Registra Infonavit peor rendimiento
 |
Nallely Hernández
Cd. de México (26 diciembre 2017).- El Infonavit echó mano de sus reservas para evitar que la inflación desapareciera el rendimiento del ahorro que tienen los trabajadores en sus cuentas de vivienda.
Con el reparto de 16 mil 300 millones de pesos de sus reservas, el Instituto logrará que los ahorros para la vivienda de todos los trabajadores obtengan este año un rendimiento real de 1.71 por ciento promedio, el más bajo desde 2011.
Sin el reparto de esos recursos, el rendimiento real en las cuentas hubiera sido negativo, pues se estimaba en 5.97 por ciento, menor a la inflación esperada, que se prevé mayor a 6.63 por ciento.
El dividendo "extraordinario" fue anunciado como un hecho histórico el pasado 5 de diciembre por el Presidente Enrique Peña Nieto en la clausura de la 115 Asamblea del Infonavit.
El Ejecutivo explicó que, con ese aporte extra, el rendimiento de la subcuenta de 48 millones de trabajadores será de 8.32 por ciento, pero no consideró el efecto de la creciente inflación de 2017.
El reparto de los recursos se hará según la antigüedad y tamaño del ingreso de cada trabajador.
Consultado al respecto, el Infonavit explicó que se usaba el término "extraordinario" porque nunca en la historia del Instituto había existido un dividendo que se adicionara al rendimiento de la subcuenta y este hecho no será recurrente.
"La tasa de rendimiento siempre se informa a los trabajadores en términos nominales, dado que la tasa de rendimiento real incluye una variable (inflación) que no depende del Instituto", explicó por escrito a REFORMA Jorge Chávez Presa, subdirector de Planeación y Finanzas del Infonavit.
Para Enrique Díaz-Infante, experto en seguridad social del Centro de Estudios Espinosa Yglesias, el anuncio fue confuso porque primero se habla de dividendo histórico y luego de rendimiento en la subcuenta de vivienda.
"Los dividendos se dan a favor de los accionistas de las empresas, y aquí estamos hablando de las aportaciones hechas por los trabajadores. Entonces, estamos hablando de intereses, no de utilidades", comentó.
Señaló que, debido a que el trabajador sólo puede aprovechar el recurso si solicita un crédito hipotecario o hasta que concluya su vida laboral, en el corto plazo el incremento sólo beneficia al portafolio de inversiones del Instituto.
Consideró que el remanente también pudo ser incluido a las aportaciones voluntarias a las Afores, para reducir las cuotas patronales, o reducir las tasas de interés de los créditos hipotecarios.
Segob: sin formación, uno de cada 4 policías estatales
Sobre el desempeño, que es otra de las áreas a considerar para otorgar el Certificado Único, casi 62% carece de una evaluación aprobatoria.
 |
| La mitad no pasó el examen de competencias. (Archivo) (Especial) |
LORENA LÓPEZMéxico
La cuarta parte de los policías estatales del país carece de formación para ejercer labores de seguridad y más de la mitad no aprobó las evaluaciones de sus competencias, ni de su experiencia como integrante de las corporaciones estatales, cuando los gobiernos locales están obligados a certificar a todos sus policías a más tardar el 9 de septiembre de 2019.
Además de los controles de confianza, a partir de 2018 los 128 mil 922 policías estatales de todo el país deberán acreditar que cuentan con competencias básicas para desempeñarse en labores de seguridad, además de que su desempeño ha sido adecuado, pero ese proceso de certificación tardará todavía dos años.
De acuerdo con la Secretaría de Gobernación, del total de policías estatales operativos, 31 mil (24 por ciento) carecen de formación inicial o equivalente, 73 mil (56.8 por ciento) no tiene evaluación aprobatoria en competencias policiales y 79 mil 838 (que representa 61.9 por ciento), tampoco tiene evaluación aprobatoria del desempeño.
Mientras que en el renglón de control de confianza suman 27 mil 353 policías sin evaluación aprobatoria vigente, cifra en la cual se incluye a los 8 mil 921 que no aprobaron esos exámenes.
En el caso de los policías que no aprobaron los controles de confianza, de acuerdo con el Modelo Óptimo de la Función Policial elaborado por Gobernación, primero deben separarse de toda actividad operativa o con acceso a información sensible y posteriormente debe ser dados de baja, previa indemnización.
La dependencia informó que a partir de enero de 2018, los Centros de Evaluación de Control de Confianza de las entidades federativas iniciarán la emisión del Certificado Único Policial, con el cual cada elemento acreditará que cuenta con el perfil, los conocimientos, la experiencia, las habilidades y aptitudes necesarias para desempeñar sus funciones.
Para ello deberán aprobar cuatro tipo de evaluaciones: la de control de confianza, competencias básicas o profesionales, desempeño y la formación inicial requerida.
Este certificado se creó desde septiembre de 2016 por el Consejo Nacional de Seguridad Pública y se otorgó un plazo de tres años para su plena vigencia, pero será hasta 2018 cuando se inicie su emisión por los centros de control de confianza.
De acuerdo con Gobernación, la meta es que para el próximo año la mitad de los policías estatales estén certificados y ciento por ciento en 2019, cuando se cumple el término establecido.
Adicional a estos requerimientos mínimos de capacidades, todos los policías estatales deben recibir una capacitación práctica de mínimo 30 horas al año con tres talleres obligatorios acerca del funcionamiento del Sistema de Justicia Penal sobre la función del primer respondiente, la ciencia forense aplicada en el lugar de los hechos y cadena de custodia; la función policial y su eficacia en los primeros actos de investigación y el taller de investigación criminal conjunta que incluye labores de prevención e investigación.
 |
Claves
Posponer juicio
• Eduardo Balarezo, abogado de El Chapo Guzmán, pidió a la corte de Nueva York que el juicio de su cliente sea pospuesto a agosto o septiembre de 2018.
• Argumentó que la enorme cantidad de documentos que se han generado en este caso hace imposible su revisión en un plazo de cuatro meses.
• El juicio comenzará en abril del próximo año, pero la defensa de El Chapo considera necesaria la posposición para la preparación de la defensa.
Banca pide seguridad, no corrupción; exigencia a candidatos
Directivos de organismos financieros coinciden en que respetar las instituciones debe ser la tarea del próximo Presidente, sin importar su filiación política
 |
| Fotos: Quetzalli González y David Hernández /Archivo |
CLAUDIA CASTRO
CIUDAD DE MÉXICO.
Presidentes y directores de diferentes bancos que operan en México señalaron que quien gane la elección presidencial de 2018 tendrá que trabajar en el fortalecimiento del Estado de derecho, respetar las instituciones y combatir la corrupción y la inseguridad.
Marcos Martínez, presidente de la Asociación de Bancos de México (ABM), aseguró que su gremio confía en que se garantice un proceso democrático, con propuestas como base de las campañas.
Sostuvo que la ABM no tiene candidato, ni partido: “La única causa que tiene es la de mejorar los servicios bancarios”.
Ernesto Torres Cantú, director de Grupo Financiero Banamex, consideró que es indispensable que el próximo Presidente tenga un compromiso con el respeto a las instituciones, continúe apoyando el libre mercado y siga trabajando en concretar las reformas estructurales que tanto tardó el país en implementar.
Luis Robles Miaja, presidente del Consejo de Administración de BBVA Bancomer, dijo que es indispensable preservar la estabilidad macroeconómica.
Héctor Grisi, presidente de Grupo Financiero Santander, aseguró que la institución no se intimida por el entorno volátil y electoral que impactará al país pues invertirá 15 mil millones de pesos, de acuerdo a lo que anunció en 2016.
Enrique Zorrilla, director general de Grupo Financiero Scotiabank, afirmó que el compromiso con México es de largo plazo.
 |
 |
Quien resulte ganador de las elecciones presidenciales en 2018 tendrá que trabajar en el fortalecimiento del Estado de derecho, tener respeto por las instituciones y combatir la corrupción y la inseguridad, coincidieron presidentes y directores generales de diferentes bancos que operan en México.
Marcos Martínez, presidente de la Asociación de Bancos de México, aseguró que con independencia de las decisiones que tomen los partidos políticos, el gremio confía en que se garantice un proceso democrático en donde las propuestas sean base de las campañas electorales.
