México, listo para tener una Presidenta: Janine Madeline
 |
Al iniciar el proceso político de 2018, el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) pide “confianza en el juez y en la justicia electoral”. Janine Madeline Otálora, magistrada presidenta de ese organismo, asegura que a mayor participación política, los resultados serán más cerrados.
“Creo que es muy pronto para vaticinar cómo se dibujará el resultado de la Presidencia”, así como pronosticar algún posible fraude para lo que, dijo, “tenemos normas que blindan totalmente esto, criterios jurisprudenciales que interpretan los vacíos de la ley y que dicen cómo debe leerse para blindar el proceso”.
La titular del TEPJF indica que este organismo ofrece certeza y confianza porque resuelve no sólo en tiempo, “sino a manera de preservar el orden constitucional y el orden legal, pero respetando los derechos políticos”.
A 64 años de que se haya otorgado el voto a la mujer, dice en entrevista con EL UNIVERSAL que la discriminación persiste contra ellas “y lo vimos en las elecciones, sobre todo de 2013-2014, en las que compitieron muchas mujeres. En casi todas las entidades había candidatas a gobernadora y sólo una ganó, en Sonora”.
Afirma que México está listo para ser presidido por una mujer y para que el Congreso sea integrado por más de 50% de ellas. “Que una mujer participe en política no es sólo porque somos más de la mitad, tenemos otra visión de cómo hacer política”.
Califica como histórico el proceso electoral del próximo año y asegura que todavía existen muchas deudas por saldar con las comunidades indígenas, no sólo en el ámbito político, sino también en lo social.
¿Cuál es su reflexión en torno a las elecciones del próximo año para Presidente de la República, el Congreso, varias gubernaturas y más de 2 mil puestos de elección? ¿Cuál es su balance?
—Es un proceso sumamente importante para México, importante no solamente por los cargos que se van a elegir, sino porque por primera vez en nuestra historia política se van a llevar a cabo tantos procesos electorales de manera simultánea.
Vamos a elegir Presidente, se va a renovar la totalidad de las dos Cámaras y habrá elecciones en 30 estados, entre ellos son nueve gobernadores. Se van a renovar muchos Congresos locales y ayuntamientos, sin tomar en cuenta los cargos de regidores, que varían según la población de cada municipio. Estamos hablando de tres mil 600 cargos a renovar. Es algo histórico en nuestro país.
A casi 64 años de otorgarse el derecho a votar a las mujeres en México, ¿cuál es el panorama que observa en ese sentido?
—Hemos avanzado, no tan rápido ciertamente, aunque no diría que todas las mujeres; sabemos que hay todavía algunas comunidades indígenas en Oaxaca en las que las mujeres no tienen derecho a votar, son las menos, pero todavía las hay.
Nos falta avanzar más en cuanto al derecho a ser votadas. Ahí la participación política de las mujeres sigue deficiente. Sigue deficiente por dos razones: por una parte, la falta de compromiso de algunos partidos políticos para darle a las mujeres candidaturas en municipios o en Distritos donde pueden realmente ganar; darles el apoyo económico para las campañas, porque ese es otro de los problemas, que no se les da el financiamiento de campaña debido para que puedan tener la misma estructura, y un problema cultural todavía de que el ciudadano ejerza un voto diferenciado y elija también a las mujeres.
Y como ha aumentado la participación [de las mujeres], la reacción ha sido un aumento en la violencia política de género, un fenómeno al que nos estamos enfrentado cada día más. Lo hemos visto en entidades como Chiapas o Guerrero, sí votan a las mujeres, acceden al cargo, pero una vez que están en él, no las dejan y las obligan a renunciar.
La otra faceta es la violencia política contra la participación política.
Con este derecho sólo ha habido siete gobernadoras en México. ¿Este número podría indicar que existe una discriminación todavía hacia la mujer?
—Existe una discriminación y lo vimos en las elecciones, sobre todo de 2013-2014, compitieron muchas mujeres, en casi todas las entidades había candidatas a gobernadores y sólo una ganó elecciones, en Sonora.
Hoy son 32 entidades y hay una gobernadora nada más. Eso es muy preocupante, ¿qué es lo que está pasando? Hay candidatas extraordinarias, ¿qué es lo que está sucediendo en los partidos políticos? Están faltando en su apoyo para ellas, los ciudadanos no lo están haciendo y tenemos casos de mensajes subliminales, del propio Instituto Nacional Electoral, me parece fue en el estado de Puebla, en el que había tres candidatas o en el estado de Tlaxcala, tres candidatas y un candidato para el cargo de gobernador y los spots de la autoridad administrativa eran: ‘Salgan a votar por un gobernador’. ¿Cómo un gobernador, si hay una mayoría de candidatas?
Entonces, me parece que a nivel del discurso subliminal sigue siendo un mensaje discriminatorio.
¿Qué ofrece el tribunal a los ciudadanos y a los políticos para este proceso electoral de 2018?
—Lo que ofrece es una gran certeza, una gran confianza. El tribunal es una institución fuerte que funciona, que da resultados, que resuelve no sólo en tiempo, sino que resuelve de manera que preserva el orden constitucional y el orden legal, pero respetando los derechos políticos.
Uno puede hablar y manejar fácilmente en un debate nacional los temas, por ejemplo, de nulidad de elección, pero al hablar de nulidad de elección se tienen siempre que ponderar el respeto a la ley y también el derecho de votar de todos, muchos principios que pondera el tribunal.
Entonces, el único mensaje que puede mantener es el de confianza en el juez electoral, confianza en la justicia electoral. Se va a impartir, se está impartiendo y con certeza, con congruencia, con repetición de los criterios, que es algo muy importante, que se juzgue siempre con el mismo criterio ante situaciones similares.
¿Hay temor de una elección de tercios o muy cerrada para el cargo de Presidente?
