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| La ambientalista Leonora Brunetto defendió durante décadas a campesinos y al Amazonas. Fue asesinada en 2010. Foto Ap |
Dpa
Ciudad de México.
Al menos 207 defensores de la tierra y el medio ambiente fueron asesinados en varias partes del mundo durante 2017, "el peor año del que se tiene registro", señala un informe de la organización Global Witness.
Los asesinatos, casi cuatro por semana, ocurrieron en 22 países, aunque el 60 por ciento se registraron en América Latina. A nivel global, Brasil tuvo un total de 57 activistas ambientales asesinados, la "mayor cantidad de asesinatos que cualquier otro país en la historia".
La organización, que en 2016 registró un total de 200 ambientalistas asesinados, señaló que la cifra de 2017 puede ser todavía mayor a lo que dice su informe, debido a los "severos límites" en la información disponible.
En el caso de Brasil, Global Witness señala que 25 de los casos ocurrieron en tres asesinatos en masa. Además, señala que en 12 de los casos está involucrada la agroindustria, que busca "imponer sus proyectos en las comunidades".
"En lugar de tomar medidas para prevenir tales atrocidades contra las personas defensoras, el presidente Michel Temer ha debilitado las leyes y las instituciones diseñadas para protegerles", indica.
Sobre América Latina como la región con más casos de asesinatos, el informe señala que México y Perú registraron aumentos drásticos: el primero pasó de tres homicidios de activistas en 2016 a 15 en 2017, mientras que el segundo pasó de dos a ocho asesinatos.
Otro país que registró un alto número de asesinatos de activistas ambientales fue Filipinas, que con 49 homicidios alcanzó "el número más alto jamás documentado en un país asiático".
Para la organización, al menos 46 del total de asesinatos de defensores ambientales a nivel mundial fueron motivados o estuvieron vinculados con la agroindustria, sector al que consideró "el más sangriento".
Aunque el informe indica que los asesinatos están relacionados con la lucha por la tierra y los recursos naturales "que enfrenta a gobiernos y empresas", identificaron a qué sectores "desafiaron" los activistas antes de ser asesinados.
En primer lugar está la agroindustria, seguida por la minería y las actividades extractivas, que ocasionaron 40 muertes. La caza ilegal está vinculada a 23 asesinatos, igual que la explotación forestal, mientras que la pesca se relacionó a cuatro asesinatos.
Respecto a los responsables directos de los asesinatos, el informe identifica a las bandas criminales (32 muertes), a los militares (30 muertes), a la Policía (23 muertes), fuerzas paramilitares (13 muertes) y cazadores furtivos (12 muertes).
Los 36 casos restantes fueron atribuidos a dos entidades gubernamentales, 10 milicias armadas, una guerrilla, nueve propietarios de tierras, un oficial de gobierno local, ocho guardias de seguridad privados y cinco sicarios.
"Las valientes comunidades que se enfrentan a los funcionarios corruptos, a las industrias destructivas y a la devastación ambiental, son brutalmente silenciadas. Basta ya", dijo en un comunicado el portavoz de Campañas de Global Witness, Ben Leather.
Sin embargo, hay acciones que van en la dirección correcta para prevenir esta situación. El informe detalla que en los últimos dos años se han dado "pasos positivos", como leyes nacionales para proteger a las personas defensoras de derechos humanos adoptadas en Burkina Faso y Malí.
También menciona los permisos otorgados por el presidente Lenín Moreno, de Ecuador, a organizaciones defensoras que fueron cerradas por la gestión anterior, así como la derogatoria en Brasil de una norma que obligaba a comunidades indígenas que reclamaban sus tierras, a probar que las estuvieron ocupando en 1988, cuando el país ratificó su Constitución actual.
"Estos ejemplos no representan necesariamente las mejores prácticas; pero nos dan una idea de lo que se puede hacer y de dónde se puede tomar impulso", señala el documento.
La Jornada
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