No ha reclamado 53% de dueños de cajas en Cancún
La PGR comienza entrevistas con los 703 clientes apuntados; atenderán casos por urgencias médicas, papeles de identidad y dinero.
Un elemento de la PGR explica el procedimiento a seguir a afectados reunidos en la empresa de resguardo. (Nelly Salas) |
ISRAEL NAVARRO
Cancún
Hasta ayer, 703 usuarios de las cajas de seguridad de la empresa First National Security seguían en la lista de quienes pidieron ser entrevistados por la Subprocuraduría Especializada en Investigación de Delincuencia Organizada (SEIDO), de la PGR, para agilizar los trámites de devolución.
Lo anterior significa que aún falta por solicitar la entrega de 797 cajas, es decir, 53 por ciento del padrón de mil 500 que fueron decomisadas debido a una investigación por delitos contra la salud y delincuencia organizada.
Ayer, agentes ministeriales federales iniciaron las entrevistas con los usuarios inscritos en una lista, lo que representa el primer paso del proceso de entrega-recepción de los bienes a sus dueños, quienes permanecen en plantón frente a la Plaza América, ubicada en la avenida Cobá de Cancún.
Desde temprano arribó al lugar personal de la Seido que, contrario a otras ocasiones, mantuvo abierta la puerta principal de la empresa de resguardo de valores, mientras los peritos entraban y salían.
EL ORDEN
En conferencia de prensa, David Uribe, vocero de los usuarios, indicó que el proceso de entrevistas iniciará con aquellos que tienen urgencias médicas, como el caso de un señor que guardó un marcapasos y que requiere le sea instalado a la brevedad.
Se trata de unos 100 clientes en esa situación, como una señora que requiere el dinero que tiene en la caja para pagar las quimioterapias de su hija y el de una familia que pagará los gastos médicos de un pariente en estado vegetativo.
Continuarán aquellos que requieren papeles de identidad, como pasaportes, actas de nacimientos y demás documentos oficiales. En este grupo se encuentran ciudadanos de Estados Unidos, Canadá, Francia, Italia y Venezuela.
Les seguirán los adultos mayores que tienen valores monetarios resguardados y también aquellos que tienen dinero para el pago de nóminas o pensiones.
Los usuarios deberán presentar un original y copia de identificación oficial, como INE o pasaporte; contrato de arrendamiento de la caja o recibos de pago, documentos que acrediten las pertenencias y un listado de las mismas.
La entrega-recepción de las cajas dará inicio el próximo lunes, en el mismo orden de las entrevistas.
Uribe mostró su beneplácito y apertura de parte del titular de la Seido, Israel Lira Salas, quien se comprometió a agilizar el proceso de entrega, a la par de que continuarán las investigaciones.
Sobre el paradero del dueño de First National Security, indicó el vocero de los usuarios dijo que ni siquiera se ha presentado en su empresa.
Las entrevistas fueron acordadas un día antes durante un encuentro entre el titular de la Seido, clientes y dos diputados federales. En la reunión se pactaron cinco puntos, uno de los cuales fue atender de manera inmediata los casos en lo que haya más necesidad.
El aseguramiento de más de mil 500 cajas de seguridad de la empresa First National Security derivó de la investigación que hay en curso contra Leticia Rodríguez Lara, Doña Lety, líder del cártel de Cancún, y de su hijo Rafael, El Dover.
PF Y FBI, CONTRA DELITOS DE ALTO IMPACTO
La Comisión Nacional de Seguridad (CNS), a través de la Policía Federal, conformará un grupo de fuerza con el Buró Federal de Investigación (FBI) para atender delitos de alto impacto, como secuestro, ciberataques, tráfico de armas y de personas.
Renato Sales Heredia, titular de la CNS, dijo a MILENIO que se trata de capacitar a elementos de la PF y de la Procuraduría General de la República (PGR) en la Academia del FBI en Quantico, condado de Stafford, Virginia.
En entrevista, puntualizó que esto no significa que agentes o personal del FBI operen en México.
