Queda impune el tráfico de armas
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Antonio Baranda
Cd. de México (02 enero 2018).- La introducción ilegal de armas de fuego es un delito que no se castiga en el País.
Cifras de la Procuraduría General de la República (PGR) indican que, del 1 de septiembre de 2016 al 1 de septiembre de 2017, únicamente ocho personas fueron sujetas a proceso penal por ese ilícito.
Además, la PGR reportó que, en el mismo periodo, el Ministerio Público de la Federación obtuvo sólo tres sentencias condenatorias por introducir ilegalmente armas de fuego.
Lo anterior, pese a que, según un estudio de la Universidad de San Diego, cada año ingresan a territorio nacional unas 253 mil armas de manera ilegal, la gran mayoría por la frontera con Estados Unidos.
"Es una cantidad menor (de procesados), es marginal. Queda claro que el trabajo de inteligencia y luego el seguimiento procesal queda a deber en esta y otras esferas", señaló en entrevista Carlos Mendoza, académico de la Universidad Nacional Autónoma de México.
El también consultor en seguridad advirtió que sin un verdadero trabajo de investigación que se complemente con acciones eficaces en la frontera, incluso a través de operaciones encubiertas, será imposible identificar y desmantelar las redes de tráfico de armas.
"Hay que hacer detenciones masivas que verdaderamente inhiban este ilícito, sobre todo porque conocemos las consecuencias de la disponibilidad de armas, que es la multiplicación de los homicidios", señaló.
Javier Oliva, especialista en temas militares, consideró que las aduanas tienen una enorme responsabilidad, por lo que planteó la necesidad de mejorar los instrumentos tecnológicos de detección de armas.
"Las organizaciones criminales mantienen un constante incremento tanto en la disposición del número de armas como en la capacidad de fuego de las mismas. Evidentemente, esto genera una espiral de violencia como la que estamos observando", dijo.
En la Ley Federal de Armas de Fuego y Explosivos se establecen penas de 5 a 30 años de cárcel a quien participe en la introducción a territorio nacional, en forma clandestina, de armas, municiones, cartuchos, explosivos, y materiales de uso exclusivo de las Fuerzas Armadas.
‘Chapulines’, uno de cada cuatro senadores
De 128 legisladores electos en los comicios de 2012, 35 ya no están y se prevé que en las próximas semanas pidan licencia al menos diez más.
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| Alejandra Barrales (centro) dejó su escaño para competir por la Jefatura de Gobierno de Ciudad de México. (Jorge Carballo/Archivo) |
ANGÉLICA MERCADO
México
Si hasta ahora la cara original del Senado ha cambiado en más de 20 por ciento desde 2012, el éxodo arreció en los últimos días del periodo ordinario y se prevé que antes de febrero, uno de cada cuatro legisladores propietarios haya abandonado su escaño, lo que convierte a esa Cámara en la del mayor número de chapulines en el último cuarto de siglo.
A la fecha, el Senado tiene ya 35 senadores suplentes (27.3 por ciento) y se prevé que en las próximas semanas pidan licencia cuando menos 10 más, lo que equivaldrá a 45 cambios de escaño, 35 por ciento del total de la cámara.
Comisiones relevantes como Justicia, Defensa Nacional, del Trabajo, Comunicaciones, Seguridad Pública o Energía se han visto impactadas por el chapulineo, dado que en algunos casos se ha acusado inexperiencia de sus presidentes en esos temas, a las que se suma ahora Hacienda.
De 128 senadores electos en los comicios federales de 2012, hasta ahora 21 ocupan otros cargos en el gobierno federal, son gobernadores o alcaldes u ocupan cargos diplomáticos; tres se fueron a su casa y cinco murieron en estos últimos años.
Además de que a Armando Ríos Piter se le concedió licencia dos semanas antes de terminar el periodo y ya está en funciones su suplente, Celestino Cesáreo.
Antes de terminar el periodo, el pleno concedió licencia también a la ex dirigente nacional del PRD Alejandra Barrales, quien busca la candidatura a jefa de Gobierno por la coalición Por México al Frente.
También pidió licencia el entonces perredista Fernando Mayans, para buscar la postulación de ese partido al gobierno de Tabasco, aunque la semana pasada anunció su renuncia al PRD y que se sumaba a Morena.
A punto de cerrar la última sesión del Senado el pasado 15 de diciembre, los senadores de Morena Rabindranath Salazar y Fidel Demédicis pidieron y se les concedió licencia para buscar la postulación de su partido a la candidatura de Morelos.
En la misma sesión, el coordinador priista Emilio Gamboa “destapó” a Lisbeth Hernández como la posible candidata de su partido a la gubernatura de esa entidad, al expresar que la gustaría levantar la mano a uno de los dos morenistas como abanderado de su partido, pero “como gobernadores, creo que no van a llegar, va a ser, sin duda alguna, o una compañera senadora que está aquí presente, de Morelos, que es espléndida compañera, o un compañero de mi partido”.
Y los que faltan
Aunado a ello, se espera que cuando menos otra decena pida licencia en los próximos días para irse a las campañas a buscar nuevos cargos.
El pasado miércoles, el priista veracruzano José Yunes fue postulado como precandidato a la gubernatura de Veracruz, al igual que días antes el partido de Morena destapó a Layda Sansores como su abanderada a la alcaldía de Álvaro Obregón, en la Ciudad de México.
Se prevé que en los próximos días y semanas, conforme a los estatutos de sus partidos, pidan licencia los senadores de las nueve entidades donde habrá elecciones para gobernador, como son Distrito Federal, Guanajuato, Jalisco, Morelos, Puebla, Chiapas, Yucatán, Tabasco y Veracruz.
En Guanajuato buscará contender el senador Miguel Ángel Chico, presidente de la Comisión del Trabajo y quien dijo todavía no sabe cuándo sería, pues dependerá de que se emita la convocatoria; además entre los favoritos en las encuestas de su partido, figura el panista Fernando Torres Graciano, actual presidente de la Comisión de Defensa Nacional que con este cambio habría cambiado tres veces de titular en estos años.
Se prevé que el panista José María Martínez pida licencia para contender por las siglas de su partido en Jalisco.
En el caso de Puebla, el senador Javier Lozano ha dicho que contenderá por la candidatura del PAN porque aunque sea rebelde sigue formando parte de ese partido; mientras que en el caso del vice coordinador del bloque PT-Morena, Miguel Barbosa, es prácticamente un hecho que será el candidato morenista, luego de ser nombrado el pasado mes de octubre como coordinador electoral en ese estado, aunque los estatutos de ese partido no obligan a pedir licencia antes de febrero.
En Chiapas también alistan maletas y solicitud de licencia el ecologista Luis Armando Melgar y el priista Roberto Albores.
Hasta el momento se han ido como gobernadores los panistas Javier Corral, Carlos Mendoza Davis, José Rosas Aispuro, Francisco Cabeza de Vaca, Alejandro Tello, Martín Orozco y Francisco Domínguez; así como los priistas Claudia Pavlovich, al gobierno de Sonora; Alejandro Tello Cristerna, a Zacatecas; y Omar Fayad a Hidalgo.
De alcaldes, Leticia Herrera, Fernando Yunes, Maki Ortiz; a dependencia del gobierno federal René Juárez, Mely Romero, David Penchyna y Eviel Pérez; al sector diplomático la senadora Blanca Alcalá; y a su casa Raúl Cervantes, Jorge Emilio González y Pablo Escudero.
Ante esa situación, las coordinaciones de PRI, PAN, del bloque PT-Morena y el presidente del Senado, Ernesto Cordero, han señalado que lo que no se logró en los anteriores periodos ordinarios de sesiones difícilmente transitará en el periodo de primavera.
Desdeñan congresos reforma para Fiscalía General
El año arrancó sin que un solo congreso local haya aprobado la reforma al artículo 102 que elimina el pase automático del titular de la PGR a la Fiscalía General, aprobado antes de concluir el periodo ordinario de sesiones del Senado.
De acuerdo al seguimiento oficial del Senado a las reformas constitucionales aprobadas, hasta ayer ningún congreso había discutido los cambios que determinan que una vez realizada la declaratoria de autonomía constitucional de la Fiscalía General de la República, la Cámara iniciará de forma inmediata el procedimiento de designación del Fiscal General.
El Senado publicó ayer en su página oficial que hasta el momento, aunque hubo congresos que trabajaron hasta los últimos días del año, no aprobaron los ajustes a la reforma política que debe transitar en cuando menos dos terceras partes del Constituyente Permanente para que se pueda promulgar.
Al respecto, la senadora panista y presidenta de la Comisión de Justicia dijo que la discusión no termina en este cambio y antes de concluir la legislatura se tendrá que legislar un modelo de procuración de justicia adecuado, “que responda a las necesidades de justicia del país, pues de ello depende en mucho la política de seguridad del país, una eficaz política de combate a la corrupción y garantizar a los mexicanos el acceso a la justicia”.
