Con nueva ley, amnistía sólo a 4 mil 600 reos; pocos serán los beneficiados
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CIUDAD DE MÉXICO.
El universo de personas que podrían obtener amnistía al aplicar la Ley propuesta por el presidente Andrés Manuel López Obrador sería muy reducido, consideraron especialistas en el tema.
Con base en el Censo Nacional de Gobierno, Seguridad Pública y Sistema Penitenciario 2018 del Inegi, se calcula que 4 mil 633 reos acusados por aborto, narcotráfico, robo simple y sin violencia, así como por protestas sociales y políticas, de un total de 14 mil presos del fuero federal, son los que obtendrían este beneficio.
La iniciativa pretende liberar exclusivamente a personas de escasos recursos o altamente vulnerables que estén en prisión por dichos delitos.
Javier Cruz Angulo, investigador del Centro de Investigación y Docencia Económicas (CIDE), señaló que no hay mujeres en la cárcel condenadas por el delito de aborto en el orden federal.
Dato que se confirma con las estadísticas del Inegi, que señalan que en el ámbito federal no hay nadie en la cárcel por aborto, 32 están por robo simple, 821 por posesión simple de narcóticos, 369 por posesión de droga con fines de comercio, 241 por comercio o suministro y mil 188 por delitos federales contra la salud.
Para el ministro en retiro de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), José Ramón Cossío, atendiendo al tipo de ilícitos que podrían entrar en la Ley de Amnistía, sería baja la cantidad de personas que podrán ser amnistiadas.
Cossío Díaz ha explicado que pocos casos de aborto, robo simple o procesos contra indígenas tienen el carácter de federal, además de que hay una mínima cantidad de acusados por narcomenudeo que son sentenciados en tribunales federales.
Según datos del Inegi, no llegaría ni a 5 mil el número de reos que recibirían el beneficio.
A pesar de que con la propuesta de una Ley de Amnistía se busca que quienes hayan cometido ciertos delitos federales eviten un juicio o recuperen su libertad, especialistas coinciden en que, contrario a lo esperado, en la realidad el universo de personas que obtengan este beneficio es muy reducido.
Según el Censo Nacional de Gobierno, Seguridad Pública y Sistema Penitenciario 2018 del Inegi, alrededor de 4 mil 633 reos sentenciados, de 14 mil, podrían ser beneficiados por la Ley de Amnistía tomando en cuenta lo previsto en la iniciativa que se discute el Congreso.
En el ámbito local, según el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi), en 2018 había 176 mil 783 reos, 77 mil 173 de ellos sentenciados y éstos no entrarían en la aministía.
Y es que la propuesta del presidente Andrés Manuel López Obrador tiene por objetivo liberar exclusivamente a personas de escasos recursos o altamente vulnerables que estén en prisión por aborto, narcotráfico, robo simple y sin violencia, así como por protestas sociales y políticas.
El investigador del Centro de Investigación y Docencia Económicas (CIDE), Javier Cruz Angulo es claro en señalar que al día de hoy no hay ninguna mujer en la cárcel condenada por el delito de aborto en el orden federal, por lo que ninguna mujer sentenciada por este delito a nivel local se podría beneficiar con la Ley de Amnistía.
“Los datos desagregados a nivel Federación, que pudieran estar en estas condiciones, estamos hablando de más o menos unas 2 mil personas y que se pudieran beneficiar ya dependería de las circunstancias particulares, cuando lo considera la Fiscalía General de la República en este caso particular”, señaló.
Cruz Angulo, entrevistado en Justicia TV sobre el tema señaló que 85% de los delitos son del fuero local y el 15% del fuero federal, por lo que se reduce el universo de personas que se pudieran ver beneficiadas.
“Los delitos contra la salud se hicieron concurrentes, es decir, los pueden conocer tribunales locales o tribunales federales desde 2014 y esto reduce todavía más el universo de personas que se podrían ver beneficiadas”.