—Lo único que podemos decir a tantos meses de la jornada, es que habrá muchos contendientes. Hoy hay 37 solicitudes de candidatos independientes para la Presidencia de la República [la entrevista se realoza previo al cierre de registros], falta ver que los 37 obtengan su calidad de aspirantes y posteriormente, de candidatos independientes, además de las candidaturas de partidos políticos. A mayor participación política, resultados más cerrados y mayor competencia. Creo que es muy pronto para vaticinar el resultado de la Presidencia.
¿Existe posibilidad de un fraude electoral en 2018? ¿Qué blindaje hay para evitarlo?
—Es muy difícil pronosticar si habrá o no habrá algún fraude electoral. El INE declaró que protegerían el proceso. Yo creo que tenemos normas que blindan totalmente esto, criterios jurisprudenciales que interpretan los vacíos de la ley y que dicen cómo debe leerse, en este caso, para blindar el proceso electoral.
¿Hay choque con el INE por las decisiones que ahí se toman?
—Ninguno, no hay ningún choque. La autoridad administrativa interpreta de su lado, en su visión y acorde con su percepción; el Tribunal Electoral resuelve. Se aprobaron calendarios electorales y hemos avalado la integración de sus comisiones. En otros temas no les hemos dado la razón porque hemos tenido otra interpretación jurídica. No hay choque.
¿No pone en riesgo 2018?
—Para nada.
En cuanto al tema de usos y costumbres, esta resistencia no sólo a que las mujeres tengan derecho a ser electas, sino a que cuando sean electas accedan al poder, ¿es materia pendiente en el país?
—Todavía tenemos muchas deudas con las comunidades indígenas, con el acceso a la justicia para ellas, es la razón por la cual hace ya más de un año el Tribunal creó la Defensoría Pública Electoral para pueblos y comunidades indígenas, con la finalidad de que todos ese sector del país en el ámbito de sus derechos políticos tenga acceso a la justicia de manera gratuita y con todo el profesionalismo que puede haber a través de una defensoría pública electoral.
Proteger los derechos de las mujeres indígenas en particular es algo fundamental para toda nuestra democracia, porque no se da la violación a sus derechos, no se da sólo dentro de los sistemas normativos internos, dentro de estas comunidades que eligen por usos y costumbres.
Tenemos el caso de Chiapas, tiene un sistema mixto en que el municipio por asamblea elige primero a la o al candidato, pero después vienen los partidos políticos, toman a los candidatos que fueron electos por las asambleas y los llevan bajo un color político. Ahí se da muchísima violencia hacia estas mujeres y hombres, también indígenas, lo vimos en San Juan Chamula, donde asesinaron al síndico. Hemos visto renuncias de mujeres, pero en Guerrero también hemos visto presiones hacia mujeres electas por sistemas de partidos políticos.
Es una deuda que todavía tenemos por saldar y no sólo en lo político, también en lo social. Me parece que eventos como este seminario que se va a llevar a cabo para conmemorar el Día Internacional de las Mujeres Rurale es uno de ellos.
¿Cuál sería su opinión sobre las políticas públicas de equidad de género que se han impulsado en el país? ¿Han sido efectivas?
—Me parece que se ha caminado, es un tema en el que se debería avanzar de manera más rápida, pero se han logrado y hay campañas en pro de las mujeres, de sus derechos y contra la violencia en general hacia ellas. Yo no me limitaría a hablar de violencia política, sino de violencia por la situación de la mujer.
¿México está listo para tener una mujer como Presidenta?
—México está listo para ser presidido por una mujer, está listo para tener Cámaras en el Congreso en las que haya más de 50% de mujeres.
Más de 50% de la población en el país somos mujeres. Que una mujer participe en política no es sólo porque somos más de la mitad, es porque tenemos otra visión de cómo hacer política y de cuáles son las necesidades de la nación, de un municipio, de un Distrito, de un país para aportar otra visión en la política y otra interpretación de la crisis en la que vivimos y de las necesidades.
¿Qué plantea el Foro de las Mujeres Rurales que se realiza en el Senado de la República?
—Se trata de un foro muy relevante porque hablamos de la mujer política, hablamos de las mujeres jóvenes, de todos estos problemas que están enfrentando únicamente por querer salir a vivir: son objetos de homicidios, violaciones y maltrato. Pero se nos olvida mucho la mujer rural, no se habla de la mujer rural, se habla seguramente más de la mujer indígena que de la mujer rural.
Tenemos muy serios problemas en el ámbito rural, no hay representación, hay muy poca representación de las mujeres dentro de los ejidos, dentro de sus sistemas de representación y de organización. Y dentro del mundo de la mujer rural, particularmente el de la mujer indígena, es sumamente importante. No se ha visibilizado a la mujer rural.
Y me parece que esta organización de 100 mujeres líderes en el ámbito rural es empezar a dar visibilidad a ese mundo campesino que está oculto y que suele estar en condiciones de gran miseria y discriminación.
Me parece que es fundamental para abrir una ventana hacia una población que es mayoritaria.
¿Van a participar organismos que son clave?
—Están el Tribunal Electoral, que es quizá menos clave en esto, pero están todos los tribunales agrarios, la Procuraduría General de la República, el Instituto Nacional de las Mujeres, la Suprema Corte de Justicia de la Nación y el INE.
Pero sí, siempre se nos olvida, hablamos del derecho de votar, pero se nos olvida ver cómo se vota dentro de los ejidos para elegir a sus propias autoridades, así como la discriminación hacia las mujeres en ellos.
Presiona al Fiscal por PRI-Odebrecht
 |
 |
Héctor Gutiérrez
Cd. de México (18 octubre 2017).- El ex director de Pemex Emilio Lozoya presionó al Fiscal Santiago Nieto para que declarara públicamente su inocencia e incluso le ofreciera una disculpa.
