Tráfico de plazas de burócratas en Oaxaca, bajo la lupa

Alondra Olivera

Shrek, entre la calenda de burócratas.

Al menos tres investigaciones inició la Secretaría de Administración para detectar a presuntos responsables de la entrega de plazas ilegales a trabajadores de gobierno durante la pasada administración.

El secretario de administración del actual gobierno, Javier Villacaña Jiménez, informó que, derivado de una serie de revisiones durante el proceso entrega recepción, se detectó que había 300 plazas que presentaban anomalías, es decir no tenían ningún sustento legal y tampoco presupuesto para su cobertura.

Las plazas fueron dadas de baja de manera inmediata y, algunos de los trabajadores que resultaron afectados, presentaron denuncias respectivas para que se actúe en consecuencia en contra de quienes otorgaron bases de manera ilegal.

"Hubo gente que aceptó regresar a su plaza a cambio de renunciar a su derecho de la base, hubo quienes no tenían ningún derecho; algunos más agotaron su posibilidad de establecer alguna situación legal que está en trámite”.

Detalló que en el último año de la administración anterior, Alberto Vargas Varela estaba al frente de la Secretaría de Administración, y se otorgaron 800 plazas a los trabajadores que supuestamente cumplieron con los requisitos.

Sin embargo, este número de basas rebasó lo convenido, por lo que pudo haber irregularidades o bien a través de una transacción económica, “venta de las plazas”.

Revocación

El funcionario indicó que en el proceso entrega recepción que se dio en diciembre pasado, todas las plazas que estaban en reserva y que no tenían techo presupuestal fueron revocadas de manera inmediata, en total 300.

Javier Villacaña admitió que estas no fueron las únicas irregularidades detectadas en la pasada administración también en el uso de recursos destinados para “cierto uso”, sin mencionar en qué, y se ocuparon en otros fines.

"Hubo recursos que fueron destinados para el uso de teléfonos y se ocuparon para otra cosa. Estos detallitos están obviamente en manos de la Contraloría", informó.

Mientras tanto, no mencionó el costo que implicó la organización del baile para los trabajadores burócratas donde se presentó la cantante Mariana Soane y el Grupo Ilusión, a pesar de que en estos momentos Oaxaca enfrenta una etapa crítica derivada del impacto de fenómenos naturales.