Gobierno y empresas inician negociación por gasoductos
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CIUDAD DE MÉXICO
La noche de este lunes se informó que iniciaron las negociaciones y el diálogo entre el Gobierno federal y las empresas constructoras de siete gasoductos inactivos.
Mediante un comunicado breve, la Coordinación de Comunicación Social del Gobierno de la República señaló que el diálogo "inició el día de hoy con buen ánimo y de forma propositiva".
Agregó que el encuentro se desarrolló con el acompañamiento, como observadores, del Consejo Coordinador Empresarial (CCE) y el Consejo Mexicano de Negocios (CMN).
Todas las partes se mostraron dispuestas a avanzar en el diálogo, a fin de alcanzar soluciones conjuntas", destacó el informe.
Todos los participantes coincidieron en la relevancia del gas natural para promover el desarrollo, el empleo y el bienestar de los mexicanos, por lo que se mostraron dispuestos a llegar a soluciones conjuntas en el marco del Estado de derecho", subrayó el comunicado.
Se detalló que en la mesa participaron el secretario particular del presidente de la República, Alejandro Esquer Verdugo; el director general de la Comisión Federal de Electricidad (CFE), Manuel Bartlett Díaz; y los representantes de las empresas Fermaca, Octavio Berrón Cámara; Grupo Carso, Gerardo Kuri Kaufmann; IEnova, Tania Ortiz Mena; TC Energía, Carlos Borunda Zaragoza; así como el presidente del CMN, Antonio del Valle Perochena y el director general de Políticas Públicas del CCE, Javier Treviño Cantú.
Finalmente, se puntualizó que el primer encuentro sirvió para establecer objetivos, mecanismos de trabajo y calendarios para avanzar en las conversaciones y alcanzar acuerdos que satisfagan a todas las partes en beneficio de la nación.
En los próximos días, las empresas se reunirán de forma bilateral con la CFE y el próximo lunes 15 de julio los integrantes de la mesa de conciliación harán lo propio para dar seguimiento a los acuerdos.
Alega EU subsidio injusto para pedir aranceles al acero
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Estados Unidos anunció la imposición de derechos compensatorios a las importaciones de algunos productos de acero de México, alegando que el país subsidió injustamente a la industria nacional, incluyendo a empresas como Operadora Cicsa, de Carlos Slim. En un comunicado, el Departamento de Comercio de EU detalló que en las investigaciones que inició en febrero de este año los exportadores de acero estructural de China recibieron subsidios de entre 30.30 y 177.43 por ciento, mientras que en el caso de México los subsidios oscilaron entre 0.01 y 74.01 por ciento.
Por su parte, la Secretaria de Economía afirmó que México continuará interviniendo ante las medidas de defensa comercial que impuso el gobierno de EU y apoyará a las empresas afectadas. Aunque la investigación también incluyó a Canadá, el organismo determinó que en ese caso los subsidios fueron insignificantes, por lo que no se impusieron derechos de represalia. Detalló que si la investigación concluye que dichos subsidios afectaron a las empresas estadunidenses se determinarán acciones para resarcir el daño.
Si el Departamento de Comercio o ITC determinan que los subsidios no afectaron a la industria estadunidense, “las investigaciones terminarán y no se emitirán órdenes”. De acuerdo con el cronograma de trabajo, está programado que el Departamento de Comercio de EU anuncie su determinación final el próximo 19 de noviembre, plazo que puede ser extendido si así lo determina el gobierno. En caso de que la determinación sea afirmativa, es decir, que se concluya que sí hubo daño a la industria de EU, la Comisión de Comercio Internacional de EU (ITC por sus siglas en inglés) tendrá hasta el 2 de enero de 2020 para dar sus conclusiones.
