Señalan que elevar tope exhibe inequidad
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| Fernanda Caso, representante de la candidata independiente Margarita Zavala ante el INE. Foto: Archivo |
Evlyn Cervantes
Cd. de México
La decisión de elevar el tope de fondos privados a los candidatos independientes reconoce la inequidad impuesta en la contienda y, al mismo tiempo, plantea el reto a los aspirantes de elevar su recaudación, consideró Fernanda Caso, representante ante el INE de Margarita Zavala.
En entrevista, la representante legal celebró la resolución del Tribunal Electoral luego de que, en representación de Zavala, impugnó el acuerdo INE/CG281/2018, en el que el INE estableció que el límite de financiamiento privado para los independientes a la Presidencia era de 42.9 millones de pesos.
En contraste, los candidatos a ese mismo cargo con partido pueden recaudar hasta 429 millones 633 mil 325 pesos.
Ahora, tras la decisión del tribunal, los independientes tendrán un tope de 422 millones de pesos de financiamiento privado.
"Me da mucho gusto esta resolución porque reconoce la inequidad que había sido impuesta por los partidos políticos a los candidatos independientes sin una razón, simplemente la de evitar la competencia. Aunque nosotros fuimos los que la impulsamos, sabemos que el beneficio va ser para todos los candidatos independientes en esta elección y en todas las que vienen", señaló.
La diferencia entre el monto máximo avalado para los independientes antes y después de la resolución del tribunal, dijo, es abismal.
"Nosotros impulsamos esta resolución por un criterio de inequidad, más allá de un deseo de recaudar cantidades millonarias, como un símbolo de lucha contra la inequidad propiciada por los propios partidos políticos que actúan como actores preponderantes.
"Nosotros argumentábamos que era una clara contradicción entre el tope de gasto que se les permite a los candidatos y el tope de ingreso privado. Nosotros tenemos un financiamiento público de 7 millones y, sin embargo, únicamente se nos permitía recibir por financiamiento privado 42 millones, lo que daba un total de 49 millones frente a un tope de gasto de 429 millones de pesos de lo que se les permite a los candidatos con partido", explicó.
Caso destacó que la decisión del tribunal, un mes después del arranque de las campañas electorales, sigue dejando a los candidatos independientes en condiciones inequitativas y les plantea el reto de elevar la recaudación.
"Sigue siendo inequitativo por el momento en el que se resuelve y porque nosotros todavía tenemos que ir por la recaudación. Mientras los candidatos con partido mes con mes les depositan sus prerrogativas, nosotros tenemos que salir a la calle a explicarle al ciudadano que necesitamos su aportación. El reto ahora es la recaudación, en México no hay una cultura donde la gente participe dando su apoyo económico a las campañas, ahora nuestro reto es socializar la necesidad que tenemos de recaudar, informarle a la gente para qué se utilizarán sus recursos", indicó.
Advierte carencias
La representante de Zavala aseguró que el INE no está preparado para catalogar los eventos de recaudación de fondos privados de los candidatos independientes.
"Hemos tenido muchas cenas de recaudación en las que el INE no sabe cómo procesarlas. Ahorita justamente están definiendo cómo las van a catalogar, cómo se debe comprobar el pago de los boletos de los asistentes porque no se enfrentan a este tipo de situaciones de manera cotidiana, y ahora que llegamos nosotros a presentarlas, están empezando a regularizarse pero todo sobre la marcha", expuso.
Los eventos de recaudación organizados por Zavala, abundó, están pensados bajo el esquema de autofinanciamiento, no obstante, el INE busca catalogarlos como aportaciones de simpatizantes, lo que complicaría la recaudación.
"Nosotros decidimos hacer cenas de recaudación bajo el esquema de autofinanciamiento porque es un precio fijo, los montos son muy pequeños, con boletos de mil pesos, pero hay personas que llegan y pagan en el momento, y nosotros vamos comprobando cada gasto con un boleto, con una firma de la persona que entró.
"Sin embargo, el INE quisiera catalogarlos como aportaciones de simpatizantes, lo cual tendría reglas distintas como, por ejemplo, los asistentes tendría que ir a depositar al banco, tiene que haber un recibo firmado por el candidato, por los asistentes, copia de la credencial de elector, una serie de cosas que naturalmente no están pensadas para este tipo de eventos", detalló.
Caso señaló que actualmente el INE trabajar en definir cuál es el mejor esquema para catalogar los eventos de recaudación de los independientes.
Y ve Zavala 'victoria histórica'
La candidata independiente, Margarita Zavala, calificó como una victoria histórica la decisión del Tribunal Electoral de aumentar el tope de financiamiento a los asipirantes sin Partido Político.
A través de su cuenta de Twitter, la candidata independiente reiteró que hará campaña solo con el apoyo voluntario de los ciudadanos.
"Esta es una victoria histórica para los ciudadanos que buscan una nueva forma de hacer política.Renuncié al dinero público por congruencia. Y por congruencia haré esta campaña sólo con el apoyo voluntario de los ciudadanos libres",escribió Zavala en su cuenta de Twitter.
Cabe recordar que Margarita Zavala, impugnó el acuerdo INE/CG281/2018, en el que el árbitro electoral estableció que el límite de financiamiento privado para los contendientes sin partido que aspiran a la Presidencia de la República, era de 42.9 millones de pesos.
En contraste, los candidatos a ese mismo cargo pero con Partido, pueden recaudar hasta 429 millones 633 mil 325 pesos.
Ahora, con la decisión del Tribunal, los candidatos independientes a la Presidencia podrán recaudar hasta 422 millones de pesos de financiamiento privado.
En Jalisco, 40 “narcocélulas” se dedican a desaparecer gente
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Según reportes, estos grupos operan sobre todo en la zona metropolitana de Guadalajara.
