Alonso Urrutia
Ciudad de México. En medio de las descalificaciones de los partidos políticos a la fiscalización de los gastos de campaña de las elecciones pasadas, el Instituto Nacional Electoral abrió una vía para despresurizar este proceso, se aprobó la apertura de procedimientos oficiosos para revisar el punto más polémico: el costo cargado a los partidos por el pago no reportado de representantes de casilla y su impacto en el rebase de topes de gastos de campaña, fijándose un plazo de 24 para su realización.
Auspiciado por el presidente de la comisión de Fiscalización, Enrique Andrade, la propuesta generó respaldo entre sus colegas, incluido, el consejero presidente, Lorenzo Córdova quien –un tanto molesto- admitió que esta no era la ruta más óptima pero era la mejor para destrabar una fiscalización que implicó deficiencias de la Unidad Técnica de Fiscalización.
La aprobación vino precedida de un fuego cruzado de los partidos descalificándose entre ellos y al INE, según la particular afectación de cada uno. El PAN se pronunció en contra de esta ruta y su representante legislativo, Jorge López acusó que esto solamente abría la puerta la “fabricación de pruebas”, sugiriendo que el PRI incorporaría a destiempo sus oficios de no pago de representantes de casilla.
En su momento, la consejera Pamela San Martín reconoció la necesidad de corregir inconsistencias puntuales en la aplicación del reglamento y, aunque avaló la apertura de procedimientos oficiosos, demandó que ésta sea para generar certeza a los partidos políticos ante inconsistencias en el procedimiento, pero que en modo alguno debería servir para fabricar una simulación.
Para entonces, todos los partidos habían descalificado el procedimiento de fiscalización, desde la diversidad de visiones. El panista, Francisco Gárate arremetió contra esta vía porque le abría la puerta al PRI para hacer entrega de una información que en su momento carecía de ella y con elló acreditar lo que en su momento no tenía.
En contraste, para el priista, Jorge Carlos Ramírez Marín si bien coincidió con la apertura de un oficioso para que se ratique que su partido acreditó el no pago de representantes de casilla. Sin embargo, subrayó que en la fiscalización estos procedimientos oficiosos no deben ser actos donde no se conozca ya su destino enfatizando en la posibilidad de que haya habido financiamiento del crimen organizado para el PAN a través de sindicatos.
Sin entrar en los detalles de los dictámenes, el representante de Horacio Duarte, descalificó todo la fiscalización porque hace abstracción de elementos centrales como la abierta intervención del gobierno federal en las elecciones, la canalización de recursos, que el INE no quiso ver bajo la lógica de preservar las prácticas presidencialistas de no tocar al presidente Enrique Peña Nieto.
En su oportunidad, el perredista, Guadalupe Acosta Naranjo, cuestionó la cantidad de errores involucrados en los dictamenes y cuestionó la apertura obligada de los procedimientos oficiosos porque solo busca resarcir un error de la autoridas. Son procedimientos porque ya no tienen de otra , lo cual es muy grave de cara al proceso electoral de 2018 porque se ha hecho evidente la debilidad de la institución que “no puede ser presa de poderes fácticos “aprovechándose de su enorme poder y la vulnerabilidad de este órgano.
Al paso del debate, todos los consejeros se fueron allanándose a la propuesta de abrir procedimientos oficiosos para corregir inconsistencias en el tema del gasto cargado a representantes de casilla.
Los efectos de una nueva fiscalización
Al reanudar la sesión del consejo General del Instituto Nacional Electoral, el consejero presidente, Lorenzo Córdova sostuvo que en la fiscalización de los gastos de las campañas electorales, el organismo no debe anteponer las consecuencias que esta supone. No puede tener ni los rebases de topes de gastos de campaña como mira pero tampoco cuidar no incurrir en ella, sino realizar un mero ejercicio técnico.
Durante su intervención, salió a la defensa del papel del INE que fiscaliza sin tener dos variables fundamentales en sus competencias: fijar los topes de gastos de campaña ni determinar la nulidad legal de las elecciones.
“Ni los topes ni las nulidades de las elecciones corresponden al INE, si hoy tenemos ante nosotros situaciones tan paradójicas, por decir lo menos, como que el tope de gobernador del estado de México sea de 285 millones de pesos un tope 5 veces más alto que el que tendremos en 2018 o que en Coahuila 19.2 millones frente a los 20 millones de pesos en Nayarit. El tope de gasto del estado de México supone 25 pesos por cada elector, mientras que el presidencial de 2018 será de sólo 5 pesos por elector”#, es decir, cinco veces más que en la elección presidencial.
Por el contrario, aseveró el INE tampoco es responsable de un tope de gastos de campaña de 19 millones de pesos en Coahuila, por abajo del que fijaron las autoridades en Nayarit, de 20 millones ed pesos, a pesar de que la primera entidad tiene 2.5 veces más que el padrón nayarita. “Esas incongruencias son el resultado de las decisiones que se tomaron por las fuerzas políticas representadas en cada uno de los congresos locales y plasmadas en sus leyes, no del INE.
Córdova destacó que en 14 elecciones de 2016 se detectó un gasto no reportado de 77.3 millones de pesos, en contraste con las cuatro de 2017 cuando se ubicaron 364.2 millones de pesos, es decir, un incremento de 400 por ciento a pesar de que son mucho menos comicios locales en este año, lo que atribuyó a una fiscalización más robusta para identificar los gastos no reportados por los partidos.
En su oportunidad, el consejero Ciro Murayama sostuvo que “Si hoy se determina algún rebase de tope de gasto de campaña y se entra en el supuesto constitucional de nulidad de una Elección, cuya determinación recaerá invariablemente en el Tribunal Electoral, no será porque el INE tenga fobias contra algún actor o ansias por obtener la aprobación efímera de alguno de sus permanentes detractores. No”.
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