Sin embargo, además de la capacitación, el buró puede asesorar a las autoridades mexicanas en casos extremadamente complejos, debido a la experiencia y tecnología que han desarrollado.
“Se trata de integrar un grupo de fusión, falta afinar los detalles de cómo operaría, es capacitación, también se incluirá a gente de la Coordinación Nacional Antisecuestro, lo que estábamos trabajando desde que estaba yo en este organismo”, añadió.
Ayer, en representación de Sales Heredia, el comisionado general de la PF, Manelich Castilla Craviotto, se reunió con el agregado jurídico del FBI, Carlos Cases.
Con información de Ignacio Alzaga/México.
Por sismos, seguros pagarán 16 mil mdp; 46 aseguradoras implicadas
La AMIS informó que al momento hay reporte de 38,861 siniestros; tan sólo 31,291 son por el terremoto del 19-S, que afectó a cuatro entidades
Foto: Cuartoscuro |
CIUDAD DE MÉXICO.
Como consecuencia de los sismos del 7 y 19 de septiembre pasado, las aseguradoras pagarán indemnizaciones por 16 mil 449 millones de pesos, dio a conocer Recaredo Arias Jiménez, director de la Asociación Mexicana de Instituciones de Seguros (AMIS).
En conferencia de prensa, explicó que hasta el momento tienen conocimiento de 38 mil 861 siniestros.
El sismo del 7 de septiembre registró siete mil 570 siniestros. Por el terremoto del 19 de septiembre, que afectó cuatro entidades, reportó 31 mil 291 siniestros, que representan una pérdida por 10 mil 111 millones de pesos.
Dijo que 46 aseguradoras han pagado cuatro mil 449 siniestros en seguros de gastos médicos, accidentes y vida.
SEGUROS PAGARÁN $16,449 MILLONES
Las aseguradoras tendrán que pagar indemnizaciones por 16 mil 449 millones de pesos, derivado de los sismos ocurridos el 7 y 19 de septiembre en México.
En conferencia de prensa, Recaredo Arias Jiménez, director general de la Asociación Mexicana de Instituciones de Seguros (AMIS), estableció que hasta el momento tienen conocimiento de 38 mil 861 siniestros, por ambos desastres naturales, sin embargo, la cifra no es definitiva.
Explicó que el terremoto del 7 de septiembre, generó daños asegurados por seis mil 338 millones de pesos (en donde está considerado el bono catastrófico contratado por el gobierno federal, por dos mil 861 millones de pesos) debido a siete mil 570 siniestros reportados.
Hasta el momento, para el sismo del 19 de septiembre se registraron 31 mil 291 siniestros, que representan un monto de pérdida por 10 mil 111 millones de pesos.
POR RAMO
El sismo del 7 de septiembre, por el que resultaron afectados Chiapas y Oaxaca principalmente, registró siete mil 242 siniestros por daños; 326 en autos; vida dos y de gastos médicos mayores y funerarios no hay registro.
Mientras que el sismo del 19 de septiembre, que afectó a la Ciudad de México, Morelos, Puebla y Tlaxcala, el ramo de daños tuvo un registro de 29 mil 211 siniestros; autos mil 941; vida 17; gastos médicos 120 y gastos funerarios dos.
Por tipo, 67.08% de los daños en ambos terremotos ocurrieron en casa habitación con seguro voluntario, 6.93% de las viviendas con crédito hipotecario, 7.63% daños en comercios, 4.58% en industria y 0.45 por ciento gobierno.
PAGOS
Recaredo Arias Jiménez, explicó que son 46 las aseguradoras que estarán realizando las indemnizaciones, explicó que hasta el momento se han pagado cuatro mil 449 siniestros en seguros de gastos médicos, accidentes y vida.
En el caso de los seguros de daños, estos eventos tardan en reflejar cifras hasta por 18 o 24 meses las que se tienen hasta ahora son preliminares.
PROPUESTA
Debido a los problemas que han detectado en los condominios, en donde los vecinos se deben poner de acuerdo sobre cómo se va a pagar la indemnización, y algunos están asegurados y otros no, como gremio, la AMIS tiene la propuesta de que se genere un seguro obligatorio para estos inmuebles.
