Pandemia por Covid encarece alimentos; familias de bajos recursos, las más afectadas
Pandemia encareció esa canasta y afectó a las familias de bajos ingresos, sobre todo a las del sur; menor alcance del ingreso afectó dieta de los hogares: Banxico
La pandemia del Covid-19 encareció el precio de los alimentos en el país, pero a quienes más afectó fue a las personas de menores ingresos, sobre todo a las de los estados del sur, de acuerdo con un análisis de Banco de México (Banxico).
Además, el alza en las cotizaciones de los productos pudo implicar que los hogares adquirieran un menor aporte calórico a la que acostumbraban, es decir, la que tenían antes del inicio de la contingencia sanitaria.
El análisis Incrementos en el costo de los alimentos durante la pandemia del Covid-19 en las regiones de México mostró que la variación en el costo de la canasta promedio de alimentos fue de 2.2% a escala nacional entre febrero y octubre de 2020.
Sin embargo, para los primeros quintiles (20% de la población de menores ingresos en México) el aumento en los precios de alimentos fue de 3.3%.
Este segmento tiene un ingreso corriente promedio trimestral de 12 mil 573 pesos, de acuerdo con cifras de la Encuesta Nacional de Ingreso y Gasto de los Hogares (ENIGH) 2018 del Inegi.
En cambio, el quintil V (20% de la población con más recursos en el país), tiene un ingreso corriente promedio trimestral de 122 mil 296 pesos, casi 10 veces mayor a los del segmento I.
El problema de este encarecimiento en la canasta de alimentos lo sufrieron más los habitantes de la región sur, que la conforman: Campeche, Chiapas, Guerrero, Oaxaca, Quintana Roo, Tabasco, Veracruz y Yucatán.
En esos ocho estados se reportó una variación en el costo de la canasta promedio de consumo de alimentos de 5.1%, más del doble del dato nacional.
Banxico detalló que las categorías de productos que más elevaron su cotización en los meses en que se concentró el estudio fueron carnes, pan, tortilla, cereales, azúcar, café, refrescos envasados, aceites y grasas comestibles, en ese orden.
Con excepción del último segmento, todos los rubros de alimentos que subieron de precio tienen una participación alta en el gasto de los hogares.
Los datos de Banxico mostraron que si bien la población de menores ingresos en el sur fue la más afectada por lo caro de los alimentos, los otros quintiles de la población —medios y altos— no se salvaron y también resintieron una inflación fuerte respecto a cualquier otra zona.
La otra región que también se sumó a los más golpeados por el efecto del Covid-19 sobre los precios de la canasta de productos comestibles fueron los del norte, con una variación de 3.3% entre febrero y octubre de este año. En el grupo están: Baja California, Chihuahua, Coahuila, Nuevo León, Sonora y Tamaulipas.
Aporte calórico
El análisis de Banxico mostró que la canasta de alimentos —bajo el supuesto de que una persona consume en un mes los 216 productos que la conforman— proporciona una ingesta diaria de 2 mil 122 calorías.
Sin embargo, el encarecimiento de esos básicos pegó en el bolsillo de familias y tuvieron que sacrificar parte de los nutrientes que le proveía.
A escala nacional, Banxico dio cuenta que las calorías que se dejaron de consumir entre febrero y octubre fueron 59, aunque varían los resultados dependiendo de la región del país.
Los más afectados fueron los habitantes del sur, que en promedio bajaron 97 calorías a su dieta. El centro norte: Baja California Sur, Aguascalientes, Colima, Durango, Jalisco, Michoacán, Nayarit, San Luis Potosí, Sinaloa y Zacatecas, fue el segundo sector más afectado, con una reducción de 57 calorías.
“El alza de precios en algunas categorías de alimentos podría haber implicado que los hogares adquirieron un menor aporte calórico que el que podían comprar antes del inicio de la pandemia”, concluyó el análisis.
Pandemia agudiza la disparidad laboral
Desigualdad laboral hacia las mujeres, riesgo de desempleo durante y posterior a la pandemia, violencia económica, así como la vulnerabilidad y acoso que viven dentro del ámbito laboral; fueron parte de los temas que se abordaron durante la tercera sesión del Consejo Editorial con Perspectiva de Género, la cual realizó de manera virtual la Organización Editorial Mexicana (OEM), encabezada por su Directora Editorial, Martha Ramos Sosa.
