Exigen repatriar a Duarte
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Concluye Caravana en la CDMX. Advierte Corral que ante corrupción no habrá perdón ni negociación
César Martínez y Héctor Gutiérrez
El Gobernador de Chihuahua, Javier Corral, se comprometió ayer a ir hasta las últimas consecuencias en contra del ex Mandatario César Duarte.
En el Hemiciclo a Juárez, ante cientos de simpatizantes y activistas, Corral recordó que, en el acuerdo firmado con Gobernación, el sábado por la noche, se pactó que el Gobierno federal pida la detención con fines de extradición de Duarte.
"¡Extradición, extradición, extradición!", clamaban los integrantes de la Caravana por la Dignidad, que comenzó el 20 de enero en Ciudad Juárez -en demanda de recursos congelados a Chihuahua por Hacienda y la extradición del ex Gobernador- y terminó ayer en la Ciudad de México.
El Mandatario aseguró que no habrá impunidad por los desvíos de recursos durante el Gobierno de Duarte.
"Esa corrupción debe tener un castigo ejemplar, esa corrupción política jamás puede ser negociada ni perdonada, porque el que roba desde el Gobierno no sólo roba unos centavos, unos pesos, unos millones o miles de millones, se roba la esperanza, se roba las oportunidades, se roba los derechos de la gente a una vida digna.
"Lo que está haciendo el Gobierno del Estado de Chihuahua en materia anticorrupción es cambiar las reglas del juego que por años se han jugado en México; por eso el acuerdo de ayer (sábado) en la noche, es un triunfo político, legal y moral", expresó Corral, desde un templete.
La conclusión de la caravana fue una concentración festiva en la que participaron activistas, miembros del gabinete de Chihuahua y Emilio Álvarez Icaza, coordinador de la caravana.
También acudieron panistas, como los coordinadores parlamentarios Fernando Herrera y Marko Cortés, así como los diputados federales perredistas Agustín Basave y Guadalupe Acosta.
Sobre Alejandro Gutiérrez, acusado de operar en Chihuahua la triangulación de recursos federales para campañas políticas del PRI, Corral advirtió que su traslado a un penal federal no lo eximirá de enfrentar a la justicia estatal.
"Seguirá siendo juzgado por un juez del Estado", dijo.
Adelantó que, junto con el traslado de Gutiérrez al penal federal de Ciudad Juárez, pedirá que cientos de reos con delitos federales sean sacados de prisiones estatales.
PGR indaga el paradero de 529 mujeres desaparecidas
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| Mujeres desaparecidas en Tamaulipas (Archivo) (Cortesía ) |
RUBÉN MOSSO
México
La Procuraduría General de la República investiga el paradero de 529 mujeres reportadas desaparecidas en diversos estados desde 2014.
A partir del mencionado año hasta 2017, la dependencia federal inició averiguaciones previas y carpetas de investigación por la desaparición de 746 féminas, de las cuales 180 fueron halladas con vida, mientras que 37 se localizaron muertas. El reporte, solo da cuenta de las investigaciones a escala federal.
El informe elaborado por la institución señala que, de las 746 mujeres, 30 son extranjeras y que se ha logrado encontrar a diez con vida, mientras que del resto aún se desconoce su paradero.
De acuerdo con datos de la dependencia federal, el mayor número de desapariciones se registró en 2014 y 2015, con 265 y 255 casos, respectivamente.
En respuesta a una petición de información, la PGR mencionó que Ciudad de México, así como los estados de México, Guerrero, Tamaulipas y Veracruz, son las entidades donde existen más denuncias por desaparición de mujeres.
La cifras, detalló la PGR, se encuentra en su sistema institucional de información estadística, que está relacionada con la investigación y el seguimiento de los procesos penales de la institución, el cual solo concentra información que se relaciona con datos estadísticos respecto de los asuntos que tienen a su cargo cada una de las delegaciones estatales y las diversas unidades administrativas de la PGR, y que es encabezado por la Coordinación de Planeación, Desarrollo e Innovación Institucional.
Casos
Las estadísticas de la PGR dan cuenta de la desaparición de 114 mujeres en Ciudad de México. 50 casos se reportaron en 2014, 37 un año después, 12 en 2016 y 15 en 2017.
Le siguió el Estado de México con 103 casos, 50 en 2014, 29 en 2015, 17 en 2016 y siete el año pasado.
En Guerrero se alertó sobre la ausencia de 89 féminas en los últimos cuatro años, mientras que en Tamaulipas el número de desaparecidas ascendió a 70 y en Veracruz a 64.
Guerrero es la entidad del país donde se han localizado los cuerpos sin vida de 12 de las 746 mujeres reportadas desaparecidas, seguido por Chihuahua con cinco y el Estado de México con cuatro.
En CdMx se encontraron tres cuerpos, en tanto que en Nuevo León dos, mismo número que fue reportado en Tamaulipas y San Luis Potosí, respectivamente.
Sin localizar
Baja California, Chiapas, Chihuahua, CdMx, Coahuila, Guerrero, Hidalgo, Jalisco, Edomex, Michoacán, Morelos, Tamaulipas y Veracruz, concentran el mayor número de puntos donde las mujeres no han podido se localizadas desde 2014.
Por ejemplo, de las 114 mujeres reportadas ausentes en Ciudad de México desde 2014, faltan por ser encontradas 68, lo mismo sucede con el Edomex, porque de los 103 casos aún no se localiza a 53 féminas.
En Guerrero todavía falta por hallar a 66 mujeres de las 89 desaparecidas, en Tamaulipas aún no se ubica a 66 de las 70 desaparecidas y en Veracruz no se sabe del paradero de 53 de 64.
En la PGR, la Fiscalía Especial para los Delitos de Violencia contra las Mujeres y Trata de Personas es la encargada de investigar y perseguir los delitos que se cometen contra mujeres, niñas y niños.
Del 1 de septiembre de 2016 al 30 de junio de 2017, la fiscalía proporcionó atención a 60 víctimas y 41 mil 208 servicios de apoyo integral en las siguientes áreas: 20 mil 863 en apoyo emocional, mil 134 en apoyo legal, 4 mil 264 en trabajo social, 10 mil 467 servicios de salud, 2 mil 350 acompañamientos, mil 362 servicios de pedagogía, 150 canalizaciones, así como 618 talleres y actividades recreativas.
De las 60 víctimas atendidas en el refugio especializado, 26 fueron menores de 18 años y 34 adultas; de dicha población, 20 son extranjeras.
Alertas
En agosto de 2017, la CNDH expresó su preocupación por la situación de violencia contra las mujeres. El organismo demandó impulsar estrategias para hacer frente a esta problemática.
El ombudsman Luis Raúl González dijo que en México ha quedado claro que el solo hecho de ser mujer es razón suficiente para sufrir agresiones y violencia, misma que en muchas ocasiones llega a la privación de la vida, por razones de género.
Por esa razón, se solicitó declarar la alerta de violencia de género en 26 entidades, habiéndose declarado en Chiapas, Estado de México, Morelos, Michoacán, Nuevo León, Veracruz, Sinaloa, Colima, San Luis Potosí, Guerrero y Quintana Roo.