Lo datos son claros, pues los registros del INEGI señalan que en el ámbito federal no hay nadie en la cárcel por aborto, 32 por robo simple, 821 por posesión simple de narcóticos, 369 por posesión de droga con fines de comercio, 241 por comercio o suministro, mil 188 por delitos federales contra la salud, entre otros casos.
Para José Ramón Cossío, ministro en retiro de la Suprema Corte, atendiendo al tipo de ilícitos que podrían entrar en la Ley de Amnistía, sería baja la cantidad de personas que conforme a la propuesta podrán ser amnistiados.
Cossío Díaz ha explicado que pocos casos de aborto, robo simple o procesos contra indígenas, tienen el carácter de federal además de que hay una mínima cantidad de acusados por narcomenudeo que son sentenciados en tribunales federales.
Ricardo Monreal, senador de Morena, dijo la semana pasada que unas mil mujeres podrían verse beneficiadas por la Ley de Amnistía, pues durante su proceso tuvieron mala asesoría legal o falta de recursos para enfrentar las denuncias.
La iniciativa expone que la amnistía no beneficiará “a quienes hayan cometido delitos contra la vida, la integridad corporal, secuestro, o hayan utilizado en la comisión del delito armas de fuego. Tampoco delitos graves del orden federal”.
—Con información de Olimpia Ávila
Dos mexicanos murieron en tiroteo en Kansas, informa Ebrard
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De acuerdo con reportes preliminares, durante la madrugada de este domingo dos jóvenes abrieron fuego en contra de la multitud que se encontraba en el bar Tequila KC, ubicado en el centro de la cuidad. El incidente se da a poco más de dos Medea del atentado terrorista en un centro comercial de El Paso, Texas, donde 8 mexicanos fallecieron, lo que inició toda una campaña de México a nivel internacional para condenar la violencia contra los hispanos.
Por una firma no se entregan aún recursos de subastas: AMLO
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Andrés Manuel López Obrador explica que la falta de una firma, una característica de la burocracia, es el motivo por el cual no se han entregado los recursos prometidos a dos municipios de La Montaña de Guerrero, obtenidos de una subasta.
Durante su visita a la comunidad del Hospital Rural de Santiago Juxtlahuaca, en Oaxaca, el tabasqueño habló del caso al afirmar que en ocasiones pasadas le han hecho pasar vergüenzas.
“Se creó ya un instituto que se llama el Instituto para Devolverle al Pueblo lo Robado (...) ahora ya hay una ley donde se tiene que entregar de inmediato todo lo que se confisca.
“Y se le entregan, creo que de una subasta de joyas, 40 millones de pesos a dos municipios pobres de la Montaña de Guerrero, yo hasta les entrego simbólicamente un cheque de papel, pasan dos meses sin poder cobrar el cheque, ¿por qué? Porque faltaba una firma, porque así fue la herencia que recibimos, burocrática, no les importaba la gente, no estaba el Gobierno hecho para servir al pueblo, el Gobierno estaba hecho para facilitar el saqueo, para hacer negocios al amparo del poder público”, expresó el Presidente.
Sin embargo, no aclaró si ya se tiene la firma o cuándo se entregará el dinero a los municipios guerrerenses; agregó que ante casos como ése, en Oaxaca, los apoyos que otorgue el Gobierno federal se entregarán de manera directa.
“Moralmente no son nada, amparados por altos sueldos”. Quienes se ampararon contra la Ley Federal de Remuneraciones de los Servidores Públicos, que limita el salario a 108 mil pesos al mes, “pueden ganar legalmente, pero moralmente son la nada, nada, nada”, consideró el presidente Andrés Manuel López Obrador.
Durante el diálogo con la comunidad del Hospital Rural Santiago Juxtlahuaca, señaló que a algunos funcionarios públicos no les gustó esa ley que entró en vigor en noviembre de 2018, pues había quienes ganaban hasta 700 mil pesos al mes, y entonces se ampararon.
“Pueden ganar legalmente, pero moralmente son la nada, nada, nada”, agregó el titular del Ejecutivo federal en esta localidad de La Mixteca oaxaqueña, quien estuvo acompañado por el gobernador de Oaxaca, Alejandro Murat, y funcionarios federales del gabinete del sector Salud.
