Perfilan bajar consulta sobre expresidentes; López Obrador: que SCJN decida sin presiones
CIUDAD DE MÉXICO.
La petición de consulta popular para enjuiciar a los últimos cinco expresidentes sería inconstitucional.
De acuerdo con el proyecto elaborado por Luis María Aguilar, ministro de la Suprema Corte, la propuesta viola los derechos humanos, violenta el principio de presunción de inocencia y vulnera el principio de igualdad ante la ley de todos los mexicanos.
“Si bien cada uno de los motivos expuestos es por sí solo suficiente para declarar la inconstitucionalidad de la materia de la consulta popular, la suma de todos ellos permite concluir que se trata de un concierto de inconstitucionalidades”, indica el documento que la Corte discutirá el próximo jueves.
Tras esto, el presidente Andrés Manuel López Obrador pidió esperar al fallo del pleno de los ministros y aseguró que, en su opinión, no se vulneran derechos.
“Que (los ministros) actúen con apego estricto a la ley, que no se dejen intimidar, que actúen con criterio. Que aunque ellos deciden de acuerdo a lo establecido en las leyes (...) que también tomen en cuenta el sentimiento del pueblo”, planteó.
Corte perfila revés a consulta
La materia de la consulta para juzgar a expresidentes no es válida constitucionalmente y la pregunta no tiene un sustento legal, señala el proyecto a discutir.
El ministro de la Suprema Corte de Justicia, Luis María Aguilar Morales, propondrá declarar inconstitucional la petición de consulta popular planteada por el presidente Andrés Manuel López Obrador para juzgar a los expresidentes de la República, por considerarla violatoria de los derechos humanos, violentar el principio de presunción de inocencia y vulnerar el principio de igualdad ante la ley de todos los mexicanos.
El proyecto de sentencia, que consta de 43, hojas será discutido el próximo 1 de octubre por el pleno de ministros de la Corte, anunció este jueves el alto tribunal al poner a la disposición de la sociedad el contenido de la propuesta a través de las redes sociales de la Corte.
“Si bien cada uno de los motivos expuestos es por sí solo suficiente para declarar la inconstitucionalidad de la materia de la consulta popular, la suma de todos ellos permite concluir que se trata de un concierto de inconstitucionalidades que pudieran incidir negativamente en el acceso a la justicia, la persecución de los delitos y el Estado de derecho mismo, lo cual implica la afectación de los derechos humanos de todas las mexicanas y los mexicanos”, advirtió el documento que será discutido.
A lo largo del proyecto, el ministro Aguilar Morales argumentó —entre otras razones— que la consulta no puede llevarse a cabo porque “restringiría los derechos humanos de un grupo de mexicanos” sea indiciados o víctimas al ser contrario a la ley someter a consulta de la ciudadanía si las instituciones de procuración e impartición de justicia deben o no cumplir con sus obligaciones.
Lo anterior implica el riesgo de generar impunidad en uno u otro sentido, en razón de que el resultado del ejercicio ciudadano es vinculante para las autoridades del Estado mexicano y la Constitución no puede contradecirse así misma.
Sobre todo —abundó— si se está ante la sospecha de la comisión de delitos de lesa humanidad, como lo señaló el Presidente en su petición enviada el 15 de septiembre.
El impartidor de justicia federal recordó que tales conductas delictivas no prescriben y en el hipotético caso de que la consulta rechace juzgar a los exgobernantes, las víctimas de tales ilícitos quedarían en la indefensión.
“La consulta popular no puede tener por objeto la restricción de los derechos de las personas, lo que implica, necesariamente, que tampoco puede consultarse si las autoridades pueden o deben proteger los derechos humanos, pues esa es su obligación constitucional. A la ciudadanía no le corresponde decidir si se deben investigar o procesar los delitos cometidos en ejercicio de la función pública”, se describe en el punto 54 de la propuesta de un total de 124 fundamentaciones legales.
Más adelante, se explica que, de autorizar la consulta popular, se quebrantaría el fin de la misma, consistente en ampliar los derechos humanos de las personas y sus libertades.
“Es precisamente por ello que el objeto de la consulta popular que se solicita, se considera inconstitucional, pues someter a consulta si la mayoría está de acuerdo o no en que las autoridades competentes investiguen, persigan y sancionen los delitos que pudieran ser cometidos por los expresidentes de la República, implica sujetar a la condición o elección de una porción de la población, cualquiera que sea su número, si las autoridades deben cumplir con sus obligaciones de protección de los derechos humanos, pero sobre todo, implicaría desvirtuar la finalidad de la consulta popular que, como derecho humano, busca maximizar la voz de la ciudadanía y fortalecer sus derechos, nunca disminuirlos”, apuntó.