En entrevista, el titular de la Fiscalía Especializada para la Atención de Delitos Electorales (FEPADE) reveló cómo el ex funcionario le envió una carta para evitar que se le inculpara en el desvío de recursos para el PRI durante la campaña presidencial de 2012.
La dependencia abrió en agosto pasado la carpeta de investigación FED/FEPADE/ UNAI-CDMX/1139/2017 para investigar si una parte de los 10 millones de dólares que habría recibido Lozoya en sobornos por parte de la brasileña Odebrecht fue destinada a financiar al tricolor.
"Me envió una carta diciendo que quiere que yo haga un pronunciamiento público sobre su inocencia y me envía un currículum diciéndome quién es su papá, quién es su mamá, en dónde estudió. Nunca entendí esta parte.
"Creo que esta carta refleja en gran medida la impunidad, es decir, el planteamiento de que 'soy una figura pública. La autoridad se tiene que disculpar'. Esto es lo que me parecía particularmente grave", denunció Nieto.
Aseguró que la Fiscalía a su cargo investiga indicios que arrojan un posible financiamiento de Odebrecht a campañas electorales del PRI e incluso prepara una acción penal en contra de quienes resulten responsables.
Entre los elementos de la investigación hay cuentas ligadas a Lozoya y Odebrecht ubicadas en las Islas Caimán, Suiza y Brasil.
"¿Hay indicios de uso electoral del dinero de Odebrecht?", se le cuestionó.
"Tenemos información. Estamos desarrollando la investigación hacia ese alcance. En este momento están los testimonios que se han rendido respecto al desvío o al uso electoral de los recursos".
Nieto estimó que estas investigaciones, que tienen repercusión internacional, deben señalar el camino a seguir de las autoridades encargadas de procurar justicia.
"El caso Odebrecht es un caso paradigmático porque atacó a los sistemas electorales de varios países del continente. Entonces, es importante que se pueda mandar un mensaje de que este tipo de conductas bajo ninguna circunstancia van a ser toleradas o van a ser permitidas", afirmó el Fiscal
EU, “sorprendido y decepcionado con México y Canadá” por TLCAN
Rechazo a propuestas “no es intransigencia”, responde Guajardo; pese a planteamientos “poco profesionales”, hay avances: Freeland; los países deben ser “razonables” si quieren acuerdo: Lighthizer.
 |
Chrystia Freeland, Robert Lighthizer e Ildefonso Guajardo. (Andrew Caballero/AFP) |
SILVIA RODRÍGUEZ/ENVIADA
Washington DC
Tras las diferencias que se han suscitado en las renegociaciones del Tratado de Libre Comercio, se amplió hasta 2018 el tiempo para que los tres países miembros analicen con mayor detalle las propuestas, aunque el gobierno de Estados Unidos dijo sentirse francamente “sorprendido y decepcionado” por la resistencia al cambio de sus socios en ambos frentes.
“Es importante recordar que hasta cierto grado, el TLC es un acuerdo de inversiones y es poco razonable esperar que EU continúe fomentando y garantizando a las empresas estadunidenses invertir en México y en Canadá principalmente para exportar a EU. Todas las partes deben entender esto y ser razonables a fin de que haya cualquier oportunidad de que estas negociaciones sean exitosas, señaló el representante comercial de EU, Robert Lighthizer.
El secretario de Economía, Ildefonso Guajardo, señaló que si bien se ha intentado hacer todo lo posible para tener todos los capítulos frente a nosotros, incluyendo las diferencias que estamos observando, no se ha encontrado un terreno común para continuar el proceso.
Respondió que lo que para EU es “intransigencia”, para México es “sensatez”, y dejó en claro que hay límites para los tres países. “No vamos a poner en la mesa el interés nacional”, dijo.
El funcionario destacó que entre las propuestas está la cláusula de extinción, también la llamada sunset clause, que es totalmente inadmisible, porque establecería una muerte súbitacada cinco años, donde ningún inversionista arriesgaría su dinero.
A su vez, la canciller de Canadá, Chrystia Freeland, señaló que el superávit que EU tiene con su país no es algo negativo, pero mantendrán los elementos del TLC que consideran esenciales para los intereses nacionales; por ejemplo, un proceso antidumpig y también medidas compensatorias, así como medidas para conservar la cultura canadiense.
Resaltó que pese a planteamientos “poco profesionales”, hay avances en áreas críticas de la negociación que hacen el trabajo mucho más desafiante.
“Aunque esto ha sido difícil, no hemos visto indicación alguna de que nuestros socios estén dispuestos a hacer ningún cambio que resulte en un reequilibrio y en una reducción de los enormes déficits comerciales”, señaló.
Recordó que EU tiene un déficit comercial con México de 500 mil millones de dólares que ha costado decenas de miles de empleos manufactureros, “después de muchos años de beneficios unilaterales, sus empresas han estado dependiendo de preferencias especiales y no solo de ventajas comparativas”, sostuvo.
Para Lighthizer, los países están renuentes a ceder ventajas injustas, pero resaltó que el presidente Donald Trump ha sido claro, al decir que para que tengamos un acuerdo en adelante, tiene que ser justo para los trabajadores y empresas estadunidenses, y eso depende de continuar diseñando una política nacional manufacturera.
Respecto de las reglas de origen para el sector automotriz propuestas por EU, que buscan elevar el porcentaje de 62.5 a 85 por ciento y que de ese 85 por ciento, 50 por ciento sea estadunidense, Guajardo señaló que es algo que no existe en ningún precedente de comercio internacional.
El funcionario mexicano agregó que el tono del discurso estadunidense empieza a ser parte de la estrategia de negociación; sin embargo, es responsabilidad de México marcar claramente las cosas que serían destructivas para la integración de América del Norte y no se va a poner en la mesa el interés nacional.
“En las rondas tres y cuatro hemos visto propuestas que hacen retroceder el reloj, cuestiones de predecibilidad, apertura y colaboración bajo el TLC. En algunos casos, estas propuestas van contra las reglas de la Organización Mundial del Comercio, esto es algo que nos causa conflicto”, expuso la canadiense Freeland.
