martes, 22 de diciembre de 2020

TITULARES DE LOS PRINCIPALES MEDIOS DE CIRCULACIÓN NACIONAL

 

Pandemia alcanza a municipios en amarrillo



El contacto avanza en los seis estados que reportaron mayor control de la epidemia, en los últimos 14 días crecieron los casos
Pandemia alcanza a municipios en amarrilloSALVADO ● Un paciente infectado de coronavirus toca la campana de la vida en un hospital de Chiapas, estado que permanece en semáforo verde. Foto: 
La infección del nuevo coronavirus avanza hacia los estados que reportaron control de la pandemia generada por el SARS-CoV-2; en tan sólo 14 días se modificó el mapa de riesgo de seis entidades.

De acuerdo con la base de datos epidemiológicos de la Secretaría de Salud, hasta el 1 de diciembre Veracruz, Campeche, Chiapas, Oaxaca, Tlaxcala y Colima estaban en la clasificación de riesgo medio o bajo de COVID-19.

La movilidad de la población en esos estados generó un cambio radical durante la última quincena; se contaban 825 municipios donde se había logrado controlar la dispersión del virus, pero el 7 de diciembre se reportó que 25 por ciento de estas localidades (208 municipios) tuvieron incrementos en el número de casos positivos.

Oaxaca es el caso más emblemático de cambio de semáforo. Hasta el 23 de noviembre se encontraba en color amarillo de alerta, pero en esa fecha se reportó un incremento de contagios en ocho localidades: se tenían 427 casos positivos y el 7 de diciembre se incrementó a 517, 45 más en 14 días.

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En ese mismo estado se alertó sobre repuntes en varias localidades y ayer, Oaxaca ya se encontraba en riesgo alto de contagio.

A Tlaxcala y Colima, el 23 de noviembre, se les calificaba como estados de riesgo medio (semáforo amarillo); en el reporte de esta última semana, el cerco sanitario se redujo y pasaron a semáforo naranja. En la primera entidad ya se cuentan 10 mil 331 casos confirmados de COVID-19 y mil 337 defunciones; mientras que en Colima hay 7 mil 641 registros positivos, el mayor riesgo está en Manzanillo.

La Secretaría de Salud también mantiene bajo la lupa a Veracruz, que durante la penúltima semana de noviembre había pasado a semáforo verde y hoy es de alto contagio (semáforo naranja).

En el seguimiento de las estadísticas se detalla que uno de los puntos que generaron el cambio de alerta fue la capital de Veracruz.

Campeche —semáforo verde— es la entidad con menor riesgo de movilidad y contagio del país, sin embargo, Salud alertó que hay un repunte en Escárcega y la capital del estado. Chiapas también se mantiene en verde, pero registra un foco de alerta en Tuxtla Gutiérrez.

GRÁFICO: ARTURO RAMÍREZ
CERCA DEL ROJO
1 ● Sonora, Guanajuato, Aguascalientes, Querétaro e Hidalgo, con mayor puntaje en semáforo naranja.

2 ● Zacatecas, que viene de un semáforo en rojo, podría regresar a ese mismo nivel de riesgo.

3 ● El Centro Vacacional Oaxtepec, del IMSS, alberga desde ayer a pacientes con COVID-19, no graves.

4 ● La captación de estos pacientes es a través de los módulos de Triage del IMSS en la Ciudad de México.


Brexit y Covid dejan a Reino Unido más aislado que nunca





EFE, AFP, Reuters y Europa Press

LONDRES. La propagación de una nueva cepa del coronavirus, más contagiosa, y la inminencia de un Brexit para el que todavía no hay acuerdo dejan al Reino Unido más aislado que nunca, en medio de una situación sanitaria inquietante.

La variante del virus preocupa a la comunidad científica, aunque por ahora sólo se sabe que se expande bastante más rápido. No parece que tenga efectos más dañinos sobre la salud ni que vaya a ofrecer más resistencia a las vacunas.

Más de 40 países han vetado los viajes desde el Reino Unido, entre ellos ocho de América, y la lista iba en aumento a medida que pasaban las horas, así como la sensación de caos y preocupación. Una reunión de emergencia del Mecanismo Europeo de Respuesta a las Crisis en Bruselas acordó mantener las puertas abiertas interiores del espacio Schengen e “identificar las distintas opciones para la reapertura de las fronteras de forma coordinada y con medidas idénticas”.

Pero el cierre que más duele a los británicos es el de Francia, donde pasa la mayoría de las mercancías que llegan.

El primer ministro Boris Johnson habló con el presidente francés, Emmanuel Macron, a fin de zanjar una crisis que, en la inflamada vena nacionalista de medios británicos, obedece a una decisión arbitraria para castigar al país y forzarle a ceder en las negociaciones pos-Brexit. Johnson aseguró que las medidas no alterarían las cadenas de suministro de Reino Unido, que calificó de “sólidas y robustas”.

Pero sólo quedan diez días para el Brexit y la incertidumbre es máxima.

El alcalde de Londres, Sadiq Khan, y la ministra principal de Escocia, Nicola Sturgeon, instaron al gobierno británico a pedir una prórroga en las conversaciones para centrarse en la alarma desatada por la nueva variante del virus. La respuesta que se encontraron fue la misma: no se negociará más allá del 31 de diciembre.

En tanto, la Organización Mundial de la Salud intentó dar un mensaje tranquilizador ayer sobre la nueva cepa, afirmando que “no está fuera de control”.

Es muy importante tener transparencia, pero también transmitir que esto es una parte normal de la evolución del virus
Mike Ryan / Jefe de Emergencias OMS

“Hemos registrado una R0 (tasa de reproducción del virus) mucho más elevada que 1,5 en diferentes momentos de esta pandemia, y lo hemos controlado. Esta situación, en ese sentido, no está fuera de control”, declaró el responsable de emergencias sanitarias de la OMS, Michael Ryan, en conferencia de prensa.

Sus declaraciones contrastan con las del ministro de Salud británico, Matt Hancock, que aseguraba que “la nueva cepa del coronavirus estaba fuera de control”.

Ante el surgimiento de la nueva variante, la OMS instó a “reforzar los controles” en Europa ya que fuera del territorio británico se detectaron varios casos de la misma al menos en Dinamarca, Italia, Holanda, Australia y Sudáfrica.

Si bien esta nueva cepa ha generado una ola de temores por un aumento de los casos de Covid-19, la Comisión Europea autorizó la distribución en la UE de la vacuna de Pfizer-BioNTech. Horas antes, la Agencia Europea de Medicamentos (EMA) dio luz verde para su uso de emergencia.

Los miembros de la UE tienen previsto iniciar la campaña de vacunación el 27 de diciembre.

Sin embargo, la aprobación es condicionada y no final, por lo que Pfizer y BioNTech estarán sometidas a una vigilancia estricta para detectar cualquier efecto secundario, como ya pasó en Reino Unido y Estados Unidos.


Nuevo confinamiento pegará a trabajadores: prevén recortes salariales y de plantillas


Las empresas, sobre todo de los sectores no esenciales, invocarán a convenios con sus trabajadores para continuar o retornar a pactos para ajustes de plantillas laborales y de salarios ante el nuevo cierre en el Valle de México, los cuales se plantearán a los trabajadores previendo que el confinamiento se prolongue hasta el primer trimestre de 2021.

Expertos consultados por El Financiero coincidieron en que, en caso de que se extienda el confinamiento y más estados en naranja pasen a rojo en el semáforo epidemiológico en las próximas semanas, serán necesarios apoyos fiscales para mantener el empleo y evitar un mayor deterioro en las plantillas laborales.