Al hacer referencia al principio de presunción de inocencia, el proyecto puntualiza los inconvenientes para impartir justicia si se autoriza la consulta:
“El objeto de la consulta vulnera la presunción de inocencia de las personas, pues al exponerlas mediáticamente violenta las garantías penales esenciales y los derechos humanos en general; esta violación constitucional tiene impacto en los derechos de las posibles víctimas de los delitos que se imputan y de la sociedad en general (...) toda vez que las violaciones a la presunción de inocencia pueden viciar los hipotéticos procesos penales que se lleven a cabo con lo que existiría la posibilidad de que, en algunos casos, esta exposición mediática estigmatizante desemboque en la ilicitud de pruebas o incluso que generen un efecto corruptor en todo el proceso”.
Sobre el principio de igualdad previsto en la Constitución, el ministro argumentó que la ley no puede aplicarse de un modo a un grupo de ciudadanos y a otros tratarlos de manera distinta.
“Todas las personas tienen derecho a recibir el mismo trato y, en este caso específico, no está justificado por qué a unas personas se les somete al escrutinio público para determinar si se les debe investigar y, en su caso, sancionar penalmente, mientras que al resto de las personas no se les da ese mismo tratamiento”, indica.
Aguilar dijo que no emitiría pronunciamiento con relación a la calificación de la trascendencia de la consulta ni en torno a la legalidad y contenido de la pregunta en virtud de que “el objeto o materia de esta consulta no es válido constitucionalmente, de manera que la pregunta no tiene un sustento legal, y su estudio en sí misma resulta improcedente”, concluyó el proyecto de sentencia.
Los datos
A la ciudadanía no le corresponde decidir si se deben investigar o procesar los delitos cometidos en ejercicio de la función pública”, se describe en el punto 54 de la propuesta del ministro Aguilar.
La consulta implica sujetar a la condición o elección de una porción de la población, cualquiera que sea su número, si las autoridades deben cumplir con sus obligaciones de protección de los derechos humanos.
El objeto o materia de esta consulta no es válido constitucionalmente, de manera que la pregunta no tiene un sustento legal, y su estudio en sí misma resulta improcedente”, concluye el proyecto.
SCJN DEBE DECIDIR AJENA A PRESIONES
El presidente llama a tomar en cuenta el sentimiento del pueblo.
Tras conocer que el proyecto de la Suprema Corte de Justicia respecto de la constitucionalidad de la consulta popular para iniciar juicios en contra de expresidentes por presuntos actos de corrupción va en sentido de no aprobarla, el presidente Andrés Manuel López Obrador pidió esperar al fallo del pleno de los ministros.
“Que actúen con apego estricto a la ley, que no se dejen intimidar, que actúen con criterio. Que aunque ellos deciden de acuerdo a lo establecido en las leyes (...) que también tomen en cuenta el sentimiento del pueblo”, estableció el titular del Ejecutivo en su rueda de prensa matutina.
La Corte anunció que el proyecto elaborado por el ministro Luis María Aguilar señala que la solicitud de consulta ciudadana es inconstitucional por violentar los derechos humanos de los posibles implicados.
El proyecto del ministro Aguilar señala que la exposición de motivos para solicitar la consulta ciudadana, la suma de todos ellos, es “un concierto de inconstitucionalidades”.
“Que ya sé que deben de resolver con apego a la legalidad.
“Yo considero que no existe ninguna violación a los derechos humanos, a las garantías de los ciudadanos, porque en el caso de que se llevaran a cabo estos juicios los tiene que hacer la autoridad competente de acuerdo a la legalidad que prevalece dándole al acusado las garantías de defensa”, afirmó el presidente López Obrador.
AMLO llama a la Corte a "no dejarse intimidar" y oír al pueblo
Viernes 25 de septiembre de 2020. El presidente Andrés Manuel López Obrador pidió a integrantes de la Suprema Corte de Justicia de la Nación que no se dejen intimidar, que actúen con criterio y tomen en cuenta el sentimiento del pueblo al resolver conforme a la ley la solicitud de la consulta para enjuiciar a ex mandatarios, después de que el ministro Luis María Aguilar propuso declarar anticonstitucional el ejercicio ciudadano.
A una semana de que someta a votación la propuesta de Aguilar, el mandatario manifestó que los argumentos del ministro, de que se afectan los derechos humanos y las garantías para la protección de las personas, son parecidos a lo que “manejó desde el principio Felipe Calderón.
