Exhiben transa de Odebrecht
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La constructora brasileña Odebrecht ganó 2 mil millones de pesos en un solo contrato de Pemex... sin mayor esfuerzo en las obras.
En marzo de 2014, Pemex Refinación adjudicó de manera directa a la empresa el contrato PXR-OP-SILNSPR-CPMAC-A-4-14 para el proyecto de aprovechamiento de aguas residuales en la refinería Miguel Hidalgo, en Tula, Hidalgo.
REFORMA publicó que la empresa brasileña infló los precios para esos trabajos.
La Auditoría Superior de la Federación (ASF) detectó que Pemex dio el contrato a Odebrecht por mil 436 millones de pesos y al final cobró 2 mil 315 millones de pesos mediante convenios modificatorios.
De acuerdo con la investigación, en realidad, fue la empresa Construcciones Industriales Tapia (Citapia) la que realizó gran parte de la obra y cobró 331 millones de pesos, es decir, una séptima parte de lo que facturó Odebrecht a Pemex.
Cuando se adjudicó el contrato de la refinería, el director de la empresa del Estado era Emilio Lozoya, quien supuestamente recomendó a la subcontratista Citapia para realizar las obras requeridas.
"La relación con Emilio Lozoya siempre se manejó de una forma indirecta y meramente profesional. Afirmamos no haber tenido contacto con él durante el periodo de cierre de contratos de la empresa Odebrecht, ya que nuestros subcontratos son con fecha posterior a la firma de los contratos de la constructora con Pemex", refirió la firma al ser consultada.
"No tenemos una sociedad con Odebrecht, y al analizar la supuesta recomendación, ésta sería resultado de que Citapia cuenta con 21 años de experiencia en el desarrollo de obras".
Citapia, asentada en el parque industrial de Atitalaquia, en Hidalgo, reconoció que fue subcontratada por Odebrecht para las obras de acondicionamiento de tierras en la refinería de Tula, mismas que fueron ejecutadas en tiempo y forma.
Recientemente, la Secretaría de la Función Pública inhabilitó por 4 años a Odebrecht para recibir contratos de la Administración Pública federal.
Citapia negó que sea investigada por alguna autoridad, producto de las indagatorias contra Lozoya y Odebrecht.
"Nos hemos caracterizado por el cumplimiento en tiempo y forma de nuestros contratos, mismos que han sido otorgados por licitación pública y donde hemos demostrado contar con los requisitos técnicos, infraestructura y mano de obra calificada", precisó.
Hora de publicación: 00:00 hrs.
Aprueban "fast track" a nuevo fiscal electoral
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| Héctor Marcos Díaz Santana, rindío protesta en el Senado como nuevo titular de la Fiscalía Especializada para la Atención de Delitos Electorales. (CUARTOSCURO) |
El Senado de la República eligió por 92 votos en favor, siete en contra y cuatro nulos a Héctor Marcos Díaz-Santana como nuevo titular de la Fiscalía Especializada para la Atención de Delitos Electorales (FEPADE) de la Procuraduría General de la República (PGR), para el periodo de 11 meses, en sustitución de Santiago Nieto, quien fue destituido el pasado 20 de octubre.
Tras más de 20 horas de sesión ininterrumpida y una negociación que se prolongó hasta la madrugada, la Junta de Coordinación Política (Jucopo) acordó que la propuesta que llevaría al pleno sería la de Díaz-Santana, por lo que se procedió a la votación por cédula y en urna.
Díaz-Santana Castaños fue coordinador de asesores de la ex titular de la FEPADE María de los Ángeles Fromow, y dejó en el camino al encargado de despacho de ese organismo, Alejandro Porte Petit, quien fue impulsado por el PRI.
La negociación comenzó el jueves por la tarde y se logró un acuerdo para el nombramiento ayer. Los coordinadores parlamentarios del PRI, Emilio Gamboa Patrón; del PAN, Fernando Herrera Ávila; del PRD, Luis Sánchez, y del Partido Verde Ecologista, Carlos Alberto Puente, acordaron que buscarían un acuerdo una vez que se aprobara la Ley de Seguridad Interior que regula la colaboración de las Fuerzas Armadas en labores de seguridad.
Al final, tanto PAN como PRD señalaron que la propuesta de Porte Petit no era transitable.
El nuevo titular de la FEPADE es doctor en Derecho por la Universidad Complutense de Madrid; con un posgrado en Ciencia Política en el Centro de Estudios Políticos y Constitucionales de España.
Héctor Marcos Díaz-Santana fue uno de los ocho perfiles mejor calificados por el Comité Académico de Acompañamiento que colaboró con la Comisión de Justicia del Senado en el proceso de auscultación de los candidatos.
Aprueban más magistrados para entidades. El Senado también aprobó la designación de ocho magistrados electorales de órganos de la Ciudad de México, Estado de México, Jalisco, Michoacán y Sonora, que estarán en el cargo por un periodo de siete años.
En la Ciudad de México, fue electo Juan Carlos Sánchez León, con una votación de 82 a favor, 17 en contra y uno nulo.
En el Estado de México, fue electa Victoria Tavira, con 84 votos a favor y 16 en contra, así como Raúl Flores Bernal, con 82 votos a favor, 17 en contra y uno nulo.
