Hay intención de levantarse del TLC; ‘preferible, esperar relevo de Trump’
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| DIGNIDAD. Enrique Solana, presidente de la Concanaco Servytur; Juan Pablo Castañón, presidente del Consejo Coordinador Empresarial, y Gustavo de Hoyos, presidente de la Coparmex. Foto: Elizabeth Velázquez |
KARLA PONCE
CIUDAD DE MÉXICO.
Si Estados Unidos insiste en imponer medidas proteccionistas existe la posibilidad de que México abandone la mesa de negociaciones del Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN).
Lo anterior lo advirtió Juan Pablo Castañón, presidente del Consejo Coordinador Empresarial y del Consejo Consultivo Estratégico de Negociaciones Internacionales en conferencia de prensa.
Por su parte, el presidente del Consejo Nacional Agropecuario, Bosco de la Vega, dijo que un plan B es la adopción de las reglas de la Organización Mundial del Comercio (OMC), las cuales contemplan aranceles promedio de 4.5%.
Es preferible esperar dos años y medio a que llegue otro presidente en EU, con las reglas de la OMC, que un mal acuerdo por 25 años”, agregó el dirigente empresarial.
Castañón consideró como “inaceptable” establecer barreras a la exportación de frutas y hortalizas mexicanas durante la temporada de producción del vecino del norte.
MÉXICO SÍ ANALIZA SALIRSE DEL TLCAN
Existe la posibilidad de que México se levante de la mesa de negociaciones del Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN) si Estados Unidos insiste en imponer medidas proteccionistas, reconoció por primera vez Juan Pablo Castañón, presidente del Consejo Coordinador Empresarial (CCE) y del Consejo Consultivo Estratégico de Negociaciones Internacionales (CCENI), organismo que en conjunto con las autoridades federales diseña la estrategia con la que se enfrenta la modernización del acuerdo.
A una semana de que inicie la cuarta ronda de negociaciones trilaterales, el dirigente consideró “inaceptable” el endurecimiento de las propuestas estadunidenses, en referencia a su intención de establecer barreras a la exportación de frutas y hortalizas mexicanas durante la temporada de producción del vecino del norte.
“El agroalimentario es uno de los sectores económicos que sentíamos más seguros en el proceso de negociación porque es complementario del suyo: mandamos hortalizas, nos mandan granos, pero acabamos de recibir la embestida más grande en la ronda de Ottawa. La crisis geopolítica más grande del México moderno se está viviendo hoy”, indicó Bosco de la Vega, presidente del Consejo Nacional Agropecuario (CNA).
Destacó que en caso de que no se alcance un acuerdo de libre comercio sin medidas proteccionistas, México cuenta con un plan B, que lo constituyen las reglas de la Organización Mundial del Comercio (OMC), las cuales contemplan aranceles promedio de 4.5 por ciento. “La posición de nuestro gobierno ha sido firme: no se aceptarán barreras al comercio por eso tenemos listo un plan alterno”.
Castañón indicó que éste también contempla una mayor apertura al mundo con el objetivo de encontrar nuevos socios comerciales que puedan compensar el comercio que se perdería con los vecinos del norte.
Los granos que traemos de Estados Unidos y de Canadá tendríamos que traerlos de Sudamérica, también tendríamos que aprovechar nuestra conectividad con Europa para promover el acceso tecnológico que requieren las pequeñas empresas para detonar el valor agregado de nuestra economía”.
De la Vega aseguró que México “intentará aguantar” las siete rondas de negociación que acordaron los tres países para modernizar el acuerdo, que entró en vigor en 1994, siempre y cuando éstas se lleven a cabo con “respeto y dignidad”.
Estamos claros de que un hombre como el presidente Donald Trump no puede destruir lo que han construido generaciones… un capricho no puede destruir todo un gran proceso… somos complementarios”. Dijo que por ello, el plan B adicionalmente contempla reconstruir la relación con Estados Unidos. “Preferimos una salida digna del TLCAN, y aguantar dos años y medio con las reglas de la OMC, para luego esperar al siguiente presidente de Estados Unidos y de Canadá, para llegar a otro nuevo acuerdo, que hacer un mal acuerdo que nos marcaría por los próximos 25 años”.
Plantea IP dejar TLC ante ataques de EU
El país vecino propone no comprar frutas ni hortalizas a México cuando sea autosuficiente; CCE avala planteamiento del sector agroalimentario.
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| Presentación de la agenda pública del sector empresarial. (Octavio Hoyos) |
México
Por primera vez desde que arrancaron las rondas de renegociación del Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLC), el sector privado mexicano, en apoyo al campo, planteó la posibilidad de levantarse de la mesa ante las propuestas adversas por parte de Estados Unidos.
Durante la presentación de la agenda pública del sector privado, Juan Pablo Castañón, presidente del Consejo Coordinador Empresarial (CCE), advirtió que en esta negociación hay importantes riesgos.
“Existe la posibilidad de que nos levantemos de la mesa. La causa es que no podemos cumplir con lo que los socios nos pidan en circunstancias que ya no son la realidad de México”, señaló el representante de la IP.
En el escenario de que el tratado se diera por concluido, destacó, además de adecuar a manera de “espejo” la relación bilateral con Canadá y Estados Unidos, México se debe seguir abriendo al mundo y conectarse con Sudamérica.
Explicó que los granos que se traen de EU y Canadá para complementar la producción nacional se deben importar de Sudamérica. Asimismo, una mayor conectividad con Europa le daría al país el acceso tecnológico que requieren las pequeñas y medianas empresas para crear valor agregado a la economía.
“Si con nuestros actuales socios comerciales más fuertes no se puede seguir con esta intensidad, los encontraremos en el mundo. Nuestra mayor fortaleza está en el interior del país; es la realidad que vemos”, apuntó Castañón.