A su vez, la Red por los Derechos de la Infancia en México dio a conocer que la desaparición de mujeres adolescentes en nuestro país está relacionada con grupos criminales vinculados a la trata de personas con fines de explotación sexual comercial y va en aumento.
Las zonas más afectadas por estas desapariciones son la frontera norte y el centro del país.
Rescatan a siete víctimas de secuestro
El Grupo de Coordinación Guerrero confirmó que hombres armados secuestraron a nueve personas en Ahuacoutzingo, situación que propició un operativo de búsqueda entre policías estatales y militares, que consiguieron la liberación de siete víctimas, entre ellas cuatro niños.
Roberto Álvarez, vocero del grupo, informó que el hecho se registró cerca de Xocoyolzintla, en la Montaña baja de Guerrero.
Explicó que aproximadamente a las 14:30 horas del sábado, en el lugar conocido como Barranca Honda los uniformados se percataron que una mujer caminaba rumbo a Chilapa, quien al ser abordada explicó que personas armadas habían robado su camioneta y que se llevaron en ella a varias personas.
Al lugar se dirigió personal de la SSP, del Ejército mexicano y agentes del MP, quienes tomaron la declaración de la mujer, para enseguida poner en marcha un operativo por tierra y aire, con la intención de encontrar a las personas privadas de su libertad.
Ante el despliegue conjunto, las autoridades consiguieron la liberación de siete personas sanas y salvas, además de que se recuperó la camioneta.
(Rogelio Agustín/Guerrero)
Ley obliga a Chihuahua a cumplir las reglas de SHCP; se requiere nuevo pacto
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| El gobernador de Chihuahua, Javier Corral, consideró que con los acuerdos alcanzados con el gobierno federal da por culminado el conflicto y confía en que el presidente Peña cumpla sus promesas. |
LETICIA ROBLES DE LA ROSA
CIUDAD DE MÉXICO.
El gobierno de Chihuahua requiere un nuevo convenio con Hacienda para acceder a los 900 millones de pesos que la Secretaría de Gobernación acordó darle, pues la Ley de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria impide la entrega de dinero federal sin un instrumento con cláusulas y reglas de operación.
Jorge Luis Lavalle, secretario de la Comisión de Hacienda del Senado, explicó que no se puede otorgar dinero sin respaldo. “Y si el gobernador de Chihuahua presentó una controversia constitucional contra el convenio actual, debe retirarla o firmar uno nuevo”.
La Ley de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria obliga a que cada peso que Hacienda entrega por un convenio, está sujeto a transparencia y rendición de cuentas y cada centavo es auditable y hay conceptos específicos bajo los cuales se pueden ejercer los recursos y todos ellos tienen que estar sustentados en estos convenios, precisó.
“Las dependencias y entidades con cargo a sus presupuestos y por medio de convenios de coordinación podrán transferir recursos presupuestarios a las entidades federativas con el propósito de descentralizar o reasignar la ejecución de funciones, programas o proyectos federales”, precisa el artículo 82 de la Ley de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria.
Ven necesario pacto entre Corral y SHCP
La Ley de Presupuesto y Responsabilidad impide la entrega de dinero sin cláusulas y reglas de operación.
Aunque el gobierno de Chihuahua logró un acuerdo con la Secretaría de Gobernación, necesita pactar un convenio con la Secretaría de Hacienda para que tenga acceso a los 900 millones de pesos comprometidos, porque la Ley de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria impide la entrega de dinero federal sin la suscripción de un instrumento con cláusulas y reglas de operación.
“Tiene que haber un convenio forzosamente, con reglas claras, sujeto a transparencia, rendición de cuentas y auditorías federales, porque la Secretaría de Hacienda no tiene libertad de entregar dinero alguno sin un respaldo. Y si el gobernador de Chihuahua presentó una controversia constitucional contra el convenio actual que permite esas transferencias, como lo anunció hace una semana, entonces él debe retirar esas controversia o firmar un nuevo convenio, porque de otra forma no puede recibir dinero”, explicó a Excélsior el secretario de la Comisión de Hacienda del Senado, Jorge Luis Lavalle.
El legislador federal precisó que “estos convenios surgen del Ramo 23; son extraordinarios que normalmente salen de los recursos remanentes o excedentes que se generan a lo largo del año y esos se redistribuyen entre los estados.
“Cada estado celebra para instrumentos específicos o para programas específicos y a mí no me ha quedado claro para qué los quiere el gobierno de Chihuahua, porque finalmente le dieron un presupuesto ordinario de 40 mil millones de pesos, luego de manera extraordinario otros dos mil millones de pesos y le endeudas con otros dos mil millones de pesos; estamos hablando de 44 mil millones de pesos.
“Y en el momento mediático en que empezó este asunto, se dijo que Chihuahua no tenía para el pago de aguinaldos y eso me parece gravísimo administrativamente hablando, porque los aguinaldos son sagrados y forman parte del presupuesto ordinario y bajo ninguna circunstancia se pueden prevén con base en excedentes, pero a fin de cuentas todo esto fue un tema político”, detalló el senador.
En efecto, la Ley de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria obliga a que cada peso que la Secretaría de Hacienda entrega por un convenio, que se conoce técnicamente como “instrumento”, está sujeto a transparencia y rendición de cuentas y cada centavo es auditable y hay conceptos específicos bajo los cuales se pueden ejercer los recursos y todos ellos tienen que estar bien sustentados en estos convenios, precisa Lavalle.
“Las dependencias y entidades con cargo a sus presupuestos y por medio de convenios de coordinación que serán públicos, podrán transferir recursos presupuestarios a las entidades federativas con el propósito de descentralizar o reasignar la ejecución de funciones, programas o proyectos federales y, en su caso, recursos humanos y materiales. En la suscripción de convenios se observará lo siguiente”, precisa el artículo 82 de la Ley de Hacienda y Responsabilidad Hacendaria.
También precisa que “de los recursos federales que se transfieran a las entidades federativas mediante convenios de reasignación y aquéllos mediante los cuales los recursos no pierdan el carácter de federal, se destinará un monto equivalente al uno al millar para la fiscalización de los mismos, en los términos de los acuerdos a que se refiere la siguiente fracción”.
El artículo 83 añade que “los recursos que transfieren las dependencias o entidades a través de los convenios de reasignación para el cumplimiento de objetivos de programas federales, no pierden el carácter federal, por lo que éstas comprobarán los gastos en los términos de las disposiciones aplicables; para ello se sujetarán en lo conducente a lo dispuesto en el artículo anterior, así como deberán verificar que en los convenios se establezca el compromiso de las entidades federativas de entregar los documentos comprobatorios del gasto.
“La Secretaría y la Función Pública emitirán los lineamientos que permitan un ejercicio transparente, ágil y eficiente de los recursos, en el ámbito de sus competencias.