Para el órgano de Jalisco fue electa Ana Violeta Iglesias Escudero, con 84 votos a favor y 16 en contra, y Tomás Vargas Suárez, con 83 votos a favor, 16 en contra y un nulo.
Para Michoacán, el Senado escogió a Salvador Alejandro Pérez, con 82 votos a favor y 18 en contra; así como a Yolanda Camacho, con 83 a favor, 16 en contra y uno nulo.
Para Sonora fue electo Leopoldo González Allard, con 74 votos a favor 25 en contra y uno nulo.
Al referirse al acuerdo, el senador Héctor Larios (PAN) acusó que el PRI armó un tribunal de consigna y eso no ayuda, “porque el PRI se toma la libertad de seleccionar a un magistrado de una lista que envían de Sonora, cuya mayoría son cónyuges, hombres o mujeres, magistrados del Tribunal Administrativo o del Supremo Tribunal de Justicia del Estado.
“Se puede tener diferencia de opiniones pero que un órgano administrador de justicia se manipule de esta manera no es admisible. Es inaceptable que el organismo electoral haya nombrado a más de 80% de consejeros locales y distritales, militantes activos del PRI”, reclamó.
El senador Luis Humberto Fernández (PT) agregó que en las designaciones de magistrados no se tomó sobre la base de los perfiles ni de la conveniencia del interés público, sino de la cercanía, cortesanía y funcionalidad, motivos que explican la bancarrota de la justicia electoral en México.
Tras más de 20 horas de sesión ininterrumpida y una negociación que se prolongó hasta la madrugada, la Junta de Coordinación Política (Jucopo) acordó que la propuesta que llevaría al pleno sería la de Díaz-Santana, por lo que se procedió a la votación por cédula y en urna.
Díaz-Santana Castaños fue coordinador de asesores de la ex titular de la FEPADE María de los Ángeles Fromow, y dejó en el camino al encargado de despacho de ese organismo, Alejandro Porte Petit, quien fue impulsado por el PRI.
La negociación comenzó el jueves por la tarde y se logró un acuerdo para el nombramiento ayer. Los coordinadores parlamentarios del PRI, Emilio Gamboa Patrón; del PAN, Fernando Herrera Ávila; del PRD, Luis Sánchez, y del Partido Verde Ecologista, Carlos Alberto Puente, acordaron que buscarían un acuerdo una vez que se aprobara la Ley de Seguridad Interior que regula la colaboración de las Fuerzas Armadas en labores de seguridad.
Al final, tanto PAN como PRD señalaron que la propuesta de Porte Petit no era transitable.
El nuevo titular de la FEPADE es doctor en Derecho por la Universidad Complutense de Madrid; con un posgrado en Ciencia Política en el Centro de Estudios Políticos y Constitucionales de España.
Héctor Marcos Díaz-Santana fue uno de los ocho perfiles mejor calificados por el Comité Académico de Acompañamiento que colaboró con la Comisión de Justicia del Senado en el proceso de auscultación de los candidatos.
Aprueban más magistrados para entidades. El Senado también aprobó la designación de ocho magistrados electorales de órganos de la Ciudad de México, Estado de México, Jalisco, Michoacán y Sonora, que estarán en el cargo por un periodo de siete años.
En la Ciudad de México, fue electo Juan Carlos Sánchez León, con una votación de 82 a favor, 17 en contra y uno nulo.
En el Estado de México, fue electa Victoria Tavira, con 84 votos a favor y 16 en contra, así como Raúl Flores Bernal, con 82 votos a favor, 17 en contra y uno nulo.
Para el órgano de Jalisco fue electa Ana Violeta Iglesias Escudero, con 84 votos a favor y 16 en contra, y Tomás Vargas Suárez, con 83 votos a favor, 16 en contra y un nulo.
Para Michoacán, el Senado escogió a Salvador Alejandro Pérez, con 82 votos a favor y 18 en contra; así como a Yolanda Camacho, con 83 a favor, 16 en contra y uno nulo.
Para Sonora fue electo Leopoldo González Allard, con 74 votos a favor 25 en contra y uno nulo.
Al referirse al acuerdo, el senador Héctor Larios (PAN) acusó que el PRI armó un tribunal de consigna y eso no ayuda, “porque el PRI se toma la libertad de seleccionar a un magistrado de una lista que envían de Sonora, cuya mayoría son cónyuges, hombres o mujeres, magistrados del Tribunal Administrativo o del Supremo Tribunal de Justicia del Estado.
“Se puede tener diferencia de opiniones pero que un órgano administrador de justicia se manipule de esta manera no es admisible. Es inaceptable que el organismo electoral haya nombrado a más de 80% de consejeros locales y distritales, militantes activos del PRI”, reclamó.
El senador Luis Humberto Fernández (PT) agregó que en las designaciones de magistrados no se tomó sobre la base de los perfiles ni de la conveniencia del interés público, sino de la cercanía, cortesanía y funcionalidad, motivos que explican la bancarrota de la justicia electoral en México.
