Andrés Manuel López Obrador deja a Corte fecha de juicio a expresidentes
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CIUDAD DE MÉXICO.
La Suprema Corte de Justicia de la Nación puede sacar a la consulta popular del limbo legal en el que está.
El presidente Andrés Manuel López Obrador dejó en manos del máximo tribunal definir si la eventual consulta para enjuiciar a los expresidentes debe llevarse a cabo el 6 de junio de 2021, día de la elección federal, o en los primeros días de agosto.
Excélsior dio a conocer ayer que, legalmente, no está claro cuándo debe aplicarse dicho ejercicio, pues una reforma constitucional de 2019 determinó que cualquier consulta popular debe realizarse el primer domingo de agosto. Sin embargo, la Ley Federal de Consulta Popular, que desde su promulgación en 2014 no ha sido reformada, determina que las consultas populares se realicen el mismo día de la jornada electoral.
“Hay dos posibilidades: una es que sea el mismo día de la elección federal, el año próximo, creo que el 6 de junio; la otra posibilidad es que sea creo que en agosto; eso lo deciden en la Suprema Corte”, afirmó López Obrador en su conferencia de prensa matutina.
Sin embargo, la Corte no puede intervenir por sí sola, sino a partir de la promoción de una controversia constitucional por parte de un agraviado, un interesado en que se realice la consulta popular.
“Yo estoy porque, si se va a juzgar a expresidentes, que sea mediante una consulta, que sea la gente, la mayoría la que decida. Yo voy a votar en contra, tengo mis razones y las voy a exponer”, dijo.
Presidente deja fecha de consulta a la Corte
López Obrador reitera que él votará en contra; Mario Delgado adelanta que se revisará el fuero presidencial.
El presidente Andrés Manuel López Obrador dejó en manos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación definir si una eventual consulta popular se llevaría a cabo el 6 de junio de 2021, día de las elecciones federales, o en los primeros días de agosto.
“Hay dos posibilidades: una es que sea el mismo día de la elección federal, el año próximo, creo que el 6 de junio; la otra posibilidad es que sea, creo que en agosto, eso lo deciden en la Corte”, afirmó en Palacio Nacional.
Recordó que hay tres posibilidades para llamar a consulta popular y se está en tiempo porque no se podría realizar si la solicitud no se hace entre el 1 de septiembre y el 15 del mismo mes.
Dijo que si 2% de los ciudadanos inscritos en el Padrón Electoral lo solicitan, las firmas se tienen que entregar antes del 15 de septiembre.
Lo segundo, es que se puede llevar a cabo la consulta si lo solicita la tercera parte de los legisladores de cualquiera de las Cámaras.
“La tercera posibilidad es que la consulta la solicite el Presidente. Ya ayer se habló de esto, a mí me gustaría mucho que fuesen los ciudadanos que están porque se juzgue a los expresidentes, den su firma”, reiteró.
Explicó que si lo solicitan los ciudadanos ya pasa esa solicitud a la Suprema Corte de Justicia y ahí se decide si se cumple con los requisitos y si es constitucional la consulta, y luego esa resolución va al INE para que se lleve a cabo el ejercicio.
Con la reforma constitucional de 2019 —en la que también se abordó la revocación de mandato—, la fecha de la consulta popular sería el primer domingo de agosto. Sin embargo, la Ley Federal de Consulta Popular, que desde su promulgación, en 2014, no ha sido reformada, determina que las consultas de realicen el mismo día de la jornada electoral.
Anoche, en su cuenta de Twitter, el dirigente de Morena, Alfonso Ramírez Cuéllar, dijo que el partido debe asumir un rol protagónico en el tema de la consulta popular.
“El Consejo Nacional de Morena debe movilizar a la militancia para aprobar la consulta y someter a juicio a los expresidentes”, escribió.
“Los expresidentes Peña, Calderón y Salinas deben ser procesados. Ninguna de las tracalerías financieras de Lozoya, César Duarte y García Luna pudo hacerse sin la complicidad de los titulares del Ejecutivo”, añadió.
En tanto, Mario Delgado, coordinador de Morena en la Cámara de Diputados, reiteró que en esta Cuarta Transformación se está acabando con la vieja figura del presidente intocable e impune y anunció que apenas comience el nuevo periodo ordinario de sesiones se buscará la aprobación de la reforma para quitarle el fuero al presidente. “Vamos a empezar con la reforma al artículo 108 constitucional para terminar para siempre con la figura del presidente intocable, del presidente impune. Es una iniciativa del Presidente que envió en febrero.