México desperdicia 20 millones de toneladas de comida
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| ILUSTRACIÓN: ROSARIO LUCAS. |
Octavio Rivera López
Haga este ejercicio mental: estacione en línea 37 tráileres de carga frente a usted. Llénelos, todos y cada uno, con carne de res. Ahora tire toda es carga en un basurero enorme, y haga lo mismo cada día durante un año.
Usted habrá tirado entonces, más o menos, 552 mil toneladas de carne al año. Sí, leyó bien: 552 mil toneladas de carne de res al año.
Ahora forme en línea frente a usted otros 19 tráileres, pero ahora llénelos con carne de pollo. En seguida tire toda esa carne al mismo enorme basurero, cada día, durante todo un año.
Al final, en este caso, habrá usted mandado al vertedero unas 275 mil toneladas de carne de pollo. ¿Otra vez?: 275 mil toneladas de carne de pollo en un año.
Estas cifras, de verdad difíciles de imaginar, están incluidas en el reporte Pérdidas y desperdicios de alimentos en México, elaborado por el Banco Mundial (BM), y no son las únicas.
A la carne desaprovechada deben sumarse millones de toneladas de otros alimentos para dimensionar, al menos intentarlo, la monstruosa cantidad de comida que se desperdicia en el país.
Estos son los volúmenes que cada año se desperdician de otros alimentos comunes en la dieta nacional:
- 2.8 millones de toneladas de tortilla (es decir, el 28.7 por ciento de la producción nacional).
- 2.6 millones de toneladas de pan blanco (43.1 por ciento de todo el pan de caja que se produce).
- 4.5 millones de litros de leche (también representa el 43.1 por ciento de la producción total).
- 1.3 millones de toneladas de huevo (el 37.98 por ciento de lo que se produce en el país).
- 927 mil toneladas de naranja (es decir, se pierde el 22.30 por ciento de la naranja que se produce).
- 925 mil toneladas de jitomate (igual al 39.30 por ciento de la producción total).
- 99 mil toneladas de pescado (que equivale al 38.71 de la producción nacional).
- 41 mil toneladas de carne de cerdo (el 40.19 por ciento del total), etcétera.
El total del desperdicio en México, un país con 53.4 millones de personas en pobreza, alcanza las 20.4 millones de toneladas anuales.
Esa cantidad de alimento desperdiciado, de acuerdo con el estudio del BM, podría cubrir la demanda de comida de por lo menos 7.3 millones de mexicanos que hoy viven en pobreza.
En términos económicos, el desperdicio le costaría al país 491 mil millones de pesos al año.
Ese dinero equivale a 12 veces el presupuesto de la UNAM en 2017, que fue de 40 mil 900 millones de pesos.
Con esa suma podrían construirse seis proyectos iguales al del Tren Interurbano que en breve conectará la ciudad de México con Toluca, la capital del estado de México. El costo final de ese proyecto se calcula en 78 mil 496 millones de pesos.
Un dato más, por si aún no alcanza a dimensionar el monto de las pérdidas económicas por el desperdicio de alimento, con los 491 mil millones de pesos que desperdiciamos en alimentos cada año se podrían construir 154 estadios como el que estrenó el equipo de futbol Rayados de Monterrey en 2015.
Leyó bien, podrían construirse 154 estadios como el del Monterrey… cada año.
Ese estadio, levantado en la capital de Nuevo León, tuvo un costo de 200 millones de dólares, equivalentes a 3 mil 174 millones de pesos, si la conversión se realiza con el tipo de cambio promedio de ese año, que fue de 15.87 pesos por dólar.
Las causas de desperdicio
Las 20.4 millones de toneladas de desperdicio mencionadas en el reporte representan el 34 por ciento de la producción nacional de alimentos, de acuerdo con el Dr. Genaro Aguilar, coordinador del estudio e investigador del Instituto Politécnico Nacional (IPN).
Para realizar sus cálculos, el reporte tomó en cuenta 79 diferentes alimentos, porque sólo de esos 79 había información estadística suficiente para aplicar la fórmula diseñada para realizar el estudio: como producción nacional, niveles de exportación e importación y consumo dentro y fuera de los hogares.
“Se consideraron sólo 79 alimentos porque eran el grupo con bases de datos sólidas. Si hubiéramos tenido datos sólidos de 120 o 130 alimentos, todos se habrían incluido en la muestra”, dice Aguilar. “Lo que es un hecho es que esos 79 alimentos son una muestra representativa de la dieta básica en México”.
Para poder llegar a sus conclusiones, los responsables del estudio aplicaron cuestionarios a cinco grupos de generadores de desperdicios de alimentos:
- productores
- transportistas
- comerciantes en centrales de abasto
- comerciantes al detalle (tianguis y mercados, por ejemplo) y,
- consumidores
Los cuestionarios fueron diseñados para encontrar las causas del desperdicio y permitieron identificar varias fuentes del derroche a lo largo de toda la cadena productiva.
- Infraestructura inadecuada.
Los agricultores mexicanos no tienen capacidad suficiente para almacenar sus productos. Tampoco tienen los equipos para transformar, por ejemplo, una excesiva cosecha de mango en jugos, mermeladas o frutos deshidratados que les permitan evitar el desperdicio.
La misma falta de infraestructura se refleja en el transporte, según Aguilar. No hay en el país suficientes camiones refrigerados para alargar la vida de los alimentos. El resultado es un enorme desperdicio también durante la transportación.
- Falta de capacitación de la mano de obra en todos los eslabones de la cadena alimenticia.
Los agricultores no saben producir adecuadamente los alimentos. Quienes empacan y transportan no saben cómo manipular debidamente los productos y los vendedores no están capacitados para evitar la merma.
“Que todos ellos lleven años o incluso décadas haciendo lo que hacen no quiere decir que sepan cómo hacerlo, o que lo hagan bien”, dice el catedrático. “Todos ellos piensan que la merma es natural, que la perdida es normal”. Y no es así.
- Falta de planeación en la producción que afecta los precios en el mercado.
Para ilustrar el punto, el coordinador del reporte del BM pone un ejemplo: cientos de productores de fresa cosechan al mismo tiempo, generando una sobre oferta de la fruta. Como consecuencia, se satura el mercado, los precios de la fresa se desploman, las ventas se detienen y el desperdicio llega omo un tsunami.
El estudio también identificó problemas en las últimas etapas de la cadena productiva, es decir, las que están relacionadas con la comercialización.
- Distribución y almacenamiento insuficiente
En México hay unas 66 centrales de abasto de alimentos, pero hay por lo menos 300 grandes ciudades, ergo: la capacidad de almacenamiento de comida es limitada y los alimentos tienen que viajar habitualmente más de lo deseable para cubrir la demanda de todos esos grandes centros urbanos.
El resultado, nuevamente, desperdicio.
La situación se agrava porque muchas de las centrales de abasto que existen tienen capacidades de almacenamiento limitadas, y además no tienen equipos de refrigeración para prolongar la vida de los alimentos.
- Consumo irracional
Especialmente en las grandes ciudades parece que nadie planea lo que va a consumir: ni los restaurantes, ni los hoteles con buffets, ni los responsables de hacer el súper para el horgar. Miles de toneladas de comida, dice Aguilar, pasan automáticamente de los refrigeradores domésticos o de los supermercados al bote de la basura.
Hasta un 70 por ciento del desperdicio de alimento en México, como en otros países en vías de desarrollo, se produce en las primeras fases de la cadena productiva, es decir, durante la cosecha, la transportación y el almacenamiento.
El 30 por ciento restante ocurre durante la comercialización al detalle y ya cuando la comida llegó a los restaurantes, los hoteles y los hogares mexicanos.
En países industrializados, la relación sería a la inversa: 30 por ciento en las primeras fases de la cadena productiva y el 70 por ciento en las etapas de venta y consumo final.
El paradigma equivocado de la superproducción
En el trance del despilfarro México no está solo. En nuestro país, como ya se dijo, el derroche equivaldría al 34 por ciento de la producción total de alimentos.
A nivel global el deshecho rondaría igual un tercio de la producción planetaria, de acuerdo con Renán Poveda, gerente de proyectos y especialista ambiental senior del BM.
Poveda es uno de los principales promotores del análisis del tema, indispensable para empezar a encontrar soluciones.
Él dice que el reporte sobre México es en realidad un estudio pionero, que abona al sentimiento de urgencia que debería prevalecer en el planeta.
“Incluso comparar los niveles de desperdicio entre diferentes países de Europa o Estados Unidos es difícil”, dice el experto, porque la información sobre este problema no es precisamente abundante.
Los resultados del estudio en México fueron presentados en Washington hace algunos meses, frente a responsables de bancos de alimentos y representantes de los gobiernos de varios países.
Como resultado de la presentación, Argentina, Colombia y la India apoyarán en el futuro cercano la realización en sus territorios de estudios similares al efectuado en México.
Pero ¿por qué fue posible que nuestro país y el mundo llegaran a tal nivel de desperdicio?
