiscales y leyes contra operaciones de recursos de procedencia ilícita.
La multa aprobada para sancionar estos hechos es de 197 millones de pesos, una cantidad determinada en automático por la legislación: Entre septiembre de 2017 y mayo de 2018, ingresaron al fideicomiso denominado “Por los demás” 78 millones 818 mil 566 pesos con 37 centavos. El monto de la multa es resultado de multiplicar esa cantidad por 2.5, una sanción pensada en minar las finanzas de los partidos que rompan la ley.
Cabe recordar que el presupuesto de Morena en 2019 rondará los mil 500 millones (otro efecto de una victoria electoral tan avasalladora), pero aun así la multa por casi 200 millones es un golpe económico fuerte.
Ciro Murayama, consejero electoral, está en el centro de la primera gran polémica que vivirá López Obrador después de ganar ampliamente la elección.
Murayama es la cabeza de las auditorías a partidos en el INE y a ésta le ha llamado la trama del fideicomiso.
El INE dará parte de los hechos a la PGR y a la Fiscalía Especializada en la Atención de Delitos Electorales (FEPADE); a la Comisión Nacional Bancaria y de Valores; y al Sistema de Administración Tributaria. Incluso la eventual entrega de apoyos a los damnificados será investigado como posible entrega de “dádivas”, también prohibida por ley.
Murayama considera que dadas las pruebas y métodos para mover los recursos implicados, las autoridades se enfrentan a algo similar al Pemexgate: “No sabemos en qué se usó el dinero, ni por quién”, expresó.
Cuestan no condenados 3,475 mdp cada año
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Mantener a las personas que se encuentran en prisión sin saber si son culpables o no del delito que se les acusa, representa un gasto para el erario de 3 mil 475 millones de pesos al año.
De acuerdo con el informe ¿Qué sabemos sobre la prisión preventiva en México?, elaborado por el Instituto Belisario Domínguez del Senado de la República, hasta marzo se tenía registro de 80 mil 442 personas que esperaban sentencia en prisiones estatales y federales.
Según autoridades carcelarías, para el cuidado y alimentación de cada interno se destinan, en promedio, 120 pesos al día.
Carlos Galindo, investigador de este instituto, aseguró a El Heraldo de México que se abusa de esta medida cautelar, pues aunque ha disminuido, el decremento no es considerable.
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El abuso de la prisión preventiva, dijo, es contrario a las transformaciones que se han visto en otros países de América Latina con la adopción del sistema acusatorio, que es más garantista y protege mejor los derechos humanos.
“Estamos yendo en contra, a pesar de que en el 2008 ya habíamos hecho la reforma para meter el nuevo sistema de justicia penal acusatorio. Íbamos en un camino que vulneraba los derechos humanos, particularmente el de presunción de inocencia”, señaló.
En este informe se retomaron las cifras más recientes de la Oficina de Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (UNODC), de los años 2014 y 2015, que señalan que México ocupó el segundo lugar en Latinoamérica con más personas en prisión preventiva, sólo después de Brasil.
“En cuanto al porcentaje que representaban las personas en prisión preventiva, del total de personas encarceladas, México se encontraba en un lugar medio con 45%. Aun así, es importante advertir que en los países más avanzados en sus reformas penales, este porcentaje es mucho más bajo, como en Colombia (34%), Chile (28%) y Costa Rica (18%)”, indica el informe.
El documento fue elaborado en pleno debate sobre la ampliación del catálogo de delitos con prisión preventiva oficiosa.
Pero Galindo señaló que el incremento de sanciones no es necesario, ya que los jueces de control en 9 de cada 10 casos otorgan la prisión preventiva.
Aseguró que la reducción de los que esperan sentencia, se dará cuando cambien las decisiones políticas para que se privilegie la investigación y sólo en casos excepcionales se prive de la libertad a los imputados.
“Estamos muy acostumbrados a atrapar a las personas, a neutralizarlas con la cárcel y después investigar”, dijo.
El documento también señala que en cinco entidades aumentó el número de personas presas, y el Estado de México encabeza la lista; Galindo aseguró que esto se debe a que en esas entidades no están implementando correctamente el nuevo sistema de justicia penal.
Trump cambia de señal: ahora ve pacto comercial sólo entre México y EU
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| Foto: Especial |
El secretario de Economía, Ildefonso Guajardo, aseguró que firmar un acuerdo bilateral con Estados Unidos, tal como lo planteó el presidente estadounidense, Donald Trump, atrasaría la negociación, más de lo que ya se postergó. Por lo que México va por un tratado trilateral.