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| Manifestantes en CdMx el martes extendieron una manta con la imagen de los alumnos asesinados. (Octavio Hoyos) |
JORGE MARTÍNEZ
Guadalajara
Los cuerpos de seguridad e inteligencia de Jalisco tienen conocimiento de al menos 40 células del crimen organizado dedicadas a desaparecer personas en la entidad. Ese es su modus operandi para combatir a rivales y amedrentar a pobladores extorsionados.
En ocasiones también levantan a personas inocentes, confundidas con miembros de bandas contrarias, como al parecer sucedió con los jóvenes estudiantes de cine capturados en Tonalá, de acuerdo con las primeras pesquisas de la Fiscalía local.
Algunos de estos escuadrones de sicarios, para ocultar los crímenes que perpetran (donde también se incluye el secuestro), optan por disolver en ácido cadáveres de personas previamente asesinadas a golpes, con objetos punzocortantes, o con armas de fuego.
De acuerdo con reportes oficiales, los grupos delictivos operan principalmente en la zona metropolitana de Guadalajara y sus municipios conurbados, pero también en ayuntamientos del interior del estado, sobre todo en aquellos ubicados en la costa sur.
La Comisión Estatal de los Derechos Humanos de Jalisco emitió un informe sobre desaparecidos el pasado 23 de marzo, en el que señala que en los cinco años de la administración del gobernador Aristóteles Sandoval han sido reportadas como “ilocalizables” 14 mil personas.
El reporte del ombudsman estatal documenta que la mayoría de las víctimas son jóvenes entre 19 y 25 años.
CON HISTORIAL
Sobre el caso de los jóvenes, la Fiscalía General del Estado de Jalisco cumplimentó dos órdenes de aprehensión por delitos de desaparición y homicidio en contra de Gerardo “N”, detenido por su relación con el asesinato de Javier Salomón, Daniel Díaz y Marco Ávalos, los alumnos de la Universidad de Medios Audiovisuales, privados de su libertad el 19 de marzo.
Funcionarios de la Fiscalía, consultados por MILENIO, señalaron que los crímenes en los que intervino Gerardo “N” se cometieron hace un año, y en ellos participaron otros integrantes de la misma célula criminal vinculada en la muerte de los tres estudiantes de cine.
Las personas asesinadas por Gerardo y sus cómplices eran distribuidores de drogas de Tonalá, al servicio del cártel de Jalisco Nueva Generación, que no pagaron ciertas cuotas.
El agente del Ministerio Público del fuero común integra más carpetas de investigación contra Gerardo, por su presunta relación con otros ilícitos, como robos y lesiones.
Por otra parte, en las declaraciones de los imputados ante la autoridad ministerial, quedó asentado que un sujeto apodado El Cochiloco, líder del grupo criminal responsable de la privación ilegal de la libertad, tortura y muerte de Javier Aceves, Daniel Díaz y Marco García, ordenó el asesinato de uno de los participantes en el crimen, identificado con el apodo de El Cazón, ya que temían que fuera a delatar con la policía a más involucrados en el asunto.
Testigos declararon que El Cazón tuvo “remordimiento” tras asesinar a los estudiantes, y… él corrió con la misma suerte: fue victimado de diez balazos en la calle 5 de Febrero, en la colonia San Carlos, en Guadalajara.
MILENIO dio a conocer en su edición del 25 de abril, que el otro detenido por el caso de la desaparición y muerte de los tres alumnos del CAAV, Christian Omar Palma Gutiérrez, mejor conocido como rapero QBA, cobraba la cantidad de 3 mil pesos semanales al cártel de Jalisco Nueva Generación por disolver cadáveres de personas asesinadas.
QBA y Gerardo “N” estaban bajo las órdenes de un sujeto identificado como El Cochiloco, jefe de plaza del cártel de Jalisco en Tonalá, esto según reportes de inteligencia de la fiscalía.
Las autoridades continúan en la búsqueda de otros seis miembros del grupo criminal relacionados con el asesinato de los jóvenes estudiantes, entre los cuales se encuentran personas apodadas El Kalimba y El Jetón.
HOY, OTRA MARCHA
Este jueves estudiantes de la Universidad de Guadalajara, Tecnológico de Monterrey, Universidad del Valle de Atemajac y del Instituto Tecnológico de Estudios Superiores de Occidente, así como integrantes de colectivos conformados por familiares de personas desaparecidas, se manifestarán a partir de las 17:30 horas por calles del centro de Guadalajara, para exigir la renuncia del gobernador Sandoval Aristóteles y que se esclarezca el caso de los estudiantes de cine.
El contingente partirá de la rectoría de la Universidad de Guadalajara, ubicada en las confluencias de las Avenidas Enrique Díaz de León y Vallarta. Se espera la participación de al menos 2 mil personas, que irán vestidas de blanco.
CLAVES
DRAMA QUE APENA
El cardenal Carlos Aguiar Retes afirmó que el asesinato de tres jóvenes estudiantes de cine “es un drama que nos apena mucho como país”.
Al oficiar una misa por los 10 años de la muerte de Ernesto Corripio, el arzobispo primado dijo que el caso de los alumnos “nos debe preocupar a toda la sociedad”.
Acompañado por Norberto Rivera, Aguiar Retes llamó a los fieles católicos a desterrar el odio y la violencia.
Ofrece giro en política interior; entrevista con Olga Sánchez Cordero
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De llegar a la Secretaría de Gobernación, la ministra en retiro promete una dependencia transparente, bajo ejes como derechos humanos, migración y gobernabilidad
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| La ministra en retiro Olga Sánchez Cordero vislumbra una Secretaría de Gobernación con las puertas abiertas para todos, en caso de que López Obrador gane la Presidencia y la nombre titular de la Segob. Foto: David Hernández |
ANDRÉS BECERRIL
CIUDAD DE MÉXICO.
