Firma de socavón, consentida del gobierno federal
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En menos de una década, Grupo Aldesa ha participado de una bolsa presupuestal de 24 mil 154 millones de pesos (mdp) formada por medio centenar de contratos de obra pública y servicios de operación otorgados por el gobierno de México, cuya facturación se efectuó en 61.36% en la administración del presidente Enrique Peña Nieto.
EL UNIVERSAL identificó 51 contratos asignados entre agosto de 2008 y marzo de 2017 a empresas integrantes del consorcio español, tras revisar casi 700 contratos registrados en el sistema Compranet, el Portal de Obligaciones de Transparencia, la plataforma Contratobook de la organización Ciudadanos por la Transparencia, y respuestas a solicitudes de información vía el Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y la Protección de Datos Personales (Inai).
De los contratos asignados a firmas del grupo empresarial de manera individual o en participación con otras empresas, 39 fueron otorgados por la actual administración, con un valor de 14 mil 823 mdp, mientras que los 12 restantes fueron asignados en la gestión de Felipe Calderón Hinojosa, por 9 mil 330 mdp.
Grupo Aldesa es el consorcio responsable de las obras del Paso Exprés de Cuernavaca, donde en julio se formó un socavón que ocasionó la muerte de dos personas, Juan Mena Ruiz y su hijo Juan Mena Romero. Este diario buscó la postura del conglomerado empresarial, que declinó hacer comentarios.
El secretario de Comunicaciones y Transportes, Gerardo Ruiz Esparza, informó al Congreso de la Unión durante su comparecencia del 22 de agosto que Grupo Aldesa sólo tenía 15 contratos con la actual administración federal por 2 mil 881 mdp, 19.43% de la contratación real, de acuerdo con los registros oficiales acopiados por este diario.
En 2013 el consorcio fue implicado en el escándalo de las 30 firmas que la Audiencia Nacional de España investigó por sospechas de financiamiento ilegal a líderes del Partido Popular (PP) en el poder. Incluso fue citado a declarar Juan Manuel Fernández, accionista del del grupo empresarial. Justo ese año fue el más redituable para Aldesa en México, con contratos que ascendieron a 5 mil 372 mdp.
Distribución sectorial
De los 51 contratos a los que accedió Grupo Aldesa en el periodo revisado, 30 corresponden a la construcción, mantenimiento o equipamiento de infraestructura carretera y dos a concesiones de operación; 11 están relacionados con infraestructura eléctrica, tres con obras aeroportuarias, tres con ferroviarias y dos con hidráulicas.
El récord de facturación conseguido por el conglomerado con instituciones del gobierno federal —en 29 casos en asociación con otras empresas— se distribuye de la siguiente forma: la Secretaría de Comunicaciones y Transportes (SCT) le otorgó 24 contratos en el periodo revisado, que suman 13 mil 505.93 mdp; la Comisión Federal de Electricidad (CFE), 11 contratos, por 5 mil 4 mdp, todos ellos en la actual administración.
Con la Comisión Nacional del Agua (Conagua) logró dos contratos por una partida de 2 mil 201 mdp; con el Grupo Aeroportuario de la Ciudad de México (GACM) obtuvo tres, con valor total de mil 258 mdp; Caminos y Puentes Federales (Capufe) le asignó 10, por mil 405 mdp, casi la tercera parte por adjudicación directa, y el Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos (Banobras) le subvencionó una de las concesiones carreteras —la otra fue absorbida por la SCT— por 778 mdp.
Las firmas pertenecientes al grupo empresarial ibérico que han intervenido en las contrataciones expuestas son Aldesa Construcciones S.A., Construcciones Aldesem S.A. de C.V., Proacon México S.A. de C.V., Ingeniería y Servicios ADM S.A. de C.V., Aldener ADM S.A. de C.V., Aldesa Energías Renovables S.L.U., Operadora de la Autopistas Aldesem S.A. de C.V, y Concesiones y Mantenimiento Aldesem S.A. de C.V. Carreteras: retrasos y sobrecostos
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Entre los contratos más cuantiosos obtenidos por Grupo Aldesa para la ejecución de obras de infraestructura carretera se encuentran también los más cuestionados. Es el caso del que obtuvo para la construcción de túneles en la autopista Durango–Mazatlán (8JCEA615W08) por parte de la SCT, en sociedad con Omega Corp. S.A. de C.V.
En su Auditoría de Inversiones Físicas 11-0-09100-04-0279-DE-058 a esa contratación, la Auditoría Superior de la Federación (ASF) detectó en 2011 un sobreprecio a la cotización original de más de 826 mdp, por “ejecución de conceptos extraordinarios”, que elevaron la erogación a más de 4 mil 200 mdp.
Además, el plazo de ejecución expiraba en febrero de 2012, pero en noviembre de ese año las obras continuaban. Destaca el dato de que en esa autopista las firmas de Aldesa obtuvieron en total ocho contratos, concedidos por la SCT y Capufe, que le significaron ingresos por más de 6 mil 647 mdp.
Otro contrato cuestionado, y no sólo por el colapso de la obra, es precisamente el relacionado con la ampliación del libramiento de Cuernavaca o Paso Exprés (SCT, 201417CED062W2014), asignado a Aldesem en asociación con Epccor S.A. de C.V. En su auditoría de inversiones físicas 15-0-09100-04-0380380-DE sobre ese contrato —excluyendo otros de servicios relacionados, suscritos por diferentes constructoras—, la ASF encontró que hasta el cierre de 2015 la SCT había efectuado gastos injustificados por más de 260.78 mdp. Asimismo, no sólo se amplió el plazo de ejecución de la obra; también el costo proyectado saltó de mil 45.8 millones a mil 796.60 mdp, según el convenio suscrito entre los contratistas y la SCT el 5 de enero de 2017, cuya copia tiene EL UNIVERSAL.
Otro contrato de obra carretera con modificaciones presupuestales relevantes fue el de la construcción de los túneles gemelos y obras relacionadas del Viaducto Conexión Interlomas —nueva autopista Naucalpan–Toluca (SCT, 2OCEA687W02), con precio proyectado en 133.5 mdp y que alcanzó los 540 mdp.
También, los correspondientes a la construcción de los centros de control de los túneles de la carretera Durango-Mazatlán (20117CEO551WO11), cuyo precio se proyectó en 921.57 mdp y cerró en mil 825.24 mdp; a la construcción de los ejes del entronque Pacho-Viejo, para el libramiento Coatepec en Veracruz (SCT, 14CE897W01), que pasó de 224.66 a 310.72 mdp, y a la construcción del tramo comprendido entre los kilómetros 14+220 a 20+000 de la carretera Jala-Puerto Vallarta (SCT, 1RCEO575W01), que saltó de 299 a 347 mdp.
Por otro lado, sobresalen las concesiones de operación y administración del tramo carretero Guadalajara–Colima por 778 mdp, que tendrá hasta 2022 (BANOBRAS, 196006), y de construcción, operación, explotación y mantenimiento del tramo Jaltetelco–El Higuerón en Morelos, que obtuvo una subvención de 679.84 mdp y del cual conservará el control por 30 años, bajo un cronómetro que arrancó en 2013 (SCT, CPI 00009076-001-13).