Detalló que si hay flexibilidad política de Trump, en lo técnico prácticamente ya se concluyeron los trabajos; las negociaciones del TLCAN finalizarían el 25 de agosto, luego hay que esperar 90 días, como establece la ley estadounidense, para que los los presidentes de los tres países lo firmen; es decir, para el 25 de noviembre, antes de que finalice el sexenio del Presidente Enrique Peña.
Posteriormente, el documento sería remitido a los nuevos congresos de los tres países para su ratificación.
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“Si Estados Unidos quisiera irse por una bilateralización, sus propias reglas internas aplazarían esto demasiado; tendría que volver a pedir permiso a su Congreso para negociar un tratado diferente al que estamos negociando.
“Con un Congreso que se le está poniendo inquieto, quién sabe cuánto tiempo tardarían en autorizarlo; entonces estaríamos mandando esto a un horizonte incierto y muy lejano”, acotó.
Mientras tanto, el funcionario indicó que el próximo 26 de julio el equipo mexicano viajará a Washington para reunirse con el conjunto estadounidense y retomar las negociaciones de manera bilateral; en principio, para que posteriormente se integren los canadienses.
“La firma en principio no puede estar lista más allá del 25 de agosto, porque la idea es que el gobierno que lo está negociando sea quien lo firme; sin embargo, lo único que se puede hacer para conseguirlo es que a partir de las leyes norteamericanas, una vez que notifiquen la negociación, se tienen que esperar 90 días para la firma definitiva”, refirió.
Trump anunció ayer que su país podría llegar a un acuerdo comercial con México, y luego cerrar otro con Canadá, más tarde, debido a que ha tenido buenas sesiones con el virtual presidente electo, Andrés Manuel López Obrador.
Respecto a esto, el actual secretario de Economía aseguró que México tiene una sola conversación, la cual está sustentada sólo en el interés del país y ahora es respaldada por el nuevo gobierno.
Aunque el equipo de transición de AMLO no acompañará a los negociadores mexicanos hasta que no se oficialice su triufno, Guajardo aseguró que están en comunicación para tratar estos temas.
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| Por último, Guajardo especificó que aunque son menos los retos que siguen sobre la mesa para llegar a un acuerdo. Gráfico: La Razón de México |
CNH esperará señales de AMLO para seguir con rondas petroleras
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Los últimos concursos del sexenio iban a ser en septiembre; “los licitantes también necesitaban más tiempo”, aducen.
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La Comisión Nacional de Hidrocarburos (CNH) postergó hasta el 14 de febrero del 2019 las tres licitaciones petroleras que quedaban pendientes para esta administración: las rondas 3.2 para 37 contratos de licencia en campos convencionales terrestres; la 3.3 para nueve contratos del mismo tipo, pero en campos no convencionales o shales, y los siete farmouts o asociaciones entre privados y Petróleos Mexicanos (Pemex).
Para la CNH, esta ampliación de plazos “tendrá el beneficio de que iremos en acompañamiento con la nueva administración con las precisiones que quisiera hacer al contenido del contrato”, dijo Juan Carlos Zepeda, presidente de la CNH, en la 41 sesión extraordinaria del órgano de gobierno del regulador.
De esta forma quedan empatados todos los actos de apertura de propuestas, previstos originalmente para el 27 de septiembre del 2018. Así los accesos a cuartos de datos de las licitaciones se cierran hasta el 8 de enero y las precalificaciones técnicas y financieras de las empresas en la licitación hasta el 29 de enero del próximo año. El límite para resolver cómo se agruparán en consorcios los interesados será hasta el 11 de febrero del 2019.
Durante su campaña electoral, el próximo presidente de México, Andrés Manuel López Obrador (AMLO), afirmó que, en caso de ganar la elección, pediría al día siguiente al presidente Enrique Peña Nieto suspender las rondas petroleras para revisar si los procesos se habían conducido con legalidad hasta el momento.
Tras vencer en la elección presidencial, el pasado 3 de julio, AMLO se reunió con Peña, pero no se reveló si en el encuentro entre ambos se trató la posible suspensión de las licitaciones petroleras.
Martín Álvarez Magaña, titular de la Unidad de Contrataciones de Actividades de Exploración y Producción del regulador, explicó que los cambios se realizaron atendiendo a solicitudes de política en materia de actividades de exploración, producción de hidrocarburos y con el objeto de promover una mayor participación por parte de la Secretaría de Energía.
Asimismo, a través del portal Rondas México, la CNH recibió por parte de los interesados en participar en la licitación solicitudes para modificar los calendarios para inscribirse, recibir notificaciones y obtener información, así como propuestas de cambios al contrato y condiciones de las bases.