El presidente del CCE señaló que México cuenta con producción tecnológica y aeronáutica, además es el quinto exportador en materia automotriz y la décimo segunda potencia agroalimentaria. “Vivimos en una realidad muy diferente respecto a la de hace 25 años”.
Sobre las posturas de Canadá, indicó que van relacionadas con la laboral y realidades ambientalistas, donde México va muy adelante de lo esperado y cumple con las posiciones globales.
“Son asuntos que vamos superando desde las negociaciones del Tratado de Asociación Transpacífico (TPP)”, dijo.
Bosco de la Vega, presidente del Consejo Nacional Agropecuario (CNA), resaltó que en la tercera ronda de renegociaciones del TLC se dio la primera “embestida” de Estados Unidos a México en el sector agropecuario y textil.
Detalló que EU puso sobre la mesa el tema de la estacionalidad para todas las frutas y hortalizas. “Ellos no quieren exportaciones de México cuando tengan producción, entonces van a poner barreras al comercio, situación que es inaceptable”.
En ese contexto, aseguró que el CNA prefiere una salida digna del tratado y aguantar dos años y medio con las reglas de la OMC, de manera que lleguen nuevos presidentes en EU y Canadá con los que se pueda llegar a un nuevo acuerdo, lo que es mejor a un mal acuerdo que los marque por los próximos 25 años.
“El tema es cómo fortalecemos la región, ese es el deseo, de lo contrario la gran oportunidad será para China. El privilegio es que tenemos el plan B, que son las reglas de la OMC, que establecen aranceles promedio de alrededor de 4.5 por ciento”, destacó.
Bosco señaló que faltan cuatro de las siete rondas de negociación pactadas, a las que México irá con respeto y dignidad.
“Un hombre como el presidente de EU, Donald Trump, no puede destruir lo que han construido generaciones, no es un tema que sea capricho de uno solo, somos complementarios”, resaltó.
Recordó que los textos tienen un acuerdo de confidencialidad, pero existe temas que afectarán por los siguientes dos años a la industria textil, al igual que son pésimas noticias para el sector agroalimentario. “Confiamos en nuestro gobierno y desde la IP estamos empujando”.
Acusan a Ricardo Anaya de fraude en el PAN
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Miguel Ángel Toscano, ex titular de la Cofepris, denunció ante el Instituto Nacional Electoral (INE) al dirigente nacional del PAN, Ricardo Anaya, y al secretario general, Damián Zepeda, por “fraude” al “alterar” los estatutos panistas, lo que le permite permanecer en el cargo hasta un día antes del registro de precandidaturas a la Presidencia.
Con la modificación de la normativa, Anaya evitó renunciar un día antes del inicio del proceso electoral —el pasado 8 de septiembre— y se beneficia directamente de recursos y exposición mediática como dirigente del partido y aspirante presidencial.
De acuerdo con Toscano, el INE debe inhabilitar al líder blanquiazul para contender por la Presidencia debido a que, al ser alterados de manera irregular los estatutos, deben ser anulados y mantenerse la normativa anterior. Anaya entonces habría perdido la oportunidad de registrarse porque el plazo venció el 7 de septiembre.
En la demanda que presentó este lunes 2 de octubre ante el INE, Toscano explica que en la XVIII Asamblea Nacional del PAN, que se llevó a cabo el 21 de noviembre de 2015, el panista Diego Dávila presentó una reserva, que fue aprobada, para que los presidentes, secretarios generales y tesoreros de los comités municipales pudieran permanecer en sus puestos hasta un día antes de registrarse como precandidatos en caso de que les interesara competir por un puesto de elección popular.
Sin embargo, Toscano aseguró que se “alteró” el acta certificada del Notario Público 5 del entonces Distrito Federal, Alfonso Zermeño Infante, quien en su documento oficial relató que el espíritu de la reserva de Diego Dávila sólo involucraba a los funcionarios panistas a nivel municipal, pero al publicar la reforma de estatutos en el Diario Oficial al documento panista se agregaron que también aplicaría para los integrantes del Comité Ejecutivo Nacional (CEN) y las dirigencias estatales del blanquiazul.
“Me permito proponer se modifique el artículo 48, numeral cuatro, del proyecto de estatutos que se somete a nuestra consideración, para quedar en los siguientes términos: ‘Sin perjuicio de las licencias a las que hacen referencia los párrafos anteriores, los presidentes, secretarios generales, tesoreros y comisiones directivas provisionales y comités directivos o delegaciones municipales que decidan contender como candidatos del partido a cargos de elección popular durante el periodo para el cual fueron electos, como dije antes, deberán renunciar o pedir licencia al menos un día antes de la solicitud de registro como precandidato en los tiempos que señale la convocatoria interna correspondiente’”, afirmó desde el presidium Diego Dávila aquel 21 de noviembre de 2015.
En entrevista con EL UNIVERSAL, el también ex diputado federal y ahora consultor explica que claramente el espíritu de la reserva aprobada va dirigida solamente para las dirigencias municipales y no para los integrantes del Comité Ejecutivo Nacional del partido.
“Para nosotros está muy claro lo que procede cuando hay un acta que fue aprobada en una asamblea y en este caso hasta notariada, pues es un fraude, hay muchas jurisprudencias. Imaginémonos cuando un acta de una asamblea de una empresa se falsifica, lo que sucede ahí claramente es que se da por nula toda esa acta.
“El INE lo que tendría que hacer es ordenar al PAN que quede nula toda la reforma de estatutos y que rectifique si sólo ese o algún otro artículo tiene errores, porque no cambian la forma, sino el fondo”, dijo Miguel Ángel Toscano.