Los abogados de empresa coincidieron en que ambos avisos en las gacetas de Ciudad de México y Estado de México ampliaron el catálogo de actividades esenciales que se permitirán durante las tres semanas de semáforo rojo, lo que atribuyen a que ahora se clasificaron en esta índole actividades como la manufactura atendiendo el tema económico.

Jorge Sales Boyoli, coordinador del Comité de Derecho Laboral de la Asociación Nacional de Abogados de Empresa (ANADE), indicó que el semáforo rojo cobra relevancia porque las empresas y los trabajadores del Valle de México ya están lastimados en los salarios y porque hay un llamado del Gobierno federal a preservar los empleos.

“Al amparo de esto volveríamos a invocar las causales de reducción del salario previstas en la Ley Federal del Trabajo para este tipo de eventos, se vuelve a poner en la mesa de discusión la posibilidad de reducción del salario de común acuerdo con el trabajador, y también la posibilidad de plantear conflictos colectivos de naturaleza económica, aunque por la pandemia los juzgados laborales están cerrados”, expuso.

Escenario complicado
Alfredo Kupfer, socio del Bufete Sánchez Devanny y asesor laboral de AmCham México, subrayó que el semáforo rojo en la capital del país y en el Estado de México pinta un panorama complicado para el empleo porque da indicios de que 2021 pudiera ser un año en el que continuemos con ‘picos’ de contagios y sectores económicos operando a medias.

En ese sentido, estimó que no parece que el 10 de enero vaya a terminar el nuevo confinamiento, sino que podría haber una extensión del cierre de la economía hasta que haya cierto control de la pandemia.

“Las empresas a más tardar en diciembre, hacen sus presupuestos para el próximo año, en ellos está la plantilla que van a tener y los salarios que van a conservar, muchas veces esperan este anuncio de salario mínimo para tener todas las cifras, pero esta situación (semáforo rojo) viene a cambiar los planes”.

Sugirió a las empresas que hagan una planeación al menos al primer trimestre del año e incluso un escenario de largo plazo por si se prolonga el confinamiento.

Oziel Guerrero, abogado laboral y socio de Vega, Guerrero & Asociados, concordó que las empresas podrían recortar sueldos de los empleados por el semáforo rojo impuesto en la Ciudad de México y el Estado de México.

“Lo que puede haber son los acuerdos en donde ambas partes, tanto los empleadores y los empleados se ponen de acuerdo para poder disminuir en cierta medida y de manera temporal el salario y desde luego la jornada de trabajo”, dijo e indicó que la reducción se tiene que documentar para evitar posibles demandas en un futuro.

“Lo que prohíbe la ley es hacer una disminución de salario de manera unilateral, es decir, toda aquella modificación al salario que sea para disminución tiene que contar con la aprobación del trabajador”, sostuvo.

A juicio de Andrés Armida Graham, socio de Rizo, Armida y Asociados, el cambio a rojo del semáforo epidemiológico trae un nuevo reto para la subsistencia de los negocios, los cuales han venido padeciendo el cierre inicial y luego parcial en sus actividades.

Por tal motivo, los empresarios conjuntamente con sus trabajadores, ante la conciencia de lo que un cierre definitivo de las empresas puede significar, buscarán alternativas de sobrevivencia, además de la disminución de los salarios, invocar la figura de la contingencia sanitaria con el pago de un salario mínimo diario hasta por un mes, la suspensión temporal de las relaciones de trabajo por causas de fuerza mayor con el pago de un mes de sueldo o alguna modalidad similar, con el objetivo de salvar las fuentes de trabajo.

Apuntó que ahora las condiciones son distintas a lo sucedido en el mes de marzo, pues todos los negocios llegan desgastados y con menor capacidad para tener flujos.

“La preocupación es que como fue en el mes de marzo en que se prolongó el cierre de actividades, ahora pueda llegar a suceder lo mismo y se extienda la paralización de los trabajos, lo que hará que se tomen medidas más drásticas de inicio, pues es sabido que el Gobierno no dará apoyos económicos y por ende cada quien debe ver cómo salvar su situación”, externó el experto laboral.


Libres en EU, los 15 traficantes de armas que México reclamará






A pesar de que sus acciones derivaron en cruentas masacres y miles de muertos en México, la mayoría de los traficantes de armas implicados en el fallido operativo “Rápido y Furioso”, actualmente se pasean libres por las calles de Estados Unidos. De los 20 implicados en un juicio de tráfico de armas por un caso del fallido operativo emprendido, entre 2009 y 2011, por la oficina de Alcohol, Tabaco, Armas de Fuego y Explosivos (ATF, por sus siglas en inglés) 15 de estos se encuentran actualmente en libertad, luego de haber cumplido condenas laxas, de entre tres y nueve años. Algunas, tan cortas como un año. Aún cuando ya se encuentran libres, el FBI (Buró Federal de Investigaciones, por sus siglas en inglés) los mantiene vigilados y tiene una ficha detallada con todos sus datos incluyendo su domicilio actual, por lo que, si el gobierno de México pidiera su extradición para juzgarlos en nuestro país estos traficantes se encuentran localizables. 

 Ayer, MILENIO adelantó que México comenzará a buscar la extradición desde Estados Unidos de traficantes de armamento, para que también paguen en territorio mexicano por introducir equipo de guerra que ha sido utilizado por los cárteles de la droga en miles de asesinatos a lo largo de los últimos años. Entre los blancos iniciales se halla al menos un traficante vinculado al caso Rápido y Furioso, Daniel Francisco Cruz Morones. De acuerdo a fuentes gubernamentales de primer nivel, el gobierno mexicano solicitará a la administración de Joe Biden que entregue a una decena de traficantes de armas, mexicanos y estadunidenses por igual, para responder ante la justicia mexicana por su responsabilidad en la violencia que ha vivido el país en los últimos años. Durante el período en el que se llevó a cabo Rápido y Furioso el ahora presidente electo ostentaba el cargo de vicepresidente bajo la administración de Barack Obama. 

México buscará que EU considere tráfico ilegal de armas como delito grave Las fuentes consultadas confirmaron a MILENIO que no sólo se pedirá la extradición de traficantes de armas por el daño que causan en el país, sino que al gobierno de Joe Biden, listo para tomar posesión el próximo 20 de enero, también se le pedirá que considere modificar la legislación estadunidense al respecto para que el tráfico ilegal de armas se convierta en un delito grave en aquel país; hoy por hoy, es un delito que lleva condenas que oscilan entre algunos meses en prisión, hasta 10 años, en casos muy aislados y con agravantes. Actualmente, la segunda Enmienda Constitucional en Estados Unidos garantiza el derecho a portar armas a sus ciudadanos, aunque no protege a individuos con fines criminales, ni ampara el tráfico ilegal de armas. En el Código de los Estados Unidos, 18 U.S.C. § 922, se establece que es castigable con hasta 10 años de prisión si una persona es encontrada en posesión o recepción de un arma de fuego o municiones ilegales, es decir, provenientes de un vendedor sin licencia para ese propósito o que, en su defecto, sean procedentes de arsenales robados. 

También es sancionable si se vende sin licencia o a personas no autorizadas como pueden ser: convictos por penas de más de un año, fugitivos, adictos a las drogas, extranjeros radicados ilegalmente en suelo estadunidense, enfermos mentales y soldados dados de baja con deshonra. En todos los casos la sanción máxima de 10 años puede transformarse en una de 15 años si el infractor tiene tres o más condenas previas por delitos violentos. En México, en tanto, la posesión de armas de uso exclusivo de las fuerzas armadas puede ser castigada con 30 años y, si se prueban agravantes, llega a subir hasta 40 años. Los 20 de 'Rápido y Furioso'  Los 20 traficantes de armas antes mencionados fueron incluidos en la demanda CR 11-126PHXJAT(LOA) fincada en un tribunal de Arizona el 19 de enero de 2011, luego de que se comprobó que se configuraron como una red para contrabandear armas hacia México a través de la frontera. 