Luis Robles Miaja, presidente del Consejo de Administración de Grupo Financiero BBVA Bancomer, comentó que es indispensable preservar la estabilidad macroeconómica y que las instituciones se fortalezcan, particularmente en estados y municipios que es en donde aún se tiene mucho por hacer.
Ernesto Torres Cantú, director general de Grupo Financiero Banamex, insistió en que “como país necesitamos trabajar de manera decidida en fortalecer el Estado de derecho, combatir la impunidad y la corrupción”, dijo.
De ahí que reiteró que quien ocupe la Presidencia de México a partir del 2018 debe enfrentar estos retos y, al mismo tiempo, mantener la estabilidad macroeconómica y por su parte, el Banco de México debe atacar la inflación y seguir cumpliendo con su mandato institucional.
SEGUIRÁ EL NEGOCIO
El presidente de la ABM dijo que el organismo dará cabida a todos los candidatos, pues “no tiene candidato, ni partido; no tiene causa, la única causa que tiene es la de mejorar los servicios bancarios”, expresó.
Destacó que la banca mexicana se ha convertido en uno de estos activos que abonan a la estabilidad macroeconómica del país.
Somos un país con instituciones suficientemente sólidas para enfrentar la incertidumbre que se avecina y nosotros somos una de éstas instituciones sólidas; no será un año fácil, pero no vemos que haya algo que nos pueda descalibrar”, explicó.
Héctor Grisi, presidente ejecutivo de Grupo Financiero Santander, dijo que la institución no se distraerá en 2018, ni se intimida por el entorno volátil y electoral que impactará al país, y por el contrario, realizará la inversión más importante de la historia del grupo en el país, aseguró su presidente.
En 2016, el grupo anunció un plan de inversión de 15 mil millones de pesos, los cuales se canalizarán principalmente durante el próximo año y adelantó que será necesario aumentar este monto en un plan para 2020 pues será “insuficiente”.
APOYO A LAS REFORMAS
El director general de Citibanamex consideró que es indispensable que el próximo presidente de México tenga un compromiso con el respeto a las instituciones, continúe apoyando el libre mercado y siga trabajando en concretar las reformas estructurales que tanto tardó el país en implementar.
Enrique Zorrilla, director general de Grupo Financiero Scotiabank, dijo que el compromiso que tiene la institución con México es de largo plazo y de ahí que en 2018 será un año en el que se continuará con la tercera etapa de su transformación, con una inversión de 185 millones de dólares.
Millonaria bolsa para asociaciones ligadas a partidos políticos
 |
| ILUSTRACIÓN, DANTE DE LA VEGA EL UNIVERSAL |
Esteban David Rodríguez
Diversas organizaciones gestoras, identificadas con PRI, PAN, PRD y Morena, acaparan anualmente cientos de millones de pesos (mdp) en subsidios federales destinados a proyectos productivos, recursos con los que han construido un mercado de movilización electoral que acecha los comicios de 2018.
EL UNIVERSAL identificó la afinidad partidista de una muestra formada por 25 de esas organizaciones, a partir del historial de actividades políticas de sus líderes, así como de tablas de asignación presupuestaria de la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación (Sagarpa).
En 2016 —último dato oficial disponible—, la Sagarpa distribuyó 1 mil 471.78 mdp “para apoyar la operación de sociedades y asociaciones civiles”. Pero el grueso de los recursos proviene de subsidios para financiamiento de proyectos específicos. Por ejemplo, hasta mayo de este año 13 de los organismos seleccionados habían solicitado 468 mdp sólo para financiamiento de proyectos relacionados con el cultivo de maíz.
Sus afiliados figuran en padrones de subsidios del Instituto Nacional de Economía Social (Inaes) de la Secretaría de Desarrollo Social (Sedesol), de los programas de vivienda de la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano (Sedatu) y del Fondo para las Pequeñas y Medianas Empresas de la Secretaría de Economía (SE).
De modo que la cuantificación de los ingresos anuales de los gestores es compleja, considerando también que los datos de sus afiliados no están transparentados.
“Son auténticos brokers [intermediarios] de los subsidios federales, que por un lado bajan recursos presuntamente para sus afiliados y por otro cumplen con roles proselitistas”, explica en entrevista David Gómez Álvarez, doctor en políticas públicas por la Universidad de Nueva York e investigador del Instituto Tecnológico de Estudios Superiores de Occidente (ITESO).
Las beneficiadas
De la muestra de organizaciones, las vinculadas al PRI son el Consejo Nacional de Empresas Campesinas, A.C., de la Confederación Nacional Campesina (CNC) del PRI, además de Aquí y Ahora San Fernando, A.C. También la Corporación Nacional de Profesionistas y Técnicos Rurales, A.C., y el Frente Revolucionario de Trabajadores de México. A.C.
Les siguen Jóvenes Productores Agropecuarios de México Vanguardia, A.C.; Liga de Comunidades Agrarias y Sindicatos Campesinos de México, A.C., y la Central Campesina Independiente.
Las vinculadas a Morena: Asociación Nacional de Empresas Comercializadoras de Productores del Campo, A.C.; Central Campesina Cardenista (CCC), El Campo Vale Más, A.C.; Central de Organizaciones Campesinas y Populares, A.C. (COCYP); Unión Nacional de Organizaciones Regionales Campesinas Autónomas, A.C. (Unorca), y el Frente Organizado de Campesinos e Indígenas, A.C.
Los intermediarios afines al PRD son: Coalición Independiente de Obreros Agrícolas y Campesinos, A.C. (CIOAC); Asociación Mexicana de Mujeres Organizadas en Red, A.C.; Coalición de Organizaciones Democráticas, Urbanas y Campesinas, A.C.; Federación de Pueblos Rurales, A.C., y la Fundación Alianza Campesina para la Defensa del Campo, A.C.
Los brokers afines al PAN: Unión General de Obreros y Campesinos de México (UGOCM), Coalición Independiente de Sociedades y Productores Rurales, A.C.
También, Promoción y Gestión del Desarrollo Rural, A.C.; Red Nacional de Mujeres Rurales, A.C.; Red Nacional de Mujeres Vigilantes, Contraloría Social, A.C., y la Unión Nacional Integradora de Organizaciones Solidarias y Economía Social, A.C. (Unimoss).
Caso emblemático, Unimoss
En abril de 2017, la intermediaria de subsidios oficiales Unimoss recibió en un acto masivo a la candidata del PAN a la gubernatura mexiquense, Josefina Vázquez Mota.
El líder de la organización, Javier Eduardo López Macías, ofreció 400 mil votos y recordó que 13 años atrás Vázquez Mota, entonces titular de la Sedesol, “fue nuestra madrina y hoy estamos contigo”.
Sólo era un gesto de gratitud, puesto que Unimoss había trascendido su origen panista. En 2012 participó en la formación del fallido Partido Humanista, del que López Macías fue vicecoordinador nacional. Hoy se ubica a la organización en las inmediaciones de Por México al Frente.
López Macías, antiguo panista identificado con el núcleo ultraderechista de ese partido, fue director de Operación Regional del extinto Fondo Nacional de Apoyo para las Empresas en Solidaridad (Fonaes) en el foxismo.
En 2004 creó su propia intermediaria, Unimoss. Según versiones de prensa (EL UNIVERSAL, 29/08/2004), simplemente integró a su carpeta de afiliados un segmento del padrón de beneficiarios que controlaba para acceder a los apoyos económicos.
En una revisión exhaustiva de padrones oficiales, tablas consolidadas de asignación, convenios de concertación e informes financieros de la Secretaría de Hacienda a la Cámara de Diputados se observó que Unimoss ha obtenido para sus afiliados en los últimos 12 años más de 167.12 millones de pesos.
De ellos, 94.52 mdp provenían de subsidios para empresas sociales, administrados hasta mayo de 2012 por Fonaes, y en adelante por el Instituto Nacional de Economía Social (INAES). El resto de esa captación provino de apoyos otorgados por la Sagarpa, la Secretaría de Desarrollo Social, el Fondo Pyme de la Secretaría de Economía, por la Secretaría de Desarrollo Territorial y Urbano e incluso por donativos del Instituto Nacional de las Mujeres (Inmujeres).
Son cifras parciales, puesto que el detalle de los padrones específicos de afiliados de este tipo de intermediarias adolecen de opacidad. Para llegar a esos totales, se consultaron más de un centenar de documentos oficiales.
