Revisa CoIDH desapariciones forzadas.

En San José, Costa Rica, Jaime Alvarado Herrera declara ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos sobre desaparición forzada de personas en 2009. Foto: Tomada de Twitter @CorteIDH

Isabella González 

Cd. de México 

La Corte Interamericana de Derechos Humanos (CoIDH) arrancó este jueves la primera de dos audiencias sobre el caso de desaparición forzada de tres personas durante la llamada guerra contra el narcotráfico.

Se tiene previsto que los jueces escuchen los testimonios de familiares de Nitza Paola Alvarado Espinoza, Rocío Irene Alvarado Reyes y José Ángel Alvarado Herrera, desaparecidos en el Municipio de Buenaventura, Chihuahua, el 29 de diciembre de 2009 por elementos del Ejército.

Al exponer el caso, la representante de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), Margarette May Macaulay destacó el contexto en el cual ocurrieron las desapariciones de Nitza, Rocío y José Ángel.

En su intervención, la relatora expuso que las desapariciones sucedieron en el contexto del Operativo Conjunto Chihuahua, la cual comenzó en 2008 con el objetivo de desmantelar cárteles de la droga y que involucró el despliegue de miles de elementos de la Policía Federal y del Ejército, incluyendo un gran contingente en el ejido Benito Juárez, donde ocurrió el caso.

"Serias violaciones a los derechos humanos han sido documentadas en la implementación de esta operación, incluyendo desapariciones forzadas", afirmó May Macaulay.

"La Comisión señala que este caso es un reflejo de violaciones a los derechos humanos estructurales, con números alarmantes de desapariciones forzadas en el contexto de políticas de seguridad y la guerra contra el narcotráfico", añadió.

Aseveró que este caso no sólo serviría para conseguir justicia para las víctimas, sino que representa una oportunidad para que la CoIDH establezca medidas sin precedente contra las desapariciones forzadas.

"Lo anterior, en un contexto donde el Estado ha fallado en resolver los casos de desaparición forzada y la actual implementación de las medidas militarizadas de seguridad que permiten la continuación de violaciones a los derechos humanos", manifestó.

Se trata del primer caso que llega a esa instancia luego de que el 11 de diciembre de 2006 el entonces Presidente Felipe Calderón iniciara el combate frontal al narcotráfico con la Operación Conjunta Michoacán.

Desde el 12 de enero de 2010, el Centro de Derechos Humanos de las Mujeres (Cedehm) acusó al Ejército de la desaparición de las dos mujeres y un hombre.

Desde entonces, el caso ha pasado por 12 instancias nacionales e internacionales, como la entonces Procuraduría del Estado, la Procuraduría General de la República (PGR) y la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH), que emitió una recomendación al respecto.

En junio de 2011, el Cedehm y los familiares de las víctimas acudieron a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH).

Ante el incumplimiento por parte de las autoridades mexicanas de las recomendaciones de la CIDH, ahora la Corte conocerá el caso.

Durante la audiencia pública ante la Corte Interamericana declararán seis personas y aportarán argumentos para demostrar la responsabilidad del Ejército, la omisión de las autoridades en la búsqueda y en las investigaciones, y la falta de protección a los familiares.

Como los familiares han recibido amenazas durante los años que llevan en su búsqueda de justicia, algunos de ellos tienen asilo político en Estados Unidos, por lo que confían en que este caso también exhiba el drama de los desplazamientos forzados.

Reforma