El Presidente Enrique Peña Nieto promulgó la Ley de Seguridad Interior para que la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) decida sobre su constitucionalidad.
Con ello empieza a correr el plazo de 30 días para que sea impugnada ante la Corte por medio de acciones de inconstitucionalidad.
Esta decisión se toma, reconoció el Mandatario, frente a la inconformidad de organizaciones y colectivos que afirman que el contenido de esa legislación es inconstitucional.
"Soy consciente que este ordenamiento que habré de promulgar esta tarde es especialmente sensible", dijo en el Consejo Nacional de Seguridad.
"Por eso no emitiré la declaratoria de protección de seguridad interior en los términos de esta ley hasta que el máximo tribunal decida sobre su constitucionalidad, así la Suprema Corte de Justicia de la Nación será el árbitro legitimado constitucionalmente para tomar una resolución definitiva".
Tras la promulgación, estarán legitimados para impugnar la CNDH, el 33 por ciento de diputados y senadores, y el INAI, por lo que toca a un solo artículo que clasifica información como reservada.
La Ley de Seguridad Interior establece que el Presidente debe emitir dicha declaratoria para que las Fuerzas Armadas actúen en determinado territorio.
Peña aclaró que su decisión no significa que dejará de haber intervención de éstas en materia de seguridad pública mientras se decide el destino de la nueva legislación.
En su discurso, el Presidente defendió la intervención del Ejército en labores de seguridad, pues, aseguró, hubiera sido irresponsable dejar a su suerte a la sociedad civil.
Érika Hernández/REFORMA
No hay comentarios.:
Publicar un comentario