Si ambas conclusiones son afirmativas, las medidas de compensación serán anunciadas a más tardar el 9 de enero de 2020. Las empresas Según el informe, las empresas Building Systems de México y Corey tuvieron subsidios de 0.01 y 13.62 por ciento, respectivamente. Mientras que Acero Technologia, Construcciones Industriales Tapia, Estructuras Metálicas la Popular, Operadora CICSA Swecomex-Guadalajara y Preacero Pellizzari México tuvieron subsidios de 74.01 por ciento. La tasa para los demás productores y exportadores fue de 13.62 por ciento.
“Las empresas que reciben subsidios injustos de sus gobiernos, como subvenciones, préstamos, aportaciones de capital, exenciones fiscales o insumos de producción, están sujetas a derechos compensatorios destinados a contrarrestar directamente esos subsidios”, argumentó. El organismo estadunidense expuso que instruirá a Aduanas y Protección Fronteriza para que recolecten depósitos en efectivo de importadores de acero estructural fabricado en China y México. Corey Subsidio de 13.62% Tapia Subsidio de 74.01% Operadora CICSA Subsidio de 74.01% Preacero Pellizzari Subsidio de 74.01%.
EU reinstala aranceles al acero de México
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El Departamento de Comercio de Estados Unidos anunció ayer, de forma sorpresiva, la imposición de cuotas compensatorias a importaciones de acero estructural de México y China, debido a presuntos subsidios.
Sobre la base de estas determinaciones preliminares, el Departamento de Comercio indicó en un comunicado que ordenará a las Aduanas y Protección Fronteriza de Estados Unidos que recolecten depósitos en efectivo de importadores de acero estructural fabricado en China y México.
La decisión toma lugar en momentos en que México, EU y Canadá buscan aprobar el Tratado de Libre Comercio (T-MEC) que sustituirá al Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN) vigente desde 1994. El Congreso mexicano ya aprobó su puesta en vigencia.
Desde el inicio de la administración del presidente Donald Trump, el Departamento de Comercio inició 172 investigaciones en materia de derechos antidumping y compensatorios, que representan un aumento de 219 por ciento respecto al período comparable en la administración anterior, añadió la dependencia.
Hace apenas dos meses, el gobierno de Trump levantó los aranceles de 25 por ciento al acero y 10 por ciento al aluminio procedentes de México y Canadá, que decidió imponer a escala global bajo argumentos de Seguridad Nacional.
En 2018, las importaciones de acero estructural fabricado de Canadá, China y México se valoraron en un estimado de 722.5 millones de dólares en el caso canadiense, 897.5 millones de dólares en el chino, y de 622.4 millones de dólares en el caso mexicano.
Las leyes en materia de derechos antidumping y compensatorios otorgan a las empresas y trabajadores estadunidenses un mecanismo aceptado internacionalmente para buscar alivio a los efectos dañinos de los precios injustos de las importaciones en los Estados Unidos, apuntó el Departamento de Comercio.
En la actualidad, la dependencia mantiene 488 órdenes de imposición de derechos antidumping y compensatorios que brindan alivio a las compañías e industrias estadunidenses afectadas por el comercio desleal, añadió.
Actualmente, está programado que el Departamento de Comercio anuncie sus determinaciones finales, en este caso, el próximo 19 de noviembre de este año o cercano a esa fecha.
Si el Departamento de Comercio hace determinaciones finales afirmativas, se programará que la Comisión de Comercio Internacional (CCI) de Estados Unidos tome una decisión el 2 de enero de 2020.
Fiscalía va contra líderes de polleros
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El secretario de Relaciones Exteriores (SRE), Marcelo Ebrard, aseguró que el gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador está empeñado en desarticular a las bandas de polleros que trasladan ilegalmente a migrantes.
Explicó que, por lo menos, existen en la Fiscalía General de la República (FGR) 11 carpetas de investigación contra estas redes de traficantes que trasladan especialmente centroamericanos.
Acompañando al Presidente en la conferencia mañanera, el canciller respondió a la nota principal de El Heraldo de México publicada ayer, en la que se documenta que cuesta 8 mil dólares transportar ilegalmente a un menor de El Salvador a Los Ángeles.
