lunes, 29 de enero de 2018

Titulares de los Principales Medios de Circulación Nacional.


Piden a SHCP frene gasto discrecional



Advierten organizaciones ciudadanas uso político del presupuesto. Aseguran que utiliza el dinero público de premio o castigo para los estados

Claudia Guerrero


Organizaciones de la sociedad civil y del sector privado exigieron a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) poner fin a la discrecionalidad con la que maneja los recursos que entrega a los estados.

En un pronunciamiento, una veintena de agrupaciones -entre ellas, Causa en Común, Imco, Coparmex y Mexicanos contra la Corrupción y la Impunidad- lamenta que esos fondos sean usados políticamente para premiar o castigar a los gobiernos estatales.

Según el documento, la SHCP tiene la capacidad para aprobar una gran cantidad de recursos adicionales en el presupuesto y hacer adecuaciones presupuestales, incluso al Ramo 23, de Previsiones Salariales y Económicas.

"Estos mecanismos colocan a la SHCP en una posición de poder y privilegio, desde la que puede usar políticamente los recursos públicos de manera unilateral y arbitraria para premiar o castigar a los aliados o adversarios del gobierno en turno.

"Tenemos un sistema con reglas laxas y poco claras, en donde los pesos y contrapesos que deberían existir en un sistema democrático quedan anulados", plantean las organizaciones.

En medio de la polémica entre el Gobierno de Chihuahua y Hacienda, solicitan al Congreso citar a comparecer al titular de la SHCP, José Antonio González Anaya, para que rinda cuentas sobre el uso del Ramo 23.

REFORMA publicó el pasado jueves que el Gobierno de Javier Corral recibió 47 por ciento menos de ese ramo en los primeros 11 meses de 2017 en comparación con César Duarte en el mismo periodo de 2016.

Las organizaciones ciudadanas, muchas de las cuales participaron en la construcción del Sistema Nacional Anticorrupción, advierten que es una obligación del Congreso exigir también explicación a Hacienda sobre las enormes variaciones entre el dinero presupuestado y el efectivamente ejercido.

Señalan que la débil rendición de cuentas del Poder Legislativo pone en duda el cabal funcionamiento de la división de poderes, por lo que es necesario abrir un debate sobre las reformas legales que pongan freno al uso discrecional, político y electoral del presupuesto.

Asimismo, mencionan la responsabilidad de los Gobernadores: sus bajos niveles de recaudación de impuestos les provoca una abierta dependencia de las aportaciones, participaciones y convenios con el Gobierno federal.


TLC castiga soborno y corrupción; dan certeza a inversiones

 
Cierran capítulo anticorrupción en la sexta ronda de negociaciones; siguen pendientes la regla de origen en el sector automotriz y la temporalidad agrícola

Hoy, los ministros comerciales de Canadá, Chrystia Freeland; de México, Ildefonso Guajardo, y de Estados Unidos, Robert Lighthizer, sostendrán encuentros bilaterales para luego dar a conocer su declaración conjunta. Foto: Elizabeth Velázquez/Archivo

LINDSAY H. ESQUIVEL

CIUDAD DE MÉXICO.- Delitos como el soborno, la malversación, desvíos de recursos y cohecho internacional serán sancionados en el Tratado de Libre Comercio de América del Norte a través de obligaciones “espejo” para México, Canadá y Estados Unidos.

Esto quedó establecido al cerrarse el capítulo de anticorrupción en la sexta ronda de negociaciones del TLC.

Juan Rodrigo Moreno, consejero delegado para Asuntos Internacionales de la Confederación Patronal de la República Mexicana (Coparmex), detalló a Excélsiorque cada uno de los países deberá regular su marco jurídico para estar a nivel internacional en materia anticorrupción.

Ahora, México deberá concluir los temas pendientes en la agenda del Sistema Nacional Anticorrupción (SNA), como la designación de la fiscalía general de la nación, la fiscalía especializada en materia anticorrupción y las leyes secundarias.

Éste es un texto ligado a otros apartados como el de transparencia y mejores prácticas regulatorias. Los temas que siguen pendientes son la regla de origen en el sector automotriz, la temporalidad agrícola, solución de controversias comerciales y la cláusula de extinción quinquenal.

CORRUPCIÓN TENDRÁ CASTIGO EN TLCAN

En la sexta ronda de negociaciones para modernizar el Tratado de Libre Comercio de América del Norte
(TLCAN) se cerró el capítulo de anticorrupción, el cual tipifica delitos como soborno, malversación, desvíos de recursos y cohecho internacional, con obligaciones “espejo” para los tres países.

Este apartado plantea elementos vinculantes en materia de derecho internacional y representa un avance hacia mecanismos y mejores prácticas que cumplan con los más altos estándares jurídicos.

Con este texto podremos alcanzar los niveles de certeza jurídica que requiere la inversión y el comercio”, dijo Juan Rodrigo Moreno, consejero delegado para Asuntos Internacionales de la Confederación Patronal de la República Mexicana (Coparmex) a Excélsior .

En entrevista detalló que el rubro de anticorrupción obliga a México, Canadá y Estados Unidos a tener un compromiso jurídico “espejo”; es decir, cada uno de los países deberá regular su marco jurídico para estar a nivel internacional en la normatividad aplicable en materia de anticorrupción.

Se establecen mecanismos de colaboración y cooperación, sistemas de denuncias y actos de corrupción, protección de denunciantes, integridad de funcionarios y gobiernos, además de responsabilidad de empresas”.

Moreno comentó que el lenguaje del capítulo es de carácter vinculante, donde se declara el compromiso de cada uno de los países para fortalecer sus sistemas legales y dar certeza a los demás miembros del TLCAN.

Dijo que México deberá concluir los temas pendientes en la agenda del Sistema Nacional Anticorrupción (SNA), como la designación de la fiscalía general de la nación, la fiscalía especializada en materia anticorrupción y las leyes secundarias de obra pública, adquisiciones y servicios relacionados.

