Cae operadora de Borge en QR
Se le acusa de desviar mil 56 millones de pesos. Era la responsable de Agua Potable con ex Gobernador, también en prisión
Benito Jiménez
Una operadora de Roberto Borge en el Gobierno de Quintana Roo fue vinculada a proceso ayer por el delito de peculado y enviada a prisión preventiva.
Se trata de Paula González Cetina, quien fungió como directora de la Comisión de Agua Potable y Alcantarillado (CAPA) en la Administración estatal pasada.
A la ex funcionaria se le acusa de un desvío de mil 56 millones de pesos y de la "desaparición" de 560 millones de pesos correspondientes a obras de esa dependencia.
La Fiscalía General de Justicia expuso ante un juez de Chetumal que los mil 56 millones de pesos correspondían al pago que hizo la empresa Aguakán al organismo de agua estatal por la concesión del servicio en Playa del Carmen hasta 2052, además de una ampliación en Cancún e Isla Mujeres.
Mientras que los otros 560 millones de pesos, señaló la Fiscalía, correspondían a un crédito solicitado por la dependencia a cargo de González Cetina a propuesta del entonces Mandatario Borge.
El juez encargado del caso ordenó que la ex funcionaria fuese trasladada al Centro de Reinserción Social de Chetumal, donde permanecerá el tiempo que dure el proceso judicial.
González Cetina no había acudido a la primera audiencia, verificada en noviembre pasado, pese a que públicamente había sostenido que no tenía miedo de las acusaciones y que su gestión estuvo apegada al marco legal.
Durante la Administración de Borge, la concesionaria de agua potable Aguakán pagó más de mil 600 millones de pesos por la contraprestación del servicio en los municipios de Cancún, Playa del Carmen e Isla Mujeres.
De ese monto, 596.5 millones se otorgaron de 2011 a 2016 por concepto de pagos trimestrales y mil 56 millones de pesos como contraprestación única por la extensión de la concesión, acordado por la empresa y la gestión de Borge.
Sin embargo, de acuerdo con la investigación, CAPA no reportó el ingreso de esos recursos en la pasada Administración y, por el contrario, heredó deudas a corto plazo por 394 millones de pesos.
Desde 1993, Aguakán, empresa de Desarrollos Hidráulicos de Cancún, ha invertido 2 mil 600 millones de pesos en infraestructura en los municipios donde opera el servicio de agua potable, alcantarillado y saneamiento.
De PAN y PRD, los estados con más crímenes; cifras del secretariado
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En Tamaulipas (PAN) se dispararon las cifras 31.2%. Nayarit (PAN-PRD) fue la entidad con más homicidios durante 2017. La tasa promedio mensual subió 445%
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| MÁS MUERTES VIOLENTAS |
REDACCIÓN
CIUDAD DE MÉXICO.
Durante 2017, la tasa de homicidios escaló en los estados gobernados por los partidos Acción Nacional (PAN), Revolución Democrática (PRD) y Movimiento Ciudadano (MC), que hoy integran la coalición Por México al Frente.
De acuerdo con cifras del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP), también hubo un crecimiento exponencial de otros delitos como la extorsión y el secuestro.
Las cifras muestran que la tasa de homicidios dolosos por cada 100 mil habitantes aumentó hasta en 445%.
Por ejemplo, en Aguascalientes, donde el Ejecutivo está al mando del panista Martín Orozco Sandoval, la tasa de homicidios dolosos aumentó 115% al pasar de 2.60 asesinatos entre enero y noviembre de 2016, a 5.58 entre enero y noviembre de 2017.
En Tamaulipas, la tasa de homicidios por cien mil habitantes no había crecido durante los 14 meses previos al cambio de gobierno; tras la llegada del panista Francisco Javier García Cabeza de Vaca despuntó 31.2%.
En el caso de Nayarit, hay un aumento de 445%, al pasar de 3.13 en 2016 a 16.63 en 2017.
Escala tasa de asesinatos en estados de AN y PRD
Según datos del SESNSP, se agudiza en donde hubo reciente relevo de gobierno.
A unos días de que el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP) publique el reporte de la incidencia delictiva del mes de diciembre, los registros indican que la tasa de homicidios dolosos por cada 100 mil habitantes aumentó en el último año en los estados gobernados por los partidos que actualmente integran el Frente, es decir, Acción Nacional (PAN), Revolución Democrática (PRD) y Movimiento Ciudadano (MC).
Según el reporte Tasas por cada 100 mil habitantes 1997-2017, basado en datos del SESNSP, el incremento en la medición de asesinatos va del 11.3 por ciento al 445.5 por ciento.
En Aguascalientes, gobernado por el panista Martín Orozco Sandoval, la tasa de homicidios dolosos aumentó 115 por ciento al pasar de 2.60 enero a noviembre de 2016, a 5.58 entre enero y noviembre de 2017.
Baja California, bajo el poder de Francisco Vega, hubo un aumento de 80.5 por ciento, al pasar de 29.47 por cada 100 mil habitantes en 2016 a 53.20 en los primeros 11 meses de 2017.
En Baja California Sur, bajo el gobierno de Carlos Mendoza Davis, subió 183.5 por ciento, ya que de una tasa de 21.54 en 2016, aumentó a 61.07 entre enero y noviembre del año pasado. En Chihuahua, donde gobierna Javier Corral, se incrementó 25.7 por ciento la tasa de homicidios por cada 100 mil habitantes, al pasar de 29.89 en 2016 a 37.57 en 2017.
En el caso de Nayarit, también hay un aumento de 445 por ciento, al pasar de 3.13 en 2016 a 16.63 en 2017. Sin embargo, hasta septiembre pasado, esa entidad era gobernada por Roberto Sandoval, del PRI.
En Tamaulipas, la tasa de homicidios por cien mil habitantes prácticamente no había crecido en promedio durante los 14 meses previos al cambio de gobierno; tras la llegada del panista Francisco Javier García Cabeza de Vaca despuntó 31.2%.
En Quintana Roo, donde en los últimos 14 meses del gobierno priista la tasa de homicidios dolosos, había crecido 5.6% promedio mensual, dicho índice creció en un 77% en promedio mensual un año y dos meses de la llegada del frentista Carlos Joaquín.
El estudio que toma en cuenta la cifras del SESNSP también muestra un crecimiento exponencial de otros delitos en los estados gobernados por el PAN y el PRD, como secuestros y extorsiones.
De 2016 a 2017, las entidades que registraron mayor aumento en la tasa de secuestros por cada cien mil habitantes fueron Aguascalientes, 393.7 por ciento; Quintana Roo, 191.9 por ciento; y Durango, 112.2 por ciento.
Las entidades que registraron mayor incremento en la tasa de extorsiones fueron Veracruz,166.1 por ciento, gobernado por Miguel Ángel Yunes. En el caso de Quintana Roo el aumento es de 116.6 por ciento, si comparan las tasas de incidencia de 2016 y 2017.
La tasa de robo de autos no registra una disparidad tan grande: los datos señalan crecimientos del 17.4% en estados gobernados por la coalición PAN-PRD y MC. Donde más se incrementaron las tasas de hurto de vehículos automotores fueron Puebla, 123.9 por ciento, Quintana Roo, 102 por ciento y Tabasco 56.5 por ciento.
De enero a noviembre de 2017 huboo 23.1 mil homicidios dolosos, lo que representa 4 mil 400 casos más que en el mismo periodo del año anterior. Del total, 66% está en estados frentistas.
CIUDAD DE MÉXICO.