Si llega a ser la primera mujer al frente de la Secretaría de Gobernación, Olga Sánchez Cordero cambiaría la dependencia, pondría fin al espionaje político y priorizaría las labores de inteligencia para fortalecer la gobernabilidad.
En entrevista con Excélsior, la ministra en retiro, candidata a una senaduría plurinominal por Morena, planteó reestructurar al Cisen en un Instituto de Investigación para la Seguridad Humana, más orientado al combate contra el crimen organizado.
Además, ofreció acabar con la imagen de una dependencia “cerrada, oscura, impenetrable. Aquí va a haber transparencia total y las puertas abiertas de la Segob van a estar siempre para todos”.
Los tres ejes fundamentales por los que conduciría la política interior del país serían los derechos humanos, migración y gobernabilidad.
Sánchez Cordero adelantó que, de prosperar el retiro de las pensiones a exfuncionarios y como a ella no le podrían quitar la de ministra por ser un tema constitucional, está dispuesta a donarla.
PERFILA NUEVA SEGOB
Olga Sánchez Cordero, potencial secretaria de Gobernación si Andrés Manuel López Obrador gana la Presidencia de la República, delineó los tres ejes por dónde conduciría la política interior del país: derechos humanos, migración y gobernabilidad (relaciones de gobierno).
En entrevista con Excélsior, la virtual senadora —es la número tres de la lista plurinominal de Morena— se pronunció por reestructurar el Centro de Investigación y Seguridad Nacional (Cisen) en un instituto de investigación para la seguridad humana, y no desaparecerlo, “espionaje político no; inteligencia para la gobernabilidad, sí”, externó.
De llegar a Gobernación, la ministra de la Suprema Corte de Justicia de la Nación en retiro se comprometió a acabar con una Segob “cerrada, oscura, impenetrable” y ofreció transparencia total y que “las puertas de la Segob van a estar abiertas siempre para todos”.
Desde hace años, López Obrador acuñó un calificativo para quienes vincula con hechos de corrupción: mafia del poder. Sánchez Cordero reveló cuál es el concepto real de quien sería su jefe y esa lucha contra la corrupción.
—¿Cuál será su papel para conciliar a Andrés Manuel López Obrador con quienes él llama la mafia del poder?
—Andrés, cuando me entrevisté con él y cuando me invitó a ser secretaria de Gobernación, sí me dijo que quería pasar a la historia como un Presidente democrático, que quería fortalecer la democracia, que tenía una idea muy clara de esto, pero me dijo que —me estoy adelantando, pero te lo voy a decir; adelantando a su propia manifestación que él quisiera hacer a los medios— me dijo algo: ‘así como (Benito) Juárez separó la Iglesia del Estado, así yo quiero separar el poder económico del poder político’. Y eso, esta unión, es lo que él llama la mafia del poder. Yo no le entendía. En realidad, cuando él habla de la mafia del poder, yo no sabía exactamente a qué se refería, entonces, él me dijo, ‘la mafia del poder para mí es, precisamente, que al amparo de la estructura política se ha hecho el poder económico; entonces lo que yo quiero es separar el poder económico del poder político y que el poder político sea el poder político y que el poder económico sea el poder económico’. Es interesante”.
—Y ahí, ¿qué papel jugaría usted?
—A ver, es la política. Creo que Andrés va a respetar, va a respetar, indiscutiblemente, y esto por lo del poder económico, a los empresarios, sin duda. Va a respetar todo lo que han sido las concesiones que se han dado en forma legal. Va a respetar los contratos de energía que han sido perfectamente establecidos; y hay algo bien importante, que han dejado benéficos para el país.
Porque todo mundo me dice: ¿cómo va a revisar tantos contratos? Te lo contesto: el artículo 134 constitucional es el marco para revisarlos. Además, la Ley General de Responsabilidades de los Servidores Públicos. ¿Por qué? Porque ahí se establece claramente que hay una obligación de la Secretaría de la Función Pública de revisar los contratos, los servicios prestados al Estado y todo cuanto tenga que ver con los recursos públicos.
Entonces, esta obligación de la Función Pública te da el marco normativo perfecto para revisar si los contratos fueron hechos conforme a la ley y, sobre todo, si estos contratos han sido de verdad, recalco, no lesivos para el Estado; incluso hay juicios de lesividad que puede promover el mismo Estado, en contratos, en convenios que no le sean beneficiosos al Estado y es un juicio de lesividad, que se llama así.
Entonces, marco normativo hay, quien no quiera verlo y no se quiera dar por enterado que se tiene un marco normativo para revisar lo revisable, realmente no conocen que esta estructura jurídica está perfectamente bien determinada”.
NEGOCIAR CON LA CNTE
Sánchez Cordero, que se convertiría en la primera mujer en ocupar el Palacio de Cobián y que en 1984 el regente Ramón Aguirre Velázquez la nombró la primera notaria pública del país, dijo que para ella la protesta social es algo que hay que respetar de forma irrestricta.
Siempre se ha pensado en esta ponderación de valores, en esta ponderación de derechos, entre, por decirte algo, la libre circulación y la protesta. Hasta qué grado la protesta impide la libre circulación de la gente, es un tema que tenemos que resolver, interesante, importante, no hay una normatividad, por ejemplo, eso lo vamos hacer cuanto antes, no hay una normatividad que establezca que los convenios con algún tipo de organizaciones sociales puedan estar por escrito, respaldarse en una normativa que te de la posibilidad de llegar acuerdos con algunas organizaciones sociales, y que estas sean vinculatorias, tanto para el gobierno como para las organizaciones”.
La ministra, que recibe a Excélsior en la oficina de su notaría pública en Las Lomas de Chapultepec, dijo: “Te pongo un ejemplo: la CNTE. Si se tuviera una normatividad, que yo espero que se tenga a la brevedad, una normatividad donde se establezcan convenios específicos para atender un tema de inconformidad social, bueno, se firma el convenio y ahí está la normativa que te respalda.