“La Auditoría proporcionará a las áreas de fiscalización de las legislaturas de las entidades federativas las guías para la fiscalización y las auditorías de los recursos federales. Las dependencias o entidades que requieran suscribir convenios de reasignación, deberán apegarse al convenio modelo emitido por la Secretaría y la Función Pública, así como obtener la autorización presupuestaria de la Secretaría”, dispone.
CIUDAD DE MÉXICO.
El gobierno de Chihuahua requiere un nuevo convenio con Hacienda para acceder a los 900 millones de pesos que la Secretaría de Gobernación acordó darle, pues la Ley de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria impide la entrega de dinero federal sin un instrumento con cláusulas y reglas de operación.
Jorge Luis Lavalle, secretario de la Comisión de Hacienda del Senado, explicó que no se puede otorgar dinero sin respaldo. “Y si el gobernador de Chihuahua presentó una controversia constitucional contra el convenio actual, debe retirarla o firmar uno nuevo”.
La Ley de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria obliga a que cada peso que Hacienda entrega por un convenio, está sujeto a transparencia y rendición de cuentas y cada centavo es auditable y hay conceptos específicos bajo los cuales se pueden ejercer los recursos y todos ellos tienen que estar sustentados en estos convenios, precisó.
“Las dependencias y entidades con cargo a sus presupuestos y por medio de convenios de coordinación podrán transferir recursos presupuestarios a las entidades federativas con el propósito de descentralizar o reasignar la ejecución de funciones, programas o proyectos federales”, precisa el artículo 82 de la Ley de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria.
Ven necesario pacto entre Corral y SHCP
La Ley de Presupuesto y Responsabilidad impide la entrega de dinero sin cláusulas y reglas de operación.
Aunque el gobierno de Chihuahua logró un acuerdo con la Secretaría de Gobernación, necesita pactar un convenio con la Secretaría de Hacienda para que tenga acceso a los 900 millones de pesos comprometidos, porque la Ley de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria impide la entrega de dinero federal sin la suscripción de un instrumento con cláusulas y reglas de operación.
“Tiene que haber un convenio forzosamente, con reglas claras, sujeto a transparencia, rendición de cuentas y auditorías federales, porque la Secretaría de Hacienda no tiene libertad de entregar dinero alguno sin un respaldo. Y si el gobernador de Chihuahua presentó una controversia constitucional contra el convenio actual que permite esas transferencias, como lo anunció hace una semana, entonces él debe retirar esas controversia o firmar un nuevo convenio, porque de otra forma no puede recibir dinero”, explicó a Excélsior el secretario de la Comisión de Hacienda del Senado, Jorge Luis Lavalle.
El legislador federal precisó que “estos convenios surgen del Ramo 23; son extraordinarios que normalmente salen de los recursos remanentes o excedentes que se generan a lo largo del año y esos se redistribuyen entre los estados.
“Cada estado celebra para instrumentos específicos o para programas específicos y a mí no me ha quedado claro para qué los quiere el gobierno de Chihuahua, porque finalmente le dieron un presupuesto ordinario de 40 mil millones de pesos, luego de manera extraordinario otros dos mil millones de pesos y le endeudas con otros dos mil millones de pesos; estamos hablando de 44 mil millones de pesos.
“Y en el momento mediático en que empezó este asunto, se dijo que Chihuahua no tenía para el pago de aguinaldos y eso me parece gravísimo administrativamente hablando, porque los aguinaldos son sagrados y forman parte del presupuesto ordinario y bajo ninguna circunstancia se pueden prevén con base en excedentes, pero a fin de cuentas todo esto fue un tema político”, detalló el senador.
En efecto, la Ley de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria obliga a que cada peso que la Secretaría de Hacienda entrega por un convenio, que se conoce técnicamente como “instrumento”, está sujeto a transparencia y rendición de cuentas y cada centavo es auditable y hay conceptos específicos bajo los cuales se pueden ejercer los recursos y todos ellos tienen que estar bien sustentados en estos convenios, precisa Lavalle.
“Las dependencias y entidades con cargo a sus presupuestos y por medio de convenios de coordinación que serán públicos, podrán transferir recursos presupuestarios a las entidades federativas con el propósito de descentralizar o reasignar la ejecución de funciones, programas o proyectos federales y, en su caso, recursos humanos y materiales. En la suscripción de convenios se observará lo siguiente”, precisa el artículo 82 de la Ley de Hacienda y Responsabilidad Hacendaria.
También precisa que “de los recursos federales que se transfieran a las entidades federativas mediante convenios de reasignación y aquéllos mediante los cuales los recursos no pierdan el carácter de federal, se destinará un monto equivalente al uno al millar para la fiscalización de los mismos, en los términos de los acuerdos a que se refiere la siguiente fracción”.
El artículo 83 añade que “los recursos que transfieren las dependencias o entidades a través de los convenios de reasignación para el cumplimiento de objetivos de programas federales, no pierden el carácter federal, por lo que éstas comprobarán los gastos en los términos de las disposiciones aplicables; para ello se sujetarán en lo conducente a lo dispuesto en el artículo anterior, así como deberán verificar que en los convenios se establezca el compromiso de las entidades federativas de entregar los documentos comprobatorios del gasto.
“La Secretaría y la Función Pública emitirán los lineamientos que permitan un ejercicio transparente, ágil y eficiente de los recursos, en el ámbito de sus competencias.
“La Auditoría proporcionará a las áreas de fiscalización de las legislaturas de las entidades federativas las guías para la fiscalización y las auditorías de los recursos federales. Las dependencias o entidades que requieran suscribir convenios de reasignación, deberán apegarse al convenio modelo emitido por la Secretaría y la Función Pública, así como obtener la autorización presupuestaria de la Secretaría”, dispone.
Subió 21% el pago de intereses y gasto de la deuda pública en 2017
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Susana González G.
Los “intereses, comisiones y gastos por la deuda pública contraída por el sector público mediante diversas dependencias, firmas financieras (banca de desarrollo) y no financieras, y empresas productivas del estado y gobierno federal, entre otras, ascendieron a 597 mil 54.1 millones de pesos en 2017, de acuerdo con el informe sobre los Requerimientos financieros del sector público federal por sector institucional de la Secretaría de Hacienda y Crédito Pública (SHCP).
La cifra implica un incremento de 21 por ciento respecto de los 465 mil 695 millones de pesos registrados por los mismos conceptos en 2016 y la diferencia se eleva hasta 90 por ciento en comparación con los 314 mil 551.4 millones de pesos de 2013, primer año del gobierno del presidente Enrique Peña Nieto.
Además, el acumulado en el pago de intereses, comisiones y gastos realizado durante los cinco años transcurridos del actual sexenio totalizan 2 billones 131 mil 561.4 millones de pesos, casi la octava parte de los más de 18 billones de pesos en los que se calcula el producto interno bruto (PIB) de México.
En 2013, el pago por dichos rubros fue de 314 mil 551.4 millones de pesos, en 2014 subió a 345 mil 973.7 millones, para 2015 fue de 408 mil 287.2 millones, en 2016 sumó 465 mil 695 millones y en 2017 saltó a 597 mil 54.1 millones, detallan las estadísticas de Hacienda.