Detalló que con este ya suman 72 de 80 hospitales rurales Bienestar los que ha visitado, y que una vez que termine la gira en materia de salud empezará otra para hablar con todos los pueblos originarios y todas las culturas de México.
En esta región oaxaqueña la gira empezará en San Juan Copala, donde “se firmará un acuerdo de paz que será histórico”, dadas las diferencias ancestrales internas en el pueblo indígena Triqui.
“Me comprometo a que se apoye a la cultura triqui como nunca, como también vamos a apoyar a los mixtecos, por eso, por favor les pido que haya diálogo, que nos veamos como hermanos. Nada de odios, nada de rencores, vamos a unirnos”, planteó el presidente de la República ante decenas de indígenas triqui y mixtecos que asistieron al acto.
López Obrador pidió que no haya odios ni reconoces, sino perdón: “Hay veces que dicen algunos compañeros: ni perdón ni olvido. Yo digo: olvido, no, perdón, sí. Tenemos que perdonarnos, abrazarnos, querernos y ser fraternos, ser cada vez más humanos”.
Llamó a los integrantes del Frente de Resistencia Indígena Juxtlahuaca a no pelear y unirse, mientras que ellos, con gritos y mantas, denunciaban al presidente de ese municipio, Nicolás Feria, por presuntos actos de corrupción.
Pidió a los asistentes que levantaran la mano quienes quieren la unidad, lo que fue respaldado mayoritariamente y secundado por el grito de ¡unidad! ¡Unidad!, ¡Unidad!
Esta tarde, en Huajuapan de León, el presidente López Obrador terminará su gira de trabajo de fin de semana por diversos hospitales rurales de los estados de Puebla y Oaxaca.
“La 4T no es retórica ni demagogia”
El presidente Andrés Manuel López Obrador afirmó hoy aquí que “la Cuarta Transformación no es retórica ni demagogia” y reiteró su compromiso de “arrancar la corrupción de la vida pública de México”.
Al iniciar su discurso en el Hospital Rural Santiago Juxtlahuaca, el mandatario agradeció la bienvenida con música que le dio una banda infantil de viento, que interpretó la Canción Mixteca, y expuso diversos logros de su gobierno.
López Obrador está acompañado por el director del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) y el gobernador de Oaxaca, en el primero de los dos actos públicos que tendrá este domingo, último día de su gira por Puebla y Oaxaca.
Prioridad, detener la sangría inmoral: Secretaría de la Función Pública
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La reestructuración de la burocracia a nivel federal y los recortes acordes con la llamada austeridad republicana son el inicio de un plan de fiscalización a cargo de la Secretaría de la Función Pública, en el que se analiza en tiempo real cada peso que se gaste, y su destino, en obras públicas y compras consolidadas.
En entrevista con El Heraldo de México, Irma Eréndira Sandoval, titular de la Función Pública, asegura que los abusos de la burocracia dorada cruzaron por usar los seguros médicos con fines estéticos, hasta alquilar jets para viajes particulares.
“Eso es la austeridad republicana, ponerle un alto a esa sangría, más que poco ética, inmoral en los recursos públicos”, afirma.
La funcionaria presume dos áreas en su oficina, las subsecretarías contra la Corrupción, que encabeza Roberto Salcedo, y de Combate a la Impunidad, a cargo de Tania de la Paz.
¿Cuál es el balance a casi un año de distancia?
Que tenemos muy buenos resultados, estamos trabajando con mucho ahínco porque los resultados han sido alentadores. Empezamos con más de 25 mil denuncias desde el 1 de diciembre. Tenemos logros históricos en los temas más urgentes como el robo de hidrocarburos que se paró súbitamente, y ya contamos con estructuras adelgazadas que funcionan sin tanto gasto ni abuso.
¿Cuántos funcionarios han sancionado?
Más de 2 mil 400, casi un millar son inhabilitaciones, 136 destituciones, sanciones económicas muy cuantiosas y amonestaciones públicas y privadas.