Además, dijo que existe la propuesta que del último pago que se entregue del Fonden se pueda dar un microseguro catastrófico a las nuevas viviendas que van a tener las personas, que tendría un costo de entre mil 500 a dos mil pesos, dijo Arias Jiménez.
El director general de la AMIS estableció que durante estos eventos se pudo observar la importancia de la industria aseguradora como un elemento de mitigación, estabilización, reactivación y reconstrucción, en este caso del país y su economía.
Funcionarios no pagan multas por 11, 583 mdp
(ARCHIVO-EL UNIVERSAL) |
El Servicio de Administración Tributaria [SAT] no pudo cobrar 11 mil 583 millones de pesos de sanciones económicas debido a que los funcionarios a quienes se las impusieron no tienen dinero para pagar.
De los 7 mil 978 casos concluidos, 3 mil 474 —que representan 32% del importe— no se cobró porque los deudores no cuentan con el patrimonio necesario para hacer el pago.
Se han registrado 16 mil 445 sanciones económicas desde la creación de la Secretaría de la Función Pública. Hasta septiembre de 2017, 7 mil 978 casos han representado un importe de 34 mil 855 millones de pesos.
Pero apenas se recaudó 2% de esa cifra, es decir, mil 838 casos representaron un ingreso de solamente 158 millones de pesos.
El 66% restante no pudieron ser cobradas porque el deudor obtuvo una resolución favorable en alguna instancia. En importe representan 22 mil 974 millones de pesos y se trata de 2 mil 614 resoluciones.
Lizandro Núñez Picazo, administrador general de Recaudación del SAT, dijo a EL UNIVERSAL que se tienen identificadas las dos razones por las que la recaudación es baja, una es lo que no se puede cobrar porque los funcionarios no tienen dinero; y otra porque el 66% obtienen en alguna instancia jurisdiccional una resolución favorable.
“Cuando concluimos que un contribuyente no tiene patrimonio suficiente es porque ya investigamos cuentas bancarias, inmuebles en cualquiera de sus presentaciones, casas, lotes, terrenos, locales comerciales, porque no hay inmuebles, vehículos, aeronaves, embarcaciones, porque no tiene registrados a su nombre patentes, marcas, y ya cruzamos la información con el Seguro Social y logramos obtener información de notarios y vemos que no ha comprado ningún bien, solamente cuando está agotada esa investigación, y todo eso está documentado, cuando se concluyen esas investigaciones y se define que un deudor no tiene el patrimonio”, explicó.
El funcionario federal indicó que el esquema de recaudación es correcto y funciona.
Aclaró que el SAT no es responsable de determinar las multas ni de defenderlas ante tribunales, sino que eso lo hacen quienes imponen la sanción.
EL UNIVERSAL publicó el pasado 30 de noviembre que en dos años y medio, de enero de 2015 a agosto de 2017, la Secretaría de la Función Pública impuso 2 mil 195 sanciones económicas por 5 mil 757 millones de pesos. No obstante, el porcentaje de recuperación es bajo.
Pasos correctos. Lizandro Núñez Picazo opinó que el Sistema Nacional Anticorrupción (SNA) da los pasos correctos porque busca sancionar no sólo al servidor público, sino a las empresas, proveedores o prestadores de servicios beneficiadas, lo que permite que la autoridad cobradora no vaya solamente contra una persona física sin bienes, sino con quien se benefició de ese servicio indebido y exista otra fuente para recuperar esos pasivos.
Recordó que ahora las sanciones las va a determinar el propio tribunal, lo que va a permitir una mayor fundamentación y motivación.
“Así se señala en la exposición de motivos (...), se dijo que era para buscar una mayor fundamentación, motivación y circunstanciación de estas imposiciones de sanciones, no lo digo yo, eso es público”, añadió. Con estos elementos, la recaudación podría aumentar, sostuvo.
Reconoció que el porcentaje de recuperación ha crecido por el esfuerzo institucional.
