Señalan en desvíos mano de Beltrones
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Pedro Sánchez
Manlio Fabio Beltrones, ex líder nacional del PRI, fue alcanzado por las acusaciones de desvíos de recursos del Gobierno de Chihuahua al tricolor.
La triangulación de recursos desde Hacienda hacia el Gobierno estatal para luego destinarlos al PRI fue acordada por Beltrones, se reveló ayer en la audiencia de vinculación a proceso del ex secretario del CEN del PRI Alejandro Gutiérrez Gutiérrez.
Una agente de la Fiscalía del Estado leyó ayer una declaración de Ricardo Yáñez Herrera, Secretario de Educación en la Administración del priista César Duarte, en la que asegura que el ex presidente nacional del PRI concertó el desvío millonario.
"Me dijo (César Duarte) que debía firmar los contratos y como explicación me hizo saber que ese recurso se había autorizado por parte de la Secretaría de Hacienda de la Federación para operar las campañas electorales del PRI en otros estados.
"Que era un recurso que se había acordado operar para este fin con Manlio Fabio Beltrones", declaró Yáñez, quien en noviembre pasado fue sentenciado a cuatro años de prisión por peculado por los mismos hechos.
"Ante la instrucción de César Duarte procedí a firmar los cuatro contratos que fueron enviados a mi oficina por la Secretaría de Hacienda local.
"Y en ese momento le pregunté a Jaime Herrera (ex Secretario de Hacienda) sobre las empresas que venían en los contratos, a lo cual me respondió que habían sido puestas por Alejandro Gutiérrez, precisamente para los fines de poder desviar el dinero".
Incluso Yáñez declaró que Alejandro Gutiérrez le envió un mensaje de texto, que aún conserva en su teléfono: "Me decía de manera textual: 'Ya hablé con MF y el retorno no hay opción'".
Anoche, un juez vinculó a proceso a Gutiérrez por peculado agravado y le impuso prisión preventiva.
La declaración de Yáñez donde implica a Beltrones coincide con el testimonio de Jaime Herrera, ex Secretario de Hacienda de Chihuahua, quien aseguró también ante la Fiscalía que el ex líder del PRI planeó la triangulación de recursos a las campañas.
Involucra Gutiérrez a su hijo
Jaime Herrera Corral, ex Secretario de Hacienda, y Ricardo Yáñez, ex titular de Educación de Chihuahua, señalaron al hijo de Alejandro Gutiérrez, hombre cercano a Manlio Fabio Beltrones, como el responsable de facturar las operaciones simuladas para desviar los recursos al PRI.
Primero fue el ex titular de Hacienda, y ayer Yáñez lo acusó: "La instrucción de su padre, Alejandro Gutiérrez, era que el apoyo que ellos les darían era documentar todo lo que requerían para justificar el pago del dinero desviado".
Con información de Abel Barajas
Peña promulga Ley de Seguridad; pasa balón a Corte
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Francisco Reséndiz
Tras anunciar la promulgación de la Ley de Seguridad Interior, el presidente Enrique Peña Nieto advirtió que será la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) la que decida si la norma se apega a la Constitución para entonces llevarla a su implementación.
“De acuerdo con nuestro marco jurídico, la Corte sólo puede pronunciarse sobre una ley una vez que ha sido promulgada, por tanto doy la bienvenida al análisis que en su momento lleve a cabo la Suprema Corte de Justicia sobre esta ley.
“Soy consciente de que este ordenamiento es especialmente sensible para la vida pública del país. Por eso no emitiré declaratoria de protección de seguridad interior en los términos de esta ley hasta que el máximo tribunal decida sobre su constitucionalidad”, indicó el mandatario.
Ayer, al encabezar en Palacio Nacional la sesión del Consejo Nacional de Seguridad Pública (CNSP), enfatizó que de esta manera la Suprema Corte “será el árbitro legitimado constitucionalmente para tomar una resolución definitiva”.
Destacó que la Federación no dejará de auxiliar a los estados que necesitan el respaldo de las Fuerzas Armadas y que esta ley permite tomar conciencia sobre la urgencia de que las autoridades locales fortalezcan su capacidad para proteger a la población ante el crimen.
El Presidente indicó que esta misma ley recuerda la necesidad de tomar una definición sobre si seguir con más de mil 800 policías municipales o construir, como lo propuso al Congreso hace más de tres años, 32 policías estatales profesionales, confiables y eficaces.
Aseveró que los retos que enfrenta el país en esta materia “son muy grandes y no nos permiten detenernos, no nos permiten equivocarnos y no nos permiten fallar”. Llamó a los gobernadores a seguir fortaleciendo las capacidades institucionales en el combate a la delincuencia.
El presidente Peña asentó que México necesita policías locales bien capacitadas y equipadas, sólidas y eficaces, que garanticen la seguridad de la población. Afirmó que sólo trabajando juntos con compromiso, perseverancia y visión de largo plazo “alcanzaremos el México en paz que todos anhelamos”.
Acompañado por el gabinete de seguridad nacional, el mandatario enfatizó ante los gobernadores, legisladores y representantes de la sociedad civil, que uno de los retos legislativos había sido regular la intervención de los efectivos militares y navales en la lucha contra las organizaciones delictivas.
Recordó que en su momento la SCJN determinó que el Ejército, Marina Armada y Fuerza Aérea pueden actuar en tareas de seguridad pública en auxilio a la sociedad y en tareas de seguridad interior bajo el mando del Presidente de la República.
Destacó que la atribución de intervenir en seguridad interior está prevista en la fracción sexta del artículo 89 constitucional desde 1917. No obstante, comentó que hasta hoy esa atribución ha tenido que ser ejercida sin el respaldo de una ley reglamentaria.
“La ausencia de una legislación secundaria se ha traducido en incertidumbre, tanto para los miembros de las Fuerzas Armadas que participan en tareas de seguridad, como para los propios ciudadanos”, estimó.
Esgrimió que con el fin de superar este vacío legal el Congreso le remitió el decreto por el que se expide la Ley de Seguridad Interior y afirmó que el espíritu de esta norma da certeza a la actuación militar en la preservación de la seguridad interior y establece límites a su uso discrecional.
Las críticas. Peña Nieto enfatizó que la ley deja claro que en ningún momento se exime a las autoridades locales del cumplimiento de sus responsabilidades y las obliga a llevar a cabo un programa de fortalecimiento de las capacidades institucionales.
Aceptó: “Durante la discusión y aprobación de la ley, por parte del Congreso de la Unión, distintas organizaciones de la sociedad civil, colectivos de derechos humanos y académicos han expresado que a su criterio el contenido de la ley es inconstitucional.
“Como sabemos, corresponde únicamente a nuestro máximo tribunal decidir cuándo una norma se apega a la Constitución y a los tratados internacionales en materia de derechos humanos”.
Por otra parte, el Consejo Nacional de Seguridad Pública instruyó a la Comisión Nacional de Seguridad (CNS), a la Procuraduría General de la República (PGR), al Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública y las autoridades estatales y municipales a elaborar el Protocolo Nacional de uso Legítimo de la Fuerza.
Durante la sesión que desarrolló ayer el Consejo Nacional de Seguridad Pública en Palacio Nacional, el gobernador de Puebla, Antonio Gali Fayad, presentó la propuesta que fue aprobada por el pleno.
“Hoy más que nunca se exige que las corporaciones policiacas de los tres niveles de gobierno actúen en estricto apego al marco normativo, y específicamente con respecto a los derechos humanos”, comentó el mandatario poblano.
Hizo notar que la Conferencia Nacional de Seguridad Pública Municipal y la Policía Federal han aprobado protocolos que limitan y regulan el uso de la fuerza pública por parte de sus integrantes.
“Estimamos que es necesario contar con un protocolo nacional, toda vez que el uso de la fuerza se rige por principios internacionalmente aceptados, tales como la legalidad, racionalidad, gradualidad, oportunidad y necesidad”, puntualizó.
Esto, dijo, permitirá generar procesos de capacitación homologados.
Posteriormente, al presidir en el Patio de Honor de Palacio Nacional la III Sesión del Sistema Nacional de Protección Integral de Niñas, Niños y Adolescentes, el presidente Enrique Peña Nieto destacó la labor del gobierno de la República en favor de este grupo de la población y llamó a avanzar con determinación en su protección para asegurarles un mejor futuro.
Decreta Peña la ley de seguridad; la Corte decidirá
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Osorio presenta acciones para inhibir la disponibilidad de las armas de fuego; entre las medidas plantea operativos contra réplicas y endurecimiento de penas por posesión.