Incursión eléctrica, con Rojas y Ochoa Reza
Antes de la actual administración, las empresas de Grupo Aldesa sólo participaban en obra pública federal relacionada con carreteras, pero su diversificación llegó con la gestión peñista, concretamente a partir de diciembre de 2012, cuando comenzaron a obtener contratos de obra para infraestructura eléctrica.
Desde entonces han ganado 11 licitaciones internacionales convocadas por la CFE, por 345 millones 914 mil 480 millones de dólares (mdd), justo en los periodos en que dirigieron esa empresa Francisco Rojas González —hasta 2014— y Enrique Ochoa Reza —de febrero de 2014 a julio de 2016—, ahora presidente nacional del PRI.
Todos esos contratos fueron licitados en dólares, pero se enuncian enseguida con su conversión a pesos al tipo de cambio de la fecha de firma, conforme a los registros del Banco de México. El primer contrato obtenido por el consorcio español en el sector (PIF024/2012), en octubre de 2013, tuvo por objeto efectuar la conversión eléctrica a 400 kilovatios en la Riviera Maya, por 856.79 mdp. El mismo año les asignaron (PIF008/2013) la segunda fase de transmisión y transformación de “Baja-Noine”, en Baja California, por 315.92 mdp; la interconexión de sistemas aislados en Guerrero Negro y Santa Rosalía por 238 mdp (PIF004/2013) y la construcción de una central de combustión interna (Guerrero Negro VI) en El Vizcaíno, en la misma entidad, por 269.83 mdp (PIF01/3/2013).
Ya en 2014, obtuvieron el contrato para construir dos subestaciones, siete alimentadores y una línea de alimentación de doble circuito, de mil 142 kilómetros de longitud, bajo el concepto “Distribución Sur, tercera fase” en Veracruz, por 192.89 mdp. (PIF020/21014) y cuatro obras bajo el concepto “Sur Peninsular (quinta fase)”, incluidas dos subestaciones en Tabasco y Chiapas, por 137.23 mdp (PIF014/2014).
En 2015 alcanzaron el contrato de obras del “Sistema Norte (tercera Fase)”, consistente en tres subestaciones, 12 alimentadores y una línea de transmisión en Baja California, por 180.23 mdp (PIF019/2015); el de la construcción de cuatro estaciones, 13 alimentadores y dos líneas de transmisión bajo el concepto 3 16 SE 1901 en Baja California y Baja California Sur, por 271.79 mdp (PIF024/2015), y el de las obras destinadas a la “reducción de pérdida de energías” (tercera fase), que incluyó siete obras, entre ellas el retiro, suministro e instalación de 156 mil 669 medidores en el Estado de México, por mil 537.93 mdp (PIF011/2015).
Un contrato semejante, pero para ejecución en la Ciudad de México, se asignó a las empresas del grupo en cuestión en 2016 (segunda fase), que implicaron el retiro, suministro e instalación de 131 mil 221 medidores por 740 mdp (PIF026/2016); el mismo año obtuvieron el contrato relacionado con la construcción de tres subestaciones en Jalisco, bajo el concepto “Noreste Central (cuarta fase)”, por 262.90 mdp (PIF014/2016).
Obras aeroportuarias y ferroviarias
Uno de los contratos más redituables que Grupo Aldesa ha obtenido del gobierno mexicano fue el que en 2013 le concedió la Comisión Nacional del Agua (Conagua) para la primera etapa de la construcción del Túnel Emisor Poniente II, en el Valle de México, por mil 195.55 mdp (código Compranet 84888).
La misma dependencia le dio el contrato para la construcción del embovedamiento del Río de los Remedios, tramo poniente, en los límites de los municipios mexiquenses de Nezahualcóyotl y Ecatepec, por 406.14 millones de pesos (LPN N71/2015).
Además, obtuvo de la SCT un contrato (LPI T21-2015) para construir talleres y cocheras del Tren Eléctrico Urbano de Guadalajara por 599.22 mdp; otro (Compranet 1284950) para proveer al mismo proyecto de escaleras y elevadores por 342.27 mdp, y uno más (Compranet 1405584) para dotar de maquinaria y equipo a los talleres y cocheras, por 426.43 mdp.
En las obras del Nuevo Aeropuerto de la Ciudad de México, el consorcio consiguió del Grupo Aeroportuario de la Ciudad de México el contrato para la construcción de la torre de control (Compranet 1186773) por mil 242.17 millones de pesos en 2017.
Antes había logrado hacerse de dos contratos en el mismo proyecto, uno en 2016 para la construcción de acceso y plataformas para la exploración geotécnica, por 10.96 mdp. (GACM 009KDH999), y otro en 2015 con un propósito semejante, pero para la pista dos (Compranet 773934), por 5 mdp.
En su Auditoría de Inversiones Físicas 11-0-09100-04-0279-DE-058 a esa contratación, la Auditoría Superior de la Federación (ASF) detectó en 2011 un sobreprecio a la cotización original de más de 826 mdp, por “ejecución de conceptos extraordinarios”, que elevaron la erogación a más de 4 mil 200 mdp.
Además, el plazo de ejecución expiraba en febrero de 2012, pero en noviembre de ese año las obras continuaban. Destaca el dato de que en esa autopista las firmas de Aldesa obtuvieron en total ocho contratos, concedidos por la SCT y Capufe, que le significaron ingresos por más de 6 mil 647 mdp.
Otro contrato cuestionado, y no sólo por el colapso de la obra, es precisamente el relacionado con la ampliación del libramiento de Cuernavaca o Paso Exprés (SCT, 201417CED062W2014), asignado a Aldesem en asociación con Epccor S.A. de C.V. En su auditoría de inversiones físicas 15-0-09100-04-0380380-DE sobre ese contrato —excluyendo otros de servicios relacionados, suscritos por diferentes constructoras—, la ASF encontró que hasta el cierre de 2015 la SCT había efectuado gastos injustificados por más de 260.78 mdp. Asimismo, no sólo se amplió el plazo de ejecución de la obra; también el costo proyectado saltó de mil 45.8 millones a mil 796.60 mdp, según el convenio suscrito entre los contratistas y la SCT el 5 de enero de 2017, cuya copia tiene EL UNIVERSAL.
Otro contrato de obra carretera con modificaciones presupuestales relevantes fue el de la construcción de los túneles gemelos y obras relacionadas del Viaducto Conexión Interlomas —nueva autopista Naucalpan–Toluca (SCT, 2OCEA687W02), con precio proyectado en 133.5 mdp y que alcanzó los 540 mdp.
También, los correspondientes a la construcción de los centros de control de los túneles de la carretera Durango-Mazatlán (20117CEO551WO11), cuyo precio se proyectó en 921.57 mdp y cerró en mil 825.24 mdp; a la construcción de los ejes del entronque Pacho-Viejo, para el libramiento Coatepec en Veracruz (SCT, 14CE897W01), que pasó de 224.66 a 310.72 mdp, y a la construcción del tramo comprendido entre los kilómetros 14+220 a 20+000 de la carretera Jala-Puerto Vallarta (SCT, 1RCEO575W01), que saltó de 299 a 347 mdp.
Por otro lado, sobresalen las concesiones de operación y administración del tramo carretero Guadalajara–Colima por 778 mdp, que tendrá hasta 2022 (BANOBRAS, 196006), y de construcción, operación, explotación y mantenimiento del tramo Jaltetelco–El Higuerón en Morelos, que obtuvo una subvención de 679.84 mdp y del cual conservará el control por 30 años, bajo un cronómetro que arrancó en 2013 (SCT, CPI 00009076-001-13).