El pago de intereses realizado el año pasado fue mayor en 27 mil 777 millones de pesos a los 569 mil 277 millones destinados en 2017 a la inversión pública en todos los sectores y que abarca desde obras de infraestructura petrolera, en electricidad o abastecimiento de agua hasta construcción de escuelas y hospitales en el país. Un rubro que cayó 26.3 por ciento en relación con 2016 y que representó tanto la cuarta caída anual consecutiva como la mayor del sexenio.
En el informe semanal que difunde por conducto de su vocería, Hacienda insistió en que en 2017 y por primera vez desde hace 10 años, disminuyó la deuda del sector público como porcentaje del PIB, pues representó 46.2 por ciento contra 48.7 por ciento de un año antes.
Con ello, indicó, se logró revertir la trayectoria ascendente del endeudamiento público o saldo histórico de los requerimientos financieros del sector público federal (SHRFSP) y se cumplió lo marcado al respecto en el programa anual de consolidación fiscal.
La dependencia también sostuvo que la economía mejoró en el último trimestre del año pasado porque comenzaron a revertirse los efectos de los desastres naturales ocurridos durante septiembre, incluidos los dos terremotos, gracias al crecimiento que hubo en los sectores de manufacturas y servicios.
Además, indicó que por primera vez desde 2008 se registró un superávit primario por 310 mil 151 millones de pesos, equivalente a 1.4 por ciento del PIB.
En cuanto a los intereses, comisiones y gastos de la deuda pública, las estadísticas de la SHCP detallan que el mayor incremento porcentual correspondió a las empresas públicas financieras, que incluyen a las instituciones de banca de desarrollo o fideicomisos, pues se disparó 46.4 por ciento, al pasar de 74 mil 587 millones de pesos en 2016 a 115 mil 755 millones el año pasado.
Dicho monto es mucho menor a los intereses de la deuda contraída por el gobierno central y las empresas públicas no financieras, los otros dos sectores institucionales, como Hacienda divide los requerimientos financieros del sector público federal.
En total, intereses, comisiones y gastos de la deuda del gobierno central ascendieron a 597 mil 54 millones de pesos, es decir, 70 por ciento de todo lo erogado por dichos rubros. La cifra creció 20.9 por ciento respecto del registro de 2016.
Urbes más violentas en Colima, BCS y Guerrero
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| Tijuana lidera este grupo con más carpetas de investigación por asesinatos intencionales en 2017, al registrar mil 618. (JOEBETH TERRIQUEZ. EL UNIVERSAL) |
Manuel Espino Bucio
La disputa territorial entre grupos del crimen organizado mantiene asoladas a Tecomán, Chilapa, Manzanillo, Los Cabos, Acapulco, Ixtapa-Zihuatanejo, Tijuana y Chilpancingo, las ciudades más violentas del país.En estas localidades, además de Ciudad Juárez, Chihuahua, y Cancún, Quintana Roo, el gobierno federal centró el operativo Escudo Titán, para capturar a los generadores de la violencia, que el año pasado llegó a niveles históricos, y así disminuir los índices delictivos.
El último reporte del Sistema Nacional de Seguridad Pública ubica a Tecomán, Colima, en el primer lugar en homicidios dolosos por cada 100 mil habitantes, con una tasa de 181, seguido de Chilapa, Guerrero, con 136.2; Manzanillo, 120.2; Los Cabos, 110.1; Acapulco, 102.8; Ixtapa Zihuatanejo, 102.5; y Tijuana, con 98.5.
En términos absolutos, Tijuana lidera este grupo con más carpetas de investigación por asesinatos intencionales en 2017, al registrar mil 618. Después están Acapulco, con 834; Los Cabos, 317; Chilpancingo, 260; Tecomán, 223; Manzanillo, 222; Chilapa, 117; Navolato, 142; Ixtapa-Zihuatanejo, 128; Apatzingán, 112.
Los expedientes por asesinato acumulados sólo en Tijuana son más que los integrados en conjunto en los estados de Aguascalientes, Campeche, Chiapas, Coahuila, Colima, Durango, Hidalgo, Morelos, Puebla, Querétaro, Quintana Roo, San Luis Potosí y Tlaxcala.
Guerra entre bandas
Los municipios de Tecomán, el puerto de Manzanillo y Colima padecen el enfrentamiento frontal entre células de los cárteles de Sinaloa y Jalisco Nueva Generación, por el control de territorios estratégicos para el trasiego de drogas y de precursores químicos, éstos últimos provenientes de Asia.
De acuerdo con autoridades locales, el Cártel de Sinaloa anunció su llegada a la entidad en 2015 y advirtió una “limpia” de extorsionadores, secuestradores y asaltantes, lo que elevó desde ese año los niveles de violencia en las mencionadas ciudades.
El titular de la Comisión Nacional de Seguridad (CNS), Renato Sales Heredia, afirmó que al puerto de Manzanillo llegan, procedentes de Asia, los precursores químicos que se utilizan para la producción del fentanilo, un opioide con alta demanda en Estados Unidos.
“Eso ha generado que el puerto de Manzanillo se convierta en un espacio de disputa en el mercado salvaje, que es el mercado de las drogas, en el que los incumplimientos contractuales se dirimen a balazos”, dijo.
Las condiciones para la siembra, cultivo y cosecha de amapola hacen de Chilapa, Guerrero, un municipio atractivo para las organizaciones criminales. Según el vocero del Grupo de Coordinación Guerrero, Roberto Álvarez Heredia, Los Rojos y Los Ardillos pelean por el dominio de esta localidad enclavada en la montaña baja.
El puerto de Acapulco concentra 80% de los homicidios en Guerrero, entidad considerada la más violenta del país en términos absolutos, con 2 mil 318 carpetas de investigación en 2017 por ese delito de alto impacto.
En esa zona, células del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG) y de los Beltrán Leyva luchan por la venta de droga, secuestro y extorsión en Acapulco, una de las ciudades que el gobierno de Estados Unidos recomendó a sus ciudadanos no visitar por los altos niveles de violencia.
Las muertes violentas alcanzadas el año pasado en Tijuana son atribuidas por autoridades federales y estatales al sangriento combate entre el Cártel de Tijuana, en alianza con Jalisco Nueva Generación, contra el de Sinaloa.
Las autoridades integrantes del Grupo de Coordinación Baja California responsabilizan a José Luis Mendoza Uriarte, El Güero Chompa¸ del Cártel de Sinaloa; Juan José Pérez Vargas, El Piolín, del CJNG; Édgar Alejandro Herrera Pardo, El Caimán, de esa misma organización, de la guerra por el control de territorios para la venta y tráfico de drogas al menudeo.
En Ciudad Juárez, Chihuahua, cuyas mesas de seguridad se convirtieron en modelo en el país, repuntó la violencia debido, según la Fiscalía General del estado, a los reacomodos de la pandilla Los Aztecas, el brazo armado del Cártel de Juárez.
La masacre de 14 personas en un centro de rehabilitación en la ciudad fronteriza con el Paso, Texas, sacudió al estado y al país en septiembre de 2017. Los hechos fueron atribuidos a un ajuste de cuentas del Cártel de Juárez.