El jueves pasado, los directores de los 45 periódicos que conforman la OEM, se reunieron junto con los consejeros para abordar seis puntos sustanciales del contexto laboral de las mujeres: pérdida acelerada del trabajo por la pandemia, violencia económica, estereotipos de género que determinan el rol de las mujeres, vulnerabilidad en el ámbito laboral, desigualdad y la fuerza laboral que genera la burocracia.
➡️ Mujeres, las más afectadas por desempleo
Teniendo como antecedente la información que recientemente compartió la Organización de las Naciones Unidas (ONU) y la Organización Internacional del Trabajo (OIT), sobre el índice de desempleo en México para el 2021, Gabriela Ramírez, consejera y funcionaria del Centro de Información de las Naciones Unidas para México (CINU), abrió el panel para reconocer que la desigualdad laboral entre hombres y mujeres siempre ha existido, sin embargo, la pandemia agudizó el problema y, el siguiente año, se prevé, será aún más delicado.
“La pandemia por Covid-19 ha hecho mucho más evidente las desigualdades que ya existían. Antes de Covid-19, el mundo del trabajo ya estaba plagado de desigualdades”, indicó Ramírez, quien además retomó cifras de la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (Cepal), para destacar que, de acuerdo con el Balance Preliminar de las Economías de la Región, el cierre temporal de actividades económicas y la caída de los ingresos, fue más severo durante el segundo trimestre de 2020.
Indicó que, de un grupo de 14 países, entre los que se encuentra México, se estimó una pérdida de 47 millones de puestos de trabajo durante este periodo. La destrucción de estas plazas laborales les afectó principalmente a ellas, “ya que una mayor proporción de mujeres se retiró del mercado laboral y, es probable, que lo hayan hecho para asumir las tareas de cuidado en los contextos de confinamiento y ante el cierre de establecimientos educativos. El nivel de trabajo que ahora tienen que realizar las mujeres en casa, ha aumentado considerablemente, sacándolas en muchos casos, del trabajo remunerado”, indicó la representante de la CINU.
La pandemia ha hecho más evidentes las desigualdades que ya existían
Gabriela Ramírez / Consejera del CINU
Gabriela Ramírez refirió que, las cifras de las diversas organizaciones internacionales, evidencian que durante la pandemia las mujeres están perdiendo con mayor celeridad su trabajo y, en un ambiente post-pandemia, será este mismo sector el que tendrá mayor dificultad para reinsertarse.
Destacó que si bien, las pérdidas laborales se registraron en todos los ámbitos, el trabajo doméstico registró las bajas más significativas.
De manera particular puntualizó que, aunque el personal sanitario no se ha visto afectado en la pérdida de plazas, consideró esencial atender sus necesidades psicosociales y de salud tanto física como mental, tomando en cuenta que están en la primera línea de contacto para hacer frente al virus.
A la par, reflexionó sobre el actuar del sector público y privado para promover la conciliación de la vida familiar y laboral de las mujeres durante y posterior a la pandemia.
Sara Lovera, periodista y consejera de la OEM, destacó la importancia de los medios de comunicación para evitar la reproducción de estereotipos que las victimizan y optar por historias que reflejen la contribución de su trabajo.
TRIPLE AMENAZA
Durante su intervención, Mónica Flores, directora de ManpowerGroup, señaló que la mujer ha sido relegada principalmente a actividades operativas y consideró que, a la fecha, enfrentan una triple amenaza en el mundo del empleo formal.
La primera de estas amenazas, dijo, es que, aunque las mujeres representan más de 50 por ciento de la fuerza laboral global, menos de 25 por ciento de ellas ocupan puestos de alta gerencia, pese a tener la capacidad para hacerlo.
Como segunda amenaza, resaltó el hecho de que las mujeres están sobrerrepresentadas en posiciones que serán automatizadas, es decir, que en un futuro cercano podrán ser sustituidas por un software o un robot “porque son actividades operativas, repetitivas, y no necesariamente aportan un valor agregado al proceso productivo de la organización”, indicó Flores.