Incursión eléctrica, con Rojas y Ochoa Reza
Antes de la actual administración, las empresas de Grupo Aldesa sólo participaban en obra pública federal relacionada con carreteras, pero su diversificación llegó con la gestión peñista, concretamente a partir de diciembre de 2012, cuando comenzaron a obtener contratos de obra para infraestructura eléctrica.
Desde entonces han ganado 11 licitaciones internacionales convocadas por la CFE, por 345 millones 914 mil 480 millones de dólares (mdd), justo en los periodos en que dirigieron esa empresa Francisco Rojas González —hasta 2014— y Enrique Ochoa Reza —de febrero de 2014 a julio de 2016—, ahora presidente nacional del PRI.
Todos esos contratos fueron licitados en dólares, pero se enuncian enseguida con su conversión a pesos al tipo de cambio de la fecha de firma, conforme a los registros del Banco de México. El primer contrato obtenido por el consorcio español en el sector (PIF024/2012), en octubre de 2013, tuvo por objeto efectuar la conversión eléctrica a 400 kilovatios en la Riviera Maya, por 856.79 mdp. El mismo año les asignaron (PIF008/2013) la segunda fase de transmisión y transformación de “Baja-Noine”, en Baja California, por 315.92 mdp; la interconexión de sistemas aislados en Guerrero Negro y Santa Rosalía por 238 mdp (PIF004/2013) y la construcción de una central de combustión interna (Guerrero Negro VI) en El Vizcaíno, en la misma entidad, por 269.83 mdp (PIF01/3/2013).
Ya en 2014, obtuvieron el contrato para construir dos subestaciones, siete alimentadores y una línea de alimentación de doble circuito, de mil 142 kilómetros de longitud, bajo el concepto “Distribución Sur, tercera fase” en Veracruz, por 192.89 mdp. (PIF020/21014) y cuatro obras bajo el concepto “Sur Peninsular (quinta fase)”, incluidas dos subestaciones en Tabasco y Chiapas, por 137.23 mdp (PIF014/2014).
En 2015 alcanzaron el contrato de obras del “Sistema Norte (tercera Fase)”, consistente en tres subestaciones, 12 alimentadores y una línea de transmisión en Baja California, por 180.23 mdp (PIF019/2015); el de la construcción de cuatro estaciones, 13 alimentadores y dos líneas de transmisión bajo el concepto 3 16 SE 1901 en Baja California y Baja California Sur, por 271.79 mdp (PIF024/2015), y el de las obras destinadas a la “reducción de pérdida de energías” (tercera fase), que incluyó siete obras, entre ellas el retiro, suministro e instalación de 156 mil 669 medidores en el Estado de México, por mil 537.93 mdp (PIF011/2015).
Un contrato semejante, pero para ejecución en la Ciudad de México, se asignó a las empresas del grupo en cuestión en 2016 (segunda fase), que implicaron el retiro, suministro e instalación de 131 mil 221 medidores por 740 mdp (PIF026/2016); el mismo año obtuvieron el contrato relacionado con la construcción de tres subestaciones en Jalisco, bajo el concepto “Noreste Central (cuarta fase)”, por 262.90 mdp (PIF014/2016).
Obras aeroportuarias y ferroviarias
Uno de los contratos más redituables que Grupo Aldesa ha obtenido del gobierno mexicano fue el que en 2013 le concedió la Comisión Nacional del Agua (Conagua) para la primera etapa de la construcción del Túnel Emisor Poniente II, en el Valle de México, por mil 195.55 mdp (código Compranet 84888).
La misma dependencia le dio el contrato para la construcción del embovedamiento del Río de los Remedios, tramo poniente, en los límites de los municipios mexiquenses de Nezahualcóyotl y Ecatepec, por 406.14 millones de pesos (LPN N71/2015).
Además, obtuvo de la SCT un contrato (LPI T21-2015) para construir talleres y cocheras del Tren Eléctrico Urbano de Guadalajara por 599.22 mdp; otro (Compranet 1284950) para proveer al mismo proyecto de escaleras y elevadores por 342.27 mdp, y uno más (Compranet 1405584) para dotar de maquinaria y equipo a los talleres y cocheras, por 426.43 mdp.
En las obras del Nuevo Aeropuerto de la Ciudad de México, el consorcio consiguió del Grupo Aeroportuario de la Ciudad de México el contrato para la construcción de la torre de control (Compranet 1186773) por mil 242.17 millones de pesos en 2017.
Antes había logrado hacerse de dos contratos en el mismo proyecto, uno en 2016 para la construcción de acceso y plataformas para la exploración geotécnica, por 10.96 mdp. (GACM 009KDH999), y otro en 2015 con un propósito semejante, pero para la pista dos (Compranet 773934), por 5 mdp.
Diputados citan a Osorio para destrabar crisis en el Congreso
La cita es hoy a las 9 de la mañana en San Lázaro. La decisión de nombrar al titular de la fiscalía le corresponde al Legislativo “y será respetada”, dice el secretario de Gobernación.
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| El funcionario estuvo en la inauguración del 164 Periodo Extraordinario de Sesiones de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. (Sashenka Gutiérrez/EFE) |
FERNANDO DAMIÁN Y EUGENIA JIMÉNEZ
México
A petición de las fracciones de PAN, PRD y Movimiento Ciudadano, la presidenta de la Cámara de Diputados, María Guadalupe Murguía, convocó al secretario de Gobernación, Miguel Ángel Osorio Chong, y a los coordinadores de los ocho grupos parlamentarios a un diálogo público en el Palacio de San Lázaro con el fin de resolver la crisis de gobernabilidad en el Congreso de la Unión.
La reunión, convocada para hoy a las 9 horas, tiene la finalidad, dijo, de buscar acuerdos sobre la iniciativa presidencial para dar marcha atrás al llamado "pase automático" del procurador Raúl Cervantes a la titularidad de la nueva Fiscalía General de la República.
Por su parte, Osorio Chong pidió a los legisladores de oposición alcanzar acuerdos para sacar adelante la agenda legislativa, y dijo que la decisión de nombrar al fiscal general les corresponde a ellos y será respetada.
Previamente, en conferencia conjunta, los coordinadores parlamentarios del PAN, Marko Cortés; PRD, Francisco Martínez Neri, y Movimiento Ciudadano, Clemente Castañeda, llamaron al secretario de Gobernación a establecer un diálogo público y urgente para conversar sobre la crisis del Legislativo, sin embargo reafirmaron su condicionamiento de destrabar la elección de la Mesa Directiva a cambio de que el Senado dé marcha atrás a la designación de un fiscal "a modo".
A este llamado, el coordinador de los diputados del PRI, César Camacho, lo calificó de "absurdo" y "fuera de lugar", al tiempo que advirtió que la bancada tricolor promoverá, en su caso, un recurso ante la Suprema Corte o el Tribunal Electoral para ordenar la elección de la nueva Mesa Directiva en San Lázaro.
Camacho llamó "secuestradores del Congreso" a los legisladores de oposición, y los responsabilizó de una inminente crisis constitucional en la Cámara de Diputados: "Estamos en la puerta de una crisis constitucional que, paradójicamente, está siendo provocada por legisladores que pretenden erigirse en secuestradores de una de las cámaras del Congreso de la Unión".
