Sedena: golpes al ‘narco’ por casi 2 mil mdd este sexenio
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| La Defensa Nacional aseguró en lo que va del sexenio 31 mil 276 armas de fuego, de las cuales 20 mil 426 son largas y 10 mil 848 pistolas. (Cuartoscuro-Archivo) |
IGNACIO ALZAGA
México
En cinco años de gobierno del presidente Enrique Peña Nieto, el Ejército ha golpeado las finanzas, capacidad de fuego y logística de las organizaciones del narcotráfico y delincuencia organizada, a las que ha asegurado droga con un valor superior a mil 877 millones de dólares en el mercado negro.
Adicionalmente ha incautado a cárteles y grupos criminales 57 millones 338 mil 766 dólares y 172 millones 462 mil 96 pesos en efectivo en diversas operaciones, según se desprende de un informe de resultados de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena).
Del 1 de diciembre de 2012 al 31 de diciembre de 2017, personal militar detuvo en flagrancia a 32 mil 390 personas por su presunta responsabilidad en actividades ilícitas.
Entre éstas hay líderes y jefes de estructura de las más peligrosas organizaciones delincuenciales.
A través de acciones de intercepción y de reducción de la violencia, en este periodo incautó una flotilla de 101 aeronaves y 67 embarcaciones que eran utilizadas principalmente para el traslado y trasiego de droga, así como 44 mil 650 vehículos terrestres.
La Defensa Nacional aseguró en lo que va del sexenio 31 mil 276 armas de fuego, de las cuales 20 mil 426 son largas y 10 mil 848 pistolas.
En este rubro incautó 3 mil 633 granadas, la mayoría de fragmentación, además de 4 millones 807 mil 411 cartuchos de diferentes calibres.
Militares destruyeron 622 laboratorios para fabricar drogas, principalmente sintéticas o de diseño, y mil 457 pistas de aterrizaje clandestinas que eran empleadas por el narco para movilizar sus cargamentos.
Durante los cinco años recientes, la Sedena decomisó 16 toneladas ocho kilogramos de cocaína.
Según cálculos de la Procuraduría General de la República (PGR), el kilo de esta droga está valuado en 12 mil 500 dólares en el mercado negro, por lo que la coca asegurada representa una merma de 200 millones 100 mil dólares para los cárteles.
Se aseguraron 3 millones 712 mil 266 kilos de mariguana; cada kilo cuesta en promedio 80 dólares, representando una pérdida de 296 millones 981 mil 280 millones de dólares.
La heroína es la droga que tiene el mayor valor por kilo (35 mil dólares) y la que soldados han decomisado en menor cantidad pese a que México es uno de los principales productores en el mundo.
En esta administración, soldados mexicanos interceptaron mil 438 kilos, cuyo precio se estimó en 50 millones 330 mil dólares.
El kilo de metanfetamina es de 14 mil 514 dólares en promedio; en la actual administración se han decomisado 91 mil 676 kilos, lo que significa que los criminales dejaron de ganar mil 330 millones 585 mil 464 dólares.
La Sedena ha destruido 205 mil 405 plantíos y 26 mil 444 hectáreas de mariguana; además de 800 mil 483 sembradíos y 113 mil 834 hectáreas de amapola.
De acuerdo con el corte de 2017, el Ejército detuvo a 8 mil 822 personas; aseguró 4 millones 72 mil dólares y 20 millones 84 mil pesos en efectivo, así como 3 mil 283 armas largas y mil 827 cortas.
Incorporan a leyes toque ciudadano
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Una cuarta parte de las normas creadas desde 2012 ha incluido propuestas de académicos y activistas; la relación legisladores-sociedad civil empezó en 1994
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| Foto: Cuartoscuro |
LETICIA ROBLES DE LA ROSA
Aunque por momentos ríspida, la relación entre el Congreso de la Unión y organizaciones de la sociedad civil ha permitido que cerca de la cuarta parte de las reformas y leyes producidas desde 2012 tenga la huella de académicos, expertos, activistas y otros personajes interesados en los temas que procesan los legisladores federales.
Dominados por el PRI, hasta hace unos años, el Senado y la Cámara de Diputados se sujetaban a las disposiciones del Ejecutivo federal y validaban, sin discusión alguna, las reformas enviadas por él.
Sin embargo, los vínculos entre el Legislativo y los ciudadanos para crear y modificar normas comenzaron en diciembre de 1994 con la reforma al Poder Judicial de la Federación y se reforzaron en 2012, cuando el Senado convirtió 90% de las propuestas de la sociedad civil en la primera Ley General de Víctimas.
Entre los ordenamientos que se han concretado durante los últimos años, gracias a la participación ciudadana y de expertos, están la reforma al sistema de justicia penal, la primera ley contra la trata de personas y la reforma que permitió el uso de la mariguana medicinal, entre otras.
ANTES SÓLO ERAN ATENDIDAS LAS VOCES DE LOS LEGISLADORES
CIUDADANOS TEJEN LEYES
CIUDAD DE MÉXICO.