Proceso electoral mantendrá alto nivel de incertidumbre, advierten
Políticas fiscal y monetaria restrictivas desaceleran economía: Bank of America Merrill Lynch
Economista en jefe prevé más probable que se alargue negociación a que EU salga del TLCAN
Roberto González Amador
El proceso para renovar la Presidencia en 2018 mantendrá niveles altos de incertidumbre, en un momento en que la economía mexicana se desacelera como consecuencia de políticas fiscal y monetaria restrictivas, aseguró este miércoles Bank of America Merrill Lynch.
Este año, el producto interno bruto (PIB) tendrá un crecimiento de 1.9 por ciento y de 1.6 por ciento en 2018, una vez incorporado el efecto de la desaceleración esperada en el tercer trimestre de 2017 después de los terremotos y la esperada aceleración por las reconstrucciones, anticipó.
El gobierno federal espera para este año un crecimiento del PIB de entre 2 y 2.6 por ciento y, el próximo, de entre 2 y 3 por ciento, según los Criterios Generales de Política Económica.
Carlos Capistrán, economista en jefe para México y Canadá de Bank of America Merrill Lynch, dijo que este año la inflación rondará 6.3 por ciento –el objetivo del Banco de México es 3 por ciento– y 3.6 por ciento en 2018.
“Esperamos que el PIB se desacelere por las políticas fiscales y monetarias restrictivas, y también debido a la incertidumbre en relación con las renegociaciones del Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN). Aunque es posible la salida de Estados Unidos del tratado, nosotros creemos que es más probable que las negociaciones se alarguen, comentó Capistrán.
Un factor que podría modificar al alza el pronóstico de crecimiento, dijo, es que Estados Unidos continúe con un crecimiento fuerte sin inflación.
Otros riesgos que pueden provocar un menor crecimiento son una eventual salida de Estados Unidos del TLCAN, que las tasas de interés sean más altas de lo esperado, o una baja en las ventas automotrices.
Internamente, el riesgo principal a la baja es la desaceleración económica más pronunciada de lo esperado debido a la alta inflación y políticas fiscales y monetarias restrictivas. La baja producción de petróleo sigue siendo un riesgo. El proceso electoral de 2018 mantendrá niveles altos de incertidumbre, apuntó.
En ese sentido, consideró que existe la posibilidad de que el crecimiento del PIB se desacelere a 1.6 por ciento el siguiente año debido a políticas fiscales y monetarias restrictivas, al igual que la incertidumbre generada por la negociación del TLCAN.
Por ahora, detalló, los datos sobre la marcha de la economía son mixtos.
El Indicador General de la Actividad Económica (IGAE), una suerte de PIB mensual, estuvo por arriba de las expectativas en agosto, en 0.8 por ciento mes a mes, pero se contrajo 0.7 por ciento en julio mes a mes. El IGAE creció 2.2 por ciento durante este año (contra el 2.0 del pasado) con una contracción en el sector industrial (0.3 por ciento durante el año), pero los servicios están aun por encima de 3 por ciento.
En el lado industrial, una producción de petróleo baja es el lastre para la minería (-2.3 por ciento mes a mes en agosto), pero la manufactura sigue avanzando, con el soporte de la producción industrial en Estados Unidos, explicó.
Mientras tanto, el consumo se desacelera. Las ventas minoristas tuvieron dato negativo en agosto, al contraerse 0.3 por ciento anual.
En este año las ventas minoristas han crecido 4.3 por ciento, desaceleración en comparación con 6.6 por ciento el año pasado.
El sector automotriz, consideró, ilustra perfectamente la dualidad de la economía mexicana entre el crecimiento doméstico y el externo. En este año la exportación de automóviles aumentó 11.6 por ciento (contra -1.5 del año anterior) y la producción se incrementó 9.9 por ciento (contra 0.9 del año anterior), pero la venta doméstica de automóviles se contrajo 1.1 por ciento (contra el avance de 18.4 por ciento del año anterior).
ONG critica a militares mexicanos; gobierno le pide analizar tráfico de armas en EU
Una ONG, con prestigo, critica el proceder de las autoridades civiles que deben sancionar a militares que violentan derechos humanos; la respuesta mexicana incluyó una posdata...