Obligan a estados a mejorar policías; aprueban Ley de Seguridad Interior
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Los gobiernos locales deben comprometerse a depurar corporaciones si desean que la ayuda de las Fuerzas Armadas se extienda más de un año
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| En la sesión de ayer de la Cámara de Diputados estuvieron ausentes oficialmente 209 legisladores. La mayoría del PAN (95) y del PRD (53). Aun así el PRI pudo conseguir el quórum para darle trámite a la ley de seguridad. Foto: Karina Tejada |
LETICIA ROBLES DE LA ROSA Y TANIA ROSAS
CIUDAD DE MÉXICO.
El Congreso de la Unión aprobó la Ley de Seguridad Interior dentro de una maratónica sesión de 24:50 horas que inició el jueves y concluyó ayer viernes, casi al mediodía.
En 16:33 horas del jueves, el Senado le hizo 11 cambios a la minuta de la Cámara de Diputados y la devolvió a San Lázaro, donde en sólo 65 minutos fue ratificada.
La ley, que regula la actuación de las Fuerzas Armadas en la lucha contra el crimen, permitirá a estados y municipios con problemas provocados por la delincuencia organizada obtener el respaldo de la Federación.
Este apoyo puede ser a través de la Policía Federal o las Fuerzas Armadas hasta por un año, pero los gobiernos locales deberán comprometerse a depurar y mejorar sus policías si es que desean que el auxilio se prolongue, dice el decreto enviado al Ejecutivo para su promulgación.
VOTAN EN FAST TRACK LEY POLÉMICA
En una jornada que incluyó sesionar de madrugada y dispensar trámites, el Congreso de la Unión aprobó la Ley de Seguridad Interior para que los estados y municipios con problemas provocados por el crimen organizado puedan obtener la ayuda de la Federación.
Este apoyo puede ser a través de la Policía Federal o las Fuerzas Armadas hasta por un año, pero los gobiernos locales deberán comprometerse a depurar y mejorar sus cuerpos policiacos si desean que el auxilio se prolongue.
En sólo 65 minutos la Cámara de Diputados avaló los 11 cambios que el Senado hizo a diez artículos y una adición al régimen transitorio, a fin de evitar temores sobre una posible militarización del país y visos de inconstitucionalidad. El debate se alargó 15 horas y media por la estrategia de dilación aplicada por la izquierda.
Ambas Cámaras registraron el voto dividido del PAN, pero el sufragio unánime del PRI y el Verde. En el Senado fueron en total 71 votos en favor, 34 en contra y tres abstenciones. El aval corrió a cargo de 12 panistas, seis del Verde y 53 priistas. Los que votaron en contra fueron 14 panistas, 14 del PT, cuatro del PRD y dos senadores sin partido.
En la Cámara de Diputados fueron 262 votos en favor y 26 en contra oficialmente. Fue avalada por 199 priistas, 11 panistas, 38 del PVEM, 11 del Panal, dos del PES y uno sin bancada.
Después de ser aprobado en San Lázaro el decreto fue enviado al Ejecutivo federal para su publicación en el Diario Oficial de la Federación y posterior entrada en vigor.
La nueva ley, criticada ampliamente por organizaciones sociales, instituciones académicas, especialistas, la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) e incluso la ONU y Amnistía Internacional, fue avalada por legisladores que pertenecen a estados con altos niveles de violencia, como Tamaulipas, Baja California Sur, Guerrero, Guanajuato y Jalisco, así como Puebla.
Aunque la Cámara de origen fue San Lázaro, la Ley de Seguridad Interior tuvo su mayor discusión pública en el Senado, donde se le hicieron cambios y se generaron momentos de tensión y descalificación entre legisladores y activistas.
El decreto establece que el Presidente de la República podrá ordenar, por sí mismo o a petición del Legislativo o Ejecutivo local, la intervención de la Federación para la implementación de acciones de seguridad en una zona geográfica de una entidad, previa emisión de una Declaratoria de Protección a la Seguridad Interior.
Esta declaratoria se realizará cuando se “comprometan o superen las capacidades efectivas de las autoridades competentes para atenderla, o se originen por la falta o insuficiente colaboración de las entidades federativas y municipios en la preservación de la Seguridad Nacional”.
Cuando el Ejecutivo federal haga esta declaración deberá notificar a la Comisión Bicamaral de Seguridad nacional del Congreso de la Unión y a la CNDH. La ayuda será de un año, con opción a prolongarse, pero para esto será necesario que los solicitantes demuestren que han trabajado en profesionalizar a sus policías, pero todavía no han concluido esa tarea o que los motivos que generaron la alerta siguen presentes.
La declaratoria no podrá aplicarse a protestas de tipo político-electoral, y las fuerzas federales estarán obligadas a respetar en todo momento los derechos humanos. En caso de que estos elementos se percaten de un delito, lo harán del conocimiento inmediato del MP y se limitarán a preservar el lugar de los hechos.
Sólo cuando exista presencia de Fuerzas Armadas, la coordinación de la declaración estará a cargo de un militar, que a su vez reportará a la autoridad federal civil, que es la Secretaría de Gobernación.
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La ley que senadores y diputados aprobaron ayer define la seguridad interior como la condición que proporciona el Estado para salvaguardar la permanencia de sus órdenes de gobierno, instituciones, el desarrollo nacional, el Estado de derecho y la gobernabilidad democrática.