Ejercicios bajo sospecha
En 2013, la Auditoría Superior de la Federación (ASF) encontró, en una revisión a recursos de Fonaes [auditoría 12-0-10D00-02-275], facturas infladas hasta en 90% que Unimoss presentó para comprobar gastos de hospedaje y alimentación relacionados con talleres de capacitación. Esas facturas habían sido extendidas por las empresas GC A21, S.A. de C.V., y KYLYG, S.A. de C.V.
Desde 2011, otra auditoría, con registro [11-0-10C00-02-0334] y practicada al mismo programa, exhibió operaciones irregulares entre Unimoss y las empresas mencionadas. En 2013. La Auditoría Superior de la Federación requirió los datos notariales de las dos contratistas.
La firma GC A21 tenía como representante legal a Gregorio Viramontes Pérez, quien después pasaría a formar parte de la dirección de Unimoss. A su vez, KYLYG se hallaba anclada a las actividades de la primera.
Carlos Enrique Espinosa Ledesma, uno de los accionistas principales, se halla amparado (1040/2016) contra actos del Congreso de la Unión y otras autoridades.
No era la primera vez que empresas de este tipo eran vinculadas a Unimoss. En octubre de 2009 la intermediaria programó una de sus habituales capacitaciones con la contratación de la empresa Asistencia a Productores Rurales Mexicanos, S.C.
La ASF detectó diversas irregularidades en facturas extendidas por esa empresa, precisamente por cursos de capacitación, al fiscalizar subsidios otorgados por Sagarpa [auditoría forense 11-0-08100-12-0312], y solicitó al Sistema de Administración Tributaria (SAT) que auditara a dicha firma.
Se trata de un estilo de operación reiterado entre las intermediarias de subsidios.
Modelo clientelar
En el arranque del sexenio del presidente Felipe Calderón, 8% de los subsidios del Programa de Vivienda Rural del Fondo Nacional de Habitaciones Populares (Fonahpo) llegaba a la “demanda social”.
El 48% era para organizaciones afiliadas o vinculadas al PRI, 27% al PRD, 10% al PAN y 7% a intermediarias ligadas a otros partidos.
El esquema salinista
Se trata de una estimación —también parcial— publicada en el libro Candados y contrapesos. La protección de los programas, políticas y derechos sociales en México y América Latina, editado por el ITESO en 2009 y coordinado por David Gómez Álvarez, quien, en entrevista con EL UNIVERSAL, perfila la naturaleza clientelar de los programas:
“La política social de México nació de la necesidad del régimen de relegitimarse. Estoy hablando del salinismo, que primeramente lanzó la estrategia de Solidaridad y culminaba en una serie de instrumentos de política pública de combate a la pobreza que han permanecido en el tiempo”, expone.
El zedillismo intentó eliminar “el componente clientelar, que tenía que ver con la organización de las comunidades de beneficiarios”, pero “cuando vinieron Fox y Calderón, se volvió al esquema salinista”, explica el politólogo Gómez Álvarez.
Fue así como “empezaron a beneficiar preponderantemente a gobiernos estatales y municipales de Acción Nacional, pero también a ciertas organizaciones”, explica el ex subsecretario de Planeación del gobierno de Jalisco.
“Hay que recordar que existen entidades gobernadas por todos los partidos […] Toda la política social se empezó a desvirtuar, a perder efectividad […] a generar redes clientelares que en contextos electorales se pudieran movilizar para efectos políticos”.
La operación de los líderes consiste en “organizar colectivamente a sus representados a cambio de facilitarles el trabajo de afiliación, de recepción, de participación, legitimación y movilización política en un proceso electoral, mientras frente a los operadores negocian algunos beneficios adicionales, que pueden ser incluso dinero por afuera, en paralelo”.
Por regla general, detalla el también autor del libro Buenas prácticas en la protección de los programas sociales, esos recursos y operaciones quedan fuera del radar de la inspección de la Fiscalía Especializada para la Atención de Delitos Electorales (FEPADE), o de los diagnósticos del Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social (Coneval), que no alcanza siquiera a revisar el 10% de los programas de subsidios.
Diversas organizaciones gestoras, identificadas con PRI, PAN, PRD y Morena, acaparan anualmente cientos de millones de pesos (mdp) en subsidios federales destinados a proyectos productivos, recursos con los que han construido un mercado de movilización electoral que acecha los comicios de 2018.
EL UNIVERSAL identificó la afinidad partidista de una muestra formada por 25 de esas organizaciones, a partir del historial de actividades políticas de sus líderes, así como de tablas de asignación presupuestaria de la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación (Sagarpa).
En 2016 —último dato oficial disponible—, la Sagarpa distribuyó 1 mil 471.78 mdp “para apoyar la operación de sociedades y asociaciones civiles”. Pero el grueso de los recursos proviene de subsidios para financiamiento de proyectos específicos. Por ejemplo, hasta mayo de este año 13 de los organismos seleccionados habían solicitado 468 mdp sólo para financiamiento de proyectos relacionados con el cultivo de maíz.
Sus afiliados figuran en padrones de subsidios del Instituto Nacional de Economía Social (Inaes) de la Secretaría de Desarrollo Social (Sedesol), de los programas de vivienda de la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano (Sedatu) y del Fondo para las Pequeñas y Medianas Empresas de la Secretaría de Economía (SE).
De modo que la cuantificación de los ingresos anuales de los gestores es compleja, considerando también que los datos de sus afiliados no están transparentados.
“Son auténticos brokers [intermediarios] de los subsidios federales, que por un lado bajan recursos presuntamente para sus afiliados y por otro cumplen con roles proselitistas”, explica en entrevista David Gómez Álvarez, doctor en políticas públicas por la Universidad de Nueva York e investigador del Instituto Tecnológico de Estudios Superiores de Occidente (ITESO).
Las beneficiadas
De la muestra de organizaciones, las vinculadas al PRI son el Consejo Nacional de Empresas Campesinas, A.C., de la Confederación Nacional Campesina (CNC) del PRI, además de Aquí y Ahora San Fernando, A.C. También la Corporación Nacional de Profesionistas y Técnicos Rurales, A.C., y el Frente Revolucionario de Trabajadores de México. A.C.
Les siguen Jóvenes Productores Agropecuarios de México Vanguardia, A.C.; Liga de Comunidades Agrarias y Sindicatos Campesinos de México, A.C., y la Central Campesina Independiente.
Las vinculadas a Morena: Asociación Nacional de Empresas Comercializadoras de Productores del Campo, A.C.; Central Campesina Cardenista (CCC), El Campo Vale Más, A.C.; Central de Organizaciones Campesinas y Populares, A.C. (COCYP); Unión Nacional de Organizaciones Regionales Campesinas Autónomas, A.C. (Unorca), y el Frente Organizado de Campesinos e Indígenas, A.C.
Los intermediarios afines al PRD son: Coalición Independiente de Obreros Agrícolas y Campesinos, A.C. (CIOAC); Asociación Mexicana de Mujeres Organizadas en Red, A.C.; Coalición de Organizaciones Democráticas, Urbanas y Campesinas, A.C.; Federación de Pueblos Rurales, A.C., y la Fundación Alianza Campesina para la Defensa del Campo, A.C.
Los brokers afines al PAN: Unión General de Obreros y Campesinos de México (UGOCM), Coalición Independiente de Sociedades y Productores Rurales, A.C.
También, Promoción y Gestión del Desarrollo Rural, A.C.; Red Nacional de Mujeres Rurales, A.C.; Red Nacional de Mujeres Vigilantes, Contraloría Social, A.C., y la Unión Nacional Integradora de Organizaciones Solidarias y Economía Social, A.C. (Unimoss).
Caso emblemático, Unimoss
En abril de 2017, la intermediaria de subsidios oficiales Unimoss recibió en un acto masivo a la candidata del PAN a la gubernatura mexiquense, Josefina Vázquez Mota.
El líder de la organización, Javier Eduardo López Macías, ofreció 400 mil votos y recordó que 13 años atrás Vázquez Mota, entonces titular de la Sedesol, “fue nuestra madrina y hoy estamos contigo”.
Sólo era un gesto de gratitud, puesto que Unimoss había trascendido su origen panista. En 2012 participó en la formación del fallido Partido Humanista, del que López Macías fue vicecoordinador nacional. Hoy se ubica a la organización en las inmediaciones de Por México al Frente.
López Macías, antiguo panista identificado con el núcleo ultraderechista de ese partido, fue director de Operación Regional del extinto Fondo Nacional de Apoyo para las Empresas en Solidaridad (Fonaes) en el foxismo.