Detalló que no hay que olvidar que el TLC ha permitido cadenas de suministro sofisticadas que han podido vender productos al mundo y esto es más aparente en la industria automotriz.
“Estos nuevos requerimientos interrumpirían nuestras cadenas de suministro de los productores canadienses y de los otros países que están exportando fuera de la región y también arriesgaría muchísimos empleos en toda la región del TLC, es un marco estable para el comercio en Norteamérica y esto ha sido en los últimos 23 años”, destacó la ministra canadiense.
Con respecto a la cuarta ronda que abarcó del 11 al 17 de octubre, con discusiones en casi 30 grupos, EU, Canadá y México concretaron sustancialmente las discusiones en el capítulo de competencia, que se suma a los avances realizados en rondas anteriores, incluyendo la conclusión de negociaciones substantivas en el capítulo de pequeñas y medianas empresas, anunciado en la ronda tres.
Además, los negociadores lograron avances significativos en varios grupos de negociación, incluyendo aduanas y facilitación del comercio, comercio digital, buenas prácticas regulatorias, y algunos anexos sectoriales.
Las partes ya presentaron casi la totalidad de las propuestas iniciales de texto y los ministros hicieron un llamado a todos los negociadores a que exploren opciones para acercar posiciones.
En este contexto, los tres países llegaron al acuerdo de tener un periodo intersesional más amplio antes de la siguiente ronda de negociaciones para evaluar todas las propuestas. México será el anfitrión de la quinta ronda de negociaciones, a celebrarse en la capital del 17 al 21 de noviembre, y se agendarán rondas adicionales de negociación para el primer trimestre de 2018.
En el discurso conjunto, se destacó que los socios del TLC trabajan arduamente para garantizar que el nuevo acuerdo ofrezca un marco sólido para crear empleos, crecimiento económico y oportunidades para las sociedades de América del Norte.
Los ministros reafirmaron su mandato a los jefes negociadores para alcanzar un acuerdo en un periodo de tiempo razonable, y continuarán trabajando en sesiones intersesionales y realizando intensas consultas con los sectores productivos y dependencias correspondientes.
Financiará el BID nueva Fiscalía; plan a cuatro años
Es el proyecto más grande e importante nunca antes hecho por el BID, señala el banco; costará 1,440 mdp
 |
| Modificación total. En febrero de 2014 se publicó la reforma constitucional que transformó a la Procuraduría General de la República en la Fiscalía General, un organismo con autonomía de gestión y presupuestaria, aunque el cambio sigue sin concretarse. |
CIUDAD DE MÉXICO.
Con un financiamiento del Banco Interamericano de Desarrollo (BID), la PGR se propone iniciar su transformación en Fiscalía General de la República, profesional y autónoma, en un proyecto que requerirá cuatro años.
Se trata del proyecto, por su escala, “más grande e importante nunca antes realizado por el BID”, de acuerdo con el banco. Aportará 80 millones de dólares; unos mil 440 millones de pesos.
Según el documento Desafíos y Acciones para Consolidar el Sistema Penal Acusatorio, que el exprocurador Raúl Cervantes entregó al Senado, se busca terminar con la improvisación que ha imperado en esa institución.
También, transformar al Ministerio Público federal en “una organización de excelencia en la prestación del servicio público de procuración de justicia”.
Transformar PGR costará 1,440 mdp
El Banco Interamericano de Desarrollo otorgará al país un crédito para financiar el proyecto.
La transformación de la PGR en una Fiscalía General de la República profesional, autónoma y sin parches legislativos costará 80 millones de dólares, equivalentes a mil 440 millones de pesos, y requerirá de cuatro años de constante trabajo supervisado por expertos nacionales e internacionales.
El dinero provendrá de un préstamo del Banco Interamericano de Desarrollo (BID), institución que calificó esta colaboración como “el proyecto, por su escala, más grande e importante nunca antes realizado por el BID”, y su ejecución comenzará en los primeros meses del próximo año.
Así lo revela el documento Desafíos y Acciones para Consolidar el Sistema Penal Acusatorio, que el exprocurador general de la República, Raúl Cervantes, entregó al Senado y que ayer fue notificado al pleno de los senadores.
“Nuestro diagnóstico institucional indica que, a lo largo de los últimos cien años, la duración promedio de los procuradores en su encargo ha sido de menos de dos años. Desde esa perspectiva, el desarrollo de la PGR ha sido más el resultado de las coyunturas legislativas nacionales y del estilo de la o del titular en turno que de un ejercicio de desarrollo organizacional sistemático y con misión de largo plazo. Por ello, desde la PGR nos hemos propuesto terminar con esa improvisación”, indica el documento.
Así, durante el año que Raúl Cervantes encabezó la Procuraduría, se trabajó para sentar las bases que permitan transformar al Ministerio Público federal en “una organización de excelencia en la prestación del servicio público de procuración de justicia, bajo el sistema penal acusatorio; de alto reconocimiento social por su imparcialidad, objetividad y capacidad técnica; con un servicio de carrera que ofrezca a sus empleados un desarrollo humano integral y genere orgullo institucional, y que esos factores sean auto sostenibles”.
Las bases colocadas para esta transformación se apegan a las mejores prácticas internacionales; se creó el Fideicomiso para la Ejecución de los Programas de Mejora de la Prestación del Servicio de Procuración de Justicia Bajo el Sistema Penal Acusatorio, para garantizar que el dinero invertido no se desvíe a ningún otro propósito y se garantice la transparencia, control, continuidad, estabilidad, aprovechamiento integral e imparcialidad.
Se ejecutarán Programas de Mejora, a partir de un Comité Técnico y un Consejo de Expertos Invitados “con capacidad para opinar sobre el diseño y ejecución de los Programas de Mejora, y que tiene por objeto constituirse en un mecanismo de control de calidad de los trabajos”.