El gremio patronal espera que el avance en el acuerdo comercial tenga “un efecto cascada” en el país para que se logre tener un andamiaje jurídico acorde con las prácticas internacionales a fin de hacer frente a los compromisos pactados en el acuerdo.

Estas disposiciones al haber escalado a un tratado internacional, que esté apegado a la constitución, se convierte en una ley suprema que deberá respetarse”, señaló.

Dijo que el sector privado espera que durante la conferencia ministerial del TLCAN, el secretario de Economía, Ildefonso Guajardo, el representante Comercial de Estados Unidos, Robert Lighthizer y la ministra del Exterior de Canadá, Chrystia Freeland, confirmen el cierre del capítulo anticorrupción, el cual es el tercero que se concluye luego de seis rondas de trabajo trilaterales.

Cabe mencionar que este es un texto de carácter horizontal y transversal, pues está ligado a otros apartados de acuerdo comercial como el de transparencia y mejores prácticas regulatorias.

Los temas que siguen pendientes en la negociación trilateral son la regla de origen en el sector automotriz, la temporalidad agrícola, la solución de controversias comerciales y la cláusula de extinción quinquenal.


 Caso Marco Antonio: desde su desaparición hasta su hallazgo

 
 Marco Antonio Sánchez Flores, de 17 años, tomaba fotografías a un mural cerca del Metrobús Rosario cuando lo detuvieron cuatro policías; el joven fue localizado en Melchor Ocampo, Edomex.

El joven fue encontrado en el municipio de Melchor Ocampo. (Especial)

Ciudad de México

La desaparición y posterior ubicación del estudiante de la UNAM, Marco Antonio Sánchez Flores, derivó en protestas, indignación y, hasta el momento, en el arresto de dos de cuatro policías implicados en su detención.

El joven de 17 años estuvo desaparecido cinco días y su caso comenzó el 23 de enero, mientras tomaba fotografías a un mural en las inmediaciones del Metrobús Rosario cuando un grupo de policías capitalinos, quienes lo acusaron del robo de un celular, lo detuvieron y golpearon, según consta en una fotografía que un amigo suyo tomó.

Marco Antonio fue localizado cinco días después en el municipio Melchor Ocampo, Estado de México.

Este es su caso día a día:

***

El 23 de enero, Marco Antonio, un estudiante de la Escuela Nacional Preparatoria 8 de la UNAM, tomaba fotos a un mural cercano al Metrobús Rosario.

Policías capitalinos se acercaron a él y lo detuvieron por el delito de robo de un celular, dijo un amigo de Marco Antonio quien presenció los hechos.

"Según lo narrado por testigos de lo ocurrido, los policías esposaron a Marco Antonio y lo subieron a una patrulla diciendo que lo llevarían al Ministerio Público 40 ubicado en Azcapotzalco. Sin embargo, cuando los padres de Marco Antonio acudieron a esa agencia les informaron que su hijo no había sido trasladado y que los oficiales les dijeron que lo habían dejado ir", detalló la Red por los Derechos de la Infancia en México.

Familiares lo buscaron en distintas agencias del Ministerio Público sin encontrarlo, por lo que Marco Antonio Sánchez Chávez, padre del menor, denunció la desaparición de su hijo ante el Centro de Atención de Personas Extraviadas y Ausentes (CAPEA), de la Procuraduría General de Justicia de la Ciudad de México.

El 25 de enero comenzó a difundirse la ficha para localizar a Marco Antonio. Instancias defensoras de derechos humanos emitieron medidas cautelares y ofrecieron acompañamiento a la familia.

La Red por los Derechos de la Infancia en Mexico (REDIM) exigió al gobierno capitalino la presentación con vida del adolescente desaparecido por elementos de la Unidad Hormiga de la SSPCDMX y su pronta detención.

Dos días después, el 27 de enero, la Dirección General de Asuntos Internos de le dependencia informó que presentó a los policías relacionados en el caso ante la Fiscalía Antisecuestros.

Ese mismo día, la Universidad Autónoma Nacional de México exigió la presentación pública e inmediata de Marco Antonio, además, demandó una investigación exhaustiva de los hechos para deslindar responsabilidades y castigar a los responsables de la detención arbitraria.

Organizaciones, actores, escritores, políticos e instituciones se unieron al hashtag #DondeEstáMarcoAntonio en redes sociales para exigir la presentación con vida del estudiante.

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#HoySabadoTeDigo que nos vemos en el Ángel para exigir #DondeEstaMarcoAntonio

Además, comenzaron a convocar a una protesta en el Ángel de la Independencia para el 28 de enero.

Este domingo, poco después de las 13:00 horas, decenas de personas se dieron cita en dicho monumento para protestar por la desaparición del estudiante de la UNAM.

Casi al mismo tiempo, José Gil García, subsecretario de información e inteligencia policial, y Agustín González Guerrero, director general de Asuntos Internos, confirmaron que el estudiante sí fue detenido por policías, quienes declararon que calles adelante lo dejaron en libertad a petición de una persona, la cual no fue identificada.

Autoridades de la corporación señalaron la participación de cuatro elementos en la detención del joven de 17 años; sin embargo, dos permanecen bajo arresto por la desaparición.

También revelaron que los cuatro policías implicados en la detención del joven fueron identificados como Ubel Mora Gallardo, Ricardo de la Rosa Guzmán, Ricardo Trejo Juárez y Martín Jesús González Martínez, del Sector Hormiga Azcapotzalco.

La Policía entregó a la Procuraduría los sistemas GPS de la patrulla involucrada, material audiovisual, grabaciones de radio que corresponden a la frecuencia del Sector Hormiga en el periodo en que ocurrieron los hechos, bitácoras y fatigas de servicio de dichos agentes.

Marco Antonio Sánchez Chávez, padre del menor, identificó a su hijo en un video de seguridad del Estado de México.