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La 43 Sesión del Consejo Nacional de Seguridad, en Palacio Nacional. (Juan Carlos Bautista) |
DANIEL VENEGAS E IGNACIO ALZAGA
México
El presidente Enrique Peña Nieto promulgó la Ley de Seguridad Interior, pero anunció que no emitirá ninguna declaratoria de protección hasta que concluya el análisis de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN).
Ayer, durante la clausura de la 43 Sesión del Consejo Nacional de Seguridad, celebrada en Palacio Nacional, recordó que durante la discusión de la legislación colectivos de derechos humanos y académicos expresaron que es inconstitucional.
“Como sabemos, corresponde únicamente a nuestro máximo tribunal decidir cuándo una norma se apega a la Constitución y a los tratados internacionales en materia de derechos humanos.
“De acuerdo con nuestro marco jurídico, la Suprema Corte solo puede pronunciarse sobre una ley una vez que ha sido promulgada, por tanto doy la bienvenida al análisis que en su momento lleve a cabo”, expresó.
El mandatario dijo estar consciente de que este ordenamiento “es especialmente sensible para la vida pública del país”, por lo que “no emitiré Declaratoria de Protección de Seguridad Interior en los términos de esta ley hasta que el máximo tribunal decida sobre su constitucionalidad”.
Estableció que la SCJN será el árbitro legitimado constitucionalmente para tomar una resolución definitiva, pero aclaró que no finalizará la intervención de la Federación en materia de seguridad pública en auxilio de los estados que lo necesitan.
Aseguró que esta ley también permite tomar conciencia sobre la urgencia de que las autoridades estatales y municipales fortalezcan sus capacidades institucionales para proteger a la población.
“Nos recuerda la necesidad de tomar una definición sobre otro tema largamente pospuesto: si debemos seguir con más de mil 800 policías municipales o construir, como propuse al Congreso de la Unión, hace más de tres años, 32 policías estatales profesionales confiable y eficaces”, indicó.
En su discurso, Peña Nieto resaltó que, pese al gran esfuerzo nacional, muchos estados todavía no han logrado desarrollar corporaciones sólidas, confiables y eficaces, y alrededor de 600 municipios no cuentan con una fuerza policial propia, por lo que “el Estado mexicano se ha visto en la necesidad de emplear de manera subsidiaria y temporal a las fuerzas armadas en tareas de seguridad pública”.
Enfatizó que el despliegue en distintas entidades no pretende suplir, sino complementar las capacidades de los cuerpos de seguridad civiles locales. “En todos los casos, su actuación se deriva de la solicitud de los gobiernos estatales; hubiera sido irresponsable dejar a su suerte a la población civil ante el embate de la criminalidad”.
Destacó que, en su momento, la SCJN resolvió que las fuerzas armadas pueden actuar en tareas de seguridad pública en auxilio a la autoridad civil y en tareas de seguridad interior bajo del mando del Presidente, además de que la atribución de intervenir en seguridad interior se encuentra prevista en la fracción VI del artículo 89 de la Constitución.
“Hasta hoy esa atribución ha tenido que ser ejercida sin el respaldo de una ley reglamentaria; la ausencia de una legislación secundaria se ha traducido en incertidumbre, tanto para los miembros de las fuerzas armadas como para los propios ciudadanos”, refirió.
El mandatario aseguró que el espíritu de la ley da certeza jurídica a la actuación de las fuerzas armadas en la preservación de la seguridad interior y, al mismo tiempo, establece límites al uso discrecional de las mismas.
“La ley deja claro que en ningún momento se exime a las autoridades locales del cumplimiento de sus responsabilidades, además las obliga a llevar a cabo un programa de fortalecimiento de las capacidades institucionales con el apoyo subsidiario de las autoridades federales”, finalizó.
La Secretaría de Gobernación (Segob) publicó ayer en la edición vespertina del Diario Oficial de la Federación el decreto por el que se expide la ley, que tiene por objeto regular la función del Estado para preservar la seguridad. También establece bases, procedimientos y modalidades de coordinación entre Federación, entidades y municipios en la materia.
PACTO
Ante la “situación apremiante” de seguridad que vive el país, el secretario de Gobernación, Miguel Ángel Osorio Chong, anunció un paquete de acciones que incluye inhibir la disponibilidad de armas de fuego.
En la sesión del consejo de seguridad reconoció que estos artefactos “han dado alta capacidad de fuego a la delincuencia y han sido uno de los principales habilitadores de la violencia”.
Entre las medidas presentadas está el endurecimiento de las penas para quien posea armamento, a través de un exhorto a la Cámara de Diputados para que resuelva la iniciativa de reforma a la Ley Federal de Armas de Fuego y Explosivos que fue aprobada por el Senado, además de realizar operativos contra réplicas y juguetes bélicos.
El consejo acordó adoptar la estrategia, que prevé fortalecer la prevención y el combate a la violencia de género, que en todo el territorio se investiguen los homicidios dolosos de mujeres bajo protocolos de feminicidios; y consolidar el servicio del 911.
Osorio Chong reiteró su llamado a los estados a asumir, “por completo y lo antes posible, su responsabilidad constitucional en seguridad. Aclaró que “la labor de apoyo de las fuerzas armadas debe ser vista como una oportunidad por definición temporal, para que los estados aceleren y concluyan la construcción de policías sólidas y confiables”.
CLAVES
AGILIZAR ADOPCIÓN
El presidente Enrique Peña Nieto dio a conocer que el próximo año presentará una iniciativa para facilitar el proceso de adopción de menores.
En la sesión del Sistema Nacional de Protección Integral de Niñas, Niños y Adolescentes, dijo que para mejorar su futuro “no hay esfuerzo pequeño”.
El secretario de Salud, José Narro, anunció la emisión del Certificado Electrónico de Nacimiento, que arrojará información puntual y oportuna.
“APRESURADA” PROMULGACIÓN: ‘OMBUDSMAN’
Luis Raúl González Pérez, presidente de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH), calificó de “apresurada” la promulgación de la Ley de Seguridad Interior, porque “no hubo mayor diálogo para escuchar las distintas voces que todavía querían expresarse”. Al término de la 43 Sesión del Consejo Nacional de Seguridad Pública, señaló que lo deseable hubiera sido una discusión amplia, abierta, invitando a mucho más actores.
El ombudsman nacional resaltó que la sociedad en general quiere un marco jurídico que dé seguridad a la población y reiteró que la CNDH analiza interponer una acción de Inconstitucionalidad, para lo cual cuenta con 30 días a partir de la promulgación de la norma. “Estamos ya en ese análisis jurídico, vamos a acercarnos también a las opiniones civiles, porque queremos incorporar sus argumentos”, dijo. González Pérez subrayó que la idea es construir junto con la ciudadanía, “como se hizo con la ley de desapariciones, pero creo que hubo un apresuramiento, porque no hubo mayor diálogo”.
Con información de Mónica García/México.
México
El presidente Enrique Peña Nieto promulgó la Ley de Seguridad Interior, pero anunció que no emitirá ninguna declaratoria de protección hasta que concluya el análisis de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN).
Ayer, durante la clausura de la 43 Sesión del Consejo Nacional de Seguridad, celebrada en Palacio Nacional, recordó que durante la discusión de la legislación colectivos de derechos humanos y académicos expresaron que es inconstitucional.
“Como sabemos, corresponde únicamente a nuestro máximo tribunal decidir cuándo una norma se apega a la Constitución y a los tratados internacionales en materia de derechos humanos.
“De acuerdo con nuestro marco jurídico, la Suprema Corte solo puede pronunciarse sobre una ley una vez que ha sido promulgada, por tanto doy la bienvenida al análisis que en su momento lleve a cabo”, expresó.
El mandatario dijo estar consciente de que este ordenamiento “es especialmente sensible para la vida pública del país”, por lo que “no emitiré Declaratoria de Protección de Seguridad Interior en los términos de esta ley hasta que el máximo tribunal decida sobre su constitucionalidad”.
Estableció que la SCJN será el árbitro legitimado constitucionalmente para tomar una resolución definitiva, pero aclaró que no finalizará la intervención de la Federación en materia de seguridad pública en auxilio de los estados que lo necesitan.
Aseguró que esta ley también permite tomar conciencia sobre la urgencia de que las autoridades estatales y municipales fortalezcan sus capacidades institucionales para proteger a la población.
“Nos recuerda la necesidad de tomar una definición sobre otro tema largamente pospuesto: si debemos seguir con más de mil 800 policías municipales o construir, como propuse al Congreso de la Unión, hace más de tres años, 32 policías estatales profesionales confiable y eficaces”, indicó.
En su discurso, Peña Nieto resaltó que, pese al gran esfuerzo nacional, muchos estados todavía no han logrado desarrollar corporaciones sólidas, confiables y eficaces, y alrededor de 600 municipios no cuentan con una fuerza policial propia, por lo que “el Estado mexicano se ha visto en la necesidad de emplear de manera subsidiaria y temporal a las fuerzas armadas en tareas de seguridad pública”.