Con episodios que llegaron a la confrontación y el acoso hacia los legisladores federales, la relación entre el Congreso de la Unión y la sociedad activa en asuntos públicos, especialistas y académicos permitió que cerca de la cuarta parte de las reformas y leyes producidas desde 2012 tenga la huella de ciudadanos interesados en los temas que procesa el Poder Legislativo.
La relación productiva entre el Poder Legislativo y los ciudadanos para la construcción de leyes y reformas comenzó a escribirse en diciembre de 1994, en torno a la reforma al Poder Judicial de la Federación; tuvo su máxima expresión en 2012, cuando el Senado avaló 90% de las propuestas de ciudadanos y las transformó en la primera Ley General de Víctimas.
PUNTO DE QUIEBRE
Pero esta relación creciente y productiva tuvo dos momentos de quiebre en 2017: uno, cuando un conglomerado de activistas agrupados en #VamosPorMás y #FiscalíaQueSirva ordenó a los legisladores federales aprobar un “dictamen” elaborado por ellos en torno a la nueva Fiscalía General de la República; y el segundo, cuando otros conglomerado de activistas, agrupados en #SeguridadSinGuerra, emprendió la estrategia de enviar centenares de correos electrónicos a los legisladores federales para exigirles que no aprobaran la Ley de Seguridad Interior, lo que fue considerado por los legisladores como acoso.
Y en esta historia de 23 años ha sido evidente que es el Senado, más que la Cámara de Diputados, la cámara del Congreso de la Unión que se caracteriza por abrir los temas al debate de los grupos interesados, o al menos convoca a foros y audiencias para conocer los diferentes puntos de vista en temas que incluso han tenido que frenarse o prolongarse; como le ocurrió a la Ley General de Archivos, que ya estaba a punto de ser aprobada cuando los especialistas de la UNAM, de la Red Nacional de Archivos de las Instituciones de Educación Superior, Fundar y el Centro de Estudios Espinosa Yglesias pidieron una prórroga, la cual lograron, y un año después se aprobó por unanimidad en el Senado y ahora está a la espera del aval de los diputados.
Dominado por una mayoría absoluta de los priistas, el Congreso se sujetaba a las disposiciones del Ejecutivo federal y validaba, sin discusión alguna, las reformas enviadas por él.
Fue en 1977 cuando el Congreso de la Unión procesó un tema que interesó a muchos sectores políticos. La Reforma Política propuesta por José López Portillo, con Jesús Reyes Heroles como secretario de Gobernación, fue uno de los temas que sumó opiniones diversas. Sin embargo, el dominio de la mayoría priista dejaba las decisiones en manos de la voluntad del gobierno y sus legisladores federales.
APLANADORA TRICOLOR
Pero fue esa reforma la que permitió que la pluralidad política llegara al Congreso de la Unión y desde tribuna se escucharan las voces discordantes con las propuestas presidenciales, aunque eran insuficientes para vencer con el voto la voluntad de la mayoría. “La aplanadora priista” fue el apodo que la oposición de izquierda y derecha indilgó a la mayoría priista, que dominó al Poder Legislativo federal hasta 1997, cuando la oposición sumó sus fracciones para integrar una mayoría opositora, por primera vez.
Entre 1977 y 1994, el Congreso de la Unión proceso reformas constitucionales y leyes que tuvieron la mayoría absoluta del PRI, incluso en temas polémicos que se debatieron fuera de las sedes legislativas, entre grupos de académicos de universidades públicas principalmente, pero que tenían poco impacto en la decisión de los legisladores, como ocurrió con las reformas constitucionales que terminaron con el reparto masivo de tierras y modificó la relación entre la Iglesia y el Estado, así como la serie de privatizaciones de empresas paraestatales.
De acuerdo con la revisión hecha por Excélsior a los dictámenes de las principales reformas procesadas en el Congreso desde el gobierno de Carlos Salinas de Gortari, que realizó cambios a 34 artículos constitucionales, los legisladores federales no abrían audiencias públicas o foros; sólo se consigna en los documentos legislativos que debatían entre ellos, porque son ellos los únicos que tienen la representatividad constitucional del voto ciudadano.
LA NUEVA ERA
Pero fue en el gobierno de Ernesto Zedillo cuando los senadores abrieron la nueva etapa de escuchar a los ciudadanos. En el dictamen aprobado por el Senado el 16 de diciembre de 1994, las comisiones informan que abrieron una consulta con especialistas en Durango, realizado el 14 de diciembre, pero además, tomaron en cuenta las propuestas enviadas por los académicos del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM, que lograron a partir de un foro que congregó a los principales constitucionalistas del país.
Así, esa reforma es la primera que deja constancia en un dictamen que se tomó en cuenta opiniones fuera de los poderes Legislativo, Ejecutivo y Judicial.
Pasaron 23 años desde entonces. La mayoría priista se mantuvo con la aplanadora como fuerza legislativa y logró decisiones que todavía generan críticas, como el aumento del IVA de 10% a 15%, en marzo de 1995, en medio de la crítica de la oposición; o la aprobación para el uso del Fobaproa —creado en 1990— para que el Estado absorbiera la deuda de los clientes de los bancos y evitar así su quiebra.