Establece que el Poder Ejecutivo Federal podrá intervenir a nivel local a través de una declaratoria de protección a la seguridad interior.
La declaratoria debe precisar qué amenaza se va a combatir, por cuánto tiempo, qué elementos la combatirán y la zona de operaración, entre otros puntos.
La intervención del gobierno federal no podrá exceder un año, pero si persiste la amenaza a la seguridad interior puede haber prórrogas.
El Presidente de la República podrá ordenar la intervención de la Federación por iniciativa propia o a petición de las legislaturas locales o gobernadores.
La procedencia de la intervención se pondrá a consideración del Consejo Nacional de Seguridad; de aceptarse se expedirá la declaratoria dentro de las 72 horas siguientes a la solicitud.
Se informará de la declaratoria a la Secretaría de Gobernación, a la Comisión Bicamaral de Seguridad Nacional y a la Comisión Nacional de Derechos Humanos.
En ningún caso las acciones de seguridad interior sustituirán a las autoridades de otros órdenes de gobierno en el cumplimiento de sus competencias o las eximirá de sus responsabilidades.
PRD Y MC IMPUGNARÁN ANTE LA SUPREMA CORTE
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Tras dejar su curul para competir en los comicios por un lugar en el Senado, Clemente Castañeda, de MC, anunció la medida y precisó que es posible que el PAN también apoye la acción.
Lo que viene es que sigamos luchando, es una parte de la gran lucha en contra del sistema y lo que viene es, desde luego, promover una acción de inconstitucionalidad”, dijo Francisco Martínez Neri, coordinador del PRD. Jesús Zambrano pidió a la Comisión Nacional de Derechos Humanos que se sume a esta batalla.
No había y ni hay vicios que puedan tildar de inconstitucional”, les respondió el coordinador del PRI, César Camacho, quien precisó que en todo caso la Corte tendrá la última palabra.
En el debate que se dio en el Pleno de San Lázaro, Jesús Valencia, de Morena, enfatizó que ahora quien manda al diablo a las instituciones es el PRI.
Se dicen respetuosos y presumen que ellos siempre, que ustedes siempre respetan las instituciones. Esta vez son ustedes los que han mandado al diablo a los organismos internacionales y a las instituciones de derechos humanos de este país”, recalcó.
Mercedes del Carmen Guillén Vicente, presidenta de la Comisión de Gobernación, exigió dejar las mentiras atrás.
Es una ley constitucional que cumple todos los requisitos, que no tiene violación a ningún derecho y que además no va a militarizar al país; basta de estar mintiendo. Estamos haciendo nuestro trabajo y esta Ley de Seguridad Interior la necesita México”, exclamó.
Fue un debate corto, pero lleno de enfrentamientos. Los morenistas recalcaron que vendrá un cambio con Andrés Manuel López Obrador.
La priista Martha Tamayo les contestó que el mejor de sus sueños es creer que el tabasqueño va a llegar a la Presidencia, pero para los demás eso es una pesadilla.
SCJN: paz en 2018, solo con seguridad jurídica
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Respecto a la aplicación de la reforma penal, dijo que “no es tarea del Poder Judicial de la Federación resolver los problemas de violencia en el país”.
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| Peña Nieto asistió a la presentación del tercer informe de labores del ministro presidente. (Omar Franco) |
ELBA MÓNICA BRAVO
México
En el arranque de las precampañas políticas y “del seguramente complicado proceso electoral del año próximo”, una de las misiones más delicadas que tiene el Estado es garantizar la seguridad jurídica que permite “la convivencia y la paz”, dijo el presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Luis María Aguilar Morales, al rendir su tercer informe de labores.
Ante el presidente Enrique Peña Nieto, el ministro aseguró que “no es solo un compromiso de la autoridad hacer bien las cosas que conforme a la Constitución y las leyes le competen”, sino que “también los ciudadanos debemos estar conscientes de que cumplir con la ley, con nuestros deberes, favorece la paz social”.
En el salón de plenos de la Suprema Corte, afirmó que “sin seguridad jurídica, sin la actuación de todos dentro del contexto de la ley no puede haber valores básicos que respetar, no sería posible que la justicia exista si no hay seguridad jurídica que la proteja”.
Llamó a exigir a la autoridad “el cumplimiento de la ley”, pero también pidió a la sociedad ser consciente de cumplir con las propias obligaciones, y pidió llevar a la práctica la aplicación de la ley y que no solo quede en el discurso.
Al tercer informe acudieron también los presidentes de las Cámaras de Diputados y de Senadores, Jorge Carlos Ramírez Marín y Ernesto Cordero, ante quienes expresó que para que “el derecho sea una realidad se necesita contar con la seguridad que permita aplicarla, y por eso la ley, por su naturaleza, puede ser exigida coactivamente, sancionando al que no cumple con la ley”.
“Para poder ser libres, para poder vivir en paz, para poder vivir en un verdadero estado constitucional de derecho, debemos cumplir la ley. Hagámoslo por México, todos los días, no solo aduciéndolo en los discursos”, expresó.