Aclara que el perfil de los integrantes de este consejo es de “personas con amplio reconocimiento y reputación profesional y moral, con experiencia probada en la creación de instituciones públicas, prestadoras de servicios de alta complejidad y volumen, que se han mantenido eficientes e íntegras con el paso del tiempo o que tengan experiencia en la gestión de organizaciones de procuración de justicia bajo sistemas acusatorios”.
El documento añade que la PGR y la Secretaría de Hacienda analizaron formas de financiamiento de esta transformación y consideraron que la mejor opción es el BID, y, así, se acordó “crear un marco metodológico de ejecución de cuatro años, que permita dar continuidad a la implementación del Plan Estratégico de la Arquitectura Institucional y de la estrategia de Administración del Cambio, entre otros.
“Como primer paso, el BID autorizó cien mil dólares en fondos no reembolsables, para desarrollar el plan maestro y el modelo financiero para la transformación de la PGR. Esta fase concluirá en diciembre de 2017”, dice el documento; los 100 mil dólares equivalen a un millón 800 mil pesos, en función del tipo de cambio promedio de 18 pesos por dólar.
En la segunda fase se pondrán en marcha los programas para el Plan Estratégico Institucional; de Arquitectura de la PGR y para la Estrategia de Administración del Cambio para la Transformación de la Arquitectura Institucional de la Procuraduría General.
Revela que desde julio, la PGR, el BID y la Secretaría de Hacienda “trabajan para consolidar un préstamo de inversión con Cooperación Técnica para Proyectos Específicos de cuatro años, para ejecutar los tres programas mencionados. El financiamiento solicitado es de 80 millones de dólares a ejecutarse en ese periodo”, que equivalen a mil 440 millones de pesos.
Con un financiamiento del Banco Interamericano de Desarrollo (BID), la PGR se propone iniciar su transformación en Fiscalía General de la República, profesional y autónoma, en un proyecto que requerirá cuatro años.
Se trata del proyecto, por su escala, “más grande e importante nunca antes realizado por el BID”, de acuerdo con el banco. Aportará 80 millones de dólares; unos mil 440 millones de pesos.
Según el documento Desafíos y Acciones para Consolidar el Sistema Penal Acusatorio, que el exprocurador Raúl Cervantes entregó al Senado, se busca terminar con la improvisación que ha imperado en esa institución.
También, transformar al Ministerio Público federal en “una organización de excelencia en la prestación del servicio público de procuración de justicia”.
Transformar PGR costará 1,440 mdp
El Banco Interamericano de Desarrollo otorgará al país un crédito para financiar el proyecto.
La transformación de la PGR en una Fiscalía General de la República profesional, autónoma y sin parches legislativos costará 80 millones de dólares, equivalentes a mil 440 millones de pesos, y requerirá de cuatro años de constante trabajo supervisado por expertos nacionales e internacionales.
El dinero provendrá de un préstamo del Banco Interamericano de Desarrollo (BID), institución que calificó esta colaboración como “el proyecto, por su escala, más grande e importante nunca antes realizado por el BID”, y su ejecución comenzará en los primeros meses del próximo año.
Así lo revela el documento Desafíos y Acciones para Consolidar el Sistema Penal Acusatorio, que el exprocurador general de la República, Raúl Cervantes, entregó al Senado y que ayer fue notificado al pleno de los senadores.
“Nuestro diagnóstico institucional indica que, a lo largo de los últimos cien años, la duración promedio de los procuradores en su encargo ha sido de menos de dos años. Desde esa perspectiva, el desarrollo de la PGR ha sido más el resultado de las coyunturas legislativas nacionales y del estilo de la o del titular en turno que de un ejercicio de desarrollo organizacional sistemático y con misión de largo plazo. Por ello, desde la PGR nos hemos propuesto terminar con esa improvisación”, indica el documento.
Así, durante el año que Raúl Cervantes encabezó la Procuraduría, se trabajó para sentar las bases que permitan transformar al Ministerio Público federal en “una organización de excelencia en la prestación del servicio público de procuración de justicia, bajo el sistema penal acusatorio; de alto reconocimiento social por su imparcialidad, objetividad y capacidad técnica; con un servicio de carrera que ofrezca a sus empleados un desarrollo humano integral y genere orgullo institucional, y que esos factores sean auto sostenibles”.
Las bases colocadas para esta transformación se apegan a las mejores prácticas internacionales; se creó el Fideicomiso para la Ejecución de los Programas de Mejora de la Prestación del Servicio de Procuración de Justicia Bajo el Sistema Penal Acusatorio, para garantizar que el dinero invertido no se desvíe a ningún otro propósito y se garantice la transparencia, control, continuidad, estabilidad, aprovechamiento integral e imparcialidad.
Se ejecutarán Programas de Mejora, a partir de un Comité Técnico y un Consejo de Expertos Invitados “con capacidad para opinar sobre el diseño y ejecución de los Programas de Mejora, y que tiene por objeto constituirse en un mecanismo de control de calidad de los trabajos”.
Aclara que el perfil de los integrantes de este consejo es de “personas con amplio reconocimiento y reputación profesional y moral, con experiencia probada en la creación de instituciones públicas, prestadoras de servicios de alta complejidad y volumen, que se han mantenido eficientes e íntegras con el paso del tiempo o que tengan experiencia en la gestión de organizaciones de procuración de justicia bajo sistemas acusatorios”.
El documento añade que la PGR y la Secretaría de Hacienda analizaron formas de financiamiento de esta transformación y consideraron que la mejor opción es el BID, y, así, se acordó “crear un marco metodológico de ejecución de cuatro años, que permita dar continuidad a la implementación del Plan Estratégico de la Arquitectura Institucional y de la estrategia de Administración del Cambio, entre otros.