—En el caso de la CNTE, ese convenio tendría que ser darle marcha atrás a la Reforma Educativa, ¿no?
—El tema de Andrés Manuel no es que por ningún motivo no quiera ir a una sociedad del conocimiento, ni avanzar, sería algo que no está en su imaginario. Cómo no vamos a avanzar hacia la sociedad del conocimiento. Lo que él dice de la Reforma Educativa es que es una reforma laboral, más que una Reforma Educativa; para él, se restringieron derechos laborales ya adquiridos por los trabajadores.
—¿Esos convenios vinculantes, en este caso, la CNTE, que usted puso como ejemplo, sería que les devolvieran las canonjías y los privilegios de heredar y vender plazas?
—Tendríamos que sentarnos, y no nada más con la CNTE, a establecer las condiciones de un acuerdo. Pero fíjate qué diferente, tener un acuerdo, firmado, con una normatividad que te respalde a ti como secretario de Gobernación para realizar estos acuerdos.
—¿Cómo se imagina estos acuerdos jurídicamente?
—Jurídicamente se tendrían que discutir varios aspectos, muchos aspectos. Hay temas, por ejemplo, que no quiero adelantar, obviamente porque no sé cómo se venga la negociación con la CNTE, en un momento determinado, se va a tener que reunir, y no solamente con la CNTE, con muchas organizaciones sociales. De alguna manera establecer un marco normativo: qué tenemos ahorita vigente, qué podemos modificar dentro de las leyes secundarias también, porque hay una ley, obviamente, de educación, una Ley General de Educación. Mira, yo creo que Andrés lo ha dicho, lo tiene en su plataforma: no quiere demasiadas leyes, dice que si se cumple con las leyes que tenemos bastaría para tener un Estado de derecho. Pero habrá necesidad, claro, de expedir nuevas leyes.
—Y usted, que viene del mundo de la justicia, ¿está de acuerdo con pocas leyes?
—Claro que estaría de acuerdo. Hay preceptos constitucionales que nunca se han reglamentado, hoy están reglamentando este artículo 134 para la publicidad gubernamental, por ejemplo.
CISEN, CON NUEVA ESTRUCTURA
Sobre el tema que López Obrador ha insistido, sobre la desaparición del Cisen, pues el candidato presidencial de Morena afirma que esa institución, dependiente de Gobernación, lo ha espiado durante 40 años, a la ministra Sánchez Cordero, de quien dependería este Centro que tuvo su origen en 1989, a parir de la extinta Dirección Federal de Seguridad (DFS) y de la Dirección General de Investigaciones Políticas y Sociales (DGIPS), se le preguntó:
—¿Se imagina usted a Gobernación sin el Cisen?
—Mira, yo le estoy proponiendo a Andrés Manuel el instituto de investigación para la seguridad humana. Hoy el tema es la seguridad humana. Andrés no quiere tener un Cisen de espionaje político. O sea, el tema es: espionaje no, inteligencia sí.
Él quiere que el sistema de inteligencia se vaya más bien a la Secretaría de Seguridad Pública —que no existe actualmente—, para el tema de la delincuencia, del crimen, del crimen organizado.
Yo en realidad sí quisiera platicar con él sobre inteligencia de, por ejemplo, movimientos sociales, que no son necesariamente crimen, pero que ahí están latentes. ¿Necesitas la inteligencia en un Estado democrático? La respuesta es sí. Por la gobernabilidad.
Creo que es importante para la gobernabilidad tener inteligencia de lo que está pasando en tu propio país. No hacer políticas públicas con un desconocimiento absoluto de lo que pasa. Pero obviamente no va a ser un espionaje político ni remotamente”.
—Pero, ¿dónde está la frontera entre la inteligencia y el espionaje, al conocer los movimientos de una organización social y del crimen organizado?
—Es muy diferente. Vamos a hablar del Ejército Zapatista. No se puede calificar al Ejército Zapatista de Liberación Nacional como crimen organizado. Es un movimiento social. Tampoco al movimiento de Lucio Cabañas, en Guerrero; era movimiento social. No era un movimiento del crimen organizado, ahí están las líneas.
—¿Usted estaría interesada en saber lo que hace el Ejército Zapatista de Liberación Nacional?
—Imagínate si no, para atenderlos, para atender los reclamos sociales. Porque atrás de estos movimientos, ¿sabes?, hay un gran tema de justicia social, y no de crimen, si tienes la inteligencia para la gobernabilidad del país.
—Pero ¿eso es espionaje o inteligencia?
—No, es inteligencia. Espionaje es, voy a ser muy burda: si el gobernador fulanito de tal o zutanito o el secretario tiene una novia o dos o tres novias; eso es verdaderamente absurdo, y tener abajo de la manga su vida personal para poder chantajear a alguien, eso está totalmente descartado, pero se hace. Inteligencia para la gobernabilidad del país es súper interesante.
EN PRO DE DERECHOS HUMANOS
Sobre los tres ejes principales que desarrollaría si llega a Gobernación, Sánchez Cordero dijo que para ella el primero, por cuestiones de su formación, será el tema de los derechos humanos. “El tema de los derechos humanos incluye el tema de las víctimas, pero también los derechos humanos de todas las personas en este país, de todas.
Creo que es un tema que, a pesar del discurso oficial, no es un tema que sea una realidad en el país. Si fuera una realidad en este país no tendríamos la ola de violencia de crímenes, de feminicidios, de desapariciones y también desapariciones forzadas, que son dos diferentes desapariciones; de secuestros, de derecho de piso, de crimen organizado, todo esto implica violación a la ley, falta al Estado de derecho, pero sobre todo implica violación a los derechos humanos, todo lo que te estoy diciendo. Y más”.