Genaro Aguilar, el investigador del IPN que coordinó el estudio del BM en México, asegura que en gran medida se debe a la vigencia de un paradigma de desarrollo que privilegió la abundancia en la producción de alimentos sin preocuparse lo suficiente por establecer una gestión adecuada de la comida producida.
En los años 70 y 80 (del siglo pasado), el vertiginoso crecimiento de la población obligó a que los desarrollos científicos y tecnológicos se avocaran de manera especial a incrementar tanto como fuera posible la producción de alimentos en el mundo.
“Esa fue y es hoy todavía la tendencia mundial”, dice Aguilar. “Todos los recursos institucionales se dedicaron durante décadas a producir más”.
Lo que puede concluirse del estudio en México y de lo que pasa en el resto del mundo es que ese paradigma no funciona más.
“El paradigma debe cambiar. Ya no debemos concentrarnos en producir más. El objetivo debe ser ahora mejorar los sistemas de distribución de los alimentos”, dice Aguilar.
La presentación de los resultados del estudio del BM están empezando a generar reacciones positivas.
Si el Estado mexicano lo toma como una prioridad, establecer el nuevo paradigma en el país podría tomar tan poco como 10 años.
Poveda asegura que el gobierno mexicano ha organizado ya un grupo de trabajo que estaría a cargo de definir una estrategia nacional para detener el desperdicio.
Los beneficios serían inconmensurables:
- Millones de personas que hoy no comen tres veces al día, podrían hacerlo.
- Producir y después desechar las 20.4 millones de toneladas de alimentos que cada año desperdicia el país genera emisiones de gases de efecto invernadero que equivalen al bióxido de carbono que producen 15.7 millones de autos en México en un año. Si se detiene el desperdicio toda esa contaminación dejaría de producirse.
- Para producir todo el alimento que tiramos se utilizan, de acuerdo con el reporte del BM, unos 40 billones de litros de agua, una cantidad similar a la que utilizamos todos los mexicanos en 2.4 años. Toda esa agua se ahorraría, nutriendo de manera importante nuestras reservas de agua para el futuro.
- Y los 491 mil millones de pesos que perdemos cada año podrían destinarse a …
La versión completa del estudio del BM se presentará en los primeros días de enero.
Consulte aquí la lista completa de alimentos desperdiciados en México:
IGC
Haga este ejercicio mental: estacione en línea 37 tráileres de carga frente a usted. Llénelos, todos y cada uno, con carne de res. Ahora tire toda es carga en un basurero enorme, y haga lo mismo cada día durante un año.
Usted habrá tirado entonces, más o menos, 552 mil toneladas de carne al año. Sí, leyó bien: 552 mil toneladas de carne de res al año.
Ahora forme en línea frente a usted otros 19 tráileres, pero ahora llénelos con carne de pollo. En seguida tire toda esa carne al mismo enorme basurero, cada día, durante todo un año.
Al final, en este caso, habrá usted mandado al vertedero unas 275 mil toneladas de carne de pollo. ¿Otra vez?: 275 mil toneladas de carne de pollo en un año.
Estas cifras, de verdad difíciles de imaginar, están incluidas en el reporte Pérdidas y desperdicios de alimentos en México, elaborado por el Banco Mundial (BM), y no son las únicas.
A la carne desaprovechada deben sumarse millones de toneladas de otros alimentos para dimensionar, al menos intentarlo, la monstruosa cantidad de comida que se desperdicia en el país.
Estos son los volúmenes que cada año se desperdician de otros alimentos comunes en la dieta nacional:
- 2.8 millones de toneladas de tortilla (es decir, el 28.7 por ciento de la producción nacional).
- 2.6 millones de toneladas de pan blanco (43.1 por ciento de todo el pan de caja que se produce).
- 4.5 millones de litros de leche (también representa el 43.1 por ciento de la producción total).
- 1.3 millones de toneladas de huevo (el 37.98 por ciento de lo que se produce en el país).
- 927 mil toneladas de naranja (es decir, se pierde el 22.30 por ciento de la naranja que se produce).
- 925 mil toneladas de jitomate (igual al 39.30 por ciento de la producción total).
- 99 mil toneladas de pescado (que equivale al 38.71 de la producción nacional).
- 41 mil toneladas de carne de cerdo (el 40.19 por ciento del total), etcétera.
El total del desperdicio en México, un país con 53.4 millones de personas en pobreza, alcanza las 20.4 millones de toneladas anuales.
Esa cantidad de alimento desperdiciado, de acuerdo con el estudio del BM, podría cubrir la demanda de comida de por lo menos 7.3 millones de mexicanos que hoy viven en pobreza.
En términos económicos, el desperdicio le costaría al país 491 mil millones de pesos al año.
Ese dinero equivale a 12 veces el presupuesto de la UNAM en 2017, que fue de 40 mil 900 millones de pesos.
Con esa suma podrían construirse seis proyectos iguales al del Tren Interurbano que en breve conectará la ciudad de México con Toluca, la capital del estado de México. El costo final de ese proyecto se calcula en 78 mil 496 millones de pesos.
Un dato más, por si aún no alcanza a dimensionar el monto de las pérdidas económicas por el desperdicio de alimento, con los 491 mil millones de pesos que desperdiciamos en alimentos cada año se podrían construir 154 estadios como el que estrenó el equipo de futbol Rayados de Monterrey en 2015.
Leyó bien, podrían construirse 154 estadios como el del Monterrey… cada año.
Ese estadio, levantado en la capital de Nuevo León, tuvo un costo de 200 millones de dólares, equivalentes a 3 mil 174 millones de pesos, si la conversión se realiza con el tipo de cambio promedio de ese año, que fue de 15.87 pesos por dólar.
Las causas de desperdicio
Las 20.4 millones de toneladas de desperdicio mencionadas en el reporte representan el 34 por ciento de la producción nacional de alimentos, de acuerdo con el Dr. Genaro Aguilar, coordinador del estudio e investigador del Instituto Politécnico Nacional (IPN).
Para realizar sus cálculos, el reporte tomó en cuenta 79 diferentes alimentos, porque sólo de esos 79 había información estadística suficiente para aplicar la fórmula diseñada para realizar el estudio: como producción nacional, niveles de exportación e importación y consumo dentro y fuera de los hogares.
“Se consideraron sólo 79 alimentos porque eran el grupo con bases de datos sólidas. Si hubiéramos tenido datos sólidos de 120 o 130 alimentos, todos se habrían incluido en la muestra”, dice Aguilar. “Lo que es un hecho es que esos 79 alimentos son una muestra representativa de la dieta básica en México”.
Para poder llegar a sus conclusiones, los responsables del estudio aplicaron cuestionarios a cinco grupos de generadores de desperdicios de alimentos:
- productores
- transportistas
- comerciantes en centrales de abasto
- comerciantes al detalle (tianguis y mercados, por ejemplo) y,
- consumidores
Los cuestionarios fueron diseñados para encontrar las causas del desperdicio y permitieron identificar varias fuentes del derroche a lo largo de toda la cadena productiva.
- Infraestructura inadecuada.
Los agricultores mexicanos no tienen capacidad suficiente para almacenar sus productos. Tampoco tienen los equipos para transformar, por ejemplo, una excesiva cosecha de mango en jugos, mermeladas o frutos deshidratados que les permitan evitar el desperdicio.
La misma falta de infraestructura se refleja en el transporte, según Aguilar. No hay en el país suficientes camiones refrigerados para alargar la vida de los alimentos. El resultado es un enorme desperdicio también durante la transportación.
- Falta de capacitación de la mano de obra en todos los eslabones de la cadena alimenticia.
Los agricultores no saben producir adecuadamente los alimentos. Quienes empacan y transportan no saben cómo manipular debidamente los productos y los vendedores no están capacitados para evitar la merma.
“Que todos ellos lleven años o incluso décadas haciendo lo que hacen no quiere decir que sepan cómo hacerlo, o que lo hagan bien”, dice el catedrático. “Todos ellos piensan que la merma es natural, que la perdida es normal”. Y no es así.
- Falta de planeación en la producción que afecta los precios en el mercado.
Para ilustrar el punto, el coordinador del reporte del BM pone un ejemplo: cientos de productores de fresa cosechan al mismo tiempo, generando una sobre oferta de la fruta. Como consecuencia, se satura el mercado, los precios de la fresa se desploman, las ventas se detienen y el desperdicio llega omo un tsunami.
El estudio también identificó problemas en las últimas etapas de la cadena productiva, es decir, las que están relacionadas con la comercialización.
- Distribución y almacenamiento insuficiente
En México hay unas 66 centrales de abasto de alimentos, pero hay por lo menos 300 grandes ciudades, ergo: la capacidad de almacenamiento de comida es limitada y los alimentos tienen que viajar habitualmente más de lo deseable para cubrir la demanda de todos esos grandes centros urbanos.
El resultado, nuevamente, desperdicio.
La situación se agrava porque muchas de las centrales de abasto que existen tienen capacidades de almacenamiento limitadas, y además no tienen equipos de refrigeración para prolongar la vida de los alimentos.
