martes, 27 de febrero de 2018

Titulares de los Principales Medios de Cirulación Estatal.

Pese a crisis, UABJO paga privilegios


La exrectora Leticia Mendoza cobra 5 sueldos. Támbien líder vitalicia de un grupo del STAUO, se resiste a perder los privilegios en la ciudad.

Unidos los príistas somos invencibles: JGI


Asume nueva direrigencia estatal del PRI. El nuevo presindente del CDE del tricolor llama a todas las fuerzas políticas a firmar un pacto de civilidad.

Denuncian a mineras en Oaxaca por despojar de tierras a comunidades


Francisco Vásquez

Representantes de 60 comunidades del estado, 33 autoridades comunitarias y 36 organizaciones en defensa del territorio, denunciaron la imposición de modelos extractivos de diferentes megaproyectos mineros que, afirmaron, violentan los derechos de los pueblos y comunidades indígenas de Oaxaca.

Luego de realizar el Segundo Encuentro Estatal de Pueblos, Comunidades y Organizaciones, “Aquí decimos sí a la vida, no a la minería”, precisaron que tuvo como finalidad fortalecer el proceso organizativo en las comunidades, ejidos, bienes comunales y municipios, para exhibir y denunciar proyectos extractivos que a través de la supuesta generación de empleos y desarrollo social están acabando con la vida de las comunidades.

Blas Hernández Molina, representante de la comunidad de Magdalena Teitipac, precisó que dichos proyectos mineros arrojan como consecuencia el despojo del territorio y la destrucción de los bienes comunes naturales, por ende el desplazamiento forzado de miles de habitantes que pierden su vida saludable, su conexión con la tierra y sus procesos de identitarios y culturales que dan sentido de pertenencia a los pueblos indígenas.

“Las comunidades indígenas hemos sido respetuosos, no queremos violencia, pero tampoco queremos que nos alteren la forma de vida que llevamos, los proyectos mineros representan un escenario de muerte, de despojo, de destrucción e injusticias para nuestra gente, hemos decidido declarar nuestros territorios como prohibidos para toda actividad minera”, señaló.

Denunciaron a la empresa minera Fortuna Silver Mines de acaparar más de 80 mil hectáreas de territorios de pueblos y comunidades de los distritos de Ocotlán, Ejutla y Tlacolula, el cual, dijeron, equivale a 10 veces el tamaño de la ciudad de Oaxaca.

En un caso específico, señalaron a la empresa minera Cuzcatlán S. A. de C. V., filial de Fortuna Silver Mines, de imponer en el municipio de San José del Progreso, del distrito de Ocotlán, el proyecto minero San José, que se encuentra en funciones desde el año 2011 y en proceso de gestión de expansión desde 2014; obteniendo ganancias por 2 mil 124 millones 252 mil pesos, de los que sólo pagó impuestos por 4 millones 252 mil pesos, lo que significa únicamente el 2.001 por ciento de sus ganancias, enfatizaron.

Explicaron que las actividades del proyecto minero San José, se encuentran el desmonte, remoción de suelos, nivelación, compactación y creación de nuevos caminos, lo cual genera impactos permanentes al ambiente como la alteración de la geoforma y de la profundidad del suelo, erosión y pérdida del suelo natural.

Además, el ruido y las vibraciones en el suelo a causa de la detonación de explosivos para la extracción de minerales en las minas se perciben a un aproximado de ocho kilómetros de distancia en comunidades cercanas como Monte del Toro, Magdalena Ocotlán, San Matías y la Noria de Ortiz. Aunado al impacto negativo sobre la fauna local debido a la luminosidad por el trabajo nocturno en las áreas de extracción y operación.

Refirieron que la empresa se jacta de la generación de 350 empleos directos en el municipio, lo que sólo representa el 5.32 por ciento de la población total que son seis mil 579 habitantes. Contrastante con el consumo de agua fresca del proyecto minero San José, el cual es de mil 500 metros cúbicos, equivalente a dos mil 306 millones 752 mil litros de contaminantes almacenados.

Manifestaron su total rechazo al señalamiento de la empresa minera que opera en San José del Progreso que ha manifestado que las actividades agropecuarias como la ganadería y agricultura son más agresivas y devastadoras que la actividad minera, y la acusaron de criminalizar las prácticas tradicionales de agricultura y de economía local de la región, una de las principales proveedoras de hortalizas a Oaxaca de Juárez.

Exigieron la cancelación inmediata de proyectos mineros y concesiones mineras otorgadas en comunidades como Magdalena Teitipac, Juan Guelavía, San José del Progreso, Ejutla de Crespo, San Juan Tepeuxila, Cuicatlán, Ixtlán de Juárez, San Pedro Yaneri, Santa Catarina Lachatao, San Carlos Yautepec, Santa María Ecatepec, Asunción Tlacolulita, entre otras, quienes fueron otorgadas por el gobierno federal, sin previa consulta ni el consentimiento de sus habitantes.