Sostuvo que la fracción del tricolor se alista para interponer un recurso ante el Poder Judicial para obligar a los diputados federales a elegir su nueva Mesa Directiva y normalizar la vida institucional del Congreso de la Unión.
El panista Marko Cortés emplazó al PRI a sacar de la congeladora la iniciativa del Presidente como primer paso para resolver el conflicto del Poder Legislativo; a su vez, el perredista Martínez Neri admitió la situación de crisis que generaría la indefinición de la nueva presidencia, en vísperas de la presentación del Proyecto de Ingresos y Egresos del Ejecutivo para 2018.
En su turno, el diputado Clemente Castañeda subrayó que la responsabilidad principal de Osorio Chong es garantizar la gobernabilidad democrática y, en las actuales circunstancias, evitar una crisis constitucional, por lo que advirtió que "si hay una negación al diálogo, en ellos caerá la responsabilidad".
"No quise interferir"
Al concluir la inauguración del 164 periodo extraordinario de sesiones de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, Osorio Chong destacó que "hemos dejado claro desde el gobierno de la República que estamos dejando los procesos que corresponden al Legislativo en completa libertad y como debe de ser y ha sucedido durante los cinco años de este gobierno. Se debe aplicar la ley, hoy hay un mandato si la iniciativa del Presidente la consideran o no, es decisión de los legisladores".
Cuestionado sobre la decisión de no asistir el viernes a la Cámara de Diputados a entregar el quinto Informe presidencial, el secretario dijo que los diputados estaban en la búsqueda de acuerdos para lograr instalar la Mesa Directiva, "cosa que no se alcanzó y no quise interferir".
Sobre las diferencias en el PAN que impidieron la instalación de las mesas directivas, el titular de la Segob indicó "respetamos a esta fracción en la Cámara de Diputados y el Senado, más bien lo que nosotros podamos hacer para colaborar y ayudar, con total respeto a la Cámara de Diputados, lo vamos hacer, creo que debe haber un ánimo como ha existido en estos cinco años del ejercicio de la buena política, que busque acuerdos que solucione conflictos que permita trabajar a esta Cámara como debe de ser".
La Cámara de Diputados está al borde de la parálisis legislativa
El bloque PAN-PRD-MC insiste en no avalar la integración de la mesa directiva
Este martes vence el plazo dispuesto por el artículo 17 de la Ley Orgánica del Congreso General
Enrique Méndez
La Cámara de Diputados se colocó, por primera vez desde 1997 –cuando el PRI perdió la mayoría absoluta y los órganos de dirección se aprobaron de última hora– al borde de la parálisis legislativa, después de que el bloque PAN-PRD-MC insiste en no avalar la integración de la mesa directiva y de que, al concluir hoy la que está en funciones, la Ley Orgánica del Congreso General no prevé un mecanismo que permita designarla sin el voto de las dos terceras partes de los legisladores.
Esta crisis, que derivó de la advertencia de ‘‘guerra’’ del presidente nacional del PAN, Ricardo Anaya, contra el gobierno y el PRI, y que se avivó con la designación de Ernesto Cordero, colaborador de Felipe Calderón, ha impedido que desde el jueves se vote la nueva mesa.
A partir de ello, la cámara aplicó lo dispuesto en el artículo 17 de la Ley Orgánica, donde se define que si en la sesión preparatoria al inicio del año legislativo –esto es, en la del 31 de agosto– ‘‘no se alcanza la mayoría calificada requerida, la mesa continuará en funciones hasta el día 5 del siguiente mes, con el fin de que se logren los entendimientos necesarios’’.
Sin embargo, ni la Constitución ni la Ley Orgánica definen una salida en caso de que prevalezca un desacuerdo y la Junta de Coordinación Política está citada para hoy a las nueve de la mañana, con objeto de obtener un arreglo.
Para el PRI, en la sesión ordinaria de hoy –cuando se someta a votación la integración de la mesa, que incluye a Jorge Carlos Ramírez Marín como presidente– podría aplicarse lo que dispone el mismo artículo 17, respecto de que la Mesa de Decanos podría citar a la instalación del Congreso, pero no tiene atribuciones más allá del 5 de septiembre.
Esto es, sólo podría citar a una nueva sesión para que ahí se someta a votación la mesa directiva, pero tampoco cuenta con atribuciones para citar a la siguiente sesión ordinaria.
Si se mantiene la cámara sin ese órgano, los diputados no podrían recibir –a más tardar el viernes– el Paquete Económico 2018, aun cuando se prevé que la iniciativa de Ley de Ingresos, el proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación y los Criterios de Política Económica puedan ser recibidos, como ocurrió con el quinto Informe presidencial, por el secretario general, Mauricio Farah. No obstante, el funcionario no cuenta con facultades para turnar a las comisiones de Hacienda y de Presupuesto los documentos, porque se trata de una obligación del presidente de la cámara.
Para resaltar el dilema, el PRI recordó que desde el inicio de la 57 Legislatura (1997-2000), cuando el llamado Grupo de los Cuatro, formado por PAN, PRD, PT y PVEM, obligó al tricolor a aceptar a Porfirio Muñoz Ledo como presidente, no se había dado una crisis igual.
Una llamada de Los Pinos el 31 de agosto de ese año, que puso fin a la indignación de un priísmo que, encabezado en San Lázaro por Arturo Núñez –ahora gobernador de Tabasco– se negaba a admitir que Muñoz Ledo respondiera el tercer Informe de Ernesto Zedillo.
Aquel capítulo terminó con la postura expresada en tribuna por Ricardo Monreal, a la sazón vicecoordinador priísta, que reconocía la presidencia de la cámara en manos del PRD.
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| Protesta de legisladores del Partido Acción Nacional en San Lázaro, el pasado primero de septiembre Foto Carlos Ramos Mamahua. |
La Cámara de Diputados se colocó, por primera vez desde 1997 –cuando el PRI perdió la mayoría absoluta y los órganos de dirección se aprobaron de última hora– al borde de la parálisis legislativa, después de que el bloque PAN-PRD-MC insiste en no avalar la integración de la mesa directiva y de que, al concluir hoy la que está en funciones, la Ley Orgánica del Congreso General no prevé un mecanismo que permita designarla sin el voto de las dos terceras partes de los legisladores.
Esta crisis, que derivó de la advertencia de ‘‘guerra’’ del presidente nacional del PAN, Ricardo Anaya, contra el gobierno y el PRI, y que se avivó con la designación de Ernesto Cordero, colaborador de Felipe Calderón, ha impedido que desde el jueves se vote la nueva mesa.
A partir de ello, la cámara aplicó lo dispuesto en el artículo 17 de la Ley Orgánica, donde se define que si en la sesión preparatoria al inicio del año legislativo –esto es, en la del 31 de agosto– ‘‘no se alcanza la mayoría calificada requerida, la mesa continuará en funciones hasta el día 5 del siguiente mes, con el fin de que se logren los entendimientos necesarios’’.
Sin embargo, ni la Constitución ni la Ley Orgánica definen una salida en caso de que prevalezca un desacuerdo y la Junta de Coordinación Política está citada para hoy a las nueve de la mañana, con objeto de obtener un arreglo.