¿Cuáles áreas son focos rojos y cómo van a mejorarlas?
Las compras públicas son muy importantes de fiscalizar, de cuidar, y ahí vamos a estar con mucha fuerza. En el área de la obra pública, el Presidente viene con todo en términos de proyectos de desarrollo y éstos implican muchísimas inversiones y ahí también vamos a estar.
Y ahora sí fiscalizar, no sólo los recursos financieros, sino que se logren las obras públicas, los objetivos de las compras públicas, y a eso le hemos llamado las evaluaciones, las auditorías de desempeño, de cumplimiento de metas.
Existe la crítica de que quitaron músculo a la administración pública…
La austeridad tiene que ver con el adelgazamiento de todos los asesores, cada secretario tenía 50 o 70 asesores, direcciones generales adjuntas que florecieron como hongos en la administración pasada.
Tiene que ver con cancelar los servicios de médicos que disfrazaban, lamentablemente, lo tengo que decir, de estética, estética para una gran parte de funcionarios y sus familiares, esposas, esposos, concubinas. Un abuso absoluto.
No se tocaron estructuras operativas, no se tocaron los gastos en medicinas, ni gastos en educación, ni en seguridad social; eso clarifica y tira por la borda el mito de que la austeridad genera ineficiencias.
¿Los dientes de la secretaría son blanditos?, ¿qué hay de los casos relevantes: Lozoya, Barttlet, Robles, etc?
En el caso de Rosario Robles ya la inhabilitamos; actuamos en el caso de Emilio Lozoya más allá de la inhabilitación por 10 años, pues hay una multa cuantiosa por la defraudación en la que estuvo involucrado.
Sobre el caso Barttlet lo único que puedo decir es que en la Función Pública no hay consignas, lo hemos demostrado con personalidades muy cercanas al Presidente; no hay distingo, no hay filias ni fobias, ni aplicación facciosa de la ley. En todos los casos hay apego a derecho.
POR ANDREA MERLOS E ISAÍAS ROBLES
Feminicidios crecen 633% en Coahuila durante 2019
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Entre enero y agosto de 2019, el número de feminicidios en el país creció 14 por ciento, al pasar de 559, entre enero y agosto de 2018, a 638 en el mismo periodo, pero de este año; sin embargo, esta escala de crecimiento del ilícito es ampliamente superada por Coahuila, que con 633 por ciento ocupa el primer lugar nacional en ese rubro.
En la entidad gobernada por Miguel Ángel Riquelme, este delito pasó de tres casos en los primeros ocho meses de 2018, a 22 en el mismo periodo, pero de 2019, de acuerdo a cifras del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP), siendo febrero, marzo y junio los meses que demostraron su pico más alto, con cuatro casos.
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Según datos oficiales, los municipios más afectados por los feminicidios son Torreón, Ramos Arizpe, Piedras Negras y Acuña; sin embargo, apenas en agosto pasado, la Fiscalía estatal alertó de casos en la Comarca Lagunera, en especial, Torreón y Matamoros. Estas cifras ubican a la entidad en el número nueve a nivel nacional durante este año, cuando en el anterior no figuraba en el top 10.
El fiscal Gerardo Márquez alertó que uno de los factores que han propiciado los feminicidios es el deterioro de los valores, ya que en la mayor parte de los eventos se presentan relaciones familiares involucradas y los responsables tienen un daño marcado en su vida, además de carencias de valores.
En un análisis sobre la incidencia delictiva en México, basado en datos del Secretariado Ejecutivo, la organización Causa en Común alertó: “si continuara la tendencia, la tasa de registros de feminicidios también aumentaría de 0.7 a 0.8 por cada 100 mil habitantes entre 2018 y 2019.
Si se considera que el feminicidio está subrepresentado, la tasa real de feminicidios podría ser mucho más alta. Podría alejarse ampliamente de las tasas más bajas (como la de Chile, de 0.4, y Reino Unido, de 0.3) e incluso, rebasar las tasas más altas reportadas por otros países (como la de Hungría, de 0.9 por cada 100 mil habitantes, y de Lituania, de 1)”.
