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Esteban David Rodríguez
Diversas organizaciones gestoras, identificadas con PRI, PAN, PRD y Morena, acaparan anualmente cientos de millones de pesos (mdp) ensubsidios federales destinados a proyectos productivos, recursos con los que han construido un mercado de movilización electoral que acecha los comicios de 2018.
EL UNIVERSAL identificó la afinidad partidista de una muestra formada por 25 de esas organizaciones, a partir del historial de actividades políticas de sus líderes, así como de tablas de asignación presupuestaria de la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación (Sagarpa).
En 2016 —último dato oficial disponible—, la Sagarpa distribuyó 1 mil 471.78 mdp “para apoyar la operación de sociedades y asociaciones civiles”. Pero el grueso de los recursos proviene de subsidios para financiamiento de proyectos específicos. Por ejemplo, hasta mayo de este año 13 de los organismos seleccionados habían solicitado 468 mdp sólo para financiamiento de proyectos relacionados con el cultivo de maíz.
Sus afiliados figuran en padrones de subsidios del Instituto Nacional de Economía Social (Inaes) de la Secretaría de Desarrollo Social (Sedesol), de los programas de vivienda de la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano (Sedatu) y del Fondo para las Pequeñas y Medianas Empresas de la Secretaría de Economía (SE).
De modo que la cuantificación de los ingresos anuales de los gestores es compleja, considerando también que los datos de sus afiliados no están transparentados.
“Son auténticos brokers [intermediarios] de los subsidios federales, que por un lado bajan recursos presuntamente para sus afiliados y por otro cumplen con roles proselitistas”, explica en entrevista David Gómez Álvarez, doctor en políticas públicas por la Universidad de Nueva York e investigador del Instituto Tecnológico de Estudios Superiores de Occidente (ITESO).
Las beneficiadas
De la muestra de organizaciones, las vinculadas al PRI son el Consejo Nacional de Empresas Campesinas, A.C., de la Confederación Nacional Campesina (CNC) del PRI, además de Aquí y Ahora San Fernando, A.C. También la Corporación Nacional de Profesionistas y Técnicos Rurales, A.C., y el Frente Revolucionario de Trabajadores de México. A.C.
Les siguen Jóvenes Productores Agropecuarios de México Vanguardia, A.C.; Liga de Comunidades Agrarias y Sindicatos Campesinos de México, A.C., y la Central Campesina Independiente.
Las vinculadas a Morena: Asociación Nacional de Empresas Comercializadoras de Productores del Campo, A.C.; Central Campesina Cardenista (CCC), El Campo Vale Más, A.C.; Central de Organizaciones Campesinas y Populares, A.C. (COCYP); Unión Nacional de Organizaciones Regionales Campesinas Autónomas, A.C. (Unorca), y el Frente Organizado de Campesinos e Indígenas, A.C.
Los intermediarios afines al PRD son: Coalición Independiente de Obreros Agrícolas y Campesinos, A.C. (CIOAC); Asociación Mexicana de Mujeres Organizadas en Red, A.C.; Coalición de Organizaciones Democráticas, Urbanas y Campesinas, A.C.; Federación de Pueblos Rurales, A.C., y la Fundación Alianza Campesina para la Defensa del Campo, A.C.
Los brokers afines al PAN: Unión General de Obreros y Campesinos de México (UGOCM), Coalición Independiente de Sociedades y Productores Rurales, A.C.
También, Promoción y Gestión del Desarrollo Rural, A.C.; Red Nacional de Mujeres Rurales, A.C.; Red Nacional de Mujeres Vigilantes, Contraloría Social, A.C., y la Unión Nacional Integradora de Organizaciones Solidarias y Economía Social, A.C. (Unimoss).
Caso emblemático, Unimoss
En abril de 2017, la intermediaria de subsidios oficiales Unimoss recibió en un acto masivo a la candidata del PAN a la gubernatura mexiquense, Josefina Vázquez Mota.
El líder de la organización, Javier Eduardo López Macías, ofreció 400 mil votos y recordó que 13 años atrás Vázquez Mota, entonces titular de la Sedesol, “fue nuestra madrina y hoy estamos contigo”.
Sólo era un gesto de gratitud, puesto que Unimoss había trascendido su origen panista. En 2012 participó en la formación del fallido Partido Humanista, del que López Macías fue vicecoordinador nacional. Hoy se ubica a la organización en las inmediaciones de Por México al Frente.
López Macías, antiguo panista identificado con el núcleo ultraderechista de ese partido, fue director de Operación Regional del extinto Fondo Nacional de Apoyo para las Empresas en Solidaridad (Fonaes) en el foxismo.
En 2004 creó su propia intermediaria, Unimoss. Según versiones de prensa (EL UNIVERSAL, 29/08/2004), simplemente integró a su carpeta de afiliados un segmento del padrón de beneficiarios que controlaba para acceder a los apoyos económicos.