Ante esto, Ebrard recordó que se estableció un grupo de contacto, es decir, una mesa de trabajo que presenta a la Fiscalía todos los casos de tráfico de personas.
“Las primeras denuncias que se hicieron fueron las correspondientes a los tráileres que fueron detenidos en Veracruz, ya llevan otras, probablemente tengamos ya en este momento, si mal no recuerdo, en el orden de 11 carpetas de investigación; pero corresponde a la Fiscalía informar el detalle y el avance que se tiene”, dijo.
Según el canciller, ha habido muy buena disposición de la FGR para que no queden impunes estos casos de tráfico de migrantes, “porque si no, ¿de qué sirve (todo este operativo) ?; se detiene el tráiler, los vehículos, la gente sufre mucho, paga muchísimo dinero, pueden hasta perder la vida y no hay una sanción”.
“Entonces –dijo Ebrard- sí se le está dando por parte de la autoridad un grado de compromiso y atención que no era lo común en las pasadas administraciones y ahora sí hay que estar trabajando en esto para desarmar a esas redes”.
A petición del Presidente, el titular de la SRE también hizo un balance del plan migratorio y dio un resumen de su gira internacional de trabajo. En ese sentido, recordó que este plan migratorio pactado con el gobierno de Estados Unidos tiene cinco vertientes.
Los ejes rectores, son: instalación la Guardia Nacional en la frontera sur, la aplicación de la ley mexicana por parte del Instituto Nacional de Migración (INM) a todo extranjero, la expansión del programa Sembrando Vida, la oferta laboral para el migrante y el proceso del plan de desarrollo para los países de Centroamérica.
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Respecto a la planta laboral instrumentada por el subsecretario del Trabajo, Horacio Duarte, hasta el momento se ha apoyado a 16 albergues en el norte del país, en los cuales se han ofrecido 3 mil 700 puestos de empleo y al día de hoy 327 personas ya están trabajando.TODOS LOS DÍAS, CIENTOS DE MIGRANTES TRATAN DE CRUZAR A EU. FOTO: EFE
BUSCAN FRENAR DEPORTACIONES
Los 50 consulados de México en EU están evaluando “todos los medios legales” para proteger a los mexicanos frente a las de- portaciones masivas anunciadas por el presidente Donald Trump, informó este lunes el canciller Marcelo Ebrard.
“Si se empiezan a dar estas deportaciones y, si es necesario, voy a ir para encabezar la defensa de nuestros connacionales en Estados Unidos”, dijo el titular de Relaciones Exteriores en la rueda de prensa en Palacio Nacional.
Tras participar en la cumbre de la Alianza del Pacífico, en Lima, Perú, Ebrard visitó este domingo el Consulado mexicano en Los Ángeles, donde revisó los trabajos realizados para hacer frente al anuncio de Donald Trump.
Por Francisco Nieto
Van por penas más duras en CDMX a homicidio, asalto, robo de cel, tablet…
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El Gobierno de la Ciudad de México propuso endurecer las penas por robo en al menos 12 modalidades que afectan al ciudadano, como hurto de teléfonos móviles, tabletas y otros dispositivos electrónicos, e incrementar el castigo por reincidencia, violencia y por los delitos de feminicidio y extorsión.
Se trata de una ofensiva a la delincuencia mediante una iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforman diversas disposiciones del Código Penal capitalino y la iniciativa para expedir la Ley de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México, la cuales fueron entregadas ayer a la Mesa Directiva del Congreso.
“Se incrementan las penas en el delito de robo, sus agravantes y calificativos; el robo simple a casa habitación, de identificaciones falsas, supuestas órdenes de autoridad, en vehículo particular, robo en transporte público, robo de automóvil, autopartes, en contra de los transeúntes o cualquier medio o artificio técnico desarrollado a la luz de las nuevas tecnologías, tales como teléfonos celulares, laptops, tabletas, computadoras.