Sin embargo las cifras oficiales en estas entidades podrían ser imprecisas. De acuerdo al informe de Causa en Común, algunos datos del secretariado presentan irregularidades importantes: “algunos estados no registran estos delitos, pese a tener numerosos casos, y el SESNSP no hace aclaración alguna al respecto. El riesgo que se corre es que se difunda la idea de que estas entidades estén atacando eficazmente la violencia cuando, en realidad, no la reportan.
“Estas anomalías indican que la ciudadanía no reporta los delitos y que las instituciones no promueven la denuncia, no generan confianza entre la ciudadanía y/o, posiblemente, manipulan sus cifras de incidencia delictiva”, señala la ONG.
Durante los primeros ocho meses del año, en Coahuila se registran mil 464 casos de mujeres que han sido víctimas de lesiones dolosas, tres de secuestro, 68 de abuso sexual, 47 de violación y tres mil 123 llamadas de emergencia al 911 por casos de violencia de pareja.
Paran construcción en 18 entidades del país
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Xóchitl Bárcenas | El Sol de México
En la primera mitad del año, las empresas constructoras en 18 entidades federativas se encontraban en números rojos a causa, principalmente, de recortes y subejercicios en el presupuesto para infraestructura.
Un diagnóstico de la Cámara Mexicana de la Industria de la Construcción (CMIC), al que tuvo acceso El Sol de México, indica que en algunos casos el valor de las obras construidas, que pueden ser desde carreteras, puentes, hospitales, entre otras, se desplomó más de 50 por ciento, como en el caso de Zacatecas.
En entidades como Oaxaca, Tabasco, México y Chiapas la construcción disminuyó entre 30 y 40 por ciento.
Y en otras como la Ciudad de México, Jalisco, Querétaro, Sinaloa, Baja California Sur, Sinaloa y San Luis Potosí, la actividad del sector se contrajo entre 10 y 29 por ciento, revela el reporte Situación de la Actividad Productiva de la Empresas Constructoras Enero-Junio 2019.
Según ese diagnóstico, el mayor impacto se observó en el rubro de obra pública. La constructoras reportaron que el valor de las obras asignadas por el gobierno cayó 19.3 por ciento, mientras que los contratos con privados apenas aumentaron cinco por ciento.
Consultados por Organización Editorial Mexicana , constructores y autoridades estatales coinciden en que a los recortes presupuestales para este año se sumó la lentitud en el ejercicio del gasto destinado a infraestructura.
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| Fuente: Centro de Estudios Económicos del Sector de la Construcción (CEESCO), con información de la ENEC del INEGI. / Gráfico: Luis Calderón Guerra |
En Zacatecas, el gobierno del estado había ejercido hasta el mes pasado 42 por ciento del escaso presupuesto federal asignado a obra pública, platicó Jorge Hiriartt Franco, delegado de la CMIC.
El resultado, agregó, es que de las 178 empresas constructoras afiliadas, sólo un tercio recibió algún contrato y el resto está en una situación crítica.
En el Estado de México, el que más aporta al valor total de la construcción, se había invertido hasta agosto 20 por ciento de los 12 mil millones de pesos que se esperaban de inversión federal. Mario Vallejo, presidente de la CMIC estatal, mencionó a los subejercicios como uno de los factores que más han dañado a la industria.
La Secretaría de Comunicaciones y Transportes (SCT), que lleva Javier Jiménez Espriú, ejerció en el primer semestre poco más de 23 mil 600 millones de pesos, 16 por ciento menos de lo programado.
El Informe de Finanzas Públicas al Segundo Trimestre de Hacienda indica que ese rezago fue resultado de un gasto abajo de lo previsto en proyectos de construcción de carreteras, obras ferroviarias, entre otras obras.
La obra privada tampoco tuvo su mejor desempeño. En la primera mitad del año llegó a 158 mil 144 millones de pesos en todo el país, un valor apenas cinco por ciento mayor al de igual periodo de 2018.