Como tercera amenaza, mencionó, es la subrepresentación en industrias en crecimiento, lo que indica que en la mayoría de los casos se les asignan sólo plazas laborales consideradas como profesiones femeninas.
“Todo esto nos genera violencia económica (...) que es cualquier comportamiento que atente contra la independencia económica de una mujer, incluyendo privación, retención o sustracción”, explicó.
VULNERABILIDAD LABORAL
Para abordar el tema de la vulnerabilidad en el ámbito laboral, el director de El Sol de Tijuana, Erik Eliud Ávalos Matías, ejemplificó con dos casos en los que, en ambas circunstancias, las mujeres fueron ultimadas mientras laboraban.
“Desgraciadamente el estado de vulnerabilidad en el que se encuentran muchas mujeres dentro de sus propios trabajos ha generado un problema serio en el estado de Baja California: 29 feminicidios en los primeros 10 meses del año”, compartió.
Con este referente, Ávalos, enfatizó que, a pesar de ser casos locales, la problemática de violencia y acoso en todas sus expresiones, es una constante que se replica en todo el país, hecho en el que consideró, los medios de comunicación deben ser enfáticos para presionar a las autoridades correspondientes a fin de dar la atención necesaria para evitar este tipo de actos.
“EL PROBLEMA ES LA DESIGUALDAD”
A decir de Alicia Puyana Mutis, investigadora y profesora de la Facultad Latinoamericana De Ciencias Sociales, (Flacso), otra de las problemáticas que se enfrenta en el mundo laboral es la desigualdad que se vive en el país.
“Más que el desempleo, el problema de México es la desigualdad. Aún en países ricos, los altos niveles de segregación distorsionan el criterio propio de nivel de afluencia. Se debe generar una visión objetiva de afluencia y riqueza ligada a la plenitud de la vida humana, el respeto y los bienes materiales” destacó durante su intervención.
Fue así que, con esta conversación especializada, la directora General Editorial, Martha Ramos se comprometió junto con el equipo que conforma la OEM, a dar seguimiento a estos temas de interés público con el fin de fortalecer y promover el derecho de las mujeres mediante el trabajo periodístico que se realiza en cada una de las casas editoriales del país.
Retorno ‘al rojo’ retrasaría recuperación, dicen expertos
El retorno al semáforo rojo en Ciudad de México y Estado de México durante las siguientes tres semanas tendrá un efecto en el ritmo de la recuperación económica, ya que si los contagios de COVID-19 no bajan, el periodo de cierre de las actividades no esenciales podría extenderse hasta febrero de 2021.
Así lo previeron expertos consultados por El Financiero, al señalar que el semáforo rojo en el Valle de México en las últimas dos semanas del año probablemente no tendrá un impacto significativo en los pronósticos de contracción del PIB en 2020, en todo caso, se confirmaría que la economía estaría más cercana a caer 9 por ciento, como es el consenso del mercado, y no 8 por ciento, como es la estimación de la Secretaría de Hacienda (SHCP).
Luis Foncerrada, economista en Jefe de AmCham México, indicó que el semáforo lo que hace es asegurarnos que el PIB estará en -9, -9.1 o -9.2 por ciento este año, y consideró que este nuevo confinamiento llega en un momento en que el consumo no mejoró como se esperaba por El Buen Fin, ya que hubo tiendas de ANTAD que no tuvieron recuperación.
“Sí habrá algún efecto en la economía, pero ya no muy significativo porque en el final del año ya no acumula. Aquí el tema es que estas tres semanas me parecen extraordinariamente inocentes y optimistas porque viene todo enero y probablemente todo febrero, y ya vimos cómo están hoy los hospitales en su capacidad”, sostuvo.
Víctor Gómez Ayala, subdirector de Análisis Económico de Finamex Casa de Bolsa, indicó que el nuevo semáforo rojo tendría efecto en la economía dependiendo qué tanto se desincentive el consumo, aunque consideró que este escenario ya estaría incorporado a las proyecciones de decrecimiento para 2020.
En ese sentido, el mayor impacto sería en la velocidad de la recuperación económica al inicio del 2021.
“El impacto central del semáforo rojo y el efecto que pudiera generar de cara a la recuperación en el 2021, reduce su tamaño por un simple efecto aritmético de un menor crecimiento de cierre de año. La recuperación se retrasaría”, sostuvo.