Casi todos obtuvieron sentencias de cinco años, por lo que en 2016 seis de los integrantes de la banda obtuvieron su libertad, otros cinco lo harían al año siguiente en 2017. Sentencias más reducidas purgaron Jonathan Earwin Fernández, libre en 2015, y Daniel Cruz libre, en 2014. En el caso de Jaime Ávila Jr., se espera que salga en el verano del próximo año, el 29 de junio. Mientras que Héctor Rolando Carlón fue liberado apenas el 18 de septiembre de este mismo año, de acuerdo con información de la Agencia Federal de Prisiones de Estados Unidos obtenida por este diario. Armas de 'Rápido y Furioso' terminaron con Los Zetas y otros cárteles  Luego de que la oficina de ATF echó a andar el operativo que permitió intencionalmente que al menos 2 mil 500 armas de todo tipo de calibres cruzaran hacia México, se estima que éstas terminaron en manos de los cárteles, principalmente de Los Zetas, del Golfo y de Sinaloa. 

Las armas que finalmente llegaron a México con la venia de las autoridades estadunidenses, fueron utilizadas, por ejemplo, en la masacre de Tubutama en Sonora donde 21 personas perdieron la vida en un enfrentamiento entre el cártel de Sinaloa y los Beltrán Leyva por el territorio. Entre los muertos hubo policías de la región. También fueron empleadas en el asesinato del agente especial del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de Estados Unidos (ICE, por su siglas en inglés), Jaime Zapata, así como las graves lesiones sufridas por el agente en retiro Víctor Ávila Jr. en una emboscada a manos de Los Zetas en México hace nueve años fue con armas que entraron al país gracias a dicho operativo. La madre de Zapata y algunos legisladores han apoyado esta versión, aunque la ATF la ha negado oficialmente. 

De acuerdo con un reporte del Departamento de Justicia, una de las armas de Rápido y Furioso, comprada en 2008 en Arizona, fue hallada ese mismo año en el sitio de una de las peores batallas jamás vividas por Tijuana. Al término de la balacera, 18 sicarios de facciones distintas del cártel de los Arellano Félix yacían muertos. Otro caso: en septiembre de 2010, luego de un enfrentamiento entre marinos y sicarios del cártel del Golfo en Tamaulipas, fueron rastreados dos rifles de asalto, que habían sido comprados en Arizona como parte de Rápido y Furioso. En 2014, decenas de armas del operativo Rápido y Furioso fueron decomisadas al cártel de Sinaloa en Ciudad Juárez, luego de que autoridades catearon una casa de seguridad al mando de José Antonio Torres Marrufo mejor conocido como El Jaguar, jefe de plaza de la organización en ese entonces al mando de Joaquín El Chapo Guzmán. 

Austeridad y combate a corrupción dejan ahorros por $1.5 billones, destaca AMLO


En los dos años que lleva la presente administración se han generado ahorros aproximados de un billón 500 mil millones de pesos, derivados de las acciones contra la corrupción y de las políticas de austeridad, estimó el presidente Andrés Manuel López Obrador.

En su conferencia matutina, llamó a la empresa canadiense Americas Gold and Silver a acatar la decisión ya tomada de los trabajadores de afiliarse al Sindicato Minero liderado por Napoleón Gómez Urrutia, pues el informe que le presentaron indica que la compañía no quiere reconocer a la organización sindical. “Eso ya no le corresponde a la empresa decidirlo, porque tenemos que respetar la voluntad de los trabajadores”, insistió.

Incluso, informó que “ya se les está notificando a los responsables de la empresa para que se acate la decisión de los trabajadores y se restablezca la actividad en la mina”, en paro laboral desde inicios del año. También se ha pedido la intervención del embajador de Canadá en México, Graeme C. Clark.

En otro de los temas abordados, el Ejecutivo federal se refirió a los avances significativos de las fuerzas armadas para garantizar el respeto a los derechos humanos en el desarrollo y cumplimiento de sus actividades, y dijo que hay una capacitación de estos elementos en materia de derechos humanos. “Es una materia obligatoria, no es optativa”, tanto para los elementos de la Secretaría de la Defensa Nacional como de la Marina.

El Estado mexicano, reiteró, “dejó de ser el principal violador” de los derechos humanos como lo fue en el pasado. “No a la tortura, no a las masacres, no al exterminio, no a la fabricación de delitos, todo eso se termina. Es un compromiso, es una convicción en mi carácter de comandante de las fuerzas armadas, no voy nunca a dar la orden de que se reprima al pueblo”, dijo el presidente López Obrador.

Al detallar los ahorros logrados en su administración, dijo que tan sólo por el cobro de impuestos “que no pagaban los que se sentían influyentes” se han recuperado 800 mil millones de pesos, mientras que por no permitir el huachicol se han generado ahorros por 119 mil 156 millones de pesos, lo que representa 159 millones de ahorro diario.

Pero reiteró que se mantiene un proceso para limpiar toda la estructura gubernamental, pues en los sexenios anteriores “estaba podrido el gobierno: aduana, migración, puertos, Pemex, CFE, Capufe, contratos de obra, adquisiciones, reclusorios, etcétera, un largo etcétera”.

Se retrasa la vacuna; falló Pfizer


SALTILLO.

El inicio de la campaña de vacunación contra la covid-19, programado para hoy en Coahuila, no se hará según el calendario previsto, aunque ya están listos los protocolos y el material para la aplicación de las primeras dosis, ya que falló la logística del laboratorio Pfizer, con la cual el gobierno de México contrató 34.4 millones de dosis.

El subsecretario de Salud, Hugo López-Gatell, informó hace dos semanas que las vacunas de Pfizer llegarían al país durante la tercera semana de diciembre.

Los Subcomités de Salud en Coahuila, en conjunto con la Sedena y las autoridades del sistema de salud federal, tienen listo el despliegue para iniciar la inoculación una vez que reciban las dosis comprometidas, lo cual, según el Presidente, tiene que darse antes de que finalice el año.

PFIZER PLANTA LA VACUNACIÓN EN COAHUILA
El inicio de la aplicación de la vacuna contra la covid-19 en México se retrasó. Las primeras aplicaciones que estaban programadas para hoy en Coahuila no se realizarán, según lo programado, porque la logística del laboratorio Pfizer falló.


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No se hicieron públicos los detalles de qué fue lo que causó este retraso y si eso implicará un desfase en la calendarización programada con la farmacéutica estadunidense, con la que el gobierno de México contrató 34.4 millones de dosis, para 17 millones 200 personas. 

El gobierno de Coahuila se dijo “listo” y en espera de que la logística de Pfizer sea resuelta en los próximos días para definir la entrega y proporcione las vacunas para iniciar en toda la entidad la aplicación a personal sanitario: médicos y enfermeras que están en la primera línea de combate a la pandemia.

Hace dos semanas, el subsecretario de Salud, Hugo López-Gatell, en la conferencia mañanera del presidente Andrés Manuel López Obrador dijo que “si todo marcha como se ha planteado y como lo hemos venido platicando con Pfizer, tanto en el ámbito de lo regulatorio como en el ámbito operativo del Programa Nacional de Vacunación, tendremos las vacunas en los penúltimos o los últimos días de la tercera semana de diciembre y en cuanto llegue empezará a utilizarse”.