“Son unos tramposos, me di cuenta leyendo. Cuando uno lee el acta notariada de Alfonso Zermeño, donde claramente se establece la reserva que se hizo del artículo 48 de la reforma de estatutos, y el militante Diego Dávila presenta la reserva, ésta está exclusivamente encaminada a los presidentes municipales”, dijo.
Ajuste en beneficio de líder blanquiazul. En los documentos que el PAN presentó ante el INE y que fueron publicados en el Diario Oficial el viernes 1 de abril de 2016 se agregó que los funcionarios del CEN panista y de las dirigencias estatales también tendrían el beneficio de solicitar licencia hasta un día antes de registrarse como precandidatos, en caso de buscar un cargo de elección popular.
“Sin perjuicio de las licencias a las que hacen referencia los párrafos anteriores, los presidentes, secretarios generales, tesoreros y secretarios del Comité Ejecutivo Nacional, de los comités directivos estatales o comisiones directivas provisionales y Comités Directivos o delegaciones municipales, que decidan contender como candidatos del partido a cargos de elección popular durante el periodo para el cual fueron electos como dirigentes, deberán renunciar o pedir licencia al menos un día antes de la solicitud de registro como precandidato en los tiempos que señale la convocatoria interna correspondiente”, cita textualmente el artículo 58, numeral cuatro de los estatutos.
Toscano explicó que esta modificación quedó asentada en el numeral cuatro del artículo 58 debido a que se agregaron diversos artículos antes.
“Acuso directamente de falsificar esta acta a Ricardo Anaya y a Damián Zepeda, que es su secretario general, pero a ellos dos. Damián Zepeda es brazo derecho de Ricardo Anaya, y es su operador, pues evidentemente él supo de esta modificación”, dijo Miguel Ángel Toscano.
Solicita inhabilitación. Toscano informó que con esta demanda busca que el Instituto Nacional Electoral anule la modificación al numeral cuatro del artículo 58 de la reforma de estatutos y, en su caso, permanezca la redacción anterior que establece que los funcionarios del partido que busquen ser abanderados en el siguiente proceso electoral tendrían que renunciar o solicitar licencia a su cargo un día antes de que inicie formalmente el proceso electoral.
Por ello, solicita al instituto inhabilitar a Ricardo Anaya para participar en la contienda interna por la candidatura del PAN a la Presidencia de la República, porque debió haber renunciado un día antes del 8 de septiembre, que fue cuando inició el proceso electoral federal para 2018.
“Buscamos que el INE resuelva rápido y ordene la reposición del artículo que sí fue aprobado; por lo tanto, esto deja fuera de la contienda a Ricardo Anaya”, añadió.
Con los estatutos vigentes de Acción Nacional, Ricardo Anaya puede quedarse en el cargo hasta un día antes de que el partido defina el inicio de la precampaña interna, que podría ser a fines de noviembre o a finales de diciembre.
“No hay reglas del juego, la Comisión Permanente del PAN no ha aprobado las reglas del juego, simplemente están estirando la liga lo más que se pueda porque, insisto, no es lo mismo ser presidente del partido, con todo lo que ello implica, como los reflectores y los spots, y que hizo un uso desmedido de los recursos públicos. Hoy justamente lo que queremos es que el INE haga justicia”, agregó.
Puntualizó que se observa una evidente modificación en el fondo.
“Es válido que una comisión redactora diga que faltó una coma, cuestiones de forma, pero el hecho de cambiar un artículo ya aprobado, agregar al CEN... eso sí es una alteración y eso sí se considera un fraude”, dijo Toscano.
Con la modificación de la normativa, Anaya evitó renunciar un día antes del inicio del proceso electoral —el pasado 8 de septiembre— y se beneficia directamente de recursos y exposición mediática como dirigente del partido y aspirante presidencial.
De acuerdo con Toscano, el INE debe inhabilitar al líder blanquiazul para contender por la Presidencia debido a que, al ser alterados de manera irregular los estatutos, deben ser anulados y mantenerse la normativa anterior. Anaya entonces habría perdido la oportunidad de registrarse porque el plazo venció el 7 de septiembre.
En la demanda que presentó este lunes 2 de octubre ante el INE, Toscano explica que en la XVIII Asamblea Nacional del PAN, que se llevó a cabo el 21 de noviembre de 2015, el panista Diego Dávila presentó una reserva, que fue aprobada, para que los presidentes, secretarios generales y tesoreros de los comités municipales pudieran permanecer en sus puestos hasta un día antes de registrarse como precandidatos en caso de que les interesara competir por un puesto de elección popular.
Sin embargo, Toscano aseguró que se “alteró” el acta certificada del Notario Público 5 del entonces Distrito Federal, Alfonso Zermeño Infante, quien en su documento oficial relató que el espíritu de la reserva de Diego Dávila sólo involucraba a los funcionarios panistas a nivel municipal, pero al publicar la reforma de estatutos en el Diario Oficial al documento panista se agregaron que también aplicaría para los integrantes del Comité Ejecutivo Nacional (CEN) y las dirigencias estatales del blanquiazul.
“Me permito proponer se modifique el artículo 48, numeral cuatro, del proyecto de estatutos que se somete a nuestra consideración, para quedar en los siguientes términos: ‘Sin perjuicio de las licencias a las que hacen referencia los párrafos anteriores, los presidentes, secretarios generales, tesoreros y comisiones directivas provisionales y comités directivos o delegaciones municipales que decidan contender como candidatos del partido a cargos de elección popular durante el periodo para el cual fueron electos, como dije antes, deberán renunciar o pedir licencia al menos un día antes de la solicitud de registro como precandidato en los tiempos que señale la convocatoria interna correspondiente’”, afirmó desde el presidium Diego Dávila aquel 21 de noviembre de 2015.
