Octavio Vélez
Ven retroceso en derechos
Coinciden activistas que la Ley de Seguridad Interior permitirá al Ejército tareas policíacas |
La Ley de Seguridad Interior aprobada por el Congreso federal pone en riesgo el respeto a los derechos humanos, aseguró la coordinadora general del Comité de Defensa Integral de Derechos Humanos Gobixha (Codigo-DH), Sara Méndez Morales.
La activista sostuvo que la nueva norma jurídica constituye un retroceso a los avances alcanzados en la reforma aprobada en el 2011, especialmente en el párrafo tercero del artículo uno, donde se obliga a todas las autoridades a promover, respetar, proteger y garantizar los derechos humanos de conformidad con los principios de universalidad, interdependencia, indivisibilidad y progresividad.
Y en consecuencia –anotó–, prevenir, investigar, sancionar y reparar las violaciones a los derechos humanos, en los términos que establezca la ley.
Además, expuso que la nueva legislación resulta inconstitucional porque el Congreso federal no está facultado para legislar en seguridad interior, pues según el artículo 73 de la Constitución, solamente está autorizado en materia de seguridad pública.
Subrayó que la Ley de Seguridad Interior permitirá a las fuerzas armadas cumplirán ahora tareas policíacas, pero no dispone verdaderos controles para garantizar el respeto de los derechos humanos, ante la falta de protocolos de actuación, el uso excesivo de la fuerza y su intervención en protestas sociales.
Aparte de esto, mencionó que la nueva norma jurídica generará mayor violencia porque desde la salida de las fuerzas armadas a las calles para enfrentar al narcotráfico, han muerto y desaparecido más de 30 mil personas.
Ante esto, Méndez Morales hizo un llamado al Senado de la República, una vez remitida la Ley de Seguridad Interior por el Congreso federal, a revisar las graves contradicciones de la legislación y garantizar los derechos humanos del pueblo, por ser esa su obligación como representantes populares.
Las contradicciones
La Ley de Seguridad Interior es contraria a los tratados internacionales y a las recomendaciones de la ONU y la CIDH de retirar a las fuerzas armadas de las tareas de seguridad.
Da a las fuerzas armadas facultades de policía para realizar acciones preventivas a su criterio.
No dispone controles para garantizar el respeto a los derechos humanos de la población.
Permite a las fuerzas federales intervenir en protestas sociales si consideran que no son pacíficas.
Es inconstitucional porque el Congreso federal no está autorizado para legislar sobre seguridad interior sino solamente en materia de seguridad pública.
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