Operativo a corto plazo
Para el experto en materia de seguridad, Alejandro Hope, el despliegue de más de cinco mil agentes de las policías Federal y Ministerial de la PGR reducirá en un corto plazo los homicidios dolosos en las ciudades más violentas del país.
Consideró que esta baja no se sostendrá a mediano plazo porque en algún momento serán movilizados para atender otras zonas afectadas también por la violencia.
“Concentrar elementos de la Policía Federal en localidades específicas tiene, en efecto, un impacto sobre el número de homicidios. Eso se ha visto en muchos lados y en s momentos, no sorprende, pero el problema es de sustentabilidad a largo plazo”, comentó.
Los criminales, refirió, se adaptan a la mayor presencia de fuerzas federales en las localidades donde operan, las cuales son insuficientes.
Insistió en que la estrategia anticrimen debe centrarse en cómo generar condiciones desde lo local, cómo hacer para que los gobiernos estatales y municipales se hagan cargo de su problema, algo que, dijo, “no es sencillo”.
Hope señaló que si no hay una presencia sostenida de las fuerzas federales, difícilmente se reducirá la violencia.
Jorge Alberto Pérez Lara, académico de la Universidad Panamericana, ve la operación, integrada por grupos especiales para cumplimentar órdenes de aprehensión federales pendientes, como una estrategia de prevención en lugares con altos índices de homicidio doloso.
“Desde la reforma constitucional de 2008 se estableció el concepto de investigación para la prevención, que es utilizar la inteligencia para conocer los patrones delincuenciales y los riesgos de alto calado, como pueden ser, precisamente, la excesiva violencia, como los homicidios dolosos en el contexto del crimen organizado”, expuso.
El abogado celebró que se hagan avances en materia preventiva, algo que, dijo, es el “gran pendiente en el país, no solamente en temas de violencia, sino en todas las vertientes del tema de seguridad”.
Lamentó que se den a conocer resultados apenas a unos días de iniciado el operativo, puesto que las observaciones y estadísticas que se hagan pueden no ser del todo “pertinentes”.
El académico del Instituto Nacional de Ciencias Penales (Inacipe), José Fernández de Ceballos y Torres, consideró que desde hace mucho tiempo la PGR debió haber implementado acciones para ejecutar las 22 mil órdenes de aprehensión federales que tiene pendientes y que depurará durante el despliegue federal iniciado el lunes pasado.
El operativo tendrá un impacto positivo en la reducción de la violencia, afirma; sin embargo, cuestionó por qué hasta ahora las autoridades implementaron una estrategia para cumplir con los mandatos judiciales pendientes.
Dijo que “acumular ese número de órdenes de aprehensión para después movilizar cuerpos policiacos, yo creo que andamos mal y eso lo debieron hacer desde hace mucho tiempo”.
La disputa territorial entre grupos del crimen organizado mantiene asoladas a Tecomán, Chilapa, Manzanillo, Los Cabos, Acapulco, Ixtapa-Zihuatanejo, Tijuana y Chilpancingo, las ciudades más violentas del país.En estas localidades, además de Ciudad Juárez, Chihuahua, y Cancún, Quintana Roo, el gobierno federal centró el operativo Escudo Titán, para capturar a los generadores de la violencia, que el año pasado llegó a niveles históricos, y así disminuir los índices delictivos.
El último reporte del Sistema Nacional de Seguridad Pública ubica a Tecomán, Colima, en el primer lugar en homicidios dolosos por cada 100 mil habitantes, con una tasa de 181, seguido de Chilapa, Guerrero, con 136.2; Manzanillo, 120.2; Los Cabos, 110.1; Acapulco, 102.8; Ixtapa Zihuatanejo, 102.5; y Tijuana, con 98.5.
En términos absolutos, Tijuana lidera este grupo con más carpetas de investigación por asesinatos intencionales en 2017, al registrar mil 618. Después están Acapulco, con 834; Los Cabos, 317; Chilpancingo, 260; Tecomán, 223; Manzanillo, 222; Chilapa, 117; Navolato, 142; Ixtapa-Zihuatanejo, 128; Apatzingán, 112.
Los expedientes por asesinato acumulados sólo en Tijuana son más que los integrados en conjunto en los estados de Aguascalientes, Campeche, Chiapas, Coahuila, Colima, Durango, Hidalgo, Morelos, Puebla, Querétaro, Quintana Roo, San Luis Potosí y Tlaxcala.
Guerra entre bandas
Los municipios de Tecomán, el puerto de Manzanillo y Colima padecen el enfrentamiento frontal entre células de los cárteles de Sinaloa y Jalisco Nueva Generación, por el control de territorios estratégicos para el trasiego de drogas y de precursores químicos, éstos últimos provenientes de Asia.
De acuerdo con autoridades locales, el Cártel de Sinaloa anunció su llegada a la entidad en 2015 y advirtió una “limpia” de extorsionadores, secuestradores y asaltantes, lo que elevó desde ese año los niveles de violencia en las mencionadas ciudades.
El titular de la Comisión Nacional de Seguridad (CNS), Renato Sales Heredia, afirmó que al puerto de Manzanillo llegan, procedentes de Asia, los precursores químicos que se utilizan para la producción del fentanilo, un opioide con alta demanda en Estados Unidos.
“Eso ha generado que el puerto de Manzanillo se convierta en un espacio de disputa en el mercado salvaje, que es el mercado de las drogas, en el que los incumplimientos contractuales se dirimen a balazos”, dijo.
Las condiciones para la siembra, cultivo y cosecha de amapola hacen de Chilapa, Guerrero, un municipio atractivo para las organizaciones criminales. Según el vocero del Grupo de Coordinación Guerrero, Roberto Álvarez Heredia, Los Rojos y Los Ardillos pelean por el dominio de esta localidad enclavada en la montaña baja.
El puerto de Acapulco concentra 80% de los homicidios en Guerrero, entidad considerada la más violenta del país en términos absolutos, con 2 mil 318 carpetas de investigación en 2017 por ese delito de alto impacto.
En esa zona, células del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG) y de los Beltrán Leyva luchan por la venta de droga, secuestro y extorsión en Acapulco, una de las ciudades que el gobierno de Estados Unidos recomendó a sus ciudadanos no visitar por los altos niveles de violencia.
Las muertes violentas alcanzadas el año pasado en Tijuana son atribuidas por autoridades federales y estatales al sangriento combate entre el Cártel de Tijuana, en alianza con Jalisco Nueva Generación, contra el de Sinaloa.
Las autoridades integrantes del Grupo de Coordinación Baja California responsabilizan a José Luis Mendoza Uriarte, El Güero Chompa¸ del Cártel de Sinaloa; Juan José Pérez Vargas, El Piolín, del CJNG; Édgar Alejandro Herrera Pardo, El Caimán, de esa misma organización, de la guerra por el control de territorios para la venta y tráfico de drogas al menudeo.