Luis Pérez de Acha, socio fundador y director del despacho Pérez de Acha e Ibarra de Rueda, apuntó que tener un semáforo rojo implica que ya hay un criterio que indique a las empresas a determinar si tienen que abrir o cerrar estas semanas, toda vez que la reapertura económica en la Nueva Normalidad se hizo a partir del semáforo.
“El hecho es que el semáforo tiene relevancia jurídica, el no haber semáforo implica que no hay estrategia, el semáforo nos da orden y orienta a las empresas en su toma de decisiones”, expuso.
Por su parte, el CEESP apuntó que la economía iniciará débil el 2021 y posiblemente será hacia mediados del año que se presenten indicios de mejora solamente inercial, debido a la ausencia de señales de un apoyo por parte de las autoridades a la conservación de la planta productiva, el empleo y la economía de millones de hogares.
“Sin dicho apoyo incluso la recuperación inercial peligra en vista de la nueva restricción de actividades en la Ciudad y el Estado de México”, alertó.
Quiebra de restaurantes
Ocho de cada diez restaurantes quebrarán en las próximas semanas por la crisis de la pandemia del coronavirus, situación que podría agravarse con el nuevo semáforo rojo, alertó la Cámara Nacional de la Industria Restaurantera (Canirac).
“Una encuesta aplicada por la Cámara a empresarios del sector restaurantero reveló que sin apoyos casi ocho de cada 10 restaurantes podrían quebrar en las siguientes semanas, debido a la crisis provocada por la pandemia”, informó la Cámara en un comunicado.
En la Ciudad de México y su Zona Metropolitana hasta noviembre, habían cerrado definitivamente 13 mil 500 establecimientos.
Canirac alertó que con las medidas del semáforo rojo por la pandemia del coronavirus que se activaron el 19 de diciembre en la Ciudad de México y Estado de México, se condenará a miles de trabajadores al desempleo y a los restaurantes a la quiebra.
El gremio señaló que el anuncio de las autoridades se realizó sin previo aviso que permitiera a los restaurantes terminar su inventario, lo que provocará pérdidas millonarias, ya que el sistema de delivery no es suficiente para canalizar sus productos como son los perecederos.
México busca extraditar traficantes de armas en EU; uno de 'rápido y furioso', incluido
En un cambio radical en su forma de operar contra el tráfico de armas, el gobierno de México comenzará a buscar la extradición desde Estados Unidos a traficantes de armamento, para que también paguen en territorio mexicano por introducir equipo bélico utilizado por los cárteles de la droga en miles de asesinatos a lo largo de los últimos años, confirmaron fuentes gubernamentales de alto nivel a MILENIO. La intención, detallaron funcionarios federales consultados, es solicitar a la administración de Joe Biden que entregue a una decena de traficantes de armas mexicanos y estadunidenses libres o que aún compurgan sus sentencias en prisiones de ese país para que sean enjuiciados en México por su responsabilidad en la violencia que ha vivido el país. Los funcionarios de primer nivel, plantearon que además se quiere sentar el precedente de que el gobierno mexicano planea perseguir vigorosamente a quienes trafiquen con armas, aun cuando hayan cometido el delito en territorio estadunidense, en donde la portación ilegal es castigada con sentencias laxas, que van de uno a 10 años de prisión. En México, el castigo es de 30 años.
Acusados por "Rápido y furioso", en la mira Entre los objetivos iniciales de esta petición se encuentran algunos de los acusados en el fallido “Rápido y Furioso” de 2011, se detalló. Ese operativo, que terminó con un agente de la Patrulla Fronteriza asesinado, fue iniciado por la Oficina de Alcohol, Tabaco, Armas de Fuego y Explosivos (ATF, por sus siglas en inglés) bajo el plan de vender armas a presuntos criminales con el propósito de ser rastreadas para obtener inteligencia sobre la compra-venta ilegal de armamento en México. Entre 2009 y 2011, bajo este plan, entraron a territorio nacional al menos 2 mil 500 armas. Con el tiempo terminaron en las manos de los asesinos de los cárteles tal como se planeó, pero sin que hubiera en contraparte la cascada de arrestos esperados. Muchos involucrados han sido detenidos, pero al igual que otros casos relacionados con tráfico de armas en Estados Unidos, recibieron sentencias promedio entre los 5 y los 10 años, algunos incluso menores. Uno de los traficantes que están en la mira del gobierno federal es Daniel Francisco Cruz Morones, quien en 2012 se declaró culpable de comprar armas de manera ilegal y con la intención de permitir su tráfico a México por una Corte en San Diego.