En 2004 creó su propia intermediaria, Unimoss. Según versiones de prensa (EL UNIVERSAL, 29/08/2004), simplemente integró a su carpeta de afiliados un segmento del padrón de beneficiarios que controlaba para acceder a los apoyos económicos.
En una revisión exhaustiva de padrones oficiales, tablas consolidadas de asignación, convenios de concertación e informes financieros de la Secretaría de Hacienda a la Cámara de Diputados se observó que Unimoss ha obtenido para sus afiliados en los últimos 12 años más de 167.12 millones de pesos.
De ellos, 94.52 mdp provenían de subsidios para empresas sociales, administrados hasta mayo de 2012 por Fonaes, y en adelante por el Instituto Nacional de Economía Social (INAES). El resto de esa captación provino de apoyos otorgados por la Sagarpa, la Secretaría de Desarrollo Social, el Fondo Pyme de la Secretaría de Economía, por la Secretaría de Desarrollo Territorial y Urbano e incluso por donativos del Instituto Nacional de las Mujeres (Inmujeres).
Son cifras parciales, puesto que el detalle de los padrones específicos de afiliados de este tipo de intermediarias adolecen de opacidad. Para llegar a esos totales, se consultaron más de un centenar de documentos oficiales.
Ejercicios bajo sospecha
En 2013, la Auditoría Superior de la Federación (ASF) encontró, en una revisión a recursos de Fonaes [auditoría 12-0-10D00-02-275], facturas infladas hasta en 90% que Unimoss presentó para comprobar gastos de hospedaje y alimentación relacionados con talleres de capacitación. Esas facturas habían sido extendidas por las empresas GC A21, S.A. de C.V., y KYLYG, S.A. de C.V.
Desde 2011, otra auditoría, con registro [11-0-10C00-02-0334] y practicada al mismo programa, exhibió operaciones irregulares entre Unimoss y las empresas mencionadas. En 2013. La Auditoría Superior de la Federación requirió los datos notariales de las dos contratistas.
La firma GC A21 tenía como representante legal a Gregorio Viramontes Pérez, quien después pasaría a formar parte de la dirección de Unimoss. A su vez, KYLYG se hallaba anclada a las actividades de la primera.
Carlos Enrique Espinosa Ledesma, uno de los accionistas principales, se halla amparado (1040/2016) contra actos del Congreso de la Unión y otras autoridades.
No era la primera vez que empresas de este tipo eran vinculadas a Unimoss. En octubre de 2009 la intermediaria programó una de sus habituales capacitaciones con la contratación de la empresa Asistencia a Productores Rurales Mexicanos, S.C.
La ASF detectó diversas irregularidades en facturas extendidas por esa empresa, precisamente por cursos de capacitación, al fiscalizar subsidios otorgados por Sagarpa [auditoría forense 11-0-08100-12-0312], y solicitó al Sistema de Administración Tributaria (SAT) que auditara a dicha firma.
Se trata de un estilo de operación reiterado entre las intermediarias de subsidios.
Modelo clientelar
En el arranque del sexenio del presidente Felipe Calderón, 8% de los subsidios del Programa de Vivienda Rural del Fondo Nacional de Habitaciones Populares (Fonahpo) llegaba a la “demanda social”.
El 48% era para organizaciones afiliadas o vinculadas al PRI, 27% al PRD, 10% al PAN y 7% a intermediarias ligadas a otros partidos.
El esquema salinista
Se trata de una estimación —también parcial— publicada en el libro Candados y contrapesos. La protección de los programas, políticas y derechos sociales en México y América Latina, editado por el ITESO en 2009 y coordinado por David Gómez Álvarez, quien, en entrevista con EL UNIVERSAL, perfila la naturaleza clientelar de los programas:
“La política social de México nació de la necesidad del régimen de relegitimarse. Estoy hablando del salinismo, que primeramente lanzó la estrategia de Solidaridad y culminaba en una serie de instrumentos de política pública de combate a la pobreza que han permanecido en el tiempo”, expone.
El zedillismo intentó eliminar “el componente clientelar, que tenía que ver con la organización de las comunidades de beneficiarios”, pero “cuando vinieron Fox y Calderón, se volvió al esquema salinista”, explica el politólogo Gómez Álvarez.
Fue así como “empezaron a beneficiar preponderantemente a gobiernos estatales y municipales de Acción Nacional, pero también a ciertas organizaciones”, explica el ex subsecretario de Planeación del gobierno de Jalisco.
“Hay que recordar que existen entidades gobernadas por todos los partidos […] Toda la política social se empezó a desvirtuar, a perder efectividad […] a generar redes clientelares que en contextos electorales se pudieran movilizar para efectos políticos”.
La operación de los líderes consiste en “organizar colectivamente a sus representados a cambio de facilitarles el trabajo de afiliación, de recepción, de participación, legitimación y movilización política en un proceso electoral, mientras frente a los operadores negocian algunos beneficios adicionales, que pueden ser incluso dinero por afuera, en paralelo”.
Por regla general, detalla el también autor del libro Buenas prácticas en la protección de los programas sociales, esos recursos y operaciones quedan fuera del radar de la inspección de la Fiscalía Especializada para la Atención de Delitos Electorales (FEPADE), o de los diagnósticos del Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social (Coneval), que no alcanza siquiera a revisar el 10% de los programas de subsidios.
Cae supuesto autor intelectual del asesinato de Miroslava Breach
El Larry coordinó, pero otro ordenó el crimen: hermanos de la corresponsal de La Jornada
Gustavo Castillo y Emir Olivares
Juan Carlos Moreno Ochoa, El Larry o El WA, uno de los presuntos autores intelectuales del homicidio de la periodista Miroslava Breach Velducea, corresponsal de La Jornada en Chihuahua, fue detenido por elementos de la Policía Federal en un operativo realizado en Etchojoa, Sonora.
El Larry –de 43 años de edad– es identificado por autoridades federales y estatales como el líder de la célula conocida como Los Salazar en los municipios de la región serrana del estado de Chihuahua, que abarca Chínipas, Moris, Témoris, y en Sonora, Navojoa, y con fuerte influencia en Álamos.
En entrevista con La Jornada, el gobernador de Chihuahua, Javier Corral Jurado, aseguró que aún falta por capturar más participantes en el homicidio de Miroslava Breach así como algún otro autor intelectual del ataque, por lo que con la detención de Moreno Ochoa no se cierra el caso.
Según Corral Jurado, la investigación del homicidio y la identificación de los presuntos autores tuvo una duración de tres meses por parte de la Fiscalía General de Justicia de Chihuahua.
De acuerdo con información gubernamental, Moreno Ochoa se encontraba en un hotel festejando la Navidad con su familia.
El caso no se cierra
Su seguridad era de solamente dos escoltas, y ante la presencia de los elementos de la Policía Federal, El Larry trató de escapar y saltó desde el primer piso del inmueble en el que se encontraba. Sin embargo, los agentes federales lo aprehendieron y de inmediato lo trasladaron a la capital de Chihuahua, para ponerlo a disposición de la Fiscalía General de Justicia de esa entidad.
Sobre esta detención, el fiscal de Chihuahua, César Augusto Peniche, aseguró: “Lo tenemos identificado como la persona que planeó y organizó este atentado. Desde luego, no con esto significa que estemos cerrando la investigación, pueden salir nuevos datos que nos permitan ampliar la investigación, pero por lo pronto éste es el sujeto al que identificamos como principal responsable y es el líder de una célula de la banda criminal identificada como Los Salazar, que opera en esa zona de Chihuahua y del estado de Sonora para el cártel de Sinaloa”.
Asimismo, resaltó que su “fuerte influencia en Sonora y en una parte del estado de Chihuahua provocó mucha complejidad para lograr su detención, dada la gran movilidad con la que podía desplazarse entre ambas entidades.
Pero, con el apoyo de las áreas de inteligencia, tanto locales como federales, se logró su ubicación y la Policía Federal logró su detención en un operativo bien ejecutado, bien realizado.
Al gobernador se le cuestionó: ¿ya tienen establecido el móvil del homicidio de Miroslava Breach?
–Eso será parte del desahogo de la audiencia el día de mañana. Yo creo que eso corresponde establecerlo fundamentalmente al Ministerio Público, pero es evidente que (el móvil) fue su labor periodística. Nunca se descartó ninguna línea de investigación, pero clarísimamente fue el trabajo que ella realizó y que se enfocó durante mucho tiempo a señalar (el involucramiento de narcotraficantes en) el tema de las candidaturas”.