La potencial encargada de la política interior del país, que habría sido propuesta por Esteban Moctezuma, quien como secretario de Gobernación en 1995 se la propuso al presidente Ernesto Zedillo para ser magistrada, subrayó que “cuando digo que el eje central de la Secretaría de Gobernación van a ser los derechos humanos es que los derechos humanos en nuestra administración se van a tomar en serio, van a ser una realidad”.
Otro eje es la migración que, dijo Sánchez Cordero, es el más importante de la Secretaría de Gobernación.
La gobernabilidad del país, la relaciones de gobierno, no sólo con los Poderes de la Unión, es decir, el Congreso federal, que es muy interesante, importante e intensa, sino también con el Poder Judicial, con la Suprema Corte de Justicia de la Nación y, desde luego, con los gobernadores, con los congresos locales, con los tribunales superiores de justicia de los estados; y no sólo eso con los órganos constitucionales autónomos, la relación de gobernabilidad con ellos, el tema de la gobernabilidad que tiene, por supuesto, una gran cantidad de relaciones interinstitucionales de respeto, ojo, de respeto, a sus competencias, a sus facultades, a su autonomía, pero que al final del día es el Estado mexicano. Además de la coordinación del gabinete presidencial.
SU MOTIVACIÓN NO ES EL DINERO
La ministra de la Suprema Corte de Justicia de la Nación en retiro adelantó que el plan de López Obrador sobre las pensiones de los expresidentes y de todas las pensiones de servidores públicos de primer nivel es que el Congreso haga una ley al respecto.
Sin embargo, afirmó que las pensiones de los integrantes del Poder Judicial no caerían en ese supuesto, porque las de ellos tienen nivel constitucional, no legal. Aunque dijo que, en caso de llegar al Palacio de Cobián, ponderaría si la pensión que recibe como ministra la entregaría en donación o bien sería su salario como funcionaria.
—Un punto que es parte del debate, las pensiones
de los expresidentes, ¿cuál es su opinión sobre el tema?
—Las pensiones de los expresidentes fueron a través de decretos presidenciales. Lo que está proponiendo Andrés Manuel es que sea el Congreso, que sea una ley, que se presente una iniciativa de ley, donde sea el Congreso el que la discuta, finalmente; no sólo las prestaciones y las jubilaciones o los haberes de retiro, sino que se discuta como ley tanto para los servidores públicos en activo, como también a los altos niveles de gobierno, como las pensiones de retiro; en fin, porque al final del día es un decreto, y lo que se pretende es que el Congreso de la Unión lo resuelva.
—¿Pero el decreto es ilegal?
—No, lo pudo haber hecho el Presidente, pero lo que quiere es que se haga una ley. Una ley que discuta el Congreso.
—Una ley donde eventualmente podría estar su pensión como ministra, ¿usted estaría dispuesta a que le redujeran su pensión?
—El tema aquí no lo he platicado con Andrés Manuel, pero aquí el asunto es que las pensiones de los ministros no son legales, son constitucionales; no están a nivel de ley, están a nivel de la Constitución.
—¿Entonces la suya no se la pueden quitar?
—Es que está a nivel Constitución. La pensión de un ministro está a nivel Constitución, ¿por qué? Precisamente por la autonomía y la independencia de los ministros, magistrados y jueces; entonces ésta no está a nivel legal; ahora bien, si se va inclusive a promover una reforma constitucional para, digamos, establecer una normativa constitucional respecto de todo esto, pues se tendría que, en primer lugar, hacer una reforma constitucional. Porque ahí sí, el blindaje a los ministros y a los juzgadores es diferente.
El tema aquí, y no lo he platicado con Andrés Manuel, el tema aquí es que lo llamamos, en el Poder Judicial, esto lo llamamos una garantía institucional. Son de las garantías institucionales, como la inamovilidad de los jueces y magistrados, como la carrera judicial, como los exámenes de oposición, como las pensiones, o sea todo esto conforma unas garantías institucionales para el desarrollo del Poder Judicial.
Porque el Poder Judicial no está seis años. Un magistrado puede durar 25, 30, 35 años. Los magistrados se retiran a los 75 años, unos trabajan desde los 30, es una situación muy diferente a un secretario que va a trabajar seis años.
Yo quiero dejar en claro que las circunstancias son totalmente distintas. Imagínate un juez, que entra de 30 años, que es la edad mínima para un juez de Distrito y que dura como juzgador hasta los 75 años de edad, con la responsabilidad de emitir sentencias diariamente; es un trabajo diferente”.
—Pero López Obrador también se pronunció sobre las pensiones tan abultadas de los magistrados, ¿no?
—Que no lo son. Yo después le dije, no son así, ojalá fueran.
No son esas pensiones, pero sí son pensiones dignas, decorosas, por el trabajo que desarrollas durante 30 o 40 años.
—Si llega a ser secretaria de Gobernación o senadora, como lo será a partir del 1 de septiembre, ¿tiene que renunciar a su pensión?
—Yo lo manejaría como otro costal, pero ponderaría mucho la situación personal que pueda yo llegar a tener, sí lo ponderaría.
—¿Renunciaría a ella?
—A lo mejor donarla. O mi sueldo, no sé.
—¿Según quién le pague más?
—No es por lo que te paguen, es lo que representa. Créeme una cosa: yo no voy al gobierno por remuneraciones. Voy al gobierno porque es el último tramo profesional de mi vida y lo quiero entregar a este país. Ése es mi tema.
Gasolineros ven riesgos por plan de López Obrador
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Los empresarios gasolineros del país advirtieron que dar marcha atrás en la reforma energética y congelar los precios de los combustibles frenará las inversiones y los proyectos que tienen en cartera.
Compañías, tanto nacionales como extranjeras, que participan en esta parte de lacadena de suministro de gasolinas coincidieron en que la apertura y la liberalización de precios está en plena implementación, e independientemente del candidato que gane las próximas elecciones, “estamos muy ciertos de que lareforma energética, en lo que se refiere a estaciones, se mantendrá”.