El ciclo escolar en las regiones más pobres, estancado
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Miércoles 26 de agosto de 2020. En las regiones más pobres del país, como Los Altos de Chiapas o la sierra de Oaxaca, el ciclo escolar 2020-2021 aún no se inicia. Sin acceso a la tecnología, los maestros rurales se preparan para volver a las comunidades donde la señal de televisión, Internet o teléfono son sólo un sueño. Allá no llega nada, sólo nosotros.
Las clases, señalan a La Jornada, se darán con megáfonos o perifoneo en las localidades. Vamos a entregar a cada alumno, aunque sea por debajo de la puerta, los cuadernillos didácticos que elaboramos y al menos un día a la semana estaremos afuera de sus casas para contestar sus preguntas.
En localidades de la sierra y la mixteca de Oaxaca, destacan profesores, la mayoría no tiene acceso a la señal de televisión. En las casas donde hay padres o hijos de migrantes algunos colocaron antenas, pero para la mayoría pagar mil 400 pesos con el fin de que les instalen Internet y cubrir la renta mensual de 400 es mucho.
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Además, indicaron, “la cobertura es muy mala; si vives cerca del río o detrás de la loma, ya no te llega la señal. En pueblos de 800 habitantes hay hasta cuatro o cinco negocios que rentan la señal, porque nadie les puede dar cobertura más allá de su cuadra. Esa es nuestra realidad, muy lejos de Aprende en casa”.
En tanto, padres de familia que siguen por televisión los programas de primaria denunciaron que son pésimos, los niños se aburren, están fastidiados, y cuando tienes más de un menor, es muy difícil estar buscando los contenidos. Pedro Hernández Morales, secretario general de la sección 9 del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación, indicó que con el formato propuesto por la Secretaría de Educación Pública (SEP) no se consideró que los padres no siempre están disponibles para apoyar a sus hijos, y que en muchos casos están solos, por lo que se distraen con mucha facilidad.
Pedro Gómez Bamaca, secretario general de la sección 7 de Chiapas, informó que en el estado “no iniciaron las clases el lunes no sólo porque no estamos de acuerdo con el programa Aprende en casa II, sino porque creemos que se pueden construir otras propuestas, pero en diálogo con el magisterio, que es el que conoce la realidad que enfrentamos en nuestras escuelas”.
En Chiapas, enfatizó, el llamado fue a convocar esta semana a asambleas con padres de familia y en grupos reducidos de tres a cuatro niños y recibirlos de forma presencial para levantar un diagnóstico de cómo están los alumnos, cómo han vivido esta emergencia por la pandemia de Covid-19 y qué conocimientos lograron desarrollar. Es necesario saber qué pasa en sus casas, con qué cuentan para seguir aprendiendo, y a partir de este conocimiento proponer cómo volver a las clases, pero no bajo la modalidad de contenidos televisivos.
Los maestros, dijo, lo que estamos exigiendo a la SEP y a los gobiernos federal y estatales es que “escuchen a los maestros, que no nos hagan a un lado, que no se diseñen salidas en un escritorio, alejadas de la realidad.
En Chiapas hay regiones donde la conexión a la red eléctrica no existe o se ve afectada por las continuas lluvias, por lo que no hay señal de Internet, tampoco de telefonía fija o celular, y la televisión no llega a todos.
Clasifican como 'confidencial' crédito a Braskem-Idesa para proyecto Etileno XXI
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El destino, términos y condiciones en que se firmó durante el sexenio de Felipe Calderón un contrato de más de 280 millones de dólares entre Nacional Financiera (NAFIN) y la filial de Odebrecht en México, Braskem, son secretos: fueron clasificados por el banco de desarrollo como información “confidencial”. A más de 10 años de que el entonces gobierno calderonista aceptó financiar parte de la operación de Odebrecht en el país, NAFIN corroboró oficialmente que entregó un préstamo multimillonario al consorcio Braskem-Idesa, pero decidió conservar bajo reserva del secreto bancario los detalles del crédito que se usó para la construcción de la planta de Etileno XXI, la cual ha generado un quebranto al erario de más de 15 mil millones de pesos, según estima el gobierno federal. Vía la Ley de Transparencia, MILENIO solicitó el pasado 2 de agosto acceso a información del crédito, firmado durante la administración de Héctor Rangel Domene al frente de NAFIN y el cual, se pudo confirmar en un comunicado de Odebrecht fechado en diciembre de 2012, ascendió a 280 millones de dólares.