“Como primer paso, el BID autorizó cien mil dólares en fondos no reembolsables, para desarrollar el plan maestro y el modelo financiero para la transformación de la PGR. Esta fase concluirá en diciembre de 2017”, dice el documento; los 100 mil dólares equivalen a un millón 800 mil pesos, en función del tipo de cambio promedio de 18 pesos por dólar.
En la segunda fase se pondrán en marcha los programas para el Plan Estratégico Institucional; de Arquitectura de la PGR y para la Estrategia de Administración del Cambio para la Transformación de la Arquitectura Institucional de la Procuraduría General.
Revela que desde julio, la PGR, el BID y la Secretaría de Hacienda “trabajan para consolidar un préstamo de inversión con Cooperación Técnica para Proyectos Específicos de cuatro años, para ejecutar los tres programas mencionados. El financiamiento solicitado es de 80 millones de dólares a ejecutarse en ese periodo”, que equivalen a mil 440 millones de pesos.
Se acusan, pero mantienen las negociaciones
El representante Comercial de EU rompió con la cordialidad de las anteriores rondas y en el mensaje final de la cuarta ronda dijo que ni México ni Canadá aceptan propuestas debido a su intransigencia.
 |
“Estoy sorprendido y decepcionado por la resistencia al cambio de nuestros socios”, dijo en el mensaje ministerial con el que se cerró la cuarta ronda de negociaciones que se celebró en Arlington, Virginia.
El discurso de EU fue diferente a lo que había ostentado en las rondas previas, donde había imperado la cordialidad. En esta ocasión, Lighthizer incluso afirmó que México y Canadá no estaban aceptando propuestas que en su momento admitieron, cuando se negoció el TPP, además de que insistió en que el objetivo de la Casa Blanca es disminuir su déficit comercial y que el TLCAN ha sido desigual.
No vemos que nuestros socios estén dispuestos a aceptar cambios que ofrezcan un nuevo equilibrio a este terrible déficit comercial
Incluso fue más allá y dejó ver que la Casa Blanca podría desalentar que las empresas estadounidenses inviertan en México y Canadá, si es que continúan con una política que no sea balanceada.
“De alguna manera, el TLCAN es un acuerdo de inversión y no es razonable esperar que EU continuará alentando y garantizando a las empresas estadounidenses invertir en México y Canadá para que exporten, principalmente, a EU”, señaló Lighthizer.
Por otro lado, el secretario de Economía, Ildefonso Guajardo, y la ministra de Relaciones Exteriores de Canadá, coincidieron en que buscaban beneficios para todos y llamaron a que se planteen propuestas más creativas en la mesa de negociaciones.
En su mensaje, Guajardo aseguró que México no quiere salir de la negociación del TLCAN con las manos vacías, pero reconoció que existen límites.
“Todos tenemos límites, a pesar de nuestras diferencias, puede haber propuestas en las que no coincidimos, pero necesitamos una versión del tratado en bien de los tres países que beneficie la creación de empleos”, dijo el funcionario, quien minutos más tarde, en una conferencia por separado, explicó que los posicionamientos de México obedecen a la sensatez y no a intransigencia.
Planteamientos intransigentes
La ministra Freeland señaló que algunas de las propuestas de Estados Unidos son contrarias a las reglas de la Organización Mundial del Comercio.
No podemos llegar a ese acuerdo cuando aquí hay alguien que piensa ‘aquí el que tiene que ganar soy yo’
Una explicación de lo ocurrido este martes puede ser que Estados Unidos busque tirar el tratado, culpando la supuesta intransigencia de sus socios para así hacer tratados bilaterales, opinó Gustavo Uruchurtu, experto en comercio y negociador del TLCAN en los 90.
“Creo que lo que están buscando es que si en un momento dado esto se termina, es echarle la culpa a México y Canadá, pero los intransigentes son los americanos”, dijo.
Se dan ‘break’ de un mes
Bajo un clima de mayor tensión, las partes informaron que pasará un mes para que vuelvan a reunirse en la quinta ronda, que será del 17 al 21 de noviembre en la Ciudad de México. Además, se agendarán rondas adicionales de negociación para el primer trimestre de 2018.
Esta extensión puede ser interpretada como la decisión de México de analizar los distintos escenarios posibles y determinar si sigue en las negociaciones con demandas inaceptables o si en su lugar pone en marcha su “plan B”, dijo Ignacio Martínez, académico de la UNAM.
Investigados por PGR, mil 937 funcionarios; varios por Odebrecht
Indica que se avanzó en un nuevo modelo de impartición de justicia que se dará a conocer en breve
Andrea Becerril y Víctor Ballinas
La Procuraduría General de la República (PGR) investiga a cerca de 2 mil funcionarios involucrados en hechos de corrupción, entre ellos los inmiscuidos en el caso Odebrecht, se indica en un informe que el ex titular de la dependencia Raúl Cervantes Andrade entregó al Senado, en el que se destaca que se avanzó en un nuevo modelo de impartición de justicia que se dará a conocer en breve.
Se resalta asimismo que durante su gestión se desarrolló un diagnóstico encaminado a modificar la arquitectura institucional y administrativa de la PGR, dado que es inadecuada e insuficiente para el nuevo sistema procesal penal acusatorio. Incluso se negocia un crédito de 80 millones de dólares con el Banco Interamericano de Desarrollo (BID), a fin de transformar a la dependencia.
En ese documento, titulado Desafíos y acciones para consolidar el sistema penal acusatorio, Cervantes Andrade –quien estuvo menos de un año al frente de la dependencia– resalta que ‘‘durante los pasados 100 años, la duración promedio de los procuradores en el cargo ha sido menor a dos años, lo que ha sido negativo para el adecuado desarrollo organizacional de la PGR y la calidad de los servicios de procuración de justicia’’.