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Fuente: Centro de Estudios Económicos del Sector de la Construcción (CEESCO), con información de la ENEC del INEGI
El presidente de la CMIC en Querétaro, Álvaro Ugalde, señaló que a la parálisis en la ejecución del gasto público se sumó la incertidumbre que llevó al sector privado a posponer proyectos de inversión en parques y naves industriales o desarrollos habitacionales. El sector, dijo, ha declarado 2019 como un año perdido.
EL PLAN QUE VIENE
El presidente del Consejo Coordinador Empresarial (CCE), Carlos Salazar, lleva varias semanas reuniéndose en Palacio Nacional con el presidente Andrés Manuel López Obrador e integrantes de su gabinete en torno a un plan de infraestructura.
"Será hasta dentro de un mes cuando tengamos lo proyectos", dijo el viernes después de reunirse con el secretario de Hacienda, Arturo Herrera.
El CCE se comprometió a desarrollar mil 600 proyectos durante el sexenio, pero ha alertado de riesgos porque en el Paquete Económico para 2020 se prevé para infraestructura el equivalente a 1.5 por ciento del Producto Interno Bruto (PIB), un porcentaje que sería el más bajo de los últimos cuatro años.
Exportaciones de coches ponen intermitentes
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En septiembre pasado, las exportaciones mexicanas de automóviles cayeron 7.1% a 284,243 unidades, por lo que enviaron señales de alerta desde uno de los bastiones manufactureros del país, ya que hilaron dos meses de contracciones y tuvieron su peor dinámica para un mes de septiembre desde el 2009.
El descenso refleja el retroceso de 7.8% de los envíos a Estados Unidos —el principal mercado de los vehículos ensamblados en México—, donde se observó una caída de ventas internas debido a que este año se adelantó a agosto el fin de semana de ofertas automotrices del día del Trabajo a agosto, de modo que el comparativo de ventas de septiembre fue complicado.
Más allá de eso, el aparato productivo mexicano se enfrenta a un mercado estadounidense más retador, debido al comportamiento débil a lo largo del año y a nuevas tendencias de consumo a las que las armadoras establecidas en el país se encuentran en proceso de adaptación.
La más importante de las tendencias es la mayor venta de modelos SUV (sport utility vehicles, por sus siglas en inglés), camionetas pequeñas y medianas que han copado rápidamente el mercado estadounidense y que México produce, pero aún en menor cantidad que automóviles compactos y subcompactos.
Tan sólo del 2014 a la fecha el número de modelos de SUV disponibles en Estados Unidos ha pasado de 70 a 96 y de acuerdo con un reporte de Bank of America, la cifra se elevará a 149 en el 2023.
La disminución en la demanda externa impactó en la manufactura mexicana automotriz que presentó una ligera caída de 0.43% durante el noveno mes, al ensamblar 318,906 vehículos contra las 320,288 unidades fabricadas en septiembre del 2018, de acuerdo con el reporte difundido el viernes pasado por el Instituto Nacional de Geografía y Estadística (Inegi).
De acuerdo con el presidente de la Asociación Mexicana de la Industria Automotriz (AMIA), Eduardo Solís, la baja que presenta la producción se debe a que las plantas automotrices han realizado ajustes de inventario y cambio de modelos.
De las 11 marcas productoras de vehículos en nuestro país, seis redujeron su ensamble: la segunda automotriz (Nissan) con el mayor volumen de producción redujo 9% en septiembre, de producir 66,043 unidades pasó a un ensamble de 60,142 unidades.
Dos de las unidades de la japonesa bajaron su producción: Sentra cayó 23% y Versa en 8.2%, debido a que este último presentó renovación en su modelo 2020, mientras que se combinaba con la producción del 2019.
Aunque la caída más drástica la tuvo Mazda con 62.4% al pasar de 9,686 a 3,644 autos. La marca japonesa que ensambla en Guanajuato dejó de producir su modelo el Mazda 3 en su versión Hatchback (2,586 unidades que fabricó en septiembre del 2018); mientras que disminuyó en 50% el ensamble de Mazda 2 en sedán y hatchback.