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“Robo contra cuentahabientes y cometidos por miembros de seguridad ciudadana o personal operativo de empresas que presten servicios de seguridad privada aunque no estén en servicio”, explicó Rosa Icela Rodríguez, secretaria de Gobierno local.
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Entre las propuestas que presentó la administración local, se incluye que el homicidio y el feminicidio sean castigados con 20 a 50 años de prisión; el robo de celulares, tabletas o computadoras, de cuatro a ocho años, pero suben un tercio si se cometen con violencia.
En tanto, en caso de que sea aprobado por los diputados locales, la extorsión tendrá una sanción de cinco a 10 años en la cárcel, mientras que el despojo de inmuebles tendrá de cinco a ocho años de penalidad.
Durante la entrega del documento la funcionaria comentó que las propuestas buscan que en la ciudad se reduzca la violencia y se aumenten las sanciones en contra de quienes cometen los delitos que más afectan a la ciudadanía.
Por separado, la Jefa de Gobierno, Claudia Sheinbaum, recordó que la iniciativa será analizada por el Poder Legislativo en un periodo extraordinario.
“Tenemos una estrategia de seguridad que no solo implica la reducción del robo de celulares, sino en general la reducción de los delitos en la ciudad”
Claudia Sheinbaum
Jefa de Gobierno de la Ciudad de México
ESTRATEGIA CONTRA HURTOS. La administración local presentó ayer la Estrategia Multisectorial para Promover el Bloqueo de los Celulares Robados y Extraviados que prohíbe la venta de dispositivos móviles en tianguis y bazares capitalinos. Lo anterior, luego de que en 2018 se detectó el hurto de casi dos mil aparatos al día, mismos que comunmente se ofertan en ese tipo de espacios.
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Durante la presentación, Sheinbaum consideró que prohibir el comercio de los dispositivos en tianguis evitará fomentar la adquisición de artículos robados.Rosa Icela Rodríguez (izq.) entrega el proyecto a Jesús Martín del Campo, ayer. Foto: Especial
Según el documento al que La Razón tuvo acceso, “la venta de productos y/o prestación de servicios no contemplados en el presente artículo (que prevé el catálogo de giros permitidos) será consecuencia de sanción y revocación del Permiso de Operación” para las asociaciones de tianguistas. También se prohíbe la venta de fármacos en dichos lugares.
Salvador Guerrero Chiprés, titular del Consejo Ciudadano para la Seguridad y Justicia de la CDMX, informó que, de acuerdo con datos de la Encuesta Nacional de Victimización y Percepción de Seguridad Pública (Envipe), en 2018 se robaron diariamente mil 972 celulares, cantidad que incluye una cifra negra o hechos no denunciados.
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Dicho número dista de los reportados a la Procuraduría capitalina, pues de acuerdo con el portal de Datos Abiertos en ese año se registraron 21 mil 722 robos de celulares, un promedio diario de 59. Lo anterior significa que sólo se denunció tres por ciento de los robos de móviles y que la cifra negra fue de 97 por ciento.
El Dato: La Ley de Seguridad Ciudadana prevé crear Comités por demarcación, gabinetes de seguridad entre gobierno central y alcaldías, bases para la universidad de la policía, entre otras.
El Gobierno capitalino también anunció la campaña #BloqueaTuCel, la cual busca facilitar el bloqueo de aparatos vía la app Alameda Central y la Línea de Atención Locatel. El objetivo es que los usuarios conozcan el número IMEI de sus teléfonos, el cual se obtiene al marcar “*#06#”.
Para ello se habilitó el portal bloqueatucel.cdmx.gob.mx, con el que los usuarios pueden registrar sus celulares, verificarlo o conocer si un celular usado tiene reporte de robo.