Con base en esos hallazgos, dijo, es que se trabajó en un nuevo modelo de procuración de justicia, que tuvo la asistencia técnica del BID, que autorizó 100 mil dólares en fondos no rembolsables, ‘‘para desarrollar un plan maestro y el modelo financiero para la transformación de la procuraduría’’, fase que habrá de concluir el próximo mes de diciembre.
Detalló que el 17 y 18 de julio se reunió en Washington con el presidente del BID, Luis Alberto Moreno, y se trabaja para consolidar un préstamo de inversión de 80 millones de dólares para proyectos específicos en cuatro años, destinados a la transformación de la PGR.
Se busca superar carencias y que ‘‘la Procuraduría General de la República se convierta en una institución de excelencia en la procuración de justicia’’.
En cuanto al combate a la corrupción, en el documento Cervantes destaca que se investiga ‘‘un buen número’’ de casos importantes, como Odebrecht, así como todas las denuncias presentadas por la Auditoría Superior de la Federación (ASF). Hay mil 134 indagatorias y mil 937 funcionarios bajo investigación, se señala.
Por separado, senadores de PRD y PT exigieron que en la investigación que presentará en los próximos días la PGR en el caso Odebrecht, se incluya a todas las empresas contratistas de la firma brasileña en México y los funcionarios involucrados en el otorgamiento de contratos a las mismas.
Luis Sánchez Jiménez, coordinador del PRD, dijo que la Secretaría de la Función Pública y la ASF tienen la obligación de investigar los contratos que se han entregado en la construcción del nuevo aeropuerto de Ciudad de México a empresas como Construcciones Industriales Tapia, vinculada con el caso de la petrolera brasileña Odebrecht en México, así como con el robo de hidrocarburos en Hidalgo.
Por su parte, el senador del bloque PT-Morena Benjamín Robles Montoya dijo que la renuncia de Cervantes no puede derivar en un ‘‘carpetazo’’ en el caso Odebrecht, pero sobre todo la impunidad con que operan empresas como Construcciones Tapia, que sigue recibiendo contratos de manos de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes. El más reciente, en el nuevo aeropuerto capitalino.
México y Canadá no se dejan; alargan negociación
 |
Hasta el momento los tres países se mantienen en las mesas de discusión y se alistan para la quinta ronda de renegociaciones que tendrá lugar en la Ciudad de México, del 17 al 21 de noviembre. Las rondas posteriores serán en 2018, lo que contrasta con el objetivo inicial de concluir las negociaciones en diciembre de este año.
La cuarta ronda de renegociaciones que concluyó ayer en Estados Unidos se caracterizó por el endurecimiento de las propuestas de ese país respecto a temas como las reglas de origen en el sector automotriz, en donde propone elevar a 85 por ciento en contenido regional y dentro de ese rango, el 50 por ciento tendría que ser contenido estadunidense.
Eso implicaría que la mitad de la manufactura de cada automóvil, es decir componentes, piezas y equipos, tendría que provenir de Estados Unidos. Otra propuesta coyuntural de Donald Trump es una cláusula de extinción del TLCAN conocida como “sunset clause”, que de ser aprobada implicaría que el tratado se anule después de 5 años, a menos que los países integrantes acuerden extenderlo por otro periodo más.
Las diferencias entre los países salieron a relucir durante la conferencia que ofrecieron ayer sus voceros. El representante comercial de Estados Unidos, Robert Lighthizer, aseguró que México y Canadá no quieren aceptar cambios en la renegociación del TLCAN.
“Me duele y me decepciona la resistencia al cambio que veo en las dos delegaciones que aquí me acompañan, a veces no aceptan criterios que ya habíamos aceptado en el pasado, socios que habían aceptado el TPP, ahora combaten criterios iguales para este tratado, respecto al comercio digital, las telecomunicaciones, la lucha de la corrupción, estos son temas difíciles, pero no vemos que nuestros socios estén dispuestos a aceptar cambios que ofrezcan un nuevo equilibrio a este terrible déficit comercial”, dijo.
Insistió en que el objetivo de la Casa Blanca es disminuir su déficit comercial y que el TLCAN ha sido desigual: “Este tratado ha dado una clara ventaja a uno u otro país, no estamos buscando una ventaja competitiva, sencillamente estamos viendo una resistencia a renunciar a posiciones de ventaja”, aseguró Lighthizer.
El secretario de Economía, Ildefonso Guajardo, respondió que la postura de México de rechazar algunas propuestas de Estados Unidos “no es intransigencia, sino sensatez”.
“Es clarísimo que México entró a esta negociación, pero es claro que no vamos a poner en la mesa el interés nacional. Es clarísimo, no sólo por la relatoría de nuestra parte, sólo hay que escuchar a los redactores estadunidenses para entender lo que fue referido como intransigencia es sensatez”, abundó.
Guajardo aseguró que México no quiere salir de la negociación del TLCAN con las manos vacías, pero reconoció que existen límites: “Tenemos que entender que debemos tener límites. A pesar de nuestras diferencias actuales, tenemos que asegurar que las decisiones que tomemos hoy no vuelvan para perseguirnos mañana”.
La quinta ronda de renegociaciones estaba prevista para el 29 de octubre, pero los tres países acordaron trasladarla a noviembre. Guajardo dijo que esto es para tener más tiempo para analizar, entre otros temas, propuestas inadmisibles que se han presentado y una “pista de aterrizaje”.
“No hemos diseñado las plataformas de aterrizaje necesarias para concluirlo, entonces lo que estamos haciendo es fijar un agenda muy clara para encontrar precisamente esas pistas de aterrizaje”, afirmó.
Opinó que la “sunset clause” es totalmente inadmisible, porque esto establecería una “muerte súbita” cada cinco años, donde ningún inversionista arriesgaría su dinero.
Sobre las reglas de origen para el sector automotriz propuestas por Estados Unidos, el funcionario dijo que es algo que no existe en ningún precedente de comercio internacional. Indicó que independientemente del resultado del TLCAN, México ya trabaja en acuerdos en otras partes del mundo.