Enfatizó que el despliegue en distintas entidades no pretende suplir, sino complementar las capacidades de los cuerpos de seguridad civiles locales. “En todos los casos, su actuación se deriva de la solicitud de los gobiernos estatales; hubiera sido irresponsable dejar a su suerte a la población civil ante el embate de la criminalidad”.
Destacó que, en su momento, la SCJN resolvió que las fuerzas armadas pueden actuar en tareas de seguridad pública en auxilio a la autoridad civil y en tareas de seguridad interior bajo del mando del Presidente, además de que la atribución de intervenir en seguridad interior se encuentra prevista en la fracción VI del artículo 89 de la Constitución.
“Hasta hoy esa atribución ha tenido que ser ejercida sin el respaldo de una ley reglamentaria; la ausencia de una legislación secundaria se ha traducido en incertidumbre, tanto para los miembros de las fuerzas armadas como para los propios ciudadanos”, refirió.
El mandatario aseguró que el espíritu de la ley da certeza jurídica a la actuación de las fuerzas armadas en la preservación de la seguridad interior y, al mismo tiempo, establece límites al uso discrecional de las mismas.
“La ley deja claro que en ningún momento se exime a las autoridades locales del cumplimiento de sus responsabilidades, además las obliga a llevar a cabo un programa de fortalecimiento de las capacidades institucionales con el apoyo subsidiario de las autoridades federales”, finalizó.
La Secretaría de Gobernación (Segob) publicó ayer en la edición vespertina del Diario Oficial de la Federación el decreto por el que se expide la ley, que tiene por objeto regular la función del Estado para preservar la seguridad. También establece bases, procedimientos y modalidades de coordinación entre Federación, entidades y municipios en la materia.
PACTO
Ante la “situación apremiante” de seguridad que vive el país, el secretario de Gobernación, Miguel Ángel Osorio Chong, anunció un paquete de acciones que incluye inhibir la disponibilidad de armas de fuego.
En la sesión del consejo de seguridad reconoció que estos artefactos “han dado alta capacidad de fuego a la delincuencia y han sido uno de los principales habilitadores de la violencia”.
Entre las medidas presentadas está el endurecimiento de las penas para quien posea armamento, a través de un exhorto a la Cámara de Diputados para que resuelva la iniciativa de reforma a la Ley Federal de Armas de Fuego y Explosivos que fue aprobada por el Senado, además de realizar operativos contra réplicas y juguetes bélicos.
El consejo acordó adoptar la estrategia, que prevé fortalecer la prevención y el combate a la violencia de género, que en todo el territorio se investiguen los homicidios dolosos de mujeres bajo protocolos de feminicidios; y consolidar el servicio del 911.
Osorio Chong reiteró su llamado a los estados a asumir, “por completo y lo antes posible, su responsabilidad constitucional en seguridad. Aclaró que “la labor de apoyo de las fuerzas armadas debe ser vista como una oportunidad por definición temporal, para que los estados aceleren y concluyan la construcción de policías sólidas y confiables”.
CLAVES
AGILIZAR ADOPCIÓN
El presidente Enrique Peña Nieto dio a conocer que el próximo año presentará una iniciativa para facilitar el proceso de adopción de menores.
En la sesión del Sistema Nacional de Protección Integral de Niñas, Niños y Adolescentes, dijo que para mejorar su futuro “no hay esfuerzo pequeño”.
El secretario de Salud, José Narro, anunció la emisión del Certificado Electrónico de Nacimiento, que arrojará información puntual y oportuna.
“APRESURADA” PROMULGACIÓN: ‘OMBUDSMAN’
Luis Raúl González Pérez, presidente de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH), calificó de “apresurada” la promulgación de la Ley de Seguridad Interior, porque “no hubo mayor diálogo para escuchar las distintas voces que todavía querían expresarse”. Al término de la 43 Sesión del Consejo Nacional de Seguridad Pública, señaló que lo deseable hubiera sido una discusión amplia, abierta, invitando a mucho más actores.
El ombudsman nacional resaltó que la sociedad en general quiere un marco jurídico que dé seguridad a la población y reiteró que la CNDH analiza interponer una acción de Inconstitucionalidad, para lo cual cuenta con 30 días a partir de la promulgación de la norma. “Estamos ya en ese análisis jurídico, vamos a acercarnos también a las opiniones civiles, porque queremos incorporar sus argumentos”, dijo. González Pérez subrayó que la idea es construir junto con la ciudadanía, “como se hizo con la ley de desapariciones, pero creo que hubo un apresuramiento, porque no hubo mayor diálogo”.
Con información de Mónica García/México.
Peña: Corte decidirá ley de seguridad
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El Presidente promulgó ayer la norma, pero dijo que no emitirá la declaratoria que la activa hasta que la SCJN resuelva su presunta inconstitucionalidad
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| Foto: Elizabeth Velazquez |
ENRIQUE SÁNCHEZ
El presidente Enrique Peña Nieto promulgó la Ley de Seguridad Interior, pero se reservará la facultad de emitir la declaratoria que la activa para que la Corte resuelva la supuesta inconstitucionalidad de algunos artículos de la normatividad.
Al clausurar la sesión 43 del Consejo Nacional de Seguridad Pública, reconoció que dicha ley es cuestionada por organismos civiles.
Soy consciente de que este ordenamiento es especialmente sensible para la vida pública del país. Así, la Suprema Corte de Justicia de la Nación será el árbitro legitimado constitucionalmente para tomar una resolución definitiva”, señaló.
Peña Nieto aclaró que su decisión de aplazar la aplicación del ordenamiento no significa que dejará de haber intervención de las Fuerzas Armadas, en materia de seguridad pública, en los estados que la necesiten.
Llamó al Poder Legislativo retomar la discusión y, en su caso, aprobar la propuesta de Mando Único policial.
Tras el anuncio de Peña Nieto, diputados del PRD y PT, así como la CNDH, dijeron que alistan controversias constitucionales contra la ley.
PROMULGA LEY PARA QUE PUEDA PRONUNCIARSE
LA CORTE RESOLVERÁ LEY DE SEGURIDAD INTERIOR: PEÑA
No emitirá declaratoria de protección hasta que el máximo tribunal decida sobre su legalidad o no
Previo a la promulgación ayer por la tarde de la Ley de Seguridad Interior, el presidente Enrique Peña Nieto anticipó que se reservará la facultad de emitir la Declaratoria de Protección a la Seguridad Interior hasta en tanto la Suprema Corte de Justicia resuelva sobre la posible inconstitucionalidad de distintos artículos en dicha normativa.
Doy la bienvenida al análisis que en su momento lleve a cabo la Suprema Corte de Justicia de la Nación sobre esta ley. Por eso no emitiré declaratoria de seguridad interior en los términos de esta ley hasta que el máximo tribunal decida sobre su constitucionalidad”, subrayó en Palacio Nacional.
La ley en sus artículos 11 y 12 avala al Poder Ejecutivo Federal para que pueda intervenir a nivel local a través de acciones de seguridad, previa declaratoria de protección, donde se precisaría el tipo de amenaza que combatirán las Fuerzas Armadas en alguna región del país, durante cuánto tiempo y la cantidad de elementos.
Al clausurar la 43 sesión del Consejo Nacional de Seguridad Pública y ante representantes de los tres poderes de la unión, el mandatario reconoció que esta ley es cuestionada por distintos organismos civiles, pues a su parecer señalan que “el contenido no está apegado a lo que dicta la Carta Magna y los tratados internacionales”.
Soy consciente de que este ordenamiento es especialmente sensible para la vida pública del país”, refirió.
De ahí que, con la decisión presidencial, se deje abierta la posibilidad de que en los siguientes días se interponga un recurso legal ante el supremo tribunal y éste decida al respecto.
Así, la Suprema corte de Justicia de la Nación será el árbitro legitimado constitucionalmente para tomar una resolución definitiva.
Pero ello no significa que dejará de haber intervención en materia de seguridad pública en auxilio de los estados que hoy lo necesitan”, acotó durante su mensaje.
El mandatario señaló que el espíritu de la Ley de Seguridad Interior da certeza jurídica al actuar de las Fuerzas Armadas en la preservación de la seguridad interior y establece límites al uso discrecional de las mismas.
La ley deja claro que en ningún momento se exime a las autoridades locales del cumplimiento de sus responsabilidades y las obliga a llevar a cabo un programa de fortalecimiento de las capacidades institucionales que permita finalizar con el apoyo subsidiario de las autoridades federales”, apuntó.