- Consumo irracional
Especialmente en las grandes ciudades parece que nadie planea lo que va a consumir: ni los restaurantes, ni los hoteles con buffets, ni los responsables de hacer el súper para el horgar. Miles de toneladas de comida, dice Aguilar, pasan automáticamente de los refrigeradores domésticos o de los supermercados al bote de la basura.
Hasta un 70 por ciento del desperdicio de alimento en México, como en otros países en vías de desarrollo, se produce en las primeras fases de la cadena productiva, es decir, durante la cosecha, la transportación y el almacenamiento.
El 30 por ciento restante ocurre durante la comercialización al detalle y ya cuando la comida llegó a los restaurantes, los hoteles y los hogares mexicanos.
En países industrializados, la relación sería a la inversa: 30 por ciento en las primeras fases de la cadena productiva y el 70 por ciento en las etapas de venta y consumo final.
El paradigma equivocado de la superproducción
En el trance del despilfarro México no está solo. En nuestro país, como ya se dijo, el derroche equivaldría al 34 por ciento de la producción total de alimentos.
A nivel global el deshecho rondaría igual un tercio de la producción planetaria, de acuerdo con Renán Poveda, gerente de proyectos y especialista ambiental senior del BM.
Poveda es uno de los principales promotores del análisis del tema, indispensable para empezar a encontrar soluciones.
Él dice que el reporte sobre México es en realidad un estudio pionero, que abona al sentimiento de urgencia que debería prevalecer en el planeta.
“Incluso comparar los niveles de desperdicio entre diferentes países de Europa o Estados Unidos es difícil”, dice el experto, porque la información sobre este problema no es precisamente abundante.
Los resultados del estudio en México fueron presentados en Washington hace algunos meses, frente a responsables de bancos de alimentos y representantes de los gobiernos de varios países.
Como resultado de la presentación, Argentina, Colombia y la India apoyarán en el futuro cercano la realización en sus territorios de estudios similares al efectuado en México.
Pero ¿por qué fue posible que nuestro país y el mundo llegaran a tal nivel de desperdicio?
Genaro Aguilar, el investigador del IPN que coordinó el estudio del BM en México, asegura que en gran medida se debe a la vigencia de un paradigma de desarrollo que privilegió la abundancia en la producción de alimentos sin preocuparse lo suficiente por establecer una gestión adecuada de la comida producida.
En los años 70 y 80 (del siglo pasado), el vertiginoso crecimiento de la población obligó a que los desarrollos científicos y tecnológicos se avocaran de manera especial a incrementar tanto como fuera posible la producción de alimentos en el mundo.
“Esa fue y es hoy todavía la tendencia mundial”, dice Aguilar. “Todos los recursos institucionales se dedicaron durante décadas a producir más”.
Lo que puede concluirse del estudio en México y de lo que pasa en el resto del mundo es que ese paradigma no funciona más.
“El paradigma debe cambiar. Ya no debemos concentrarnos en producir más. El objetivo debe ser ahora mejorar los sistemas de distribución de los alimentos”, dice Aguilar.
La presentación de los resultados del estudio del BM están empezando a generar reacciones positivas.
Si el Estado mexicano lo toma como una prioridad, establecer el nuevo paradigma en el país podría tomar tan poco como 10 años.
Poveda asegura que el gobierno mexicano ha organizado ya un grupo de trabajo que estaría a cargo de definir una estrategia nacional para detener el desperdicio.
Los beneficios serían inconmensurables:
- Millones de personas que hoy no comen tres veces al día, podrían hacerlo.
- Producir y después desechar las 20.4 millones de toneladas de alimentos que cada año desperdicia el país genera emisiones de gases de efecto invernadero que equivalen al bióxido de carbono que producen 15.7 millones de autos en México en un año. Si se detiene el desperdicio toda esa contaminación dejaría de producirse.
- Para producir todo el alimento que tiramos se utilizan, de acuerdo con el reporte del BM, unos 40 billones de litros de agua, una cantidad similar a la que utilizamos todos los mexicanos en 2.4 años. Toda esa agua se ahorraría, nutriendo de manera importante nuestras reservas de agua para el futuro.
- Y los 491 mil millones de pesos que perdemos cada año podrían destinarse a …
La versión completa del estudio del BM se presentará en los primeros días de enero.
Consulte aquí la lista completa de alimentos desperdiciados en México:
IGC
Alerta INE sobre riesgo en 4 estados
Movilidad de autoridades y votantes, así como peligro para funcionarios de casilla, son las advertencias emitidas por la autoridad electoral
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| Foto: Archivo |
LETICIA ROBLES DE LA ROSA
Guerrero, Michoacán, Tamaulipas y Veracruz son, por tercera vez consecutiva, los cuatro estados considerados como zonas de riesgo para las elecciones federales, de acuerdo con el listado de alerta del Instituto Nacional Electoral (INE) y la Fiscalía Especializada para la Atención de Delitos Electorales (Fepade).
La inseguridad en esas cuatro entidades, además de Chihuahua, es un foco rojo para la organización de las elecciones. El documento de la autoridad federal señala atención especial para solicitar más respaldo de autoridades de seguridad pública.
Dentro de esos estados se pronostica movilidad de autoridades y votantes.
El documento también señala que la inseguridad pública repuntó en seis de las nueve entidades donde se elegirá gobernador: Guanajuato, Jalisco, Ciudad de México, Morelos, Puebla y Veracruz.
Por tercera ocasión consecutiva los comicios presidenciales se harán en un escenario de vulnerabilidad a la seguridad de los funcionarios de casilla y de los votantes en cinco entidades.
EN OTROS SEIS PREOCUPA ALZA EN CRIMEN
Por tercera ocasión consecutiva, los estados de Guerrero, Michoacán, Tamaulipas y Veracruz son considerados como zonas de riesgos de seguridad y movilidad de autoridades y votantes en una elección federal, pues aparecen en el listado de alerta que tienen el Instituto Nacional Electoral y la Fiscalía Especializada para la Atención de Delitos Electorales (Fepade) para las elecciones de este año.
Además, la inseguridad pública repuntó en seis de las nueve entidades donde se elegirá nuevos gobernadores, que son Guanajuato, Jalisco, Ciudad de México, Morelos, Puebla y Veracruz, según los reportes de este mes sobre el nivel de inseguridad en el país.
México vivirá en 2018 el proceso electoral más grande de su historia moderna, porque somete a elección tres mil 406 cargos, que serán decididos por alrededor de 87 millones 895 mil 313 ciudadanos, atendidos por un millón 392 mil 411 funcionarios de 156 mil 99 casillas, que elegirán al nuevo Presidente de la República, a los 128 senadores y 500 diputados federales, así como a nueve gobernadores y a dos mil 768 diputados locales, ayuntamientos, juntas municipales, alcaldías y consejales.
Y a pesar del esfuerzo realizado de manera constante desde 2006 para disminuir los niveles de inseguridad, por tercera ocasión consecutiva los comicios presidenciales se realizarán en un escenario de vulnerabilidad a la seguridad de los funcionarios de casilla y de los propios votantes en cinco entidades, cuatro de ellas ya consideradas como zonas de alerta desde hace 11 años.
De acuerdo con información del Instituto Nacional Electoral (INE), los estados de Chihuahua, Guerrero, Michoacán, Tamaulipas y algunas zonas del estado de Veracruz son considerados como “focos de riesgo” para las organización de las elecciones, sin que en ninguno de ellos se llegue a un nivel de alto riesgo o de peligro para no realizarse las elecciones; la categoría es de atención especial para solicitar más respaldo de autoridades de seguridad pública.
En tanto, la Fepade informó hace unas semanas a los senadores integrantes de las comisiones de Gobernación y Seguridad Pública, que los estados de Guerrero, Michoacán, Tamaulipas y Veracruz representan retos de mayor atención para garantizar el desarrollo pacífico del proceso electoral, según informaron a Excélsior algunos de los senadores que escucharon el reporte semanas antes de que concluyera este año y antes de nombrar al nuevo titular.
Comparado con los listados de las entidades de mayor riesgo para la seguridad en las elecciones federales presidenciales de los años 2006 y 2012, se observa que son cuatro las entidades que conservan este estatus, a pesar de los cambios de gobierno que han tenido y de los apoyos federales.
En el año 2006, los estados con mayor problema de seguridad eran Tamaulipas, Sonora, Sinaloa, Veracruz, Guerrero, Michoacán y Baja California Sur.
Para el 2012, había nueve estados de alta atención en el proceso electoral: Guerrero, Tamaulipas, Chihuahua, Veracruz, Michoacán, Sinaloa, Zacatecas, Chiapas y Durango; en dos de ellos, como fueron los casos de Chiapas y Guerrero, se registraba un ambiente de crispación política.
Así, a pesar de que 2017 es considerado estadísticamente como el más violento en la historia del país, desde que se registran las estadísticas de violencia e inseguridad pública, es evidente que el número de entidades con riesgos en un proceso electoral es significativamente menor; además, en esta ocasión no hay registro de entidades con crispación social.