En Ciudad Juárez, Chihuahua, cuyas mesas de seguridad se convirtieron en modelo en el país, repuntó la violencia debido, según la Fiscalía General del estado, a los reacomodos de la pandilla Los Aztecas, el brazo armado del Cártel de Juárez.
La masacre de 14 personas en un centro de rehabilitación en la ciudad fronteriza con el Paso, Texas, sacudió al estado y al país en septiembre de 2017. Los hechos fueron atribuidos a un ajuste de cuentas del Cártel de Juárez.
Operativo a corto plazo
Para el experto en materia de seguridad, Alejandro Hope, el despliegue de más de cinco mil agentes de las policías Federal y Ministerial de la PGR reducirá en un corto plazo los homicidios dolosos en las ciudades más violentas del país.
Consideró que esta baja no se sostendrá a mediano plazo porque en algún momento serán movilizados para atender otras zonas afectadas también por la violencia.
“Concentrar elementos de la Policía Federal en localidades específicas tiene, en efecto, un impacto sobre el número de homicidios. Eso se ha visto en muchos lados y en s momentos, no sorprende, pero el problema es de sustentabilidad a largo plazo”, comentó.
Los criminales, refirió, se adaptan a la mayor presencia de fuerzas federales en las localidades donde operan, las cuales son insuficientes.
Insistió en que la estrategia anticrimen debe centrarse en cómo generar condiciones desde lo local, cómo hacer para que los gobiernos estatales y municipales se hagan cargo de su problema, algo que, dijo, “no es sencillo”.
Hope señaló que si no hay una presencia sostenida de las fuerzas federales, difícilmente se reducirá la violencia.
Jorge Alberto Pérez Lara, académico de la Universidad Panamericana, ve la operación, integrada por grupos especiales para cumplimentar órdenes de aprehensión federales pendientes, como una estrategia de prevención en lugares con altos índices de homicidio doloso.
“Desde la reforma constitucional de 2008 se estableció el concepto de investigación para la prevención, que es utilizar la inteligencia para conocer los patrones delincuenciales y los riesgos de alto calado, como pueden ser, precisamente, la excesiva violencia, como los homicidios dolosos en el contexto del crimen organizado”, expuso.
El abogado celebró que se hagan avances en materia preventiva, algo que, dijo, es el “gran pendiente en el país, no solamente en temas de violencia, sino en todas las vertientes del tema de seguridad”.
Lamentó que se den a conocer resultados apenas a unos días de iniciado el operativo, puesto que las observaciones y estadísticas que se hagan pueden no ser del todo “pertinentes”.
El académico del Instituto Nacional de Ciencias Penales (Inacipe), José Fernández de Ceballos y Torres, consideró que desde hace mucho tiempo la PGR debió haber implementado acciones para ejecutar las 22 mil órdenes de aprehensión federales que tiene pendientes y que depurará durante el despliegue federal iniciado el lunes pasado.
El operativo tendrá un impacto positivo en la reducción de la violencia, afirma; sin embargo, cuestionó por qué hasta ahora las autoridades implementaron una estrategia para cumplir con los mandatos judiciales pendientes.
Dijo que “acumular ese número de órdenes de aprehensión para después movilizar cuerpos policiacos, yo creo que andamos mal y eso lo debieron hacer desde hace mucho tiempo”.
Corral reconoce la “salida digna” que dio Navarrete
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Javier Corral terminó su marcha con un reconocimiento a la “salida digna” que dio Alfonso Navarrete Prida, titular de Gobernación, al conflicto vivido en las últimas semanas entre Federación y el gobierno de Chihuahua.
Los elogios hacia Navarrete no escasearon y concordaron con lo que el propio secretario federal señaló en medios electrónicos: la negociación funcionó como principal instrumento de la política interior.
Al final de su travesía, ya con un acuerdo firmado bajo el brazo, Javier Corral convocó a todos los sectores del país, empresarios, políticos y ciudadanos, a emprender una “lucha nacional contra la corrupción” y reiteró que el acuerdo alcanzado el sábado con la Secretaría de Gobernación “es un triunfo político, legal y moral” para su estado.
En el Hemiciclo a Juárez, al dar por concluida la Caravana por la Dignidad, el mandatario chihuahuense manifestó su confianza en el presidente Enrique Peña Nieto y, por tanto, de que los acuerdos alcanzados con la Federación habrán de cumplirse a cabalidad.
Rechazó que dicho acuerdo sea producto de arreglos “por debajo del agua”, y más bien, afirmó, “en este diferendo imperó la política como el principal instrumento para solucionar el conflicto, y el diálogo y el consenso salieron adelante”. En ese sentido, reconoció “los buenos oficios del secretario de Gobernación, Alfonso Navarrete Prida: Es justo decirlo, la Secretaría de Gobernación ha recuperado para bien la gobernabilidad del país, la capacidad y la función de la relación con los gobiernos de los estados, que prácticamente se habían trasladado a la Secretaría de Hacienda”, resaltó, al señalar que el funcionario federal “buscó una salida digna y honorable al conflicto entre el gobierno de Chihuahua y la Federación”.
Sostuvo que los gobernadores “no pueden estar de rodillas ante el poder público” y señaló que “la corrupción no puede ser perdonada ni negociada, porque no sólo roban centavos, sino las expectativas y derechos de la gente a una vida digna”.
Agregó que “es un crimen robarle al pueblo, pero es peor crimen quedarse callado y no hacer nada”, por lo que decidió, junto con su pueblo, salir a la calle y denunciar lo que estaba ocurriendo por parte del gobierno de la República.
Javier Corral, en su discurso, subrayó que “la justicia no será negociada” en el caso del exsecretario general adjunto del PRI, Alejandro Gutiérrez, quien está preso y es acusado por presuntos desvíos de recursos públicos para campañas priistas.
Garantizó que su gobierno “no ha negociado, ni jamás lo hará, la justicia que Chihuahua reclama”.
Los acuerdos. El sábado pasado, el gobierno de Chihuahua y la Federación alcanzaron un acuerdo para que a esa entidad se le entreguen 900 millones de pesos, que, según Corral, Hacienda había retenido como represalia por la detención de Gutiérrez. Como parte de los acuerdos, quedó firme que el exsecretario general adjunto del PRI será trasladado de la cárcel estatal donde ahora se encuentra, al Centro Federal de Readaptación Social No.9, ubicado en Ciudad Juárez.
Corral Jurado afirmó que Alejandro Gutiérrez, de cualquier forma, permanecerá en prisión preventiva y seguirá siendo juzgado por un juez de Chihuahua:“Llegaremos a las últimas consecuencias, hasta donde tope”, advirtió.
Aseguró que con el traslado de Gutiérrez a una cárcel federal se quita el argumento o “el cuento de que (el exdirectivo priista) sufra de tortura”, como acusaron su abogado defensor y el precandidato priista a la Presidencia, José Antonio Meade.
El gobernador de Chihuahua pidió entender la corrupción en México “como un gran problema estructural, más allá de personas o partidos”, y subrayó que en su estado, la lucha contra ese fenómeno, está por encima del encarcelamiento de Duarte.