Yo opino distinto, pero vamos a esperar que el pleno de la Corte resuelva el próximo jueves, porque en la decisión no sólo interviene un ministro, y hasta ahora es sólo un proyecto.
–¿Qué les diría a los ministros?
–Que actúen con estricto apego a la ley, que no se dejen intimidar, que actúen con criterio. Aunque ellos resuelven de conformidad con lo establecido en las leyes, en este caso en el artículo 35 de la Constitución y en la Ley de Consulta Ciudadana, que tomen en cuenta el sentimiento del pueblo.
“Ya sé que tienen que resolver con apego a la legalidad, que no necesitan leerme el artículo de la Constitución, el 35, que establece que no se deben de violar los derechos humanos.
Considero que no existe ninguna violación a derechos humanos, a las garantías de los ciudadanos, porque en el caso de que se lleven a cabo estos juicios los tiene que hacer la autoridad competente en el marco de la legalidad que prevalece, dándole al implicado las garantías de defensa, de que no se violen sus derechos humanos. Pero este es un proyecto, hay que esperar.
Planteó que el primero de octubre se someta a votación el proyecto. “Ahí se va a saber… Hay algunos proyectos que se aprueban y otros que no, y tiene que decidirse por mayoría. Hay que tener confianza en la Corte”, resaltó.
'El Mochomo', pieza clave en la desaparición de los 43 de Ayotzinapa
Han pasado seis años desde la desaparición de los 43 normalistas de la Escuela Normal Rural “Raúl Isidro Burgos” y desde aquel 26 de septiembre del 2014 los avances en el caso han generado que la denominada ‘verdad histórica’, que señala que los estudiantes fueron asesinados, incinerados y arrojados al basureo de Cocula, en Guerrero, sea cuestionada. Por estos hechos han sido detenidos unos cuantos y liberados otros. Entre los personajes que forman parte de esta historia está José Ángel Casarrubias Salgado, El Mochomo, involucrado en la desaparición de los 43 normalistas de Ayotzinapa. El inculpadofue detenido el 24 de junio de este año en Metepec, Estado de México, e ingresado en el penal federal de máxima seguridad del Altiplano, con una orden de aprehensión por el presunto delito de delincuencia organizada, tras casi seis años de búsqueda. Te recomendamos Con AMLO hay una voluntad política más clara en caso Ayotzinapa: Vidulfo RosalesColectivo de búsqueda de desaparecidos acusa obstrucción de la FGR Este jueves un juez federal lo vinculó a proceso por el delito de delincuencia organizada, así como a su abogado Arturo Rodríguez García, identificado como la persona que habló a la madre del presunto líder de Guerreros Unidos para solicitar dinero para entregárselo a un secretario de acuerdos de un juzgado. José Ángel Casarrubias Salgado figura en declaraciones ministeriales que afirman que él dio la orden de matar a los 43 normalistas de Ayotzinapa y que los cuerpos fueran abandonados en una fosa clandestina en la zona de Pueblo Viejo, entre los límites de los municipios guerrerenses de Iguala y Cocula. El Mochomo fue uno de los presuntos operadores en el secuestro de los normalistas, e incluso un año después de los hechos de Iguala, la FGR ofreció una recompensa de 1.5 millones de pesos por su paradero. La noche del 26 de septiembre de 2014, 80 estudiantes viajaban en dos autobuses en el norte de Guerrero, iban camino a la Ciudad de México para participar en la conmemoración del 2 de octubre de 1968, sin embargo, querían 'tomar' más autobuses para que otros alumnos acudieran, pero un grupo de policías municipales intentó bloquear el paso a tres de los camiones e hizo disparos al aire. En el enfrentamiento contra policías, algunos jóvenes salieron heridos.
Más adelante, los otros dos autobuses fueron interceptados; en uno de ellos viajaban 43 estudiantes que presuntamente fueron secuestrados por el grupo Guerreros Unidos. ¿Quiénes son Guerreros Unidos? Esta organización delictiva fue fundada por Mario Sidronio Casarrubias Salgado, El Sapo Guapo, quien era identificado como uno de los principales traficantes de droga a Chicago, Estados Unidos, y se presumía que realizaba los traslados a través de tráileres de fruta y autobuses de pasajeros. Casarrubias Salgado trabajó como escolta en el cártel de los hermanos Beltrán Leyva, pero después de que fueron detenidos o murieron los principales líderes, fundó su propio grupo criminal con ex integrantes de diferentes grupos en Michoacán y Guerrero. Operó en Guerreros Unidos hasta su captura el 29 de abril de 2014, en Toluca, Estado de México.