Al referirse a la aplicación de la reforma penal, refrendó que “no es tarea ni responsabilidad del Poder Judicial de la Federación mejorar las condiciones de seguridad del país; nosotros, los juzgadores, cumplimos juzgando frente a la sociedad conforme a los derechos reconocidos por la Constitución; labor que no vamos ni podemos abandonar por cualquier crítica que se haga, lo único que nos corresponde es obedecer la ley”.
Ante los secretarios de la Defensa y la Marina, dijo que el sistema acusatorio no es un sistema de prisiones o libertades, sino un sistema de protección de derechos fundamentales, con lo que recalcó que los jueces son protectores de los derechos de todos: “Sin adjetivos, ni de los delincuentes ni de las víctimas, sino de todos”.
Insistió en que en la consolidación del nuevo sistema de Justicia Penal, la justicia federal cumple “con la parte que le toca, siempre bajo el mandato de la Constitución, lo que bajo ningún concepto puede ser usado como pretexto para olvidar el respeto a los derechos que el propio constituyente ha reconocido a favor de quien se le imputa un delito o a quien lo sufre, como es la víctima”.
Insistió en que los jueces buscan la protección de los derechos de una convivencia social pacífica, sancionando al que se le ha demostrado, mediante el proceso legal correspondiente, el debido proceso, su culpabilidad, no antes.
Solo los jueces juzgan y pueden determinar si alguien es culpable o no de lo que se le acusa, en un entorno del debido proceso, dijo.
CLAVES
INVITADO DE HONOR
Peña Nieto, quien acude por protocolo al informe anual del presidente de la SCJN, llegó y salió por la puerta principal de la SCJN y saludó a las personas que se encontraban tras las vallas metálicas.
El ministro Eduardo Medina Mora, presidente de la segunda sala, acompañó al presidente Peña Nieto en su arribo y salida del salón de plenos de la Suprema Corte de Justicia, luego comió en privado, como ocurre cada año, con los ministros.
PAN y PES completan quórum y aprueba el PRI ley de seguridad
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| Celebración de diputados Foto Yazmín Ortega Cortés |
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| Protesta afuera del Senado Foto Pablo Ramos |
Roberto Garduño y Enrique Méndez
Los partidos Acción Nacional (PAN) y Encuentro Social (PES), así como un ex colaborador del ex gobernador veracruzano Javier Duarte, dieron al Revolucionario Institucional (PRI) los votos necesarios para que, en menos de una hora, la Cámara de Diputados obtuviera el quórum para aprobar la Ley de Seguridad Interior (LSI), enviada ayer mismo al Ejecutivo para que la publique en el Diario Oficial de la Federación y pueda entrar en vigor.
Al igual que el jueves, ayer el sobrino del ex gobernador de Hidalgo y ex procurador Jesús Murillo Karam, Alejandro González Murillo, votó con el PRI. También acompañaron al tricolor 11 diputados panistas, de éstos, siete de Puebla, encabezados por Eukid Castañón Herrera, cercano a Rafael Moreno Valle, ex gobernador de ese estado.
Los panistas que votaron por la LSI, que regula la intervención del Ejército y la Marina en tareas de seguridad pública, son: Mercedes Aguilar López, Hugo Alejo Domínguez, Lilia García Escobar, Alejandro Garrido Muñoz, Ángel Huepa, Genoveva Huerta Villegas, y el propio Castañón, de Puebla; César Augusto Rendón y Elva Valles Olvera, de Tamaulipas; Jisela Paes Martínez, de Baja California, y Rafael Valenzuela Armas, de Nayarit.
Con los votos panistas y dos del PES –partido aliado con Morena–, del coordinador González Murillo y Ana Guadalupe Perea Santos, además de 199 del PRI, 38 del Partido Verde, 11 de Nueva Alianza y el de Édgar Spinoso Carrera, quien fue subsecretario de Finanzas en el sexenio de Javier Duarte, la minuta del Senado fue aprobada con 262 votos.
Quince horas después de que se decretó, la tarde del jueves, uno de dos recesos, la Cámara de Diputados reanudó a las 9:30 horas de ayer la sesión que había iniciado ese día con el mínimo de asistencia requerido para trabajar. Una hora más tarde, cuando se votó la minuta, los priístas gritaron: ¡México, México, México..!
Los partidos que integran la coalición Por México al Frente, PAN, PRD y MC, así como Morena, insistieron en su estrategia de no votar como forma de evitar el quórum, pero en el momento que los votos rebasaron los 251 necesarios para el quórum, 23 de Morena, dos panistas y José Alfredo Ferreiro (PES) se manifestaron en contra.
En un intento por justificar el respaldo de panistas por la ley, el coordinador del blanquiazul, Marko Cortés, indicó que la decisión del grupo fue por el voto libre. En ese tenor, Castañón se ufanó: A mí no me manda Marko.
Antes de la votación se abrió una ronda de posturas en favor y en contra, en lo general, de la minuta. Desde la tribuna, Ernestina Godoy (Morena) cuestionó:
¿Cuántos muertos más? Lo que se votará aquí muestra la insensibilidad y cerrazón del PRI y la complicidad y cobardía de algunos del PAN. Como (Carlos) Salinas, en este Congreso ni nos ven ni nos oyen. No, no, no, no y reiteradamente no, fue la respuesta a todas las voces que demandaron suspender la aprobación de la ley, que sujeta a los poderes civiles al poder de las fuerzas armadas. Otorga poder ilimitado al Presidente y somete a las autoridades electas al mando militar.