En este sentido, el Presidente de la República hizo un llamado a los mandatarios locales a trabajar en el fortalecimiento de sus corporaciones policiacas, al tiempo que pidió al poder Legislativo retomar la discusión y, en su caso, aprobar la propuesta de Mando Único policial que está pendiente.
“LEY, NECESARIA; NO DEBE SER EL NÚCLEO NORMATIVO”
Si bien la Ley de Seguridad Interior es necesaria para proveer de un marco jurídico a las Fuerzas Armadas, no debe ser el núcleo que norme la seguridad del país, dijo Orlando Camacho Nacerá, representante de la sociedad civil ante el Consejo Nacional de Seguridad.
Esta ley, si bien necesaria, debe formar parte de un paquete que reforme y coloque a las instituciones de seguridad y procuración de justicia civiles del país en el centro de la ecuación; sin esto, por mejor intención que tenga la Ley de Seguridad Interior, repito, necesaria, no saldremos del estado en el que estamos actualmente y se perpetuará entre otras cosas la heroica labor de las Fuerzas Armadas”, señaló.
Mario Arroyo Juárez, también representante de la sociedad civil, advirtió que sin democracia no hay seguridad y sin respeto a las garantías individuales no hay viabilidad para México como nación.
La discusión no es si está militarizándose o no la seguridad pública. La discusión, ésta, debemos superarla. Ambas opciones, militarización y seguridad pública no son viables en una sociedad democrática; es necesario abandonar los conceptos autoritarios asociados a la seguridad y avanzar hacia un paradigma que proteja y promueva los derechos fundamentales de las personas, es el paradigma de la seguridad y convivencia ciudadanas”, expresó.
De la Redacción
REFORZARÁN RESGUARDO DE ARMAS
El Consejo Nacional de Seguridad acordó reforzar el resguardo de armas de fuego en poder de las instituciones de seguridad pública de los gobiernos de los estados y de los municipios y fortalecer la campaña nacional de canje de armas de fuego en poder de la sociedad civil.
Asimismo, exhortó a la Cámara de Diputados para que analice y resuelva la iniciativa de reforma a la Ley Federal de Armas de Fuego y Explosivos que ya aprobó el Senado de la República y que tiene como propósito endurecer las penas por portación y uso de dichos artefactos.
De manera adicional, acordó solicitar a las autoridades correspondientes realizar operativos para supervisar que las armas réplica, entre éstas las de juguete, cumplan con la Norma Oficial Mexicana, y realizar campañas educativas orientadas a reducir la posesión, portación y uso de armas de fuego de cualquier tipo.
Todas esas medidas tienen como propósito “prevenir y atender” la violencia generada por la posesión, portación y uso de armas de fuego en el país.
Además acordó que la Procuraduría General de la República, así como las procuradurías de justicia y las fiscalías de las entidades federativas, inicien la investigación de toda muerte violenta de mujeres, de carácter doloso, bajo protocolos de feminicidio.
Por acuerdo de dicho Consejo, los Centros de Justicia para mujeres de las entidades federativas deberán de certificarse o recertificarse cada dos años con base en los 48 indicadores del sistema de integridad y de acuerdo con la convocatoria que emita la Comisión Nacional para erradicar la violencia contra las mujeres.
Aprobó el Programa para la Consolidación del servicio de Llamadas de Emergencia 911, que deberán cumplir las autoridades responsables del servicio en las entidades y los municipios, bajo diversas líneas de acción.
El presidente Enrique Peña Nieto promulgó la Ley de Seguridad Interior, pero se reservará la facultad de emitir la declaratoria que la activa para que la Corte resuelva la supuesta inconstitucionalidad de algunos artículos de la normatividad.
Al clausurar la sesión 43 del Consejo Nacional de Seguridad Pública, reconoció que dicha ley es cuestionada por organismos civiles.
Soy consciente de que este ordenamiento es especialmente sensible para la vida pública del país. Así, la Suprema Corte de Justicia de la Nación será el árbitro legitimado constitucionalmente para tomar una resolución definitiva”, señaló.
Peña Nieto aclaró que su decisión de aplazar la aplicación del ordenamiento no significa que dejará de haber intervención de las Fuerzas Armadas, en materia de seguridad pública, en los estados que la necesiten.
Llamó al Poder Legislativo retomar la discusión y, en su caso, aprobar la propuesta de Mando Único policial.
Tras el anuncio de Peña Nieto, diputados del PRD y PT, así como la CNDH, dijeron que alistan controversias constitucionales contra la ley.
PROMULGA LEY PARA QUE PUEDA PRONUNCIARSE
LA CORTE RESOLVERÁ LEY DE SEGURIDAD INTERIOR: PEÑA
No emitirá declaratoria de protección hasta que el máximo tribunal decida sobre su legalidad o no
Previo a la promulgación ayer por la tarde de la Ley de Seguridad Interior, el presidente Enrique Peña Nieto anticipó que se reservará la facultad de emitir la Declaratoria de Protección a la Seguridad Interior hasta en tanto la Suprema Corte de Justicia resuelva sobre la posible inconstitucionalidad de distintos artículos en dicha normativa.
Doy la bienvenida al análisis que en su momento lleve a cabo la Suprema Corte de Justicia de la Nación sobre esta ley. Por eso no emitiré declaratoria de seguridad interior en los términos de esta ley hasta que el máximo tribunal decida sobre su constitucionalidad”, subrayó en Palacio Nacional.
La ley en sus artículos 11 y 12 avala al Poder Ejecutivo Federal para que pueda intervenir a nivel local a través de acciones de seguridad, previa declaratoria de protección, donde se precisaría el tipo de amenaza que combatirán las Fuerzas Armadas en alguna región del país, durante cuánto tiempo y la cantidad de elementos.
Al clausurar la 43 sesión del Consejo Nacional de Seguridad Pública y ante representantes de los tres poderes de la unión, el mandatario reconoció que esta ley es cuestionada por distintos organismos civiles, pues a su parecer señalan que “el contenido no está apegado a lo que dicta la Carta Magna y los tratados internacionales”.
Soy consciente de que este ordenamiento es especialmente sensible para la vida pública del país”, refirió.
De ahí que, con la decisión presidencial, se deje abierta la posibilidad de que en los siguientes días se interponga un recurso legal ante el supremo tribunal y éste decida al respecto.
Así, la Suprema corte de Justicia de la Nación será el árbitro legitimado constitucionalmente para tomar una resolución definitiva.
Pero ello no significa que dejará de haber intervención en materia de seguridad pública en auxilio de los estados que hoy lo necesitan”, acotó durante su mensaje.
El mandatario señaló que el espíritu de la Ley de Seguridad Interior da certeza jurídica al actuar de las Fuerzas Armadas en la preservación de la seguridad interior y establece límites al uso discrecional de las mismas.
La ley deja claro que en ningún momento se exime a las autoridades locales del cumplimiento de sus responsabilidades y las obliga a llevar a cabo un programa de fortalecimiento de las capacidades institucionales que permita finalizar con el apoyo subsidiario de las autoridades federales”, apuntó.
En este sentido, el Presidente de la República hizo un llamado a los mandatarios locales a trabajar en el fortalecimiento de sus corporaciones policiacas, al tiempo que pidió al poder Legislativo retomar la discusión y, en su caso, aprobar la propuesta de Mando Único policial que está pendiente.
“LEY, NECESARIA; NO DEBE SER EL NÚCLEO NORMATIVO”
Si bien la Ley de Seguridad Interior es necesaria para proveer de un marco jurídico a las Fuerzas Armadas, no debe ser el núcleo que norme la seguridad del país, dijo Orlando Camacho Nacerá, representante de la sociedad civil ante el Consejo Nacional de Seguridad.
Esta ley, si bien necesaria, debe formar parte de un paquete que reforme y coloque a las instituciones de seguridad y procuración de justicia civiles del país en el centro de la ecuación; sin esto, por mejor intención que tenga la Ley de Seguridad Interior, repito, necesaria, no saldremos del estado en el que estamos actualmente y se perpetuará entre otras cosas la heroica labor de las Fuerzas Armadas”, señaló.
Mario Arroyo Juárez, también representante de la sociedad civil, advirtió que sin democracia no hay seguridad y sin respeto a las garantías individuales no hay viabilidad para México como nación.
La discusión no es si está militarizándose o no la seguridad pública. La discusión, ésta, debemos superarla. Ambas opciones, militarización y seguridad pública no son viables en una sociedad democrática; es necesario abandonar los conceptos autoritarios asociados a la seguridad y avanzar hacia un paradigma que proteja y promueva los derechos fundamentales de las personas, es el paradigma de la seguridad y convivencia ciudadanas”, expresó.
