Los consejeros del Instituto Nacional Electoral (INE) se fueron de vacaciones, dejando sin respuesta las dudas sobre la pasada elección de gobernador en Coahuila: ¿Quiénes y por cuánto rebasaron el tope de gastos de campaña?
La claridad y contundencia sobre este tema era fundamental. Como parte de la más reciente reforma electoral —la que se negoció en el marco del Pacto por México—, los partidos acordaron que un motivo de nulidad de una elección sería que el candidato con la mayor cantidad de sufragios hubiese rebasado el tope de gastos establecido por 5% o más, y que la diferencia de votos con el segundo lugar fuese de 5% o menos.
Es un hecho que las votaciones en México se están resolviendo de forma cada vez más cerrada.
Pensar que la próxima elección presidencial terminará con una diferencia de menos de 5% entre el primero y el segundo lugares no es sueño guajiro. De hecho, eso ya ocurrió en 2006, aunque las diferencias en 2000 y 2012 fueron un poco más amplias: de 6.41 y 6.63 puntos porcentuales, respectivamente.
Hasta ahora, la regla del rebase del tope de gastos de campaña no se ha aplicado en una elección presidencial. Si llegan a anularse por ese motivo los comicios para gobernador de Coahuila, sería la primera vez que sucede.
Lo que preocupa de que la regla valga en la elección presidencial de 2018 es que ese proceso termine judicializándose más que los anteriores. Y no por ese hecho en sí mismo —la existencia de un marco legal para la celebración de elecciones es una condición necesaria en una democracia—, sino por la propensión de los partidos a desconocer las reglas que ellos mismos se imponen y de querer lograr en la mesa lo que no ganan en las urnas, así como la tendencia de las autoridades electorales de enredarse en la aplicación de criterios que terminan por dejar confundidos a los ciudadanos sobre lo ocurrido en una elección.
Ése ha sido el caso de la elección de Coahuila, donde, a decir del INE, con base en estimaciones preliminares, el priista Miguel Ángel Riquelme, presunto ganador de los comicios, superó el tope por 8.27% y el panista Guillermo Anaya por 5.18%.
Por supuesto, nadie debiera oponerse a que la regla del rebase se aplique a ambos —o a uno solo de ellos— si incurrieron en el supuesto previsto por la ley. Asimismo, era importante que los consejeros señalaran a los partidos lo que no están dispuestos a aceptar en 2018. Pero el ir y venir de la información generada y discutida en el INE; la elaboración de distintas versiones del informe de gastos por parte de la Unidad Técnica de Fiscalización; la repetida intervención de los consejeros para que éstas incluyeran diferentes criterios de fiscalización, y la posposición del cálculo final han creado un caos comunicativo del que el INE difícilmente saldrá limpio.
Doy el beneficio de la duda a los consejeros de que no se ha incurrido en ilegalidad ni en mala fe durante este procedimiento. Pero la forma en que el INE ha hecho público el tema ha sido desastrosa, incluso considerando que los partidos tienen propensión al victimismo y a la antidemocracia.
Lo hecho, hecho está, y a ver qué pasa con la elección en Coahuila. No creo que sea poca cosa la decisión de anular una elección de gobernador por ese motivo, pero eso se puede superar. Lo que sería terrible es que un caos semejante ocurra en el proceso para elegir al próximo Presidente de la República.
De por sí el clima político está enrarecido. De por sí uno o más partidos dudan de la imparcialidad del árbitro electoral, seguramente sin razón. Ahora, imagine que el INE determine que el candidato ganador de la elección presidencial, que ganó por menos de cinco puntos, rebasó por más de cinco el tope de gastos de campaña. ¿Estaría dispuesto el INE a dejar en manos del Tribunal Electoral la decisión de anular la elección? ¿Lo haría si, por ejemplo, ganara Andrés Manuel López Obrador? ¿Aguantaría el país un escenario semejante?
Por ello, previendo un resultado apretado, y conociendo la capacidad de los partidos de echar mano de dinero por debajo de la mesa, el INE tiene que ser absolutamente escrupuloso y claro a la hora de comunicar el tope de gastos de campaña de la elección presidencial —que rondará los 427 millones de pesos—, así como los distintos criterios que regirán la fiscalización. Lo que ha ocurrido en días recientes debe ser visto como lo que no debe suceder en 2018.
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