Para el PRI, en la sesión ordinaria de hoy –cuando se someta a votación la integración de la mesa, que incluye a Jorge Carlos Ramírez Marín como presidente– podría aplicarse lo que dispone el mismo artículo 17, respecto de que la Mesa de Decanos podría citar a la instalación del Congreso, pero no tiene atribuciones más allá del 5 de septiembre.
Esto es, sólo podría citar a una nueva sesión para que ahí se someta a votación la mesa directiva, pero tampoco cuenta con atribuciones para citar a la siguiente sesión ordinaria.
Si se mantiene la cámara sin ese órgano, los diputados no podrían recibir –a más tardar el viernes– el Paquete Económico 2018, aun cuando se prevé que la iniciativa de Ley de Ingresos, el proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación y los Criterios de Política Económica puedan ser recibidos, como ocurrió con el quinto Informe presidencial, por el secretario general, Mauricio Farah. No obstante, el funcionario no cuenta con facultades para turnar a las comisiones de Hacienda y de Presupuesto los documentos, porque se trata de una obligación del presidente de la cámara.
Para resaltar el dilema, el PRI recordó que desde el inicio de la 57 Legislatura (1997-2000), cuando el llamado Grupo de los Cuatro, formado por PAN, PRD, PT y PVEM, obligó al tricolor a aceptar a Porfirio Muñoz Ledo como presidente, no se había dado una crisis igual.
Una llamada de Los Pinos el 31 de agosto de ese año, que puso fin a la indignación de un priísmo que, encabezado en San Lázaro por Arturo Núñez –ahora gobernador de Tabasco– se negaba a admitir que Muñoz Ledo respondiera el tercer Informe de Ernesto Zedillo.
Registran Frente el PAN, PRD y MC
Mayolo López, Héctor Gutiérrez y Claudia Guerrero
Cd. de México (05 septiembre 2017).- Las dirigencias nacionales del PAN, PRD y Movimiento Ciudadano avalaron la construcción del llamado "Frente Ciudadano por México", el cual prevén registrar hoy ante el INE.
Se trata de un acuerdo entre los tres partidos para convocar a ciudadanos, académicos y organizaciones a una alianza electoral en busca de un Gobierno de coalición en 2018.
Según un documento de trabajo que circuló anoche entre las dirigencias de esos partidos, el frente quedará registrado formalmente la mañana de hoy ante el Instituto Nacional Electoral bajo la denominación "Frente Ciudadano por México".
En el borrador se detalla que el acuerdo estará vigente desde el 5 de septiembre hasta 2024 y, entre sus objetivos, estará la creación de un sistema de pesos y contrapesos, de transparencia y de rendición de cuentas, que permita la fiscalización, así como el combate a la corrupción y la impunidad.
Ricardo Anaya, presidente nacional del PAN, destacó ayer la trascendencia del acuerdo, luego de que fue aprobado por la Comisión Permanente de su partido.
"Así como el PRD y Movimiento Ciudadano han sido autorizados para suscribir este frente, esta noche el Partido Acción Nacional, a través de la Comisión Permanente, también está autorizado para hacerlo.
"Es un día, me parece, histórico, hoy damos un paso muy importante para lograr el cambio profundo que nuestro País está demandando.
"No se trata de una alianza tradicional de partidos; lo que buscamos es un frente amplio en el que caben todos los que quieren lo mejor para México", celebró Anaya.
El acuerdo contó con el voto de la aspirante presidencial Margarita Zavala y de la ex dirigente nacional panista Cecilia Romero, quienes antes habían cuestionado dicha negociación.
"Lo que se aprobó fue sólo para avisar de la intención de un frente, por lo pronto no electoral, que puede traducirse en una alianza o coalición", indicó Zavala.
"La verdad es que yo sí vine a preguntar cuáles eran los requisitos para buscar la Presidencia de la República en el frente y me aclararon que no había ningún acuerdo, que no había ninguna decisión".
Durante el día, la dirigencia nacional de Movimiento Ciudadano también aprobó la participación del partido en el frente.
"Este frente no electoral compromete legalmente a los partidos a ponerse al servicio de los ciudadanos para cambiar el régimen que tanto daño le ha hecho al País", informó el instituto encabezado por Dante Delgado.
El domingo, el Consejo Nacional del PRD aprobó también la participación de ese partido en el frente.
Congreso enfila hacia vacío legal; Cordero: Senado no cederá a chantajes
No habría Mesa Directiva en la Cámara de Diputados que llame a sesiones; riesgo de que no se procese el Paquete Económico.
TANIA ROSAS Y LETICIA ROBLES DE LA ROSA
CIUDAD DE MÉXICO.
Si hoy no se instala la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados se generará un vacío legal en esa instancia, advirtieron César Camacho y Jorge Carlos Ramírez Marín, coordinador y vicecoordinador de los diputados del PRI, respectivamente.
No se podrán turnar iniciativas ni puntos de acuerdo a las comisiones pues no habrá órgano de gobierno que convoque a sesiones a partir del miércoles; la ley no lo precisa.
“Estamos en la puerta de una crisis constitucional”, afirmó Camacho, quien dijo que el Paquete Económico 2018 podrá ser recibido, pero no turnado para su análisis.
Destacó que analiza las estrategias legales para recurrir a la Suprema Corte y al Tribunal Electoral para que se ordene a la Cámara elegir a sus órganos de dirección.
La presidencia de la Cámara de Diputados pidió la intervención de Gobernación.
El presidente del Senado, Ernesto Cordero, advirtió que no cederá a chantajes.
Rebeldes, más obedientes que anayistas
Los senadores panistas que más han votado en contra de la línea son los que respaldan a su líder nacional.
El dirigente nacional del PAN, Ricardo Anaya, alista sanciones para cinco senadores que no se ajustaron a los lineamientos del partido; sin embargo, cuatro de los senadores que hacen equipo con el líder nacional han votado hasta en 13 ocasiones de manera distinta a la línea de Acción Nacional, sin que hasta el momento tengan consecuencia alguna.
Víctor Hermosillo suma 13 votaciones diferentes a las de su coordinador parlamentario; Francisco Búrquez y Ernesto Ruffo han votado en 11 ocasiones de manera distinta a su coordinador, mientras que Marcela Torres lo ha hecho en nueve ocasiones, y en ninguno de estos casos se les ha sancionado.
Jorge Luis Lavalle y Roberto Gil, quienes enfrenta un proceso interno para ser sancionados, lo han hecho sólo en tres ocasiones, igual que Mariana Gómez del Campo, y Ernesto Cordero y Javier Lozano sólo en una ocasión.
De acuerdo con la revisión del récord de las mil 239 votaciones efectuadas por el Senado, desde septiembre de 2012 hasta abril pasado, es notorio de que los senadores Hermosillo, Búrquez, Ruffo y Torres han votado de manera distinta a como lo ha hecho el coordinador parlamentario, que de acuerdo con los Estatutos del PAN es el brazo legislativo del presidente nacional del PAN.
El PAN tiene en sus Principios de Doctrina que “toda persona tiene derecho y obligación de ejercer responsablemente su libertad para crear, gestionar o aprovechar las condiciones políticas, sociales y económicas, con el fin de mejorar la convivencia humana. Construir un orden social justo es deber individual y colectivo”.
Pero ni en sus Estatutos ni en el Reglamento de Militantes vigentes tiene alguna referencia a la libertad de sus legisladores a ejercer la libertad de conciencia, que caracterizó durante décadas al partido; recuerda, en contraste, que todos los militantes están obligados a seguir “las líneas políticas definidas por los órganos superiores”; también restablece en los Estatutos que los coordinadores parlamentarios son una extensión del presidente nacional; es decir, el coordinador refleja la posición de la dirigencia nacional.