A manera de ejemplo de la laxitud con la que se persigue el delito en Estados Unidos, tan solo cuatro años después de haber participado en la entrega de armas al cártel de los Zetas, fue liberado. Daniel Cruz, sentenciado a menos de 10 años de prisión por haber comprado parte de las armas usadas en "Rápido y Furioso". (Especial) La lista de potenciales extraditables está bajo análisis en áreas de seguridad del gobierno mexicano, pero como Morones, hay una decena de casos de traficantes de alto perfil que en la última década introdujeron cientos de armas a territorio mexicano y de los que las autoridades estadunidenses tienen información detallada -incluso sus direcciones- al haber sido detenidos y sentenciados en uno u otro momento. Por ejemplo, Efreín González, mexicoamericano relacionado con el cártel de Los Zetas, capturado luego de una investigación de tráfico de armas que se originó en Nuevo México en el 2011.
Efreín González. Detenido por trafico de armas a México en 2014. (Especial) Antes de caer en manos de la justicia estadunidense, la Agencia de Alcohol, Tabaco, Armas de Fuego y Explosivos (ATF, por sus siglas en inglés) lo incluyó en su lista de los más buscados y le puso una recompensa a su cabeza de 10 mil dólares. También era buscado por agresión sexual. Otro ejemplo de traficantes internacionales de armas es el de los hermanos Ismael y Carlos Almada Castrillo, quienes compraban todo tipo de armamento para el cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG), incluidas granadas y fusiles militares de alto poder, a través plataformas de comercio electrónico como e-Bay y PayPal como informó MILENIO a inicios de diciembre. Carlos fue detenido en México en septiembre de 2019 y encontrado muerto en su celda de Puente Grande en marzo de este año. Mientras que Ismael se encuentra libre bajo fianza y a la espera de que la investigación en su contra fincada en Los Ángeles siga su curso. Otro es Javier Reséndez, quien dirigía a una célula que, con dinero obtenido de la venta de drogas, compraba armas para un cártel no identificado y las introducía vía terrestre hacia México desde Texas. Fue detenido en 2014 y su sentencia a 7 años de prisión vence este año. Actualmente se halla encarcelado en una prisión federal de Virginia del Oeste, de acuerdo a datos del Buró Federal de Investigaciones (FBI).
Javier Reséndez coordinaba una célula de tráfico de armas a México. Será liberado en 2021. (Especial) Como ese, otros casos dan una idea de la materia abundante de personajes contra los que el gobierno mexicano podría presentar cargos, como el del alcalde, el jefe de la policía y un político de Columbus en Nuevo México que en 2011 aprovecharon su posición en la administración para comprar 200 armas alegando que eran para su uso pero que planeaban vender a un cártel mexicano del otro lado de la frontera. Luego de una investigación de la DEA (Administración para el Control de Drogas, por sus siglas en inglés) tanto el alcalde Eddie Espinoza, el jefe de policía Ángelo Vega y Blas Gutiérrez, se enfrentaron a la justicia de su país. Eddie Espinoza (IZQ) y Ángelo Vega aprovecharon sus cargos en Nuevo México para introducir armas a México.
(Especial) Junto a otras seis personas que formaban parte de su red de contrabando de armas, enfrentaron hasta 84 cargos por tráfico de armas. Se pudo comprobar que al menos 12 armas de esta célula criminal terminaron en México. Espinoza sólo estuvo un año en prisión a pesar de haber sido sentenciado a cuatro años por los cargos que se le imputaron. Liberado en 2013 se mantuvo en libertad condicional los tres años siguientes. Negocio redondo Datos obtenidos por MILENIO muestran que entre 2006 y 2019, en México se aseguraron casi 223 mil armas, de las cuales 59 por ciento fueron largas, es decir, fusiles, carabinas, rifles y escopetas. El 41% fueron cortas, o sea pistolas y revólveres. Los decomisos se dieron primordialmente en Tamaulipas, Michoacán, Sinaloa, Guerrero y Chihuahua. Entre los decomisos también se contabilizan 4 mil granadas y 5.6 millones de municiones en el mismo período de tiempo.