Mientras, Rocío Nahle, coordinadora de Morena, afirmó desde la tribuna que con la ley el país vivirá un Estado de excepción permanente a la hora que las fuerzas armadas estén en la calle, por ley. Castañón le preguntó, desde su curul: ¿Es mejor darle amnistía al crimen organizado? Pregúntele a la gente que ha perdido hijos.
Para Morena y MC, la ley de seguridad interior sólo dará continuidad a la guerra desatada en 2006 por Felipe Calderón contra el crimen organizado y recrudecerá la violencia en todo el país.
Movimiento Ciudadano anunció que interpondrá una controversia constitucional y la diputada Martha Sofía Tamayo (PRI) mantuvo las críticas a Andrés Manuel López Obrador: El dueño de Morena ha dicho que van a dar perdón, le llama amnistía, cuando no sabe los presupuestos legales para concederla. Ello revela su sueño de 18 años y una pesadilla para la sociedad. Ya dijo que hay un solo mando único y que es él, pretensión que describe su afán totalitario. El pueblo no se deja engañar y por tercera vez les demostrará que los iluminados tropicales y mesiánicos no tienen cabida en México.
Tolerar la corrupción atenta contra naturaleza de jueces: SCJN
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Los Poderes de la Unión empiezan a suspender actividades por el fin de año, pero el cierre de la SCJN fue significativo por el mensaje del ministro que la encabeza
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Si la corrupción es lastre absolutamente pernicioso en cualquier ámbito, es aún más nocivo en el ejercicio de la función pública y es imperdonable si se da en el ámbito de la impartición de justicia, enfatizó el ministro presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Luis María Aguilar Morales.
Al rendir su Tercer Informe de Labores, el ministro presidente señaló que la corrupción rompe la independencia del juez y con ello destruye la esencia misma del juzgador.
“Tolerar la corrupción es ir en contra de la naturaleza de la impartición de justicia; es propiciar la destrucción de todo el sistema judicial; es perder la credibilidad de nuestra institución, que tiene como finalidad inalterable la defensa de los derechos y la protección de los gobernados frente a la arbitrariedad”, dijo Aguilar Morales y aseveró: “Los jueces obtenemos nuestra legitimación, no del voto público, sino de nuestra actuación recta cotidiana y diaria en la resolución de sentencias de manera independiente”.
Ante el Ejecutivo federal y representantes del Congreso de la Unión, el Ministro Presidente remarcó que la importancia del trabajo de los jueces y magistrados es fundamental para la vida democrática y para la consolidación del estado de derecho, y por ello deben desempeñar su trabajo con integridad.
En consecuencia, aseveró, debe castigarse toda conducta que sea contraria a los valores a los que deben sujetarse los impartidores de justicia, así como todo servidor público del Poder Judicial de la Federación.
A manera de ejemplo de la disciplina en el Poder Judicial de la Federación, Aguilar Morales refirió que durante este año se ordenó la realización de 290 procedimientos de investigación debido a quejas y denuncias que, acumuladas a las 94 existentes, sumaron 384.
Como resultado, se sancionó a 407 servidores públicos y en el Registro de Servidores Públicos Sancionados se inscribieron 341 sanciones, incluidas las aplicadas por otros órganos disciplinarios del Poder Judicial de la Federación.
Detalló que la Comisión de Disciplina y el Pleno del Consejo de la Judicatura Federal impusieron sanciones a 76 servidores públicos adscritos a diversos órganos jurisdiccionales, de los cuales siete son Magistrados de Circuito; 14, Jueces de Distrito; y 55, personal subalterno.
Las sanciones impuestas a los titulares, dijo, van desde apercibimientos privados y amonestaciones, hasta suspensión en siete casos, y una destitución de un Juez de Distrito; en el caso del personal subalterno, también fueron impuestas sanciones semejantes.
Advirtió que en el Consejo de la Judicatura Federal no se tolera conducta alguna que sea contraria a ley y se toman las medidas necesarias para combatirlas.
Y parafraseó a la Organización de las Naciones Unidas: “Los impartidores de justicia que tienen el privilegio de cumplir las responsabilidades del cargo, están obligados a dejarlo inmaculado cuando llegue el momento de abandonarlo”.
Además del tema de la corrupción, el Informe del Ministro Presidente abordó los de seguridad pública, derechos humanos, libertad de expresión e hizo un reconocimiento a las Fuerzas Armadas por su vocación de respetar y hacer respetar la Constitución Federal.
Destacó que no es tarea ni responsabilidad del Poder Judicial de la Federación mejorar las condiciones de seguridad del país.
Los juzgadores, abundó, cumplen juzgando frente a la sociedad, conforme a los derechos reconocidos por la Constitución, “labor que no vamos ni podemos abandonar por cualquier crítica que se haga, lo único que nos corresponde obedecer es la ley”.
Mencionó que en la consolidación del nuevo Sistema de Justicia Penal, la justicia federal ha cumplido cabalmente con la parte que le toca, siempre bajo el mandato de la Constitución, lo que bajo ningún concepto puede ser usado como pretexto para olvidar el respeto de los derechos reconocidos a favor de quien se le imputa un delito o a quien lo sufre, como es la víctima.