El dominio de la oposición a partir de 1997 generó que las decisiones legislativas ya no fueran tan sencillas. Ernesto Zedillo, por ejemplo, nunca pudo concretar su reforma eléctrica; Vicente Fox y Felipe Calderón se confrontaron con el Poder Legislativo por frenarles iniciativas.
Pero mientras el Congreso de la Unión polemizó con el Ejecutivo federal, se abrió cada vez más a la participación de grupos sociales.
Fueron las Legislaturas LX y LXI en el Senado las que marcaron esta nueva característica del Poder Legislativo, pues si bien en las 508 leyes y reformas que aprobó hubo cabildeo del Ejecutivo y de grupos de interés, en 25 de ellas hubo foros y audiencias públicas, que mostraron momentos de alta tensión, como cuando pretendieron frenar parte de la Reforma Electoral que prohibió la compra de espacios en radio y televisión para la propaganda de los partidos políticos; entre quienes se reunieron en esos históricos diálogos públicos de septiembre de 2007 estuvieron representantes de la Cámara de la Industria de la Radio y la Televisión.
Sin duda que una de las primeras decisiones del Senado que tuvieron la apertura hacia los especialistas fue la reforma al sistema de justicia penal, que dio origen a los juicios orales, entre otras características de este nuevo sistema; en ella participaron integrantes del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM, del ITAM y del CIDE.
Las pensiones del ISSSTE, el narcomenudeo, el combate contra la explotación sexual infantil, la reforma fiscal de Felipe Calderón, la primera Ley contra la Trata de Personas, el Fomento a la Lectura y el Libro, reformas a la Ley de Migración, la Extinción de Dominio; la Ley General de la Policía Federal; la Ley General del Sistema Nacional de Seguridad Pública; la Ley para el Control del Tabaco; la Justicia para Adolescentes, la Ley de Amparo, las Acciones Colectivas, la Libertad Religiosa, y la reforma integral en materia de derechos humanos, Ley General de Turismo y la Ley para proteger a los defensores de derechos humanos y periodistas fueron algunas de las consultadas con especialistas, académicos y activistas.
LAS MÁS SIGNIFICATIVAS
Pero tres fueron altamente significativas, porque los senadores de entonces aceptaron por primera vez sugerencias de textos.
Una fue la reforma petrolera del 2008, conducida por el senador Francisco Labastida Ochoa, que abrió un mes de discusión con decenas de especialistas, políticos, exfuncionarios del sector, activistas, técnicos, exlegisladores y legisladores y que dio origen a la primera gran reforma del entonces intocable sector energético, en su arista petrolera.
La segunda fue la Ley General para Prevenir y Sancionar los Delitos en Materia de Secuestro, porque en ella participaron por primera vez las organizaciones ciudadanas. Esta reportera fue testigo de cómo los entonces senadores del PRI, Jesús Murillo; del PAN, Alejandro González Alcocer; del PRD, Tomas Torres, se reunieron con Alejandro Martí e Isabel Miranda, primero para la reforma que obligó al registro de todos los dueños de teléfonos celulares y a su geolocalización, y después para crear la ley contra el secuestro, donde también participaron otras organizaciones sociales.
Y la tercera fue la Ley General de Víctimas, creada en el Senado, al transformar las propuestas concretas del Movimiento por la Paz con Justicia y Dignidad de Javier Sicilia, en un dictamen, luego de cuatro reuniones altamente ríspidas entre las víctimas del delito y los legisladores federales; la primera de ellas incluso llegó a los gritos por parte de los familiares de las víctimas.
Pero, sin duda alguna, son los actuales senadores quienes han abierto más la sede del Poder Legislativo a la opinión de los ciudadanos.
PARTICIPACIÓN CONSTANTE
Entre 2012 y 2015, la LXII Legislatura aprobó y publicó en el Diario Oficial de la Federación 288 reformas y leyes; en 61 de ellas hubo una participación constante de los sectores involucrados, lo que representa que 21.1% de la producción legislativa de ese periodo tuvo la marca de los ciudadanos, especialistas y académicos.
De esas 61, destacan la Ley contra el Lavado de Dinero —que fue herencia de la LXI Legislatura y fue ésta la que hizo los foros con notarios públicos, joyeros, dueños de casas de apuestas, fiscalistas e investigadores internacionales, entre otros—, la Reforma Laboral, en la que participaron los sindicatos de todo el sector privado.
También han tenido participación de especialistas la justicia para adolescentes, la Ley de Sociedades Cooperativas; la segunda versión de la Ley General de Víctimas; castigo a delitos cometidos contra periodistas; la reforma en materia de competitividad; reforma en materia de telecomunicaciones; todo el paquete de la Reforma Educativa, la contabilidad gubernamental; la reforma hacendaria, la reforma energética, la reforma en materia de trasparencia, el Código Nacional de Procedimientos Penales.