Durante 2017, la tasa de homicidios escaló en los estados gobernados por los partidos Acción Nacional (PAN), Revolución Democrática (PRD) y Movimiento Ciudadano (MC), que hoy integran la coalición Por México al Frente.
De acuerdo con cifras del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP), también hubo un crecimiento exponencial de otros delitos como la extorsión y el secuestro.
Las cifras muestran que la tasa de homicidios dolosos por cada 100 mil habitantes aumentó hasta en 445%.
Por ejemplo, en Aguascalientes, donde el Ejecutivo está al mando del panista Martín Orozco Sandoval, la tasa de homicidios dolosos aumentó 115% al pasar de 2.60 asesinatos entre enero y noviembre de 2016, a 5.58 entre enero y noviembre de 2017.
En Tamaulipas, la tasa de homicidios por cien mil habitantes no había crecido durante los 14 meses previos al cambio de gobierno; tras la llegada del panista Francisco Javier García Cabeza de Vaca despuntó 31.2%.
En el caso de Nayarit, hay un aumento de 445%, al pasar de 3.13 en 2016 a 16.63 en 2017.
Escala tasa de asesinatos en estados de AN y PRD
Según datos del SESNSP, se agudiza en donde hubo reciente relevo de gobierno.
A unos días de que el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP) publique el reporte de la incidencia delictiva del mes de diciembre, los registros indican que la tasa de homicidios dolosos por cada 100 mil habitantes aumentó en el último año en los estados gobernados por los partidos que actualmente integran el Frente, es decir, Acción Nacional (PAN), Revolución Democrática (PRD) y Movimiento Ciudadano (MC).
Según el reporte Tasas por cada 100 mil habitantes 1997-2017, basado en datos del SESNSP, el incremento en la medición de asesinatos va del 11.3 por ciento al 445.5 por ciento.
En Aguascalientes, gobernado por el panista Martín Orozco Sandoval, la tasa de homicidios dolosos aumentó 115 por ciento al pasar de 2.60 enero a noviembre de 2016, a 5.58 entre enero y noviembre de 2017.
Baja California, bajo el poder de Francisco Vega, hubo un aumento de 80.5 por ciento, al pasar de 29.47 por cada 100 mil habitantes en 2016 a 53.20 en los primeros 11 meses de 2017.
En Baja California Sur, bajo el gobierno de Carlos Mendoza Davis, subió 183.5 por ciento, ya que de una tasa de 21.54 en 2016, aumentó a 61.07 entre enero y noviembre del año pasado. En Chihuahua, donde gobierna Javier Corral, se incrementó 25.7 por ciento la tasa de homicidios por cada 100 mil habitantes, al pasar de 29.89 en 2016 a 37.57 en 2017.
En el caso de Nayarit, también hay un aumento de 445 por ciento, al pasar de 3.13 en 2016 a 16.63 en 2017. Sin embargo, hasta septiembre pasado, esa entidad era gobernada por Roberto Sandoval, del PRI.
En Tamaulipas, la tasa de homicidios por cien mil habitantes prácticamente no había crecido en promedio durante los 14 meses previos al cambio de gobierno; tras la llegada del panista Francisco Javier García Cabeza de Vaca despuntó 31.2%.
En Quintana Roo, donde en los últimos 14 meses del gobierno priista la tasa de homicidios dolosos, había crecido 5.6% promedio mensual, dicho índice creció en un 77% en promedio mensual un año y dos meses de la llegada del frentista Carlos Joaquín.
El estudio que toma en cuenta la cifras del SESNSP también muestra un crecimiento exponencial de otros delitos en los estados gobernados por el PAN y el PRD, como secuestros y extorsiones.
De 2016 a 2017, las entidades que registraron mayor aumento en la tasa de secuestros por cada cien mil habitantes fueron Aguascalientes, 393.7 por ciento; Quintana Roo, 191.9 por ciento; y Durango, 112.2 por ciento.
Las entidades que registraron mayor incremento en la tasa de extorsiones fueron Veracruz,166.1 por ciento, gobernado por Miguel Ángel Yunes. En el caso de Quintana Roo el aumento es de 116.6 por ciento, si comparan las tasas de incidencia de 2016 y 2017.
La tasa de robo de autos no registra una disparidad tan grande: los datos señalan crecimientos del 17.4% en estados gobernados por la coalición PAN-PRD y MC. Donde más se incrementaron las tasas de hurto de vehículos automotores fueron Puebla, 123.9 por ciento, Quintana Roo, 102 por ciento y Tabasco 56.5 por ciento.
De enero a noviembre de 2017 huboo 23.1 mil homicidios dolosos, lo que representa 4 mil 400 casos más que en el mismo periodo del año anterior. Del total, 66% está en estados frentistas.
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Meade rechaza ser el padre de "gasolinazos"
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El precio del producto se determina internacionalmente y fluctúa con las condiciones de mercado, dice el aspirante presidencial de PRI-PVEM-Panal.
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El priista, ayer en Aguascalientes. (Ariana Pérez) |
ABRAHAM REZA
Aguascalientes
El precandidato del PRI-PVEM-Panal a la Presidencia de la República, José Antonio Meade, rechazó ser el padre de los gasolinazos, como afirmó ayer el aspirante de la coalición Por México al Frente, Ricardo Anaya, y dijo que el precio de la gasolina se determina a escala internacional y fluctúa de acuerdo con la oferta y la demanda.
Entrevistado en Aguascalientes, donde se reunió con la militancia del Partido Revolucionario Institucional (PRI), negó tajante ser el responsable del ajuste al alza al precio de los combustibles cuando era secretario de Hacienda.
—¿Entonces usted no es el padre de los gasolinazos en México? —se le preguntó.
—Efectivamente, como dice el clásico: “Tú lo has dicho, compañero”. Mira, el precio de la gasolina se determina internacionalmente, y fluctúa con las condiciones de costo —respondió el aspirante presidencial.
En este mismo acto, el aspirante de la coalición Meade Ciudadano por México detalló que está “escogiendo” las mejores promesas de campaña, pues las malas propuestas solo crean preocupación e incertidumbre.
“Hay propuestas que generan preocupación, y con la preocupación y la incertidumbre se caen la inversión y el empleo. Por eso vamos a tener que buscar una alternativa que genere confianza”.
Dijo que su principal objetivo es escoger una alternativa política que se traduzca en inversión y en un cambio verdadero.
“Vamos a tener que escoger y buscar una alternativa que genere esa confianza, una alternativa que reconozca con autocrítica qué es lo que tenemos que cambiar, una alternativa que reconozca justicia de lo que se está haciendo bien”, expresó el ex responsable de las finanzas del país.
Más tarde, Meade tuvo un encuentro con sus simpatizantes en el Parque Línea Verde, donde expresó que todas sus políticas públicas estarán focalizadas para responder a los distintos integrantes de la sociedad.
“La política pública tiene que ser focalizada, específica. No podemos hacer una política pública que no trate a todos igual, porque lo que queremos son las mismas oportunidades”.
Asimismo, el precandidato priista destacó la importancia que el adulto mayor tiene en la sociedad.
“Un adulto mayor tiene la necesidad de seguir preparándose continuamente en educación, cerrar espacios de preparación, dar ejemplo en su familia y ser un espacio de respeto”, detalló Meade.
Previo a este encuentro, el ex secretario de Hacienda bromeó en torno a la publicación realizada hace unos días por el diario Financial Times, en la que se le predecía como un candidato imparable durante las elecciones presidenciales.