Ésa es la base para que, desde el fin de semana, Ricardo Anaya, presidente nacional del PAN, instruyera a los comités directivos estatales que analizaran la procedencia de sanciones contra los senadores Ernesto Cordero, Javier Lozano, Jorge Luis Lavalle, Salvador Vega Casillas y Roberto Gil Zuarth, por votar para que Ernesto Cordero fuera el presidente del Senado, a pesar de que su dirigente nacional no estaba de acuerdo.
De acuerdo con los panistas que señalan a los cinco senadores de traidores, el hecho de haber votado en contra de la línea del líder nacional los hace responsables de atentar contra el partido.
La revisión del sentido del voto de los senadores panistas, sin embargo, permite ver que esos cinco panistas han sido históricamente institucionales.
Víctor Hermosillo ha votado 13 veces en sentido opuesto al voto de su coordinador; de ellas, nueve han sido en el periodo en que Fernando Herrera ha sido coordinador; parte del Paquete Económico 2016; derecho de réplica, Ley General de Transparencia, un nombramiento diplomático; el nombramiento de Raúl Cervantes como titular de la PGR; la reforma a la Justicia Militar y al Ley de Ingresos de este año; Herrera votó en favor de todos estos temas.
Cuando Jorge Luis Preciado fue coordinador, Víctor Hermosillo votó una vez de manera diferente a él, en la Ley General de los Derechos de las Niñas, Niños y Adolescentes; cuando Ernesto Cordero fue el coordinador, votó tres veces de manera distinta; por cambios a la PGR y la consulta popular.
Los segundos que más votos diferenciados de su coordinador tienen son Francisco Búrquez y Ernesto Ruffo, con 11 cada uno.
Para el caso de Búrquez, se trata de dos cambios a la Ley General de Derechos 2016; la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria; la Miscelánea Fiscal y la Ley de Ingresos 2016; las votó en contra y Fernando Herrera en favor.
Un cambio a la Ley Ferroviaria la votó en contra y Jorge Luis Preciado, entonces su coordinador, en favor; una parte de la Reforma Financiera, el transitorio para prolongar la entrada en vigor de la certificación policial y un cambio a la Ley General de Cultura Física y Deporte; su entonces coordinador, Ernesto Cordero, votó en favor y Búrquez lo hizo en contra.
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| Estamos en la puerta de una crisis constitucional que está siendo provocada por quienes de legisladores pretenden erigirse en secuestradores.” César Camacho líder de los diputados del PRI |
Si hoy no se instala la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados se generará un vacío legal en esa instancia, advirtieron César Camacho y Jorge Carlos Ramírez Marín, coordinador y vicecoordinador de los diputados del PRI, respectivamente.
No se podrán turnar iniciativas ni puntos de acuerdo a las comisiones pues no habrá órgano de gobierno que convoque a sesiones a partir del miércoles; la ley no lo precisa.
“Estamos en la puerta de una crisis constitucional”, afirmó Camacho, quien dijo que el Paquete Económico 2018 podrá ser recibido, pero no turnado para su análisis.
Destacó que analiza las estrategias legales para recurrir a la Suprema Corte y al Tribunal Electoral para que se ordene a la Cámara elegir a sus órganos de dirección.
La presidencia de la Cámara de Diputados pidió la intervención de Gobernación.
El presidente del Senado, Ernesto Cordero, advirtió que no cederá a chantajes.
Rebeldes, más obedientes que anayistas
Los senadores panistas que más han votado en contra de la línea son los que respaldan a su líder nacional.
El dirigente nacional del PAN, Ricardo Anaya, alista sanciones para cinco senadores que no se ajustaron a los lineamientos del partido; sin embargo, cuatro de los senadores que hacen equipo con el líder nacional han votado hasta en 13 ocasiones de manera distinta a la línea de Acción Nacional, sin que hasta el momento tengan consecuencia alguna.
Víctor Hermosillo suma 13 votaciones diferentes a las de su coordinador parlamentario; Francisco Búrquez y Ernesto Ruffo han votado en 11 ocasiones de manera distinta a su coordinador, mientras que Marcela Torres lo ha hecho en nueve ocasiones, y en ninguno de estos casos se les ha sancionado.
Jorge Luis Lavalle y Roberto Gil, quienes enfrenta un proceso interno para ser sancionados, lo han hecho sólo en tres ocasiones, igual que Mariana Gómez del Campo, y Ernesto Cordero y Javier Lozano sólo en una ocasión.
De acuerdo con la revisión del récord de las mil 239 votaciones efectuadas por el Senado, desde septiembre de 2012 hasta abril pasado, es notorio de que los senadores Hermosillo, Búrquez, Ruffo y Torres han votado de manera distinta a como lo ha hecho el coordinador parlamentario, que de acuerdo con los Estatutos del PAN es el brazo legislativo del presidente nacional del PAN.
El PAN tiene en sus Principios de Doctrina que “toda persona tiene derecho y obligación de ejercer responsablemente su libertad para crear, gestionar o aprovechar las condiciones políticas, sociales y económicas, con el fin de mejorar la convivencia humana. Construir un orden social justo es deber individual y colectivo”.
Pero ni en sus Estatutos ni en el Reglamento de Militantes vigentes tiene alguna referencia a la libertad de sus legisladores a ejercer la libertad de conciencia, que caracterizó durante décadas al partido; recuerda, en contraste, que todos los militantes están obligados a seguir “las líneas políticas definidas por los órganos superiores”; también restablece en los Estatutos que los coordinadores parlamentarios son una extensión del presidente nacional; es decir, el coordinador refleja la posición de la dirigencia nacional.
Ésa es la base para que, desde el fin de semana, Ricardo Anaya, presidente nacional del PAN, instruyera a los comités directivos estatales que analizaran la procedencia de sanciones contra los senadores Ernesto Cordero, Javier Lozano, Jorge Luis Lavalle, Salvador Vega Casillas y Roberto Gil Zuarth, por votar para que Ernesto Cordero fuera el presidente del Senado, a pesar de que su dirigente nacional no estaba de acuerdo.
De acuerdo con los panistas que señalan a los cinco senadores de traidores, el hecho de haber votado en contra de la línea del líder nacional los hace responsables de atentar contra el partido.
La revisión del sentido del voto de los senadores panistas, sin embargo, permite ver que esos cinco panistas han sido históricamente institucionales.
Víctor Hermosillo ha votado 13 veces en sentido opuesto al voto de su coordinador; de ellas, nueve han sido en el periodo en que Fernando Herrera ha sido coordinador; parte del Paquete Económico 2016; derecho de réplica, Ley General de Transparencia, un nombramiento diplomático; el nombramiento de Raúl Cervantes como titular de la PGR; la reforma a la Justicia Militar y al Ley de Ingresos de este año; Herrera votó en favor de todos estos temas.
Cuando Jorge Luis Preciado fue coordinador, Víctor Hermosillo votó una vez de manera diferente a él, en la Ley General de los Derechos de las Niñas, Niños y Adolescentes; cuando Ernesto Cordero fue el coordinador, votó tres veces de manera distinta; por cambios a la PGR y la consulta popular.