Van dos de tres caídas
Las exportaciones con destino a Estados Unidos reportaron la segunda caída consecutiva del año durante septiembre pasado, al haberse vendido 219,533 vehículos, esto es 18,728 autos menos que el mismo mes del 2018, cuando reportaba la exportación récord de 238,261 unidades.
Los modelos Sentra, Versa y Forte que son los autos más exportados desde México por la industria automotriz sufrieron revés en septiembre. Sentra de Nissan disminuyó 42% (equivalente a 10,044 unidades) sus envíos al mundo, en donde la mayor parte se destina a EU; Versa redujo 48% (4,741 unidades); Forte de KIA disminuyó 19%, con menos 2,753 unidades.
A septiembre, el ensamble de autos en el país cayó 0.9% a 2.93 millones de vehículos, mientras que la exportación creció apenas 0.5% a 2.58 millones de unidades.
lgonzalez@eleconomista.com.mx
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Cofepris: confianza en farmacéuticas si acatan las reglas
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Con la industria farmacéutica estamos tratando de construir una relación de confianza, pero con prudencia. Tenemos que confiar en que los empresarios están dispuestos a obedecer el marco jurídico sin discusiones y terminar con actitudes que en los primeros meses de esta administración dejaron en evidencia prácticas alejadas del compromiso con la protección de la salud y prevención de riesgos sanitarios, expresó José Alonso Novelo Baeza, titular de la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios (Cofepris).
Reconoció que el sector es estratégico. En todos los países la industria farmacéutica lo es, para no depender del exterior, y debemos apoyarla, pero bajo un esquema de equilibrio con la salud.
En México esa circunstancia no se ha dado, y se hace evidente en las dificultades para obtener medicinas que están coptadas por monopolios. De hecho, dijo, los laboratorios han causado los mayores problemas en estos primeros meses de gobierno. Confiamos en que todo eso va a disminuir y cumpliremos el encargo de tener una industria farmacéutica ejemplar para el mundo.
Novelo Baeza es el primer comisionado con formación de médico. Es especialista en pediatría, se autodefine incorruptible y responde a quienes le critican falta de experiencia en regulación sanitaria: Un currículo no es garantía de nada; pide que se le juzgue por su desempeño, no a priori, porque eso es descalificar.
En entrevista, la primera con un medio impreso, comentó sobre las acciones que lleva a cabo para desmantelar la corrupción en la Cofepris. Una, con los terceros autorizados, figura creada en la pasada administración, con el argumento de subsanar la falta de capacidad para resolver con agilidad los trámites de registros de medicinas, dispositivos médicos o publicidad.
Hay irregularidades y puertas giratorias: Personal de aquí se fue a crear sus empresas de terceros autorizados, lo que se presta a sospechas y enfatizó: No habrá facilidades para el negocio y la corrupción.
El funcionario también comentó su visión sobre la regulación de la cannabis. Dijo que el próximo reglamento se centrará en los posibles usos terapéuticos de algunos derivados de la planta y la investigación científica. Nada más.
–¿Se regularizó la actividad de la Cofepris en la solución de trámites, cómo va con el rezago?
–Encontramos trámites pendientes desde 2006, alrededor de 22 mil, sobre los que antes nadie se quejó, como si no existieran. De pronto nos exigen atenderlos de inmediato cuando se trata de expedientes incompletos, en desorden. Eso complica la operación de la Cofepris. Aún así se ha resuelto la mitad y a la vez recibimos 850 nuevos cada día, de los cuales entre 85 y 90 por ciento son de registros de medicamentos, dispositivos y plaguicidas.
–¿Funcionan los terceros autorizados?
–En teoría, se crearon porque la Cofepris no podía atender los trámites a tiempo. Los terceros autorizados son agencias que se aprueban aquí, para que desde afuera ayuden en la revisión de expedientes. Pero no fue así. Encontramos personal de Cofepris que iba uno o dos días enteros con los terceros. Les hacían el trabajo por el que esas empresas cobran a los fabricantes.
