En época electoral existe el riesgo de que haya mayor número de empresas fantasma ya que este mecanismo de evasión ha sido usando históricamente por los partidos políticos, señaló Aristóteles Núñez, ex jefe del Servicio de Administración Tributaria (SAT).
Recordó que las empresas fantasma o fachada son un esquema que en México surgió en las actividades de los partidos políticos, los cuales buscaban justificar gastos de manera ilícita, por lo que los tiempos electorales podrían alentar su uso.
"La creación de las empresas fachada o fantasma fue resultado primero de un esfuerzo que hacían los partidos políticos primero usando facturas en papel apócrifas. Cuando pasamos a factura electrónica entonces empezaron a usar facturas electrónicas reales, pero de empresas fachada", explicó.
Al respecto, agregó Núñez, existen informes de la unidad de fiscalización del Instituto Nacional Electoral (INE), así como los señalamientos de la Auditoría Superior de la Federación.
"Se ha abusado de esa figura porque con ello pueden comprobar gasto, gasto que no se realiza y que al final llega a los electores vía una compra de consciencias", dijo tras su participación en la presentación del estudio Arquitectura del Ramo 23 de México Evalúa.
Núñez, quien estuvo al frente del SAT de 2012 a 2016, señaló que las investigaciones sobre la empresa Manhattan Master Plan Development son recientes y no fueron comenzadas durante su gestión.
Sin embargo, descartó que se trate de un procedimiento politizado.
Esta empresa, que en 2016 compró a Ricardo Anaya, actual candidato presidencial de la coalición "Por México al Frente", una nave industrial por un monto de 54 millones de pesos, fue incluida ayer en listados definitivos del SAT de empresas con operaciones inexistentes.
El ex funcionario explicó que al haberse incluido en los listados definitivos, la investigación debe llevar al menos 6 meses, tiempo en el que no se desvirtuó el señalamiento.
Agregó que, en el caso del uso de empresas fantasma por parte de los partidos políticos, la unidad de fiscalización del INE es el primer filtro en donde deben detectarse el uso de estos esquemas.
Belén Rodríguez/REFORMA
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