Detallaron que programas del gobierno federal como “Programa de Certificación de Derechos Ejidales y Titulación de Solares” pretenden privatizar la tierra e individualizar a los ejidos y comunidades; y acusaron de hostigamiento a la Procuraduría Agraria a través de los visitadores agrarios quienes son los encargados de imponer el programa de privatización a través de una serie de condicionamientos a los pueblos.

Cabe señalar que en Oaxaca están vigentes 322 concesiones mineras, lo que representa el cinco por ciento del territorio estatal concesionado. Actualmente, se registran 41 proyectos mineros, de éstos, dos se encuentran en la etapa de desarrollo: Proyecto El Tejón y Proyecto Trinidad Norte; dos en la etapa de producción: Proyecto San José y Proyecto El Águila y uno en etapa de postergación: Proyecto Ventosa.

Las concesiones mineras en Oaxaca están ubicadas principalmente en Valles Centrales, Sierra Sur y Costa. Tienen una vigencia de 50 años, la Ley Minera establece que éstas se podrán prorrogar por igual término, es decir, una empresa podrá ser dueña de un título de concesión hasta por 100 años.

Entre las 60 comunidades que participaron en el Segundo Encuentro Estatal de Pueblos, Comunidades y Organizaciones “Aquí decimos sí a la vida, no a la minería” se encuentran: Magdalena Teitipac; San Juan Guelavía: La Barda Paso de Piedra, Zimatlán; San Matías Chilazoa; Monte del Toro; San Juan Teponaxtla; Maguey Largo; Río Anona, San Simón Almolongas, Miahuatlán; San Francisco Lachigoló; Tlacolula de Matamoros; Santa Catarina Lachatao; Santa Cruz Yagila; Asunción Lachixila; Santiago Teotlaxco; San Pedro Mártir; El Porvenir; San Juan Tabaa; San Antonino Castillo Velasco; San Baltazar Chichicápam; San Dionisio del Mar, entre otras.

Cruz Roja pretende recaudar 3 mdp en Oaxaca



* Con una donación de 300 mil pesos, el gobernador Alejandro Murat y su esposa Ivette Morán inauguraron la Colecta estatal 2018.

Por Ivet Mendoza

Oaxaca, Oax.- Este lunes inició en Oaxaca la Colecta estatal de la Cruz Roja Mexicana 2018, que en este año tienen como meta recaudar al menos 3 millones de pesos.

El acto inaugural fue encabezado por el gobernador Alejandro Murat Hinojosa; la presidenta honoraria del DIF Oaxaca, Ivette Morán; el edil de la Ciudad, José Antonio Hernández Fraguas; y la presidenta del DIF municipal, Lorena Córdova Brena.

La colecta arrancó con una donación de 300 mil pesos, 100 mil que corrieron a cargo de la familia Murat Morán y 200 mil pesos más por parte del Monte de Piedad estatal, 100 mil de estos, para la construcción de la recién creada delegación de la Cruz Roja Mexicana en Pinotepa Nacional, la cual vieron como una prioridad después del sismo de 7.2 del pasado 16 de febrero en la región de la Costa.

“Este año a raíz de todo lo que tuvo que vivir nuestro estado, fortalecer este arranque de colecta, así que el gobernador y su familia está haciendo lo suyo, y le pedí al Monte de Piedad que también hiciera otra aportación de 100 mil pesos, vamos a arrancar con 200 mil a raíz de este sismo de la Costa, sé que esta delegación de Pinotepa la tenemos que empezar a construir también, así que vamos a dar este banderazo con otro cheque del Monte de Piedad para empezar esa construcción de la delegación de Pinotepa con otros 100 mil pesos, y entre todos vamos a sacar esa delegación”, dijo Ivette Morán.

En tanto, el gobernador Alejandro Murat afirmó que “todos los días, a todas horas y en cada momento, la Cruz Roja siempre está ahí. En estos últimos retos que hemos enfrentado siempre es la Cruz Roja la que llega primero, la que te tiende la mano, la que te da confianza y certeza de que todo estará bien”, enfatizó.

Será el 30 de abril cuando la colecta concluya, y al reconocer la situación por la que hoy atraviesa Oaxaca, Guadalupe Borges, delegada de la Cruz Roja, aseguró a todos los ciudadanos que se unan a esta causa que todo lo recaudado será utilizado de manera transparente y en beneficio de quienes lo necesiten.

“La ciudadanía confía en Cruz Roja, porque no solamente es agradecida, sino que también es grata, porque es completamente transparente, todo lo que Cruz Roja recibe llega a manos de quien lo necesita, y ahí es donde nosotros esperamos en esta colecta, que concluye el 30 de abril, una respuesta muy espléndida, sabemos de la situación económica de nuestro estado, más este año”, comentó la delegada de la Cruz Roja.

La Cruz Roja Mexicana es una institución de urgencia dedicada al auxilio de ciudadanos las 24 horas, los 365 días del año y Oaxaca cuenta con 10 delegaciones.