En entrevista con EL UNIVERSAL, el también ex diputado federal y ahora consultor explica que claramente el espíritu de la reserva aprobada va dirigida solamente para las dirigencias municipales y no para los integrantes del Comité Ejecutivo Nacional del partido.
“Para nosotros está muy claro lo que procede cuando hay un acta que fue aprobada en una asamblea y en este caso hasta notariada, pues es un fraude, hay muchas jurisprudencias. Imaginémonos cuando un acta de una asamblea de una empresa se falsifica, lo que sucede ahí claramente es que se da por nula toda esa acta.
“El INE lo que tendría que hacer es ordenar al PAN que quede nula toda la reforma de estatutos y que rectifique si sólo ese o algún otro artículo tiene errores, porque no cambian la forma, sino el fondo”, dijo Miguel Ángel Toscano.
“Son unos tramposos, me di cuenta leyendo. Cuando uno lee el acta notariada de Alfonso Zermeño, donde claramente se establece la reserva que se hizo del artículo 48 de la reforma de estatutos, y el militante Diego Dávila presenta la reserva, ésta está exclusivamente encaminada a los presidentes municipales”, dijo.
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“Sin perjuicio de las licencias a las que hacen referencia los párrafos anteriores, los presidentes, secretarios generales, tesoreros y secretarios del Comité Ejecutivo Nacional, de los comités directivos estatales o comisiones directivas provisionales y Comités Directivos o delegaciones municipales, que decidan contender como candidatos del partido a cargos de elección popular durante el periodo para el cual fueron electos como dirigentes, deberán renunciar o pedir licencia al menos un día antes de la solicitud de registro como precandidato en los tiempos que señale la convocatoria interna correspondiente”, cita textualmente el artículo 58, numeral cuatro de los estatutos.
Toscano explicó que esta modificación quedó asentada en el numeral cuatro del artículo 58 debido a que se agregaron diversos artículos antes.
“Acuso directamente de falsificar esta acta a Ricardo Anaya y a Damián Zepeda, que es su secretario general, pero a ellos dos. Damián Zepeda es brazo derecho de Ricardo Anaya, y es su operador, pues evidentemente él supo de esta modificación”, dijo Miguel Ángel Toscano.
Solicita inhabilitación. Toscano informó que con esta demanda busca que el Instituto Nacional Electoral anule la modificación al numeral cuatro del artículo 58 de la reforma de estatutos y, en su caso, permanezca la redacción anterior que establece que los funcionarios del partido que busquen ser abanderados en el siguiente proceso electoral tendrían que renunciar o solicitar licencia a su cargo un día antes de que inicie formalmente el proceso electoral.
Por ello, solicita al instituto inhabilitar a Ricardo Anaya para participar en la contienda interna por la candidatura del PAN a la Presidencia de la República, porque debió haber renunciado un día antes del 8 de septiembre, que fue cuando inició el proceso electoral federal para 2018.
“Buscamos que el INE resuelva rápido y ordene la reposición del artículo que sí fue aprobado; por lo tanto, esto deja fuera de la contienda a Ricardo Anaya”, añadió.
Con los estatutos vigentes de Acción Nacional, Ricardo Anaya puede quedarse en el cargo hasta un día antes de que el partido defina el inicio de la precampaña interna, que podría ser a fines de noviembre o a finales de diciembre.
“No hay reglas del juego, la Comisión Permanente del PAN no ha aprobado las reglas del juego, simplemente están estirando la liga lo más que se pueda porque, insisto, no es lo mismo ser presidente del partido, con todo lo que ello implica, como los reflectores y los spots, y que hizo un uso desmedido de los recursos públicos. Hoy justamente lo que queremos es que el INE haga justicia”, agregó.
Puntualizó que se observa una evidente modificación en el fondo.
“Es válido que una comisión redactora diga que faltó una coma, cuestiones de forma, pero el hecho de cambiar un artículo ya aprobado, agregar al CEN... eso sí es una alteración y eso sí se considera un fraude”, dijo Toscano.
Demanda Carstens acabar corrupción
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Agustín Carstens, Gobernador del Banco de México. |
Cd. de México México
Para que México alcance un verdadero desarrollo económico, es indispensable combatir la impunidad y la corrupción, señaló el Gobernador del Banco de México, Agustín Carstens.
En entrevista con REFORMA, indicó que una de las mayores demandas sociales es garantizar el Estado de derecho, pieza fundamental para que el País logre un mejor desempeño económico.
"Hace 25 años hubo una demanda social de que había que acabar con la inflación porque era un impuesto lacerante. Ahora, el reclamo de la sociedad es sobre derecho, Estado de derecho, certidumbre jurídica y no corrupción.
"Ése es el tema que nos falta llevar a cabo para cerrar el círculo y realmente tener un desempeño económico mucho mejor. Es indiscutible que estos tres temas que acabo de mencionar siguen incidiendo sobre el crecimiento y desarrollo del País", afirmó Carstens.
Información del Instituto Mexicano para la Competitividad señala que el costo económico de la corrupción en México representó 9 por ciento del PIB en 2015.
El Gobernador del Banxico afirmó que el mejor escenario para México sería mantener el Tratado de Libre Comercio (TLC) pero que resulta difícil pronosticar si se concretará.
Sin embargo, indicó que México ya ganó con el acuerdo comercial.
"¿Qué es lo que yo pienso? Desde mi punto de vista, lo que nos deja el TLC: nos dio la confianza de poder competir en el mundo.
"México era un país muy reticente a la competencia. México era un país que su empresariado buscaba la protección del Gobierno, donde se ponía mucho peso en el actuar del Gobierno, de tal manera que llegó un punto en que esa presión nos dobló", dijo.
"Ahora", agregó, "tenemos un empresariado mucho más pujante, tenemos una economía mucho más completa, con mejores costos de producción. Si seguimos con las reformas estructurales, eso va a mejorar".