Las autoridades locales y federales que fueron consultados tras la detención de El WA, señalaron que el trabajo de Miroslav Breach, corresponsal de La Jornada y colaboradora del Norte de Juárez, se concentró en indagar los vínculos que tenían algunos candidatos a cargos de elección como alcaldías o diputaciones locales, con integrantes de grupos criminales como La Línea (uno de los brazos armados del cártel de Sinaloa) y también con Los Salazar (miembros del grupo de narcotraficantes).
Javier Corral Jurado señaló que la detención de El WA o El Larry es muy importante, ya que se trató del hombre que planeó e instrumentó el asesinato de Miroslava Breach, cuando ella se dirigía a dejar a su hijo a la escuela, momentos antes de las siete de la mañana del pasado 23 de marzo.
Durante la entrevista se le preguntó al mandatario estatal, ¿ahora quiénes faltan, el conductor del vehículo en el que viajó el asesino material y quien conducía el coche?
–Pues faltan varios, no podemos decir ahora quiénes.
–¿De cuántos está hablando?
–No podemos dar un dato específico. Faltan varios.
Según el gobernador, días después del pasado 15 de mayo, cuando fue asesinado el también corresponsal de La Jornada en Sinaloa, Javier Valdez, entregó una carta al Presidente. En ese momento ya teníamos cerrada la investigación de Miroslava, pero no habíamos pedido todavía las órdenes de aprehensión, porque lo que queríamos era confirmar que (el gobierno federal) iba a colaborar con nosotros. Entonces le presenté al secretario de Gobernación, Miguel Ángel Osorio Chong, los principales elementos de la investigación y ordenó la colaboración. Desde entonces hemos mantenido un trabajo conjunto el personal de la fiscalía general del estado, la Policía Federal y las áreas de inteligencia del gobierno federal.
La Fiscalía General de Justicia de Chihuahua logró identificar a los tres participantes en el homicidio de Breach, al dar seguimiento a más de 200 horas de grabación obtenidas de cámaras de seguridad, hasta establecer que el homicidio fue planeado por Juan Carlos Moreno en el municipio de Chínipas, lugar en que nació la periodista.
Moreno Ochoa, reclutó a Ramón Zavala en Sonora y le ordenó el homicidio. Para ello contaron con la colaboración de otro habitante de un municipio serrano que tenía una casa en la capital del estado.
Gustavo Castillo y Emir Olivares
Juan Carlos Moreno Ochoa, El Larry o El WA, uno de los presuntos autores intelectuales del homicidio de la periodista Miroslava Breach Velducea, corresponsal de La Jornada en Chihuahua, fue detenido por elementos de la Policía Federal en un operativo realizado en Etchojoa, Sonora.
El Larry –de 43 años de edad– es identificado por autoridades federales y estatales como el líder de la célula conocida como Los Salazar en los municipios de la región serrana del estado de Chihuahua, que abarca Chínipas, Moris, Témoris, y en Sonora, Navojoa, y con fuerte influencia en Álamos.
En entrevista con La Jornada, el gobernador de Chihuahua, Javier Corral Jurado, aseguró que aún falta por capturar más participantes en el homicidio de Miroslava Breach así como algún otro autor intelectual del ataque, por lo que con la detención de Moreno Ochoa no se cierra el caso.
Según Corral Jurado, la investigación del homicidio y la identificación de los presuntos autores tuvo una duración de tres meses por parte de la Fiscalía General de Justicia de Chihuahua.
De acuerdo con información gubernamental, Moreno Ochoa se encontraba en un hotel festejando la Navidad con su familia.
El caso no se cierra
Su seguridad era de solamente dos escoltas, y ante la presencia de los elementos de la Policía Federal, El Larry trató de escapar y saltó desde el primer piso del inmueble en el que se encontraba. Sin embargo, los agentes federales lo aprehendieron y de inmediato lo trasladaron a la capital de Chihuahua, para ponerlo a disposición de la Fiscalía General de Justicia de esa entidad.
Sobre esta detención, el fiscal de Chihuahua, César Augusto Peniche, aseguró: “Lo tenemos identificado como la persona que planeó y organizó este atentado. Desde luego, no con esto significa que estemos cerrando la investigación, pueden salir nuevos datos que nos permitan ampliar la investigación, pero por lo pronto éste es el sujeto al que identificamos como principal responsable y es el líder de una célula de la banda criminal identificada como Los Salazar, que opera en esa zona de Chihuahua y del estado de Sonora para el cártel de Sinaloa”.
Asimismo, resaltó que su “fuerte influencia en Sonora y en una parte del estado de Chihuahua provocó mucha complejidad para lograr su detención, dada la gran movilidad con la que podía desplazarse entre ambas entidades.
Pero, con el apoyo de las áreas de inteligencia, tanto locales como federales, se logró su ubicación y la Policía Federal logró su detención en un operativo bien ejecutado, bien realizado.
Al gobernador se le cuestionó: ¿ya tienen establecido el móvil del homicidio de Miroslava Breach?
–Eso será parte del desahogo de la audiencia el día de mañana. Yo creo que eso corresponde establecerlo fundamentalmente al Ministerio Público, pero es evidente que (el móvil) fue su labor periodística. Nunca se descartó ninguna línea de investigación, pero clarísimamente fue el trabajo que ella realizó y que se enfocó durante mucho tiempo a señalar (el involucramiento de narcotraficantes en) el tema de las candidaturas”.
Las autoridades locales y federales que fueron consultados tras la detención de El WA, señalaron que el trabajo de Miroslav Breach, corresponsal de La Jornada y colaboradora del Norte de Juárez, se concentró en indagar los vínculos que tenían algunos candidatos a cargos de elección como alcaldías o diputaciones locales, con integrantes de grupos criminales como La Línea (uno de los brazos armados del cártel de Sinaloa) y también con Los Salazar (miembros del grupo de narcotraficantes).
Javier Corral Jurado señaló que la detención de El WA o El Larry es muy importante, ya que se trató del hombre que planeó e instrumentó el asesinato de Miroslava Breach, cuando ella se dirigía a dejar a su hijo a la escuela, momentos antes de las siete de la mañana del pasado 23 de marzo.
Durante la entrevista se le preguntó al mandatario estatal, ¿ahora quiénes faltan, el conductor del vehículo en el que viajó el asesino material y quien conducía el coche?
–Pues faltan varios, no podemos decir ahora quiénes.
–¿De cuántos está hablando?
–No podemos dar un dato específico. Faltan varios.
Según el gobernador, días después del pasado 15 de mayo, cuando fue asesinado el también corresponsal de La Jornada en Sinaloa, Javier Valdez, entregó una carta al Presidente. En ese momento ya teníamos cerrada la investigación de Miroslava, pero no habíamos pedido todavía las órdenes de aprehensión, porque lo que queríamos era confirmar que (el gobierno federal) iba a colaborar con nosotros. Entonces le presenté al secretario de Gobernación, Miguel Ángel Osorio Chong, los principales elementos de la investigación y ordenó la colaboración. Desde entonces hemos mantenido un trabajo conjunto el personal de la fiscalía general del estado, la Policía Federal y las áreas de inteligencia del gobierno federal.
La Fiscalía General de Justicia de Chihuahua logró identificar a los tres participantes en el homicidio de Breach, al dar seguimiento a más de 200 horas de grabación obtenidas de cámaras de seguridad, hasta establecer que el homicidio fue planeado por Juan Carlos Moreno en el municipio de Chínipas, lugar en que nació la periodista.
Moreno Ochoa, reclutó a Ramón Zavala en Sonora y le ordenó el homicidio. Para ello contaron con la colaboración de otro habitante de un municipio serrano que tenía una casa en la capital del estado.
 |
| Juan Carlos Moreno Ochoa, al momento de ser detenido, era protegido por dos escoltas y al ser advertido del operativo policiaco para capturarlo saltó desde el primer piso de un hotel en el que festejaba la Navidad con su familia Foto cortesía de la Fiscalía General de Justicia de Chihuahua |
En el domicilio de Chihuahua se guardaba el vehículo que utilizarían para el atentado, de acuerdo con autoridades estatales. Allí durmieron varios días (Ramón Zavala, Juan Carlos Moreno Ochoa y el conductor del vehículo que se utilizó), inclusive se encontró una computadora en la que estaba una copia de uno de los mensajes de amenaza a Miroslava Breach.