Los segundos que más votos diferenciados de su coordinador tienen son Francisco Búrquez y Ernesto Ruffo, con 11 cada uno.
Para el caso de Búrquez, se trata de dos cambios a la Ley General de Derechos 2016; la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria; la Miscelánea Fiscal y la Ley de Ingresos 2016; las votó en contra y Fernando Herrera en favor.
Un cambio a la Ley Ferroviaria la votó en contra y Jorge Luis Preciado, entonces su coordinador, en favor; una parte de la Reforma Financiera, el transitorio para prolongar la entrada en vigor de la certificación policial y un cambio a la Ley General de Cultura Física y Deporte; su entonces coordinador, Ernesto Cordero, votó en favor y Búrquez lo hizo en contra.
Amenazan con cerrar la Cámara
Los líderes parlamentarios de PAN, PRD y MC amenazaron con impedir la instalación de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados, a menos de que haya un “diálogo abierto y público” con Miguel Ángel Osorio Chong, secretario de Gobernación.
Víctor Chávez
Los líderes de los grupos parlamentarios del PAN, PRD y Movimiento Ciudadano (MC) demandaron un diálogo “abierto y público” con el secretario de Gobernación, Miguel Ángel Osorio Chong, en la sede del Palacio Legislativo, como condición para resolver el diferendo que impide la instalación de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados.
En un pronunciamiento público, estos partidos –que se declararon formalmente en Frente Amplio Opositor– exigieron también la intervención de Osorio para pedir al PRI en el Senado que dictamine la iniciativa que el presidente Peña Nieto mandó desde noviembre del año pasado, a fin de modificar el artículo transitorio que garantiza el pase automático del actual procurador general, Raúl Cervantes, como nuevo fiscal de la nación.
“De lo contrario, si no se logran este diálogo y que se atienda la exigencia de que se retire el pase automático, bajaremos la cortina y cerraremos los trabajos de la Cámara de Diputados”, advirtió el coordinador de Movimiento Ciudadano, Clemente Castañeda.
“Si no hay Mesa Directiva, los diputados y la Comisión de Presupuesto no podrán recibir oficialmente el Presupuesto de la Federación para 2018”, adelantó.
El coordinador del PAN, Marko Cortés, dijo que “confiamos en la sensatez del Ejecutivo, a través del secretario de Gobernación, para no caer en la decisión de cerrar la Cámara”.
En respuesta, el coordinador del PRI, César Camacho, calificó de un acto de “irresponsabilidad” la decisión de la oposición, y alertó también que “si (hoy) no se alcanza un acuerdo y no hay nueva Mesa Directiva el miércoles, no puede haber ninguna actividad en el pleno”.
Explicó que, aunque el secretario de Hacienda, José Antonio Meade, puede entregar el Paquete Económico para el 2018 al secretario general de la Cámara de Diputados, como se hizo con el V Informe de Gobierno, “el documento no puede ser turnado oficialmente a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública, porque ese trámite le toca a la Mesa Directiva y no habría Mesa Directiva”.
De antemano, Camacho anticipó que “el secretario de Gobernación no vendrá a la Cámara de Diputados porque no le toca”.
Víctor Chávez
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En un pronunciamiento público, estos partidos –que se declararon formalmente en Frente Amplio Opositor– exigieron también la intervención de Osorio para pedir al PRI en el Senado que dictamine la iniciativa que el presidente Peña Nieto mandó desde noviembre del año pasado, a fin de modificar el artículo transitorio que garantiza el pase automático del actual procurador general, Raúl Cervantes, como nuevo fiscal de la nación.
“De lo contrario, si no se logran este diálogo y que se atienda la exigencia de que se retire el pase automático, bajaremos la cortina y cerraremos los trabajos de la Cámara de Diputados”, advirtió el coordinador de Movimiento Ciudadano, Clemente Castañeda.
“Si no hay Mesa Directiva, los diputados y la Comisión de Presupuesto no podrán recibir oficialmente el Presupuesto de la Federación para 2018”, adelantó.
El coordinador del PAN, Marko Cortés, dijo que “confiamos en la sensatez del Ejecutivo, a través del secretario de Gobernación, para no caer en la decisión de cerrar la Cámara”.
En respuesta, el coordinador del PRI, César Camacho, calificó de un acto de “irresponsabilidad” la decisión de la oposición, y alertó también que “si (hoy) no se alcanza un acuerdo y no hay nueva Mesa Directiva el miércoles, no puede haber ninguna actividad en el pleno”.
Explicó que, aunque el secretario de Hacienda, José Antonio Meade, puede entregar el Paquete Económico para el 2018 al secretario general de la Cámara de Diputados, como se hizo con el V Informe de Gobierno, “el documento no puede ser turnado oficialmente a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública, porque ese trámite le toca a la Mesa Directiva y no habría Mesa Directiva”.
De antemano, Camacho anticipó que “el secretario de Gobernación no vendrá a la Cámara de Diputados porque no le toca”.
México y China, unidos en favor del libre comercio
El presidente Peña Nieto comenta con Xi Jinping que en la renegociación del TLCAN nuestro país mantendrá una actitud constructiva, viendo por el interés nacional
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En estos términos se expresó el presidente Enrique Peña Nieto ante su homólogo de China, Xi Jinping, durante una reunión ocurrida en paralelo a los trabajos de la Cumbre de Economías Emergentes y Países en Desarrollo; posteriormente el Jefe del Ejecutivo participó en una cena ofrecida por el régimen chino a los participantes de la Cumbre de los BRICS.
En este encuentro privado, el presidente Peña Nieto comentó con Xi Jinping acerca del inicio del proceso de renegociación del Tratado de Libre Comercio de América del Norte.
De acuerdo con información de la oficina de prensa de Los Pinos, el presidente Peña Nieto destacó que Estados Unidos es nuestro principal socio comercial y que el TLCAN ha demostrado ser un vehículo para promover el desarrollo económico en nuestra región, además de que ha permitido hacer de América del Norte una región más próspera y competitiva.
Subrayó Peña Nieto que “la posición de México en la mesa de renegociación del TLCAN continuará siendo seria y constructiva, siempre poniendo el interés nacional por delante y buscando un resultado en el que los tres países norteamericanos ganen”.
Asimismo, el presidente Peña Nieto compartió con su homólogo chino los avances en otros procesos de integración comercial que lleva a cabo México, incluidos la modernización del Acuerdo Global con la Unión Europea, la figura de Estado Asociado de la Alianza del Pacífico y la negociación en marcha para ampliar el comercio con Brasil.
Los Mandatarios dialogaron sobre los progresos logrados en los últimos años, como el acceso de productos mexicanos al mercado chino (carne de cerdo, tequila y berries, entre otros); la participación de empresas chinas en la exploración y extracción de hidrocarburos mexicanos, así como en el desarrollo de la Red Compartida.
Estos flujos de inversión se han visto fortalecidos por la instalación, en 2014, del Fondo Binacional México-China.
Asimismo, conversaron sobre el inicio de las operaciones en México, en junio de 2016, del Banco de Industria y Comercio de China (ICBC) y del Banco de China, así como de la ampliación de nuestra conectividad aérea con el inicio de operaciones del vuelo Guangzhou-Vancouver-Ciudad de México, de China Southern Airlines, primera aerolínea china en establecer una ruta de pasajeros a México.