En cuanto a la actual contingencia generada por los sismos, Carstens reiteró que el Gobierno federal cuenta con los recursos necesarios para hacer frente a los daños y que el reto será la distribución correcta de esta ayuda hacia los damnificados.
"El problema no va a ser la disponibilidad de recursos. El tema, yo creo que es un tema muy importante: es cómo se va a ejecutar eso y cómo se va a llevar la ayuda oportuna a la sociedad", explicó.
Así, a dos meses de dejar el Banco de México para dirigir el Banco de Pagos Internacionales, con sede en Suiza, Carstens asegura que su mayor legado es haber fortalecido al Banxico como institución, aunque, afirmó, le habría gustado que la fotografía final fuera distinta en términos de inflación.
"Nos ha tocado un mar picado", dijo.
En entrevista con REFORMA, indicó que una de las mayores demandas sociales es garantizar el Estado de derecho, pieza fundamental para que el País logre un mejor desempeño económico.
"Hace 25 años hubo una demanda social de que había que acabar con la inflación porque era un impuesto lacerante. Ahora, el reclamo de la sociedad es sobre derecho, Estado de derecho, certidumbre jurídica y no corrupción.
"Ése es el tema que nos falta llevar a cabo para cerrar el círculo y realmente tener un desempeño económico mucho mejor. Es indiscutible que estos tres temas que acabo de mencionar siguen incidiendo sobre el crecimiento y desarrollo del País", afirmó Carstens.
Información del Instituto Mexicano para la Competitividad señala que el costo económico de la corrupción en México representó 9 por ciento del PIB en 2015.
El Gobernador del Banxico afirmó que el mejor escenario para México sería mantener el Tratado de Libre Comercio (TLC) pero que resulta difícil pronosticar si se concretará.
Sin embargo, indicó que México ya ganó con el acuerdo comercial.
"¿Qué es lo que yo pienso? Desde mi punto de vista, lo que nos deja el TLC: nos dio la confianza de poder competir en el mundo.
"México era un país muy reticente a la competencia. México era un país que su empresariado buscaba la protección del Gobierno, donde se ponía mucho peso en el actuar del Gobierno, de tal manera que llegó un punto en que esa presión nos dobló", dijo.
"Ahora", agregó, "tenemos un empresariado mucho más pujante, tenemos una economía mucho más completa, con mejores costos de producción. Si seguimos con las reformas estructurales, eso va a mejorar".
En cuanto a la actual contingencia generada por los sismos, Carstens reiteró que el Gobierno federal cuenta con los recursos necesarios para hacer frente a los daños y que el reto será la distribución correcta de esta ayuda hacia los damnificados.
"El problema no va a ser la disponibilidad de recursos. El tema, yo creo que es un tema muy importante: es cómo se va a ejecutar eso y cómo se va a llevar la ayuda oportuna a la sociedad", explicó.
Así, a dos meses de dejar el Banco de México para dirigir el Banco de Pagos Internacionales, con sede en Suiza, Carstens asegura que su mayor legado es haber fortalecido al Banxico como institución, aunque, afirmó, le habría gustado que la fotografía final fuera distinta en términos de inflación.
"Nos ha tocado un mar picado", dijo.
IP: posible, abandonar negociación del TLCAN
El sector privado planteó la posibilidad de dejar la negociación del TLCAN y esperar al siguiente presidente de EU para llegar a un nuevo acuerdo, si hay condiciones que México no pueda cumplir.
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Por primera vez desde que iniciaron las rondas para la modernización del Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN), el sector privado del país planteó la posibilidad de dejar la negociación si hay condiciones que México no pueden cumplir y es mejor esperar al siguiente presidente de Estados Unidos para llegar a un nuevo acuerdo.
“En esta negociación existen riesgos importantes y cabe la posibilidad de que nos levantemos de la mesa por la razón de que los socios pidan circunstancias que México no pueda cumplir, que no van con la realidad de hoy”, dijo Juan Pablo Castañón, presidente del CCE.
En el marco de la presentación de la Agenda Pública del Sector Privado, dijo que el objetivo en la modernización del TLCAN es fortalecer la competitividad regional de América del Norte.
“En el caso de que no tuviéramos TLCAN, además de adecuar en materia de espejo nuestra relación bilateral con los dos socios, tenemos que seguir abriéndonos al mundo”, señaló.
Bosco de la Vega, presidente del Consejo Nacional Agropecuario (CNA), dijo que el tema es fortalecer la región ante China, pero si no es posible, se apostará por el plan ‘B’, de trabajar bajo las reglas de la Organización Mundial de Comercio (OMC), con aranceles promedio de cuatro por ciento.
“Preferimos una salida digna del TLCAN y aguantar dos años y medio con las reglas de la OMC para esperar al siguiente presidente de Estados Unidos y de Canadá para llegar a un nuevo acuerdo, que hacer un mal acuerdo que nos marcaría por los próximos 25 años”, dijo.
Moisés Kalach, coordinador del Consejo Consultivo de Negociaciones Internacionales del CCE, señaló que hasta ahora el ‘Cuarto de Junto’ ha coincidido con las posiciones del gobierno mexicano, pero destacó que su objetivo es defender los intereses de las empresas.
Sin tratado, menos aranceles
Si el TLCAN no sobrevive a su modernización, entrarían en operación aranceles, por lo que México podría optar por reducir los que aplica a la importación de productos, a la par de los de Estados Unidos, sugirió Luis Robles, presidente del consejo de administración de BBVA Bancomer.
Como ambos países son miembros de la OMC, entonces, entrarían en acción los aranceles de Nación Más Favorecida (NMF), pero en el caso de México son mayores que en Estados Unidos, por lo que para ellos sería más caro exportar a México que para los mexicanos venderle al vecino del norte.