De la Redacción
REFORZARÁN RESGUARDO DE ARMAS
El Consejo Nacional de Seguridad acordó reforzar el resguardo de armas de fuego en poder de las instituciones de seguridad pública de los gobiernos de los estados y de los municipios y fortalecer la campaña nacional de canje de armas de fuego en poder de la sociedad civil.
Asimismo, exhortó a la Cámara de Diputados para que analice y resuelva la iniciativa de reforma a la Ley Federal de Armas de Fuego y Explosivos que ya aprobó el Senado de la República y que tiene como propósito endurecer las penas por portación y uso de dichos artefactos.
De manera adicional, acordó solicitar a las autoridades correspondientes realizar operativos para supervisar que las armas réplica, entre éstas las de juguete, cumplan con la Norma Oficial Mexicana, y realizar campañas educativas orientadas a reducir la posesión, portación y uso de armas de fuego de cualquier tipo.
Todas esas medidas tienen como propósito “prevenir y atender” la violencia generada por la posesión, portación y uso de armas de fuego en el país.
Además acordó que la Procuraduría General de la República, así como las procuradurías de justicia y las fiscalías de las entidades federativas, inicien la investigación de toda muerte violenta de mujeres, de carácter doloso, bajo protocolos de feminicidio.
Por acuerdo de dicho Consejo, los Centros de Justicia para mujeres de las entidades federativas deberán de certificarse o recertificarse cada dos años con base en los 48 indicadores del sistema de integridad y de acuerdo con la convocatoria que emita la Comisión Nacional para erradicar la violencia contra las mujeres.
Aprobó el Programa para la Consolidación del servicio de Llamadas de Emergencia 911, que deberán cumplir las autoridades responsables del servicio en las entidades y los municipios, bajo diversas líneas de acción.
Decidirá la Corte sobre la licitud de la norma: Peña
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| El secretario de Hacienda, José Antonio González Anaya; el presidente de la Cámara de Diputados, José Carlos Ramírez Marín; el jefe del Ejecutivo federal, Enrique Peña Nieto; el titular de de Gobernación, Miguel Ángel Osorio Chong, y el encargado de la Procuraduría General de la República, Alberto Elías Beltrán, durante la tercera sesión del Sistema Nacional de Protección Integral de Niñas, Niños y Adolescentes, en Palacio Nacional Foto Cristina Rodríguez |
Alonso Urrutia y Fabiola Martínez
El presidente Enrique Peña Nieto promulgó ayer la polémica Ley de Seguridad Interior, publicada más tarde en edición vespertina del Diario Oficial de la Federación. Ante el Consejo Nacional de Seguridad Pública (CNSP) había anunciado que si bien es una norma sensible que ha sido objetada en su constitucionalidad, sostuvo que corresponderá a la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) su interpretación.
Flanqueado por los secretarios de la Defensa Nacional, general Salvador Cienfuegos Zepeda, y de la Marina, almirante Francisco Vidal Soberón, Peña Nieto ingresó al salón Tesorería de Palacio Nacional y ahí, ante el consejo en pleno, sostuvo que la Corte sólo puede pronunciarse sobre una ley una vez que ha sido promulgada. Por tanto, doy la bienvenida al análisis que, en su momento, lleve a cabo la Suprema Corte de Justicia.
No obstante, acotó: Soy consciente de que este ordenamiento, que habré de promulgar esta tarde, es especialmente sensible para la vida pública del país. Por eso no emitiré declaratoria de Protección de Seguridad Interior en los términos de esta ley hasta que el máximo tribunal decida sobre su constitucionalidad.
La aplicación de la ley
De acuerdo con el artículo 11 de la Ley de Seguridad Interior, el Presidente podrá ordenar por sí o a petición de las legislaturas de los estados o de gobernadores, la intervención de la Federación para instrumentar acciones de seguridad en una región de los estados.
En el artículo 12, la ley señala: “El Presidente, previa consideración del Consejo de Seguridad Nacional, determinará la procedencia de la intervención de la Federación y expedirá, dentro de las setenta y dos horas siguientes, contadas a partir de recibir la solicitud, la Declaratoria de Protección a la Seguridad interior, la cual deberá notificarse por conducto de la Secretaría de Gobernación a la Comisión Bicamaral de Seguridad Nacional y a la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, así como publicarse en el Diario Oficial de la Federación y en los periódicos o gacetas oficiales de las entidades federativas afectadas”.
Al abstenerse de instrumentarla en los hechos, la SCJN será el árbitro legitimado constitucionalmente para tomar una resolución definitiva, pero ello no significa que dejará de haber intervención de la Federación en materia de seguridad pública en auxilio de los estados que hoy lo necesitan.
Peña Nieto subrayó que el espíritu de la ley –si bien reconoció que varios académicos, colectivos de derechos humanos y organismos de la sociedad civil han calificado de inconstitucional– es dar certeza jurídica a la actuación de las fuerzas armadas en la preservación de la seguridad interior y, al mismo tiempo, establece límites al uso discrecional de las mismas.
Explicó que ante la debilidad institucional de las corporaciones policiacas estatales, las fuerzas armadas han participado de forma subsidiaria y temporal en tareas de seguridad pública, sin que por ello se pretenda suplir a las policías locales, sino complementar sus capacidades siempre a partir de solicitudes de los gobiernos estatales.
Sin embargo, refirió que uno de los pendientes legislativos había sido la regulación de la intervención de los efectivos militares y navales en la lucha contra las organizaciones criminales. Explicó que, en su momento, la SCJN resolvió que las fuerzas armadas pueden actuar en auxilio a la autoridad civil y en tareas de seguridad interior bajo el mando del Presidente, conforme al artículo 89 constitucional.
No obstante, hasta hoy esa atribución ha tenido que ser ejercida sin el respaldo de una ley reglamentaria, la ausencia de una legislación secundaria se ha traducido en incertidumbre, tanto para los miembros de las fuerzas armadas que participan en tareas de seguridad como para los propios ciudadanos, por lo que la Ley de Seguridad permite superar, consideró, este vacío legal.
Autoridades corresponsables
Peña Nieto sostuvo que esta nueva ley, y esto es muy importante, en ningún momento exime a más autoridades locales del cumplimiento de sus responsabilidades; por el contrario, las obliga a llevar a cabo un programa de fortalecimiento de las capacidades institucionales que permita, a futuro, finalizar con el apoyo subsidiario de las autoridades federales.
Previamente, el jefe del Ejecutivo federal había reconocido que la debilidad de las capacidades policiacas a escala municipal, principalmente, ha sido aprovechada por las organizaciones criminales para incrementar su actividad delictiva en algunas zonas o, en ocasiones, para intentar tomar el control de esos territorios, y para el Presidente hubiera sido irresponsable dejar a su suerte a la sociedad civil ante el embate de la criminalidad.
–¿Promulgará la ley aun contra la opinión de los grupos de la sociedad civil?
–Ya dije lo que tenía que decir. Lo que escuchó es lo que voy a hacer –respondió Peña Nieto.
EPN promulga Ley de Seguridad Interior, pero la deja en suspenso
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Proceso. El Presidente pone a consideración de la Corte la constitucionalidad del mandato ◗ “El Ejecutivo seguirá actuando en auxilio de los estados que hoy lo necesitan”
El presidente Enrique Peña Nieto promulgó la Ley de Seguridad Interior y aclaró que ésta no se aplicará hasta que la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en su calidad de árbitro legitimado, decida sobre su constitucionalidad.
Aclaró que “ello no significa que dejará de haber intervención de la Federación en materia de seguridad pública en auxilio de los estados que hoy lo necesitan”.
Durante la clausura de la 43 Sesión del Consejo Nacional de Seguridad, el mandatario señaló que “corresponde únicamente a nuestro máximo tribunal decidir cuándo una norma se apega a la Constitución y a los tratados internacionales en materia de derechos humanos”.
Ante las críticas de la sociedad civil y de organismos internacionales, el Jefe del Ejecutivo dio la bienvenida al análisis sobre la constitucionalidad que en su momento realice la Suprema Corte de Justicia de la Nación y dejó en claro que por ello no emitirá ninguna Declaratoria de Protección Interior hasta que concluya dicho análisis de la parte más polémica.
Ello en alusión al artículo 11 de la citada ley, el cual establece que el Presidente de la República podrá ordenar, a petición de las Legislaturas de las entidades federativas, o de su Ejecutivo en caso de receso de aquellas, la intervención del Ejército y la Marina para implementar acciones de seguridad interior en zonas de conflicto, previa emisión de una Declaratoria de Protección a la Seguridad Interior.
Acompañado de gobernadores, legisladores, integrantes de la sociedad civil, así como miembros del gabinete legal, desde el salón Tesorería de Palacio Nacional, el presidente Peña Nieto afirmó que el espíritu de este nuevo marco legal responde a la ausencia de una legislación secundaria en materia de seguridad interior, lo que se ha traducido en incertidumbre tanto para las Fuerzas Armadas como para la ciudadanía.