WOLA, Oficina de Washington para América Latina (Organización No Gubernamental especializada en derechos humanos) criticó ayer a las autoridades mexicanas en un informe por lo que denominó poca voluntad para procesar violaciones a los derechos humanos cometidas por militares. Lo anterior generó una respuesta casi inmediata del gobierno mexicano que rechazó el informe, ratificó su compromiso con la sanción a quien violente derechos fundamentales y pidió a WOLA, entre otras cosas, que contextualice su análisis en el marco del tráfico de armas y recursos para el crimen organizado que se registran en los Estados Unidos.
El gobierno mexicano indicó que esos fenómenos son parte de la explicación de lo que sucede en México y del uso temporalEde las fuerzas armadas en labores de seguridad pública.
WOLA es una organización civil que participó, con otras, en la revelación de actos criminales de gobiernos militares en América Latina durante la década de los setenta del siglo pasado. Esta vez, para tratar el tema mexicano, WOLA analizó las consecuencias de las reformas al marco legal mexicano de 2014, que permitió que una autoridad civil investigue y sancione delitos cometidos por militares.
WOLA centra su crítica en el hecho de que de 505 investigaciones abiertas desde entonces, sólo 16 generaron condenas a militares. Un aspecto que WOLA pasó por alto en su informe es que este porcentaje de condenas (3 por ciento) es el habitual en los delitos de alto impacto de la justicia mexicana (Crónica documentó, por ejemplo, que ese es el porcentaje de presuntos gatilleros del narcotráfico que llegan a pisar prisión).
Otro aspecto señalado por WOLA es el hecho de que el primer respondiente o autoridad que se presenta a la escena de un delito de alto impacto (homicidio o secuestro, por ejemplo) es muchas veces un militar, lo que señala la organización implica que se rompe la idea de que un policía o MP capacitado se haga cargo de la protección de evidencias.
El informe señala que hay dificultades para que los soldados declaren y que la PGR no ha mostrado voluntad para investigar.
De igual forma recrimina que el personal militar tengan excesivas atribuciones de investigación (actividad que debería estar en manos civiles).
WOLA termina su informe dando recomendaciones a México en el sentido de mejorar la capacidad de su Ministerio Público y sus organismos policiales, además de evitar mayor participación de fuerzas militares en tareas que corresponden constitucionalmente a civiles.
El informe recomienda a los Estados Unidos poner mayor énfasis a colocar a los derechos humanos como requisito para colaborar con México, un trato muy suave que pudo haber motivado la respuesta mexicana al informe.
El informe de WOLA se denomina oficialmente Justicia Olvidada. La impunidad de las violaciones a derechos humanos cometidas por soldados en México.
¿Y lo que pasa en su territorio?
En respuesta al informe WOLA y mediante un comunicado conjunto de la Cancillería, Gobernación y la Procuraduría General de la República, el gobierno mexicano rechazo “toda violación a los derechos humanos” y el sentido general del informe en el que se pone en duda la voluntad mexicana para sancionar a soldados que incurran en estas conductas.
Las dependencias reiteran el compromiso de investigar los casos de abusos militares contra población civil y, en un extra que no se había registrado en casos anteriores, invitan a WOLA a que los análisis en la materia reflejen “una perspectiva más certera de los desafíos que acarrea el tráfico indiscriminado de armas que se origina en los Estados Unidos”.
La respuesta mexicana también destaca que hay puntos señalados por WOLA en torno a los que “ya se han iniciado trabajos (…) El gobierno de México valora la labor de WOLA y las organizaciones de la sociedad civil. No obstante, considera relevante puntualizar lo siguiente:”
“La participación de las Fuerzas Armadas de México en atención al crimen organizado forma parte de las tareas de acompañamiento temporal a las autoridades locales, y responde a los enormes retos que plantea el tráfico internacional de armas y drogas, que afecta de manera particular a nuestro país”.
“México invita a que los análisis en la materia consideren dicho contexto, para reflejar una perspectiva más certera de los desafíos que acarrea el tráfico indiscriminado de armas desde los Estados Unidos de América hacia el territorio mexicano, los flujos de capital a organizaciones criminales, así como los efectos del trasiego de drogas a través de México, con destino a ese país”.