A las 20:45 horas del 28 de enero, el secretario de Seguridad Pública, Hiram Almeida, dijo que el caso de Marco Antonio Sánchez Flores no es ninguna desaparición forzada, ya que el joven salió por su propio pie de un juzgado de Tlalnepantla, Estado de México, después de ser liberado al no haber delito qué perseguir.

Un rato después, a las 21:30 horas, en una segunda conferencia, Miguel Ángel Mancera dijo que Marco Antonio Sánchez ya fue localizado en el fraccionamiento de Los Álamos, en el municipio de Melchor Ocampo, Estado de México, a casi 30 kilómetros del Metrobús Rosario, donde fue detenido.
jbh


Denuncian presión para declarar contra César Duarte y Beltrones


 Nos piden $90 millones para no fincarnos más cargos: ex funcionarios de Chihuahua

Antonio Tarín y Gerardo Villegas señalan que el dinero se lo repartirían Corral y sus colaboradores

Antonio Tarín García y Gerardo Villegas Madriles, sujetos a proceso por participar presuntamente en el desvío de recursos públicos en Chihuahua durante la administración de César Duarte Foto Roberto García Ortiz y La Jornada

Gustavo Castillo García

Antonio Enrique Tarín García y Gerardo Villegas Madriles, dos ex funcionarios de Chihuahua sujetos a proceso por participar presuntamente en desvíos de recursos públicos estatales, denunciaron a la Procuraduría General de la República (PGR) que han sido presionados para que declaren, aun cuando no sean ciertos los hechos, en contra del ex gobernador de esa entidad César Duarte Jáquez y el ex dirigente nacional del PRI Manlio Fabio Beltrones. Además, pidieron al Ministerio Público Federal que investigue la manera en que se han integrado las acusaciones en contra de diversos funcionarios de esa entidad.

De acuerdo con las denuncias presentadas el pasado 26 de enero, de las cuales posee copia La Jornada, Tarín García y Villegas Madriles señalaron a la PGR que el abogado Carlos Emmanuel Aguirre les ha exigido la entrega de 30 y 60 millones de pesos, respectivamente, que serán repartidos presuntamente entre Maclovio Murillo, asesor jurídico del gobierno de Chihuahua; César Augusto Peniche, fiscal general del estado, y el gobernador de esa entidad, Javier Corral, para que no se les formulen nuevas acusaciones.

Con el consentimiento de Corral

En los escritos entregados en la oficialía de partes de la PGR, Tarín García afirma que Aguirre, defensor de Jaime Herrera, ex secretario de Hacienda de Chihuahua y quien se ha convertido en testigo colaborador de la Fiscalía General de Justicia, ha señalado que debido a su intervención como abogado la protección se la otorga directamente Maclovio Murillo Chávez, por supuesto con el consentimiento del titular del Ejecutivo local, Javier Corral, en complicidad con César Augusto Peniche Espejel.

Tarín García, ex director de Adquisiciones de la Secretaría de Hacienda de Chihuahua, refiere en su denuncia que Carlos Emmanuel Aguirre le ofreció a él y a otros internos “que declaremos contra César Duarte Jáquez, y que apoyemos a la fiscalía declarando todas las cosas que se requieran para que puedan seguir integrando más carpetas de investigación, aun cuando no sean ciertos los hechos.

“Hace referencia a que en el caso de que tenga la disposición de declarar, opte por un procedimiento abreviado, en donde seré sentenciado a ocho años de prisión, y que posteriormente se me otorgará un beneficio para que cumpla únicamente seis años de condena.

“Todo esto es posible debido a la amistad estrecha que tiene con el consejero jurídico de Chihuahua, Maclovio Murillo, quien, a su vez, con el visto bueno del titular del Poder Ejecutivo estatal escoge a quienes pueden acudir a esta forma anticipada de terminación del proceso, así como a la pena que será impuesta, en complicidad con el Poder Judicial, e incluso la comodidad que quieres tener en prisión.

Lo anterior en el entendido de que, previo a cualquier arreglo jurídico, debo cubrir la cantidad de 30 millones de pesos que serán repartidos entre Maclovio Murillo, César Augusto Peniche Peniche, Carlos Aguirre y Javier Corral.

En ese contexto, en las denuncias se menciona que Jaime Herrera, el ex secretario de Hacienda estatal, quien, de acuerdo con los escritos entregados a la PGR, era presuntamente el responsable de ordenar pagos indebidos a clientes de la Unión de Crédito Progreso (entidad de la que el ex gobernador César Duarte es accionista), es intocable por la Fiscalía General de Chihuahua, por contar con la protección de Maclovio y Javier Corral, debido al trato que le consiguió directamente Carlos (Emmanuel) Aguirre, por la amistad tan cercana que tiene con Maclovio.

Tarín García y Villegas Madriles refieren en sus denuncias que para presionarlos a aceptar la propuesta de Aguirre, los mantienen encerrados en celdas individuales, con una cámara que nos vigila, aislados de los demás internos, en las que permanecemos 23 horas al día, con una hora únicamente para salir al patio.

Ambos ex servidores públicos están acusados y sujetos a procesos penales por su presunta participación en el desvío de más de 200 millones de pesos. Otros coacusados de peculado son Ricardo Yáñez, ex secretario de Educación, y Javier Garfio, ex alcalde de la capital chihuahuense, estos últimos enfrentan sus procesos en libertad.

Sobre Yáñez y Garfio, las denuncias presentadas ante la PGR refieren que al primero lo cambiaron de penal y luego le dictaron una sentencia de cuatro años en un juicio abreviado, mientras el segundo obtuvo su libertad al declarar en contra de César Duarte, e incluso (el abogado) arregló su salida de tal forma que no tuviera la necesidad garantizar ni pagar la reparación del daño.