De acuerdo con cifras del Center of American Progress, cada año cruzan por la frontera norte más 230 mil armas hacia México procedentes de Estados Unidos. De acuerdo con algunos expertos consultados, la circunstancia se agravó desde 2004 cuando en Estados Unidos expiró la prohibición de producir, transferir o poseer armas semiautomáticas de asalto para uso civil. Con esto, los cárteles en México han podido disponer de un enorme poder de fuego, que afecta tanto a este país como a Estados Unidos. Algunos ejemplos son las ametralladoras Browning M2, capaces de disparar 550 proyectiles por minuto, que desfilaron en el llamado culiacanazo en manos del cártel de Sinaloa en octubre de 2019. O los fusiles Barrett calibre .50, poderosa arma militar capaz de disparar a más de un kilómetro de distancia con condiciones óptimas, que el cártel Jalisco Nueva Generación utilizó en el atentado contra el secretario de Seguridad de la Ciudad de México, Omar García Harfuch en junio pasado.
Busca López Obrador que fuerzas armadas operen el Tren Maya
El gobierno federal buscará que las fuerzas armadas queden a cargo de una empresa del Estado que tendrá el objetivo de encabezar la administración y operación de tres tramos del Tren Maya, del aeropuerto de Chetumal, Palenque y Tulum (próximo a iniciar su construcción), así como de la terminal aérea internacional Felipe Ángeles, anunció ayer el presidente Andrés Manuel López Obrador.
Desde la zona arqueológica de Tulum, donde firmó con los gobernadores de la región el convenio para el ordenamiento territorial y urbano en el marco del desarrollo de las obras del Tren Maya, el mandatario explicó que el objetivo de la creación de dicha empresa del Estado es proteger esta obra “para que no haya la tentación de privatizarla”, y explicó que las utilidades se usarán para financiar las pensiones y jubilaciones de los elementos del Ejército y de la Marina.
“La administración, la operación del tren, la tenemos que definir con tiempo. Estamos pensando en que de Tulum hasta Palenque, que son tres tramos del tren, más el aeropuerto de Tulum, de Chetumal, de Palenque y la terminal aérea Felipe Ángeles de la Ciudad de México se maneje en una empresa que dependa de las fuerzas armadas con el propósito de que sea buena la administración del tren, de los aeropuertos, que sea autosuficiente y que las utilidades se destinen a fortalecer las finanzas para sus pensionados y jubilados”, indicó.
A garantizar la seguridad
Otro de los objetivos de que los proyectos sean administrados por el Ejército y la Marina, agregó, es “que debemos garantizar la seguridad en la región; aquí tenemos que cuidar de que no tengamos ningún problema de inseguridad para que se garantice a todos los que visiten esta región que van a poder estar seguros”.
Frente a los gobernadores de Quintana Roo, Carlos Joaquín González; de Yucatán, Mauricio Vila Dosal; de Chiapas, Rutilio Escandón; de Tabasco, Adán Augusto López, y de Campeche, Carlos Miguel Aysa González, quienes signaron el convenio para el ordenamiento territorial y urbano en la región junto con el representante de ONU-Hábitat México, Eduardo López Moreno, como testigo de honor, el jefe del Ejecutivo federal detalló que todas las obras en la zona representan una inversión en conjunto de 200 mil millones de pesos.
El presupuesto contempla, además del Tren Maya, las acciones de infraestructura para energía eléctrica y gas, remodelación en puertos marítimos, el aeropuerto de Tulum, carreteras y desarrollo social para la región.
Al recordar que este mes comenzará la primera fase de vacunación contra el Covid-19, apuntó que el avance de este proceso busca, además de atender el tema de salud, la recuperación de la afluencia turística a niveles previos a la pandemia.
En tanto, subrayó, “con esta obra se generan empleos; es como si se estuviesen construyendo hoteles e infraestructura de otro tipo en los tramos del Tren Maya. Se está dando mucho trabajo y va a haber todavía más oportunidades de empleo”.
