Las personas indígenas detenidas en flagrancia o en caso urgente, inmediatamente después del presunto delito, sufren algún tipo de tortura o trato cruel durante su detención, según documentó la organización Asistencia Legal por los Derechos Humanos (AsiLegal).
En el informe "El acceso a la justicia de las personas indígenas privadas de libertad en los estados de Chiapas y Oaxaca", constató que 32.55 por ciento de las personas indígenas detenidas en Chiapas, así como el 50 por ciento en Oaxaca, sufrieron malos tratos durante su detención.
"Entre los actos de tortura y otros tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes están amenazas, insultos, robos de pertenencias, 'choques eléctricos para incriminarse', golpes, 'vendaje de los ojos', gas lacrimógeno, 'arrastrones', 'amarre de manos, ojos vendados y choques eléctricos'", enumeró AsiLegal con base en más de 200 entrevistas a indígenas privados de su libertad.
Según los testimonios, las personas fueron quemadas, encañonadas, forzadas a ver cómo torturaban a otros o sus familias fueron agredidas.
Uno de los testimonios indica que la persona fue obligada a permanecer en ropa interior durante tres días en la prisión municipal hasta que ejecutaron una orden de aprehensión.
En Chiapas y Oaxaca, el 62 y 41 por ciento de los indígenas presos, respectivamente, fueron detenidos en flagrancia o en caso urgente, de acuerdo con cifras del informe.
También hay un déficit de intérpretes traductores y defensores bilingües para quienes sólo hablan lenguas indígenas.
Para 7 mil 433 indígenas privados de la libertad, hay 575 intérpretes registrados en el Padrón Nacional de Intérpretes y Traductores en Lenguas Indígenas.
AsiLegal encontró que el 42 por ciento de los indígenas en Chiapas y 60 por ciento en Oaxaca no contaron con un intérprete, éste no hablaba su lengua indígena o una variante de la misma.
Consecuencia de ello, las personas indígenas señalaron que sus declaraciones no contienen lo que ellas dijeron a las autoridades o les dieron a firmar declaraciones que no pudieron leer.
Un miembro del Colegio de Abogados explicó que los tribunales asignan intérpretes no capacitados, los cuales confunden a los testigos o hacen interpretaciones incorrectas.
"La violación a estos derechos implica una seria obstaculización al derecho a la justicia, pues deja a las personas indígenas en una situación de indefensión", agregó el informe.
En Chiapas, 119 indígenas están acusados de homicidio, 39 de violación, 38 de algún tipo de robo, 10 de feminicidio y 8 de secuestro.
En Oaxaca, la mayoría fue privada de la libertad por homicidio, robo y violación.
Diana Baptista/REFORMA
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