Este hecho sienta un precedente de cómo se realizará toda la logística para la vacunación en el país y la calendarización comprometida por las autoridades de salud federal.

La coordinación de los Subcomités de Salud en Coahuila, conjuntamente con la Sedena y las autoridades del sistema de salud federal, tienen desplegada y a punto la logística a aplicar una vez que reciban el material y las vacunas.

Como se ha informado oportunamente, el protocolo diseñado por el estado para la aplicación de las vacunas covid-19 en las sedes del Batallón de Infantería en Saltillo, el Hospital Militar en Torreón, el Batallón de Infantería de Ciudad Frontera y el Regimiento de Piedras Negras, se ha cumplido en tiempo y forma.

La tarde del domingo pasado se informó que la llegada y recepción del biológico se posponía hasta nuevo aviso. Pero fue hasta ayer cuando se hizo oficial.

No se informó cuándo llegarán las vacunas anticovid a la entidad, mientras que la Sedena dijo que “no está en nuestras manos la llegada, nos comprometemos a informarles en cuanto tengamos alguna novedad”.

Las autoridades de salud del estado informaron que se recibió material para la aplicación de las vacunas. Se trata de ocho mil jeringas y el diluyente para el biológico.

En la Ciudad de México, en su conferencia mañanera, ayer, el presidente López Obrador fue consultado sobre quiénes serían vacunados.

El mandatario respondió que “todos los mexicanos, desde luego va a depender de la disponibilidad que tengamos de la vacuna. Va a empezar, si cumple Pfizer, y debe de cumplir porque ya se firmó un contrato, tienen que llegar las primeras dosis antes de que finalice el año, este diciembre, y luego se van a seguir entregando en enero, febrero y marzo, hay un contrato. Y también, en su momento, se va a autorizar el uso de otras vacunas, ya hay contratos con otras farmacéuticas”.

Sobre quiénes serían los primeros en recibir la vacuna, López Obrador dijo:

Los médicos, las enfermeras que están atendiendo covid. No sólo de la Ciudad de México y de Coahuila, porque me preguntaron antier en Yucatán sobre eso, de mala fe los opositores hablaron de que se estaba dando preferencia a la Ciudad de México y no es así, se va a vacunar a todos los médicos, las enfermeras que están en hospitales covid en todo el país. Lo que llegue de la vacuna a la Ciudad de México y a Coahuila es por cuestiones de logística, sobre todo por la refrigeración, pero se va a llevar a cabo un operativo para que, ya sea que se movilicen los médicos o se acerque más la vacuna donde están todos los hospitales covid en el país, estamos hablando de cerca de mil hospitales covid. Entonces, a todos, eso es lo primero”.

Después se refirió a que seguirían los adultos mayores, es el segundo grupo de población de todo el país, aunque estén en la Sierra Tarahumara o en la Lacandona o en la sierra sur Oaxaca.

El tercer grupo son los enfermos con padecimientos crónicos, que es población vulnerable, la más afectada por la covid-19. Y el cuarto, dijo el mandatario, se está considerando a maestros en donde haya condiciones, que ya está el semáforo en verde, se va a empezar con docentes. Ése es el orden de prioridades.

Gastan 4T y órganos autónomos mil mdp en vales





A pesar de la política de austeridad republicana, dependencias del gobierno federal, organismos autónomos e instituciones educativas desembolsarán más de mil millones de pesos en la compra de vales de despensa en fechas decembrinas para sus trabajadores, en lo que se conoce como “medida de fin de año”, donde resalta que algunas dependencias duplicaron el monto erogado en 2019 por esta prestación.

Contratos en poder de EL UNIVERSAL detallan que entre los organismos que más destinarán para esta prestación se encuentran la Secretaría de Salud (Ssa), con más de 460 millones de pesos, seguida del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi), que desembolsará más de 422 millones de pesos en vales para sus empleados, mientras que la Fiscalía General de la República (FGR) invirtió más de 55 millones de pesos.

En total, 11 instituciones públicas invirtieron mil 70 millones 198 mil pesos.

“La medida de fin de año es una decisión del Ejecutivo federal de carácter anual que se otorga solamente al personal operativo en activo, con la finalidad de reconocer y motivar su permanencia al servicio de la dependencia o entidad al final del ejercicio fiscal”, es como define esta prestación extraordinaria la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP).

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Sin embargo, el pasado 24 de abril, el presidente Andrés Manuel López Obrador presentó un decreto de 11 puntos que se centra en reforzar las medidas de austeridad, escalar los programas de apoyo social y continuar la construcción de los proyectos de infraestructura emblemáticos de su gobierno, para de esta manera enfrentar la amenaza de la pandemia del Covid-19.

El decreto anunciaba que las medidas se aplicarían para todo el Poder Ejecutivo federal.

Salud gastó lo doble que el año pasado en vales

En el expediente DGRMSC-DCC-S-051-2020 se informa que la Secretaría de Salud (Ssa) firmó un contrato el pasado 2 de diciembre con la empresa Toka Internacional por 460 millones 407 mil 978 pesos por el servicio para la contratación consolidada para la suministración por vales electrónicos.

Destaca que en 2020 el monto económico para esta prestación es el doble de lo que la Ssa destinó en 2019, puesto que el desembolso fue de 254 millones 003 mil 425 pesos, frente a los 460 millones 407 mil 978 pesos que fueron gastados este año.

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Bajo el expediente 2179389, la Dirección General de Administración de Adquisiciones del Inegi firmó un contrato con la empresa Edenred México, S.A. de C.V., por un total de 422 millones 436 mil pesos por la contratación del servicio de dispersión de vales de despensa a través de monederos electrónicos, la cual inició a partir del pasado 1 de diciembre y terminará el último día del presente mes.

La Dirección de Adquisiciones de la Fiscalía General de la República firmó el contrato del servicio de entrega de vales en fajilla para más de 7 mil empleados del organismo autónomo, y para lo cual dispuso de una bolsa de 53 millones 647 mil 729.

En el acta de fallo de la licitación pública nacional LA049000975-E331-2020, se indica que, después de haber analizado las propuestas de tres empresas, la Dirección de Adjudicaciones de la FGR decidió otorgarle el contrato a Toka Internacional, pues indicó que fue “toda vez que cumple con la totalidad de los requisitos solicitados en la convocatoria y la propuesta solvente más baja”.

Mientras tanto, bajo el título “Suministro de vales de despensa en fajillas de papel para fin de año 2020”, el Centro de Investigación y de Estudios Avanzados (Cinvestav) del Instituto Politécnico Nacional (IPN) firmó el contrato con folio 2168780 por 31 millones 800 mil pesos, y que inició el pasado 29 de octubre para finalizar el 31 de diciembre de este año.

El Instituto Nacional de Bellas Artes y Literatura (Inbal) firmó el pasado 3 de diciembre el contrato 2418146, también con Toka Internacional, por 41 millones 044 mil 625 pesos para la cobertura de esta prestación.

En el expediente 2193541 se informa que el Instituto para Devolverle al Pueblo lo Robado (Indep) erogó 3 millones 831 mil 300 pesos en la contratación consolidada para el suministro de vales electrónicos de despensa también con la empresa Toka Internacional, la cual destaca por ser la compañía que más contratos obtiene para esta prestación en el gobierno federal.

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Presidencia también gastó más que en 2019

La Oficina de la Presidencia de la República desembolsó 2 millones de pesos al firmar el contrato 2415163, en el cual se detalla que el pasado 18 de noviembre la Dirección General de Recursos Humanos de la Oficina de la Presidencia firmó un contrato con la empresa Toka Internacional, para el suministro de vales electrónicos de despensa por un monto de 2 millones 137 mil 456.26 pesos.