El análisis de las autoridades electorales para este 2018, sin embargo, es que estos focos de atención no frenarán el proceso electoral, como no lo hicieron en las dos sucesiones presidenciales anteriores.
MATAN A ASPIRANTE A ALCALDÍA
ACAPULCO.— La noche del domingo, en el municipio de Atoyac, región de la Costa Grande, Adolfo Serna Noguera, empresario que había manifestado su intención de competir por la alcaldía de su municipio, fue asesinado afuera del edificio donde vivía.
Los hechos ocurrieron en la calle Emiliano Zapata, en ese lugar tenía su domicilio y oficina de trabajo. La empresa de construcción donde laboraba el ahora occiso hacía obras para el ayuntamiento de Atoyac.
Ante estos hechos, la Fiscalía General de Guerrero dio a conocer que se había abierto una carpeta de investigación por este asesinato y ya se estaba investigando lo ocurrido en el municipio.
“Luego de tener conocimiento de los hechos, personal de la Fiscalia se trasladó hasta el lugar para las diligencias correspondientes, encontrando en el área casquillos percutidos y trasladando el cuerpo al Servicio Médico Forense para la práctica de la necropsia de ley”, informo el vocero del Grupo de Coordinación Guerrero, Roberto Álvarez.
Rolando Aguilar
La inseguridad en esas cuatro entidades, además de Chihuahua, es un foco rojo para la organización de las elecciones. El documento de la autoridad federal señala atención especial para solicitar más respaldo de autoridades de seguridad pública.
Dentro de esos estados se pronostica movilidad de autoridades y votantes.
El documento también señala que la inseguridad pública repuntó en seis de las nueve entidades donde se elegirá gobernador: Guanajuato, Jalisco, Ciudad de México, Morelos, Puebla y Veracruz.
Por tercera ocasión consecutiva los comicios presidenciales se harán en un escenario de vulnerabilidad a la seguridad de los funcionarios de casilla y de los votantes en cinco entidades.
EN OTROS SEIS PREOCUPA ALZA EN CRIMEN
Por tercera ocasión consecutiva, los estados de Guerrero, Michoacán, Tamaulipas y Veracruz son considerados como zonas de riesgos de seguridad y movilidad de autoridades y votantes en una elección federal, pues aparecen en el listado de alerta que tienen el Instituto Nacional Electoral y la Fiscalía Especializada para la Atención de Delitos Electorales (Fepade) para las elecciones de este año.
Además, la inseguridad pública repuntó en seis de las nueve entidades donde se elegirá nuevos gobernadores, que son Guanajuato, Jalisco, Ciudad de México, Morelos, Puebla y Veracruz, según los reportes de este mes sobre el nivel de inseguridad en el país.
México vivirá en 2018 el proceso electoral más grande de su historia moderna, porque somete a elección tres mil 406 cargos, que serán decididos por alrededor de 87 millones 895 mil 313 ciudadanos, atendidos por un millón 392 mil 411 funcionarios de 156 mil 99 casillas, que elegirán al nuevo Presidente de la República, a los 128 senadores y 500 diputados federales, así como a nueve gobernadores y a dos mil 768 diputados locales, ayuntamientos, juntas municipales, alcaldías y consejales.
Y a pesar del esfuerzo realizado de manera constante desde 2006 para disminuir los niveles de inseguridad, por tercera ocasión consecutiva los comicios presidenciales se realizarán en un escenario de vulnerabilidad a la seguridad de los funcionarios de casilla y de los propios votantes en cinco entidades, cuatro de ellas ya consideradas como zonas de alerta desde hace 11 años.
De acuerdo con información del Instituto Nacional Electoral (INE), los estados de Chihuahua, Guerrero, Michoacán, Tamaulipas y algunas zonas del estado de Veracruz son considerados como “focos de riesgo” para las organización de las elecciones, sin que en ninguno de ellos se llegue a un nivel de alto riesgo o de peligro para no realizarse las elecciones; la categoría es de atención especial para solicitar más respaldo de autoridades de seguridad pública.
En tanto, la Fepade informó hace unas semanas a los senadores integrantes de las comisiones de Gobernación y Seguridad Pública, que los estados de Guerrero, Michoacán, Tamaulipas y Veracruz representan retos de mayor atención para garantizar el desarrollo pacífico del proceso electoral, según informaron a Excélsior algunos de los senadores que escucharon el reporte semanas antes de que concluyera este año y antes de nombrar al nuevo titular.
Comparado con los listados de las entidades de mayor riesgo para la seguridad en las elecciones federales presidenciales de los años 2006 y 2012, se observa que son cuatro las entidades que conservan este estatus, a pesar de los cambios de gobierno que han tenido y de los apoyos federales.
En el año 2006, los estados con mayor problema de seguridad eran Tamaulipas, Sonora, Sinaloa, Veracruz, Guerrero, Michoacán y Baja California Sur.
Para el 2012, había nueve estados de alta atención en el proceso electoral: Guerrero, Tamaulipas, Chihuahua, Veracruz, Michoacán, Sinaloa, Zacatecas, Chiapas y Durango; en dos de ellos, como fueron los casos de Chiapas y Guerrero, se registraba un ambiente de crispación política.
Así, a pesar de que 2017 es considerado estadísticamente como el más violento en la historia del país, desde que se registran las estadísticas de violencia e inseguridad pública, es evidente que el número de entidades con riesgos en un proceso electoral es significativamente menor; además, en esta ocasión no hay registro de entidades con crispación social.
El análisis de las autoridades electorales para este 2018, sin embargo, es que estos focos de atención no frenarán el proceso electoral, como no lo hicieron en las dos sucesiones presidenciales anteriores.
MATAN A ASPIRANTE A ALCALDÍA
ACAPULCO.— La noche del domingo, en el municipio de Atoyac, región de la Costa Grande, Adolfo Serna Noguera, empresario que había manifestado su intención de competir por la alcaldía de su municipio, fue asesinado afuera del edificio donde vivía.
Los hechos ocurrieron en la calle Emiliano Zapata, en ese lugar tenía su domicilio y oficina de trabajo. La empresa de construcción donde laboraba el ahora occiso hacía obras para el ayuntamiento de Atoyac.
Ante estos hechos, la Fiscalía General de Guerrero dio a conocer que se había abierto una carpeta de investigación por este asesinato y ya se estaba investigando lo ocurrido en el municipio.
“Luego de tener conocimiento de los hechos, personal de la Fiscalia se trasladó hasta el lugar para las diligencias correspondientes, encontrando en el área casquillos percutidos y trasladando el cuerpo al Servicio Médico Forense para la práctica de la necropsia de ley”, informo el vocero del Grupo de Coordinación Guerrero, Roberto Álvarez.
Rolando Aguilar
Abre 2018 con trancazo de 1.50 a tres pesos al kilo de tortillas
El monto del incremento dependerá de la región del país, anuncia unión de productores
Los maquileros aseguran que llevan varios meses aguantando aumentos en gas, luz y maíz
Javier Salinas Cesáreo - Corresponsal
Ecatepec, Méx.
La Unión Nacional de Industriales de Molinos y Tortillas (Unimtac), a la que se han integrado más de 80 mil tortillerías y molinos del país, informó que ante el incremento en los insumos que utilizan para la producción, como gas, energía eléctrica y maíz, prevé aumentar el precio de la tortilla de 1.50 a tres pesos por kilogramo.
Lorenzo Mejía Morales, presidente de la Unimtac, informó que en los primeros días de 2018 el kilogramo se venderá a 17 pesos en algunos lugares de la República mexicana y en otras regiones en 11.50.
El precio de la luz se modificó al alza, agregó, “y eso está pegando mucho en el comercio y la industria, y en algunas residencias que rebasan el esquema de la Comisión Federal de Electricidad (CFE) de consumo bajo, y cuando rebasas ese límite ya te cobran sin subsidio e inmediatamente se duplica, entonces es un tema álgido que nos preocupa.
Si no hacemos la modificación (en el precio del kilogramo de tortilla) se van a volver a descapitalizar o descapitalizar más los propietarios de molinos y tortillerías, lo que será más perjudicial para ellos. Otros compañeros en el interior de la República ya lo están reflejando (el aumento) desde Navidad, dijeron que lo harían antes de que concluyera el año por la modificación en el precio del dólar, explicó.
Afirmó que en general los maquileros han resentido en los meses recientes el aumento del precio del gas y la energía eléctrica, principalmente, lo que elevó el costo de producción. Agregó que en estados como Jalisco, donde los industriales compran grandes cantidades de maíz importado, los costos sufrieron cambios por el aumento del dólar.
Agregó que algunos no aumentaron el precio del kilogramo en Navidad o el primer día de 2018, pero lo harán en cuanto les lleguen las facturas por el consumo de energía eléctrica y gas.
Decían que no iban a poder aguantar hasta 2018, así es que de manera general tanto la materia prima como los energéticos están orillando a todos los industriales a modificar los precios. La variación en el incremento de 1.5 a tres pesos dependerá de cada región del país.