El candidato presidencial Andrés Manuel López Obrador ha manifestado la intención de revisar contratos de las licitaciones de las rondas petroleras, así como congelar los precios de las gasolinas en caso de ganar las elecciones del 1 de julio.
Con la apertura del sector se tienen contempladas inversiones por 12 mil millones de dólares en nuevas estaciones de servicio; entre 1.3 mil millones y 2.3 mil millones en poliductos, por donde se transportará gasolina y diésel; 1.5 mil millones en transporte por ferrocarril, y 427 millones en almacenamiento y distribución.
El presidente de la Organización Nacional de Expendedores de Petróleo(Onexpo), Roberto Díaz de León Martínez, dijo que el sector “está muy blindado, en el sentido de que hay un cronograma de flexibilización y apertura de mercado, que ya es una realidad, y se cumplieron los tiempos, y hoy vemos una participación muy dinámica de al menos 35 marcas de gasolineras, nacionales y extranjeras”.
“¿No hay nerviosismo?”, se le preguntó en entrevista con EL UNIVERSAL. “Nos sentimos muy tranquilos; el próximo Presidente estará llevando las riendas del país por seis años, pero nuestro negocio es patrimonial para 20 o 30 años más”, contestó.
De acuerdo con las secretarías de Hacienda y Crédito Público, y la de Energía, así como Petróleos Mexicanos (Pemex), el mercado de los combustibles tiene un costo actualizado —al primer bimestre de 2018— de casi 800 mil millones de pesos anuales en ventas, unos 42 mil millones de dólares que son movidos a través de 11 mil 946 estaciones de servicio, entre aquellas que pertenecen a la Franquicia Pemex y las nuevas marcas que operan en territorio nacional, entre nacionales y extranjeras.
El grupo de gasolineras más grande de México, Hidrosina, fue más allá, al advertir que dar marcha atrás en el nuevo modelo energético, en el ramo de la comercialización de combustibles, va a poner en riesgo las inversiones para nuevas estaciones de servicio y proyectos de almacenamiento y distribución que están en cartera.
Paul Karam, director del grupo con más de 215 gasolineras en el país, dijo que congelar precios, como lo ha sugerido uno de los candidatos a la Presidencia, significa un retorno a un “monopolio” que no sólo desmotivaría el tema de las inversiones, sino que la venta de gasolinas en estaciones de servicio “dejaría de ser negocio”.
Planes en suspenso. Karam incluso sentenció que Grupo Hidrosina puede evaluar seguir con los planes de construir dos o tres proyectos de almacenamiento previstos para la zona conurbada del centro del país, sin considerar que como parte de su plan de negocios tienen previsto construir 135 gasolineras más entre 2018 y 2020, para cerrar ese periodo con 350 en el país.
Frenar la reforma, añadió el directivo, “sería un tema muy drástico para el país, no solamente en el sector gasolinero, que es el eslabón más pequeño de todo el sector energético”.
Indicó que no sólo es un tema de inversión, de negocio o patrimonio. “Hoy la apertura le está dando al consumidor la oportunidad de elegir, y creo que es muy válido que haya competencia (...) y quitárselo creo que no es recomendable”.
Desde la liberalización de precios, que empezó el 1 de enero de 2017, los precios de las gasolinas se han movido al alza: en diciembre de 2016, la Magna se vendía en 13.98 pesos por litro y la Premium en 14.81 pesos.
Al 23 de abril de 2018, hay demarcaciones en la Ciudad de México, como Xochimilco, donde se reportan precios máximos —según la aplicación de PetroIntelligence— de 18.32 pesos la Magna y 19.92 pesos la Premium, 4.34 y 5.11 pesos más cara que hace 16 meses.
Extranjeros confían en sector. Álvaro Granada, director general de combustibles de BP en México —que ya operan más de 200 estaciones de servicio con marca propia—, comentó que la petrolera británica “acataría las nuevas reglas y seguiría operando como lo ha hecho hasta ahora”.
“Sea cual fuere la ley o la regulación aplicable en cada momento, BP la cumplirá escrupulosamente. Así lo hacemos con las 18 mil gasolineras que tenemos en 80 países, donde hay regulaciones distintas”.
Incluso, añadió que del total del plan de expansión mundial para los próximos cinco años, “la mitad va a ser para México, porque confiamos en que los cambios en el nuevo modelo energético se mantendrán”.
El director de Shell México, Andrés Cavallari, también descartó que la reforma energética se vaya a revertir en el próximo sexenio en caso de que López Obrador gane la Presidencia.
“La reforma energética está bien consolidada porque fue aprobada por una mayoría plural de las cámaras de diputados y senadores. Confiamos en que se va a quedar a largo plazo y no vemos un escenario que la complique”, sentenció el ejecutivo.
Otra de las empresas de renombre internacional, Andeavor, matriz de la marca Arco en México, espera que el país “honre sus compromisos en la reforma energética, pese a todo lo que se está diciendo en este momento”.
Siomara Marquez, country director de Andeavor México, explicó que las empresas que están llegando a México tras la reforma energética tienen compromisos de inversión muy importantes y de largo plazo.
Conformación del negocio. Al 19 de abril, según los registros de la Comisión Reguladora de Energía (CRE), se han autorizado 11 mil 946 permisos de expendio de petrolíferos en estaciones de servicio, incluida la Franquicia Pemex y las nuevas marcas.
La CRE calcula que actualmente 2 mil 549 de estas estaciones de servicio reciben gasolina de proveedor diferente a Pemex, fundamentalmente producto importado.