La investigación realizada de manera paralela entre la Procuraduría General de la República y la Fiscalía de Chihuahua arrojó que Breach Velducea fue vigilada durante dos días por sus asesinos, y que utilizaron el mismo coche, un Malibú de color gris, que tenía dos particularidades, el único vidrio de las ventanillas que no estaba polarizado era el del conductor y en el medallón trasero traía pegada una calcomanía con la imagen de una manzana. Para localizarlo revisaron el registro vehicular y fueron a cada domicilio registrado y verificaron cada unidad.
Sicarios estudiaron rutas de escape
Ya con las grabaciones de video, estudiaron los días previos y horas posteriores al homicidio, así confirmaron que los asesinos pasaron al menos en cuatro ocasiones frente a la casa de la periodista, y en algunas se detuvieron frente a su domicilio en las calles Río Aros y José María Mata, en la colonia Las Granjas, de la ciudad de Chihuahua.
Las autoridades también descubrieron que los sicarios estudiaron la zona, recorrieron las rutas de escape que utilizarían el día del asesinato y ello lo concretaron a las 6:56 de la mañana.
Para encontrar el vehículo, los investigadores locales y federales tuvieron que revisar más de 200 unidades tipo Malibú dadas de alta en el padrón vehicular y acudir a cada domicilio registrado; así, ubicaron la unidad que emplearon los homicidas dentro de un domicilio a varios kilómetros de distancia de la casa de Miroslava.
En esa casa también se localizaron escritos que correspondían a la caligrafía de lo escrito en la cartulina que fue abandonada junto a la camioneta en que ejecutaron a Miroslava, en la que Moreno Ochoa dejó las iniciales de uno de sus apodos (WA), aunque trató de desviar la atención y culpar a uno de sus rivales como autor del crimen. En esa cartulina se leía: Esto les pasará a toda la gente lengua suelta y llegadas al gobernador. Y voy por ti gober. Atte: El 80, un integrante de La Línea.
El martes 19 de diciembre, en Álamos, Sonora, apareció el cuerpo sin vida de Zavala, señalado como autor material del crimen. Presuntamente fue asesinado por otros integrantes de Los Salazar, porque ya la policía estaba cerca de capturarlo.
Rubén Villalpando Corresponsal
Ciudad Juárez, Chih.
Los cinco hermanos de la corresponsal de La Jornada en Chihuahua, Miroslava Breach Velducea –cuatro mujeres y un varón–, afirmaron El Larry no es el autor intelectual del homicidio.
En entrevista, señalaron que a la fecha no le han entregado a una de las hermanas copia del expediente del crimen, para analizarlo con calma, ya que quieren que lo revise en las instalaciones de la Fiscalía General del Estado, lo que consideran inadecuado, debido a que no tiene los conocimientos jurídicos para interpretar los datos y términos usados.
Los hermanos de la comunicadora aseguraron que Juan Carlos Moreno Ochoa no es el autor intelectual del homicidio de Miroslava; consideran que puede ser quien coordinó el plan para matarla, pero no quien dio la orden de hacerlo.
Aseveraron que detrás del crimen se encuentra un político o políticos de los partidos Acción Nacional (PAN) y Revolucionario Institucional (PRI) que se pudieron poner de acuerdo o actuar de manera separada.
Por ello, exigieron que se busque y detenga al o los verdaderos autores intelectuales del homicidio, “porque tienen conocimiento de que el ex alcalde de Chínipas Hugo Amed Schulz Alcaraz, quien hasta hace unos días era coordinador de Educación del gobierno de Chihuahua en la zona de la Sierra, y que repentinamente renunció al cargo, fue señalado por la propia Miroslava como emisario de grupos criminales de Chínipas (poblado del que ella era originaria) como mensajero al amenazarla por sus notas.
Acusaron que otro político involucrado como mensajero y que la amenazó “es Mario Vázquez, ex presidente estatal del blanquiazul y actual titular de servicios públicos municipales en el gobierno municipal de la ciudad de Chihuahua, al igual que otro sujeto de apellido Piñeira, quien fungió como titular de Comunicación Social” de Acción Nacional.
Por ello, los hermanos de Miroslava Breach demandaron a las autoridades que se actúe en consecuencia, ya que creen que Ramón Andrés Zavala, señalado como autor material del crimen, asesinado hace unos días en Los Álamos, Sonora, sí es el que actuó contra su hermana para dispararle.
“También está involucrado el hombre presentado (Juan Carlos N), pero como coordinador del homicidio, es quien recibió la orden de matarla y contrató a las personas que llevarían a cabo el crimen”.
Insistieron en que es necesario investigar el lado político, no solamente a los mensajeros del crimen, sino analizar quién dio la orden de asesinar a su hermana, ya que hasta ahora, las personas involucradas, el detenido y el asesinado hace unos días, son solamente los brazos operativos del ataque.
Abusaron los arrendadores después de los sismos: AMPI
Al día siguiente de los temblores surgió una demanda adicional de 10 mil viviendas y los precios subieron. El sector se paralizó durante tres semanas; reinaba la confusión
Los precios de venta y renta del sector inmobiliario en la Ciudad de México regresaron a los niveles previos a los sismos de septiembre; sin embargo, hubo casos en que algunos vendedores y arrendadores incurrieron en abusos aumentando los precios, de acuerdo con la Asociación Mexicana de Profesionales Inmobiliarios (AMPI).
Alejandro Kuri, presidente de la AMPI, dijo que derivado del sismo del pasado 19 de septiembre, al siguiente día, la demanda de vivienda en la capital se incrementó en 10 mil inmuebles, lo que ocasionó el abuso de arrendadores que llegaron a duplicar los costos.
Comentó también que derivado de la incertidumbre que generaron los sismos, la actividad del sector se mantuvo paralizada hasta por tres semanas, ya que las persona que se encontraban en proceso de compra-venta o de arrendamiento de algún inmueble decidieron esperar para tomar una decisión definitiva.
Expuso que en la Ciudad de México alrededor de ocho mil personas perdieron definitivamente su casa, por lo que se registraron “movimientos violentos” de inversionistas privados que incrementaron los costos de venta y renta de inmuebles.
Durante este año, que casi termina, se ofertaron aproximadamente 900 mil inmuebles en todo México, de los cuales 83 mil 123 pertenecen solamente a la Ciudad de México, de acuerdo con datos de la plataforma Properati.
La delegación Miguel Hidalgo lideró la lista de precios por metro cuadrado, con un monto de 30 mil 800 pesos para casas y de 35 mil pesos por metro cuadrado en departamentos, señaló Properati.
En la delegación Benito Juárez, en donde se observaron severos daños por el sismo del 19 de septiembre, el metro cuadrado se ubicó en 28 mil pesos a diciembre de este año, un aumento marginal de 4.8 por ciento desde los 26.7 mil pesos de diciembre de 2016.
En el caso de los departamentos el precio del metro cuadrado se ubicó en 32.7 mil pesos, un aumento de 32.9 por ciento, desde los 24.6 mil pesos del año pasado.
La delegación Coyoacán, otra de las demarcaciones más afectadas por el temblor, observó un monto de 19.2 mil pesos por metro cuadrado para casas, una caída de 19 por ciento desde los 23.8 mil pesos observados en 2016.
En contraparte el precio promedio del metro cuadrado para departamentos en Coyoacán aumentó 34.6 por ciento a 27.2 mil pesos desde los 20.2 mil pesos registrados en diciembre de 2016.
El sismo del pasado 19 de septiembre tuvo una magnitud de 7.1 grados en la escala de Richter y dejó un saldo de 16 mil edificios dañados en la Ciudad de México.
Por otro lado, el presidente de la AMPI señaló que los principales retos que enfrenta la economía nacional para el próximo año son el proceso electoral y la renegociación del Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN).
Estimó que, por orden de aportación a la economía nacional, durante 2018 tres serán los pilares que impulsarán la economía: el sector automotor, el inmobiliario y el energético.
 |
Se dispara importación de gasolinas en noviembre
ocho de cada 10 litros vendidos se refinaron fuera dE MÉXICO
El producto externo alcanzó una cuota récord de 78.4% de las ventas totales del combustible en el país; la producción en refinerías locales prolonga su contracción ante efectos del clima y paros por mantenimiento y modernización.
 |
Octavio Amador y Karol García
En noviembre pasado, casi ocho de cada 10 litros de gasolina que se vendieron en el país se refinaron fuera de México, pues Petróleos Mexicanos (Pemex) elevó 11% su importación de gasolinas a un promedio de 637,600 barriles diarios del carburante, el mayor nivel que jamás se haya alcanzado en este rubro. Con lo anterior, la participación del abasto externo respecto de las ventas internas totales de gasolina del país escaló a un nivel récord de 78.4%, de acuerdo con datos de la empresa estatal.