Añadió que pedirá al gobierno federal que reciba a cientos de internos federales que actualmente están en prisiones estatales: En el Cefereso 9, dijo, “hay bastante espacio para reducir la sobrepoblación en nuestras cárceles”, aseguró.
El gobernador Corral dijo, por otra parte, que el compromiso para la entrega de 900 millones de pesos no es un triunfo suyo, sino un triunfo colectivo, del pueblo de Chihuahua y de México, para que el presupuesto no sea un instrumento de control político con el que se pueda negociar la impunidad.
Adelantó que convocará a organizaciones para articular un movimiento nacional contra la corrupción política y a una “asamblea nacional sobre un nuevo federalismo tributario, más justo y transparente”.
En la mañana, Javier Corral había publicado en su cuenta de Twitter: “Finalmente llegamos #4FebCDMX y lo conseguimos. Un domingo soleado ilumina esta triosa marcha, con el contingente más numeroso de todos, que sale del Ángel de la Independencia rumbo al Hemiciclo del Benemérito de las Américas, Benito Juárez en La Alameda”.
Fin de la marcha
La llegada de la Caravana por la Dignidad concluyó en la fecha prevista, pero ya con un aire diferente. Los asistentes, ordenados, con el peso del empresariado del norte haciéndose sentir, fueron los primeros convocados a una nueva cruzada, esta vez contra la corrupción gubernamental
Electoral
La alocución del gobernador de Chihuahua incluyó un reconocimiento a los oficiales (recuperados, dice él) de la Secretaría de Gobernación, pero también lanzó dardos al candidato rival, José Antonio Meade, y el toque electoral de la movilización lo completó AMLO, que descalificó las intenciones de Corral
Transacción inmobiliaria de Anaya lo pone otra vez bajo la lupa
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| Anaya (der.) observa la limpia que le hacen a Miguel Yuñes, en Papantla. (Foto: Cuartoscuro) |
Laura Arana
El precandidato por la coalición Todos por México, Ricardo Anaya Cortés, aseguró que los señalamientos que lo implican en una presunta triangulación de recursos para el enriquecimiento de empresarios queretanos, a través de la Fundación por más Humanismo AC, es parte de “una guerra sucia” orquestada por el Partido Revolucionario Institucional (PRI).
“Ya empezó la guerra sucia y desde aquí, desde Papantla, de donde son los voladores de Papantla, yo les digo a los priistas, que están haciendo esta guerra sucia, que los vamos a mandar a volar”, señaló durante una gira por el estado de Veracruz.
El Dato: El nuevo spot del PRI es protagonizado por Ricardo Anaya. En el video, el panista define a Meade como “un mexicano del que nos sentimos profundamente orgullosos”.
A través de un comunicado de prensa, Ricardo Anaya aclaró que La Fundación por más Humanismo AC jamás recibió un solo centavo de recursos públicos, y que esta asociación civil siempre actuó apegada a derecho y sin fines de lucro.
“Yo no recibí absolutamente ningún beneficio económico de las actividades de la fundación. La guerra sucia no nos va a detener. El PRI está desesperado y ya no sabe qué hacer para levantar la campaña en ruinas de su precandidato”, apuntó.
También citó que, “la Fundación por más Humanismo AC” y el PAN, ambos presididos por José Luis Báez Guerrero, tomaron las decisiones de comprar un inmueble en una ubicación más próxima al centro de la ciudad de Querétaro. Este inmueble es la actual sede del Comité Directivo Estatal del PAN. Así como liquidar la fundación”.
“Toda vez que ya se había cumplido el objeto principal para el cual originalmente había sido creada: que el PAN contara con una sede propia. Es por ello que se procedió a vender el único activo de la fundación (el inmueble inconcluso), y se pagaron todos los pasivos (deudas derivadas de la compra del terreno y la construcción).
El aspirante presidencial de Acción Nacional destacó que la Fundación por más Humanismo AC no aparece en su declaración “3 de 3” debido a que, cuando la presentó, “ya había transcurrido más de un año y medio de mi separación de la mencionada asociación civil”, añadió.
Al encabezar un acto público junto con el también precandidato, Miguel Ángel Yuñes Márquez, advirtió a los ciudadanos de los candidatos “charlatanes” que tratarán de engañar al pueblo de Veracruz.
“Hay que tener mucho cuidado porque no basta con ganarle al PRI, van a venir aquí una serie de charlatanes, candidatos falsos que vienen a prometer que todo va a cambiar, pero no nos dicen cómo le van a hacer para cambiar las cosas”, expresó Anaya.
Apuntó que se logrará el cambio en el país, por lo que el próximo primero de julio también la coalición ganará la gubernatura del estado. “Sigamos en Veracruz con este cambio que ustedes han realizado. Amigas, amigos, vamos juntos, con determinación, con fuerza, coraje y esperanza. Trabajaremos del lado de la gente, y gobernando con honestidad. Vamos a luchar por un futuro mejor”, añadió.
México se alista para duplicar almacenes de gasolina
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En los próximos tres años representan inversiones por US1,842 millones y significan 80% de la capacidad actual de almacenamiento de Pemex.
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En los próximos tres años, llegarán al país inversiones por 1,842 millones de dólares en materia de almacenamiento para la distribución de diesel y gasolinas, gracias a 23 nuevos proyectos, casi todos privados, que ya tienen permisos otorgados o se encuentran en evaluación por parte de la Comisión Reguladora de Energía (CRE).
El presidente del regulador, Guillermo García Alcocer, detalló en entrevista que la nueva capacidad, incluyendo permisos otorgados y proyectos en evaluación por parte del regulador, ascendería a 17 millones 695,854 barriles adicionales de capacidad, que representan nada menos que 80% de la capacidad actual con que cuenta Petróleos Mexicanos (Pemex) Logística en sus terminales.
Según detalló, en el marco del foro Energy Mexico, las temporadas abiertas de la capacidad de Pemex —de las cuales se lleva a cabo la segunda etapa para arrendar 11% de la capacidad nacional en el Sistema Norte Zona Frontera; Sistema Pacífico Zona Topolobampo, y Sistema Norte Zona Madero— serán sólo una solución provisional para arrancar la competencia, ya que el objetivo es que terceros construyan su propia capacidad.
El presidente del regulador, Guillermo García Alcocer, detalló en entrevista que la nueva capacidad, incluyendo permisos otorgados y proyectos en evaluación por parte del regulador, ascendería a 17 millones 695,854 barriles adicionales de capacidad, que representan nada menos que 80% de la capacidad actual con que cuenta Petróleos Mexicanos (Pemex) Logística en sus terminales.
Según detalló, en el marco del foro Energy Mexico, las temporadas abiertas de la capacidad de Pemex —de las cuales se lleva a cabo la segunda etapa para arrendar 11% de la capacidad nacional en el Sistema Norte Zona Frontera; Sistema Pacífico Zona Topolobampo, y Sistema Norte Zona Madero— serán sólo una solución provisional para arrancar la competencia, ya que el objetivo es que terceros construyan su propia capacidad.