Esa cifra concuerda con la que declaró en su denuncia ante la Fiscalía General de la República el ex director de Petróleos Mexicanos, Emilio Lozoya. “Esta inversión fue posible gracias al contrato de suministro de etano a precios preferenciales. Asimismo, Nacional Financiera le prestó a dicho grupo 280 millones de dólares”, aseguró, en lo que consideró como un “pacto transexenal” diseñado para asegurar la entrada en funcionamiento de Etileno XXI. Vía la petición 0678000016120, este diario requirió detalles del monto entregado a Braskem-Idesa el plazo acordado, el número de pagos y los intereses devengados por la transacción, así como cualquier retraso por parte del consorcio. En respuesta a la solicitud, el banco ahora dirigido por Carlos Noriega reconoció que, en efecto, en administraciones anteriores se entregó un monto no especificado a la empresa brasileña y a su socia mexicana, Idesa, asegurando que el crédito ya no está vigente sin precisar si se liquidó el monto o se perdonó la deuda millonaria.
“Esta área de negocio y administrativa informa que se tiene registro de un contrato de Crédito celebrado entre la Institución y Braskem Idesa, mismo que no se encuentra vigente”, respondió NAFIN en el oficio CT-082/2020, fechado el 24 de agosto. Sin embargo, los pormenores de la información fueron clasificados por el banco como “confidenciales”, la máxima clasificación posible dentro de la Ley de Transparencia. Arguyendo diversos preceptos que protegen la confidencialidad de la información, sobre todo los artículos 46 y 142 de la Ley de Instituciones de Crédito que se refiere “a la protección del derecho a la privacidad de sus clientes y usuarios”, dicha información requerida no puede entregarse a terceros, aseguró Nafin. Por considerarse información protegida a través de lo que se conoce como “secreto bancario” los únicos que la pueden solicitar son las partes directamente interesadas. En la respuesta de NAFIN al solicitante se argumenta que “Braskem Idesa, en términos de sus estatutos y legislación mercantil aplicable, realiza actos de comercio en el ámbito privado y por tanto no ejerce recursos públicos, por lo que su información no es pública”. Incluso, abundó, “al haber sido un crédito otorgado a un cliente de una institución de crédito, la información relativa a los Contratos de Crédito debe ser protegida por NAFIN”.
Pero el “secreto bancario”, impide darla a conocer a terceros. En el caso específico del crédito a favor de Braskem Idesa, se argumentó que para apoyar a Braskem-Idesa “NAFIN no utilizó recursos públicos, toda vez que los recursos utilizados para la línea de crédito que se otorgó a la citada empresa, se fondeó a partir de recursos que NAFIN capta en operaciones de mercado”. El presidente Andrés Manuel López Obardor se ha referido a lo largo del año al tema del crédito y al contrato entre Pemex y Braskem-Idesa para la planta de Etileno XXI. En febrero advertía que “para abastecer de gas a esta planta de Odebrecht, pero no sólo eso, para instalar esta planta se les dio crédito de Nacional Financiera y de Bancomext, todo, y hubo influyentismo y corrupción”. Apenas ayer, advirtió que “se está revisando, para ver si se puede cancelar el contrato, si legalmente es posible hacerlo porque tenemos que actuar con legalidad, que haya Estado de Derecho. Si hay investigación sobre este tema, pero insisto, lo más importante es que nunca más vuelvan a suceder estas cosas”, dijo. El pasado 17 de agosto lo dijo así: “ese contrato se tiene que cancelar, es mi opinión, por ser un contrato leonino, se tiene que revisar”.
Este contrato entre dicha empresa y Pemex fue suscrito durante la presidencia de Felipe Calderón, entre 2008 y 2009. El proyecto de Etileno XXI se ubica en el estado de Veracruz y su materia de trabajo es la producción de polietileno con una inversión original de 5 mil 200 millones de dólares; Pemex accedió a entregarle 66 mil barriles diarios de gas etano, de acuerdo con el contrato firmado el 19 de febrero de 2010, además acordó un costo de venta de 3.1 pesos por metro cúbico, cuando la producción y el transporte para Etileno XXI ascendió a 4.7 pesos en 2017. El presidente, afirmó en días pasados que la nación mexicana se había ahorrado alrededor de 2 mil 100 millones de pesos por concepto de penalizaciones que dejó de pagar la administración federal que preside. “No podemos seguir con esto”, señaló.
PIB de la OCDE registra caída de 9.8% en el segundo trimestre y entra en recesión
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Reino Unido, España y México lideran el desplome del PIB del segundo trimestre entre los países de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE).
