Carlos Puig
Nuestra maraña burocrática de licitaciones, asignaciones, supervisión y ejecución es un laberinto a veces indescifrable.
Todo esto hace que para construir una ampliación de 14 kilómetros y medio haya varias licitaciones y muchos actores y al final nadie es el único responsable de una tragedia como la que sucedió en el Paso Express.
Ahora. Legalmente, pues tal vez sí hay ciertas responsabilidades bastante claras.
El contrato número 2105-17-CE-D036-Y-2015 entre la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, representada por José Luis Alarcón, delegado de SCT en Morelos —ya despedido— y la empresa Desarrollo Integral y Productividad Empresarial S.C., representada por su apoderado legal Pablo Mario Arrazola, no deja muchas dudas sobre la responsabilidad de la contratada:
Dice, a la letra: "El Contratista se obliga a que los materiales y equipos que se utilicen en los trabajos objeto de este contrato cumplan con las Normas de Calidad que la Dependencia tiene en vigor, mismas que forman parte de este contrato, y a que la realización de todas y cada una de las partes de dicha obra se efectúen de conformidad con el proyecto y las especificaciones generales y particulares para los trabajos materia del presente contrato (...) así como a responder por su cuenta y riesgo de los defectos y vicios ocultos que se llegaren a presentar en los trabajos y de los daños y perjuicios que por inobservancia o negligencia de su parte se lleguen a causar a 'La Dependencia' o a terceros, en cuyo caso, se hará efectiva la garantía otorgada para el cumplimiento del contrato, hasta por el monto total de la misma".
Ayer escribí sobre algunas cosas muy raras con la licitación que terminó en ese contrato.
Hoy menciono otra cosa extraña. La empresa que debía verificar la calidad del Paso Express, según el padrón de proveedores del estado de Oaxaca —donde se formó la empresa—, tiene especialidad en: "Servicios profesionales de asesoría, consultoría, organización, capacitación, administración, planeación, dirección, análisis, evaluación y desarrollo de proyectos y actividades en materia económica y financiera a toda clase de personas, físicas y morales, nacionales o extranjeras, incluyendo dependencias de la administración pública federal, estatal y municipal".
Nada de carreteras, ni de construcción, ni nada de eso.
Eso sí, 7 milloncitos de pesos.
Todo es muy raro, diría Gilga.
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