Alejandro Murat: Deuda bajo control
Respecto al proceso de reconstrucción, tras los sismos, el Gobernador de Oaxaca, Alejandro Murat Hinojosa, aclara que adquirir una deuda para este propósito no generará presión ni inestabilidad en las finanzas del estado y refirió que hay tres fuentes de financiamiento que aseguran cuentas estables.
Continúa proceso penal contra exfuncionarios de Gabino; niegan a Arnaud prisión domiciliaria
Rebeca Luna Jiménez
El 25 de septiembre el fiscal anticorrupción, Jorge Emilio Iruegas, dictó auto de vinculación a proceso a Enrique Celso Arnaud Viñas, exsecretario de egresos de la Secretaría de Finanzas, a lo que el inculpado respondió con una solicitud para que se le otorgara la prisión domiciliaria como medida cautelar.
El juez encargado negó a Enrique Celso Arnaud Viñas dicha petición con lo cual, tanto Germán Tenorio como Arnaud Viñas, exfuncionarios del gobierno de Gabino Cué Monteagudo, continuarán su proceso al interior del centro penitenciario de Santa María Ixcotel.
Arnaud Viñas fue detenido en la Ciudad de México por la Fiscalía Anticorrupción junto con Gerardo Cajiga Estrada, el pasado 19 de septiembre.
Junto con Germán Tenorio Vasconcelos ambos exfuncionarios están acusados del delito de peculado por 100 millones de pesos en detrimento del erario.
Aunado a eso, la Secretaría de la Función Pública (SFP) en Oaxaca inició 27 expedientes de responsabilidad administrativa derivados de observaciones de auditorías en la aplicación de tales recursos; en los cuales están involucrados 30 servidores públicos en la entidad.
Cabe señalar que Oaxaca está entre las cinco entidades del país que pueden considerarse como focos rojos, pues su crisis financiera tiene que ver con el mal manejo de los recursos. Las otras tres entidades son Veracruz, Chihuahua y Campeche.
Durante su gestión, Cué Monteagudo cuadriplicó la deuda pública estatal al recibir una deuda de 4 mil 615.4 millones de pesos al inicio de su gestión y dejarla en 20 mil 302 millones 657 mil 489 pesos, al segundo trimestre de 2016, según la Secretaría de Finanzas del gobierno del estado.
Actualmente, Gerardo Cajiga Estrada, exsecretario de Finanzas del gobierno de Gabino Cué Monteagudo, es directivo en el Grupo Financiero Interacciones, ésta es la principal institución financiera privada con la que el gobierno de Oaxaca ha contratado la mayor deuda pública durante el actual sexenio.
A Cajiga Estrada, sus abogados le consiguieron darle la detención domiciliaria, no así a Arnaud Viñas y a Tenorio Vasconcelos. Facebook
Detienen a 15 policías acusados de robo
* La Fiscalía ejecutó las órdenes de aprehensión en contra de los policías estatales que presuntamente participaron en el robo a un rancho en Tuxtepec.
Por Óscar Rodríguez / Foto ambientación
Oaxaca, Oax.- La Fiscalía General del Estado informó sobre la detención de 15 elementos de la Policía Estatal acusados del presunto robo a un rancho en Tuxtepec, en la región de la Cuenca del Papaloapan.
Mediante un comunicado, la Fiscalía indicó que a través de su Agencia Estatal de Investigaciones (AEI), este viernes ejecutó 15 órdenes de aprehensión contra los policías estatales como probables responsables de los delitos de robo calificado, allanamiento de morada y abuso de autoridad.
Los hechos sucedieron en el rancho “La Engorda” del municipio de San Juan Bautista Tuxtepec, el día 13 de octubre del presente año, cuando arribaron al inmueble tres camionetas con la leyenda de la Policía Estatal, de la cual descendieron personas uniformadas con chalecos tácticos para cometer el ilícito.
Al tener conocimiento de los hechos, personal de la Fiscalía General inició con las investigaciones correspondientes sin dejar, en ningún momento, de avanzar en las actuaciones que eran necesarias para definir hechos y determinar responsables.
Una vez teniendo los elementos de prueba necesarios, se solicitó al Juez de Control las órdenes de aprehensión contra los probables responsables.
Por ello, este viernes se dio cumplimiento a los mandatos judiciales contra 15 elementos de la Policía Estatal, mismos que fueron puestos a disposición de la autoridad judicial para definir su situación jurídica.
El titular de la Fiscalía General, Rubén Vasconcelos Méndez refrendó su compromiso con una procuración de justicia imparcial, dirigida a evitar abusos y arbitrariedades y reducir la impunidad.