Inmersos en la inédita caída del PIB mundial, consecuencia del cierre de actividades para limitar la velocidad del contagios por Covid-19, la economía que registró la caída más profunda entre marzo y junio, de -20.4%, fue el Reino Unido.
Destacan también por su agudo desplome, España con un PIB contraído en 18.5% y México, con una recesión de 17.1 por ciento.
El conjunto de los países OCDE registró una caída sin precedentes, de 9.8% en el segundo trimestre, el del llamado Gran Confinamiento. Para darse una idea del tamaño del desplome, basta compararle con el descenso de 2.3% observado también en conjunto en el histórico primer trimestre del 2009, en pleno pico de la crisis financiera mundial.
Se trata de la mayor caída experimentada por los miembros de la OCDE”, subrayan expertos de la entidad en un comunicado.
El derrumbe del PIB al segundo trimestre es el segundo consecutivo, tras la caída de 1.8% observada en los primeros tres meses del año, lo que confirma una recesión técnica del grupo de países, conforme la métrica internacional. Y se convierte 2020, en la segunda recesión técnica de los países OCDE, desde la crisis financiera de 2008-2009.
Morena destituye a diputados opositores en Baja California
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Kaarina Lizárraga | El Sudcaliforniano
LA PAZ. “Una mayoría insensata e irracional, por decir lo menos, atropella el Estado de Derecho y la legalidad en Baja California Sur”, fue la acusación que el gobernador Carlos Mendoza Davis lanzó ayer contra los 13 diputados de Morena y el Partido del Trabajo (PT) que buscan tomar el control del Congreso local mediante la destitución de los ocho legisladores de los partidos minoritarios.
El sábado pasado, los ocho diputados de minoría fueron sometidos a juicio político por la fracción de Morena y PT argumentando ausentismo, lo que derivó en la destitución de cinco y la amonestación de tres legisladores, pese a que desde el 14 de agosto, un juez federal ordenó suspender el procedimiento.
Este fue el segundo intento de la fracción de Morena de destituir a la oposición, ya que el 27 de marzo realizaron este mismo proceso, el cual carecía de validez, pues los trabajos legislativos estaban suspendidos desde el 17 de ese mes por la emergencia sanitaria del Covid-19 y además, la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), atendiendo una controversia constitucional promovida por el gobernador, resolvió el 3 de junio restituir a los diputados cesados y desconocer todo trabajo del Congreso posterior a la suspensión de actividades.
El conflicto en el Congreso inició desde el 6 de marzo, cuando la fracción de Morena, que integra 13 de los 21 diputados locales, decidió realizar, en sesión privada, cambios en áreas y comisiones del Poder Legislativo, sin embargo, Daniela Rubio Avilés, presidenta de la Mesa Directiva, indicó que la Ley Reglamentaria exigía que para realizar estos cambios se requerían la aprobación de las dos terceras partes (14) de la totalidad de diputados.
El 17 de marzo, Morena desconoció la suspensión de trabajos legislativos anunciada por Rubio Avilés, y continúo sesionando sólo con sus 13 legisladores que nombraron a Mercedes Maciel Ortiz como presidenta de la mesa directiva.
Para el 29 de abril, además de contar con dos presidentas de Mesa Directiva, el Congreso suma 29 diputados, pues tanto el grupo de Morena como el de oposición, llamaron a los legisladores suplentes para conformar la totalidad del Congreso. Ante esta crisis legislativa, el gobernador Carlos Mendoza Davis anunció el 6 de abril que no publicaría en el Boletín Oficial del estado ningún resolutivo que emanara del Congreso, sin embargo, el 30, la Corte Suprema ordena al mandatario revertir esta decisión.
Luego de que el máximo tribunal del país restituyera a los diputados de oposición el 3 de junio, el día 27, convocados a sesionar en un hotel de La Paz, los diputados de Morena intentaron un segundo juicio político contra sus opositores, quienes acuden a instancias judiciales federales para impedirlo y obtienen respuesta el 14 de agosto, cuando la jueza Nadia Moreno concedió una suspensión provisional contra el juicio político y citó a una audiencia el 24 de agosto, la cual fue pospuesta hasta el 18 de septiembre.
Sin embargo, el pasado sábado los legisladores de Morena, pese al mandato judicial, destituyeron a cinco diputados lo cual fue calificado como un atentado a la democracia por la Asociación de Gobernadores del PAN. Con información de Juan Pablo Reyes.
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