“Aunque no hubiera Tratado de Libre Comercio, en la medida en la que México baje sus aranceles de manera similar o idéntica a los Estados Unidos, el comercio en la región seguirá”, dijo Robles.
Fausto Cuevas, director de la Asociación Mexicana de la Industria Automotriz (AMIA), indicó que el sector no quiere cambios en el contenido regional, ni aranceles especiales, ya que estas empresas dependen del libre comercio.
*Con información de Víctor Piz, Valente Villamil y Axel Sánchez
“En esta negociación existen riesgos importantes y cabe la posibilidad de que nos levantemos de la mesa por la razón de que los socios pidan circunstancias que México no pueda cumplir, que no van con la realidad de hoy”, dijo Juan Pablo Castañón, presidente del CCE.
En el marco de la presentación de la Agenda Pública del Sector Privado, dijo que el objetivo en la modernización del TLCAN es fortalecer la competitividad regional de América del Norte.
“En el caso de que no tuviéramos TLCAN, además de adecuar en materia de espejo nuestra relación bilateral con los dos socios, tenemos que seguir abriéndonos al mundo”, señaló.
Bosco de la Vega, presidente del Consejo Nacional Agropecuario (CNA), dijo que el tema es fortalecer la región ante China, pero si no es posible, se apostará por el plan ‘B’, de trabajar bajo las reglas de la Organización Mundial de Comercio (OMC), con aranceles promedio de cuatro por ciento.
“Preferimos una salida digna del TLCAN y aguantar dos años y medio con las reglas de la OMC para esperar al siguiente presidente de Estados Unidos y de Canadá para llegar a un nuevo acuerdo, que hacer un mal acuerdo que nos marcaría por los próximos 25 años”, dijo.
Moisés Kalach, coordinador del Consejo Consultivo de Negociaciones Internacionales del CCE, señaló que hasta ahora el ‘Cuarto de Junto’ ha coincidido con las posiciones del gobierno mexicano, pero destacó que su objetivo es defender los intereses de las empresas.
Sin tratado, menos aranceles
Si el TLCAN no sobrevive a su modernización, entrarían en operación aranceles, por lo que México podría optar por reducir los que aplica a la importación de productos, a la par de los de Estados Unidos, sugirió Luis Robles, presidente del consejo de administración de BBVA Bancomer.
Como ambos países son miembros de la OMC, entonces, entrarían en acción los aranceles de Nación Más Favorecida (NMF), pero en el caso de México son mayores que en Estados Unidos, por lo que para ellos sería más caro exportar a México que para los mexicanos venderle al vecino del norte.
“Aunque no hubiera Tratado de Libre Comercio, en la medida en la que México baje sus aranceles de manera similar o idéntica a los Estados Unidos, el comercio en la región seguirá”, dijo Robles.
Fausto Cuevas, director de la Asociación Mexicana de la Industria Automotriz (AMIA), indicó que el sector no quiere cambios en el contenido regional, ni aranceles especiales, ya que estas empresas dependen del libre comercio.
*Con información de Víctor Piz, Valente Villamil y Axel Sánchez
El sismo dejó en Iztapalapa 150 mil personas damnificadas: Anguiano
Completan la emergencia 127 escuelas afectadas y un millón 500 mil habitantes sin agua, dice
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| Edificio multifamiliar colapsado en Paseo de las Galias, en Lomas EstrellaFoto Víctor Camacho |
La delegación Iztapalapa resultó la más afectada por el sismo registrado en Ciudad de México, el cual dejó 150 mil damnificados, 12 mil 500 viviendas dañadas –de las cuales 4 mil 500 tendrán que demolerse– y 127 escuelas afectadas.
A ello se suma un millón 500 mil habitantes sin agua, equivalente a 75 por ciento de su población, además de la presencia de 125 socavones, algunos con una profundidad de casi un metro, principalmente en las colonias y pueblos ubicados en la zona de grietas y el llamado cinturón verde.
La jefa delegacional, Dione Anguiano Flores, comenta: ‘‘Vivimos una situación de emergencia porque en cuestión de segundos miles de personas perdieron su vivienda, su patrimonio; se trata de la gente de menores recursos en la ciudad, por lo que necesitamos que los apoyos locales y federales fluyan’’.
Tras continuar con el censo de los inmuebles afectados por los sismos de septiembre, el cual será entregado el próximo jueves al subsecretario de Gobierno, Guillermo Orozco Loreto, Anguiano llamó a las autoridades y legisladores a ‘‘actuar para que la gente salga lo más rápido posible de esta situación de desgracia’’.
En términos cuantitativos, la funcionaria comentó que los daños en la demarcación fueron mayores que en el corredor Roma-Condesa, Narvarte, Santa Cruz Atoyac o Del Valle, porque los sismos activaron la zona de grietas y dañaron miles de viviendas.
Suman 12 mil 500 casas, de las cuales 4 mil 500 tendrán que demolerse y en varias habitaban dos o tres familias, por lo que se inició su registro ante las mesas de trámites del gobierno capitalino para acceder a un apoyo para renta de 3 mil pesos, indicó Anguiano.
Con ello, dijo, el número de damnificados se ‘‘nos va a 150 mil que vivían en casas y unidades habitacionales, donde hay 20 dañadas y 12 tendrán que ser demolidas, pero la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano (Sedatu) las dejó fuera de supervisión’’. Ante esta problemática agrega que el Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores se comprometió a apoyar a quienes van al corriente en sus pagos.
Una vez que se cuente con el dictamen del Instituto de Seguridad para las Construcciones y el de la Secretaría de Desarrollo Urbano y Vivienda, se iniciará la demolición de los inmuebles afectados para no poner en riesgo los aledaños.