“Además, en sus anuncios ofrecen reducir a la mitad el tiempo para resolver el trámite. Algunos lo hacen, pero estamos viendo si mañosamente se prolongaron los tiempos de entrega de la comisión para favorecer a terceros autorizados. También existen las puertas giratorias: personal de aquí se fue, ya tenía relación con la industria y creó sus empresas. No digo que sea relación insana, pero se presta a sospechas.
–¿Cuántos de los terceros autorizados operan de manera irregular?
–No sabemos todavía. Todos están en revisión. No se atropellarán los derechos de nadie, pero tampoco habrá facilidades para el negocio y la corrupción. Si demostramos que la Cofepris tiene la capacidad sin terceros autorizados, adiós. Mientras, les damos el beneficio de la duda, pero sí vamos a depurar.
–¿Es compatible la protección de la salud con la relevancia económica de las industrias sujetas a regulación sanitaria?
–Sí, dentro de un marco jurídico. Las inversiones deben tener una retribución justa. En países nórdicos y europeos hay un equilibrio entre la industria y la salud.
–¿En México hay ese equilibrio?
–No. El ejemplo más claro y reciente es el etiquetado de alimentos y bebidas que responde a los intereses de las empresas. En la industria farmacéutica tenemos que asegurar el cumplimiento del marco jurídico sin discusiones y con un piso parejo para devolver certidumbre a las empresas que se han retirado porque no pudieron competir contra algunos que tuvieron privilegios y crearon monopolios.
–¿Qué opinión tiene del marco jurídico?
–Está bien, pero todo es perfectible. En la revisión de las normas vamos a encontrar la oportunidad de hacer que la Cofepris sea más eficiente, ágil y transparente.
–¿Desconfía de la industria farmacéutica?
–Estamos tratando de recuperar la confianza. Es la única manera de relacionarse sanamente.
–¿Se puede confiar en quien miente con la intención de hacer daño como ha dicho?
–Sí. Todos tenemos segundas y terceras oportunidades de corregir. Y las empresas tienen la disposición. Tenemos que confiar, con mucha prudencia y cautela, que están dispuestas a cumplir la ley, con las buenas prácticas de manufactura. En conjunto debemos revisar las normas para simplificarlas.
–¿Qué es lo más grave encontrado relativo a corrupción?
–La presencia de una industria farmacéutica que, sin generalizar, no cumplía con los procesos. Vamos a revisar las 359 plantas que fabrican insumos para la salud porque aunque se las ha verificado, incumplen con las buenas prácticas de manufactura. No es acosarlas, sino ver sus deficiencias para que las corrijan y demuestren compromiso con la protección de la salud.
También puntualizó: se conseguirán los medicamentos que la población necesite, donde sea, si las condiciones del país no garantizan el abasto.
–¿Hay aspectos positivos en la comisión?
–Están en las áreas que fueron descuidadas y podemos recuperar, como la herbolaria; el fortalecimiento de la farmacovigilancia, que ya iniciamos; la construcción de un sistema integral digitalizado para procesos y trámites, y la eliminación de plaguicidas que se usan en México, y en otros países están prohibidos.
Tenemos la oportunidad de elaborar un mapa nacional de riesgos sanitarios, reforzar la información sobre el riesgo del uso de vapeadores y cigarros electrónicos, así como armonizar el reglamento para el uso terapéutico de la cannabis y sus derivados. Lo recreativo y lúdico no pertenece al sector salud.
–¿En su comparecencia en el Senado dijo que detrás de la mariguana hay un interés económico?
–Sí, es vox populi. Sin embargo, no estamos cerrados a conocer de investigaciones, nada más que las empresas tienen que cumplir con la metodología científica, formar parte de un padrón de investigadores de prestigio y calidad. Si surge un medicamento, deberá demostrar seguridad, calidad y eficacia y que esté por encima de alguno existente. Entonces se autorizaría el registro sanitario
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