Respecto de Ricardo Yáñez, Tarín García refiere que éste fue procesado por un solo delito, cuando en el tema de la Comisión Estatal de Vivienda, Suelo e Infraestructura de Chihuahua fue él quien enajenó los terrenos y firmó las escrituras. A este respecto, las autoridades de Chihuahua señalaron que durante el gobierno de César Duarte se vendieron un millón 906 mil metros cuadrados de terreno de labor en 99 millones de pesos, cuando su valor comercial era superior a los 329 millones.

En su denuncia, Villegas Madriles menciona que el abogado Aguirre le comentó que era muy amigo del secretario de Gobierno, quien era socio de Maclovio Murillo, y que Peniche, el fiscal del estado, había trabajado en su despacho, así que le había asegurado a Jaime Herrera (ex secretario de Hacienda estatal) que no tendría problemas.

Tras referir que enfrenta cuatro procesos penales y que fue detenido sin que se le permitiera comparecer ante la fiscalía para responder por los cargos antes de ser detenido, señala en su denuncia: al día de hoy he recibido nueve ofertas de Carlos Aguirre para declararme culpable y testificar contra César Duarte y su esposa, Bertha Gómez. El último ofrecimiento es que yo acepte una pena de prisión de 16 años y declare contra Manlio Fabio Beltrones, que diga que yo le llevaba dinero en maletas a Ciudad de México; de lo contrario, van a meter 10 causas más y van a darme 70 años de cárcel.

 Podemos hacer frente a la volatilidad: Díaz de León


El gobernador del Banco de México aseguró que el organismo cuenta con el andamiaje para hacer frente a posibles episodios de volatilidad que surjan durante la transición de gobiernos y afirmó que se trabajará sea quien sea el ganador de la contienda electoral.



El gobernador del Banco de México (Banxico), Alejandro Díaz de León, aseguró que el organismo cuenta con el andamiaje para enfrentar posibles episodios de volatilidad que surjan durante la transición de gobiernos o por el fin de sexenio y afirmó que se trabajará sea quien sea el ganador del proceso electoral.

En su participación en el programa La Silla Roja en El Financiero|Bloomberg, fue cuestionado sobre el momento político que le tocará vivir al frente del banco, que es la transición de un gobierno a otro; en ese sentido, se le preguntó si descarta la posibilidad de una crisis de fin de sexenio.

“Tenemos todos los elementos y todo el andamiaje necesario para poder enfrentar con orden cualquier tipo de volatilidad que pudiéramos enfrentar. Hay que destacar la resiliencia y resistencia de la economía, así como su entorno macroeconómico”, dijo Díaz de León.

Señaló que frente a los episodios de volatilidad que pudieran suceder durante las elecciones, las finanzas públicas se han fortalecido, la política monetaria se ha hecho más restrictiva para hacer frente al entorno más incierto y volátil, y existe un sistema financiero sólido, con liquidez y bien regulado.

“Estos tres elementos hacen muy distinto el ajuste que pudiera tener la economía, ante algún choque que puede ser favorable y desfavorable y puede ser de diferente grado de intensidad”, afirmó.

Aseguró que el banco central trabajará con cualquiera de los candidatos que resulte ganador de la contienda electoral y rechazó que la institución sea presionada políticamente, por el contrario, sostuvo que hay respeto a la autonomía.

“Así es el diseño del banco y así será, no sólo es por voluntad, sino por obligación. Nuestra obligación será trabajar con quien gane, sea quien sea el ganador trabajaremos con él por el bien del funcionamiento económico y para poder cumplir de mejor manera los objetivos y promover el desarrollo del país”.

El banco es ajeno al ciclo político y en ese sentido, la autonomía que está a nivel constitucional y marcada en la Ley apunta en esa dirección, destacó.

FUTURO DEL TLCAN

Banxico sigue de cerca el proceso de renegociación del Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN), del cual el banquero central espera se alcance una versión que beneficie a los tres países.

Díaz de León dijo que el escenario base de Banxico es que se mantenga el TLCAN, aunque con una versión modificada; no obstante ante los amagos de Trump, de abandonar el tratado, el banco también tiene en su mesa ese escenario. “Te diría que es obligación del banco central no sólo pensar en los escenarios de más probabilidad, sino en todos los escenarios posibles y ver cuáles son las posibles implicaciones para muchas variables de la política económica.

Dado que es previsible que haya algún tipo de acuerdo, aunque tenga diferentes características posibles, es algo que a lo mejor no le hemos querido dar el foco, pero claramente está considerada (la salida de EU de TLCAN), lo tenemos en el radar y estaremos listos”.

PREVÉ DESCENSO DE LA INFLACIÓN

En la entrevista, reiteró que la inflación descenderá durante 2018 para converger a la meta de tres por ciento hacia finales del año.

Cuestionado sobre por qué Banxico está tan seguro de que la trayectoria de la inflación irá a la baja, contestó que muchos de los choques que recibió la inflación, como el aumento en el precio de las gasolinas a inicios de 2017, se quedan en la medición por 12 meses.

“Parte es un efecto aritmético, pero también en la medida en que el banco se concentra en su meta y en tomar acciones para ello, cuando hay estas variaciones de precios importantes como el de la gasolina o del tipo de cambio, lo importante es que no se generen alzas de segundo orden”, refirió.

Sobre la tasa de interés y la expectativa del mercado de que vendrán más alzas en los próximos meses, dijo que hablar sobre la prospectiva de la política monetaria y el nivel de tasas hacia adelante es complejo, por la incertidumbre que se enfrenta. “Hoy estamos en el nivel de tasas que se requiere”.

Sobre el nombramiento de Irene Espinosa como la primer subgobernadora de la junta de Gobierno del Banxico, destacó que es una mujer comprometida que dará una perspectiva que enriquecerá a la institución.


 Advierten de liberación de casi 3 mil reos


ARCHIVO. ELUNIVERSAL

Manuel Espino Bucio

Cerca de 3 mil internos saldrán de los penales del país en los próximos seis meses y a través de la Alerta Temprana de Externaciones se avisará de manera anticipada de su salida a las autoridades de prevención y combate al delito para que estén atentas.