UNAM y UdeG exigen acciones inmediatas contra la violencia
Conjuntamente resaltan las cifras que evidencian que los jóvenes están en la mira del crimen organizado ◗ Demandan una investigación exhaustiva
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VANIA GONZÁLEZ
Sumándose a las voces de indignación, en un comunicado de prensa, la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM),y la Universidad de Guadalajara (UdeG) expresaron su pesar por el asesinato de los tres jóvenes estudiantes de cine, de quienes se confirmó su muerte el martes pasado.
Externaron su pesadumbre con las siguientes palabras: “Nos enteramos con suma tristeza y horror a través de los medios de comunicación y de voz de la Fiscalía General del Estado de Jalisco, cómo tres estudiantes de la Universidad de Medios Audiovisuales (CAAV) de Guadalajara, que desaparecieron el 19 de marzo tras hacer una tarea escolar, fueron asesinados brutalmente y sus cuerpos disueltos en ácido”.
Ambas casas de estudio expresaron sus condolencias y su solidaridad ante la pena que embarga a los familiares y amigos de los jóvenes Javier Salomón Aceves, Daniel Días y Marco Francisco Ávalos, de quienes, afirmaron, se suman a la creciente realidad que amenaza a la juventud mexicana. Asimismo, externaron su solidaridad con todas las familias que han perdido a alguien a causa de la delincuencia.
En un reclamo conjunto, las dos universidades se sumaron a la exigencia social de que las autoridades competentes realicen “acciones inmediatas para frenar y erradicar esta violencia que a todos nos agravia e indigna; así como una investigación exhaustiva que conlleve a la detención de los responsables de esta atrocidad”.
Asimismo, mediante un señalamiento, resaltaron la gravedad de las cifras que evidencian que la población juvenil mexicana se encuentra en la mira de los grupos de crimen organizado, expusieron que de acuerdo a datos del Registro Nacional de Personas Extraviadas o Desaparecidas, de las 34 mil 268 de las que se tiene registro, el 35 por ciento de ellas corresponde a niños, adolescentes y jóvenes que suman 12 mil 192 desaparecidos, en los que “Cada uno de ellos representa una investigación fallida, una familia destrozada y una esperanza perdida”.
Después de la desaparición de los 43 estudiantes de la Normal Isidro Burgos de Ayotzinapa, Guerrero, el caso de los estudiantes de cine de la Universidad de Medios Audiovisuales ha desatado de nueva cuenta las muestras de agobio, pesar e impotencia de la sociedad mexicana, ante el sadismo y la violencia con los que arremeten los grupos armados que desde la criminalidad atentan contra la paz de todas las entidades del país.
Cuatro factores que presionan al peso
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El peso mexicano ha sido presionado por distintos factores: destacan la fortaleza del dólar, tensiones geopolíticas, incertidumbre del rumbo que pueden tomar las renegociaciones del TLCAN y las próximas elecciones presidenciales.
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Involucra a Anaya indagatoria por caso de lavado en Europa
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El empresario Juan Pablo Olea fue parte de la estructura financiera radicada en terceros países y paraísos fiscales; él participa en 14 compañías ibéricas, detalla
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| Foto: Especial |
María Cabadas
Autoridades judiciales de Europa investigan la red de lavado de dinero en la que presuntamente está involucrado el candidato presidencial de la coalición Por México al Frente, Ricardo Anaya, y el empresario queretano Manuel Barreiro, actualmente refugiado en Canadá.
Según el diario digital El Español, se indaga la participación del industrial mexicano-español Juan Pablo Olea Villanueva en una estructura financiera radicada en terceros países y paraísos fiscales a fin de obtener fondos para beneficiar a Anaya Cortés.
“Las pesquisas de las autoridades se centran en una investigación previa e independiente acerca de la estructura empresarial en España de Juan Pablo Olea Villanueva que demuestra que del análisis de la información pública y contable de sus sociedades se pueden establecer patrones que son compatibles con una estructura destinada a la ocultación de capitales”, indica el medio español.
Según esta investigación, abunda, Olea Villanueva participa en la administración y propiedad de al menos 14 compañías en España fundadas en 1996, cuyas actividades van desde la hostelería hasta el comercio de flores, pasando por la actividad inmobiliaria.
“El análisis individual de los estados financieros de las compañías españolas permite identificar graves irregularidades que, analizadas conjuntamente, dejan entrever patrones de actuaciones compatibles con actividades de blanqueo de capitales”, resalta El Español.
“Autoridades judiciales europeas investigan la presunta comisión del delito de blanqueo de capitales (…), en lo que podrían estar involucrados Ricardo Anaya, Manuel Barreiro y el empresario mexicano-español Juan Pablo Olea”
El Español
Diario digital
Y agrega: “según nuestras fuentes, en particular, se investiga la creación de una estructura financiera radicada en terceros países y paraísos fiscales a fin de obtener fondos para el candidato a la Presidencia de la República Ricardo Anaya.
“Dichos fondos, previa circulación de los mismos principalmente por Canadá y Gibraltar, los habría recibido el Sr. Anaya mediante la venta de una nave industrial propiedad de su familia, ubicada en el estado de Querétaro a la empresa mexicana Manhattan Master Plan (Development), por valor de 54 millones de pesos mexicanos (equivalentes a 2.400.000 euros)”, afirma el diario.
Indica que Barreiro habría ideado y aprovechado su propia estructura corporativa y financiera para repatriar fondos a México y transferírselos a Anaya.
“En dicho operativo habría contado con la colaboración del empresario Juan Pablo Olea Villanueva, que cuenta con importantes intereses empresariales en Querétaro, principalmente a través de la compañía Advance Real Estate”, resalta.
Dice que tanto Barreiro como Olea son señalados como los responsables ideológicos y materiales de la red necesaria para lavar fondos de procedencia ilícita y transferirlos a Anaya.