El año pasado, la Presidencia pagó menos por esta prestación, puesto que se advierte en el contrato AD-CAAS-015-19 que en 2019 se desembolsaron un millón 778 mil 462.5 pesos, frente a los 2 millones 137 mil 456.26 pesos que se invirtieron este año.

La Secretaría del Bienestar destinó 29 millones 582 mil 434 pesos para esta medida, según consta en el contrato 2204903, en donde se detalla que a los trabajadores de la dependencia federal —la cual tiene a su cargo algunos de los proyectos más importantes del gobierno federal— recibirán por medio de tarjetas electrónicas vales para despensa que se les darán este mes.

El contrato, que asciende a casi 30 millones de pesos, le fue otorgado, nuevamente, a la empresa Toka Internacional.

El contrato PFPA-RF-AD-DRH-029-19 detalla que la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa) destinó este año 11 millones 610 mil pesos para este fin, cifra ligeramente más alta a la que invirtió el año pasado por la misma prestación, puesto que, según el contrato 2232496, el organismo gastó entonces 11 millones 511 mil 281 pesos.

lunes, 21 de diciembre de 2020

TITULARES DE LOS PRINCIPALES MEDIOS DE CIRCULACIÓN NACIONAL

Pandemia por Covid encarece alimentos; familias de bajos recursos, las más afectadas


Pandemia encareció esa canasta y afectó a las familias de bajos ingresos, sobre todo a las del sur; menor alcance del ingreso afectó dieta de los hogares: Banxico

La pandemia del Covid-19 encareció el precio de los alimentos en el país, pero a quienes más afectó fue a las personas de menores ingresos, sobre todo a las de los estados del sur, de acuerdo con un análisis de Banco de México (Banxico).

Además, el alza en las cotizaciones de los productos pudo implicar que los hogares adquirieran un menor aporte calórico a la que acostumbraban, es decir, la que tenían antes del inicio de la contingencia sanitaria.

El análisis Incrementos en el costo de los alimentos durante la pandemia del Covid-19 en las regiones de México mostró que la variación en el costo de la canasta promedio de alimentos fue de 2.2% a escala nacional entre febrero y octubre de 2020.

Sin embargo, para los primeros quintiles (20% de la población de menores ingresos en México) el aumento en los precios de alimentos fue de 3.3%.

Este segmento tiene un ingreso corriente promedio trimestral de 12 mil 573 pesos, de acuerdo con cifras de la Encuesta Nacional de Ingreso y Gasto de los Hogares (ENIGH) 2018 del Inegi.

En cambio, el quintil V (20% de la población con más recursos en el país), tiene un ingreso corriente promedio trimestral de 122 mil 296 pesos, casi 10 veces mayor a los del segmento I.

El problema de este encarecimiento en la canasta de alimentos lo sufrieron más los habitantes de la región sur, que la conforman: Campeche, Chiapas, Guerrero, Oaxaca, Quintana Roo, Tabasco, Veracruz y Yucatán.

En esos ocho estados se reportó una variación en el costo de la canasta promedio de consumo de alimentos de 5.1%, más del doble del dato nacional.

Banxico detalló que las categorías de productos que más elevaron su cotización en los meses en que se concentró el estudio fueron carnes, pan, tortilla, cereales, azúcar, café, refrescos envasados, aceites y grasas comestibles, en ese orden.

Con excepción del último segmento, todos los rubros de alimentos que subieron de precio tienen una participación alta en el gasto de los hogares.

Los datos de Banxico mostraron que si bien la población de menores ingresos en el sur fue la más afectada por lo caro de los alimentos, los otros quintiles de la población —medios y altos— no se salvaron y también resintieron una inflación fuerte respecto a cualquier otra zona.

La otra región que también se sumó a los más golpeados por el efecto del Covid-19 sobre los precios de la canasta de productos comestibles fueron los del norte, con una variación de 3.3% entre febrero y octubre de este año. En el grupo están: Baja California, Chihuahua, Coahuila, Nuevo León, Sonora y Tamaulipas.

Aporte calórico

El análisis de Banxico mostró que la canasta de alimentos —bajo el supuesto de que una persona consume en un mes los 216 productos que la conforman— proporciona una ingesta diaria de 2 mil 122 calorías.

Sin embargo, el encarecimiento de esos básicos pegó en el bolsillo de familias y tuvieron que sacrificar parte de los nutrientes que le proveía.

A escala nacional, Banxico dio cuenta que las calorías que se dejaron de consumir entre febrero y octubre fueron 59, aunque varían los resultados dependiendo de la región del país.

Los más afectados fueron los habitantes del sur, que en promedio bajaron 97 calorías a su dieta. El centro norte: Baja California Sur, Aguascalientes, Colima, Durango, Jalisco, Michoacán, Nayarit, San Luis Potosí, Sinaloa y Zacatecas, fue el segundo sector más afectado, con una reducción de 57 calorías.

“El alza de precios en algunas categorías de alimentos podría haber implicado que los hogares adquirieron un menor aporte calórico que el que podían comprar antes del inicio de la pandemia”, concluyó el análisis.


Pandemia agudiza la disparidad laboral


Desigualdad laboral hacia las mujeres, riesgo de desempleo durante y posterior a la pandemia, violencia económica, así como la vulnerabilidad y acoso que viven dentro del ámbito laboral; fueron parte de los temas que se abordaron durante la tercera sesión del Consejo Editorial con Perspectiva de Género, la cual realizó de manera virtual la Organización Editorial Mexicana (OEM), encabezada por su Directora Editorial, Martha Ramos Sosa.

El jueves pasado, los directores de los 45 periódicos que conforman la OEM, se reunieron junto con los consejeros para abordar seis puntos sustanciales del contexto laboral de las mujeres: pérdida acelerada del trabajo por la pandemia, violencia económica, estereotipos de género que determinan el rol de las mujeres, vulnerabilidad en el ámbito laboral, desigualdad y la fuerza laboral que genera la burocracia.

➡️ Mujeres, las más afectadas por desempleo

Teniendo como antecedente la información que recientemente compartió la Organización de las Naciones Unidas (ONU) y la Organización Internacional del Trabajo (OIT), sobre el índice de desempleo en México para el 2021, Gabriela Ramírez, consejera y funcionaria del Centro de Información de las Naciones Unidas para México (CINU), abrió el panel para reconocer que la desigualdad laboral entre hombres y mujeres siempre ha existido, sin embargo, la pandemia agudizó el problema y, el siguiente año, se prevé, será aún más delicado.

“La pandemia por Covid-19 ha hecho mucho más evidente las desigualdades que ya existían. Antes de Covid-19, el mundo del trabajo ya estaba plagado de desigualdades”, indicó Ramírez, quien además retomó cifras de la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (Cepal), para destacar que, de acuerdo con el Balance Preliminar de las Economías de la Región, el cierre temporal de actividades económicas y la caída de los ingresos, fue más severo durante el segundo trimestre de 2020.

Indicó que, de un grupo de 14 países, entre los que se encuentra México, se estimó una pérdida de 47 millones de puestos de trabajo durante este periodo. La destrucción de estas plazas laborales les afectó principalmente a ellas, “ya que una mayor proporción de mujeres se retiró del mercado laboral y, es probable, que lo hayan hecho para asumir las tareas de cuidado en los contextos de confinamiento y ante el cierre de establecimientos educativos. El nivel de trabajo que ahora tienen que realizar las mujeres en casa, ha aumentado considerablemente, sacándolas en muchos casos, del trabajo remunerado”, indicó la representante de la CINU.