“Uno de los pendientes legislativos había sido regular la intervención de nuestros efectivos militares y navales en la lucha contra las organizaciones delictivas”, refirió.
Recordó que “en su momento, la Suprema Corte de Justicia de la Nación resolvió que nuestras Fuerzas Armadas pueden actuar en tareas de seguridad pública, en auxilio a la autoridad civil, y en tareas de seguridad interior bajo el mando del Presidente de la República”.
Destacó que “la atribución de intervenir en Seguridad Interior, se encuentra prevista en la Fracción VI del Artículo 89 de la Constitución desde 1917”.
Señaló que hasta hoy, esa atribución ha tenido que ser ejercida sin el respaldo de una Ley reglamentaria, la ausencia de una legislación secundaria se ha traducido en incertidumbre, tanto para los miembros de las Fuerzas Armadas, que participan en tareas de seguridad, como para los propios ciudadanos.
Consideró que la Ley de Seguridad Interior que le remitió el Congreso de la Unión, da certeza jurídica a la actuación de las Fuerzas Armadas, en la preservación de la seguridad interior y, al mismo tiempo, establece límites al uso discrecional de las mismas.
“La Ley deja claro, y esto es muy importante, que en ningún momento se exime a las autoridades locales del cumplimiento de sus responsabilidades. Además, las obliga a llevar a cabo un Programa de Fortalecimiento de las capacidades institucionales, que permita finalizar con el apoyo subsidiario de las autoridades federales”, refirió.
Admitió que en su discusión y aprobación, distintas organizaciones de la sociedad civil, colectivos de derechos humanos y académicos expresaron que, a su criterio, la ley era inconstitucional.
“Soy consciente de que este ordenamiento es especialmente sensible para la vida pública del país”, refirió.
El presidente Peña Nieto señaló que “esta ley también nos permite tomar consciencia sobre la urgencia de que las autoridades estatales y municipales fortalezcan sus capacidades institucionales para proteger a la población ante la amenaza de la criminalidad”.
Además, dijo, nos recuerda la necesidad de tomar una definición sobre otro tema largamente pospuesto:
“Si debemos seguir con más de mil 800 policías municipales o construir, como propuse al Congreso de la Unión hace más de tres años, 32 policías estatales profesionales, confiables y eficaces”, señaló.
Desde la perspectiva presidencial, “para lograr una seguridad duradera se requiere el trabajo firme, comprometido y corresponsable de las autoridades federales, estatales y municipales”.
Consideró que “los retos que enfrenta nuestro país en esta materia son muy grandes y no nos permiten detenernos, no nos permiten equivocarnos y no nos permiten fallar”.
Hizo un llamado a los gobernadores y al Jefe del Gobierno capitalino para continuar fortaleciendo las capacidades institucionales de sus policías en el combate a la delincuencia.
“México necesita policías locales bien capacitadas y equipadas, sólidas y eficaces, que garanticen la seguridad de la población”, señaló.
¿Qué es (en la Ley) la facultad que el Presidente no utilizará hasta que la SCJN haga la revisión?
Declaratoria de Protección a la Seguridad Interior: El mandato Ejecutivo que habilita la intervención de la Federación, incluidas las Fuerzas Armadas, para que por sí o en coordinación con otras autoridades realicen acciones de Seguridad Interior para contener y reducir Amenazas a la Seguridad Interior.
Lo que el Presidente promulga pero no utilizará (articulados de la Ley):
Artículo 5
La aplicación de esta Ley corresponde al Ejecutivo Federal, a través de la Secretaría de Gobernación, con la participación de las dependencias y entidades de la Administración Pública Federal, Fuerzas Federales y, en su caso, Fuerzas Armadas, en coordinación con los otros órdenes de gobierno, en el ámbito de sus atribuciones y competencia.
Artículo 11 (…)
El Presidente de la República podrá ordenar por sí o a petición de las Legislaturas de las entidades federativas, o de su Ejecutivo en caso de receso de aquellas, la intervención de la Federación para la realización e implementación de Acciones de Seguridad Interior en el territorio de una entidad federativa o zona geográfica del país, previa emisión de una Declaratoria de Protección a la Seguridad Interior, cuando se actualice alguna de las Amenazas a la Seguridad Interior y éstas:
Comprometan o superen las capacidades efectivas de las autoridades competentes para atenderla, o
II. Se originen por la falta o insuficiente colaboración de las entidades federativas y municipios en la preservación de la Seguridad Nacional, de conformidad con lo previsto en el segundo párrafo del artículo 1 de la Ley de Seguridad Nacional.
Aquellas amenazas a la Seguridad Interior que no requieran Declaratoria en términos del presente artículo serán atendidas por las autoridades conforme sus atribuciones y las disposiciones legales que resulten aplicables.
Artículo 12
En los casos a los que se refiere el artículo anterior, el Presidente de la República, previa consideración del Consejo de Seguridad Nacional, determinará la procedencia de la intervención de la Federación y expedirá, dentro de las setenta y dos horas siguientes, contadas a partir de recibir la solicitud, la Declaratoria de Protección a la Seguridad Interior, la cual deberá notificarse por conducto de la Secretaría de Gobernación a la Comisión Bicamaral de Seguridad Nacional y a la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, así como publicarse en el Diario Oficial de la Federación y en los periódicos o gacetas oficiales de las entidades federativas afectadas.
Aclaró que “ello no significa que dejará de haber intervención de la Federación en materia de seguridad pública en auxilio de los estados que hoy lo necesitan”.
Durante la clausura de la 43 Sesión del Consejo Nacional de Seguridad, el mandatario señaló que “corresponde únicamente a nuestro máximo tribunal decidir cuándo una norma se apega a la Constitución y a los tratados internacionales en materia de derechos humanos”.
Ante las críticas de la sociedad civil y de organismos internacionales, el Jefe del Ejecutivo dio la bienvenida al análisis sobre la constitucionalidad que en su momento realice la Suprema Corte de Justicia de la Nación y dejó en claro que por ello no emitirá ninguna Declaratoria de Protección Interior hasta que concluya dicho análisis de la parte más polémica.
Ello en alusión al artículo 11 de la citada ley, el cual establece que el Presidente de la República podrá ordenar, a petición de las Legislaturas de las entidades federativas, o de su Ejecutivo en caso de receso de aquellas, la intervención del Ejército y la Marina para implementar acciones de seguridad interior en zonas de conflicto, previa emisión de una Declaratoria de Protección a la Seguridad Interior.
Acompañado de gobernadores, legisladores, integrantes de la sociedad civil, así como miembros del gabinete legal, desde el salón Tesorería de Palacio Nacional, el presidente Peña Nieto afirmó que el espíritu de este nuevo marco legal responde a la ausencia de una legislación secundaria en materia de seguridad interior, lo que se ha traducido en incertidumbre tanto para las Fuerzas Armadas como para la ciudadanía.
“Uno de los pendientes legislativos había sido regular la intervención de nuestros efectivos militares y navales en la lucha contra las organizaciones delictivas”, refirió.
Recordó que “en su momento, la Suprema Corte de Justicia de la Nación resolvió que nuestras Fuerzas Armadas pueden actuar en tareas de seguridad pública, en auxilio a la autoridad civil, y en tareas de seguridad interior bajo el mando del Presidente de la República”.
Destacó que “la atribución de intervenir en Seguridad Interior, se encuentra prevista en la Fracción VI del Artículo 89 de la Constitución desde 1917”.
Señaló que hasta hoy, esa atribución ha tenido que ser ejercida sin el respaldo de una Ley reglamentaria, la ausencia de una legislación secundaria se ha traducido en incertidumbre, tanto para los miembros de las Fuerzas Armadas, que participan en tareas de seguridad, como para los propios ciudadanos.
Consideró que la Ley de Seguridad Interior que le remitió el Congreso de la Unión, da certeza jurídica a la actuación de las Fuerzas Armadas, en la preservación de la seguridad interior y, al mismo tiempo, establece límites al uso discrecional de las mismas.
“La Ley deja claro, y esto es muy importante, que en ningún momento se exime a las autoridades locales del cumplimiento de sus responsabilidades. Además, las obliga a llevar a cabo un Programa de Fortalecimiento de las capacidades institucionales, que permita finalizar con el apoyo subsidiario de las autoridades federales”, refirió.
Admitió que en su discusión y aprobación, distintas organizaciones de la sociedad civil, colectivos de derechos humanos y académicos expresaron que, a su criterio, la ley era inconstitucional.
“Soy consciente de que este ordenamiento es especialmente sensible para la vida pública del país”, refirió.