Son un total de 2 mil 945 reos, de los cuales mil 388 están por cumplir una condena por robo en todas sus modalidades, excepto vehículo o autoparte; 332 por crímenes sexuales; 288, contra la salud; 166 por homicidio; 154 por portación de arma de uso del Ejército; 123 por robo de vehículo; 85 por lesiones, y 57 por secuestro.

El sistema diseñado por la Comisión Nacional de Seguridad (CNS) se pondrá en marcha en tres meses y remitirá a mandos del sistema de prevención y readaptación social, de las secretarías de seguridad pública, procuradurías y fiscalías del país, datos de identificación del interno, fotografía, peligrosidad, delitos que compurga, nacionalidad, lugar de internamiento y entidad de ubicación del centro penitenciario.

Dará prioridad a los excarcelados por secuestro, homicidio, delitos sexuales y robo de vehículos, sobre todo a los que sean identificados como prioritarios por su nivel de peligrosidad y su perfil criminológico, previamente definidos por las autoridades federales.

La mayoría de los presidiarios, 671, que dejarán la cárcel están recluidos en la Ciudad de México; 251, en Chihuahua; 218, en Sonor; 141, en Veracruz; 137, en Sinaloa; mil 527 en el resto de las entidades. Los que no están en la Ciudad de México representan 22.8%.

Del total de internos de la capital de la República, 135 provienen de la delegación Iztapalapa: 15 cumplen una condena por delitos sexuales y dos por secuestro o privación ilegal de la libertad.

Antes de su detención, la mayoría vivía en las colonias Leyes de Reforma 3ª Sección, Desarrollo Urbano Quetzalcóatl, Santa Cruz Meyehualco y Santa María Aztahuacán. Aunque también algunos procesados principalmente por crímenes sexuales, residían en Santa Martha Acatitla Norte, Santa Martha Acatitla, Degollado, Leyes de Reforma 2ª Sección, Guadalupe del Moral, Cerro de la Estrella, Valle de San Lorenzo, Jardines de San Lorenzo, Fuego Nuevo, Francisco Villa, Paraje San Juan y el Santuario.

“Herramienta de gran utilidad”

El titular de la Unidad de Información para la Seguridad Pública de la CNS, Ricardo Márquez Blas, aseguró que la Alerta Temprana de Externaciones será una herramienta de “gran utilidad” para las áreas de inteligencia policial, puesto que podrán allegarse de información de los internos con probable salida, para actuar en caso de reincidencia.

“El objetivo es fortalecer las capacidades de inteligencia, anticipación y prevención de los sistemas de información en materia penitenciaria. Al mismo tiempo, focalizar el esfuerzo en segmentos específicos, como secuestradores, delincuentes sexuales y aquellos por robo de vehículos”, afirmó el funcionario de seguridad.

En entrevista con EL UNIVERSAL, Márquez Blas precisó que el sistema avisará a las autoridades en general, en particular a las áreas responsables de secuestro, delitos sexuales y robo de vehículos, incluyendo a las responsables de prevención del crimen en el país.

“Es decir, a las autoridades responsables tanto del combate de esos delitos como de su prevención”, recalcó.

El funcionario de la Unidad para la Información de la Seguridad, Márquez Blas abundó que la Alerta Temprana de Externaciones fortalecerá las capacidades de anticipación del sistema penitenciario nacional, así como los programas de prevención del delito.

Por otro lado, expuso, dará especial atención a líderes de bandas de secuestradores, a delincuentes sexuales y quienes fueron presos por hurtar autos.

Dijo que el sistema no sólo alertará a las autoridades del sistema penitenciario, sino también a los responsables de seguridad pública, procuración del delito y de prevención del delito.
“En concreto está dirigida a autoridades de prevención y readaptación, secretarías de Seguridad Pública de las entidades de liberación y del lugar de origen, procuradurías y fiscalías de todo el país, unidades especializadas en acciones contra el secuestro, áreas de análisis especializadas en el combate a los delitos sexuales, plagio y robo de vehículos”, detalló.

Márquez Blas precisó que 17% (512) de los 2 mil 945 internos sentenciados y activos con probable externación en 180 días a partir del 17 de enero de 2018 corresponden a los delitos de secuestro, delitos sexuales y robo de vehículo.

“Está fallando”

Jorge Fernández de Cevallos, investigador del Instituto Nacional de Ciencias Penales (Inacipe), afirmó que si la Alerta Temprana de Externaciones, que alista la CNS, es para evitar le reincidencia de los ex presidiarios, dejaría en claro que el sistema de la nación está fallando en su principal cometido.

“Si cumplen la pena y dicen: ‘Tengan mucho cuidado porque van a volver a delinquir’, pues creo que nos dejan claro, con este tipo de alertas, que el sistema está fallando”, consideró el experto.

El especialista aseguró que se estaría estigmatizando a la persona, lo que podría constituir en una violación a su derecho a la no discriminación.

“Una vez que ha cumplido la pena que le ha señalado el Estado, no debería existir ningún otro juicio y ninguna consideración negativa en su contra.

“Se violaría un derecho fundamental que es la garantía a la no discriminación, se le está discriminando por una concepción y por una falsa apreciación”, indicó el especialista.

En contraste, Jorge Alberto Lara Rivera, académico de la Universidad Panamericana, refirió que es una medida “necesaria” de monitoreo para dar aviso a las autoridades sobre dónde se están generando liberaciones, pero, declaró, también es para generar inteligencia preventiva en el país.

Lo anterior, comentó, para que se focalice algún riesgo y se mitigue con políticas de contención, reconstrucción del tejido social y de detención.