La Reforma Financiera, el Código de Justicia Militar —que incluyó a los propios militares—, la reforma política de Ciudad de México, en la que participaron hasta exsenadores y exfuncionarios capitalinos.
La Ley General de los Derechos de las Niñas, Niños y Adolescentes, en la que participaron la Unicef, el Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, el Fondo de Población de las Naciones Unidas; la actual responsable de los Derechos Humanos en la Ciudad de México, Nashieli Ramírez, de Alianza por los Derechos de las Niñas, Niños y Adolescentes.
En la Ley Nacional de Mecanismos Alternativos de Solución de Controversias en Materia Penal, participaron especialistas de la UNAM y el CIDE; Ley General para la Atención y Protección a Personas con la Condición del Espectro Autista, participaron con opiniones el Centro de Excelencia Monarch México; Asociación Iluminemos de Azul, Teletón y Apapache Autismo, entre otras; la reforma para contener la deuda pública de estados y municipios incluyó las opiniones de gobernadores, presidentes municipales, la Secretaría de Hacienda, la Asociación de Bancos de México y la Comisión Nacional Bancaria y de Valore.
La reforma constitucional anticorrupción y todas las leyes que de ella emanaron registró la participación activa de organizaciones como Transparencia Mexicana, Fundar, el Instituto Mexicano de la Competitividad (IMCO) y la Red por la Rendición de Cuentas, entre otras.
Y en la actual Legislatura LXIII, que corre desde el 1 de septiembre de 2015, el Congreso suma 233 decretos, de los cuales, el 24.8%; es decir, la cuarta parte, que suman 58, tienen la huella ciudadana más evidente, aunque ya es un hecho que todos los temas reciben opiniones, ya sea para declarar días de recuerdo para causas específicas o para los tratados y acuerdos que ratifica el Senado.
Las leyes de Desaparición Forzada y Contra la Tortura contaron con la participación de decenas de organizaciones de víctimas y sus familiares, como Guadalupe Aguilar, Jorge Verástegui y Adriana Baena, entre muchos más, cuyos relatos de vida fueron fundamentales para que el Senado diseñara junto con la Secretaría de Gobernación, los conceptos que se incluyeron en ambas leyes.
Entre la gama de las 58 decretos que tienen la huella ciudadana están la Ley del Derecho de Réplica, la transparencia en materia de investigación científica, transición digital, cambios a la Ley Federal de Derechos de Autor, reconocimiento a los derechos de las parejas del mismo sexo en servicios del IMSS y el ISSSTE, el Código Militar de Procedimientos Penales y toda la gama de adecuaciones por el nuevo sistema de justicia penal.
Para la aprobación de la reforma que permitió el uso de la mariguana medicinal fueron necesarias muchas discusiones en las que participaron expertos, médicos, activistas y pacientes, como Raúl Elizalde, padre de la niña Grace; la Oficina de las Naciones Unidas contra las Drogas y el Delito; el Consejo Nacional contra las Adicciones y el Instituto Nacional de Nutrición Salvador Zubirán, entre una veintena de activos particpantes en estas decisiones legislativas,
También la Ley Nacional de Ejecución Penal; la tercera versión de la Ley General de Víctimas; Sanciones a las aerolíneas que no respeten los derechos de los usuarios; la desindexación del salario mínimo; la Ley General de Cultura y los Derechos Culturales; sanción a la cobranza extrajudicial y la Ley de Seguridad Interior.
ABREN LA PUERTA HASTA A SINDICATOS
Así, en estos últimos años, al Senado han acudido sindicatos de los sectores públicos y privados, organizaciones de la sociedad civil; agrupaciones altruistas y de atención a grupos vulnerables; organismos internacionales especializados; juristas, ambientalistas, científicos, tecnólogos, familiares de víctimas; sobrevivientes de la delincuencia; militares, empresarios, cuyas opiniones han llevado a los legisladores a incluirlos en las redacciones de las leyes y reformas que están ahora vigentes.
Y en esta decisión de abrir lo más posible los temas legislativos, está la decisión de los coordinadores parlamentarios de todas las fracciones políticas del PRI, PAN, PRD, PT y Partido Verde.
De igual forma, los presidentes de todas las comisiones, pero por el número de temas que llegan a ellas y que procesan, han sido las comisiones de Gobernación, de Cristina Díaz; de Justicia, de Pilar Ortega; de Derechos Humanos, de Angélica de la Peña; para la Igualdad de Género, de Diva Gastélum; de Anticorrupción y Participación Ciudadana, cuando la presidía Pablo Escudero; de Educación, de Juan Carlos Romero Hicks; de Ciencia y Tecnología, de Patricio Martínez y Puntos Constitucionales, de Enrique Burgos, las que más activas están en la apertura para escuchar a los grupos ciudadanos.
ESCRITAS CON TINTE CIUDADANO
Entre las leyes y reformas que han tenido participación ciudadana, entre ellos especialistas y académicos, están la reforma al Sistema de Justicia Penal.