“Si tomamos en cuenta lo que dice la bruja Zulema, lo que dice el Financial Times y lo que dice la militancia, no cabe duda que vamos a ganar”, puntualizó.
En esta misma gira el precandidato aprovechó para comer con el sector empresarial y productivo de Aguascalientes, además de que aprovechó para recorrer un tramo del Parque Ecológico Línea Verde, que atraviesa 90 colonias de la capital hidrocálida.
Hoy, Meade sostendrá un encuentro con la militancia priista en el estado de Colima, en la ex Hacienda del Carmen.
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México cuenta con 262 mil mdd para enfrentar el 2018
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El país tiene este 'blindaje financiero' que podrá ser utilizado para enfrentar posibles presiones alcistas en el tipo de cambio, debido a riegos que se vislumbran para este año, tales como la renegociación del TLCAN, la reforma fiscal de EU y las elecciones.
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El escudo financiero de México ascendió a 261 mil 652 millones de dólares al cierre del 2017, de acuerdo con información del Banco de México y del Fondo Monetario Internacional. Parte de estos recursos podrían ser utilizados en 2018, en caso necesario, para enfrentar posibles presiones alcistas en el tipo de cambio.
“El blindaje financiero desempeña un papel importante, incluso psicológico, en caso de materializarse algunos de los riesgos que enfrentará México a todo lo largo del 2018”, declaró Gerardo Copca, director del despacho de asesoría Metanálisis.
Entre los riesgos que se vislumbran para este año se encuentran los relacionados con los términos finales de la negociación del Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN), los posibles cambios en los flujos de capitales en contra de México por los cambios fiscales aprobados en EU y las alzas esperadas en la tasa de referencia de la Reserva Federal. En tanto que en lo interno, las ‘sacudidas’ que podrían originarse por el proceso electoral, señaló.
El ‘blindaje financiero’ de la economía mexicana proviene de las reservas internacionales que se ubicaron, al cierre del pasado año, en 172 mil 802 millones de dólares y la línea de crédito flexible otorgada por el Fondo Monetario Internacional estimada en 88 mil 850 millones de dólares.
PESO RELATIVO
Los recursos del ‘blindaje financiero’ son suficientes para cumplir con los compromisos de México denominados en moneda extranjera.
Uno de los recursos más volátiles que, en otras ocasiones, ha originado una salida de recursos del país, se relaciona con la tenencia de extranjeros en el mercado de deuda gubernamental, de acuerdo con Copca.
Al pasado diciembre, la tenencia de extranjeros en valores gubernamentales, denominados en pesos, ascendió al equivalente de 108 mil 202 millones de dólares. En este caso, el ‘escudo financiero’ alcanza a cubrirlos en 2.42 veces, en caso de una salida extraordinaria del país de este tipo de inversiones.
En tanto que el ‘blindaje financiero’ cubre en 23.18 y 11.01 veces a los déficits estimados en la balanza comercial y en cuenta corriente para el presente año. Estos saldos negativos ascenderían a 11 mil 287 y 23 mil 771 millones de dólares, respectivamente, de acuerdo con una encuesta levantada por el Banco de México entre especialistas del sector privado.
La protección del ‘blindaje financiero’ puede tener un efecto limitado por los volúmenes operados en el mercado. En México, se negocian en promedio alrededor de 20 mil millones de dólares diarios, mientras que en el mercado externo, las operaciones con el peso mexicano superan el equivalente a más de 100 mil millones de dólares diariamente, de acuerdo con datos del Banco Internacional de Pagos.
APOYOS CAMBIARIOS
En total, en 2017, se apoyó a la operación del mercado cambiario con recursos por el equivalente de 7 mil 500 millones de dólares.
“En este año se podrían seguir utilizando las coberturas cambiarias para estabilizar y dar liquidez al mercado, sin descartar otras opciones en caso necesario”, consideró Gloribella Preigo, responsable del área de Análisis de Masari Casa de Bolsa.
Aumentó el precio del gas LP de $18.66 a $20 el kilo en 2 semanas
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Se disparará costo de mercancías, advierten comercios; no alcanza ni para carbón: consumidora
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| Vendedor de gas LP, en la Ciudad de México Foto María Luisa Severiano |
Juan Carlos Miranda, Rocío González, Mirna Servín, Julio Reyna Quiroz, Andrea Becerril y Georgina Saldierna; Juan Carlos Flores, Antonio Heras, Luis A. Boffil, Carlos García, Diana Manzo y Rubén Villalpando
Reporteros y Corresponsales
Sumada a la escalada de precios en las gasolinas y las tortillas, el precio del gas licuado de petróleo (LP) en cilindro, el combustible que utilizan siete de cada 10 hogares mexicanos para calentar agua y cocer alimentos, subió en los pasados 15 días 7.1 por ciento, al aumentar de 18.66 pesos por kilo a mediados de diciembre (precio ponderado en la Ciudad de México) a 20 pesos a partir de enero, de acuerdo con distintas cotizaciones realizadas este miércoles en empresas gaseras de la capital.
Tan sólo en 2017 en la Ciudad de México el precio ponderado del gas LP en cilindro subió casi 30 por ciento (27.4), al pasar de 14.64 pesos por kilogramo en enero a 18.66 pesos en diciembre, según cifras de la Comisión Reguladora de Energía (CRE).
No obstante, al hacer cotizaciones de precios en empresas gaseras de la capital, como Gas Nieto Express y Gas Uribe, se corroboró que el precio del gas LP en cilindro oscila entre 19.99 y 20 pesos.
Ha subido mucho. A principios de año el tanque de 10 kilos me costaba 120 pesos y ahora poco más de 200, pero es mi herramienta de trabajo, la otra sería echarle carbón otra vez, señaló Edgar Hernández, vendedor de barbacoa, cuyo negocio se ubica en la calle de Plutarco Elías Calles, delegación Iztapalapa, quien aseguró que consume cada dos días un tanque de 10 kilos y tanque y medio los fines de semana.
En lo que va del actual sexenio el precio del gas LP se ha incrementado 45.3 por ciento, pues según cifras de Petróleos Mexicanos (Pemex), el promedio ponderado nacional del litro de gas LP en cilindro subió de 12.94 pesos durante 2013 (el primer año de la administración actual), a 18.81 pesos a mediados de diciembre de 2017, de acuerdo con cifras de la CRE.
En el caso del gas estacionario el precio ponderado nacional registrado por la CRE pasó de 8.10 pesos por litro en enero de 2017 a 10.12 en diciembre, incremento de 2.02 pesos por litro o alza de 25 por ciento.
Sin embargo, este miércoles la empresa Gas Regio ofrecía el gas LP para tanque estacionario en 10.49 pesos, mientras que Gas Metropolitano manejaba 10.35 pesos por litro; Gas Nieto Express, 10.80, y Grupo Uribe, 10.37 pesos por litro.
Datos de la Secretaría de Energía (Sener) señalan que la demanda de gas LP ha disminuido alrededor de 1.5 por ciento en años recientes, principalmente ante la competencia del gas natural.
Durante el periodo 2005-2015, el consumo de gas LP cayó a una tasa anual de 1.2 por ciento debido al decremento general en el uso del combustible por los sectores residencial, servicios, autotransporte, industrial, petrolero y agropecuario.
La CRE explicó que a partir de la liberalización de los precios, el primero de enero de 2017, el costo que ahora pagan los consumidores finales está compuesto por los mayoristas, los costos de logística y el margen de los distribuidores.