En tanto, el secretario de Seguridad Pública estatal, Raymundo Tuñón Jaúregui, confirmó la separación del cargo de los 15 elementos de la Policía Estatal comisionados en Tuxtepec, acusados de participar en el saqueo a un rancho de engorda de becerros en la región de la Cuenca.
Expuso que tras ventilarse un video donde se aprecian actividades de la Policía Estatal aparentemente saqueando un rancho, “se actuó de forma inmediata y fueron cesados los elementos policiacos, para dar paso a las investigaciones”.
Señaló que será la Fiscalía General quien determine la responsabilidad tras las investigaciones que lleve a cabo y pueda fincar las responsabilidades por el caso.
Tuñón reiteró que esa conducta no es propia de la corporación, y que el castigo tendrá que ser ejemplar debido a que la premisa de la dependencia es proteger y servir.
Que gobierno transparente nombre de los damnificados
FOTO: AGENCIAS
Álvaro Morales
Oaxaca de Juárez, Oax.- Organizaciones civiles aglutinadas en la plataforma Epicentro demandaron al gobierno federal hacer públicos los censos de daños y afectaciones recabados en las nueve entidades dañadas por los terremotos del siete y 19 de septiembre, así como la metodología que será utilizada para repartir los recursos destinados a la reconstrucción del país.
Los anteriores forman parte de 10 puntos cuyo cumplimiento fue demandado por activistas, académicos y empresarios, un día después de que la Cámara de Diputados federal autorizó para 2018 un monto de 43 mil millones de pesos para la rehabilitación de las zonas afectadas por los movimientos telúricos.
A través de un pronunciamiento público, Epicentro indicó que las autoridades no sólo deben dar máxima publicidad al número de casas siniestradas, sino pormenorizar la cantidad de edificios públicos y toda clase de infraestructura que sufrió deterioros parciales o totales luego de aquellos fenómenos.
Asimismo, exigió que los reportes incluyan el nombre, edad, sexo, etnicidad, discapacidad y dirección de aquellos pobladores que hayan sido tomados en cuenta en el padrón de damnificados, con el objetivo de constatar su existencia y de que efectivamente fueron víctimas.
En cuanto al sistema de distribución de recursos, señaló que, en una plataforma consolidada, debe contemplar las reglas de operación, lineamientos y las variables para la focalización y distribución de los recursos–en dinero y especie–, así como los criterios de elegibilidad y requisitos para acceder a los mismos.
También requirió centrar la reconstrucción en las características de las personas, las necesidades particulares de grupos sociales, el tipo de localidad y su ecosistema local, así como involucrar a las poblaciones afectadas –con énfasis en las niñas y mujeres– en el diseño de las edificaciones, la infraestructura y los servicios que serán reconstruidos; así como asegurar su participación activa, directa, sustantiva y plena en todo el proceso.
“Tras la declaratoria de desastre en 9 entidades federativas y 699 municipios por los sismos ocurridos el 7 y 19 de 2017 en nuestro país, la plataforma cívica #Epicentro busca sentar las bases para una reconstrucción con perspectiva social, que sea resiliente, participativa, incluyente, equitativa, sostenible, efectiva; con criterios de accesibilidad, diseño universal y que contribuya a revertir las desigualdades sociales”, refiere el documento.
Apuntó que la reconstrucción debe poner la dignidad y autonomía de las personas y comunidades afectadas en el centro del proceso y adoptar un enfoque de derechos humanos –con perspectiva de género, infancia, juventudes y discapacidad –que no discrimine ni revictimice a nadie.
Además, también pidió dejar de destruir y conservar los elementos del entorno físico que se puedan recuperar en vez de demolerlos (viviendas, edificios e infraestructura); crear bancos de materiales, reutilizar materiales obtenidos tras los derrumbes o demoliciones y gestionar adecuadamente aquellos imposibles de reutilizar, así como garantizar recursos económicos suficientes para cubrir la asistencia técnica tanto para la mejora como para la construcción de nuevas viviendas.
Otro de los puntos demanda promover la producción social de la vivienda y el hábitat respetando las formas, estilos de vida, arquitectura, vocación productiva y las cosmovisiones de las personas y comunidades afectadas; y utilizando materiales y sistemas constructivos locales y tradicionales; reducir riesgos preexistentes, aprender de los errores, fortalecer capacidades locales y no generar nuevos riesgos que incrementan la probabilidad de que los fenómenos naturales se conviertan en desastres.
Asimismo, establecer medios para la recepción, sistematización, canalización y resolución de quejas, denuncias, reportes o controversias relacionadas con impactos negativos del proceso de reconstrucción; y no otorgar recursos para la reconstrucción a empresas con antecedentes de violaciones o afectaciones a los derechos humanos.
