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Héctor Gutiérrez/REFORMA
Cd. de México (02 octubre 2017).- Encabezados por la Presidencia de la República, el PRI, Gobernadores y legisladores de ese partido han lanzado una campaña de impugnaciones contra los acuerdos del Instituto Nacional Electoral (INE) para garantizar la equidad en la contienda del 2018.
Con el apoyo del Partido Verde, el tricolor ha buscado echar para abajo las restricciones al uso de programas sociales con fines proselitistas, al uso de recursos públicos para adquirir propaganda gubernamental, los calendarios electorales y la prohibición a repartir tarjetas a la ciudadanía durante las campañas.
En las pasadas elecciones del Estado de México, la Oposición denunció la utilización de programas sociales por parte de los gobiernos federal y estatal para favorecer al PRI.
En este contexto, el Consejo General del INE decidió emitir el 5 de septiembre pasado unos lineamientos para poner candados al uso de los programas sociales y la adquisición de propaganda gubernamental durante el proceso electoral.
Sin embargo, en las últimas semanas, la Consejería Jurídica de la Presidencia, los Gobernadores priistas de Coahuila, Colima, Tlaxcala, San Luis Potosí, Sinaloa, la CIRT, el PRI y el Verde decidieron impugnarlos ante la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, al considerar que esas restricciones son ilegales y una extralimitación de las facultades que posee el INE.
Aunque la Sala Superior aún no dicta sentencia sobre estos lineamientos, en agosto, en un caso similar, decidió revocar las denominadas reglas de "cancha pareja", cuya intención era prohibir desde el pasado 8 de septiembre, fecha de inicio del proceso electoral, que servidores públicos y aspirantes usaran recursos del erario para autopromocionarse en cualquier medio de difusión.
Dichas reglas fueron impugnadas por Presidencia, los Gobernadores del Estado de México, Chiapas, la dirigencia nacional del PRI, la CIRT y docenas de legisladores emanados de las filas del tricolor y el partido del tucán bajo el argumento de que la autoridad electoral excedió sus facultades legales al emitirlos y violó la libertad de expresión y el principio de rendición de cuentas.
Tras los escándalos de Monex y las tarjetas de "Salario Rosa" repartidas en el Estado de México y Coahuila, el árbitro electoral aprobó en septiembre pasado una reforma a su reglamento de fiscalización con la finalidad de prohibir la entrega de tarjetas en las campañas.
No obstante, el PRI y el Verde impugnaron esta reforma ante el Tribunal alegando que la entrega de tarjetas es legal y su prohibición no está contemplada en la ley.
El tricolor también impugnó la homologación de calendarios y al ajuste para que, a nivel nacional, haya una fecha única para que finalicen las precampañas, al considerar que el INE incurrió en una inconstitucionalidad al emitir esos acuerdos, violó el principio de certeza y afectó los tiempos establecidos para que los partidos aprueben sus convenios de coalición.
Resisten reglas en otros partidos
Movimiento Ciudadano, los gobernadores panistas de Aguascalientes y Guanajuato, Martín Orozco y Miguel Márquez Márquez, así como el Ayuntamiento de Huixquilucan, Municipio gobernado por el PAN, impugnaron también los lineamientos del INE que restringen la propaganda gubernamental y el uso de programas sociales con fines proselitistas.
Los argumentos de las impugnaciones, que están pendientes por resolverse en el Tribunal Electoral, radican en que el INE excedió sus facultades legales al emitir dichas reglas y atenta contra principios como la libertad de expresión.
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