Por su parte, los cinco gobernadores de los estados donde pasará el Tren Maya expresaron su disposición a trabajar de manera coordinada en los proyectos que se perfilan como el detonante económico que requiere el sureste mexicano.
Empresarios, a la espera de la vacuna; preocupa cierre de actividades
CIUDAD DE MÉXICO.
Ante el impacto de la pandemia de covid-19 en el país, sus consecuencias en la economía nacional y la caída del consumo privado, el sector empresarial tiene puestas las esperanzas en el próximo año y la eventual llegada de la vacuna contra el coronavirus.
Así lo expresó Carlos Salazar Lomelín, presidente del Consejo Coordinador Empresarial (CCE), quien en entrevista con Excélsior alertó que, ante presiones como la nueva suspensión de actividades no esenciales, al sector le preocupa la actividad económica y el cierre de empresas de menor tamaño, por lo que confía en que la llegada de la inoculación contra el SARS-CoV-2 sea un aliciente para la sociedad y las compañías.
Destacó que una de las prioridades del CCE para el año próximo será apoyar a las autoridades federales en el programa de vacunación, un tercer plan de inversiones en infraestructura y avanzar en la implementación del Tratado entre México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC).
COVID19 CAUSÓ UN AGUJERO ECONÓMICO
No hemos pasado la crisis económica porque seguimos sumergidos en una crisis de salud con consecuencias que ha provocado el cierre de actividades en diversas entidades de México y otros países del mundo, el consumo privado no se recupera y seguimos esperanzados a una vacuna”, reconoció Carlos Salazar Lomelín, presidente del Consejo Coordinador Empresarial (CCE), al hacer un balance del 2020 y hablar del trabajo que realizará en 2021.
Desde su natal Monterrey, donde el empresario pasará las fiestas decembrinas, dijo a Excélsior que lo peor del año que está por concluir y de muchas décadas ha sido la pandemia por el covid-19.
Lo más complicado fueron los meses de cierre, fueron tremendamente complejos, de abril a agosto. Además, trabajamos en 68 propuestas para enfrentar la crisis, pero no las pudimos llevar a cabo, eso fue lo malo. Y lo feo es esta pandemia, nos causó un agujero en la economía mexicana”, externó.
Recordó que el PIB caerá 9% real, lo que implica que el PIB per cápita de los mexicanos caerá en 10% y si se suma el nulo crecimiento de 2019, la recuperación del siguiente año dejará a la economía lejos del crecimiento que se tenía al inicio del actual gobierno.
Salazar Lomelín reconoció que, frente a la actual situación, de nuevos confinamientos en entidades como la Ciudad de México y el Estado de México, les preocupa la actividad económica y el cierre de empresas de menor tamaño.
Hay presiones en el sistema hospitalario, se requiere apoyo médico, mayor ocupación hospitalaria. Estamos en el momento más crítico de la pandemia, con indicadores que todavía no logramos controlar y en un momento en contagios, por lo que muchos países han tomado decisiones complejas como el cierre de actividades productivas para disminuir contagios”.
Dijo que las pequeñas empresas no podrán subsistir, pues no recibieron apoyo para mantenerse en la crisis ni para saldar su obligación.
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Sin embargo, el regiomontano confía en que 2021 y la llegada de las prometidas vacunas sean un aliciente para la sociedad y las empresas y recuperar las actividades pérdidas.
Salazar comentó que no todo fue malo en 2020, pues los empresarios lograron afinar la reforma al sistema de pensiones, se lograron impulsar los programas de inversión y adecuar el T-MEC en regulaciones y normatividad.
PRIORIDADES PARA EL 2021
Si bien la gestión de Salazar acabará en junio de 2021, si no se reelige, su principal prioridad al frente del CCE el próximo año será apoyar en el programa de vacunación con las autoridades federales, así como en un tercer plan de inversiones en infraestructura y avanzar en la implementación del Tratado Comercial de Norteamérica (T-MEC).
Además, que seguirán en el cabildeo sobre la reforma a la subcontratación, armará el tercer paquete de las obras de infraestructura, para que esté listo en marzo de 2021, y temas particulares de las organizaciones que conforman el CCE.
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