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Salvador García Soto
El Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (Inai) se ha convertido gradualmente en un aliado del gobierno de Enrique Peña Nieto para frenar la transparencia sobre los actos de su gobierno y de sus aliados en el país.
Con una ruta que inició en mayo de 2014 con la elección de sus actuales comisionados (en ese año era todavía IFAI y luego en 2014 se transformó en Inai), ese órgano que se supone autónomo se ha plegado a los intereses de la clase gobernante en asuntos muy concretos como avalar constantemente las clasificaciones de información que ciudadanos piden a instancias gubernamentales.
Inclusive los comisionados del Inai no han dudado en “premiar” la transparencia de instancias a las que deben sus nombramientos, empezando por el Senado y al mismo PRI.
En días pasados se pronunciaron públicamente contra el artículo 9 de la Ley de Seguridad Interior, por considerar que viola el principio constitucional del derecho a la información, pero ante el llamado de atención tanto de militares como de senadores, el presidente del Inai, Francisco Javier Acuña, pretendió avalar esa legislación. Los demás comisionados le reclamaron en privado no sostener la posición original. El pasado 12 de diciembre, el Consejo Consultivo del Inai también se pronunció por que ese instituto sostenga su postura original de que la ley es inconstitucional.
El próximo viernes se asestará un golpe más al derecho a la información, cuando se imponga a todos los institutos de transparencia locales del país un Programa Nacional de Transparencia y Acceso a la Información (Protai) que regirá su actuación hasta el 2021. El Protai define las acciones y programas de transparencia y rendición de cuentas que deberán seguir todos los institutos locales y el mismo Inai. Se trata de un programa que ha sido construido sin tomar en cuenta con seriedad la opinión de los institutos locales, a quienes se les marginó de su proceso de elaboración y consulta pública porque se les entregó apenas la noche del 9 de diciembre para su conocimiento.
Sin embargo, el proyecto del Protai 2017-2021 se encargó al Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM, el cual lo entregó al Inai desde agosto pasado, y de inmediato lo puso a consideración de organizaciones de la sociedad civil, pero no de los institutos de transparencia de los estados de la República, a pesar de que así lo marca la normatividad.
El próximo viernes 15 está convocada la sesión del Consejo Nacional del Sistema Nacional de Transparencia (SNT), en la que se deberá aprobar el Protai, y es casi un hecho que así se hará sin hacerle cambios, gracias a que el Inai tiene controlados a la mayoría de los institutos locales, particularmente los comisionados Rosendoevgueni Monterrey Chepov y Óscar Guerra Ford.
Monterrey y Guerra a su vez tienen el control de facto del Inai. Las comisionadas Arely Cano Guadiana y Ximena Puente de la Mora forman bloque con ellos, en tanto que el comisionado Francisco Javier Acuña está sujeto a la voluntad de este grupo que lo eligió como presidente en mayo pasado.
¿Cómo llegó el Inai a ser un aliado más de Peña? El sábado les contaremos esa historia.
NOTAS INDISCRETAS… Ahora que los escándalos y denuncias de acoso sexual son tema en el mundo, al INE le surgió uno bastante grave. La demanda ha llegado al Tribunal Electoral federal y es en contra de Jorge Eduardo Lavoignet, director del Secretariado del INE, a quien “Karla”, una ex auxiliar jurídica, acusa de haberla “hostigado y acosado laboral y sexualmente” varias ocasiones y durante dos años mediante chantajes y amenazas de quitarle la plaza que ella necesitaba para mantener a su hija en su condición de viuda. Cuando ella se negó a acceder a los tocamientos “cada vez más agresivos” y a la exigencia de relaciones de su jefe, Lavoignet comenzó a hostigarla laboralmente hasta que, aprovechando una incapacidad por parálisis facial, por el estrés al que era sometida, le pidió su renuncia a la plaza porque había “otras nalgas” que le interesaban. La joven de 33 años intentó denunciarlo ante instancias internas del INE y le pidieron “pruebas, grabaciones y videos” para comprobar el acoso, violando el Protocolo que el propio Instituto tiene para “prevenir, atender y sancionar el hostigamiento y acoso sexual y laboral” en sus instalaciones. Incluso, “Karla” envió una carta al consejero presidente, Lorenzo Córdova, fechada el 18 de octubre de 2017, donde le exponía su denuncia y pedía su intervención para investigar y castigar a su agresor y se le restituyera en su empleo. No hubo respuesta del presidente del INE. Hoy el caso está en manos del TEPJF y “Karla” pide a los magistrados atender su denuncia “con perspectiva de género” para castigar al funcionario acosador. ¿Tendrán el valor los magistrados o también les vale, como a los consejeros del INE que encubrieron este grave caso de acoso?.. Se detienen los dados. Otra Serpiente.
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