Sin embargo, funcionarios de la dependencia han explicado que 2017 fue atípico debido a que los precios de referencia internacionales, principalmente los de la ciudad texana de Mont Belvieu, de donde se importa la mayoría del gas LP que se consume en el país, empezaron a subir tres meses antes de lo que regularmente lo hacen, que es cuando llega la temporada de frío, después de septiembre.
Este año; sin embargo, los precios se incrementaron en junio influidos por un incremento en la demanda asiática, cuyas importaciones desde Estados Unidos crecieron 639 por ciento entre 2014 y 2017.
Los incrementos de precios en los pasados meses se explican en gran medida por el comportamiento de la referencia internacional, que ha aumentado más de 69.11 por ciento entre junio y noviembre, señala una presentación de la CRE sobre las características del mercado.
Se eleva 50% en Colima
En Colima el costo del gas LP subió más de 50 por ciento en dos años.
En enero de 2016 el precio del gas LP en esa ciudad –donde tres empresas son las principales distribuidoras, Global Gas, Emigas y Gas Oro– era de 401 pesos el cilindro de 30 kilogramos, y paulatinamente se incrementó a 616.50 pesos. Según la Secretaría de Economía, Global Gas es una empresa monopólica en Colima, que impide una disminución de precios del producto para beneficio de los consumidores.
En Baja California el tanque de gas de 45 kilos cuesta mil pesos, cuando en octubre era de 874 pesos, 126 pesos más en dos meses, de acuerdo con amas de casa.
En Yucatán los precios del gas LP son: 390 pesos el tanque de 20 kilos y 420 el de 40. En ambos casos, los precios aumentaron 20 pesos en un año.
Las gasolinas Magna y Premium subieron en Guanajuato 40 centavos en promedio respecto de diciembre, cuando costaban 16.19 y 17.87, mientras ayer subieron a 16.60 y 18.35, respectivamente.
A su vez, taxistas colectivos de Unión Hidalgo, Oaxaca, aumentaron su tarifa básica cinco pesos, de 25 a 30, debido al alza a la gasolina.
En 400 pesos, tanque de 20 kg
En la carrera alcista de precios con la que comenzó el año, el incremento al gas –que pasó de 386 a 400 pesos el tanque de 20 kilos–, es el que más preocupación generó entre los habitantes de la Ciudad de México.
Ni para cocinar con carbón, porque lo encuentras a 20 pesos el kilo y necesitas por lo menos dos para una comida, expresó Evangelina Sosa, quien refirió que en cada entrega de gas subía entre cinco y ocho pesos el tanque, pero ahora fueron 14 pesos de un jalón.
El presidente de la Canaco capitalina, Humberto Lozano, indicó que el alza afectará por igual a particulares y comerciantes, quienes ya analizan en qué porcentaje incrementarán sus productos en sus respectivos negocios. Se trata, agregó, de un aumento de 46 por ciento del combustible en relación con enero del año pasado.
Mientras festejábamos nos la dejaron ir
Con la gasolina Premium a más de 19 pesos en algunos sitios de la Ciudad de México y la zona conurbada, propietarios de autos y despachadores de estaciones de servicios criticaron el alza en los combustibles.
Mientras festejábamos (por el fin de año), nos la dejaron ir, expresó el empleado de una gasolinera de la capital. La gasolinera en la que labora, ubicada en la avenida División del Norte, al sur de la capital, vendió el martes a 19.04 pesos el litro de gasolina Premium.
Dijo que en la última semana de diciembre el costo del combustible era inferior a 19 pesos.
La propietaria de una camioneta SUV modelo 2012 dejó de adquirir la gasolina Premium conforme su precio comenzó a aumentar a partir de 2013 y 2014. Desde entonces compra gasolina regular (Magna). Consultada al respecto, la conductora lamentó tener que comprar la gasolina Magna, pues considera que perjudica el motor de su auto y el medio ambiente.
El consumidor no sólo debe lidiar con el costo elevado del combustible, sino además con el engaño en el despacho de gasolinas.
Un automovilista optó por comprar un bidón de 20 litros porque, aseguró, ahí no hay pierde; yo sé cuánto me venden, señaló el consumidor mientras compraba combustible en una estación de servicio en el municipio de Ecatepec, estado de México.
Herencia de Meade: PAN
El dirigente nacional del PAN, Damián Zepeda, resaltó ayer que el aumento en las gasolinas registrado al iniciar el año, es fruto de la reforma fiscal que impulsó el PRI y encabezó José Antonio Meade, ex secretario de Hacienda y actual precandidato del PRI a la Presidencia.
Recordó que la carga impositiva representa 40 por ciento del costo de los combustibles y ello es herencia del candidato del sistema. Que no se nos olvide, subrayó durante una gira por Veracruz, donde dijo que las elecciones en aquella entidad serán máxima prioridad para Acción Nacional.
Al participar en el inicio de la precampaña de Miguel Ángel Yunes Márquez, aspirante a la gubernatura del estado, Zepeda señaló que Meade se esfuerza todos los días por decir que el gobierno de Peña Nieto da resultados y que él va a continuar por ese rumbo, pese a las malas cifras que registra esta administración y que indican que no es correcto el camino que lleva el país.
Exigen PT, Morena y PRD al gobierno dejar de mentir
Senadores de PT, Morena y PRD exigieron al gobierno federal dejar de mentir y aceptar que aumentaron el precio de la gasolina y advirtieron que la elevación en el costo del combustible confirma el fracaso de la reforma energética.
No se cumplió ninguna de las promesas, en lugar de bajar los combustibles aumentaron, para beneficio de un grupo de empresarios amigos del gobierno, advirtió el senador Luis Humberto Fernández, del PT-Morena.
“Preocupa que el gobierno federal no hable con claridad. No aprobamos la reforma energética para que siguieran con los gasolinazos”, advirtió a su vez, el senador del PAN Héctor Larios. Dijo que el gobierno federal miente, ya que aumentó la gasolina y otros combustibles, pero lo que más alarma es el terrible incremento al gas LP, cuyo precio se fue elevando durante 2017, a tal grado que el tanque de 45 kilos vale ya mil pesos.
Impedirá Profeco “utilidades impúdicas” por alza en la tortilla
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Los precios no pueden ser a capricho del industrial de la masa. Las declaraciones “bordean inequívocamente en la violación flagrante de las disposiciones de la Ley Federal de Competencia Económica”
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ADRIÁN ARIAS
La Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco) no permitirá que los empresarios de la industria de la tortilla obtengan “utilidades impúdicas” como resultado de un incremento injustificado en los precios de ese producto, por lo que en caso de detectar aumentos indebidos podría clausurar los establecimientos.
“No queremos que los productores de la masa y de la tortilla pierdan dinero, de ninguna manera, pero no vamos a permitir que haya utilidades impúdicas en esto”, dijo Rogelio Cerda Pérez, titular del organismo.
Refirió que la Profeco recibió ya dos quejas de los consumidores respecto al incremento en el precio de este alimento en Michoacán y Guerrero, y recordó que la media nacional del precio es de 13.06 pesos por kilo.
Explicó que en cada entidad, ciudad y, sobre todo, áreas metropolitanas se debe tener una explicación del aumento en el precio de la tortilla: “No puede ser a voluntad caprichosa del industrial de la masa”, enfatizó. También dijo que las declaraciones difundidas por los empresarios sobre una posible alza “bordean inequívocamente en la violación flagrante de las disposiciones de la Ley Federal de Competencia Económica”.