Mejía Morales recordó que debido al sismo del 19 de septiembre se suspendió un programa para la regularización y estabilización del costo de la producción de tortilla, por el cual los miembros de la Unimtac mantendrían el precio del kilogramo al contratar energía eléctrica con una empresa privada que les ofrecería descuentos de 10 a 15 por ciento del precio que les ofrece la CFE.
Los maquileros aseguran que llevan varios meses aguantando aumentos en gas, luz y maíz
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| En febrero de 2016, el kilo de tortilla era vendido a 11 pesos en este expendio de la colonia Juárez, en Ciudad de México Foto Francisco Olvera |
Javier Salinas Cesáreo - Corresponsal
Ecatepec, Méx.
La Unión Nacional de Industriales de Molinos y Tortillas (Unimtac), a la que se han integrado más de 80 mil tortillerías y molinos del país, informó que ante el incremento en los insumos que utilizan para la producción, como gas, energía eléctrica y maíz, prevé aumentar el precio de la tortilla de 1.50 a tres pesos por kilogramo.
Lorenzo Mejía Morales, presidente de la Unimtac, informó que en los primeros días de 2018 el kilogramo se venderá a 17 pesos en algunos lugares de la República mexicana y en otras regiones en 11.50.
El precio de la luz se modificó al alza, agregó, “y eso está pegando mucho en el comercio y la industria, y en algunas residencias que rebasan el esquema de la Comisión Federal de Electricidad (CFE) de consumo bajo, y cuando rebasas ese límite ya te cobran sin subsidio e inmediatamente se duplica, entonces es un tema álgido que nos preocupa.
Si no hacemos la modificación (en el precio del kilogramo de tortilla) se van a volver a descapitalizar o descapitalizar más los propietarios de molinos y tortillerías, lo que será más perjudicial para ellos. Otros compañeros en el interior de la República ya lo están reflejando (el aumento) desde Navidad, dijeron que lo harían antes de que concluyera el año por la modificación en el precio del dólar, explicó.
Afirmó que en general los maquileros han resentido en los meses recientes el aumento del precio del gas y la energía eléctrica, principalmente, lo que elevó el costo de producción. Agregó que en estados como Jalisco, donde los industriales compran grandes cantidades de maíz importado, los costos sufrieron cambios por el aumento del dólar.
Agregó que algunos no aumentaron el precio del kilogramo en Navidad o el primer día de 2018, pero lo harán en cuanto les lleguen las facturas por el consumo de energía eléctrica y gas.
Decían que no iban a poder aguantar hasta 2018, así es que de manera general tanto la materia prima como los energéticos están orillando a todos los industriales a modificar los precios. La variación en el incremento de 1.5 a tres pesos dependerá de cada región del país.
Mejía Morales recordó que debido al sismo del 19 de septiembre se suspendió un programa para la regularización y estabilización del costo de la producción de tortilla, por el cual los miembros de la Unimtac mantendrían el precio del kilogramo al contratar energía eléctrica con una empresa privada que les ofrecería descuentos de 10 a 15 por ciento del precio que les ofrece la CFE.
El 2018 arranca con alza en gasolinas
Alza en combustibles
Los mayores precios se deben al ajuste y actualización, en línea con la inflación, del IEPS; gasolineros no han anunciado aún un aumento a su margen de ganancia.
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Karol García
El 2018 arranca con aumentos de entre 56 y 70 centavos por litro en promedio nacional para las gasolinas regular y Premium y el diésel, únicamente por impuestos ajustados a la inflación como la cuota para Estados y Municipios, por emisión de carbono y la cuota federal, así como el Impuesto Especial a Productos y Servicios (IEPS) que se incrementó en hasta 6.74% conforme a lo aprobado por el Congreso el año pasado. Con ello, el precio de las gasolinas automotrices ha aumentado entre 57% y 63% en lo que va de la presente administración.
La Asociación Mexicana de Gasolineros (Amegas) informó desde el 31 de diciembre a sus agremiados que los precios de las gasolinas subirán con la actualización de estos componentes impositivos que impactarán el precio de venta de primera mano de Petróleos Mexicanos (Pemex) Transformación Industrial, a través de la lista de precios por terminal de almacenamiento del país, emitida por la Comisión Reguladora de Energía (CRE).
“El incremento es de 6.9% en promedio, directamente a las cuotas que se describen aplicables a los combustibles automotrices y combustibles fósiles en términos de la Ley del IEPS y Ley de Ingresos de la Federación”, refirió.
Cabe resaltar que estos incrementos no incluyen ningún aumento al margen de los gasolineros, por el momento. Así, como mínimo la gasolina regular se incrementa en 0.65 pesos por litro, mientras que la Premium sube 0.55 pesos y el diésel 0.7 pesos por litro en promedio nacional.
El mayor impacto de estos incrementos es representado por el IEPS, que para la gasolina regular provoca un incremento de 0.29 pesos, mientras que para la regular de 0.24 pesos y para el diésel de 0.31 pesos por litro. En contraste con el año pasado, el aumento de este IEPS es de 6.74% para la gasolina regular, de 6.59% para la Premium y de 6.55% para el diésel.
La recaudación proyectada por concepto de IEPS en la Ley de Ingresos de la Federación 2018 asciende a 258,633 millones de pesos, en contraste con los 284,432 millones de pesos establecidos para el 2017.
ESTÍMULO FISCAL
Cabe señalar que, como lo prometió la Secretaría de Hacienda al enviar la Ley de Ingresos para este año en 2017, los incrementos abruptos en los precios de referencia activan un estímulo fiscal para alguno o todos los combustibles por periodos que están sujetos a revisiones de corto plazo, primero semanales y luego diarias. Este subsidio se aplica directamente al IEPS.
Así, del 1 al 5 de enero la cuota para la Premium recibe un estímulo fiscal de 0.97 pesos por litro, ya que según la Ley, el litro de gasolina con más de 92 octanos debió haber sido grabado con 3.88 pesos por litro, pero con este apoyo se reduce a 2.9 pesos por litro hasta la siguiente revisión.
Estos precios aplican para la compra de gasolinas al mayoreo a Pemex, que son prácticamente todas las gasolinerías del país excepto las que no de manera regular venden la importada por Tesoro (hoy Endavor) a través de ductos de Pemex en Baja California, en expendios de marca Arco, y las de la marca Mobil con gasolina importada por Exxon por ferrocarril hasta Querétaro. A estas marcas se les aplican todos los componentes impositivos pero sus costos logísticos podrán permitirles ligeras reducciones al precio final. Entre todas, no son más de 10 las gasolineras que arrancan el año con este esquema independiente.
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El precio final de las gasolinas está liberado en todo el país, por lo que conforme a los costos logísticos se comienzan a ver variaciones regionales, aunque en todas partes se sufren estos aumentos en promedio.
Por ejemplo, en contraste con el último precio promedio reportado por los permisionarios a la CRE en 2017, en la delegación Cuauhtémoc de la Ciudad de México la gasolina regular llega entonces a un precio al consumidor de 17.15 pesos, mientras que la Premium alcanza 18.93 pesos y el diésel 17.92 pesos.
En Tijuana, el precio de la Magna llega en promedio a 17.29 pesos por litro, la Premium a 18.92 pesos y el diésel a 18.12 pesos por litro, mientras que en la ciudad de Oaxaca el precio de la gasolina regular tiene un promedio de 16.9 pesos, la Premium de 18.47 y el diésel de 17.88 pesos por litro.
Gobernadores: una década sin certificar a sus policías
En 2008 se acordó no permitir servidores sin certificación. En 2009 se determinó que en cuatro años todos los elementos deberán contar con su documento o serían separados del cargo. Los gobiernos estatales siguen utilizando policías no certificados
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ARTURO RAMOS Y OSCAR VIALE
Desde 2008, año en el que se fraguó la reforma constitucional más importante en la materia, se determinó que “ninguna persona podrá ingresar a las instituciones de seguridad pública si no ha sido debidamente certificada” en su formación en academia policial, su capacitación y controles de confianza (pruebas de polígrafo, por ejemplo); sólo así los elementos recibirían el Certificado Único Policial.
Un año después de aquella reforma constitucional, el 2 de enero de 2009, la Ley General del Sistema Nacional de Seguridad Pública fue promulgada y se determinó que “de manera progresiva y en un plazo de cuatro años” todos los integrantes de las Instituciones de Seguridad Pública deberán contar con el certificado a que se refiere el Artículo 21 de la Constitución, “quienes no obtengan el certificado serán separados del servicio”. Esto quiere decir que en 2013 la separación de policías que no tuvieran el Certificado Único debía iniciar… pero en lugar de ello se emitió una ampliación de 12 meses, a partir de una reforma legal solicitada de emergencia al
Congreso.
Después de esos doce meses, ya no hubo ni ampliación del plazo legal, sencillamente se llegó a la situación actual: Las policías estatales a la fecha cuentan con cero certificaciones.