El presidente Peña Nieto señaló que “esta ley también nos permite tomar consciencia sobre la urgencia de que las autoridades estatales y municipales fortalezcan sus capacidades institucionales para proteger a la población ante la amenaza de la criminalidad”.
Además, dijo, nos recuerda la necesidad de tomar una definición sobre otro tema largamente pospuesto:
“Si debemos seguir con más de mil 800 policías municipales o construir, como propuse al Congreso de la Unión hace más de tres años, 32 policías estatales profesionales, confiables y eficaces”, señaló.
Desde la perspectiva presidencial, “para lograr una seguridad duradera se requiere el trabajo firme, comprometido y corresponsable de las autoridades federales, estatales y municipales”.
Consideró que “los retos que enfrenta nuestro país en esta materia son muy grandes y no nos permiten detenernos, no nos permiten equivocarnos y no nos permiten fallar”.
Hizo un llamado a los gobernadores y al Jefe del Gobierno capitalino para continuar fortaleciendo las capacidades institucionales de sus policías en el combate a la delincuencia.
“México necesita policías locales bien capacitadas y equipadas, sólidas y eficaces, que garanticen la seguridad de la población”, señaló.
¿Qué es (en la Ley) la facultad que el Presidente no utilizará hasta que la SCJN haga la revisión?
Declaratoria de Protección a la Seguridad Interior: El mandato Ejecutivo que habilita la intervención de la Federación, incluidas las Fuerzas Armadas, para que por sí o en coordinación con otras autoridades realicen acciones de Seguridad Interior para contener y reducir Amenazas a la Seguridad Interior.
Lo que el Presidente promulga pero no utilizará (articulados de la Ley):
Artículo 5
La aplicación de esta Ley corresponde al Ejecutivo Federal, a través de la Secretaría de Gobernación, con la participación de las dependencias y entidades de la Administración Pública Federal, Fuerzas Federales y, en su caso, Fuerzas Armadas, en coordinación con los otros órdenes de gobierno, en el ámbito de sus atribuciones y competencia.
Artículo 11 (…)
El Presidente de la República podrá ordenar por sí o a petición de las Legislaturas de las entidades federativas, o de su Ejecutivo en caso de receso de aquellas, la intervención de la Federación para la realización e implementación de Acciones de Seguridad Interior en el territorio de una entidad federativa o zona geográfica del país, previa emisión de una Declaratoria de Protección a la Seguridad Interior, cuando se actualice alguna de las Amenazas a la Seguridad Interior y éstas:
Comprometan o superen las capacidades efectivas de las autoridades competentes para atenderla, o
II. Se originen por la falta o insuficiente colaboración de las entidades federativas y municipios en la preservación de la Seguridad Nacional, de conformidad con lo previsto en el segundo párrafo del artículo 1 de la Ley de Seguridad Nacional.
Aquellas amenazas a la Seguridad Interior que no requieran Declaratoria en términos del presente artículo serán atendidas por las autoridades conforme sus atribuciones y las disposiciones legales que resulten aplicables.
Artículo 12
En los casos a los que se refiere el artículo anterior, el Presidente de la República, previa consideración del Consejo de Seguridad Nacional, determinará la procedencia de la intervención de la Federación y expedirá, dentro de las setenta y dos horas siguientes, contadas a partir de recibir la solicitud, la Declaratoria de Protección a la Seguridad Interior, la cual deberá notificarse por conducto de la Secretaría de Gobernación a la Comisión Bicamaral de Seguridad Nacional y a la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, así como publicarse en el Diario Oficial de la Federación y en los periódicos o gacetas oficiales de las entidades federativas afectadas.
Para bajar el ISR es necesario eliminar deducciones:SHCP
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dice José Antonio González Anaya
Las autoridades de Hacienda estudian con lupa el documento que aprobó el Congreso de EU; el factor fiscal no es definitivo en competitividad.
Luis Miguel González
Ante la reforma fiscal de Estados Unidos, tendremos que hacer algo, pero somos conscientes de las limitaciones: no pondremos en riesgo la disciplina presupuestal, ni tenemos margen para incrementar la deuda pública, dice José Antonio González Anaya, secretario de Hacienda. “Estados Unidos se puede dar el lujo de bajar impuestos y producir un déficit enorme, sin que los mercados lo castiguen; nosotros no, debemos tener mucho cuidado, porque si bajamos los impuestos y no encontramos la forma de generar los recursos que compensen (...) tendremos un deterioro en la calificación de nuestra deuda, podría salirnos más caro el caldo que las albóndigas”.
No hay una fecha para anunciar las medidas, pero está claro que el encargado de elaborar la propuesta es el subsecretario de Ingresos, Miguel Messmacher. La premisa con la que Hacienda trabaja es que cualquier propuesta de reducción del ISR corporativo en México debe ir acompañada de límites a las deducciones como las que Estados Unidos ha implementado. En el caso de los impuestos a las personas físicas, Hacienda no considera necesario realizar modificaciones al ISR, en buena medida porque en Estados Unidos no hubo cambios mayores en este rubro.
No habrá migración de empresas de México a Estados Unidos por razones tributarias, confía el secretario de Hacienda, “seremos firmes para evitar que se utilicen esquemas de planeación fiscal muy agresivos. Aplicaremos los resultados de los trabajos de la OCDE para evitar la transferencia de bases tributarias de empresas multinacionales de México a Estados Unidos”. En inglés, esto se conoce como BEPS: Base Erosion and Profit Shifting.
El hecho de que el Paquete Económico 2018 ya haya sido aprobado implica una restricción, considera González Anaya: “Para bajar impuestos o generar incentivos, basta un decreto del Ejecutivo; para subir o crear impuestos, se necesita la aprobación del Congreso”.
A marchas forzadas
El secretario de Hacienda se reunió con un grupo de columnistas en un salón de Palacio Nacional, lo acompañaban los subsecretarios Miguel Messmacher y Fernando Galindo. En Hacienda trabajan a marchas forzadas y tendrán unas vacaciones muy breves, dos o tres días. Estudian con lupa el documento que aprobó el Congreso de Estados Unidos y también las propuestas que está haciendo el sector empresarial mexicano. Esta semana hubo una reunión de González Anaya con el Consejo Mexicano de Negocios y la Coparmex dio a conocer un conjunto de propuestas, para algunas de ellas ya casi hay una respuesta. En voz de Messmacher: “Las inversiones de las pymes tienen una deducción de 50% para el 2018; podríamos revisar si incrementamos la deducción. Lo que no podríamos hacer es generalizar esa medida. Si incluyéramos a las grandes empresas, tendría un costo de alrededor de 30,000 millones de pesos”.
En hora y media de diálogo, González Anaya insistió en un par de argumentos: México sigue siendo competitivo y la reforma fiscal de Estados Unidos no es lo que parece: “Es cierto que baja impuestos pero no tanto como parece porque elimina muchas deducciones. Al final la reducción de tasas será mucho menor que la que están publicitando”. Respecto a la competitividad de México, citó un estudio hecho por BBVA Research para explicar que producir manufacturas en México es 10% más rentable que en Estados Unidos, aun con la baja de la tasa del ISR corporativo de Estados Unidos a 20 por ciento. “La competitividad depende de muchos factores y el fiscal es sólo uno de ellos, pero no es definitivo cuando los otros factores no funcionan. Los estados más ricos de Estados Unidos, como California o Nueva York, cobran más impuestos y no tienen problemas para atraer inversión. Haití, en cambio, casi no atrae inversiones aún con tasa cero”.
Respecto a la reforma fiscal de Estados Unidos, reconoció que un factor adicional de dificultad, para México, tiene que ver con la entrada en vigor en el 2018. “Si hubiera sido para el 2019, como estaba en la propuesta que salió del Senado, hubiéramos tenido un año para tomar decisiones. Quizá hubiéramos dedicado el primer semestre a aspectos técnicos y el segundo semestre a lo político (...) Está claro que eso no podrá ocurrir”.
El secretario quiso dejar claro que esa reforma no le gusta. La experiencia dejó claro en tiempos de Reagan que la baja de impuestos no trajo más inversión, explicó con ayuda de una fotocopia que circuló entre los invitados. Adicionalmente, expresa su insatisfacción con el timing, el sentido de la oportunidad: “No es una buena idea ofrecer incentivos cuando la economía está cerca del pleno empleo, como es el caso ahora en Estados Unidos. Generará inflación y obligará a la Fed a subir tasas. Esto encarecerá el dólar e incrementará el déficit comercial (...) exactamente lo contrario de lo que pretende el presidente Trump”.
Las autoridades de Hacienda estudian con lupa el documento que aprobó el Congreso de EU; el factor fiscal no es definitivo en competitividad.