Prácticas monopólicas. Ayer, Rogelio Garza, subsecretario de Industria y Comercio de la Secretaría de Economía, aseveró que este tipo de declaraciones puede llegar a constituir prácticas monopólicas, al tratarse de un acuerdo entre competidores y decisiones tomadas con el objetivo de manipular los precios.
En establecimientos y expendios de la Ciudad de México, se vende en 12.21 pesos; en Monterrey se ofrece entre 14.88 y 15 pesos y en Guadalajara está hasta en 14 pesos, explicó la Profeco.
El titular de la Procuraduría enfatizó que no tolerará ninguna especulación más allá de una utilidad razonable en los 52 productos de la canasta básica mexicana y, de detectar algún caso, las sanciones podrían llegar hasta clausurar parcial o definitivamente el establecimiento.
Comentó que la Profeco intensificará su monitoreo y verificación en los expendios y establecimientos comerciales de masa y tortilla para evitar irregularidades: “Estaremos atentos para recibir sus quejas sobre cualquier irregularidad”, expuso Cerda Pérez.
Lo anterior después de que la Unión Nacional de Industriales de Molinos y Tortilla (Unimtac) diera a conocer el posible aumento de entre 1.50 y 3.00 pesos por kilogramo, debido al incremento de los insumos utilizados -gas, energía eléctrica y maíz- para la elaboración de la tortilla.
“No queremos que los productores de la masa y de la tortilla pierdan dinero, de ninguna manera, pero no vamos a permitir que haya utilidades impúdicas en esto”, dijo Rogelio Cerda Pérez, titular del organismo.
Refirió que la Profeco recibió ya dos quejas de los consumidores respecto al incremento en el precio de este alimento en Michoacán y Guerrero, y recordó que la media nacional del precio es de 13.06 pesos por kilo.
Explicó que en cada entidad, ciudad y, sobre todo, áreas metropolitanas se debe tener una explicación del aumento en el precio de la tortilla: “No puede ser a voluntad caprichosa del industrial de la masa”, enfatizó. También dijo que las declaraciones difundidas por los empresarios sobre una posible alza “bordean inequívocamente en la violación flagrante de las disposiciones de la Ley Federal de Competencia Económica”.
Prácticas monopólicas. Ayer, Rogelio Garza, subsecretario de Industria y Comercio de la Secretaría de Economía, aseveró que este tipo de declaraciones puede llegar a constituir prácticas monopólicas, al tratarse de un acuerdo entre competidores y decisiones tomadas con el objetivo de manipular los precios.
En establecimientos y expendios de la Ciudad de México, se vende en 12.21 pesos; en Monterrey se ofrece entre 14.88 y 15 pesos y en Guadalajara está hasta en 14 pesos, explicó la Profeco.
El titular de la Procuraduría enfatizó que no tolerará ninguna especulación más allá de una utilidad razonable en los 52 productos de la canasta básica mexicana y, de detectar algún caso, las sanciones podrían llegar hasta clausurar parcial o definitivamente el establecimiento.
Comentó que la Profeco intensificará su monitoreo y verificación en los expendios y establecimientos comerciales de masa y tortilla para evitar irregularidades: “Estaremos atentos para recibir sus quejas sobre cualquier irregularidad”, expuso Cerda Pérez.
Lo anterior después de que la Unión Nacional de Industriales de Molinos y Tortilla (Unimtac) diera a conocer el posible aumento de entre 1.50 y 3.00 pesos por kilogramo, debido al incremento de los insumos utilizados -gas, energía eléctrica y maíz- para la elaboración de la tortilla.
Frente impugna Ley de Seguridad Interior... pero en sus estados polis reprueban
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En estados donde gobierna PAN-PRD, partidos que anunciaron que presentarán un recurso de inconstitucionalidad ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) para tirar la Ley de Seguridad Interior, se cuentan con policías que reprobaron en competencias y desempeño; es decir, están poco capacitados.
De acuerdo con el documento Modelo Óptimo de la Función Policial, que indica un estándar mínimo de 1.8 policías por cada mil habitantes, Quintana Roo, a cargo de Carlos Joaquín González, tiene apenas 0.8 policías por cada mil habitantes; en la misma situación se encuentra Nayarit, entidad gobernada por Antonio Echevarría, con 0.8 y le sigue Veracruz, de Miguel Ángel Yunes, con 0.7 por cada mil.
En Chihuahua y en Durango, donde gobiernan los panistas Javier Corral y José Rosas Aispuro, respectivamente, cuentan con 0.5 elementos policiacos por cada mil ciudadanos, mientras que en Aguascalientes, con Martín Orozco a la cabeza, tienen 0.4 al igual que Baja California Sur, en tanto que Baja California sólo cuenta con 0.3 policías.
El Dato: Las entidades federativas requieren formar a 115 mil 943 nuevos elementos para alcanzar el estándar mínimo de 1.8 policías por cada mil habitantes.
De acuerdo con el reporte elaborado por la Secretaría de Gobernación, en Nayarit y en Baja California Sur no fue aprobado el control de confianza de 30 por ciento de sus policías, en tanto en Veracruz no lo pasó 15 por ciento.
Indica que de las academias de policía podrían egresar 24 mil 374 elementos anuales “considerando el programa de formación inicial del perfil de policía preventivo (seis meses) con base en su capacidad de pernocta para cadetes”.
Señala que sólo seis de las 39 academias e Institutos de Formación Policial cumplen con los 12 rubros requeridos, como son aulas suficientes para la matrícula, sala de juicios orales, comedor, cocina, dormitorios suficientes para alumnos de pernocta, pista de prueba física, sala con equipo audiovisual, servicio médico, estand de tiro, área de entrenamiento y pista de práctica vehicular.
Nayarit, por ejemplo, no tiene ninguna capacidad de pernocta; Quintana Roo, con 96; Aguascalientes, 144, y Baja California Sur, con 60.
En cuanto a remuneraciones mensuales que refiere un promedio nacional de 9 mil 933 pesos, el gobierno de Nayarit les paga a sus policías 7 mil 56 pesos, además de que no les otorga seguro de vida, servicio médico ni créditos para vivienda.
El Modelo Óptimo de la Función Policial, también destaca que Baja California Sur y Nayarit no brindan apoyos para sus elementos policiacos caídos en cumplimiento de su deber; que Baja California y de nueva cuenta el estado gobernado por Echevarría no tienen fondos de ahorro para sus policías, mientras que Durango, Nayarit, Baja California Sur, Quintana Roo y Baja California no otorgan becas escolares a los hijos de los policías.
Hoy la alianza legislativa Por México al Frente, que integran el PAN, PRD y Movimiento Ciudadano, tendrá listo el fundamento jurídico contra la Ley de Seguridad Interior y presentará la acción de inconstitucionalidad ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) antes del 15 de enero.
Francisco Martínez Neri, coordinador de la bancada del PRD en la Cámara de Diputados, indicó que el fundamento jurídico para controvertir la Ley de Seguridad Interior se trabaja con expertos de San Lázaro.
Agregó que una vez que se dé a conocer el documento, los coordinadores del PAN, PRD y MC comenzarán a recolectar firmas en contra de este nuevo ordenamiento que fija las reglas para que las Fuerzas Armadas combatan al crimen organizado.
El legislador del sol azteca aseguró que el líder del PAN en la Cámara baja, Marko Cortés, respalda la controversia, excepto 10 legisladores del blanquiazul que votaron a favor de la ley y que la propuesta tiene todo el apoyo del partido naranja.
