JAQUE MATE / Sergio Sarmiento
"No te pago para que me pegues", José López Portillo.
No es información nueva, pero ahora la ha difundido el New York Times... y en México siempre se presta más atención a las noticias que vienen de fuera.
Fundar, una organización no gubernamental, ha señalado desde hace tiempo el problema que en México representa una publicidad gubernamental que no sólo es excesiva y no cumple con las funciones básicas que debe tener la comunicación de un Estado moderno, sino que se usa para comprar conciencias y cobertura en los medios de comunicación.
El senador Luis Sánchez Jiménez del PRD presentó el 28 noviembre una iniciativa de Ley General de Comunicación Gubernamental que busca regular la publicidad del gobierno a través de la creación de un Consejo Nacional de Comunicación Social autónomo. La propia Suprema Corte de Justicia ordenó al Congreso el 15 de noviembre, en un fallo por un juicio de amparo promovido por otra ONG, Artículo 19, regular el gasto gubernamental de comunicación a más tardar el 30 de abril de 2018. Una reforma constitucional de febrero de 2014 señalaba que el Congreso debía haber regulado la publicidad gubernamental a más tardar en abril de 2014, pero los legisladores han sido omisos hasta ahora.
No se necesita mucha ciencia para revisar las páginas de los periódicos y revistas de nuestro país y encontrar que algunos reciben mucha más publicidad gubernamental que otros. La diferencia no la definen ni la circulación ni la calidad, sino la línea editorial. El pecado no sólo lo comete la Federación. Los distintos órdenes de gobierno distinguen entre lo que consideran buena y mala prensa, prensa amiga y prensa hostil, y asignan los presupuestos gubernamentales de publicidad sobre esa base.
Una de las razones por las que en México seguimos teniendo un enorme número de publicaciones impresas, cuando éstas desaparecen en el mundo, es el subsidio que reciben de gobiernos y políticos. La empresa de recopilación de información Especialistas en Medios registraba ayer portadas de 23 diarios sólo en la Ciudad de México, mientras que los países desarrollados, incluso en sus mayores ciudades, sólo pueden mantener uno o dos. El gobierno mexicano subsidia periódicos y revistas que no tienen más forma de sobrevivir que vender propaganda y cobertura; pero con esta práctica, las autoridades generan una competencia desleal que lastima a las publicaciones que realmente viven de publicidad legítima.
El dinero que el gobierno utiliza para publicidad no sólo es excesivo y se distribuye de manera injusta, sino que además es ineficaz. El PRD afirma que el gobierno de Enrique Peña Nieto ejerció 36,261 millones de pesos en sus primeros cuatro años de gobierno para promocionarse y añade que el panista Felipe Calderón utilizó 42,243 millones en su sexenio con el mismo propósito (Reforma, 22.11.17). Los gastos de los gobiernos estatales y municipales son independientes y habría que sumarlos. Tal avalancha de dinero, sin embargo, no impidió que el PAN perdiera la elección del 2012, ni que Peña Nieto tenga hoy el peor nivel de aprobación de un Presidente en la historia del país.
El artículo del New York Times no nos dice nada nuevo. En México se ha señalado de manera insistente que el esquema de publicidad gubernamental es oneroso, perverso e ineficaz. La propia Constitución ordena desde hace años transitar a un sistema más justo, pero tiene que venir un medio extranjero a decirlo para que realmente se haga caso.
¿EN QUÉ CUENTA?
En agosto de 2016 Andrés Manuel López Obrador declaró: "No tengo cuenta de cheques, ni tengo tarjeta de crédito". Ahora ha anunciado que ha donado 800 mil pesos a los damnificados de los sismos. El dinero, dice, viene de regalías de un libro y de una conferencia. Pero, ¿en qué cuenta le depositaron?
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