El caso del diesel es un correlato, pues las importaciones de este combustible, mayormente utilizado por el autotransporte de carga, representaron 82.1% respecto de las ventas internas totales del carburante, que ascendieron a un promedio diario de 318,600 barriles.
En tanto, la elaboración de gasolina de Pemex se ubicó en 185,500 barriles diarios en promedio, acumulando en noviembre 20 meses consecutivos de retrocesos, 17 de los cuales tulleron descensos a tasas de doble dígito, como la del mes pasado, en el que la refinación de este petrolífero fue menor en 26.9% para acumular una caída de 20.6% en lo que va del 2017.
En cuanto al diesel, la producción se desplomó 30.9%, sumando 22 meses consecutivos a la baja (19 de ellos con contracciones de doble dígito) y se ubicó en 158,500 barriles diarios en promedio. De enero a noviembre, la caída acumulada en este renglón es de 28.7 por ciento.
Lo anterior refleja el recorte en la actividad refinadora de Pemex debido a la ejecución de obras de reconfiguración en algunas de sus seis refinerías, por un lado, pero también al efecto de los desastres naturales, como el caso de Salina Cruz, donde se registraron afectaciones que paralizaron su actividad a raíz de la tormenta tropical Calvin de junio pasado y posteriormente debido a los sismos del 7 y 19 septiembre y sus réplicas.
Arturo Carranza, analista del sector energético del Instituto Nacional de Administración Pública, explicó que la producción se reduce por paros no programados en las operaciones, y que esto se explica por incidentes no previstos porque el calendario de mantenimientos no se siguió en los últimos años gracias a los recortes presupuestales.
“Se requieren inversiones en este rubro y una ruta para lograrlo son las asociaciones que ya comenzaron pero sólo en lo que tiene que ver con insumos como el hidrógeno, no en esquemas más integrales como la operación y mantenimiento completo”, dijo.
REFINAR YA NO ES NEGOCIO
En octubre pasado, el entonces director de Pemex, José Antonio González Anaya, aseguró que la refinación de hidrocarburos dejó de representar un negocio redituable para la empresa paraestatal. Dijo que Pemex seguirá invirtiendo en la modernización de las refinerías, pero advirtió que no es rentable invertir en nuevas. Incluso, destacó que el modelo de negocios en el mundo es agregar valor o el cierre de las mismas.
Al comparecer ante la Comisión de Energía de la Cámara de Diputados como parte de la glosa del V Informe de Gobierno del presidente Enrique Peña Nieto, González Anaya expuso que, por primera vez en muchos años, los paros no programados en las refinerías del país significaron para Pemex una ganancia, debido a que los recursos que obtiene son invertidos en la modernización de sus instalaciones.
“Nuestra meta ya no es, y no debe ser, procesar petróleo, porque eso implicaba que Pemex perdiera dinero. Lo que sí puedo decir, es que los márgenes de refinación otra vez, por primera vez en mucho tiempo, son positivos”, expuso. (Con información de Jorge Monroy)
 |
El PES nunca ha pagado ni un centavo de impuestos
 |
| Formalizan coalición Juntos haremos historia (Foto: @AlbertoAnayaGt) |
Fernando Nava
A pesar de que el Partido Encuentro Social (PES) ha recibido más de 606 millones de pesos desde 2014, año en que adquirió el registro nacional ante el Instituto Nacional Electoral (INE), el Comité Directivo Nacional (CDN) y los Comités Estatales de esta organización política deben 57 millones 361 mil 608 pesos de impuestos desde ese ejercicio fiscal hasta noviembre de 2017.
Además adeuda en esos mismos periodos 15 millones 430 mil 442 de multas y 4 millones 231 mil pesos de pago a proveedores, dando un total de más de 77 millones de pesos.
De acuerdo con la solicitud de información número 2236000025017, con fecha 19 de diciembre, que realizó La Razón, el CDN adeuda a Hacienda 42 millones 490 mil 784 y el resto, 14 millones 870 mil 824 pesos con 36 centavos, le corresponde a los Comités Estatales.
El Dato: El Partido Encuentro Social afirma en su portal que en el año 2014 tuvo asambleas en 32 entidades de la República y cuenta con 308 mil 997 afiliados.
En 2014 el CDN reconoció un adeudo con el fisco de 216 mil 568 pesos. Ese mismo año el INE le otorgó al partido un financiamiento de 33 millones 185 mil 595 pesos, según datos de transparencia.
Para 2015 el PES recibió 105 millones 166 mil 782 de pesos para todo el año, mismos que incluían 23 millones 457 mil 274 pesos para gastos de campaña; sin embargo, Encuentro Social —a cargo de Hugo Eric Flores Cervantes— omitió pagar 4 millones 742 mil 34 pesos de impuestos.
En 2016 el adeudo por el mismo concepto fue 15 millones 583 mil 817 pesos con 49 centavos. Este año son 21 millones 948 mil 363 pesos lo que debe el CDN.
A nivel estatal, los comités que han evadido al fisco son los de Baja California, Campeche, Ciudad de México, Chiapas, Chihuahua, Coahuila, Hidalgo, Jalisco, Michoacán, Morelos, Nayarit, Nuevo León, Oaxaca, Puebla, Quintana Roo, Querétaro, Guanajuato, Sinaloa, Sonora, Zacatecas y Guerrero y Estado de México, siendo esta última entidad donde el PES tiene el mayor adeudo con un monto de 5 millones 981 mil 817 pesos tan sólo a noviembre de 2017, sólo 578 mil pesos más que lo que quedó a deber el año pasado.
En multas, Encuentro Social registra 15 millones 430 mil 442 pesos por pagar. Sólo en Jalisco adeuda ocho millones 614 mil 277 pesos por dos multas en 2016. La primera bajo la descripción “Multas por pagar (campañas), por 7 millones 62 mil 582 pesos, y la segunda por un millón 551 mil 694 pesos.
También en Zacatecas el PES tuvo una sanción en 2016 por 3 millones 326 mil 698 pesos.
Respecto al pago de proveedores, de 2014 a 2017 el PES no ha pagado 4 millones 231 mil 085 pesos, de los cuales, 2 millones 322 mil 646 pesos son a nivel nacional y un millón 908 mil 439 pesos a nivel estatal.
Rechazan que haya alianza ideológica
“Esto no es una alianza ideológica, es una coalición política que intenta realizar un cambio en el país, hay millones de mexicanos que quieren el cambio principal desde esta alianza electoral, asegura Hugo Eric Flores, dirigente nacional del Partido Encuentro Social, sobre la alianza que registraron con Morena.
En entrevista para La Razón, reiteró que están firmes en defender sus ideas, a pesar de que existen corrientes políticas que están en contra de lo que ellos han impulsado, sobre todo en sus principios por el derecho a la vida.
Sobre cómo se podrían de acuerdo Morena y el PES para legislar en caso de ganar las elecciones de 2018 en temas de diversidad sexual, matrimonios igualitarios o adopción homoparental, comentó que ambas fuerzas políticas decidieron respetarse entre sí en sus propios espacios legislativos y en sus propios grupos parlamentarios.
Flores aseguraba hace tres años que su apuesta no era aliarse con ningún partido, sino con propuestas y con iniciativas.
Con información de Jorge Butrón y María Cabadas
Falla CDMX y Edomex en anticorrupción
 |
Lizeth Gómez De Anda y María Teresa Montaño
La Asamblea Legislativa destinó 287 millones de pesos de presupuesto para poner en marcha el Sistema Local Anticorrupción (SLA), que entró en vigor en julio. No obstante, aún no realiza el nombramiento de los 164 cargos para que arranque su implementación.
El documento aprobado el 23 de diciembre establece, en el artículo décimo transitorio, que para el Instituto Electoral de Distrito Federal se destinan ocho millones de pesos para implementar el programa de honorarios “para la puesta en marcha del Sistema Nacional Anticorrupción, el cual será ejercido por la Contraloría General de dicho Instituto”.
