Hace algunas semanas las redes y medios viralizaron el caso de Mara Castilla, quien apareció muerta y envuelta en una sábana en Santa María Xonacatepec, Puebla, después de que el conductor del Cabify que debía llevarla a casa, Ricardo Alexis, la violó y asfixió.
A Jessica Rosario Vega la asesinó su esposo en Navojoa, Sonora, en enero de 2015.
A Mía Chávez la apuñalaron catorce veces y abandonaron su cuerpo en la delegación Azcapotzalco, pero su muerte se reportó como accidental en febrero de 2014.
Este año, el cuerpo sin vida de Lesvy Berlín fue abandonado en una cabina telefónica en Ciudad Universitaria, presuntamente a manos de su novio, José Luis “N”.
El pasado 30 de septiembre, a Mariana Fuentes la asaltaron y asesinaron cuatro hombres que se transportaban en un auto registrado en la plataforma de Uber.
Ellas son sólo algunas de las mujeres mexicanas que son asesinadas diariamente, cuyos rostros y nombres son invisibles.
En México, siete mujeres fueron asesinadas diariamente entre 2013 y 2015 de acuerdo con cifras del INEGI. Asimismo, según el Instituto Nacional de las Mujeres, basado en datos de ministerios públicos y fiscalías, cada 24 horas ocurrió un feminicidio1 y mil 390 averiguaciones previas por este delito fueron abiertas en el mismo periodo. Las entidades federativas con mayor número de casos son Morelos con 415, la CDMX con 129 y Chiapas, con 128.2
Sin embargo, no se cuentan con datos contundentes sobre este delito, al no existir una recopilación sistemática de información sobre este tipo de eventos por la dificultad que representa diferenciar un homicidio de un feminicidio a partir de sus motivaciones. Esto complica la evaluación y documentación de estrategias efectivas y replicables en materia de prevención y disminución de dicho delito.3
El aumento en la percepción de inseguridad y en los actos relacionados con la violencia en contra la mujer en sus diversas modalidades incluido el feminicidio en el transporte, nos obliga a analizar la problemática de manera particular al tiempo de proponer acciones y medidas que permitan mejorar la situación. El siguiente mapa interactivo, basado en datos de la Encuesta Nacional de Seguridad Pública Urbana (ENSU) del segundo trimestre de 2017, muestra la percepción de inseguridad de las mujeres en el transporte público en 45 ciudades. Los asentamientos urbanos considerados por las mujeres como más inseguros para usar el transporte público son Ecatepec (94%) y Ciudad Nezahualcóyotl (93%), en el Estado de México, Chilpancingo (91%), Guerrero, la Ciudad de México (80%) y Toluca (80)%, también en el Estado de México.4
La sensación de inseguridad en el transporte público ha motivado y aumentado la demanda y el uso de transportes privados como Uber o Cabify, debido a la promesa de seguridad que ofrecen sus servicios. El Sistema de Posicionamiento Global (GPS) con el que cuentan las plataformas relacionadas con este tipo de transporte permite identificar el paradero de los choferes, la duración y el recorrido de los viajes, lo que los hace aparentemente más confiables que otro tipo de taxis, el microbús o el metro.
En el caso de los taxis en particular, es cierto que es difícil dimensionar el problema de la inseguridad para las mujeres por la irregularidad de muchas de estas unidades y falta de mecanismos de vigilancia y GPS vinculados a los transportes privados, a los que se hace referencia. De acuerdo con ONU Mujeres, en la Ciudad de México, la prevalencia de violaciones en este tipo de transporte es de dos víctimas por cada millón de habitantes, siendo las áreas de concentración principal sitios como Insurgentes, Reforma y Circuito Interior; aleatoriamente la avenida Ignacio Zaragoza y las delegaciones Tlalpan, Xochimilco, Magdalena Contreras, Iztapalapa y Miguel Hidalgo.1
Sin embargo, las ventajas del servicio de taxis vinculados a plataformas digitales no han logrado erradicar que se presenten casos de violencia sexual. En el caso de Uber, de 2012 a 2015, se presentaron 11 mil 897 quejas de servicio al cliente que contenían palabras relacionadas con este tipo de acoso o agresión. Del total, Uber confirmó 175 casos correspondientes a delitos sexuales directamente relacionados a su servicio. Ante dichas acusaciones, la compañía realizó en 2017 una investigación interna sobre 215 casos relacionados con acoso o agresiones de este tipo que resultó en 20 conductores despedidos.6 Sin embargo, las condiciones de uso de Cabify y Uber se deslindan de toda responsabilidad nacida de la relación entre el usuario y el chofer, con todas las implicaciones que esto conlleva. Ejemplo de ello y resultado de esta cláusula es que la plataforma no puede ser imputada legalmente en el caso de Mara, por lo que el gobierno de Puebla, tras el escandalo mediatico y la protesta social que se dio, decidió prohibir la operación de este servicio en la entidad.
Ante esto, se proponen algunos elementos que deben ser considerados en el diseño de estrategias de prevención de la violencia de género, particularmente la que ocurre en el transporte. Primero, se debe analizar el papel que la cultura tiene en la perpetuación de los esquemas machistas que promueven este tipo de violencia, culmiando, en ocasiones en feminicidio. Desde una visión preventiva, debemos poner en marcha herramientas que contribuyan a modificar las estructuras sociales que permiten la violencia a través de la inclusión de elementos educativos con perspectiva de género, campañas y estrategias de comunicación que den visibilidad al fenómeno.
En segundo lugar, estrategias multisectoriales que consideren el involucramiento de la comunidad en el diseño, implementación y monitoreo son necesarias para lograr integrar elementos preventivos de manera efectiva y a la medida. El uso de las TIC puede también ayudar7 en la mejora del registro y las denuncias relacionadas con este fenómeno. La formación de capacidades en el personal del transporte público en materia de de seguridad física y violencia de género es también necesario. Estas medidas deben ser holísticas, es decir, no solo concentrarse en la atención una vez ocurrido el fenómeno, sino contar con un enfoque preventivo que incluya, desde la seguridad en los trayectos hasta la atención a víctimas, el acceso a la justicia y el desarrollo de herramientas para la disuasión de estas violencias.
En el caso particular de transportes tales como Uber y Cabify, es fundamental que se cuenten con protocolos más estrictos de seguridad y analisis de riesgos relacionados con los perfiles a contratar para asegurar que los choferes sean confiables al tiempo de poder identificar situaciones atípicas en caso que sucedan.
Finalmente y con el objetivo de garantizar la seguridad de los pasajeros con una perspectiva de género, se deben atender los retos regulatorios existentes entorno a las políticas públicas y acciones en este tema.
Resolver y disminuir la problemática relacionada con la violencia de género en el transporte es una tarea que requiere el compromiso, reflexión y empatía tanto de las autoridades como de la ciudadana y el sector privado vinculado con este negocio para trabajar de manera gradual, integral y transversal políticas que permitan mejorar la situación actual.
Eunice Rendón/Nexos
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