“Sin vulnerar la presunción de inocencia de gente que compurgó una sanción y tomar en cuenta los nuevos contextos criminológicos o de riesgo, simple y sencillamente pongan en previo aviso a las autoridades de seguridad, para que ellos sepan en dónde se están generando las liberaciones”, comentó el experto.

El ex subprocurador de Asuntos Jurídicos e Internacionales de la PGR afirmó que México está en una nueva realidad, por lo que “urge que las distintas dependencias se pongan al día. Además, todo viene acompañado de la necesidad de generar información de inteligencia preventiva, que tiene que ver íntimamente con este mapeo adicional de riesgos”.

Consideró que la Alerta Temprana de Externaciones debe ponerse en el contexto de la nueva política criminal del Estado. Martín Barrón Cruz, experto en Ciencias Penales del Inacipe, afirmó: “La Comisión de Nacional Seguridad debe explicar el monitoreo y el mecanismo de seguimiento que realizará a las personas que salgan de la cárcel en los próximos seis meses, para evitar violaciones a los derechos humanos”.

Sin embargo, dijo que se evidencia que el sistema penitenciario del país no logra la reinserción. “La cuestión es ver si en realidad sirve para la readaptación, y como dice la Constitución, creo que no”, refirió el especialista.

“No se garantiza la readaptación social”

Guillermo Garduño Valero, experto en seguridad nacional de la Universidad Autónoma Metropolitana (UAM), consideró que alertar a las autoridades de seguridad pública de la salida de internos para monitorearlos, es reflejo de que el sistema penitenciario no está funcionando al no garantizar la readaptación social de los sujetos.

El académico advirtió que la alerta puede ser violatoria a los derechos humanos, puesto que los reos no pueden ser tratados como delincuentes una vez que cumplieron la condena que les fue impuesta por determinado delito que cometieron en otra época.

Descartó que a través de este mecanismo, la Comisión Nacional de Seguridad genere información de inteligencia y prevención de delito ante la posibilidad de que reincidan en conductas delictivas.

“La inteligencia es anticipación y la prevención del delito tiene que hacerse antes de que este ocurra, cuando ya ocurrieron los casos de reincidencia lo único que apuntalan es que la personas ya conozcan el procedimiento por el cual van a ser encausados y sepan el punto de salida de inmediato”, comentó Garduño Valero.

El experto auguró que la alerta causará polémica, puesto que no se ha establecido el mecanismo de monitoreo hacia los reos que saldrán de la cárcel en los próximos seis meses.

 Supercomandos de la PF fortificarán ciudades


Participarán las siete divisiones de la PF, con apoyo de la CNS y PGR, en coordinación con los gobiernos de los estados, informa el comisionado Renato Sales. Actuarán en siete ciudades, entre ellas Colima, Los Cabos, Cancún y Juárez




CECILIA HIGUERA ALBARRÁN

La Federación decidió el envío de grupos de trabajo, una suerte de supercomandos en el que participarán las siete divisiones de la Policía Federal y que serán desplegados en lugares clave, específicamente en siete ciudades que han visto elevarse la actividad delictiva de alto impacto, adelantó ayer el Comisionado Nacional de Seguridad, Renato Sales Heredia. Se buscará cumplimentar órdenes de aprehensión relevantes y pasar de operativos de la disuasión presencial a operativos de investigación en los que las fuerzas federales tomen la iniciativa,

A unos días de que el nuevo secretario de Gobernación, Alfonso Navarrete Prida, indicará que comprobaría con acciones y no con discursos que se afrontaría el problema de seguridad, la nueva estrategia comenzó a perfilarse y correspondió a Sales precisar que dichos operativos se llevarán a cabo por la Secretaría de Gobernación a través de la Comisión Nacional de Seguridad y la Policía Federal, en coordinación con los gobiernos de los estados, los cuales “iniciarán una serie de acciones en materia de seguridad orientadas a atender necesidades específicas en la materia en distintas entidades del país”.

En este mismo sentido, abundó que también se contará con el apoyo de la Procuraduría General de la República (PGR), las fiscalías y autoridades estatales, por lo que en los siguientes días “se informará cuáles son esas siete ciudades en particular, así como acciones específicas” que se llevarán a cabo.

De manera particular, abundó, puedo comentarles que se actuará en Colima, Los Cabos, Cancún, Ciudad Juárez “entre otras ciudades del país”, aunque dijo, será en los siguientes días cuando se den a conocer las ciudades, así como el detalle de cómo van los resultados de dichos operativos en los que se actuará conjuntamente con las autoridades de los estados.

En otro tema, cuestionado respecto a la reciente liberación del fundador del cártel Jalisco Nueva Generación, Sales Heredia reconoció que algunas liberaciones que se han dado han estado sustentadas en análisis judiciales vinculados con la forma de la detención.

En la actualidad, subrayó, lo que se está haciendo es cumplimentar órdenes de aprehensión, al tiempo de que se ha capacitado a la Policía Federal, y la propia Policía Federal, es decir, puntualizó, “se ha capacitado a capacitadores, para, entre otras cosas, conforme al nuevo Sistema de Justicia Penal, proceder a la detención con apego a estándares internacionales: leerles la cartilla de derechos de la persona detenida, respetar en todo momento los derechos, justamente para evitar que posterior a la detención acontezcan situaciones de esta índole”.

El comisionado Renato Sales Heredia también fue cuestionado respecto al traslado a un penal federal de Alejandro Gutiérrez —exsecretario general adjunto del CEN del PRI, y acusado de desvío de recursos—, ante lo cual sostuvo que contrario a lo que se ha afirmado en algunos medios de comunicación y por algunas personas, “el traslado fue solicitado por el Fiscal del estado de Chihuahua, el 26 de enero de este año. Lo solicita específicamente con apoyo en el artículo 52 de la Ley Nacional de Ejecuciones Penales, el fiscal Jesús Flores Carrete, Fiscal de Ejecución de Penas del estado”.