En una revisión exhaustiva de padrones oficiales, tablas consolidadas de asignación, convenios de concertación e informes financieros de la Secretaría de Hacienda a la Cámara de Diputados se observó que Unimoss ha obtenido para sus afiliados en los últimos 12 años más de 167.12 millones de pesos.
De ellos, 94.52 mdp provenían de subsidios para empresas sociales, administrados hasta mayo de 2012 por Fonaes, y en adelante por el Instituto Nacional de Economía Social (INAES). El resto de esa captación provino de apoyos otorgados por la Sagarpa, la Secretaría de Desarrollo Social, el Fondo Pyme de la Secretaría de Economía, por la Secretaría de Desarrollo Territorial y Urbano e incluso por donativos del Instituto Nacional de las Mujeres (Inmujeres).
Son cifras parciales, puesto que el detalle de los padrones específicos de afiliados de este tipo de intermediarias adolecen de opacidad. Para llegar a esos totales, se consultaron más de un centenar de documentos oficiales.
Ejercicios bajo sospecha
En 2013, la Auditoría Superior de la Federación (ASF) encontró, en una revisión a recursos de Fonaes [auditoría 12-0-10D00-02-275], facturas infladas hasta en 90% que Unimoss presentó para comprobar gastos de hospedaje y alimentación relacionados con talleres de capacitación. Esas facturas habían sido extendidas por las empresas GC A21, S.A. de C.V., y KYLYG, S.A. de C.V.
Desde 2011, otra auditoría, con registro [11-0-10C00-02-0334] y practicada al mismo programa, exhibió operaciones irregulares entre Unimoss y las empresas mencionadas. En 2013. La Auditoría Superior de la Federación requirió los datos notariales de las dos contratistas.
La firma GC A21 tenía como representante legal a Gregorio Viramontes Pérez, quien después pasaría a formar parte de la dirección de Unimoss. A su vez, KYLYG se hallaba anclada a las actividades de la primera.
Carlos Enrique Espinosa Ledesma, uno de los accionistas principales, se halla amparado (1040/2016) contra actos del Congreso de la Unión y otras autoridades.
No era la primera vez que empresas de este tipo eran vinculadas a Unimoss. En octubre de 2009 la intermediaria programó una de sus habituales capacitaciones con la contratación de la empresa Asistencia a Productores Rurales Mexicanos, S.C.
La ASF detectó diversas irregularidades en facturas extendidas por esa empresa, precisamente por cursos de capacitación, al fiscalizar subsidios otorgados por Sagarpa [auditoría forense 11-0-08100-12-0312], y solicitó al Sistema de Administración Tributaria (SAT) que auditara a dicha firma.
Se trata de un estilo de operación reiterado entre las intermediarias de subsidios.
Modelo clientelar
En el arranque del sexenio del presidente Felipe Calderón, 8% de los subsidios del Programa de Vivienda Rural del Fondo Nacional de Habitaciones Populares (Fonahpo) llegaba a la “demanda social”.
El 48% era para organizaciones afiliadas o vinculadas al PRI, 27% al PRD, 10% al PAN y 7% a intermediarias ligadas a otros partidos.
El esquema salinista
Se trata de una estimación —también parcial— publicada en el libro Candados y contrapesos. La protección de los programas, políticas y derechos sociales en México y América Latina, editado por el ITESO en 2009 y coordinado por David Gómez Álvarez, quien, en entrevista con EL UNIVERSAL, perfila la naturaleza clientelar de los programas:
“La política social de México nació de la necesidad del régimen de relegitimarse. Estoy hablando del salinismo, que primeramente lanzó la estrategia de Solidaridad y culminaba en una serie de instrumentos de política pública de combate a la pobreza que han permanecido en el tiempo”, expone.
El zedillismo intentó eliminar “el componente clientelar, que tenía que ver con la organización de las comunidades de beneficiarios”, pero “cuando vinieron Fox y Calderón, se volvió al esquema salinista”, explica el politólogo Gómez Álvarez.
Fue así como “empezaron a beneficiar preponderantemente a gobiernos estatales y municipales de Acción Nacional, pero también a ciertas organizaciones”, explica el ex subsecretario de Planeación del gobierno de Jalisco.
“Hay que recordar que existen entidades gobernadas por todos los partidos […] Toda la política social se empezó a desvirtuar, a perder efectividad […] a generar redes clientelares que en contextos electorales se pudieran movilizar para efectos políticos”.
La operación de los líderes consiste en “organizar colectivamente a sus representados a cambio de facilitarles el trabajo de afiliación, de recepción, de participación, legitimación y movilización política en un proceso electoral, mientras frente a los operadores negocian algunos beneficios adicionales, que pueden ser incluso dinero por afuera, en paralelo”.
Por regla general, detalla el también autor del libro Buenas prácticas en la protección de los programas sociales, esos recursos y operaciones quedan fuera del radar de la inspección de la Fiscalía Especializada para la Atención de Delitos Electorales (FEPADE), o de los diagnósticos del Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social (Coneval), que no alcanza siquiera a revisar el 10% de los programas de subsidios.
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