Los comercios dañados serán parte de otro censo, que se iniciará este miércoles, con el objeto de que puedan acceder a los apoyos ofrecidos por la Secretaría de Desarrollo Económico, ‘‘y esperamos concluya la reparación de la tubería que abastece el tanque de La Caldera’’, indicó.
De esta manera se atenderá la demanda de 500 mil habitantes, principalmente del Cerro de la Estrella, que aún no cuentan con agua, y se mejorará el servicio de tandeo, que llevó a protestas, bloqueos, manifestaciones e incluso se debió dar protección policiaca a 18 pipas enviadas por la Comisión Nacional del Agua, porque ‘‘vivíamos en crisis’’.
La situación tiende a normalizarse al atenderse también las 825 fugas del líquido detectadas, pero se requerirá cambio de la red de agua potable y drenaje, así como revisar los más de 125 socavones que aparecieron en calles de la delegación.
Se requiere, destacó la delegada, de una reconstrucción total, pues ‘‘la demarcación concentra muchos riesgos y con el sismo se hicieron aún más visibles, aunque sólo tuvimos cuatro decesos en el conjunto Galias, en Lomas Estrella, y se necesita atender 127 escuelas que tienen daños’’.
Los mayores problemas se concentran en las colonias El Molino, Cerro del Peñón, Santa Martha Acatitla, Concordia, Ejército de Oriente y Morelos, donde ‘‘puedes caminar por sus calles y sin ser experto darte cuenta de que varias de las casas no tienen arreglo, están completamente afectadas’’, expresó.
Iniciativa de ley de desastres
‘‘La situación es muy grave y debemos buscar mecanismos para apoyar a quienes perdieron su casa, su patrimonio. La iniciativa de ley de desastres, que emitirá el jefe de Gobierno, Miguel Ángel Mancera, ayudaría mucho.’’
En este contexto, consideró que sería conveniente convertir en ley la entrega de apoyos a las familias damnificadas de la ciudad para evitar su uso clientelar, y exigir a los diputados federales entregar un recurso adicional antes de finalizar el año para paliar esta situación de emergencia.
Dione Anguiano confió en que el censo levantado por las 50 brigadas que verifican los inmuebles afectados permita a sus propietarios acceder a un financiamiento local o federal, para lo cual se requeriría de un fondo especial de 50 mil millones de pesos para la reconstrucción.
‘‘Ayer hablé con el jefe de Gobierno, Miguel Ángel Mancera, y le informé del resultado de ese censo y la situación que enfrentamos en Iztapalapa, con el objeto de pedirle que empiecen a fluir los recursos y atender las demandas de la gente lo más pronto posible, a lo cual él se mostró abierto y receptivo’’, concluyó la jefa delegacional.
Frenan la triangulación de acuerdos con universidades
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Los convenios firmados por universidades, politécnicos y tecnológicos del país con diversos organismos del sector público, muchos “una pantalla” para que empresas privadas pudieran realizar los contratos de obras y servicios sin licitar, pasaron de un total de mil 422 en 2013, a sólo 101 durante este año.
La Secretaría de la Función Pública ha sido la encargada de revisar y reducir los convenios (destaca también la Auditoría Superior de la Federación, cuyo trabajo detonó que muchos de estos casos se hicieran públicos). Función Pública brindó información a Crónica en el sentido de que le ha tocado aplicar las sanciones correspondientes y que ahora mismo tiene abiertas 44 investigaciones contra diversos centros de estudios y entidades gubernamentales.
Una investigación de la web Animal Político aseguró hace unas semanas que las comisiones a universidades e institutos de educación superior, entre 2013 y 2014, ascendieron a mil millones de pesos, sólo por triangular los recursos.
Sólo en 2013, por ejemplo, el monto de aquellos convenios fue de 12 mil 066 millones 167 mil 239 pesos. En 2017 es de 94 millones 648 mil 840 pesos.
De hecho, la suma de los convenios firmados de 2013 a 2016 ascendió a más de 31 mil 129 millones de pesos.
Entre diciembre de 2012 y diciembre de 2013, diferentes universidades, politécnicos y tecnológicos firmaron esos mil 422 convenios
La dependencia que encabeza la secretaria Arely Gómez, confirmó que, en efecto, el modo de operación es aparentemente simple, ya que consiste en que diversas áreas del servicio público firman convenios con instituciones de educación superior para la realización de diversas obras y servicios, lo cual no tiene nada de ilegal.
Sin embargo, algunos de esos convenios son trasladados por las universidades a empresas diversas que sí se dedican a las tareas por las que pagan las áreas del servicio público.
“Es decir, por ejemplo, una secretaría de Estado firma un convenio con alguna universidad para realizar servicios de limpieza, los cuales la institución de educación superior por supuesto no ejecuta; entonces, la universidad, con la sugerencia de la dependencia que pagó por el servicio, contrata a su vez a una empresa privada que sí hace aquellas tareas y por ello gana una comisión, según el monto de la transacción”, lo que sí significa una ilegalidad, señala la fuente de primer nivel de la SFP consultada por Crónica.
El funcionario de la Función Pública aclara, sin embargo, que no todos los convenios corresponden a esta situación, pero lo ideal, entonces, es ir acabando con este tipo de acuerdos y que las instituciones de enseñanza superior se dediquen a la formación de los futuros profesionistas del país y a la especialización de quienes ya lo son.
De acuerdo con información oficial de la SFP, en 2015 se firmaron 866 de estos convenios, con un monto global de 6 mil 126 millones 23 mil 851 pesos, de los cuales las universidades se quedaron casi con el 95 por ciento, al obtener contratos por 5 mil 674 millones 768 mil 609 pesos.