LOS PROYECTOS
Los proyectos con un permiso otorgado o en espera de la aprobación del regulador se ubican en 14 entidades de la República, que son Tamaulipas, Estado de México, San Luis Potosí, Yucatán, Guanajuato, Veracruz, Chiapas, Jalisco, Ciudad de México, Colima, Nuevo León, Baja California, Sonora y Aguascalientes, detalló la CRE. De éstos, 12 proyectos, con una capacidad de 5 millones 606,614 barriles que representan 32% de la nueva capacidad, cuentan ya con el permiso de la CRE, lo cual implica que realizaron las gestiones ambiental y social y están en alguna etapa de cierre financiero o arranque de la construcción, para estar listos en alrededor de tres años. Los nuevos proyectos de infraestructura de almacenamiento con permiso son: Combustibles de Oriente, en Matamoros; Hydrocarbon Storage Terminal, en Acolman; Interport FTZ, en San Luis Potosí; Gas Natural del Noroeste, en San José Iturbide; Orizaba Energía e Invex Infraestructura, en Tuxpan; Vopak, en San Juan de Ulúa; Hidrocarburos del Sureste, en Puerto Progreso; Comercializadora Larpod, en Puerto Madero; Olstor Services, en Lagos de Moreno, y F. Ruiz e Hijos, en la delegación Cuauhtémoc de la Ciudad de México, además de la terminal de la CFE en Manzanillo.
En tanto, hay 11 proyectos más, con inversiones conjuntas de 1,175 millones de dólares (que es 63% de las inversiones mencionadas), con una capacidad de 12 millones 089,240 dólares. Estos proyectos se ubican en Escobedo, Jocotitlán, Altamira, Mexicali, Hermosillo, Tuxpan, Cosío, Veracruz, Axapusco y nuevamente Manzanillo.
Estas terminales se suman a los cuatro proyectos en firme que anunció el gobierno el año pasado: el poliducto de Monterra Energy, con una terminal de almacenamiento y un poliducto de 270 kilómetros de Tuxpan a Tula; el poliducto INI4, de Invex, con tres terminales de almacenamiento y un poliducto de 265 kilómetros de Tuxpan a Tizayuca; el poliducto Frontera Norte de Dos Águilas y Howard Energy, con cuatro terminales de almacenamiento y un poliducto de 460 kilómetros de Corpus Christi, Texas, hasta Nuevo Laredo y Santa Catarina, y el proyecto de Sierra Oil & Gas, Grupo TMM y TransCanada, que consiste en una terminal marítima, una de almacenamiento y reparto terrestre y un ducto de 265 kilómetros.
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Crece 51% ordeña en el país
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Ender Marcano
El número de tomas clandestinas a los ductos de Petróleos Mexicanos (Pemex) en 2017 fue de 10 mil 363 perforaciones en todo el país. Esto implicó un incremento de 51 por ciento con respecto a la cifra reportada en 2016, cuando hubo 6 mil 873 perforaciones.
De acuerdo con los datos de la empresa productiva del Estado, Guanajuato se consolidó como la entidad con el mayor número de tomas clandestinas al registrar mil 852, seguido por Puebla con mil 443 y Tamaulipas con mil 100 tomas a lo largo de 2017.
Después de estos tres estados, los que siguieron en número de tomas fueron Hidalgo con mil 64, Veracruz, con mil 012 y el Estado de México con 976.
La semana pasada el director general de Pemex, Carlos Treviño, dijo que la empresa trabaja en un rediseño de la estrategia para combatir el robo de los combustibles a los ductos de Pemex.
Durante el congreso Energy México 2018 Treviño explicó que los grupos criminales que operan en el robo de combustibles se han dispersado por el país, lo cual ha hecho más complicado atacar el problema. Agregó que mientras, en conjunto con autoridades federales y estatales, combaten el problema en una entidad, los huachicoleros se han ido desplazando a otros estados.
CDMX SE DUPLICA
Una muestra de la dispersión en el robo de los combustibles se observa en la Ciudad de México. En diciembre el número de tomas clandestinas en la capital de la República fue de 24, el doble que en noviembre y la más alta de todo el año.
El comportamiento en las perforaciones a los ductos de la capital cambió diametralmente de la primera mitad del año, al segundo semestre.
En los primeros seis meses en la Ciudad de México apenas hubo 17 tomas clandestinas.
Mientras que para la segunda mitad del año en la capital Pemex detectó 74 tomas clandestinas, para un total de 91 en todo 2017.
De acuerdo Rubén Salazar, director de Etellekt empresa de análisis de riesgo y seguridad, en el caso de la Ciudad de México las tomas clandestinas obedecen a la dispersión de los grupos que operan con el robo de gasolinas, así como la falta de seguridad en delegaciones como Tlalpan, es la que concentra el mayor número de perforaciones. Aunque también suma la delegación Coyoacán.
El número de tomas clandestinas a los ductos de Petróleos Mexicanos (Pemex) en 2017 fue de 10 mil 363 perforaciones en todo el país. Esto implicó un incremento de 51 por ciento con respecto a la cifra reportada en 2016, cuando hubo 6 mil 873 perforaciones.
De acuerdo con los datos de la empresa productiva del Estado, Guanajuato se consolidó como la entidad con el mayor número de tomas clandestinas al registrar mil 852, seguido por Puebla con mil 443 y Tamaulipas con mil 100 tomas a lo largo de 2017.
Después de estos tres estados, los que siguieron en número de tomas fueron Hidalgo con mil 64, Veracruz, con mil 012 y el Estado de México con 976.
La semana pasada el director general de Pemex, Carlos Treviño, dijo que la empresa trabaja en un rediseño de la estrategia para combatir el robo de los combustibles a los ductos de Pemex.
Durante el congreso Energy México 2018 Treviño explicó que los grupos criminales que operan en el robo de combustibles se han dispersado por el país, lo cual ha hecho más complicado atacar el problema. Agregó que mientras, en conjunto con autoridades federales y estatales, combaten el problema en una entidad, los huachicoleros se han ido desplazando a otros estados.
CDMX SE DUPLICA
Una muestra de la dispersión en el robo de los combustibles se observa en la Ciudad de México. En diciembre el número de tomas clandestinas en la capital de la República fue de 24, el doble que en noviembre y la más alta de todo el año.
El comportamiento en las perforaciones a los ductos de la capital cambió diametralmente de la primera mitad del año, al segundo semestre.
En los primeros seis meses en la Ciudad de México apenas hubo 17 tomas clandestinas.
Mientras que para la segunda mitad del año en la capital Pemex detectó 74 tomas clandestinas, para un total de 91 en todo 2017.
De acuerdo Rubén Salazar, director de Etellekt empresa de análisis de riesgo y seguridad, en el caso de la Ciudad de México las tomas clandestinas obedecen a la dispersión de los grupos que operan con el robo de gasolinas, así como la falta de seguridad en delegaciones como Tlalpan, es la que concentra el mayor número de perforaciones. Aunque también suma la delegación Coyoacán.
En 2016 el robo de combustibles significó una pérdida para Pemex de más de 20 mil millones de pesos.
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| Gráfico Paul Perdomo. |
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