En algunas entidades existen agrupamientos a cuyos agentes se aplicó unja prueba de polígrafo, se completó la formación académica policial o participaron en algunos cursos, sin embargo, en ningún caso se cumplen los requisitos que mandata la constitución.
Entre las corporaciones uniformadas (las que antes se llamaban preventivas) sólo la Policía Federal mantiene los tres puntos señalados como requisito de ingreso al trabajo activo. A consulta expresa de Crónica, la Federal remitió información en el sentido de que todos sus elementos pasan por formación inicial, pasa por controles de confianza y están sometidos a capacitación.
La Policía Federal lleva el registro y control de su personal a partir de su Sistema de Desarrollo Policial… pero los estados son algo muy diferente.
LA CERTIFICACIÓN. La certificación para un policía se determinó en la Ley General del Sistema Nacional de Seguridad Pública, se entregaría a una persona que:
1) Hubiese estado (estudiado) en academia policial,
2) Comprobara que su capacitación para realizar el trabajo policial está actualizada,
3) Pasara exámenes de control de confianza (pruebas destinadas a determinar si la persona vive respetando la ley en su vida privada y en el ejercicio de sus funciones).
El resultado sería un Certificado Único Policial, una constancia de que la persona es capaz como elemento policial y es fiable. Ese certificado podría ser utilizado por el policía incluso para cambiar de una corporación a otra si así le convenía. Una suerte de gran bolsa de policías certificados sería la fuente habitual de contrataciones de las corporaciones del país.
A diez años de las reforma legales que alcanzaron la Constitución, el número de certificados emitidos en el país es cero; ningún estado del país cumple esta premisa constitucional y, de acuerdo a lo comentado durante una presentación decembrina de datos estadísticos por Álvaro Vizcaíno, Secretario Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, será hasta este año cuando los policías empiecen a contar con los certificados y hasta 2019 cuando se tenga a todos los policías en regla.
Estas fechas ya ni siquiera están en las disposiciones de la Ley General (ya no se solicitó otra reforma de emergencia al Congreso cuando se agotaron los 12 meses adicionales que se concedieron en 2013); las nuevas fechas están en normas de menor envergadura, en lineamientos aprobados en reuniones en las que participan los estados del país en el marco del Sistema Nacional de Seguridad Pública.
“La certificación de policías está contenida en el Artículo 21 Constitucional”, señala al respecto el maestro Álvaro Vizcaíno Zamora, Secretario Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, “y es una de las bases mínimas del Sistema Nacional de Seguridad Pública. Por mucho tiempo se entendió que la certificación era exclusivamente la evaluación de control de confianza. Al revisar la Ley, ésta es clara al señalar que un policía sea evaluado en cuanto a sus competencias y su desempeño y que compruebe que tiene formación inicial de academia. Esto implicó generar un modelo para generar evaluadores en todo el país, herramientas, manuales, y avanzar en la certificación”.
Vizcaíno señala que es un tema que se lleva constantemente a los foros en los que Federación y estados toman decisiones sobre cómo mejorar a las policías y la seguridad pública en general.
EL ÚLTIMO INTENTO. A partir de este año, inicia un nuevo intento de llegar al Certificado Único Policial. La implementación de este último intento lleva más de un año y, si todo va bien, logrará cubrir a la totalidad de policías de los estados hasta 2019.
La inscripción de competencias iniciará en 2018, esto porque el Certificado Único Policial debe no sólo generarse a partir de pruebas a los policías y seguimiento a su capacitación, sino que además debe quedar registro electrónico a efecto de que cada contratación puede realizarse previa verificación de que la persona cuenta con el requisito constitucional.
“Implica que el Certificado esté vinculado como clave alfanumérica al registro del personal, y está en una fase de pruebas piloto en los últimos meses para verificar que la información tenga la calidad necesaria”, señala Vizcaíno, “terminaron de manera muy reciente, de forma que quedará lista la posibilidad de tener registrada la certificación durante el mes de enero para que los Centro Estatales de Control de Confianza emitan los certificados”.
--¿La respuesta corta es que se tienen cero certificados únicos policiales en el país? –se le pregunta a Vizcaíno sobre el número de policías estatales que cumplen el requisito diez años después de la reforma legal.
--La respuesta es un largo trabajo, no es una no es una improvisación. Los proyectos llevan una gran metodología --defiende Vizcaíno al proceso que tiene una década en marcha y no ha podido generar un solo certificado que corresponda a lo establecido en la Constitución.
“Debo subrayar que si esto ocurrirá en 2018”, añade Vizcaíno, “no implica ningún incumplimiento (de las corporaciones) toda vez que existen lineamientos publicados en el DOF que establecen tres años para que se emitan los certificados”.
Por lo pronto, añade Vizcaíno, uno de los indicadores indispensables para que las policías del país mejoren es que cada uno de sus elementos cuente con el certificado, “es uno de los diez indicadores para el funcionamiento óptimo de las policías estatales, la meta a alcanzar es que el 50 por ciento tenga el certificado durante 2018 y 100 por ciento en 2019”.
Quiénes deben integrar las policías, según la Constitución
-La regulación de la selección, ingreso, formación, permanencia, evaluación, reconocimiento y certificación de los integrantes de las instituciones de seguridad pública. La operación y desarrollo de estas acciones será competencia de la Federación, las entidades federativas y los Municipios en el ámbito de sus respectivas atribuciones.
-Las instituciones de seguridad pública serán de carácter civil, disciplinado y profesional. El Ministerio Público y las instituciones policiales de los tres órdenes de gobierno deberán coordinarse entre sí para cumplir los objetivos de la seguridad pública y conformarán el Sistema Nacional de Seguridad Pública, que estará sujeto a las siguientes bases mínimas.
-Ninguna persona podrá ingresar a las instituciones de seguridad pública si no ha sido debidamente certificado y registrado en el sistema.
Desde 2008, año en el que se fraguó la reforma constitucional más importante en la materia, se determinó que “ninguna persona podrá ingresar a las instituciones de seguridad pública si no ha sido debidamente certificada” en su formación en academia policial, su capacitación y controles de confianza (pruebas de polígrafo, por ejemplo); sólo así los elementos recibirían el Certificado Único Policial.
Un año después de aquella reforma constitucional, el 2 de enero de 2009, la Ley General del Sistema Nacional de Seguridad Pública fue promulgada y se determinó que “de manera progresiva y en un plazo de cuatro años” todos los integrantes de las Instituciones de Seguridad Pública deberán contar con el certificado a que se refiere el Artículo 21 de la Constitución, “quienes no obtengan el certificado serán separados del servicio”. Esto quiere decir que en 2013 la separación de policías que no tuvieran el Certificado Único debía iniciar… pero en lugar de ello se emitió una ampliación de 12 meses, a partir de una reforma legal solicitada de emergencia al
Congreso.
Después de esos doce meses, ya no hubo ni ampliación del plazo legal, sencillamente se llegó a la situación actual: Las policías estatales a la fecha cuentan con cero certificaciones.
En algunas entidades existen agrupamientos a cuyos agentes se aplicó unja prueba de polígrafo, se completó la formación académica policial o participaron en algunos cursos, sin embargo, en ningún caso se cumplen los requisitos que mandata la constitución.
Entre las corporaciones uniformadas (las que antes se llamaban preventivas) sólo la Policía Federal mantiene los tres puntos señalados como requisito de ingreso al trabajo activo. A consulta expresa de Crónica, la Federal remitió información en el sentido de que todos sus elementos pasan por formación inicial, pasa por controles de confianza y están sometidos a capacitación.
La Policía Federal lleva el registro y control de su personal a partir de su Sistema de Desarrollo Policial… pero los estados son algo muy diferente.
LA CERTIFICACIÓN. La certificación para un policía se determinó en la Ley General del Sistema Nacional de Seguridad Pública, se entregaría a una persona que:
1) Hubiese estado (estudiado) en academia policial,
2) Comprobara que su capacitación para realizar el trabajo policial está actualizada,
3) Pasara exámenes de control de confianza (pruebas destinadas a determinar si la persona vive respetando la ley en su vida privada y en el ejercicio de sus funciones).
El resultado sería un Certificado Único Policial, una constancia de que la persona es capaz como elemento policial y es fiable. Ese certificado podría ser utilizado por el policía incluso para cambiar de una corporación a otra si así le convenía. Una suerte de gran bolsa de policías certificados sería la fuente habitual de contrataciones de las corporaciones del país.
A diez años de las reforma legales que alcanzaron la Constitución, el número de certificados emitidos en el país es cero; ningún estado del país cumple esta premisa constitucional y, de acuerdo a lo comentado durante una presentación decembrina de datos estadísticos por Álvaro Vizcaíno, Secretario Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, será hasta este año cuando los policías empiecen a contar con los certificados y hasta 2019 cuando se tenga a todos los policías en regla.
