Hace unos días platicaba con Mario Delgado, senador morenista sobre la legitimidad en las elecciones en específico de la que considero será la más delicada de la historia moderna del país, la presidencial. En ella tendremos la oportunidad de dejar la peorcracia, el gobierno de los peores por el peor de los motivos. Delgadono estaba preocupado por el hecho de que quien llegue a la Presidencia tenga el apoyo mayoritario de los electores. Argumenta que lo importante es la credibilidad en el órgano electoral y la limpieza de la jornada y la campaña. Tiene lógica su punto de vista, pero tengo dudas de si esto le otorgaría una legitimidad de gestión que permitiera al novel gobernante margen de maniobra para la toma de decisiones complicadas. Ya hemos explicado en este espacio que de no variar el actual escenario, quien llegue a la silla tendrá cuando mucho 30% de los votos del padrón electoral, integrado por cerca de 87 millones de posibles electores y estimando una participación del 55% de los mismos, o sea 48 millones, éstos son 14 millones de votos en un país habitado según el Conapo, por 123 millones, es decir poco más de 10% de los mexicanos.
Siguiendo en este orden de ideas y con la postura de Delgado, tocaría analizar la credibilidad y la confianza que genera el INE en la población. En este momento según las encuestas, la confianza que generaba el instituto en la población es sólo un recuerdo. Ese órgano electoral ciudadano, que usaba a los ciudadanos para contar los votos está mermado. El día de hoy, los topes de gastos de campaña se han vuelto una ciencia oculta. Los spots de los líderes de los partidos otro motivo de descontento en donde el órgano electoral no puede poner orden, mucho menos piso parejo.
En el caso específico de la elección para gobernador en Coahuila, el tope de gastos de campaña se fijó en 19 millones de pesos, una cifra irrisoria. Todos los partidos de oposición al PRI encabezados por el candidato panista, Guillermo Anaya, acusaban al tricolor de rebasar esta cantidad. Hay que recordar que según la legislación vigente, en una elección en la cual el margen de victoria entre el primero y el segundo lugar sea menor a 5%, rebasar el tope se traduce en la nulidad de la elección y la convocatoria a una nueva. Pues resulta que la Unidad Técnica de Fiscalización del INE concluyó que tanto PRI como PAN, rebasaron el tope de gastos. Se reportó que el PRI gastó 25.2 millones de pesos y Acción Nacional 24.3, de un máximo de 19. La resolución será votada en sesión de Consejo General del INE. Se aprobará, será enviado al Tribunal local y después irá al TEPJF. Esta ruta pone al INE y a su consejero presidente, Lorenzo Córdoba, en una mezcla de Salomón y Pilatos, nada para nadie, pero me lavo las manos.
Me parece un intento desesperado por recuperar una credibilidad perdida por la inacción y la falta de fuerza para poner en orden a los actores de la elección presidencial del 2018. Por más mediática que resultará la evidente determinación de anular la elección de Coahuila, en el caso del gobernador y, quizá, en varias presidencias municipales, no creo que alcance para el nivel de desconfianza que se está generando entre los electores de cara al próximo año.
Lo que corresponde a la elección del Estado de México todo es un cómodo silencio. En una contienda en donde el tope de gastos de campaña fue la histórica cifra de 285 millones de pesos. La misma UTF detectó cerca de 217 millones de pesos de gastos no registrados entre todos los partidos políticos. Cualquiera que se dio una vuelta por tierras mexiquenses en campaña le será sencillo darse cuenta de que el gasto fue mucho mayor. Pero el estruendo que quieren causar en Coahuila, es la mejor cortina de humo para preservar las cosas en el Estado de México, en donde todos prefieren guardar un silencio misterioso y cómplice.
Siendo así el panorama que se pinta en materia electoral, es válido preguntarse: ¿El INE tendrá la legitimidad para organizar, contar y arbitrar una elección tan delicada? Se lo pregunto a usted con copia al senador Delgado.
Creo que la respuesta no nos lleva a la segunda vuelta, pero sí a los gobiernos de coalición. Hay una propuesta en donde se indican las carteras que deberían de alcanzar los partidos coaligados. No se trata de hacer alianzas para vencer a partidos o candidatos, sino de unirse por México que está lastimado. El país no aguanta seis años más de inmovilidad. Le aseguro que no llegamos al 2024.
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