Estudios en ese sentido, aseguró el gobierno, “serían una enorme contribución a la imperiosa necesidad de establecer mayores controles a la venta de armas y drogas en el vecino del norte”.
'No negociamos en redes sociales': Videgaray
Por José Carreño Figueras y Alejandro Cacho
En las próximas semanas o meses “habrá de definirse cómo convivimos con otras naciones”, afirmó el secretario de Relaciones Exteriores (SRE), Luis Videgaray Caso.
México, agregó, está en un momento de definición que determinará sus relaciones con el mundo, en general, y Norteamérica, en particular.
Y en ese marco, anotó que “la postura que ha tomado el gobierno de Estados Unidos podrá tener un efecto electoral, en el sentido de que distintas opciones políticas pudieran tomar el tema de nuestras relaciones con Estados Unidos como parte de su plataforma electoral”.
Y la de 2018, advirtió, será una elección “muy competida, muy intensa”, un proceso que será “de gran efervescencia, de mucha participación”.
El tema central de una conversación de Videgaray con El Heraldo de México es la relación con Estados Unidos y la renegociación de Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN), que consideró como dominante en la relación bilateral.
El canciller se explaya, habla con rapidez, responde con firmeza, adelanta incluso temas y defiende la política exterior del presidente Enrique Peña Nieto, que calificó como activa, “que se resiste a ser indiferente a los conflictos que ponen en riesgo no solamente a México, sino a la región, incluso la seguridad de todo el orbe… eso implica también asumir nuestra responsabilidad global”.
Pero es lo bilateral, la renegociación del TLCAN, el tema que surge una y otra vez.
“Tenemos una relación de trabajo cercana con el nuevo gobierno de Estados Unidos; se han abierto todos los canales de comunicación… es una comunicación frecuente, muy ágil, y estamos negociando nuestra relación comercial”, destacó.
Y en ese marco, subrayó que “si no creyéramos que existe una alta probabilidad de lograr una buena negociación no estaríamos negociando; ya hubiéramos abandonado y creo que ya hubieran abandonado nuestras contrapartes”.
Aceptó que no hay certidumbre sobre el resultado y que “hay que estar preparados para los distintos escenarios”.
Pero insistió en que se trata de un proceso que hay que respetar. “No negociamos a través de redes sociales”, dijo, al apuntar que se espera terminar en el primer trimestre de 2018 y rechazar la posibilidad de entrar en negociaciones bilaterales. “No respondo hipotéticos”, indicó, al ser interrogado sobre la posibilidad de llegar a negociaciones bilaterales.
“Tenemos que enfrentar el tema con serenidad, también con mucha claridad”, dijo. “Somos un país soberano, somos un país que defiende y defenderá sus intereses; pero también que cree que, a través de una mayor integración comercial, podemos ganar todos; me refiero a México, por supuesto, pero también a Estados Unidos y Canadá”.
Y en ese sentido, “lo que tenemos que hacer es seguir por la ruta que hemos trazado: es primero un proceso profesional, un proceso encabezado por un equipo de negociadores altamente experimentados”.
Videgaray explicó que en el mundo “corren vientos de cambio, no necesariamente constructivos, toda vez que mucha gente “se siente amenazada por la globalización, por la migracion, por el comercio, y esto se está manifestando particularmente en los países más desarrollados, en resultados electorales donde han ganado terreno de manera muy importante opciones de nacionalismos acérrimos, opciones antiinmigrantes, proteccionistas y esto representa un reto para todo el mundo”.
Videgaray señaló que para México el reto es que “nuestro vecino del norte, nuestro principal socio comercial, Estados Unidos, es uno de los exponentes de este fenómeno, con la elección del presidente Donald Trump, que ha replanteado su relación con el mundo, incluyendo México”.
Y por su relevancia, opinó, es un momento definitorio, un momento importante.