Sin embargo, tres fueron altamente significativas:
La reforma petrolera de 2008, conducida por el senador Francisco Labastida Ochoa, que abrió un mes de discusión con decenas de especialistas; la segunda fue la Ley General para Prevenir y Sancionar los Delitos en Materia de Secuestro, y la tercera fue la Ley General de Víctimas, creada en el Senado, al transformar las propuestas concretas del Movimiento por la Paz con Justicia y Dignidad de Javier Sicilia.
Las leyes de Desaparición Forzada y Contra la Tortura contaron con la participación de decenas de organizaciones de víctimas y sus familiares, como Guadalupe Aguilar, Jorge Verástegui y Adriana Baena, entre muchos más, cuyos relatos de vida fueron fundamentales para que el Senado diseñara junto con la Secretaría de Gobernación, los conceptos que se incluyeron en ambas leyes.
Desborda a forenses violencia en el país
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| ILUSTRACIÓN: ROSARIO LUCAS |
Obsoleto, viejo, desbordado, el Servicio Médico Forense (Semefo) del país está rebasado. Imagine esta cifra: 26 mil 573. Es la cantidad de personas que llenan el Foro Sol de la Ciudad de México. Es también la cifra de víctimas de homicidio doloso de enero a noviembre de 2017 en el país, según datos del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública. Ahora imagine esa cifra de cuerpos regados en los Semefos.
Los tres Semefos de Guerrero son los más saturados; el de Acapulco, por ejemplo, tiene capacidad para 150 cuerpos pero hay 297, en Chilpancingo hay 650, pero sólo se tiene cupo para 250, mientras que en Iguala hay 78 cuando apenas existe cabida para 30.
En Veracruz hay dos —en Xalapa y Veracruz—, que son insuficientes para atender la alta demanda de cuerpos localizados en fosas clandestinas y en asesinatos; en San Luis Potosí hay cinco, tres están saturados. En Oaxaca hay un refrigerador para 22 cadáveres; actualmente con cupo lleno. En Sinaloa, por ejemplo, desde diciembre de 2016, año que cerró con mil 162 asesinatos violentos, el Semefo de Culiacán funciona parcialmente.
Malas condiciones
Los Semefos del país han sido exhibidos con los hallazgos de cuerpos y restos en fosas clandestinas. En Morelos hay tres sedes, todas quedaron desnudas con el descubrimiento de más de 140 restos humanos encontrados en fosas de Cuautla y Jojutla en 2015. La contingencia pasó e incluso, en el panteón Jardines del Recuerdo, de Cuautla, construyen un "cementerio" para cuerpos no reconocidos con una capacidad de 500 gavetas.
En el estado de Durango, entre 2011 y 2012 fueron hallados 351 cuerpos en fosas. La fiscalía tuvo que rentar refrigeradores para resguardarlos.
Hay Semefos viejos, como varios en Chiapas que fueron construidos hace 20 años o en Baja California Sur, donde dos de cuatro iniciaron en la década de los 80.
Durante años, el Semefo de Fresnillo, Zacatecas, llegó a practicar las necropsias en el Panteón Municipal por falta de instalaciones. Y el de la capital tenía una antigüedad de 34 años. Ahora, ya los modernizaron. Por la misma situación pasó el de Torreón, que estaba ubicado en el sótano del Hospital Universitario, donde los cuerpos llegaron a apilarse uno encima de otro.
En Michoacán, Aguascalientes, Tabasco, Tamaulipas, Puebla, Tlaxcala y Chihuahua las autoridades afirman no tener problemas de saturación. De hecho, Tabasco, que está dividido en 17 municipios, tiene un total de 24.
Guanajuato tiene cinco Semefos, aunque la procuraduría se negó a dar más información. Tampoco las procuradurías de Nuevo León y Nayarit dieron informes.
Instalaciones rebasadas
Ante la falta de instalaciones, las autoridades estatales se ven en la necesidad de realizar convenios con funerarias, sobre todo en las regiones o municipios alejados. Coahuila, Hidalgo, Sonora, Oaxaca, Quintana Roo, San Luis Potosí y Sinaloa son algunos estados que tienen que recibir ayuda de funerarias.
En Sinaloa existe uno en Culiacán y otro en Mazatlán y Sonora cuenta con dos. En Quintana Roo hay cinco, pero en la zona Maya utilizan una funeraria.
Tiempos
Entidades como Coahuila, Michoacán, Puebla o Tabasco tienen regulado que a las 72 horas de no haber sido reclamado un cuerpo, éste puede ser enviado a la fosa común. Sin embargo, hay entidades más flexibles, como Hidalgo, donde albergan un cuerpo desde 2012. Según la Ley de Salud del país, no existe plazo cuando se trata de muertes violentas.
En Jalisco los cuerpos pueden durar hasta seis meses; en Yucatán y Baja California, 30 días. En Morelos, dos meses; en Aguascalientes, tres meses; en Michoacán, entre tres o cuatro meses, y en Oaxaca no hay plazo.
Los tres Semefos de Guerrero son los más saturados; el de Acapulco, por ejemplo, tiene capacidad para 150 cuerpos pero hay 297, en Chilpancingo hay 650, pero sólo se tiene cupo para 250, mientras que en Iguala hay 78 cuando apenas existe cabida para 30.