Fortalecer la infraestructura para la provisión de servicios públicos de cuidado accesibles, aceptables y de calidad –principalmente para niñas y niños, personas adultas mayores y personas con discapacidad–; y acompañar en el proceso de reconstrucción a las poblaciones afectadas para asegurar su máximo nivel posible de salud física y mental mismas –especialmente de personas con enfermedades crónicas y con estrés post traumático, depresión o ansiedad–.
Por último, subrayó que la reconstrucción se debe planear integralmente considerando los múltiples daños, afectaciones, pérdidas y gastos adicionales –a distintas escalas y plazos– y las dimensiones físicas, sociales, económicas, legales, arquitectónicas, culturales, ambientales, políticas e institucionales de los mismos.
Los anteriores forman parte de 10 puntos cuyo cumplimiento fue demandado por activistas, académicos y empresarios, un día después de que la Cámara de Diputados federal autorizó para 2018 un monto de 43 mil millones de pesos para la rehabilitación de las zonas afectadas por los movimientos telúricos.
A través de un pronunciamiento público, Epicentro indicó que las autoridades no sólo deben dar máxima publicidad al número de casas siniestradas, sino pormenorizar la cantidad de edificios públicos y toda clase de infraestructura que sufrió deterioros parciales o totales luego de aquellos fenómenos.
Asimismo, exigió que los reportes incluyan el nombre, edad, sexo, etnicidad, discapacidad y dirección de aquellos pobladores que hayan sido tomados en cuenta en el padrón de damnificados, con el objetivo de constatar su existencia y de que efectivamente fueron víctimas.
En cuanto al sistema de distribución de recursos, señaló que, en una plataforma consolidada, debe contemplar las reglas de operación, lineamientos y las variables para la focalización y distribución de los recursos–en dinero y especie–, así como los criterios de elegibilidad y requisitos para acceder a los mismos.
También requirió centrar la reconstrucción en las características de las personas, las necesidades particulares de grupos sociales, el tipo de localidad y su ecosistema local, así como involucrar a las poblaciones afectadas –con énfasis en las niñas y mujeres– en el diseño de las edificaciones, la infraestructura y los servicios que serán reconstruidos; así como asegurar su participación activa, directa, sustantiva y plena en todo el proceso.
“Tras la declaratoria de desastre en 9 entidades federativas y 699 municipios por los sismos ocurridos el 7 y 19 de 2017 en nuestro país, la plataforma cívica #Epicentro busca sentar las bases para una reconstrucción con perspectiva social, que sea resiliente, participativa, incluyente, equitativa, sostenible, efectiva; con criterios de accesibilidad, diseño universal y que contribuya a revertir las desigualdades sociales”, refiere el documento.
Apuntó que la reconstrucción debe poner la dignidad y autonomía de las personas y comunidades afectadas en el centro del proceso y adoptar un enfoque de derechos humanos –con perspectiva de género, infancia, juventudes y discapacidad –que no discrimine ni revictimice a nadie.
Además, también pidió dejar de destruir y conservar los elementos del entorno físico que se puedan recuperar en vez de demolerlos (viviendas, edificios e infraestructura); crear bancos de materiales, reutilizar materiales obtenidos tras los derrumbes o demoliciones y gestionar adecuadamente aquellos imposibles de reutilizar, así como garantizar recursos económicos suficientes para cubrir la asistencia técnica tanto para la mejora como para la construcción de nuevas viviendas.
Otro de los puntos demanda promover la producción social de la vivienda y el hábitat respetando las formas, estilos de vida, arquitectura, vocación productiva y las cosmovisiones de las personas y comunidades afectadas; y utilizando materiales y sistemas constructivos locales y tradicionales; reducir riesgos preexistentes, aprender de los errores, fortalecer capacidades locales y no generar nuevos riesgos que incrementan la probabilidad de que los fenómenos naturales se conviertan en desastres.
Asimismo, establecer medios para la recepción, sistematización, canalización y resolución de quejas, denuncias, reportes o controversias relacionadas con impactos negativos del proceso de reconstrucción; y no otorgar recursos para la reconstrucción a empresas con antecedentes de violaciones o afectaciones a los derechos humanos.
Fortalecer la infraestructura para la provisión de servicios públicos de cuidado accesibles, aceptables y de calidad –principalmente para niñas y niños, personas adultas mayores y personas con discapacidad–; y acompañar en el proceso de reconstrucción a las poblaciones afectadas para asegurar su máximo nivel posible de salud física y mental mismas –especialmente de personas con enfermedades crónicas y con estrés post traumático, depresión o ansiedad–.
Por último, subrayó que la reconstrucción se debe planear integralmente considerando los múltiples daños, afectaciones, pérdidas y gastos adicionales –a distintas escalas y plazos– y las dimensiones físicas, sociales, económicas, legales, arquitectónicas, culturales, ambientales, políticas e institucionales de los mismos.
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