La pandemia ha hecho más evidentes las desigualdades que ya existían
Gabriela Ramírez / Consejera del CINU

Gabriela Ramírez refirió que, las cifras de las diversas organizaciones internacionales, evidencian que durante la pandemia las mujeres están perdiendo con mayor celeridad su trabajo y, en un ambiente post-pandemia, será este mismo sector el que tendrá mayor dificultad para reinsertarse.

Destacó que si bien, las pérdidas laborales se registraron en todos los ámbitos, el trabajo doméstico registró las bajas más significativas.

De manera particular puntualizó que, aunque el personal sanitario no se ha visto afectado en la pérdida de plazas, consideró esencial atender sus necesidades psicosociales y de salud tanto física como mental, tomando en cuenta que están en la primera línea de contacto para hacer frente al virus.

A la par, reflexionó sobre el actuar del sector público y privado para promover la conciliación de la vida familiar y laboral de las mujeres durante y posterior a la pandemia.

Sara Lovera, periodista y consejera de la OEM, destacó la importancia de los medios de comunicación para evitar la reproducción de estereotipos que las victimizan y optar por historias que reflejen la contribución de su trabajo.

TRIPLE AMENAZA
Durante su intervención, Mónica Flores, directora de ManpowerGroup, señaló que la mujer ha sido relegada principalmente a actividades operativas y consideró que, a la fecha, enfrentan una triple amenaza en el mundo del empleo formal.

La primera de estas amenazas, dijo, es que, aunque las mujeres representan más de 50 por ciento de la fuerza laboral global, menos de 25 por ciento de ellas ocupan puestos de alta gerencia, pese a tener la capacidad para hacerlo.

Como segunda amenaza, resaltó el hecho de que las mujeres están sobrerrepresentadas en posiciones que serán automatizadas, es decir, que en un futuro cercano podrán ser sustituidas por un software o un robot “porque son actividades operativas, repetitivas, y no necesariamente aportan un valor agregado al proceso productivo de la organización”, indicó Flores.

Como tercera amenaza, mencionó, es la subrepresentación en industrias en crecimiento, lo que indica que en la mayoría de los casos se les asignan sólo plazas laborales consideradas como profesiones femeninas.

“Todo esto nos genera violencia económica (...) que es cualquier comportamiento que atente contra la independencia económica de una mujer, incluyendo privación, retención o sustracción”, explicó.

VULNERABILIDAD LABORAL
Para abordar el tema de la vulnerabilidad en el ámbito laboral, el director de El Sol de Tijuana, Erik Eliud Ávalos Matías, ejemplificó con dos casos en los que, en ambas circunstancias, las mujeres fueron ultimadas mientras laboraban.

“Desgraciadamente el estado de vulnerabilidad en el que se encuentran muchas mujeres dentro de sus propios trabajos ha generado un problema serio en el estado de Baja California: 29 feminicidios en los primeros 10 meses del año”, compartió.

Con este referente, Ávalos, enfatizó que, a pesar de ser casos locales, la problemática de violencia y acoso en todas sus expresiones, es una constante que se replica en todo el país, hecho en el que consideró, los medios de comunicación deben ser enfáticos para presionar a las autoridades correspondientes a fin de dar la atención necesaria para evitar este tipo de actos.


“EL PROBLEMA ES LA DESIGUALDAD”
A decir de Alicia Puyana Mutis, investigadora y profesora de la Facultad Latinoamericana De Ciencias Sociales, (Flacso), otra de las problemáticas que se enfrenta en el mundo laboral es la desigualdad que se vive en el país.

“Más que el desempleo, el problema de México es la desigualdad. Aún en países ricos, los altos niveles de segregación distorsionan el criterio propio de nivel de afluencia. Se debe generar una visión objetiva de afluencia y riqueza ligada a la plenitud de la vida humana, el respeto y los bienes materiales” destacó durante su intervención.

Fue así que, con esta conversación especializada, la directora General Editorial, Martha Ramos se comprometió junto con el equipo que conforma la OEM, a dar seguimiento a estos temas de interés público con el fin de fortalecer y promover el derecho de las mujeres mediante el trabajo periodístico que se realiza en cada una de las casas editoriales del país.


Retorno ‘al rojo’ retrasaría recuperación, dicen expertos

El retorno al semáforo rojo en Ciudad de México y Estado de México durante las siguientes tres semanas tendrá un efecto en el ritmo de la recuperación económica, ya que si los contagios de COVID-19 no bajan, el periodo de cierre de las actividades no esenciales podría extenderse hasta febrero de 2021.

Así lo previeron expertos consultados por El Financiero, al señalar que el semáforo rojo en el Valle de México en las últimas dos semanas del año probablemente no tendrá un impacto significativo en los pronósticos de contracción del PIB en 2020, en todo caso, se confirmaría que la economía estaría más cercana a caer 9 por ciento, como es el consenso del mercado, y no 8 por ciento, como es la estimación de la Secretaría de Hacienda (SHCP).

Luis Foncerrada, economista en Jefe de AmCham México, indicó que el semáforo lo que hace es asegurarnos que el PIB estará en -9, -9.1 o -9.2 por ciento este año, y consideró que este nuevo confinamiento llega en un momento en que el consumo no mejoró como se esperaba por El Buen Fin, ya que hubo tiendas de ANTAD que no tuvieron recuperación.

“Sí habrá algún efecto en la economía, pero ya no muy significativo porque en el final del año ya no acumula. Aquí el tema es que estas tres semanas me parecen extraordinariamente inocentes y optimistas porque viene todo enero y probablemente todo febrero, y ya vimos cómo están hoy los hospitales en su capacidad”, sostuvo.

Víctor Gómez Ayala, subdirector de Análisis Económico de Finamex Casa de Bolsa, indicó que el nuevo semáforo rojo tendría efecto en la economía dependiendo qué tanto se desincentive el consumo, aunque consideró que este escenario ya estaría incorporado a las proyecciones de decrecimiento para 2020.

En ese sentido, el mayor impacto sería en la velocidad de la recuperación económica al inicio del 2021.

“El impacto central del semáforo rojo y el efecto que pudiera generar de cara a la recuperación en el 2021, reduce su tamaño por un simple efecto aritmético de un menor crecimiento de cierre de año. La recuperación se retrasaría”, sostuvo.

Luis Pérez de Acha, socio fundador y director del despacho Pérez de Acha e Ibarra de Rueda, apuntó que tener un semáforo rojo implica que ya hay un criterio que indique a las empresas a determinar si tienen que abrir o cerrar estas semanas, toda vez que la reapertura económica en la Nueva Normalidad se hizo a partir del semáforo.

“El hecho es que el semáforo tiene relevancia jurídica, el no haber semáforo implica que no hay estrategia, el semáforo nos da orden y orienta a las empresas en su toma de decisiones”, expuso.

Por su parte, el CEESP apuntó que la economía iniciará débil el 2021 y posiblemente será hacia mediados del año que se presenten indicios de mejora solamente inercial, debido a la ausencia de señales de un apoyo por parte de las autoridades a la conservación de la planta productiva, el empleo y la economía de millones de hogares.

“Sin dicho apoyo incluso la recuperación inercial peligra en vista de la nueva restricción de actividades en la Ciudad y el Estado de México”, alertó.


Quiebra de restaurantes
Ocho de cada diez restaurantes quebrarán en las próximas semanas por la crisis de la pandemia del coronavirus, situación que podría agravarse con el nuevo semáforo rojo, alertó la Cámara Nacional de la Industria Restaurantera (Canirac).