A su vez, la canciller de Canadá, Chrystia Freeland, afirmó que las renegociaciones deben resultar en un acuerdo que otorgue estabilidad: “No podemos llegar a ese acuerdo cuando aquí hay alguien que piensa ‘aquí el que tiene que ganar soy yo’”, enfatizó.
Añadió que durante la cuarta ronda de discusiones hubo avances importantes pero también pudo percatarse de “propuestas poco profesionales” en la mesa.
Me duele y me decepciona la resistencia al cambio que veo en las dos delegaciones que aquí me acompañan, a veces no aceptan criterios que ya habíamos aceptado en el pasado, socios que habían aceptado el TPP. Ahora combaten criterios iguales para este tratado. Debemos combatir los desequilibrios comerciales”.
Robert Lighthizer, representante comercial de EU.
No podemos llegar a ese acuerdo cuando aquí hay alguien que piensa ‘aquí el que tiene que ganar soy yo’. La renegociación deben resultar en un acuerdo que otorgue un marco estable, como lo ha sido en estos 23 años de operación. Las propuestas de Estados Unidos son poco profesionales”.
Chrystia Freeland, canciller de Canadá.
Es clarísimo que México entró a esta negociación, pero es claro que no vamos a poner en la mesa el interés nacional. Es evidente, no sólo por la relatoría de nuestra parte, sólo hay que escuchar a los redactores estadunidenses para entender lo que fue referido como intransigencia es sensatez”.
Ildefonso Guajardo, secretario de Economía de México.
Desplome de Anaya y reconstrucción reflotan a Mancera en el Frente
 |
| Miguel Ángel Mancera durante la presentación de la plataforma "Voluntarios de Corazón CDMX", iniciativa que busca integrar a todas las personas que participaron en las labores de remoción y ayuda humanitaria durante el sismo del 19 de septiembre pasado, y demás interesados en participar en los trabajos posteriores al siniestro. Foto: Cuartoscuro |
La renuncia de Margarita Zavala del PAN ocasionó que subiera su porcentaje de intención del voto, mientras que el del líder nacional del blanquiazul, Ricardo Anaya, se desplomó. Con ello el Jefe de Gobierno de la Ciudad de México, Miguel Mancera, se reposiciona como uno de los favoritos para ser el candidato presidencial del Frente Ciudadano por México (FCM) en 2018.
Así lo revelan diversas encuestas realizadas en octubre, como la de El Financiero, publicada este lunes, la cual señala que entre los posibles candidatos para encabezar el FCM la exprimera dama cuenta con un 21 por ciento de aceptación entre la población en general, 30 por ciento de los panistas y 9 por ciento de los perredistas.
El Dato: Para el líder del PAN en el Senado, Fernando Herrera, aseguró que los legisladores rebeldes del partido “ya se expulsaron solos” debido a sus posiciones contra el grupo.
Anaya, en cambio, tiene 11, 21 y 5 por ciento, respectivamente, mientras Mancera logró el respaldo del 10 por ciento de los consultados, 9 entre los panistas y 32 por ciento de los perredistas.
En el sondeo publicado por El Universal, a la pregunta ¿a quién preferiría como candidato a la Presidencia por la alianza PAN-PRD-MC?, un 29.1 por ciento respondió a favor de la esposa del expresidente Felipe Calderón, seguida del mandatario capitalino, con 16.3 por ciento y Anaya en el tercer sitio con 10.6 por ciento.
 |
Otra medición que evidencia el desplome del líder nacional albiazul, es la de El Universal en la que cuestiona por quién votaría si los candidatos a la presidencia fueran López Obrador, Anaya, Miguel Osorio y Zavala como independiente.
En julio pasado el queretano contaba con 25 por ciento de las intenciones del voto, mientras que en octubre cayó a un 19 por ciento, en tanto que Zavala pasó de 9 a 16 por ciento.
De acuerdo con la encuesta del Gabinete de Comunicación Estratégica (GCE), el 6 de octubre, día en que renunció Zavala a las filas panistas, Anaya tenía un 15.5 por ciento de las preferencia si ese día hubiera sido la elección presidencial. Siete días después, el 13 de octubre, perdió cinco puntos porcentuales al pasar a 10.6 por ciento. En el mismo lapso, Zavala subió de 19.4 a 27.1 por ciento.
También en el PAN la exprimera dama tiene mayor peso que el queretano. Según El Financiero, 24 por ciento de la población en general y 38 por ciento de los militantes del blanquiazul la preferirían como candidata de su partido a la presidencia; por él optó 13 por ciento de la población en general y 24 por ciento de los panistas.
Resultados similares arroja la encuesta de El Universal: ahí, Zavala logró en septiembre pasado el apoyo del 31.8 por ciento de los ciudadanos y el 42.5 por ciento de los militantes de Acción Nacional, y en octubre repuntó para llegar a 34.3 y 44.6 por ciento, respectivamente.
En cambio, Anaya obtuvo en septiembre el apoyo del 21.9 de la población y el 28.9 por ciento de los panistas, y en octubre estas cifras alcanzaron 20.4 por ciento y 29.1 por ciento.
Los sondeos realizados por estos diarios revelan también el posicionamiento de Mancera para ser el candidato del PRD a Los Pinos. En El Financiero se colocó con un 26 por ciento del respaldo de la población en general y 39 por ciento de los militantes del sol azteca.
En tanto, en El Universal revela que el Jefe de Gobierno no tiene competencia en el PRD: en septiembre contó con el respaldo de 29.5 por ciento de los entrevistados, y 43.9 por ciento de los perredistas. En octubre ambas cifras se incrementaron al llegar a 43.1 y 64.6 por ciento.
A su salida del blanquiazul, Zavala acusó a su dirigente nacional de secuestrar al partido y evitar el acceso de ciudadanos.
No hay comentarios.:
Publicar un comentario