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| Los recursos fueron presentados por la PGR, la Defensa Nacional, Marina, Salud y Hacienda, la Policía Federal, el Órgano de Prevención y Readaptación Social, y la CEAV. Foto: Archivo |
Víctor Fuentes
Cd. de México
El Gobierno federal inició una ofensiva jurídica sin precedentes para eliminar las sentencias que ordenan crear una Comisión de la Verdad y la Justicia que investigue, de nueva cuenta, la desaparición de 43 normalistas en Iguala.
Ocho secretarías y órganos del gobierno presentaron el 6 de julio "recursos de revisión extraordinaria" con los que buscarían llevar a la Suprema Corte de Justicia los cuatro amparos concedidos por el Primer Tribunal Colegiado en del Décimo Noveno Circuito, con sede en Reynosa, que ordenó crear la Comisión de la Verdad.
Los recursos fueron presentados por la PGR, las secretarías de la Defensa Nacional, Marina, Salud y Hacienda, la Policía Federal, el Órgano de Prevención y Readaptación Social, y la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas, todos ante el Tercer Tribunal Unitario en Reynosa, al que corresponde supervisar el cumplimiento de los amparos.
Sabino Pérez García, Magistrado del tribunal unitario, pidió hoy a las dependencias anexar más copias de sus recursos, antes de acordar el trámite que les dará.
La Ley de Amparo no prevé un revisión "extraordinaria", por lo que no está claro si Pérez García admitirá los recursos, y en su caso, si los enviará al mismo Tribunal Colegiado que concedió los amparos, o los canalizará a la Corte, que probablemente no los admitiría.
Cabe recordar que Pérez García ya analiza un incidente de imposibilidad de cumplimiento jurídico de los amparos, en lo que toca a la creación de la Comisión de la Verdad, que fue promovido por la PGR, y al cual se sumó la Comisión Nacional de los Derechos Humanos.
En este incidente se alega que la Comisión de la Verdad va más allá de las facultades Constitucionales del tribunal colegiado que concedió los amparos, y de los propios órganos que deben acatarlos, pues la investigación quedaría en manos de representantes de las víctimas y la CNDH, con el Ministerio Público como mero auxiliar.
El Artículo 102 de la Constitución faculta exclusivamente a las Procuradurías para investigar los delitos, y no otorga a la CNDH atribuciones para fincar cargos penales.
La sentencia que dicte Pérez García en este incidente podrá ser impugnada mediante recurso de inconformidad, que la Corte podría atraer.
Desecha Corte quejas
En paralelo, el Presidente de la Suprema Corte de Justicia desechó hoy cuatro recursos de queja presentados por la PGR y la Consejería Jurídica del Ejecutivo Federal.
Las quejas impugnan el primer requerimiento a las autoridades para cumplir los amparos, notificado por el Magistrado Pérez García el 19 de junio.
El Ministro Presidente, Luis María Aguilar, ordenó enviar las quejas a Pérez García, para que decida si las suma a los incidentes de imposibilidad de cumplimiento ya en curso.
"Requiérase al tribunal unitario para que, en caso de ordenar la apertura del incidente de inejecución de sentencia correspondiente, lo haga del conocimiento de esta Suprema Corte para que se provea lo conducente, a efecto de que, en su caso, se solicite la facultad de atracción", agregó Aguilar.
También advirtió que, en dicho incidente de inejecución, la Corte podría determinar si algunos fragmentos de las sentencias de amparo no fueron congruentes con los temas que se plantearon al tribunal colegiado, cuya función inicial únicamente era revisar autos de formal prisión contra integrantes de Guerreros Unidos que confesaron matar y quemar a los normalistas.
Se trata de los primeros acuerdos que dicta la Corte en relación con estos amparos.
Reforma
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