En 2016, IEEPO gastó 324 mdp en aviadores

  
Hasta julio de 2016, la titularidad del IEEPO recayó en Moisés Robles Cruz y, posteriormente, en Germán Cervantes Ayala. / AGENCIAS


Oaxaca de Juárez, Oax.- El gobierno de Oaxaca a través del Instituto Estatal de Educación Pública (IEEPO) incurrió en irregularidades por 324 millones 86 mil pesos en la ejecución de recursos del Fondo de Aportaciones para la Nómina Educativa y Gasto Operativo (Fone) aprobados para esta entidad en 2016, el último año de gobierno de Gabino Cué Monteagudo y cuando, en teoría, las autoridades ya habían recuperado la “rectoría” de la educación en la entidad, con lo que, según sus promesas, se evitarían desvíos de recursos.

De acuerdo con Auditoría Financiera con Enfoque de Desempeño 16-A-20000-14-1269 1269-DS-GF, dada a conocer por la Auditoría Superior de la Federación (ASF), en el estado fueron detectados pagos distribuidos en mil 833 puestos de trabajo donde fueron documentadas múltiples inconsistencias e incluso ilegalidades, como el hecho de que éstos eran ocupados por trabajadores de otras dependencias del gobierno o que las plazas las ostentaban personas que no habitan en Oaxaca.

En el menor de los casos, el ente fiscalizador informó que el Instituto de Educación erogó recursos en el sueldo de más de mil 700 presuntos trabajadores que no certificaron su asistencia a sus centros laborales o de nóminas que, sin reunir los requisitos establecidos, fueron cargadas al Fone.

El desglose de inconsistencias es el siguiente: 160 millones 440 mil pesos por pagos a 985 trabajadores adscritos a centros de trabajo denominados "centro de trabajo bolsa o personal por reubicar"; 84 millones 55 mil pesos por no acreditar la asistencia de 380 trabajadores en sus centros de trabajo durante el ejercicio fiscal; 56 millones 607 mil pesos por pagos a 228 trabajadores adscritos a centros de trabajo no financiables con el fondo, y 16 millones 789 millones de pesos por pagos a 87 trabajadores adscritos a tres centros de trabajo de otras dependencias.

Además, 4 millones 197 mil pesos por pagos a 143 trabajadores que contaron con 157 plazas adscritos a un centro de trabajo denominado "AGS personal comisionado al SNTE"; un millón 14 mil pesos por los pagos a cinco trabajadores adscritos a centros de trabajo en el estado de Oaxaca que también se encontraron adscritos en entidades federativas distintas, las cuales no son compatibles geográficamente; 346 mil pesos por el pago por concepto de servicio de fotocopiado y mantenimiento, y reparación de equipo de transporte de los que no se presentó la documentación comprobatoria que cumpla con los requisitos fiscales correspondientes, y 138 mil pesos por realizar 40 pagos indebidos a cuatro trabajadores.

Asimismo, se determinó un subejercicio de los recursos por 101 mil 300 pesos al 31 de diciembre de 2016.

Hasta julio de 2016, la titularidad del IEEPO recayó en Moisés Robles Cruz y, posteriormente, en Germán Cervantes Ayala.

Por tales irregularidades, la ASF determinó 12 observaciones que generaron una recomendación, dos promociones de Responsabilidad Administrativa Sancionatoria y nueve pliegos de observaciones.

La Auditoría explicó que revisó una muestra de 20 mil 872 millones 446 mil pesos, que representó el 98.4 por ciento de los 21 mil 209 millones 98 mil pesos asignados al Gobierno del estado de Oaxaca mediante el Fondo de Aportaciones para la Nómina Educativa y Gasto Operativo.

Precisó que la auditoría se practicó sobre la información proporcionada por la entidad fiscalizada, “de cuya veracidad es responsable”.

En su resolución, la Auditoría anotó: “En el ejercicio de los recursos, la entidad federativa registró inobservancias a la normativa, principalmente en materia de servicios personales, así como de la Ley de Coordinación Fiscal y de la Ley General de Educación, que generaron un probable daño a la Hacienda Pública Federal por un importe de 324 millones 86 mil pesos los cuales representan el 1.6 por ciento de la muestra auditada”.

Fracasa reforma educativa

El pasado 14 de febrero, Encuentro Diario reveló que desde el 2015, cuando el gobierno reestructuró administrativamente el IEEPO e implementó en la entidad la reforma educativa, las autoridades habían erogado 5 mil millones de pesos más en nómina y gastos de operación; esto, a pesar de que habían afirmado que el uso de los recursos se eficientaría, pues serían suprimidos inmediatamente aviadores y el personal irregular que, supuestamente, había sido introducido por la Sección 22 de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE).

De acuerdo con el trabajo elaborado por este medio, el panorama empeora si el comparativo de los recursos utilizados por el IEEPO se remontan al 2014, año previo a la refundación de la dependencia, pues la diferencia presupuestal con 2018, es de 8 mil 150 millones de pesos.

Lo anterior significa que, en cuatro años, la nómina y el gasto operativo del IEEPO aumentó 56 por ciento, al pasar de 14 mil 371 millones de pesos, en 2014, a 22 mil 521, en 2018.

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