De acuerdo con la Administración para el Control de Drogas (DEA por sus siglas en inglés) Guerreros Unidos surgió en 2011 tras la ruptura del cártel de los Beltrán Leyva; sin embargo, operadores de ese grupo declararon ante autoridades que uno de sus fundadores, Mario Sidronio Casarrubias Salgado, Sapo Guapo, inició su carrera delictiva en La Familia Michoacana. En sus primeros años, Guerreros Unidos sólo operaba en Iguala, Taxco y Ciudad Altamirano, en Guerrero, y en Cuernavaca, Morelos, hasta que Sapo Guapo, uno de los líderes, extendió la influencia del grupo al Estado de México. En enero de 2015, el ex procurador general, Jesús Murillo Karam, dio a conocer la conclusión de la investigación sobre la desaparición de los 43 normalistas de Ayotzinapa, a la cual llamó la verdad histórica del caso. En ella se decía que los jóvenes fueron capturados por Guerreros Unidos, pues los confundieron con integrantes del cártel rival Los Rojos, por lo que los torturaron y quemaron en un terreno en Cocula, un poblado cercano a Iguala, para luego tirar sus restos a un río cercano. Osvaldo Ríos Sánchez, El Gordo, y su hermano Miguel Ángel, El Pozol, ambos de Guerreros Unidos, declararon que los normalistas fueron enterrados en una fosa clandestina en Pueblo Viejo, Iguala, lo anterior después de que El Mochomo ordenó matarlos.
El Mochomo, estuvo a punto de írsele de las manos a la Fiscalía General de la República (FGR), porque una juez federal ordenó su libertad por falta de elementos para procesarlo por un delito que data de 2014, pero a su salida del penal de máxima seguridad del Altiplano fue detenido por una nueva investigación por delincuencia organizada y secuestro. El 30 de junio pasado, Alejandro Gertz Manero, fiscal general de la República, dijo que la aprehensión de José Ángel Casarrubias es importante porque se trata de “un participante de gran notoriedad en este caso”. De acuerdo con un organigrama diseñado por la Policía Federal, El Mochomo es el número dos de Guerreros Unidos. A la cabeza está su hermano Sidronio Casarrubias, El Chino, quien también está detenido.
Actividad económica crece 5.7% en julio: Inegi
La actividad económica mantuvo su ritmo de recuperación en julio al crecer 5.7 por ciento respecto al mes previo, luego de desplomarse en abril y mayo debido al cierre de actividades por la pandemia de Covid-19.
El Indicador Global de la Actividad Económica (IGAE) hiló dos meses al alza tras registrar su nivel mínimo histórico en mayo y de cuatro meses a la baja, según reportó el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi).
El resultado fue menor al registrado en junio, cuando el indicador tuvo un crecimiento de 8.8 por ciento respecto al mes previo debido a la apertura de sectores económicos con el inicio de la “nueva normalidad”.
El crecimiento mensual fue impulsado principalmente por las actividades primarias, aquellas que tienen que ver con el sector agroalimentario, que mostraron un alza de 13.9 por ciento respecto a junio.
Las actividades secundarias, que se refieren a las industriales, y las terciarias, del sector comercio y servicios, aumentaron 6.9 y 4.6 por ciento, respectivamente.
En su comparación anual el IGAE se mantuvo con una tendencia negativa al registrar una caída de 9.8 por ciento.
Respecto a julio de 2019 sólo las actividades primarias mostraron un resultado positivo, con un alza de 10.6 por ciento.
Sobre estos resultado, Marco Oviedo, economista en jefe para América Latina de Barclays, apuntó que la debilidad está concentrada en los sectores más sensibles al virus.
“Los demás, van recuperándose relativamente rápido. Ahí la importancia de la vacuna y mejores tratamientos”, dijo el especialista.
En 2019 se cometieron 99 homicidios diarios, en promedio: Inegi
CDMX.- Durante 2019 se registraron 36 mil 476 homicidios en el país, un promedio de 99 al día, según datos preliminares dados a conocer esta mañana por el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi), a nivel nacional y por entidad federativa.
Lo anterior representa una razón de 29 homicidios por cada 100 mil habitantes a nivel nacional, tasa similar a la registrada en 2018, señala el Inegi.
Las entidades con más asesinatos registrados el año pasado, son Guanajuato, Chihuahua y Baja California. La principal causa de la muerte fue agresión con arma de fuego.
Las cifras del Inegi se derivan de la estadística de defunciones registradas, a partir de los registros administrativos de defunciones accidentales y violentas, los cuales son generados por las entidades federativas y que son recopilados mensualmente.
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