De acuerdo con el documento Modelo Óptimo de la Función Policial, que indica un estándar mínimo de 1.8 policías por cada mil habitantes, Quintana Roo, a cargo de Carlos Joaquín González, tiene apenas 0.8 policías por cada mil habitantes; en la misma situación se encuentra Nayarit, entidad gobernada por Antonio Echevarría, con 0.8 y le sigue Veracruz, de Miguel Ángel Yunes, con 0.7 por cada mil.
En Chihuahua y en Durango, donde gobiernan los panistas Javier Corral y José Rosas Aispuro, respectivamente, cuentan con 0.5 elementos policiacos por cada mil ciudadanos, mientras que en Aguascalientes, con Martín Orozco a la cabeza, tienen 0.4 al igual que Baja California Sur, en tanto que Baja California sólo cuenta con 0.3 policías.
El Dato: Las entidades federativas requieren formar a 115 mil 943 nuevos elementos para alcanzar el estándar mínimo de 1.8 policías por cada mil habitantes.
De acuerdo con el reporte elaborado por la Secretaría de Gobernación, en Nayarit y en Baja California Sur no fue aprobado el control de confianza de 30 por ciento de sus policías, en tanto en Veracruz no lo pasó 15 por ciento.
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Señala que sólo seis de las 39 academias e Institutos de Formación Policial cumplen con los 12 rubros requeridos, como son aulas suficientes para la matrícula, sala de juicios orales, comedor, cocina, dormitorios suficientes para alumnos de pernocta, pista de prueba física, sala con equipo audiovisual, servicio médico, estand de tiro, área de entrenamiento y pista de práctica vehicular.
Nayarit, por ejemplo, no tiene ninguna capacidad de pernocta; Quintana Roo, con 96; Aguascalientes, 144, y Baja California Sur, con 60.
En cuanto a remuneraciones mensuales que refiere un promedio nacional de 9 mil 933 pesos, el gobierno de Nayarit les paga a sus policías 7 mil 56 pesos, además de que no les otorga seguro de vida, servicio médico ni créditos para vivienda.
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El Modelo Óptimo de la Función Policial, también destaca que Baja California Sur y Nayarit no brindan apoyos para sus elementos policiacos caídos en cumplimiento de su deber; que Baja California y de nueva cuenta el estado gobernado por Echevarría no tienen fondos de ahorro para sus policías, mientras que Durango, Nayarit, Baja California Sur, Quintana Roo y Baja California no otorgan becas escolares a los hijos de los policías.
Hoy la alianza legislativa Por México al Frente, que integran el PAN, PRD y Movimiento Ciudadano, tendrá listo el fundamento jurídico contra la Ley de Seguridad Interior y presentará la acción de inconstitucionalidad ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) antes del 15 de enero.
Francisco Martínez Neri, coordinador de la bancada del PRD en la Cámara de Diputados, indicó que el fundamento jurídico para controvertir la Ley de Seguridad Interior se trabaja con expertos de San Lázaro.
Agregó que una vez que se dé a conocer el documento, los coordinadores del PAN, PRD y MC comenzarán a recolectar firmas en contra de este nuevo ordenamiento que fija las reglas para que las Fuerzas Armadas combatan al crimen organizado.
El legislador del sol azteca aseguró que el líder del PAN en la Cámara baja, Marko Cortés, respalda la controversia, excepto 10 legisladores del blanquiazul que votaron a favor de la ley y que la propuesta tiene todo el apoyo del partido naranja.
México debe intensificar sus esfuerzos contra blanqueo: GAFI
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no se persigue el decomiso del producto, CONCLUYE EVALUACIÓN
De forma sistemática, este delito no es investigado ni perseguido penalmente.
Edgar Juárez
El Grupo de Acción Financiera (GAFI) ha concluido que México tiene un régimen contra el lavado de dinero y financiamiento del terrorismo, maduro y con un marco legal e institucional bien desarrollados. Sin embargo, considera que debe intensificar sus esfuerzos para perseguir a los blanqueadores de activos, además de confiscar sus activos para mitigar los riesgos significativos, entre otros.
En el Informe de Evaluación Mutua que fue adoptado en su reunión plenaria de noviembre pasado y que se basó en la visita que realizó a México en el 2016, el GAFI destaca que pese a que ha habido avances desde el 2008 (fecha de la última evaluación), y que tanto autoridades como jugadores del sistema financiero comprenden bien la problemática, el país se enfrenta a un riesgo significativo de lavado de dinero, proveniente principalmente de las actividades generalmente asociadas con la delincuencia organizada como el tráfico de drogas, la extorsión, la corrupción y la evasión fiscal.
En el reporte, el organismo internacional señala que pese a que la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF)—dependiente de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público— funciona bien, el volumen de inteligencia comunicado a la Procuraduría General de la República (PGR) es limitado en cantidad, lo que da lugar a un bajo número de investigaciones de este tipo.
De igual forma, refiere que hasta hace relativamente poco, la PGR no consideraba la identificación e investigación del lavado de dinero como una de sus prioridades clave.
“El lavado de activos no es investigado ni perseguido penalmente de manera proactiva y sistemática, sino de manera reactiva, caso por caso (...) en vista de las serias amenazas que representan los principales delitos determinantes (por ejemplo, la delincuencia organizada o el tráfico de drogas), las autoridades competentes parecen otorgar mucha más prioridad a la investigación de estos delitos que al lavado. Consecuentemente, la cantidad de acciones penales y condenas por casos de lavado es muy baja”, explica.
Asimismo, el organismo menciona que se detectaron deficiencias significativas en el modo en el que se investigan los casos de lavado de dinero. “Específicamente, sólo muy raramente se realizan investigaciones financieras paralelas y el lavado rara vez es perseguido penalmente como un delito autónomo. El nivel de corrupción que afecta a las autoridades de orden público, en particular en el ámbito de los estados, socava su capacidad para investigar y perseguir penalmente los delitos graves”.
De forma sistemática, este delito no es investigado ni perseguido penalmente.
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El Grupo de Acción Financiera (GAFI) ha concluido que México tiene un régimen contra el lavado de dinero y financiamiento del terrorismo, maduro y con un marco legal e institucional bien desarrollados. Sin embargo, considera que debe intensificar sus esfuerzos para perseguir a los blanqueadores de activos, además de confiscar sus activos para mitigar los riesgos significativos, entre otros.
En el Informe de Evaluación Mutua que fue adoptado en su reunión plenaria de noviembre pasado y que se basó en la visita que realizó a México en el 2016, el GAFI destaca que pese a que ha habido avances desde el 2008 (fecha de la última evaluación), y que tanto autoridades como jugadores del sistema financiero comprenden bien la problemática, el país se enfrenta a un riesgo significativo de lavado de dinero, proveniente principalmente de las actividades generalmente asociadas con la delincuencia organizada como el tráfico de drogas, la extorsión, la corrupción y la evasión fiscal.
En el reporte, el organismo internacional señala que pese a que la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF)—dependiente de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público— funciona bien, el volumen de inteligencia comunicado a la Procuraduría General de la República (PGR) es limitado en cantidad, lo que da lugar a un bajo número de investigaciones de este tipo.
De igual forma, refiere que hasta hace relativamente poco, la PGR no consideraba la identificación e investigación del lavado de dinero como una de sus prioridades clave.
“El lavado de activos no es investigado ni perseguido penalmente de manera proactiva y sistemática, sino de manera reactiva, caso por caso (...) en vista de las serias amenazas que representan los principales delitos determinantes (por ejemplo, la delincuencia organizada o el tráfico de drogas), las autoridades competentes parecen otorgar mucha más prioridad a la investigación de estos delitos que al lavado. Consecuentemente, la cantidad de acciones penales y condenas por casos de lavado es muy baja”, explica.