En Veracruz hay dos —en Xalapa y Veracruz—, que son insuficientes para atender la alta demanda de cuerpos localizados en fosas clandestinas y en asesinatos; en San Luis Potosí hay cinco, tres están saturados. En Oaxaca hay un refrigerador para 22 cadáveres; actualmente con cupo lleno. En Sinaloa, por ejemplo, desde diciembre de 2016, año que cerró con mil 162 asesinatos violentos, el Semefo de Culiacán funciona parcialmente.
Malas condiciones
Los Semefos del país han sido exhibidos con los hallazgos de cuerpos y restos en fosas clandestinas. En Morelos hay tres sedes, todas quedaron desnudas con el descubrimiento de más de 140 restos humanos encontrados en fosas de Cuautla y Jojutla en 2015. La contingencia pasó e incluso, en el panteón Jardines del Recuerdo, de Cuautla, construyen un "cementerio" para cuerpos no reconocidos con una capacidad de 500 gavetas.
En el estado de Durango, entre 2011 y 2012 fueron hallados 351 cuerpos en fosas. La fiscalía tuvo que rentar refrigeradores para resguardarlos.
Hay Semefos viejos, como varios en Chiapas que fueron construidos hace 20 años o en Baja California Sur, donde dos de cuatro iniciaron en la década de los 80.
Durante años, el Semefo de Fresnillo, Zacatecas, llegó a practicar las necropsias en el Panteón Municipal por falta de instalaciones. Y el de la capital tenía una antigüedad de 34 años. Ahora, ya los modernizaron. Por la misma situación pasó el de Torreón, que estaba ubicado en el sótano del Hospital Universitario, donde los cuerpos llegaron a apilarse uno encima de otro.
En Michoacán, Aguascalientes, Tabasco, Tamaulipas, Puebla, Tlaxcala y Chihuahua las autoridades afirman no tener problemas de saturación. De hecho, Tabasco, que está dividido en 17 municipios, tiene un total de 24.
Guanajuato tiene cinco Semefos, aunque la procuraduría se negó a dar más información. Tampoco las procuradurías de Nuevo León y Nayarit dieron informes.
Instalaciones rebasadas
Ante la falta de instalaciones, las autoridades estatales se ven en la necesidad de realizar convenios con funerarias, sobre todo en las regiones o municipios alejados. Coahuila, Hidalgo, Sonora, Oaxaca, Quintana Roo, San Luis Potosí y Sinaloa son algunos estados que tienen que recibir ayuda de funerarias.
En Sinaloa existe uno en Culiacán y otro en Mazatlán y Sonora cuenta con dos. En Quintana Roo hay cinco, pero en la zona Maya utilizan una funeraria.
Tiempos
Entidades como Coahuila, Michoacán, Puebla o Tabasco tienen regulado que a las 72 horas de no haber sido reclamado un cuerpo, éste puede ser enviado a la fosa común. Sin embargo, hay entidades más flexibles, como Hidalgo, donde albergan un cuerpo desde 2012. Según la Ley de Salud del país, no existe plazo cuando se trata de muertes violentas.
En Jalisco los cuerpos pueden durar hasta seis meses; en Yucatán y Baja California, 30 días. En Morelos, dos meses; en Aguascalientes, tres meses; en Michoacán, entre tres o cuatro meses, y en Oaxaca no hay plazo.
Chihuahua, a la cabeza en las denuncias por narcomenudeo
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Las ejecuciones, una constante en gran número de entidades. La imagen, en Morelos el domingo pasado Foto Cuartoscuro |
Fabiola Martínez
En el periodo 2015-2017, Baja California, Baja California Sur, Colima, Chihuahua, Guerrero, Nayarit, Sinaloa, Tamaulipas y Veracruz son las entidades con mayor crecimiento de delitos graves, vinculados al crimen organizado.
En ese grupo destaca la fronteriza Chihuahua, con un avance sin precedentes en cuanto a narcomenudeo, al pasar de 3 mil 64 denuncias relacionadas con ese delito en 2015, a 7 mil 437 de enero a noviembre de 2017.
Si bien en el más reciente trimestre el acumulado de carpetas de investigación, a cargo de la fiscalía estatal, se ubicó en medio millar por mes: el promedio del año es sensiblemente mayor al del bienio citado, cuando los mínimos mensuales eran de 231 denuncias (agosto de 2016), y 112 en febrero de 2015, contra 850 episodios registrados por el Ministerio Público estatal tan sólo en enero de 2017.
De enero a noviembre pasado son casi 7 mil 500. Visto de otra manera, Chihuahua contribuyó con al menos una de cada cinco denuncias por narcomenudeo en el país.
Las autoridades estatales recibieron, en conjunto, 40 mil 172 reportes de ese delito en el lapso referido.
También hay alta incidencia de ello en Guanajuato, con casi 6 mil denuncias.