Estas fechas ya ni siquiera están en las disposiciones de la Ley General (ya no se solicitó otra reforma de emergencia al Congreso cuando se agotaron los 12 meses adicionales que se concedieron en 2013); las nuevas fechas están en normas de menor envergadura, en lineamientos aprobados en reuniones en las que participan los estados del país en el marco del Sistema Nacional de Seguridad Pública.
“La certificación de policías está contenida en el Artículo 21 Constitucional”, señala al respecto el maestro Álvaro Vizcaíno Zamora, Secretario Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, “y es una de las bases mínimas del Sistema Nacional de Seguridad Pública. Por mucho tiempo se entendió que la certificación era exclusivamente la evaluación de control de confianza. Al revisar la Ley, ésta es clara al señalar que un policía sea evaluado en cuanto a sus competencias y su desempeño y que compruebe que tiene formación inicial de academia. Esto implicó generar un modelo para generar evaluadores en todo el país, herramientas, manuales, y avanzar en la certificación”.
Vizcaíno señala que es un tema que se lleva constantemente a los foros en los que Federación y estados toman decisiones sobre cómo mejorar a las policías y la seguridad pública en general.
EL ÚLTIMO INTENTO. A partir de este año, inicia un nuevo intento de llegar al Certificado Único Policial. La implementación de este último intento lleva más de un año y, si todo va bien, logrará cubrir a la totalidad de policías de los estados hasta 2019.
La inscripción de competencias iniciará en 2018, esto porque el Certificado Único Policial debe no sólo generarse a partir de pruebas a los policías y seguimiento a su capacitación, sino que además debe quedar registro electrónico a efecto de que cada contratación puede realizarse previa verificación de que la persona cuenta con el requisito constitucional.
“Implica que el Certificado esté vinculado como clave alfanumérica al registro del personal, y está en una fase de pruebas piloto en los últimos meses para verificar que la información tenga la calidad necesaria”, señala Vizcaíno, “terminaron de manera muy reciente, de forma que quedará lista la posibilidad de tener registrada la certificación durante el mes de enero para que los Centro Estatales de Control de Confianza emitan los certificados”.
--¿La respuesta corta es que se tienen cero certificados únicos policiales en el país? –se le pregunta a Vizcaíno sobre el número de policías estatales que cumplen el requisito diez años después de la reforma legal.
--La respuesta es un largo trabajo, no es una no es una improvisación. Los proyectos llevan una gran metodología --defiende Vizcaíno al proceso que tiene una década en marcha y no ha podido generar un solo certificado que corresponda a lo establecido en la Constitución.
“Debo subrayar que si esto ocurrirá en 2018”, añade Vizcaíno, “no implica ningún incumplimiento (de las corporaciones) toda vez que existen lineamientos publicados en el DOF que establecen tres años para que se emitan los certificados”.
Por lo pronto, añade Vizcaíno, uno de los indicadores indispensables para que las policías del país mejoren es que cada uno de sus elementos cuente con el certificado, “es uno de los diez indicadores para el funcionamiento óptimo de las policías estatales, la meta a alcanzar es que el 50 por ciento tenga el certificado durante 2018 y 100 por ciento en 2019”.
Quiénes deben integrar las policías, según la Constitución
-La regulación de la selección, ingreso, formación, permanencia, evaluación, reconocimiento y certificación de los integrantes de las instituciones de seguridad pública. La operación y desarrollo de estas acciones será competencia de la Federación, las entidades federativas y los Municipios en el ámbito de sus respectivas atribuciones.
-Las instituciones de seguridad pública serán de carácter civil, disciplinado y profesional. El Ministerio Público y las instituciones policiales de los tres órdenes de gobierno deberán coordinarse entre sí para cumplir los objetivos de la seguridad pública y conformarán el Sistema Nacional de Seguridad Pública, que estará sujeto a las siguientes bases mínimas.
-Ninguna persona podrá ingresar a las instituciones de seguridad pública si no ha sido debidamente certificado y registrado en el sistema.
Mariguana incautada aquí vale 1% de lo que se venderá en California
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| Sally Sánchez llama al próximo cliente en el dispensario de Harborside, ayer. Foto: AP |
Jorge Butrón
Lo incautado en un año de mariguana en México equivale apenas al uno por ciento del mercado valuado —según expertos— en cinco mil millones de dólares tan sólo en California, ciudad donde desde ayer ya es legal el uso de la hierba con fines recreativos.
De acuerdo con el Quinto Informe de Gobierno, en México, del 1 de septiembre de 2016 al 30 de junio de 2017, se decomisaron 621 toneladas de esta droga, lo que equivale a aproximadamente 49 millones 680 mil dólares, considerando que el kilogramo cuesta, según números de la Procuraduría General de la República (PGR), 80 dólares.
Hace diez años México aportaba hasta dos tercios de la mariguana que se consumía en Estados Unidos; pero con la apertura gradual para despenalizar su uso en 32 entidades del vecino país del norte, se estima que la droga mexicana ahora representa menos de un tercio del consumo total.
El Dato: El 8 de noviembre de 2016 los estadounidenses no sólo votaron para elegir presidente, también lo hicieron para legalizar la droga en tres estados.
En 2015 Antonio Mazzitelli, representante en México de la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito, aseguró al periódico Los Ángeles Times. “Los cambios del otro lado de la frontera están haciendo la mariguana menos rentable para las organizaciones criminales”.
La erradicación de plantíos de la hierba en nuestro país también muestra un descenso en 2017 respecto al año anterior, pues mientras de septiembre de 2015 a julio de 2016 se destruyeron 43 mil 161 sembradíos, en el siguiente periodo la cifra fue de 29 mil 173, es decir, 42 por ciento menos.
Además, los agricultores estadounidenses y mexicanos compiten no sólo en cuanto al precio, sino también en cuanto a la calidad. Con la legalización el mercado se ha extendido a cepas más caras y más potentes que la yerba nacional, debido a una mayor concentración de THC, el ingrediente que proporciona el efecto de la droga.
Ante la expectativa, firmas como Privateer Holdings calculan que, si México siguiera la misma ruta que en Estados Unidos, el mercado de la mariguana sería de mil 700 millones de dólares al año, considerando que el valor de la yerba medicinal oscilaría entre los 600 y 700 millones de dólares, y el de uso recreativo de mil millones de dólares. Aun así, la cantidad sería 28 veces menos que en el vecino país del norte.
Por México al Frente pide patrullajes federales
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| El asesinato de tres alcaldes en diciembre, detonó el plan de seguridad para candidatos del Frente |
RICARDO ORTIZ
Para la protección de los candidatos de coalición Por México al Frente se requiere un análisis de inteligencia en los lugares de promoción del voto y que se apliquen dispositivos de prevención y patrullaje, a cargo de la policía federal y estatal, durante los eventos públicos en sitios de alta incidencia delictiva.
PAN, PRD y Movimiento Ciudadano son los promotores de la iniciativa que será enviada al INE, a fin de que realicen un mapeo en todo el territorio nacional y, a partir de ello, resguarden las zonas durante el proceso electoral del año próximo. La protección de los aspirantes a puestos políticos y simpatizantes, exigen, debe ser garantizada.
Los protocolos son de presencia de los policías estatales, en su caso de la policía federal, que permita el desarrollo en algunos estados rojos; se pediría que haya acciones coordinadas que permitan que la sociedad se sienta segura”, dijo a El Heraldo de México Ángel Ávila, secretario general del PRD.
El plan de seguridad política se generó para evitar agresiones, ya que en menos de un mes han sido asesinados seis políticos. Las más recientes: Ángel Medina, aspirante panista a la presidencia municipal en el municipio de Tampamolón Corona, San Luis Potosí; Marino Catalán precandidato del PRD a la alcaldía de Josué Azueta, Guerrero; y Adolfo Serna, virtual candidato priista al municipio de Atoyac de Álvarez, Guerrero.
La propuesta busca, además, que los votantes acudan a ejercer su voto el día de la jornada electoral, y no se genere un “clima de miedo e inestabilidad” durante el 1 de julio.
“No podemos ir a una elección presidencial con los mismos índices de criminalidad; son acciones que alteran la paz social y tendría un impacto en el voto”, agregó.
El presidente nacional del PAN, Damián Zepeda, detalló que el aumento en el clima de inseguridad que se ha registrado en 27 de los 32 estados, por lo que urgió al gobierno federal hacer su trabajo en esa materia.
“Lo que estamos pidiendo es que cumplan con su trabajo en materia de seguridad pública, que los ciudadanos puedan asistir a eventos con la certeza de que habrá seguridad”, exigió.
En 2015, el PRD solicitó al gobierno federal un operativo “especial” en Michoacán, en el que participaron elementos del Cisen, Policía Federal, Ejército, Armada, PGR, Procuraduría del Estado (PGJE) y de las 112 policías municipales.
“Lo solicitamos en 2015, principalmente en el área que tiene que ver con el estado de Michoacán. Recuerda que estaba gobernado por el crimen organizado a nombre del ex gobernador Jesús Reyna, quien hoy está en la cárcel vinculado con la delincuencia organizada”, recordó Ávila
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