De igual forma, de los 660 convenios firmados en 2016, con un volumen de 3 mil 672 millones 357 mil 787 pesos, las universidades firmaron 14 contratos por un monto de 2 mil 974 millones 696 mil 659 pesos.
Del 1 de enero al 31 de agosto de este año, se firmaron 101 convenios por un volumen de 94 millones 648 mil 840 pesos, de los cuales las universidades captaron 79, que significaron 78 millones 415 mil 28 pesos; los tecnológicos, 20 convenios, por 14 millones 733 mil 812 pesos; y los politécnicos, 20 convenios, por un monto de un millón 500 mil pesos.
Hasta el momento, hay tres servidores públicos sancionados por la Secretaría de la Función Pública, concretamente de Banobras, por convenios ilegales firmados con la Universidad Autónoma del Estado de México (UAEM); hay siete personas sujetas a procesos administrativos, incluidos los tres anteriores, y 44 carpetas de investigación abiertas en contra de diversos servidores públicos.
Independientemente de ello, la Auditoría Superior de la Federación (ASF), de la Cámara de Diputados, desde 2013 había advertido que diversas dependencias violaban la ley al contratar a las universidades e instituciones de educación superior diversas “para hacer servicios que no pueden cumplir y para los que tienen que subcontratar a diferentes empresas privadas”.
Por ello, la ASF tiene presentadas 15 denuncias ante la Procuraduría General de la República (PGR), por el desvío de recursos públicos.
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Recorte, única manera de ahorrar, afirma Ricardo Anaya
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| Foto: Especial |
El presidente del Partido Acción Nacional (PAN), Ricardo Anaya, indicó que la única manera para ahorrar dinero en el blanquiazul es por medio del plan de austeridad que implementó, el cual consiste principalmente en disminuir hasta 90 por ciento los gastos de la nómina del personal contratado por honorarios.
“Estamos llevando a cabo un procedimiento humano, dialogando con la gente, sin tomar decisiones unilaterales sin haber escuchado a la otra parte. Por supuesto que es un esfuerzo doloroso, pero es la única manera de poder reducir los gastos del partido”, respondió al ser cuestionado sobre los despidos en el blanquiazul.
Sostuvo que la disminución del gasto no implica necesariamente que el órgano político corra a sus trabajadores, ya que aseveró que el PAN dialoga con ellos.
“Estamos llevando a cabo un procedimiento humano, dialogando con la gente, sin tomar decisiones unilaterales sin haber escuchado a la otra parte. Por supuesto que es un esfuerzo doloroso, pero es la única manera de poder reducir los gastos del partido”, respondió al ser cuestionado sobre los despidos en el blanquiazul.
Sostuvo que la disminución del gasto no implica necesariamente que el órgano político corra a sus trabajadores, ya que aseveró que el PAN dialoga con ellos.
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“A algunos (trabajadores) les conviene una liquidación por ley: sus tres meses más 20 días por año como prima de antigüedad. Otros prefieren seguir colaborando tiempo parcial”, argumentó. Gráfico: La Razón
En conferencia respondió por qué no ha renunciado a su financiamiento público, que sólo para octubre es de 63 millones 86 mil pesos y para los últimos tres meses del año 189 millones 860 mil pesos.
“Se nos ha hecho la pregunta de por qué reducir la nómina en lugar de entregar las prerrogativas. La nómina de los partidos se paga con las prerrogativas, más bien habría que preguntarle a otros partidos, particularmente al PRI, cómo van a sostener sus gastos si dicen que renunciaron al 100 por ciento de las prerrogativa, cuando la ley no permite que haya más financiamiento privado que público”.
En tanto Alejandra Barrales, líder del sol azteca, declaró que para recaudar los 25 millones de pesos en favor de los damnificados por los sismos su partido no despedirá a ninguno de los trabajadores sindicalizados, aunque la reducción en el gasto de nómina será en aquellas personas que no están en dicho gremio.
“Tenemos reconocido al interior del PRD una base de trabajadores sindicalizados, con los que hay una serie de compromisos y a quienes se les va a respetar siempre su contrato colectivo, sus condiciones laborales. Y que es con el esfuerzo, con el apoyo del resto de los compañeros, de los colaboradores, donde vamos a poder obtener este ahorro de manera importante”, señaló.
El Dato: En su propuesta, el PAN reducirá viáticos, eliminará gastos no prioritarios como celulares y seguros privados de gastos médicos mayores, entre otros.
Especificó que por el momento no tienen el número de personas que se quedarán sin trabajo, ya que dependerá de los acuerdos a los que “podamos llegar con varios de ellos”.
Estos dos partidos planean ahorrar 225 millones de pesos: 200 del blanquiazul y 25 del sol azteca, pero hasta el momento no saben ni cuándo ni cómo entregarán los recursos, y menos quiénes serán las personas que fiscalicen este dinero, debido a que no tienen una estrategia jurídica para entregar los recursos.
Anaya aclaró que no serán ellos quienes entreguen el dinero a los damnificados, sino será canalizado a un fondo de reconstrucción nacional que contará con vigilancia ciudadana para “que nos permita garantizar que hasta el último centavo, que es de la gente, llegue finalmente a los damnificados de los sismos”.
Al ser cuestionado sobre cuándo se integrará el comité de ciudadanos que vigilen los recursos, respondió: “En eso estamos trabajando, puede suceder muy pronto”.
La perredista Barrales también se pronunció porque el fondo sea manejado por ciudadanos. Sin decir quiénes o cómo deben ser elegidos, expresó que su partido está abierto a que la propuesta para la conformación de éste llegue por parte de los ciudadanos.
“No sería muy sano que nosotros mismos dijéramos queremos que nos vigilen estos ciudadanos, que militan con nosotros. Estamos abiertos a que lo propongan otros y que cumplan con esa función”.
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