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Luis Miguel González
Ante la reforma fiscal de Estados Unidos, tendremos que hacer algo, pero somos conscientes de las limitaciones: no pondremos en riesgo la disciplina presupuestal, ni tenemos margen para incrementar la deuda pública, dice José Antonio González Anaya, secretario de Hacienda. “Estados Unidos se puede dar el lujo de bajar impuestos y producir un déficit enorme, sin que los mercados lo castiguen; nosotros no, debemos tener mucho cuidado, porque si bajamos los impuestos y no encontramos la forma de generar los recursos que compensen (...) tendremos un deterioro en la calificación de nuestra deuda, podría salirnos más caro el caldo que las albóndigas”.
No hay una fecha para anunciar las medidas, pero está claro que el encargado de elaborar la propuesta es el subsecretario de Ingresos, Miguel Messmacher. La premisa con la que Hacienda trabaja es que cualquier propuesta de reducción del ISR corporativo en México debe ir acompañada de límites a las deducciones como las que Estados Unidos ha implementado. En el caso de los impuestos a las personas físicas, Hacienda no considera necesario realizar modificaciones al ISR, en buena medida porque en Estados Unidos no hubo cambios mayores en este rubro.
No habrá migración de empresas de México a Estados Unidos por razones tributarias, confía el secretario de Hacienda, “seremos firmes para evitar que se utilicen esquemas de planeación fiscal muy agresivos. Aplicaremos los resultados de los trabajos de la OCDE para evitar la transferencia de bases tributarias de empresas multinacionales de México a Estados Unidos”. En inglés, esto se conoce como BEPS: Base Erosion and Profit Shifting.
El hecho de que el Paquete Económico 2018 ya haya sido aprobado implica una restricción, considera González Anaya: “Para bajar impuestos o generar incentivos, basta un decreto del Ejecutivo; para subir o crear impuestos, se necesita la aprobación del Congreso”.
A marchas forzadas
El secretario de Hacienda se reunió con un grupo de columnistas en un salón de Palacio Nacional, lo acompañaban los subsecretarios Miguel Messmacher y Fernando Galindo. En Hacienda trabajan a marchas forzadas y tendrán unas vacaciones muy breves, dos o tres días. Estudian con lupa el documento que aprobó el Congreso de Estados Unidos y también las propuestas que está haciendo el sector empresarial mexicano. Esta semana hubo una reunión de González Anaya con el Consejo Mexicano de Negocios y la Coparmex dio a conocer un conjunto de propuestas, para algunas de ellas ya casi hay una respuesta. En voz de Messmacher: “Las inversiones de las pymes tienen una deducción de 50% para el 2018; podríamos revisar si incrementamos la deducción. Lo que no podríamos hacer es generalizar esa medida. Si incluyéramos a las grandes empresas, tendría un costo de alrededor de 30,000 millones de pesos”.
En hora y media de diálogo, González Anaya insistió en un par de argumentos: México sigue siendo competitivo y la reforma fiscal de Estados Unidos no es lo que parece: “Es cierto que baja impuestos pero no tanto como parece porque elimina muchas deducciones. Al final la reducción de tasas será mucho menor que la que están publicitando”. Respecto a la competitividad de México, citó un estudio hecho por BBVA Research para explicar que producir manufacturas en México es 10% más rentable que en Estados Unidos, aun con la baja de la tasa del ISR corporativo de Estados Unidos a 20 por ciento. “La competitividad depende de muchos factores y el fiscal es sólo uno de ellos, pero no es definitivo cuando los otros factores no funcionan. Los estados más ricos de Estados Unidos, como California o Nueva York, cobran más impuestos y no tienen problemas para atraer inversión. Haití, en cambio, casi no atrae inversiones aún con tasa cero”.
Respecto a la reforma fiscal de Estados Unidos, reconoció que un factor adicional de dificultad, para México, tiene que ver con la entrada en vigor en el 2018. “Si hubiera sido para el 2019, como estaba en la propuesta que salió del Senado, hubiéramos tenido un año para tomar decisiones. Quizá hubiéramos dedicado el primer semestre a aspectos técnicos y el segundo semestre a lo político (...) Está claro que eso no podrá ocurrir”.
El secretario quiso dejar claro que esa reforma no le gusta. La experiencia dejó claro en tiempos de Reagan que la baja de impuestos no trajo más inversión, explicó con ayuda de una fotocopia que circuló entre los invitados. Adicionalmente, expresa su insatisfacción con el timing, el sentido de la oportunidad: “No es una buena idea ofrecer incentivos cuando la economía está cerca del pleno empleo, como es el caso ahora en Estados Unidos. Generará inflación y obligará a la Fed a subir tasas. Esto encarecerá el dólar e incrementará el déficit comercial (...) exactamente lo contrario de lo que pretende el presidente Trump”.
LA REFORMA DE TRUMP
- Entra en vigor a partir del 1 de enero del 2018.
- El impuesto corporativo pasa de 35 a 21 por ciento.
- Se mantienen los siete tramos impositivos actuales, con un recorte de 39.6 a 37% a la tasa máxima.
- Se elimina el incentivo fiscal a empresas privadas que subsidian el costo del pasaje, estacionamiento y uso de bicicleta de sus empleados.
- Para los solteros, las herencias de 11 millones de dólares estarán libres del impuesto a las sucesiones, mientras que para los matrimonios será de 22 millones de dólares.
- Reduce a 10,000 dólares la deducción de los impuestos locales y estatales.
- Limita la deducción de intereses hipotecarios a préstamos hipotecarios de no más de 750,000 dólares.
- Aumenta el crédito fiscal por hijo de 1,000 a 2,000 dólares.
EPN deja a la Corte decisión sobre Ley de Seguridad Interior
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| El mandatario (centro), en la sesión del Sistema de Protección de Niños y Adolescentes, ayer. Foto: Especial |
Yared de la Rosa
El Presidente Enrique Peña Nieto señaló que la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) será quien determine si la Ley de Seguridad Interior es anticonstitucional, como lo señalan organizaciones sociales y agregó que pese a que ya está publicada en el Diario Oficial de la Federación, por el momento no emitirá la declaratoria de seguridad, como lo establece la disposición.
“Soy consciente de que este ordenamiento es especialmente sensible para la vida pública del país, por eso no emitiré declaratoria de protección de seguridad interior en los términos de esta ley, hasta que el máximo tribunal decida sobre su constitucionalidad”, manifestó en el Consejo Nacional de Seguridad Publica, realizado en Palacio Nacional.
El Dato: Tras la promulgación deben pasar 30 días para poder interponer una acción de inconstitucionalidad ante la SCJN.
Sin embargo, sostuvo que la Federación continuará con la intervención en los estados, parar garantizar la seguridad y dio la bienvenida al análisis de la Ley —avalada la semana pasada en el Congreso— en el máximo tribunal del país.
“La SCJN es el árbitro legitimado constitucionalmente, para tomar una resolución definitiva, pero ello no significa que dejará de haber intervención de la federación en materia de seguridad pública en auxilio de los estados que hoy lo necesitan”, comentó luego de que organizaciones sociales pidieran no promulgarla.
El titular del Ejecutivo federal sostuvo que con la ley se debe tomar consciencia de que es necesario fortalecer las capacidades institucionales de las autoridades municipales y estatales, a favor de la seguridad, por lo que pidió “tomar definición” entre Mando Mixto y Mando Único Policial, discusión varada en San Lázaro.
“(La ley) nos recuerda la necesidad de tomar definición sobre otro tema largamente pospuesto si debemos seguir con más de mil 800 policías municipales o construir, como propuse al Congreso hace más de tres años, 32 policías estatales profesionales, confiables y eficaces.
“Para lograr una seguridad duradera se requiere el trabajo firme, comprometido y corresponsable de las autoridades federales, estatales y municipales”, expresó el mandatario.
El Presidente justificó que las Fuerzas Armadas estén en las calles, pues comentó que, a pesar “del gran esfuerzo realizado” a favor de la seguridad, 600 municipios todavía no han logrado una fuerza policial propia, lo que, dijo, ha sido aprovechado por organizaciones criminales.
Enfatizó que el Ejército y la Marina no pretenden suplir las labores de las policías locales, sino complementar su trabajo.“El Ejército, la Fuerza Área y la Armada de México han acudido en apoyo a las entidades federativas por necesidad, han salido a las calles porque las fuerzas policías locales habían sido rebasadas por el fenómeno delictivo. Su despliegue en entidades no pretende suplir, sino complementar las capacidades de los cuerpos de seguridad civiles locales”, reiteró el primer mandatario.
En tanto, el secretario de Gobernación, Miguel Osorio, pidió a los gobernadores asumir “lo antes posible” su responsabilidad en materia de seguridad, por lo que les pidió “acelerar” la construcción de policías confiables.
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