Asimismo, el organismo menciona que se detectaron deficiencias significativas en el modo en el que se investigan los casos de lavado de dinero. “Específicamente, sólo muy raramente se realizan investigaciones financieras paralelas y el lavado rara vez es perseguido penalmente como un delito autónomo. El nivel de corrupción que afecta a las autoridades de orden público, en particular en el ámbito de los estados, socava su capacidad para investigar y perseguir penalmente los delitos graves”.
NO SE IDENTIFICA AL BENEFICIARIO FINAL
En su informe, el GAFI también comenta que no se persigue el decomiso del producto ni los instrumentos del delito de forma sistemática. “Las autoridades no están utilizando las medidas cautelares a su disposición en forma apropiada y oportuna, excepto por el uso de la lista de personas bloqueadas de la UIF. No se decomisa en forma adecuada el efectivo sospechoso y falsamente declarado”.
Señala, además, como una preocupación grave a lo largo de todos los sectores, el que se identifica al beneficiario final solamente de forma limitada, influyendo sistemáticamente en la efectividad de las entidades en relación con la evaluación y la gestión de riesgos de lavado dinero y financiamiento al terrorismo.
“En gran medida debido a las debilidades en el marco jurídico, las instituciones financieras intentan identificar a los beneficiarios finales, sólo en circunstancias limitadas. Cuando deben identificar a los beneficiarios finales (personas jurídicas consideradas de alto riesgo y personas físicas), las instituciones financieras depositan una confianza indebida en la autodeclaración de los clientes para identificar a los beneficiarios finales”, puntualiza.
Agrega: “para la mayoría de las personas jurídicas que no está categorizada como de grado de riesgo alto, las instituciones financieras solamente tienen información sobre la propiedad legal superficial de los clientes corporativos sin buscar alcanzar a las personas físicas que, en última instancia, poseen o controlan la entidad. Otras instituciones generalmente creen que no es su función identificar a los beneficiarios finales”.
FISCALIZACIÓN DE OTROS ENTES, MENOS DESArROLLADA
Por otra parte, el GAFI argumenta que si bien los supervisores del sector financiero tienen una buena comprensión de los riesgos de los sectores de los cuales son responsables y han implementado enfoques basados en el riesgo, la fiscalización de otras entidades se encuentra menos desarrollada y cuenta significativamente con menos recursos, lo que ha derivado en que, hasta la fecha, no se hayan aplicado sanciones de manera efectiva, disuasiva y proporcionada.
“Si bien (el sector financiero) reconoce la amenaza general de la delincuencia organizada que enfrenta México, la apreciación por parte de las profesiones y actividades no financieras designadas de los riesgos de lavado de dinero parece limitada”, enfatiza.
Indica que aunque México finalizó su Evaluación Nacional de Riesgo en junio del 2016 y desde entones adoptó varias acciones de alto nivel para mitigar los riesgos identificados, éstas no fueron lo suficientemente integrales ni prioritarias como para resultar en una adecuada asignación de recursos en el ámbito federal, estatal y comunitario.
SE PODRÍA HACER MÁS EN PREVENCIÓN DEL FINANCIAMIENTO AL TERRORISMO
En cuanto al combate al financiamiento al terrorismo, el organismo internacional detalla que, en general, México tiene un marco institucional y legal, vigente, sólido para investigarlo y perseguirlo, así como para imponer sanciones.
“No obstante, podría hacer más para garantizar que las autoridades pertinentes estén mejor equipadas, con las herramientas correctas, en cuanto a capacitación, experiencia y establecimiento de prioridades, a fin de que sean más capaces de detectar y desbaratar el financiamiento al terrorismo de forma efectiva”, explica.
BANCOS, LOS DE MAYOR RIESGO
En el informe, el GAFI destaca que los bancos son lo que están en mayor riesgo, aunque otros sectores también son vulnerables a las actividades de blanqueo.
Y añade: “Los bancos dominan el sector financiero, manejan un gran volumen de operaciones y están bien interconectados con el sistema financiero internacional. Las casas de bolsa y otras entidades, especialmente los prestadores de servicios de fe pública y los agentes inmobiliarios, participan en un alto volumen de operaciones y están expuestos a las amenazas de lavado de dinero”.
se deben asignar más recursos y aumentar especialización del personal
Recomiendan “priorizar la investigación del blanqueo”
Ante este escenario, el GAFI en su informe recomienda una serie de acciones prioritarias para México, a fin de reforzar el combate al lavado de dinero y financiamiento al terrorismo.
En primer lugar, recomienda priorizar la investigación del lavado de dinero y asignar recursos adicionales, además de fortalecer la investigación financiera y la coordinación interna dentro de las unidades fiscales a nivel federal y estatal; mientras que la PGR debería aumentar el nivel de especialización de sus unidades.
También, dice, integrar el decomiso como un objetivo dentro de las políticas del combate al lavado de dinero y financiamiento al terrorismo; mejorar la calidad de los reportes brindando mayor orientación a los sujetos obligados, y aumentar las comunicaciones de la Unidad de Inteligencia Financiera para respaldar las investigaciones.
Recomienda iniciar investigaciones financieras paralelas de conformidad con los riesgos de México, y mejorar la comprensión de las instituciones financieras y otras entidades (particularmente los notarios, abogados y contadores) en relación con los riesgos generados por la corrupción y su capacidad de gestionar dichos riesgos.
De igual forma, fortalecer las medidas de beneficiario final, y revisar las penas financieras a los supervisores para establecer si pueden ser aplicadas en forma realista para que sean efectivas, especialmente en las instituciones financieras más grandes.
Finalmente, adoptar las medidas legislativas necesarias para permitir que México brinde la cooperación internacional más amplia.
“La PGR debería ser más proactiva hacia las investigaciones de lavado de dinero que tienen una dimensión trasnacional”, concluye.
En este sentido, la Secretaría de Hacienda manifestó su compromiso para fortalecer las áreas de oportunidad detectadas.
“Pero sobre todo para continuar salvaguardando el sistema financiero nacional y la supervisión de las actividades vulnerables a fin de tener una economía sólida, que siga cumpliendo con los mejores estándares internacionales en la materia, de forma que se garanticen las condiciones para prevenir las amenazas del lavado de dinero, el financiamiento al terrorismo y la proliferación de armas de destrucción masiva”.
Crece 54% subsidio a gasolinas
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Ender Marcano y Enrique Hernández
Para frenar el aumento en los precios de los combustibles en los primeros días del año, la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) anunció un subsidio fiscal de 425 millones de pesos diarios.
Del 1 al 5 de enero de 2018, la máxima autoridad fiscal aumentó 54 por ciento el estímulo fiscal al Impuesto Especial sobre Producción y Servicios (IEPS), con respecto a una semana previa (23 al 31 de diciembre), de 275 millones de pesos diarios.
El IEPS que recauda la SHCP por la venta de gasolinas Magna, Premium y Diesel ha aumentado en los últimos tres años.
“Observamos un incremento significativo de los estímulos fiscales por parte de la SHCP para tratar de moderar las presiones al alza en los precios finales de los combustibles”, justificó Rafael Camarena, economista de Santander.
Las alzas por combustible, según el economista, fueron de 57 por ciento para la gasolina Magna, así como de 1,344 por ciento para la Premium. De acuerdo con decreto publicado en el Diario Oficial de la Federación (DOF), el estímulo fiscal del Diesel subió 34.92 por ciento.
