Gustavo Meixueiro, consejero presidente del IEEPCO |
Virgilio Sánchez
En pleno proceso electoral, la Secretaría de Finanzas duplicó, mediante una ministración extraordinaria, el presupuesto del Instituto Estatal Electoral y de Participación Ciudadana de Oaxaca (IEEPCO).
Entre enero y marzo de 2018, el Gobierno estatal financió con más de 222 millones de pesos a este órgano electoral, lo que representa un incremento del 112 por ciento, con respecto del presupuesto aprobado al inicio de este año por el Congreso del Estado.
De acuerdo con la Ley de Egresos, este Instituto solo tenía asignados 198 millones 012 mil 285 pesos.
“Durante el periodo comprendido del 01 de enero al 31 de marzo se realizaron diversos movimientos presupuestales para lograr y reforzar las metas programadas; solicitando adecuaciones presupuestarias de traspaso interinstitucional (ampliaciones), de las cuales fueron autorizadas por la Secretaría de Finanzas del Ejecutivo, un importe total de $222, 982, 429”, expone el reporte financiero del primer trimestre de 2018, elaborado por el IEEPCO.
Con este incremento, el presupuesto del órgano electoral alcanzó los 420 millones 994 mil 714 pesos.
En este mismo informe financiero del primer trimestre de 2018, el Instituto Estatal Electoral reportó que gastó más de 127 millones de pesos, durante este periodo, que significó el 30 por ciento del presupuesto total.
En febrero, el presidente del IEEPCO, Gustavo Meixueiro, aseguró que esta dependencia económica con la Secretaría de Finanzas no es deseable, dada la naturaleza autónoma del órgano electoral; sin embargo, aseguró que al solicitar las ampliaciones presupuestales, nunca han comprometido la actuación del Instituto.
Adeuda a proveedores
A pesar del incremento exponencial del presupuesto del IEEPCO, este órgano reportó que, al 31 de marzo, sus adeudos ascienden a 15 millones 663 mil 792 pesos.
“Corresponde a los compromisos de pago adquiridos durante los ejercicios fiscales con varios proveedores y prestadores de servicios por las adquisiciones de bienes y contratación de servicios por pagar a corto plazo”, expuso, el instituto.
De acuerdo con el desglose presentado, estos pasivos fueron identificados como “otras cuentas por pagar a corto plazo”, que superan los 10.6 millones de pesos; pero no especificó las adquisiciones o los servicios que generaron éstas.
Otros 3.5 millones de pesos corresponden a deudas con proveedores y prestadores de servicios; 1.3 millones de pesos a retenciones de de impuestos a los trabajadores; y más de 130 mil pesos a retenciones del Sistema de Seguridad Social de los empleados.
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