Hasta el 13 de julio, únicamente 13 empresas han iniciado el proceso de precalificación en la Ronda 3.2 y son: Avanzia Exploración y Producción, Deutsche Erdoel, Gat Oil & Gas, Gran Tierra México Energy, Jaguar Exploración y Producción, Pacific Rubiales, Petrobal, Petróleos Mexicanos, Petroleum Incremental Incorporated, Química Apollo, Tecpetrol y Tonalli Energía. En tanto, para el concurso de shales únicamente ha iniciado este proceso Pemex, mientras que para los farmouts hay sólo seis interesados que han llegado hasta esta etapa: California Resources Corporation, Compañía Española de Petróleos, Deutsche Erdoel México, Frontera Energy Corporation, Gran Tierra México Energy y Tecpetrol.
Decisión polémica
Analistas del sector consultados manifestaron opiniones encontradas sobre las señales que envía este anuncio. Pablo Zárate, director de Pulso Energético, asegura que se modificó el cuándo se llevarán a cabo las licitaciones, sin poner en riesgo su viabilidad y otorgando mayor certidumbre a los potenciales inversionistas en cuanto a la continuidad de estos procesos.
“Lo que no va a cambiar y trasciende a cualquier coyuntura son las necesidades energéticas del país y las rondas son entonces grandes cambios consistentes de fondo”, dijo, “como analista confío en que habrá continuidad”.
Miriam Grunstein, del Centro de Investigación y Docencia Económicas, considera que la decisión fue tomada frente a la entrada en funciones de nuevos cargos en la Secretaría de Energía; por tanto, genera desconfianza tanto porque se aprecia falta de autonomía de la CNH como porque el gobierno postergó las licitaciones por posible falta de participación en el contexto de cierre de sexenio, ajustándose a los tiempos políticos del país.
“Para los inversionistas puede significar que es un país que no se compromete con determinadas decisiones y eso definitivamente no es un buen augurio para el futuro de estas licitaciones”, expresó.
¿Qué se disputará en febrero?
Siete farmouts con Pemex:
La estatal petrolera mexicana agrupó 26 asignaciones de exploración y producción ubicadas en Tabasco, Veracruz y Chiapas para convertirlas en siete clústeres, donde buscará socios para firmar contratos de licencia con el Estado mexicano.
Los siete clústeres o agrupaciones de campos suman una superficie de 4,580 kilómetros cuadrados en los bloques denominados: Artesa, Bedel Gasífero, Juspí Teotleco, Giraldas-Sunapa, Cinco Presidentes, Bacal-Nelash y Lacamango.
Ronda 3.3:
Conformada por nueve bloques con potencial de recursos lutíferos o shales, que requerirán de fractura hidráulica y pozos horizontales para su extracción.
Abarcan una superficie conjunta de 2,704 kilómetros cuadrados en el estado de Tamaulipas y cuentan con recursos prospectivos por 1,161 millones de barriles de petróleo crudo equivalente, que representa tres veces más que todos los recursos asignados en 46 áreas terrestres de las rondas petroleras previas.
La Secretaría de Energía estimó una inversión de 2,343 millones de dólares en caso de que se adjudiquen los nueve contratos de licencia con una duración de hasta 40 años en la cuenca de Burgos.
Ronda 3.2:
Incluye 37 contratos de licencia en igual número de áreas terrestres convencionales, en las cuales la inversión estimada es de alrededor de 89 millones de dólares por bloque en caso de que existan éxitos geológicos.
De estas áreas, 21 de ellas se ubican en la cuenca de Burgos, nueve en las cuencas Tampico-Misantla y Veracruz y siete en las cuencas del sureste, en los estados de Nuevo León, Tamaulipas, Veracruz y Tabasco.
La totalidad de las áreas a licitar cubre una superficie de 9,513 kilómetros cuadrados, lo cual representa 1.5 veces más superficie que las licitaciones terrestres anteriores. Los recursos prospectivos para las áreas son de 260 millones de barriles de petróleo crudo equivalente.
Aumentó Hacienda salarios de la alta burocracia previo a la elección
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| El aumento salarial a los burócratas de alto nivel, sin explicación sobre el impacto presupuestal.Foto Cristina Rodríguez |
Angélica Enciso y Enrique Méndez
Dos semanas antes de la elección presidencial, sin hacerlo público, la Secretaría de Hacienda u Crédito Público (SHCP) aumentó los salarios de la alta burocracia federal, con efecto retroactivo a enero, desde el Presidente hasta el personal de enlace, que en total suma 317 mil funcionarios.