Destacó en ese sentido que México “es una democracia” y que “parte de lo que define a una democracia es la incertidumbre... no sabemos hoy, a menos de un año de distancia, cuál será el resultado electoral, pero creo que sin duda la postura que ha tomado el gobierno de Estados Unidos podría tener un efecto electoral con resultados de política exterior que pudieran ser diferentes a los que se han tenido en la materia en los últimos años”.
Advirtió que “en México hay voces plurales; no podemos, insisto, pronosticar que es lo que va a ocurrir, pero no estamos ajenos a la posibilidad de que expresiones de esta naturaleza pudieran aparecer”.
Defendió la política exterior del gobierno de Peña Nieto, que no sólo ha sido acorde con los principios constitucionales, sino con la tradición de la diplomacia mexicana. “Hemos alzado la voz cuando hemos visto casos lamentables, como el de Venezuela, donde hay fractura del orden democrático”, dijo.
Ante una pregunta relacionada con el repunte de las menciones de su nombre en corrillos políticos, Videgaray recordó: “ya llevo muchos años en esto y estoy muy acostumbrado a columnas políticas, a las opiniones”.
“Somos un país con absoluta libertad de expresión y quienes participamos en el servicio público y en la política tenemos que asumir que es parte de nuestra realidad y de nuestra vida cotidiana que se hable de nosotros en las columnas, en la televisión; estar acostumbrados a que se hable de nosotros”.
Y en torno a las especulaciones, consideró que “es algo connatural a la participación política. En una democracia es absolutamente normal y tenemos que aceptarlo”.
Confirma el Cenapred: por ampliación irregular cayó el Rébsamen
Eunice O. Albarrán
La estructura del Colegio Enrique Rébsamen, el cual se colapsó a consecuencia del sismo de 7.1 grados del 19 de septiembre en la delegación Tlalpan, era “completamente pobre”, no contaba con columnas en las ampliaciones donde construyeron la casa de la directora y las paredes eran una “porquería”.
Así lo aseguró ayer Carlos Valdés González, director general del Centro Nacional de Prevención de Desastres (Cenapred) al participar en el foro “Consulta del Marco Normativo de México ante los Retos del Marco Sendai para la Reducción del Riesgo 2015-2030”, organizado por el Senado de la República.
Ahí, el funcionario expuso que el plantel, propiedad de Mónica García Villegas, no contaba con ninguna columna para sostener la parte frontal del edificio donde se encontraban las aulas, lo que ocasionó que el inmueble colapsara.
El Dato: El marco Sendai es un instrumento avalado por la ONU enfocado en la gestión de riesgos.
De acuerdo con peritajes a los que ha tenido acceso La Razón, las varillas que unían la construcción del segundo piso con el resto no tenían una continuidad uniforme, de hecho, las que se agregaron en la edificación del tercer piso eran de un calibre diferente.
Valdés González lo confirmó y mostró fotografías de esa edificación donde fallecieron 19 niños y 7 adultos en el sismo del 19 de septiembre y explicó el desplome parcial mientras mostraba que las columnas originales resultaron insuficientes para sostener el peso de la construcción.
“Esta es la columna y tenía este piso y luego le echaron uno más y otro más. Y luego la famosa casa de la directora. Muy bonita. También el balcón que tenía un techito de madera; pues todo esto se colapsa por una estructuración completamente pobre, ya que eran una porquería”, subrayó.
Ante todo ello, el titular del Cenapred aseguró que por esa construcción deficiente se pusieron en riesgo a las personas y hubo pérdidas humanas.
“Fueron construyendo y construyendo y un colapsamiento de este tipo permite encontrar a poca gente con vida”, agregó.
“Vean el espesor de las columnas; añadieron tres o cuatro pisos, vean el espesor de los balcones. Hubo una modificación que no estaba adecuada con las columnas, esa es la razón, esta edificación se viene completamente de frente, se viene abajo”, abundó ante los senadores.
Valdés González explicó que sin esos soportes básicos en cualquier construcción, fue mucho más complicado el trabajo de rescate de niños y a profesores.
El funcionario federal y los legisladores coincidieron que los servidores públicos que permiten construcciones irregulares, que ponen en riesgo la vida de los ciudadanos, deben ser sancionados.
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