Ante ello, abundó, se dio paso a lo que se conoce como “anuencia de cupo”, en el penal federal, se autoriza el ingreso, y hasta este momento no ha procedido el traslado, por lo cual, añadió “hay que señalar en primer término que es el estado de Chihuahua, las autoridades del estado, quienes solicitan el traslado a un penal federal”.

Recordó también que la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH), solicitó la implementación de medidas cautelares por lo que hace a la denuncia formulada por la defensa de este imputado, específicamente por el delito de tortura. “Es un delito que se persigue de oficio y habrá que proceder a su investigación, por supuesto”, señaló.

Las siete divisiones

En las ciudades donde el asesinato, el secuestro, la extorsión y el robo se han disparado, se enviarán efectivos especializados de las divisiones que componen la Policía Federal; estas son:

1.- Seguridad regional: son los especialistas en instalaciones e infraestructura estratégicas como carreteras, puentes, aduanas, aeropuertos, entre otras. Suelen estar en contacto frecuente con la ciudadanía.

2.- Inteligencia. Controlan el mayor almacenamiento de información sobre criminales y modus operandi. Son parte medular del nuevo tipo de policía que se quiere construir en México.

3.- Científica. Son el CSI mexicano, van desde analistas de cómputo hasta especialistas en medicina forense capaces de realizar análisis de ADN. Son quienes dan fe, en el nuevo sistema de justicia penal, que una evidencia comprueba la forma en la que un delito ocurrió.

4.- Investigación. Son los policías de investigación de campo y gabinete, los que deben convertir la inteligencia policial en arrestos y aseguramientos. Pueden o no portar uniforme.

5.- Antidrogas. El nombre es claro, aunque no señala otra labor muy importante, que es la detección de recursos de procedencia ilícita. Son una rama especializada de la policía investigadora.

6.- Fuerzas Federales. Son la división que más identifica la ciudadanía como Policía Federal. Son la fuerza de choque contra el crimen, los de armamento y métodos más vinculados al uso legal de la fuerza. Cuando aparecen, es porque el asunto ya es grave.

7.- Gendarmería. Identificada como la división del presidente Peña, ya que él decidió su creación, su enfoque es acentuadamente preventivo. Se recurrió a muchachos recién salidos de universidad para conformar buena parte de sus batallones.


Serie de fallas cimbra a CDMX por caso de joven perdido 5 días

 


Marco Antonio (Foto: Especial)
 Carlos Jiménez

Rapado, con la ropa sucia, deambulando a kilómetros de su casa, así fue como ayer por la noche el policía Eloy Sánchez Gutiérrez encontró en el Estado de México, a Marco Antonio “S”, el joven que se ausentó de su casa desde el martes pasado luego de que fue detenido y liberado por agentes de la Secretaría de Seguridad Pública (SSP) de la Ciudad de México. 


Eran las 20:30 horas cuando a 32 kilómetros de donde fue detenido, el agente municipal concluyó la búsqueda que centenares de policías capitalinos y estatales, realizaban para ubicar al joven por el cual se movilizaron diversas organizaciones que acusaban una desaparición forzada.
El Dato: El procurador capitalino, Edmundo Garrido, se reunió con la familia de Marco Antonio para ofrecerles todo el apoyo de la institución a su cargo.

Marco Antonio tenía horas deambulando por las calles el Estado de México. La última noticia que las autoridades que lo rastreaban tuvieron de él, indicaba que a las 2:00 horas participó en una riña.

“Quiero aquí agradecer al gobernador del Estado de México por toda su disposición, por su cooperación y por la cooperación también de su personal” 

Miguel Mancera
Jefe de Gobierno de la CDMX

A esa hora, policías municipales de Tlalnepantla recibieron la alerta de que en una taquería había una pelea con alguien que molestó a los clientes y trabajadores del negocio. Cuando los uniformados llegaron al lugar, esa persona ya había escapado.

Por las características, la ropa y los testigos, las autoridades pudieron confirmar que se trataba del mismo Marco Antonio.

Lo supieron porque horas antes lo retuvieron durante 10 minutos en un Juzgado Cívico de Tlalnepantla, donde llegó la noche del sábado cuando agentes lo presentaron al hallarlo en la calle, caminando desorientado por una avenida.

Sin embargo, el juez calificador determinó que no había incurrido en ninguna falta administrativa. Como aseguró que tenía 19 años, y tras no hallar nada para mantenerlo detenido, se le dejó en libertad.

Para ese entonces el joven tenía ya cuatro días de no haber regresado a su casa.

En su búsqueda, la Procuraduría capitalina descubrió que dos días después de que policías capitalinos lo detuvieron y liberaron, su teléfono celular fue utilizado justo en la Preparatoria 8 donde él estudiaba. Ese jueves por la tarde el aparato estuvo activo. Cerca de la medianoche perdieron su ubicación.

Fue precisamente ese teléfono con el que le tomaron la fotografía que se difundió en donde se le ve en el piso, mientras es detenido por un policía de la SSP. El aparato lo recuperó un amigo de Marco cuando a éste se le cayó al momento de ser aprehendido, y con éste tomó la foto.

Aquellos agentes, Hubel Mora, Ricardo Trejo, Juan de la Rosa Guzmán y Martín Jesús González aseguraron en todo momento ante el Ministerio Público de la Fuerza Antisecuestros (FAS) que ese día un ciudadano les pidió el apoyo porque había agredido a alguien y por eso lo arrestaron. Sin embargo, explicaron, la persona que lo denunció se fue del lugar.

“Mi reconocimiento al trabajo en equipo de la @FiscaliaEdomex @SS_Edomex @TlalnepantladeB y @GobCDMX para localizar a Marco Antonio. La coordinación fue fundamental para dar con su paradero” 

Alfredo del Mazo
Gobernador del Estado de México

Al no tener una parte afectada, dijeron, lo bajaron de la patrulla cerca de una Iglesia 10 minutos después. Ahí Marco Antonio se fue caminando, le hizo la parada a un camión, pero éste no se detuvo y siguió su camino.