A partir del 30 de noviembre de 2017, los precios al público de las gasolinas y el diesel están siendo determinados por cada estación de servicio del país, sin que exista un precio máximo o un precio único determinado por el gobierno federal.
“Como parte del proceso de transición en la apertura del mercado de combustibles, durante 2018 se continuarán amortiguando las variaciones en los precios internacionales de los combustibles”, informó la dependencia a cargo de José Antonio González Anaya.
El esquema de estímulos semanales al IEPS ha operado desde febrero de 2017, un mes después de que una alza desproporcionada de los combustibles provocaron una ola de saqueos en todo el país.
La estrategia fiscal lanzada por la SHCP contrasta con el discurso del presidente Enrique Peña Nieto, quien el 6 de enero de 2017 informó que no mantendría un precio artificial de los combustibles, y que por eso se daban esos aumentos desproporcionados.
“Tratar de mantener el precio artificial de las gasolinas nos hubiera obligado a recortar programas sociales, a subir impuestos o incrementar la deuda del país”, dijo el Presidente hace ya casi un año. Expresó que de mantenerse un precio artificial de gasolina en 2017, como el de diciembre de 2016, habría significado un costo adicional de 200 mil millones de pesos.
“Este monto equivale a paralizar por cuatro meses todos los servicios del Seguro Social o interrumpir por dos años los apoyos que entrega el programa Prospera a casi 7 millones de familias”, expresó Peña Nieto.
Por su parte, según datos de Petróleos Mexicanos (Pemex) y la Comisión Reguladora de Energía (CRE), en diciembre de 2016 el precio promedio del combustible era de 14.4 pesos por litro. Para el 2 de enero de este año ese valor fue de 17 pesos. En el mismo lapso, el precio del petróleo creció 17 por ciento.
La CRE ha informado que tras la liberación del precio de las gasolinas no ha habido alzas abruptas. En el caso de la región centro del país, la última en liberar su precio, la CRE ha registrado un aumento promedio de 20 centavos en las gasolinas desde el 30 de noviembre, lo que equivale a ocho pesos más por cada tanque de combustible.
Roberto Díaz de León, presidente de Onexpo Nacional, comentó a El Heraldo de México que el empresario gasolinero ya está viendo cuál es el margen real que va a obtener para poder competir de manera eficiente y rentable, y es una de las razones por las que no ha habido incrementos pronunciados.
Con respecto a los futuros precios dijo que “nosotros no traemos esa sensibilidad de ver el precio de los refinados que se cotizan en dólares, así que no quisiéramos hablar de una perspectiva de precios porque sería irresponsable”.
Sin embargo, destacó como favorable el suavizamiento que mantiene la Secretaría de Hacienda para este 2018, que impide alzas abruptas en el precio final. Para Díaz de León esta medida “da certidumbre al mercado y a los consumidores”, de que no habrá un desfase importante en los precios.
Algo que evitaría el esquema que tiene la Secretaría de Hacienda y Crédito Público es lo que sucedió en las gasolineras de la costa del Golfo de México en Estados Unidos, tras el paso del huracán Harvey. En apenas dos semanas el precio del combustible subió 16 por ciento para los consumidores, un alza que con el suavizamiento de Hacienda se distribuiría en el tiempo.
Para frenar el aumento en los precios de los combustibles en los primeros días del año, la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) anunció un subsidio fiscal de 425 millones de pesos diarios.
Del 1 al 5 de enero de 2018, la máxima autoridad fiscal aumentó 54 por ciento el estímulo fiscal al Impuesto Especial sobre Producción y Servicios (IEPS), con respecto a una semana previa (23 al 31 de diciembre), de 275 millones de pesos diarios.
El IEPS que recauda la SHCP por la venta de gasolinas Magna, Premium y Diesel ha aumentado en los últimos tres años.
“Observamos un incremento significativo de los estímulos fiscales por parte de la SHCP para tratar de moderar las presiones al alza en los precios finales de los combustibles”, justificó Rafael Camarena, economista de Santander.
Las alzas por combustible, según el economista, fueron de 57 por ciento para la gasolina Magna, así como de 1,344 por ciento para la Premium. De acuerdo con decreto publicado en el Diario Oficial de la Federación (DOF), el estímulo fiscal del Diesel subió 34.92 por ciento.
A partir del 30 de noviembre de 2017, los precios al público de las gasolinas y el diesel están siendo determinados por cada estación de servicio del país, sin que exista un precio máximo o un precio único determinado por el gobierno federal.
“Como parte del proceso de transición en la apertura del mercado de combustibles, durante 2018 se continuarán amortiguando las variaciones en los precios internacionales de los combustibles”, informó la dependencia a cargo de José Antonio González Anaya.
El esquema de estímulos semanales al IEPS ha operado desde febrero de 2017, un mes después de que una alza desproporcionada de los combustibles provocaron una ola de saqueos en todo el país.
La estrategia fiscal lanzada por la SHCP contrasta con el discurso del presidente Enrique Peña Nieto, quien el 6 de enero de 2017 informó que no mantendría un precio artificial de los combustibles, y que por eso se daban esos aumentos desproporcionados.
“Tratar de mantener el precio artificial de las gasolinas nos hubiera obligado a recortar programas sociales, a subir impuestos o incrementar la deuda del país”, dijo el Presidente hace ya casi un año. Expresó que de mantenerse un precio artificial de gasolina en 2017, como el de diciembre de 2016, habría significado un costo adicional de 200 mil millones de pesos.
“Este monto equivale a paralizar por cuatro meses todos los servicios del Seguro Social o interrumpir por dos años los apoyos que entrega el programa Prospera a casi 7 millones de familias”, expresó Peña Nieto.
Por su parte, según datos de Petróleos Mexicanos (Pemex) y la Comisión Reguladora de Energía (CRE), en diciembre de 2016 el precio promedio del combustible era de 14.4 pesos por litro. Para el 2 de enero de este año ese valor fue de 17 pesos. En el mismo lapso, el precio del petróleo creció 17 por ciento.
La CRE ha informado que tras la liberación del precio de las gasolinas no ha habido alzas abruptas. En el caso de la región centro del país, la última en liberar su precio, la CRE ha registrado un aumento promedio de 20 centavos en las gasolinas desde el 30 de noviembre, lo que equivale a ocho pesos más por cada tanque de combustible.
Roberto Díaz de León, presidente de Onexpo Nacional, comentó a El Heraldo de México que el empresario gasolinero ya está viendo cuál es el margen real que va a obtener para poder competir de manera eficiente y rentable, y es una de las razones por las que no ha habido incrementos pronunciados.
Con respecto a los futuros precios dijo que “nosotros no traemos esa sensibilidad de ver el precio de los refinados que se cotizan en dólares, así que no quisiéramos hablar de una perspectiva de precios porque sería irresponsable”.
Sin embargo, destacó como favorable el suavizamiento que mantiene la Secretaría de Hacienda para este 2018, que impide alzas abruptas en el precio final. Para Díaz de León esta medida “da certidumbre al mercado y a los consumidores”, de que no habrá un desfase importante en los precios.
Algo que evitaría el esquema que tiene la Secretaría de Hacienda y Crédito Público es lo que sucedió en las gasolineras de la costa del Golfo de México en Estados Unidos, tras el paso del huracán Harvey. En apenas dos semanas el precio del combustible subió 16 por ciento para los consumidores, un alza que con el suavizamiento de Hacienda se distribuiría en el tiempo.
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