“Al día de la fecha, ambos se encuentran investigados y sus cuentas bancarias congeladas”, precisa.Gráfico: La Razón de México
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Una pistola, el pago por asesinarlo
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DIANA MARTÍNEZ
Una pistola plateada que tiene cachas blancas con la imagen impresa de Dámaso López Serrano, El Mini Lic, fue el pago que presuntamente recibió Heriberto Picos Barraza El Koala por asesinar al periodista Javier Valdez Cárdenas.
Durante la audiencia inicial que se realizó en Culiacán, Sinaloa, los fiscales señalaron que se ordenó el asesinato del fundador del semanario Ríodoce ante la inconformidad por una publicación.
Este domingo, se determinará si El Koala, quien se reservó su derecho a declarar, es vinculado a proceso por el homicidio de Valdez, registrado el 15 de mayo de 2017.
Ismael Bojórquez, director del semanario Ríodoce, señaló a El Heraldo de México que con la detención de Picos Barraza, la investigación de la Procuraduría General de la República (PGR) apunta a que el presunto autor intelectual del homicidio está entre Dámaso López Serrano, El Mini Lic y su padre Dámaso López, El Licenciado.
Recordó que las indagatorias indican que hay tres autores materiales, pero la aprehensión de El Koala podría llevar a más cómplices.
“Se está perfilando ya el autor intelectual, ellos tienen identificados a tres autores materiales y es posible que el número aumente porque el detenido ha dado información valiosa porque los autores materiales son la parte más delgada…
“Según un testimonio que tiene la fiscalía, a la gente de Eldorado, que es una sindicatura de Culiacán, y en aquel entonces bajo control de Dámaso, que no le había gustado lo que Javier publicó… en esta línea, el autor intelectual estaría entre el padre y el hijo, en esta línea que ha planteado la fiscalía, no puedo afirmarlo”, señaló.
Entre los datos de prueba están intervenciones telefónicas al imputado y testimonios.
“La Fiscalía logró la anuencia de un juez para intervenir conversaciones telefónicas, ellos tenían el teléfono de El Koala desde hace mucho, desde hace un año”, dijo.
Bojórquez consideró que es una investigación sólida, sin embargo, dijo que están inconformes porque ya casi se cumple un año del homicidio del periodista y apenas una persona ha sido detenida.
“Falta ver la autoría intelectual cómo logran amarrarla y nosotros obviamente no estamos conformes, ya pasó un año”, enfatizó.
Diputados eliminan el arraigo
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Pretende que este jueves se apruebe en sesión plenaria en San Lázaro
Se obligará a las procuradurías a realizar mejor su trabajo, sostienen legisladores
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| Aspectos de la casa de arraigo ubicada en la calle Doctor Barragán esquina con Eje 3 Sur, en la colonia Doctores Foto Víctor Camacho |
Roberto Garduño y Enrique Méndez
Después de 22 años de vigencia en la ley y una década en la Constitución, la Comisión de Puntos Constitucionales de la Cámara de Diputados decidió por unanimidad suprimir la figura del arraigo y atender las observaciones del Alto Comisionado de Derechos Humanos de Naciones Unidas (ONU-DH).
El dictamen, que se envió a la mesa directiva de la Cámara de Diputados con el propósito de que sea aprobado este jueves en sesión plenaria, refiere que el arraigo trastocó el debido proceso y los legisladores de distintas bancadas resaltaron que se obligará a que la investigación ministerial sea efectiva.
Durante la discusión del documento, el diputado Arturo Huicochea (PRI) sostuvo que se obligará a la Procuraduría General de la República (PGR) a hacer mejor su trabajo de persecución de los delitos, al igual que a las procuradurías estatales, mediante un método científico, metódico y convincente.
Se trata, expresó, de una decisión correcta, cuya finalidad es restablecer la confianza de los ciudadanos y cerrar el paso a la tortura y el espacio para la desaparición forzada que permitió esa práctica.
En 1996, durante la 56 Legislatura, en el primer esfuerzo del Congreso para combatir el crimen, se aprobó incluir la figura del arraigo en la Ley Federal contra la Delincuencia Organizada; posteriormente, mediante una iniciativa de Felipe Calderón, el Legislativo autorizó incluirla en el artículo 16 de la Constitución.
Ante el abuso de la figura, la 61 Legislatura decidió limitar a 40 días el máximo de aplicación del arraigo para una persona, a pesar de que el acuerdo inicial había sido suprimirlo.
El diputado Víctor Sánchez (MC) recordó que durante la aplicación del arraigo se violaron derechos humanos, pero ahora las instituciones de procuración de justicia deberán replantearse y profesionalizar sus métodos.
Tendrán que utilizar la inteligencia y los sistemas de investigación. Hoy la delincuencia sigue ganando la lucha a la justicia y esta reforma, lejos de quitar herramientas, obliga al uso, insisto, de la inteligencia y la tecnología.
En el dictamen aprobado se resalta que se atienden las recomendaciones de la ONU-DH, que en los informes enviados a la Cámara de Diputados concluyó que el arraigo ha violado de forma manifiesta el derecho a la libertad personal, llegando a constituir una detención arbitraria y a violentar el derecho al debido proceso, particularmente en la vertiente de presunción de inocencia.
La comisión sostuvo que además de las opiniones del alto comisionado, se tomaron en cuenta los informes de organismos como el Comité contra la Tortura, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, el relator especial sobre la Tortura y el Grupo de Trabajo sobre las Desapariciones Forzadas.
Durante la reunión, también se aprobó incluir en la Constitución que en los estados el Ministerio Público se ejerza por conducto de fiscalías autónomas, así como facultar al Congreso para emitir una ley general de extinción de dominio.
En el caso de la ley de extinción de dominio, el diputado Hernán Cortés (PAN) expuso que se trata de una norma general que defina un piso para todo el país, porque en la mayoría de las entidades no se ha tipificado esa figura, mientras que la Unidad de Inteligencia Financiera de la Secretaría de Hacienda no da resultados. En un año sólo consignó dos asuntos, dijo.
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