Esa cifra no estaba incluida en el proyecto de presupuesto enviado por la Secretaría de Finanzas, se designaron para la lucha anticorrupción un total de 295 millones de pesos.
La próxima Secretaría de la Contraloría y el Tribunal de Justicia Administrativa ejercerán 100 millones de pesos respectivamente. De hecho, la Contraloría fue una de las dependencias que tuvo mayor incremento (31.3 por ciento) con respecto al año anterior, justificado en el arranque del SLA.
La Secretaría de Gobierno tendrá 39 millones de pesos, en tanto que la Procuraduría General de Justicia tendrá a su disposición 48 millones de pesos.
De acuerdo con una estimación realizada en 2016 por el Consejo Interinstitucional Preparatorio para la Implementación del Sistema Anticorrupción (Coipisa) capitalino, la implementación del sistema local requiere de al menos 131 millones 361 mil pesos, pero la contraloría capitalina, titulada por Eduardo Rovelo –quien es parte de la terna enviada por el Jefe de Gobierno para ser contralor capitalino–, estimaba en 500 millones los fondos necesarios para realizar las contrataciones, comprar los materiales tecnológicos y tener la infraestructura.
Los recursos ya están asignados, a diferencia de otros estados, pero sigue pendiente la aprobación de los nombramientos para los los cuales, según Ernesto Sánchez, presidente de la Comisión de Transparencia de la ALDF, empezarán a trabajar en enero de 2018, aunque debían realizarse en diciembre de este año.
La semana pasada la comisión publicó una convocatoria exprés para seleccionar a los siete comisionados ciudadanos del InfoDF, decisión que fue cuestionada por organizaciones civiles, que acusaron a los legisladores de gestar un “madruguete”.
COMISIONADOS MEXIQUENSES, EN LA OPACIDAD
Aunque desde el 20 de octubre se formalizó la integración del Comité Ciudadano Anticorrupción del Estado de México, la máxima autoridad para conocer y combatir las expresiones de corrupción de la entidad, considerada en diversos estudios como la más corrupta del país, tres de sus cinco integrantes no han presentado su Tres de Tres, para transparentar su situación patrimonial y fiscal.
Pero no son los únicos, pues el fiscal Anticorrupción del Estado de México, José de la Luz Viñas –designado desde julio de 2017– tampoco ha transparentado sus ingresos ni situación fiscal ni patrimonial.
De los cinco integrantes del Comité Ciudadano Anticorrupción, solo la ex consejera del Instituto Electoral del Estado de México (IEEM), Palmira Tapia, y el ex dirigente empresarial Marco Antonio González Castillo han presentado y registrdo su Tres de Tres ante los organismos que encabezan esta iniciativa a nivel nacional, como el Instituto Mexicano para la Competitividad (Imco) y Transparencia Mexicana, impulsores a su vez del Sistema Nacional Anticorrupción, junto con otras organizaciones de la sociedad civil.
En la consulta de los registros de quienes forman parte de los sistemas estatales anticorrupción y ya cumplieron voluntariamente con su declaración, en el caso del Edomex, Tapia, la polémica ex consejera declaró ingresos anuales netos por cargos públicos equivalentes a 2 millones 331 mil 748 pesos, de los cuales 34 mil 549 pesos son por rendimientos financieros, así como tres propiedades, en el Edomex. Igualmente declaró ingresos anuales netos de su cónyuge por 735 mil 40 pesos.
En tanto González Castillo declaró no tener ingresos por cargos públicos, pero sí de actividades empresariales por 647 mil 287 pesos anuales, mientras que por servicios profesionales capita 167 mil 664 pesos.
El ex rector de la Universidad Autónoma del Estado de México y ex consejero electoral, José Martínez Vilchis, ahora presidente del nuevo Comité Ciudadano Anticorrupción, no aparece en los registros, de acuerdo a la consulta realizada el 25 de diciembre, tampoco hay información de Alberto Benabib Montero ni de Rosario Leonor Quiroz Castillo.
Tampoco cumple con la iniciativa el fiscal anticorrupción, encargado de investigar delitos relacionados con actos de corrupción, como pueden ser enriquecimiento inexplicable, peculado o colusión, entre otros.
La Asamblea Legislativa destinó 287 millones de pesos de presupuesto para poner en marcha el Sistema Local Anticorrupción (SLA), que entró en vigor en julio. No obstante, aún no realiza el nombramiento de los 164 cargos para que arranque su implementación.
 |
Esa cifra no estaba incluida en el proyecto de presupuesto enviado por la Secretaría de Finanzas, se designaron para la lucha anticorrupción un total de 295 millones de pesos.
La próxima Secretaría de la Contraloría y el Tribunal de Justicia Administrativa ejercerán 100 millones de pesos respectivamente. De hecho, la Contraloría fue una de las dependencias que tuvo mayor incremento (31.3 por ciento) con respecto al año anterior, justificado en el arranque del SLA.
La Secretaría de Gobierno tendrá 39 millones de pesos, en tanto que la Procuraduría General de Justicia tendrá a su disposición 48 millones de pesos.
De acuerdo con una estimación realizada en 2016 por el Consejo Interinstitucional Preparatorio para la Implementación del Sistema Anticorrupción (Coipisa) capitalino, la implementación del sistema local requiere de al menos 131 millones 361 mil pesos, pero la contraloría capitalina, titulada por Eduardo Rovelo –quien es parte de la terna enviada por el Jefe de Gobierno para ser contralor capitalino–, estimaba en 500 millones los fondos necesarios para realizar las contrataciones, comprar los materiales tecnológicos y tener la infraestructura.
Los recursos ya están asignados, a diferencia de otros estados, pero sigue pendiente la aprobación de los nombramientos para los los cuales, según Ernesto Sánchez, presidente de la Comisión de Transparencia de la ALDF, empezarán a trabajar en enero de 2018, aunque debían realizarse en diciembre de este año.
La semana pasada la comisión publicó una convocatoria exprés para seleccionar a los siete comisionados ciudadanos del InfoDF, decisión que fue cuestionada por organizaciones civiles, que acusaron a los legisladores de gestar un “madruguete”.
COMISIONADOS MEXIQUENSES, EN LA OPACIDAD
Aunque desde el 20 de octubre se formalizó la integración del Comité Ciudadano Anticorrupción del Estado de México, la máxima autoridad para conocer y combatir las expresiones de corrupción de la entidad, considerada en diversos estudios como la más corrupta del país, tres de sus cinco integrantes no han presentado su Tres de Tres, para transparentar su situación patrimonial y fiscal.
 |
De los cinco integrantes del Comité Ciudadano Anticorrupción, solo la ex consejera del Instituto Electoral del Estado de México (IEEM), Palmira Tapia, y el ex dirigente empresarial Marco Antonio González Castillo han presentado y registrdo su Tres de Tres ante los organismos que encabezan esta iniciativa a nivel nacional, como el Instituto Mexicano para la Competitividad (Imco) y Transparencia Mexicana, impulsores a su vez del Sistema Nacional Anticorrupción, junto con otras organizaciones de la sociedad civil.
En la consulta de los registros de quienes forman parte de los sistemas estatales anticorrupción y ya cumplieron voluntariamente con su declaración, en el caso del Edomex, Tapia, la polémica ex consejera declaró ingresos anuales netos por cargos públicos equivalentes a 2 millones 331 mil 748 pesos, de los cuales 34 mil 549 pesos son por rendimientos financieros, así como tres propiedades, en el Edomex. Igualmente declaró ingresos anuales netos de su cónyuge por 735 mil 40 pesos.
En tanto González Castillo declaró no tener ingresos por cargos públicos, pero sí de actividades empresariales por 647 mil 287 pesos anuales, mientras que por servicios profesionales capita 167 mil 664 pesos.
El ex rector de la Universidad Autónoma del Estado de México y ex consejero electoral, José Martínez Vilchis, ahora presidente del nuevo Comité Ciudadano Anticorrupción, no aparece en los registros, de acuerdo a la consulta realizada el 25 de diciembre, tampoco hay información de Alberto Benabib Montero ni de Rosario Leonor Quiroz Castillo.
Tampoco cumple con la iniciativa el fiscal anticorrupción, encargado de investigar delitos relacionados con actos de corrupción, como pueden ser enriquecimiento inexplicable, peculado o colusión, entre otros.
No hay comentarios.:
Publicar un comentario