“Una encuesta aplicada por la Cámara a empresarios del sector restaurantero reveló que sin apoyos casi ocho de cada 10 restaurantes podrían quebrar en las siguientes semanas, debido a la crisis provocada por la pandemia”, informó la Cámara en un comunicado.

En la Ciudad de México y su Zona Metropolitana hasta noviembre, habían cerrado definitivamente 13 mil 500 establecimientos.

Canirac alertó que con las medidas del semáforo rojo por la pandemia del coronavirus que se activaron el 19 de diciembre en la Ciudad de México y Estado de México, se condenará a miles de trabajadores al desempleo y a los restaurantes a la quiebra.

El gremio señaló que el anuncio de las autoridades se realizó sin previo aviso que permitiera a los restaurantes terminar su inventario, lo que provocará pérdidas millonarias, ya que el sistema de delivery no es suficiente para canalizar sus productos como son los perecederos.

México busca extraditar traficantes de armas en EU; uno de 'rápido y furioso', incluido


En un cambio radical en su forma de operar contra el tráfico de armas, el gobierno de México comenzará a buscar la extradición desde Estados Unidos a traficantes de armamento, para que también paguen en territorio mexicano por introducir equipo bélico utilizado por los cárteles de la droga en miles de asesinatos a lo largo de los últimos años, confirmaron fuentes gubernamentales de alto nivel a MILENIO. La intención, detallaron funcionarios federales consultados, es solicitar a la administración de Joe Biden que entregue a una decena de traficantes de armas mexicanos y estadunidenses libres o que aún compurgan sus sentencias en prisiones de ese país para que sean enjuiciados en México por su responsabilidad en la violencia que ha vivido el país. Los funcionarios de primer nivel, plantearon que además se quiere sentar el precedente de que el gobierno mexicano planea perseguir vigorosamente a quienes trafiquen con armas, aun cuando hayan cometido el delito en territorio estadunidense, en donde la portación ilegal es castigada con sentencias laxas, que van de uno a 10 años de prisión. En México, el castigo es de 30 años. 

Acusados por "Rápido y furioso", en la mira  Entre los objetivos iniciales de esta petición se encuentran algunos de los acusados en el fallido “Rápido y Furioso” de 2011, se detalló. Ese operativo, que terminó con un agente de la Patrulla Fronteriza asesinado, fue iniciado por la Oficina de Alcohol, Tabaco, Armas de Fuego y Explosivos (ATF, por sus siglas en inglés) bajo el plan de vender armas a presuntos criminales con el propósito de ser rastreadas para obtener inteligencia sobre la compra-venta ilegal de armamento en México. Entre 2009 y 2011, bajo este plan, entraron a territorio nacional al menos 2 mil 500 armas. Con el tiempo terminaron en las manos de los asesinos de los cárteles tal como se planeó, pero sin que hubiera en contraparte la cascada de arrestos esperados. Muchos involucrados han sido detenidos, pero al igual que otros casos relacionados con tráfico de armas en Estados Unidos, recibieron sentencias promedio entre los 5 y los 10 años, algunos incluso menores. Uno de los traficantes que están en la mira del gobierno federal es Daniel Francisco Cruz Morones, quien en 2012 se declaró culpable de comprar armas de manera ilegal y con la intención de permitir su tráfico a México por una Corte en San Diego.  

A manera de ejemplo de la laxitud con la que se persigue el delito en Estados Unidos, tan solo cuatro años después de haber participado en la entrega de armas al cártel de los Zetas, fue liberado. Daniel Cruz, sentenciado a menos de 10 años de prisión por haber comprado parte de las armas usadas en "Rápido y Furioso". (Especial) La lista de potenciales extraditables está bajo análisis en áreas de seguridad del gobierno mexicano, pero como Morones, hay una decena de casos de traficantes de alto perfil que en la última década introdujeron cientos de armas a territorio mexicano y de los que las autoridades estadunidenses tienen información detallada -incluso sus direcciones- al haber sido detenidos y sentenciados en uno u otro momento. Por ejemplo, Efreín González, mexicoamericano relacionado con el cártel de Los Zetas, capturado luego de una investigación de tráfico de armas que se originó en Nuevo México en el 2011. 

 Efreín González. Detenido por trafico de armas a México en 2014. (Especial) Antes de caer en manos de la justicia estadunidense, la Agencia de Alcohol, Tabaco, Armas de Fuego y Explosivos (ATF, por sus siglas en inglés) lo incluyó en su lista de los más buscados y le puso una recompensa a su cabeza de 10 mil dólares. También era buscado por agresión sexual. Otro ejemplo de traficantes internacionales de armas es el de los hermanos Ismael y Carlos Almada Castrillo, quienes compraban todo tipo de armamento para el cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG), incluidas granadas y fusiles militares de alto poder, a través plataformas de comercio electrónico como e-Bay y PayPal como informó MILENIO a inicios de diciembre. Carlos fue detenido en México en septiembre de 2019 y encontrado muerto en su celda de Puente Grande en marzo de este año. Mientras que Ismael se encuentra libre bajo fianza y a la espera de que la investigación en su contra fincada en Los Ángeles siga su curso. Otro es Javier Reséndez, quien dirigía a una célula que, con dinero obtenido de la venta de drogas, compraba armas para un cártel no identificado y las introducía vía terrestre hacia México desde Texas. Fue detenido en 2014 y su sentencia a 7 años de prisión vence este año. Actualmente se halla encarcelado en una prisión federal de Virginia del Oeste, de acuerdo a datos del Buró Federal de Investigaciones (FBI). 

Javier Reséndez coordinaba una célula de tráfico de armas a México. Será liberado en 2021. (Especial) Como ese, otros casos dan una idea de la materia abundante de personajes contra los que el gobierno mexicano podría presentar cargos, como el del alcalde, el jefe de la policía y un político de Columbus en Nuevo México que en 2011 aprovecharon su posición en la administración para comprar 200 armas alegando que eran para su uso pero que planeaban vender a un cártel mexicano del otro lado de la frontera. Luego de una investigación de la DEA (Administración para el Control de Drogas, por sus siglas en inglés) tanto el alcalde Eddie Espinoza, el jefe de policía Ángelo Vega y Blas Gutiérrez, se enfrentaron a la justicia de su país. Eddie Espinoza (IZQ) y Ángelo Vega aprovecharon sus cargos en Nuevo México para introducir armas a México.

(Especial) Junto a otras seis personas que formaban parte de su red de contrabando de armas, enfrentaron hasta 84 cargos por tráfico de armas. Se pudo comprobar que al menos 12 armas de esta célula criminal terminaron en México. Espinoza sólo estuvo un año en prisión a pesar de haber sido sentenciado a cuatro años por los cargos que se le imputaron. Liberado en 2013 se mantuvo en libertad condicional los tres años siguientes. Negocio redondo  Datos obtenidos por MILENIO muestran que entre 2006 y 2019, en México se aseguraron casi 223 mil armas, de las cuales 59 por ciento fueron largas, es decir, fusiles, carabinas, rifles y escopetas. El 41% fueron cortas, o sea pistolas y revólveres. Los decomisos se dieron primordialmente en Tamaulipas, Michoacán, Sinaloa, Guerrero y Chihuahua. Entre los decomisos también se contabilizan 4 mil granadas y 5.6 millones de municiones en el mismo período de tiempo. 