En plena campaña electoral y cuando los sondeos anticipaban la derrota del PRI, se avaló el incremento sin explicar el impacto en el Presupuesto de Egresos de la Federación (PEF) 2018 aprobado por el Congreso.
La autorización entró en vigor a partir de la segunda quincena de junio y varios funcionarios del gobierno federal confirmaron que en ese momento les entregaron el pago retroactivo, que apareció en sus recibos de nómina.
El incremento salarial también se dio mientras crecían las quejas de los contribuyentes por no haber recibido la devolución de impuestos que debió hacerse desde abril, así como por el alza en los precios de los combustibles.
La Secretaría de Hacienda, en el oficio número 307-A.-1665, fechado el 13 de junio, notificó a los oficiales mayores de las dependencias de la administración pública federal el Tabulador de sueldos y salarios brutos del Presidente de la República y de los servidores públicos de mando y enlace de las dependencias y sus equivalentes en las entidades, así como el Catálogo general de puestos y tabulador de sueldos y salarios brutos de la administración pública centralizada, niveles de transición, con vigencia al primero de enero de este año.
El eje del documento es informar acerca de los nuevos salarios y describir a las dependencias la ruta para gestionar la adecuación presupuestaria con el propósito de hacerlos efectivos, aunque no se detalla la partida del presupuesto que sustenta el ajuste.
Se explica a las dependencias qué pasos deben realizar en el sistema de cómputo con la finalidad de gestionar la adecuación presupuestaria (y el) trámite de la emisión de memoria de cálculo correspondiente al incremento.
De acuerdo con el Censo Nacional de Gobierno Federal 2017, del Instituto Nacional de Estadística y Geografía, el personal en las instituciones de la administración pública asciende a un millón 567 mil 381 trabajadores, pero de éstos sólo 317 mil 879 son de confianza y beneficiarios directos del ajuste.
Los nuevos límites de ingreso de las dependencias y entidades federales son distintos a los aprobados por el Congreso en el Presupuesto de Egresos de la Federación 2018. Así, el salario mensual autorizado para el Presidente es de 209 mil 967 pesos y con el aumento asciende a 222 mil 261, de los cuales 43 mil 441 pesos corresponden a sueldo base y 178 mil 819 al rubro de compensaciones.
Para los secretarios de Estado, el sueldo base mensual asciende a 34 mil 967 pesos, con compensaciones de 183 mil 619, lo que eleva sus ingresos a 218 mil 586 pesos, con un incremento salarial de 17 mil 298. Con el aumento, el retroactivo de seis meses para cada secretario sería de 103 mil 790 pesos.
Para los subsecretarios, el incremento es de 17 mil 265 pesos al mes, con un salario total de 217 mil 257, de los cuales 27 mil 352 pesos corresponden a salario base y las compensaciones ascienden a 189 mil 905.
En el caso de los oficiales mayores, los salarios mensuales aumentaron 15 mil 676 pesos, por lo que los vigentes desde hace un mes son de 206 mil 980 pesos, con un salario base de 25 mil 220 y compensaciones de 181 mil 759 pesos. Para los jefes de unidad, el nuevo salario es de 204 mil 436 pesos, un incremento de 7 mil 734, con un sueldo base de 22 mil 471 pesos y compensaciones por 181 mil 984.
Los directores generales y coordinadores generales perciben ahora cada mes 207 mil pesos, un incremento de 17 mil 471 pesos, mientras los directores generales adjuntos cuentan ahora con una percepción de 161 mil 681 pesos, es decir, 7 mil 767 más.
Los salarios en la administración pública se definen entre un límite mínimo y uno máximo, así como por las distintas categorías que se aplican en el caso de los direc-tores generales, directores generales adjuntos, directores de áreas, subdirectores de área y jefes de departamento.
La remuneración para cada uno depende no sólo de los tabuladores de la Secretaría de Hacienda, sino de los límites que cada dependencia utiliza y, por tanto, los aumentos se someten a esas variables. En los anexos del oficio se aclara: En el importe del sueldo base bruto no están incluidas la prima vacacional y prestaciones económicas, por lo que deberán calcularse y ser otorgadas en razón de lo estipulado en el manual de percepciones 2018.
El documento con el nuevo tabulador y las instrucciones para actualizar la memoria de cálculo correspondiente al incremento de sueldos y salarios fue enviado a los oficiales mayores o sus equivalentes en las dependencias de la administración pública federal por el titular de la unidad de Política y Control Presupuestario de la Subsecretaría de Egresos, Isaac Gamboa Lozano, quien pidió a las dependencias aplicar las medidas respectivas para cumplir con las disposiciones de este oficio.
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