Tras señalar que los jueces son protectores, en primer lugar, de los derechos de todos, “sin adjetivos ni de los delincuentes ni de las víctimas”, Aguilar Morales dijo que el objetivo final de un juez es la protección de los derechos de una convivencia social pacífica, sancionando al que se le ha demostrado su culpabilidad, mediante el proceso legal correspondiente, no antes.
El sistema acusatorio, abundó el Ministro Presidente, no es un sistema de prisiones o libertades, sino de protección de derechos fundamentales.
“A la justicia federal, los jueces federales tenemos el compromiso ineludible de cumplir y acatar las obligaciones que nos impone la Constitución y la ley, por la protección de los derechos de todos, de la sociedad, de los inculpados, en especial de las víctimas y en beneficio de México”, expresó.
En materia de derechos humanos recalcó que todo procedimiento de investigación, aun aquellos de responsabilidad, tienen el ineludible compromiso de respetar el principio de inocencia, y no será sino hasta que se haya seguido el debido proceso legal, que el órgano correspondiente determinará que existió responsabilidad administrativa e impondrá la sanción legal correspondiente.
“Por ello, formulo mi condena más enérgica a aquellos funcionarios o empleados que sin ética alguna, sin respeto a los derechos humanos y con bajeza de humanidad, difunden y propalan determinaciones que sólo son meras suposiciones de responsabilidad que pudieran o no generar un procedimiento de responsabilidad por el que habría de juzgarse a algún servidor público.
“Práctica que no sólo debe desterrarse, sino, esa sí, sancionarse, cuando con ello se afectan los derechos fundamentales y se expone, de manera absolutamente injustificada, a algún funcionario público al descrédito, sin haberse seguido un procedimiento en el que se respete el debido proceso legal”.
Con convicción y compromiso, aseguró, los ministros incorporan en sus resoluciones la visión de los derechos fundamentales desde la perspectiva indígena, de la niñez, las mujeres, las personas mayores, la discapacidad, la orientación sexual y la identidad de género; tomando en cuenta siempre el papel que juegan las víctimas en los procedimientos judiciales, a efecto de hacer posible su protección legal.
Al referirse al apoyo que la Suprema Corte otorgó a los damnificados por los sismos de septiembre pasado, Aguilar Morales indicó que tras situaciones de desastre, la protección de los derechos humanos adquiere aún mayor relieve y resulta imperativo salvaguardar la dignidad de las personas afectadas.
Por tanto, agregó, en situaciones de desastre, cada acción que se emprenda en materia de preparación, respuesta, rescate y recuperación, debe llevarse a cabo teniendo como eje medular la promoción, el respeto, la protección y la garantía de los derechos humanos.
Resaltó que uno de los retos más importantes del Estado Democrático de Derecho es el respeto y acatamiento de las sentencias que dictan los jueces; de lo contrario, “estamos hablando de una ficción que no tiene ningún valor para la convivencia pacífica de nuestro país; así,una sentencia no tendría el valor ni del papel en que está escrita”.
No hay sentencias mejores o peores, dijo Aguilar Morales, ni casos más importantes que otros, todos los asuntos que se resuelven en los Tribunales mexicanos merecen la misma importancia y todos deben ser cumplidos con igual prontitud y eficacia, especialmente cuando el cumplimiento de esas sentencias corresponde a una autoridad.
Por eso, añadió, la Constitución mexicana obliga a la Suprema Corte a sancionar con gran rigor a aquellos funcionarios que no cumplen las sentencias del Juicio de Amparo, donde el juzgador es la autoridad.
Además, expresó que la igualdad de género no es una moda pasajera, sino que es prioritaria para el Poder Judicial de la Federación. La violencia de género contra mujeres y niñas, incluidas todas las formas de violencia sexual, acoso sexual y violación, enfatizó Aguilar Morales, es una verdadera pandemia.
“Debemos asegurar que todos los casos de violencia contra la mujer sean efectivamente investigados y que los responsables sean enjuiciados sin impunidad; la impunidad es la que favorece la continuación y aumento de los delitos, prácticamente la alienta, pues si no pasa nada, se sigue haciendo, así de fácil”, dijo.
Ley de seguridad quita al Ejército atender el robo de autos y... piratería
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| Diputados del PRI, durante la aprobación de la nueva normatividad, ayer. Foto: Cuartoscuro |
María Cabadas
Con la aprobación, ayer, de la Ley de Seguridad Interior (LSI) en la Cámara de Diputados con las modificaciones que le realizó el Senado de la República, a las Fuerzas Armadas se les retirará la obligación de atender desde el robo de vehículos hasta piratería, aseguraron legisladores del PRI y del PAN. En tanto, organizaciones de la sociedad civil pidieron realizar una campaña de información para no satanizar esta norma.
“Lo que hicimos o que hemos hecho, incluyendo esta Legislatura, es ir ampliando progresivamente los fenómenos criminales que se tratan desde la óptica, desde el ángulo, desde el régimen de la delincuencia organizada. Hemos reformado profusamente ese régimen, 13 decretos reformatorios, 26 categorías de delitos, desde, por supuesto, narcotráfico hasta robo de vehículos, hasta piratería o delitos asociados a los derechos de propiedad”, dijo el senador Roberto Gil Zuarth.