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Gobierno gasta 42.3 mdp en más de mil eventuales
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Juan Luis Ramos | El Sol de México
En el gobierno de Andrés Manuel López Obrador, mil 479 funcionarios ocupan cargos eventuales como jefes, coordinadores y enlaces, e incluso como subdirectores o directores.
De acuerdo con el portal Nómina Transparente de la Secretaría de la Función Pública (SFP), el cargo al erario por los sueldos netos de estos servidores públicos es de 42.3 millones de pesos al mes.
Gobierno conserva a 423 jefes adjuntos
Las plazas eventuales fueron autorizadas por Hacienda, justificó la Secretaría del Trabajo y Previsión Social (STPS), que tiene en su estructura 423 puestos de este tipo.
“Se gestionó ante la SHCP el dictamen correspondiente para dotar a las diferentes áreas de personal que atiende actividades y procesos temporales indispensables para el cumplimiento de las atribuciones a cargo de la Secretaría”, respondió la dependencia a este diario.
La Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural (Sader) respondió que “de las plazas con carácter de eventual, las mismas fueron autorizadas por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público con oficio 307- A.- 1505 del 19 de junio de 2019, las cuales, para su autorización, fueron previamente justificadas, para un plazo semestral, por las necesidades con las que cuenta actualmente esta Secretaría”.
El Sol de México publicó este lunes que las secretarías mantienen activas 423 direcciones generales adjuntas que el presidente Andrés Manuel López Obrador instruyó desaparecer antes del 31 de mayo, como medida de austeridad presupuestal.
En paralelo a la eliminación de estas plazas hay casi casi mil 500 puestos eventuales vigentes en siete secretarías de Estado, según la actualización de Nómina Transparente al 15 de junio.
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Fuente: Nómina Transparente de la SFP
La Secretaría de Hacienda tiene la mayor cantidad de eventuales, con 437, que ocupan cargos como subdirectores de área, jefes de departamento, enlaces, jefes de unidad y hasta directores de área, aunque no especifica sus funciones.
La dependencia fue consultada sobre estas plazas, por las que eroga 14 millones de pesos al mes, pero no respondió.
Otras secretarías que cuentan con plazas eventuales que tampoco respondieron son la de Medio Ambiente, Salud y Comunicaciones y Transportes. En conjunto tienen 241 plazas eventuales, con un cargo al erario de 8.3 millones de pesos al mes.
De acuerdo con el portal de Nómina Transparente, los sueldos de estas plazas van desde los ocho mil 800 pesos para una plaza eventual como enlace, hasta los 92 mil pesos para un director general.
La Secretaría de Educación Pública (SEP), que cuenta con 354 plazas a las que paga 11.3 millones de pesos, respondió que su propuesta administrativa fue validada y aprobada por las secretarías de Hacienda y de la Función Pública.
En la plataforma de la SFP no se precisa la función o área a la que están destinados los jefes de unidad o directores de área, por ejemplo, que son eventuales.
De acuerdo con las secretarías, en las próximas semanas publicarán sus nuevos reglamentos, que incluirán los ajustes en el personal, aunque no especificaron qué será de las plazas eventuales.
En semana clave para el T-MEC, EU revive tensión arancelaria
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El Tratado entre México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC) tendrá en la semana en curso un periodo crucial para definir los tiempos de avance en su proceso de ratificación en Estados Unidos.
Ya durante la presente semana, el presidente Donald Trump puede enviar el proyecto de ley de implementación del T-MEC al Congreso estadounidense.
El 30 de mayo del 2019, Trump notificó con un preaviso de 30 días que tiene la intención de presentar la legislación de implementación y presentó el anteproyecto de Declaración de Acción Administrativa (SAA, por su sigla en inglés).
De acuerdo con medios estadounidenses, Trump podría enviar el proyecto de ley de implementación del T-MEC a principios de esta semana, aunque la Secretaría de Economía difundió que este nuevo paso lo podría hacer después del 9 de julio.
