Ante el vacío de autoridad que impera en Guerrero, grupos que se hacen llamar "Policías comunitarias" empiezan a proliferar en esa entidad.
Por lo menos 16 grupos civiles armados operan tanto en municipios rurales como urbanos.
En Guerrero, la Constitución local reconoce a los pueblos y comunidades indígenas el derecho de establecer un método de sanciones con base en sus usos y costumbres.
Pero la mayoría de estas "Policías" ni son de comunidades indígenas ni se rigen por usos y costumbres.
Por ejemplo, en Acapulco y Chilpancingo, hay grupos armados de "Policía comunitaria".
A la salida de la capital del Estado hay un retén permanente de "comunitarios" armados, algunos con rifles de alto poder como AK-47.
Algunos de estos grupos, en vez de brindar seguridad a la ciudadanía, la han puesto en peligro.
Son los casos del Frente Unido para el Desarrollo y la Seguridad de Guerrero (Fusdeg) y la Unión de Pueblos y Organizaciones del Estado de Guerrero (UPOEG).
Ambos grupos pelean desde 2015 el control de los pueblos del Valle del Ocotito, en Chilpancingo, con un saldo hasta ahora de 14 muertos.
Los enfrentamientos entre estas dos "Policías" han dejado víctimas mortales de la población civil.
En mayo de 2017, murió un estudiante de la Universidad Autónoma de Guerrero que transitaba por una calle del Ocotito y fue impactado por una bala perdida.
Un mes después, en junio, policías de la UPOEG irrumpieron en el poblado de San Pedro Cacahuatepec, Municipio de Acapulco, y asesinaron a siete personas, entre ellas tres mujeres, un adolescente y un bebé.
La versión de los dirigentes de esta agrupación es que perseguían a delincuentes y las mujeres y los menores murieron en fuego cruzado.
Tanto la UPOEG como la Fusdeg instalan retenes y llevan a cabo revisiones e incluso detenciones.
En la Montaña Baja, donde se ubican Chilapa, Zitlala, José Joaquín Herrera y parte de Quechultenango, opera la organización Por la Seguridad y la Justicia con más de mil hombres armados.
El Centro de Derechos Humanos José María Morelos y Pavón señala que muchos grupos tienen nexos con organizaciones criminales y son tolerados por autoridades federales y estatales.
Entrega agente a jóvenes para asesinarlos
Sicarios del crimen organizado pagaron mil 50 pesos a un policía de Chilpancingo para que les entregara a dos jóvenes detenidos por una riña y posteriormente, previa tortura, asesinarlos.
Los cadáveres de los jóvenes aparecieron tres días después de la detención en bolsas de plástico en un basurero al norte de Chilpancingo. Los muchachos habían sido detenidos en una riña callejera el 31 de diciembre.
Ayer durante la audiencia de vinculación a proceso en contra del policía identificado como Nicolás "N", testigos relataron al juez que el uniformado recibió el pago, liberó los jóvenes, los acompañó hasta la calle y los entregó a hombres armados.
Testigos revelaron que, al ser subidos por la fuerza a un auto, uno de los sicarios gritó: "¡Ya se los cargó la chingada! ¡Los vamos a matar!". En la audiencia, Nicolás "N" lloró al escuchar los testimonios.
REFORMA
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