De acuerdo con cifras del Center of American Progress, cada año cruzan por la frontera norte más 230 mil armas hacia México procedentes de Estados Unidos. De acuerdo con algunos expertos consultados, la circunstancia se agravó desde 2004 cuando en Estados Unidos expiró la prohibición de producir, transferir o poseer armas semiautomáticas de asalto para uso civil. Con esto, los cárteles en México han podido disponer de un enorme poder de fuego, que afecta tanto a este país como a Estados Unidos. Algunos ejemplos son las ametralladoras Browning M2, capaces de disparar 550 proyectiles por minuto, que desfilaron en el llamado culiacanazo en manos del cártel de Sinaloa en octubre de 2019. O los fusiles Barrett calibre .50, poderosa arma militar capaz de disparar a más de un kilómetro de distancia con condiciones óptimas, que el cártel Jalisco Nueva Generación utilizó en el atentado contra el secretario de Seguridad de la Ciudad de México, Omar García Harfuch en junio pasado. 

Busca López Obrador que fuerzas armadas operen el Tren Maya


El gobierno federal buscará que las fuerzas armadas queden a cargo de una empresa del Estado que tendrá el objetivo de encabezar la administración y operación de tres tramos del Tren Maya, del aeropuerto de Chetumal, Palenque y Tulum (próximo a iniciar su construcción), así como de la terminal aérea internacional Felipe Ángeles, anunció ayer el presidente Andrés Manuel López Obrador.

Desde la zona arqueológica de Tulum, donde firmó con los gobernadores de la región el convenio para el ordenamiento territorial y urbano en el marco del desarrollo de las obras del Tren Maya, el mandatario explicó que el objetivo de la creación de dicha empresa del Estado es proteger esta obra “para que no haya la tentación de privatizarla”, y explicó que las utilidades se usarán para financiar las pensiones y jubilaciones de los elementos del Ejército y de la Marina.

“La administración, la operación del tren, la tenemos que definir con tiempo. Estamos pensando en que de Tulum hasta Palenque, que son tres tramos del tren, más el aeropuerto de Tulum, de Chetumal, de Palenque y la terminal aérea Felipe Ángeles de la Ciudad de México se maneje en una empresa que dependa de las fuerzas armadas con el propósito de que sea buena la administración del tren, de los aeropuertos, que sea autosuficiente y que las utilidades se destinen a fortalecer las finanzas para sus pensionados y jubilados”, indicó.

A garantizar la seguridad

Otro de los objetivos de que los proyectos sean administrados por el Ejército y la Marina, agregó, es “que debemos garantizar la seguridad en la región; aquí tenemos que cuidar de que no tengamos ningún problema de inseguridad para que se garantice a todos los que visiten esta región que van a poder estar seguros”.

Frente a los gobernadores de Quintana Roo, Carlos Joaquín González; de Yucatán, Mauricio Vila Dosal; de Chiapas, Rutilio Escandón; de Tabasco, Adán Augusto López, y de Campeche, Carlos Miguel Aysa González, quienes signaron el convenio para el ordenamiento territorial y urbano en la región junto con el representante de ONU-Hábitat México, Eduardo López Moreno, como testigo de honor, el jefe del Ejecutivo federal detalló que todas las obras en la zona representan una inversión en conjunto de 200 mil millones de pesos.

El presupuesto contempla, además del Tren Maya, las acciones de infraestructura para energía eléctrica y gas, remodelación en puertos marítimos, el aeropuerto de Tulum, carreteras y desarrollo social para la región.

Al recordar que este mes comenzará la primera fase de vacunación contra el Covid-19, apuntó que el avance de este proceso busca, además de atender el tema de salud, la recuperación de la afluencia turística a niveles previos a la pandemia.

En tanto, subrayó, “con esta obra se generan empleos; es como si se estuviesen construyendo hoteles e infraestructura de otro tipo en los tramos del Tren Maya. Se está dando mucho trabajo y va a haber todavía más oportunidades de empleo”.

Por su parte, los cinco gobernadores de los estados donde pasará el Tren Maya expresaron su disposición a trabajar de manera coordinada en los proyectos que se perfilan como el detonante económico que requiere el sureste mexicano.



Empresarios, a la espera de la vacuna; preocupa cierre de actividades





CIUDAD DE MÉXICO.

Ante el impacto de la pandemia de covid-19 en el país, sus consecuencias en la economía nacional y la caída del consumo privado, el sector empresarial tiene puestas las esperanzas en el próximo año y la eventual llegada de la vacuna contra el coronavirus.

Así lo expresó Carlos Salazar Lomelín, presidente del Consejo Coordinador Empresarial (CCE), quien en entrevista con Excélsior alertó que, ante presiones como la nueva suspensión de actividades no esenciales, al sector le preocupa la actividad económica y el cierre de empresas de menor tamaño, por lo que confía en que la llegada de la inoculación contra el SARS-CoV-2 sea un aliciente para la sociedad y las compañías.

Destacó que una de las prioridades del CCE para el año próximo será apoyar a las autoridades federales en el programa de vacunación, un tercer plan de inversiones en infraestructura y avanzar en la implementación del Tratado entre México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC).

COVID19 CAUSÓ UN AGUJERO ECONÓMICO
 
No hemos pasado la crisis económica porque seguimos sumergidos en una crisis de salud con consecuencias que ha provocado el cierre de actividades en diversas entidades de México y otros países del mundo, el consumo privado no se recupera y seguimos esperanzados a una vacuna”, reconoció Carlos Salazar Lomelín, presidente del Consejo Coordinador Empresarial (CCE), al hacer un balance del 2020 y hablar del trabajo que realizará en 2021.

Desde su natal Monterrey, donde el empresario pasará las fiestas decembrinas, dijo a Excélsior que lo peor del año que está por concluir y de muchas décadas ha sido la pandemia por el covid-19.

Lo más complicado fueron los meses de cierre, fueron tremendamente complejos, de abril a agosto. Además, trabajamos en 68 propuestas para enfrentar la crisis, pero no las pudimos llevar a cabo, eso fue lo malo. Y lo feo es esta pandemia, nos causó un agujero en la economía mexicana”, externó.

Recordó que el PIB caerá 9% real, lo que implica que el PIB per cápita de los mexicanos caerá en 10% y si se suma el nulo crecimiento de 2019, la recuperación del siguiente año dejará a la economía lejos del crecimiento que se tenía al inicio del actual gobierno.

Salazar Lomelín reconoció que, frente a la actual situación, de nuevos confinamientos en entidades como la Ciudad de México y el Estado de México, les preocupa la actividad económica y el cierre de empresas de menor tamaño.

Hay presiones en el sistema hospitalario, se requiere apoyo médico, mayor ocupación hospitalaria. Estamos en el momento más crítico de la pandemia, con indicadores que todavía no logramos controlar y en un momento en contagios, por lo que muchos países han tomado decisiones complejas como el cierre de actividades productivas para disminuir contagios”.

Dijo que las pequeñas empresas no podrán subsistir, pues no recibieron apoyo para mantenerse en la crisis ni para saldar su obligación.

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Sin embargo, el regiomontano confía en que 2021 y la llegada de las prometidas vacunas sean un aliciente para la sociedad y las empresas y recuperar las actividades pérdidas.

Salazar comentó que no todo fue malo en 2020, pues los empresarios lograron afinar la reforma al sistema de pensiones, se lograron impulsar los programas de inversión y adecuar el T-MEC en regulaciones y normatividad.

PRIORIDADES PARA EL 2021
 
Si bien la gestión de Salazar acabará en junio de 2021, si no se reelige, su principal prioridad al frente del CCE el próximo año será apoyar en el programa de vacunación con las autoridades federales, así como en un tercer plan de inversiones en infraestructura y avanzar en la implementación del Tratado Comercial de Norteamérica (T-MEC).

Además, que seguirán en el cabildeo sobre la reforma a la subcontratación, armará el tercer paquete de las obras de infraestructura, para que esté listo en marzo de 2021, y temas particulares de las organizaciones que conforman el CCE.