Las cifras correspondientes a diciembre de 2017, para cerrar la estadística del año pasado, serán publicadas el 20 de enero próximo por el secretariado ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SNSP), de la Secretaría de Gobernación.
Estos mismos datos compilados por el SNSP, con base en la información que le envían las propias fiscalías y procuradurías estatales, muestran el recrudecimiento de la violencia en casi todo el país, con énfasis en la franja fronteriza con Estados Unidos.
Crisis
Según integrantes del gabinete de seguridad nacional, esta crisis se debe a la disputa de las plazas por parte de grupos del crimen organizado, por el control de corredores fundamentales para el trasiego de drogas hacia Estados Unidos.
El viernes pasado está narcodisputa atribuida a los cárteles de Juárez y Sinaloa, dejó tan sólo en territorio chihuahuense 32 personas ejecutadas en un día. Los hechos ocurrieron en la capital del estado, Ciudad Juárez, Bocoyna y Cuauhtémoc.
La tasa histórica de homicidios dolosos (desde que en 1997 dio inicio esta medición) la tiene precisamente Chihuahua, cuando en 2010 registró 110 asesinatos intencionales por cada 100 mil habitantes.
Posteriormente se logró bajar la incidencia a una tasa de 25.47, en 2015; para 2016 ascendió a 32.89, y en lo que ha sido contabilizado de 2017 ya acumulaba 37.68.
Salvo el recuento de 1999, todos los años Chihuahua ha estado por encima del promedio nacional en cuanto a asesinatos.
Sin embargo, el año pasado se reportó un aumento de víctimas de distintos delitos.
Con la nueva metodología empleada por las autoridades del sector se puso en evidencia el aumento exponencial en homicidios con arma de fuego: mil 809 entre enero y noviembre de 2017, contra mil 151 en todo 2015 y mil 470 durante 2016.
La mayoría de los crímenes son perpetrados, como en el resto del país, con arma de fuego. Igualmente, hay aumento en abuso sexual (mil 110 casos en los 11 primeros meses del año pasado), violacion simple (732) y violación equiparada (198). Hay también repunte en robos.
En tanto, en otras rutas de la droga los hechos de violencia también alcanzan niveles no vistos en dos décadas.
Baja California, fronteriza con Estados Unidos, reporta en el periodo enero-noviembre del año pasado: 2 mil 117 víctimas de homicidio doloso, así como 5 mil 227 denuncias de narcomenudeo. Hace dos años el recuento era de 906 asesinatos. No se reportó la cifra sobre narcomenudeo de ese año.
La vecina entidad, Baja California Sur, tiene asimismo un panorama muy adverso, con su mayor tasa de homicidios en dos décadas, equivalentes a 650 víctimas mortales, contra las 175 de 2015.
Otra situación en constante crecimiento delictivo ocurre en Colima y Nayarit, que pese a ser de los dos estados con menos población en el país, alcanzaron el año pasado 731 y 291 homicidios dolosos, respectivamente, tan sólo de enero a noviembre, respecto a los 189 y 91 de hace dos años en el periodo completo.
A escala nacional, Colima mantiene la tasa de homicidios más alta (83.31 casos por cada 100 mil habitantes), cuando la media nacional es de 18.70, hasta la compilación de los datos de noviembre. Le siguen Guerrero (58.60), Baja California Sur (61.62), Baja California (53.42) y Sinaloa (40.96).
Como se ha informado, 2017 es ya, sin contar lo correspondiente a diciembre, el año con más asesinatos de los 20 años recientes, con un acumulado de víctimas (enero-noviembre) de 26 mil 573.
Durante el año pasado hubo más de 2 mil homicidios dolosos cada mes. En febrero, 2 mil 212, y en octubre, el récord con 2 mil 773, tan sólo en 30 días, esto es 90 diarios.
Morena se niega a firmar pacto de civilidad en CDMX
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La precandidata de Morena pidió garantizar la paz al Jefe de Gobierno; no obstante declinó firmar el acuerdo con los otros institutos políticos
ANA ESPINOSA ROSETE
Claudia Sheinbaum, precandidata de Morena a la Jefatura de Gobierno de la Ciudad de México, rechazó sumarse al pacto de civilidad que propuso Miguel Ángel Mancera.
“No necesitamos pactos de civilidad en la Ciudad de México. Lo que se requiere es que se cumpla con la ley y que se haga justicia”, sentenció la integrante del partido de Andrés Manuel López Obrador.
La morenista fue contundente con sus declaraciones; aseguró que para cumplir con lo interpuesto en la ley no es necesario firmar ningún tipo de acuerdo.
Luego de que el miércoles por la tarde un mitin de la exsecretaria de Medio Ambiente fuera reventado por supuestos simpatizantes del PRD, Sheinbaum exigió al Ejecutivo local que garantizara la seguridad y la paz en este tipo de eventos.
A través de un video publicado en redes sociales la precandidata de Morena manifestó su molestia por los actos de agresión en su contra y de sus simpatizantes en la delegación Coyoacán.