Mientras a los cuatro agentes los arrestaban, el Secretario de Seguridad Publica, Hiram Almeida, ordenó pegar en sus patrullas miles de fotos de Marco Antonio. Era la imagen que repartieron sus familiares donde se le ve sonriendo y peinado.

Al mismo tiempo el procurador Edmundo Garrido ordenó emitir la Alerta Amber, con esa fotografía, y activar los protocolos de búsqueda para localizarlo.

Todos los elementos buscaban al joven, que sus familiares describían como estudiante sonriente, deportista y campeón de karate. Los días pasaron y la búsqueda no daba resultados hasta ayer por la noche. Luego de que se difundió la imagen en la que aparecía en el Juzgado Cívico, rapado y con la ropa sucia una persona llamó a las autoridades para decir que el joven estaba en el municipio de Melchor Ocampo.

Minutos después la noticia se confirmó, su madre vio la fotografía y reconoció a su hijo. Anoche, esperaba reunirse con él.

 

 Acuerdan candados anticorrupción en el TLCAN



 cierran capítulo en montreal

Desde el acuerdo se penalizarán las prácticas corruptas en que incurran gobiernos y compañías de Estados Unidos, Canadá y México.




Roberto Morales

Montreal, Can. México, Estados Unidos y Canadá lograron cerrar el capítulo de Anticorrupción, con el cual se penalizan prácticas corruptas de los gobiernos y las compañías de los tres países respecto a cualquier tema cubierto por el Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN).

Este rubro se discutió sólo el lunes, de acuerdo con el programa de trabajo original de la sexta ronda de negociaciones, pero el cierre fue difundido hasta el viernes.

El capítulo incluye prácticas de integridad en gobiernos y empresas y regula sobre delitos como soborno, cohecho, malversación de fondos, desvío de recursos y peculado, entre otros.

Canadá y Estados Unidos, quienes tienen leyes más estrictas en la materia a nivel nacional, tienen interés particular para proteger a sus empresas de actos de corrupción en México que las hagan menos competitivas en sus inversiones y en el comercio de bienes y servicios.

Para México, la conclusión de este capítulo es relevante para mostrar avances en las negociaciones y para hacer más atractivo al país en uno de sus puntos más débiles de competitividad.

En el Reporte de Competitividad Global 2017, difundió por el Foro Económico Mundial (WEF), México se mantuvo en el lugar 51, en una muestra de 137 países, con la corrupción como el principal problema para hacer negocios.

Según el gobierno mexicano, en el nuevo contenido del TLCAN se establecerían disuasivos en los procesos de licitaciones públicas para garantizar que el acceso al gasto gubernamental sea transparente y bien dirigido.

Muchos de los compromisos de México en esta esfera fueron incluidos en el Acuerdo Amplio y Progresista de Asociación Transpacífico (CPTPP o TPP 11), cuyo “acuerdo global en principio” ya fue cerrado, con el capítulo de transparencia y anticorrupción incluido en su totalidad.

En ese capítulo del TPP 11, los países se comprometen a la aplicación efectiva de sus leyes y reglamentos anticorrupción. Además, a esforzarse por adoptar o mantener códigos o normas de conducta para sus funcionarios públicos, así como medidas para identificar y gestionar los conflictos de intereses, incrementar la capacitación de los funcionarios públicos, tomar medidas para desalentar prebendas, facilitar la notificación de los actos de corrupción y establecer las medidas disciplinarias o de otro tipo para los funcionarios públicos que participen en actos de corrupción.

Las partes del TPP se obligan a garantizar ciertos derechos de debido proceso para los interesados del TPP, en relación con procedimientos administrativos, incluyendo una pronta revisión a través de procedimientos imparciales por parte de tribunales o procedimientos judiciales o administrativos.

También se comprometen a adoptar o mantener leyes que penalicen el ofrecimiento o solicitud de ventajas indebidas por parte de un funcionario público, así como otros actos de corrupción que afecten al comercio internacional o la inversión.

En el Índice de Percepción de Corrupción, publicado por Transparencia Internacional, México se encuentra en el sitio 123 de 176 naciones; Estados Unidos en el lugar 18, y Canadá en la posición nueve.
Ven renegociación más allá del 2018

La renegociación del Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN) podría extenderse más allá del 31 de marzo próximo e incluso llegar hasta el 2019, revelaron fuentes cercanas a las conversaciones consultadas por el diario estadounidense The Washington Post (TWP).

“Un funcionario de comercio estadounidense que pidió el anonimato dijo que la cantidad de trabajo por sacar en la negociación es tal que ‘no sería sorprendente si las conversaciones continúan (más allá del 31 de marzo)’”, reportó el rotativo estadounidense.

El motivo del aplazamiento sería dar tiempo para que se lleven a cabo las elecciones presidenciales en México (julio) y las legislativas de medio término en Estados Unidos (noviembre).

En la quinta ronda de negociación del acuerdo, llevada a cabo en México en noviembre pasado, las delegaciones estadounidense, mexicana y canadiense acordaron extender las discusiones al 2018 (la meta original era terminar en el 2017), pero concluirlas antes del primer trimestre, plazo que vence el 31 de marzo.

Según fuentes cercanas a las pláticas, habrá una séptima ronda de negociaciones a finales de febrero en México y otra posterior en Estados Unidos, en marzo.

El avance de las primeras cinco rondas ha sido escaso, debido a la dureza de las posiciones estadounidenses y la reluctancia de México y Canadá a ceder.

Hoy concluye la sexta ronda, en Montreal, con la expectativa de que Estados Unidos informe, hasta el último momento, su posición respecto de las contrapropuestas de México y Canadá a algunos de sus planteamientos más polémicos, como las reglas de origen automotrices, los mecanismos de resolución de disputas y la cláusula que pondría fin al TLCAN en automático cada cinco años. 
 (Redacción)

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