Los líderes intercambiaron puntos de vista sobre la iniciativa “Un Cinturón, Una Ruta”, impulsada por el Presidente Xi Jinping.
El Jefe del Ejecutivo Federal agradeció a su homólogo chino por el apoyo para combatir el mercado ilícito de la totoaba y ambos reiteraron su compromiso con la conservación de las especies en peligro de extinción, en particular de la vaquita marina, cetáceo endémico del Alto Golfo del Mar de Cortés.
Además, refrendaron su voluntad por defender el libre comercio, en el marco de un sistema multilateral basado en reglas claras.
Ambos mandatarios hablaron de la situación actual en sus respectivas regiones. Sobre la crisis política y humanitaria en Venezuela, el presidente Peña Nieto expuso al presidente Xi Jinping que México es partidario de que a través del acuerdo político entre venezolanos se alcance una solución pacífica, respetando la Constitución y las leyes de ese país. Los presidentes coincidieron en hacer la más enérgica condena a la actividad nuclear de Corea del Norte y aplicar las resoluciones del Consejo de Seguridad de la ONU.
Cuarta visita y séptimo encuentro
Ésta es la cuarta visita a China del presidente Peña Nieto y el séptimo encuentro bilateral con su homólogo chino.
Coincide, además, con la conmemoración, este año, del 45º aniversario del establecimiento de relaciones diplomáticas entre ambos países. Dichas reuniones han generado avances concretos en ámbitos prioritarios de la relación bilateral, como el comercio, la inversión y el turismo.
Actualmente, China es el segundo socio comercial de México y primero entre los países de la región de Asia-Pacífico, con un intercambio de 74 mil 928 millones de dólares en 2016.
Es, además, el sexto inversionista en México de la región Asia-Pacífico y 32º en el mundo. En 2016, 74 mil turistas chinos visitaron México, un aumento de 186 por ciento desde 2012.
Comités estatales del PAN piden sanciones a senadores
Las peticiones hechas por los comités fueron turnadas a la Comisión de Orden, donde se determinará la sanción correspondiente
Al menos cinco Comités Estatales del PAN han solicitado la expulsión de los senadores Ernesto Cordero, Roberto Gil Zuarth, Salvador Vega Casillas, Jorge Luis Lavalle y Javier Lozano, acusados de traición, luego de que votaron a “espaldas del partido” para que Cordero, cercano al expresidente Felipe Calderón, llegara a la presidencia del Senado.
Damián Zepeda, secretario General del albiazul, detalló que las peticiones hechas por los comités permanentes de Michoacán, Campeche, Ciudad de México, Tlaxcala y el Estado de México fueron turnadas a la Comisión de Orden, encabezada por el sinaloense, Carlos Castaños.
“La Comisión de Orden deberá, en su caso, hacer su análisis y determinan la sanción correspondiente; hay desde la menor que es suspensión, inhabilitación para tener cargos, y la propia expulsión”, detalló.
Por la mañana Roberto Gil, ex secretario particular de Calderón Hinojosa, convocó a través de su cuenta de Twitter al dirigente del PAN, Ricardo Anaya, a “dialoga” sobre el pase automático del Fiscal General de la República y “la crisis” interna que vive el albiazul. “Hablemos de frente y con verdad”, escribió.
Al respecto el líder panista respondió que no abonaría al conflicto interno:
“Estoy convencido de que México necesita un PAN unido, voy a seguir concentrado en la lucha que estamos dando de evitar que haya pase automático del actual Procurador para convertirse en Fiscal General por los próximos nueve años”.
Por su parte la aspirante a la candidatura presidencial, Margarita Zavala, convocó al partido a respetar el debido proceso y que analice “bien” la sanciones que aplicará “sin purgas, porque éste no es el partido comunista”.
Por Ricardo Ortiz.
Admite Anaya que sí aprobó el pase directo... pero no se dio cuenta
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Ayer argumentó: “era una minuta muy compleja”, y sostuvo que ninguna fuerza política se dio cuenta del “dardo envenenado”.
Anaya buscó deslindarse luego de que la discusión sobre este tema desató una serie de descalificaciones internas a “traidores” y peticiones de expulsión a cinco senadores, quienes acusan a Anaya de buscar controlar el partido y piden su renuncia.
Los enfrentamientos entre panistas comenzaron a la par del debate en el Senado por la posibilidad de que al momento en que la Procuraduría General de la República (PGR) se convierta en la Fiscalía General, sea el actual procurador, Raúl Cervantes, quien ocupe este cargo, esto gracias al llamado “pase automático”.
Este tema era parte de una iniciativa en materia política-electoral y la cual se votó el 10 de diciembre de 2013 en San Lázaro y publicada en febrero del siguiente año.
Al hablar ayer de dicha legislación, Anaya justificó: “He vuelto a revisar el diario de los debates: ningún partido político lo observó. Es decir, todos esos que hoy están aventando la piedra de distintas fuerzas políticas, habría que preguntarles por qué en su momento no lo observaron. Fue un dardo envenenado en una minuta que era muy compleja y que traía cosas de enorme trascendencia”.
Aseguró que luego de que la sociedad civil lo visualizó, el PAN ha levantado la voz e incluso el Ejecutivo Federal envió una iniciativa para “corregirlo”, propuesta que piden que avance en la Cámara alta.
“Era una reforma muy robusta, incluía el tema de la reelección de legisladores, autonomía de Coneval, autonomía de la PGR, paridad para que la mitad de los cargos legislativos sean para mujeres y la mitad para hombres, y dentro de esa reforma venía el dardo envenenado del famoso pase automático”, agregó Anaya.
Además, reiteró que todos los senadores y diputados del PAN la votaron a favor “porque la inmensa mayoría de lo que tenía la reforma era muy positiva”.
“He vuelto a revisar el diario de los debates: ningún partido político lo observó… fue un dardo envenenado en una minuta que era muy compleja y que traía cosas de enorme trascendencia”. Ricardo Anaya, Líder nacional del PAN
La crisis blanquiazul se agravó el jueves pasado cuando la bancada blanquiazul en la Cámara alta propuso a dos senadoras para convertirse en presidentas de este órgano durante un año, sin embargo, la propuesta fue rechazada por el PRI y, momentos después, fue designado el panista Ernesto Cordero en este cargo con el respaldo de sólo cuatro más de sus correligionarios.
Este lunes los comités estatales del PAN en Michoacán, Campeche, Ciudad de México, Tlaxcala y Estado de México pidieron la expulsión de los cinco senadores, propuestas que fueron turnadas a la comisión de orden y disciplina interpartidista, luego de que dichos legisladores, así como Margarita Zavala, pidieron la renuncia de Anaya como dirigente nacional.
Ayer, Cordero y Roberto Gil (otro de los panistas disidentes) señalaron que Anaya actúa como el gobierno venezolano.
El dirigente del PAN “actúa como el dictador de Venezuela: si estás con él, muy bueno; si no, te extermina”, sostuvo Gil Zuarth en entrevista televisiva.
Más tarde, Cordero compartió esa postura: “Quien no está con él (Anaya), está contra él, que es lo que nos sucede a nosotros. Y también tiene otro elemento, que está demostrando un desprecio por las instituciones que antes no tenía en el PAN: el detener la instalación de las Mesas Directivas… hay muchas maneras de ejercer política y presión, pero nunca, poniendo en riesgo las instituciones”.
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