Por tal motivo el jefe de Gobierno, Miguel Ángel Mancera, propuso que los 10 institutos políticos firmaran un tratado de paz; ello para garantizar la seguridad y tranquilidad en los actos proselitistas de todos los precandidatos a ocupar su puesto.
No obstante, el día que Mancera lanzó la propuesta Sheinbaum dijo que revisaría si firmaba o no el acuerdo.
Tras una plática con los consejeros de su partido, la morenista informó que no aceptaron signar ningún pacto de civilidad.
RECHAZO. Claudia Sheinbaum, en la mayoría de las ocasiones, utiliza sus redes sociales para manifestar su postura y dar declaraciones.
Esta vez no dudó en utilizarlas para hacer patente su rechazo ante la solicitud de Mancera de acudir al Antiguo Palacio del Ayuntamiento mañana al mediodía para firmar el acuerdo.
“Nuestra postura ante el llamado a firmar un pacto de civilidad: Para cumplir con la ley no se necesitan pactos. Morena ha actuado en el marco de la ley y de forma pacífica. Con civismo. Pedimos justicia frente a la agresión de la que fuimos objeto en Coyoacán y que se garantice la libertad política en el marco de la Ley”, escribió la exdelegada de la delegación Tlalpan en su cuenta de Twitter.
CONTESTACIÓN. La morenista y su partido mandarán por escrito su negativa a la secretaria de Gobierno, Patricia Mercado.
Al ser cuestionada del por qué su partido lo haría de esta forma, Sheinbaum respondió que se recibió la invitación por escrito y así sería la contestación.
“Se va a contestar por escrito porque se recibió la invitación por escrito y vamos a contestar por escrito”, aseveró.
JUSTICIA. Sheinbaum dijo que, en caso de que las provocaciones y agresiones sigan ocurriendo, espera se aplique todo el peso de la ley en contra de los responsables.
“Espero que no continúen porque creo que fue claro lo que ocurrió en Coyoacán y tiene que hacerse justicia en todo el sentido de la palabra”, aseveró la precandidata de Morena.
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ANA ESPINOSA ROSETE
Claudia Sheinbaum, precandidata de Morena a la Jefatura de Gobierno de la Ciudad de México, rechazó sumarse al pacto de civilidad que propuso Miguel Ángel Mancera.
“No necesitamos pactos de civilidad en la Ciudad de México. Lo que se requiere es que se cumpla con la ley y que se haga justicia”, sentenció la integrante del partido de Andrés Manuel López Obrador.
La morenista fue contundente con sus declaraciones; aseguró que para cumplir con lo interpuesto en la ley no es necesario firmar ningún tipo de acuerdo.
Luego de que el miércoles por la tarde un mitin de la exsecretaria de Medio Ambiente fuera reventado por supuestos simpatizantes del PRD, Sheinbaum exigió al Ejecutivo local que garantizara la seguridad y la paz en este tipo de eventos.
A través de un video publicado en redes sociales la precandidata de Morena manifestó su molestia por los actos de agresión en su contra y de sus simpatizantes en la delegación Coyoacán.
Por tal motivo el jefe de Gobierno, Miguel Ángel Mancera, propuso que los 10 institutos políticos firmaran un tratado de paz; ello para garantizar la seguridad y tranquilidad en los actos proselitistas de todos los precandidatos a ocupar su puesto.
No obstante, el día que Mancera lanzó la propuesta Sheinbaum dijo que revisaría si firmaba o no el acuerdo.
Tras una plática con los consejeros de su partido, la morenista informó que no aceptaron signar ningún pacto de civilidad.
RECHAZO. Claudia Sheinbaum, en la mayoría de las ocasiones, utiliza sus redes sociales para manifestar su postura y dar declaraciones.
Esta vez no dudó en utilizarlas para hacer patente su rechazo ante la solicitud de Mancera de acudir al Antiguo Palacio del Ayuntamiento mañana al mediodía para firmar el acuerdo.
“Nuestra postura ante el llamado a firmar un pacto de civilidad: Para cumplir con la ley no se necesitan pactos. Morena ha actuado en el marco de la ley y de forma pacífica. Con civismo. Pedimos justicia frente a la agresión de la que fuimos objeto en Coyoacán y que se garantice la libertad política en el marco de la Ley”, escribió la exdelegada de la delegación Tlalpan en su cuenta de Twitter.
CONTESTACIÓN. La morenista y su partido mandarán por escrito su negativa a la secretaria de Gobierno, Patricia Mercado.
Al ser cuestionada del por qué su partido lo haría de esta forma, Sheinbaum respondió que se recibió la invitación por escrito y así sería la contestación.
“Se va a contestar por escrito porque se recibió la invitación por escrito y vamos a contestar por escrito”, aseveró.
JUSTICIA. Sheinbaum dijo que, en caso de que las provocaciones y agresiones sigan ocurriendo, espera se aplique todo el peso de la ley en contra de los responsables.
“Espero que no continúen porque creo que fue claro lo que ocurrió en Coyoacán y tiene que hacerse justicia en todo el sentido de la palabra”, aseveró la precandidata de Morena.
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