El panista sostuvo que en tanto esos ilícitos se encuentren en el régimen de seguridad nacional, “que no nos extrañe que las Fuerzas Armadas tengan tareas permanentes en esa materia”.
El chiapaneco expuso que en la medida en que los estados y los municipios no tengan capacidad para profesionalizar a sus cuerpos policiacos, siempre será más barato, más rápido y más fácil recurrir a las reservas de militares y marinos.
Añadió que la Ley de Seguridad Interior libera a las Fuerzas Armadas de tareas que corresponden a instituciones civiles.
“En la medida en la que nuestras instituciones civiles han mostrado debilidad, hemos aumentado la responsabilidad de las Fuerzas Armadas, se han convertido desafortunadamente en primeros respondientes y no en el último recurso del Estado mexicano”, sostuvo.
El senador priista Miguel Ángel Chico Herrera explicó a La Razón que ahora, al estar reglamentada la actuación del Ejército y la Marina, “ya no les dará facultades de policía, estarán más enfocados a las tareas de seguridad interior y podrán actuar en caso de actos de terrorismo, combatir a la delincuencia organizada, así como en casos de emergencia, desastres naturales o epidemias, porque no son ni policías, ni ministerios públicos”.
El precandidato priista a la Presidencia de la República, José Antonio Meade, calificó la ley como “un paso adelante”, la cual puede irse enriqueciendo con futuras modificaciones y no solamente un “debate binario”.
“Hoy las Fuerzas Armadas tienen certeza después de tantos años de habérnosla dado a nosotros, así como que el país ya tiene un Ejército facultado”, expuso en entrevista con Grupo Fórmula.
Isabel Miranda de Wallace, presidenta del organización civil Alto al Secuestro, aseguró que la nueva norma permitirá, por ejemplo, que delincuentes que sean detenidos por elementos de las Fuerzas Armadas puedan ser entregados por éstos mismos al Ministerio Público.
Por ello, adelantó a La Razón que en unos días más su organismo emprenderá una campaña de información para que ciudadanos conozcan los beneficios de esta ley.
“Estaremos desmintiendo que las Fuerzas Armadas reprimirán las manifestaciones con esta ley. Se trata de que nosotros, desde la sociedad civil, contribuyamos a desmentir todas esas mentiras”, agregó.
“Lo que hicimos o que hemos hecho, incluyendo esta Legislatura, es ir ampliando progresivamente los fenómenos criminales que se tratan desde la óptica, desde el ángulo, desde el régimen de la delincuencia organizada. Hemos reformado profusamente ese régimen, 13 decretos reformatorios, 26 categorías de delitos, desde, por supuesto, narcotráfico hasta robo de vehículos, hasta piratería o delitos asociados a los derechos de propiedad”, dijo el senador Roberto Gil Zuarth.
El panista sostuvo que en tanto esos ilícitos se encuentren en el régimen de seguridad nacional, “que no nos extrañe que las Fuerzas Armadas tengan tareas permanentes en esa materia”.
El chiapaneco expuso que en la medida en que los estados y los municipios no tengan capacidad para profesionalizar a sus cuerpos policiacos, siempre será más barato, más rápido y más fácil recurrir a las reservas de militares y marinos.
Añadió que la Ley de Seguridad Interior libera a las Fuerzas Armadas de tareas que corresponden a instituciones civiles.
“En la medida en la que nuestras instituciones civiles han mostrado debilidad, hemos aumentado la responsabilidad de las Fuerzas Armadas, se han convertido desafortunadamente en primeros respondientes y no en el último recurso del Estado mexicano”, sostuvo.
El senador priista Miguel Ángel Chico Herrera explicó a La Razón que ahora, al estar reglamentada la actuación del Ejército y la Marina, “ya no les dará facultades de policía, estarán más enfocados a las tareas de seguridad interior y podrán actuar en caso de actos de terrorismo, combatir a la delincuencia organizada, así como en casos de emergencia, desastres naturales o epidemias, porque no son ni policías, ni ministerios públicos”.
El precandidato priista a la Presidencia de la República, José Antonio Meade, calificó la ley como “un paso adelante”, la cual puede irse enriqueciendo con futuras modificaciones y no solamente un “debate binario”.
“Hoy las Fuerzas Armadas tienen certeza después de tantos años de habérnosla dado a nosotros, así como que el país ya tiene un Ejército facultado”, expuso en entrevista con Grupo Fórmula.
Isabel Miranda de Wallace, presidenta del organización civil Alto al Secuestro, aseguró que la nueva norma permitirá, por ejemplo, que delincuentes que sean detenidos por elementos de las Fuerzas Armadas puedan ser entregados por éstos mismos al Ministerio Público.
Por ello, adelantó a La Razón que en unos días más su organismo emprenderá una campaña de información para que ciudadanos conozcan los beneficios de esta ley.
“Estaremos desmintiendo que las Fuerzas Armadas reprimirán las manifestaciones con esta ley. Se trata de que nosotros, desde la sociedad civil, contribuyamos a desmentir todas esas mentiras”, agregó.
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