Periodistas denuncian ante Fiscalía intervención ilegal de comunicaciones

Teresa Moreno/UNIVERSAL

Periodistas, activistas y defensores de derechos humanos presentaron una denuncia ante la Fiscalía Especial para la Atención de Delitos cometidos contra la Libertad de Expresión (FEADLE) por los delitos de intervención ilegal de comunicaciones privadas, que acarrea una pena de entre 6 y 12 años de prisión, y acceso ilícito a sistemas.

En total fueron 15 personas las que pudieron haber sido afectadas por acciones de espionaje ilegal del gobierno mexicano entre 2015 y 2016.

Estas acciones se realizaron a través del malware Pegasus, comercializado por la empresa israelí NSO Group, y y adquirido por al menos dos agencias del gobierno mexicano: PGR y la Secretaría de la Defensa Nacional, aunque también se sospecha del CISEN, para espiar sus comunicaciones y utilizar sus teléfonos celulares como espías de bolsillos, denunciaron organizaciones sociales durante la presentación del estudio “#GobiernoEspía: vigilancia sistemática a periodistas y defensores de derechos humanos en México”.

De acuerdo con Luis Fernando García, director de la R3D Red en Defensa de los Derechos Digitales, los intentos de espionaje se incrementaron "en ciertas coyunturas, los momentos de mayor ataque se relacionan con objetivos que apuntan a los intereses del gobierno federal", dijo en la conferencia de prensa.

"La vigilancia es altamente invasiva, le da un gran poder al atacante y se lleva a cabo en secreto e implica el riesgo agravado de abusos".

Dijeron que fueron víctimas de ataques con este software Mario Patrón, Stephanie Brewer, y Santiago Aguirre, colaboradores del Centro Productos Miguel Agustín Pro Juárez; los periodistas Rafael Cabrera, Sebastián Barragán y Carmen Aristegui, de Aristegui Noticias, así como el hijo adolescente de ella, Emilio Aristegui.

El periodista Carlos Loret de Mola, colaborador de EL UNIVERSAL, Televisa y Radio Fórmula; Salvador Camarena y Daniel Lizárraga, periodistas de Mexicanos Contra la Corrupción y la Impunidad; y Juan Pardinas y Alexandra Zapata del IMCO.

Además de los investigadores y activistas en el tema de la salud Simón Barquera, Alejandro Calvillo, y Luis Encarnación.

Según la investigación del CitizenLab, la mayoría de los nombres de dominio de la infraestructura de NSO se encuentran vinculados a México. Cada licencia para utilizar este malware tiene un costo de 77 mil dólares.

"¿Dónde está la información? ¿Qué hicieron con ella? Tenemos derecho a saberlo", señaló la periodista Carmen Aristegui durante la presentación del reporte.