En cualquier caso, Trump tiene los días contados en su intento de que el T-MEC se apruebe antes del receso de agosto. Para ello, sólo cuenta con 12 días legislativos.
La práctica común es que el Congreso estadounidense revise los acuerdos comerciales antes de la introducción de un proyecto de ley de implementación. Los comités de jurisdicción suelen celebrar audiencias sobre el acuerdo comercial propuesto.
A menudo tienen marcas informales “simuladas” en un proyecto de ley de implementación, seguidas de una “conferencia simulada”.
Aunque la legislación de la Autoridad de Promoción Comercial (TPA, por su sigla en inglés, o vía rápida) no define explícitamente estos pasos, proporciona una revisión pública del acuerdo propuesto y le permite al presidente recibir comentarios y preocupaciones del Congreso, que no son vinculantes, sin embargo, para la administración.
“La información que tenemos es que probablemente se presente después del receso del 4 de julio, habrá que ver. Es también una decisión que tiene que tomar el representante comercial (Robert Lighthizer) en función de sus pláticas con la representante Nancy Pelosi para ver cuál es el momento adecuado para que lo mande la administración y entre en la agenda legislativa”, comentó Luz María de la Mora, subsecretaria de Comercio Exterior de la Secretaría de Economía, a finales de junio.
En las semanas pasadas, cuatro grupos de legisladores demócratas elegidos por Pelosi, relacionados con precios de medicamentos, trabajo, medio ambiente y cumplimiento, se han reunido con funcionarios y partes interesadas en el T-MEC.
El requisito de la TPA permite que el Congreso vote sobre el T-MEC dentro de los 90 días de haberlo recibido de Trump.
Dos años de negociaciones
A partir de julio del 2017, México, Estados Unidos y Canadá iniciaron el proceso de negociación para la modernización del Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN). Se llevaron a cabo siete rondas técnicas, más una ronda permanente en abril y mayo del 2018, reuniones ministeriales en mayo y, finalmente, una serie de reuniones bilaterales entre México y Estados Unidos, del 25 de julio al 27 de agosto del 2018.
Posteriormente, a partir del 29 de agosto, Canadá y Estados Unidos tuvieron una serie de reuniones ministeriales para llegar a un acuerdo en sus temas bilaterales, principalmente relacionados con el acceso al sector agrícola en el mercado canadiense y la posición de Canadá para mantener una excepción cultural y el capítulo 19 del TLCAN.
Fue así que el 30 de noviembre del 2018, en el marco de la Cumbre del G20, en Buenos Aires, Argentina, se firmó el T-MEC.
Autoridades y un grupo de la PF firman acuerdos; disidentes los desconocen
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Tras 12 horas de negociaciones entre un grupo de cinco policías federales –que dice representar a la mayoría de los agentes que han protestado por su transferencia a la Guardia Nacional (GN)– y funcionarios de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), se firmó una minuta de acuerdos con 13 puntos, entre los que destaca que ningún elemento de esa corporación será despedido ni se le solicitará la renuncia.
Sin embargo, los acuerdos fueron desconocidos por el grupo de elementos de la Policía Federal (PF) que son representados por el abogado Enrique Carpizo, alrededor de 600 agentes, quienes subrayaron que su lucha es por la claridad de la transferencia a la GN y por la indemnización para quienes decidan no dar ese paso. En rechazo al documento, encadenaron varias oficinas del Centro de Mando ubicado en Iztapalapa, y advirtieron que los que suscribieron la minuta son un grupo minoritario.
La minuta firmada por los cinco federales que han estado en las negociaciones desde que inició el movimiento –el miércoles de la semana pasada– y los funcionarios, entre ellos el subsecretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Ricardo Mejía Berdeja, reafirma a la mesa de diálogo como la instancia reconocida por las autoridades para dar seguimiento al proceso de transferencia de la PF a la nueva corporación y para brindar soluciones a las demandas de los agentes.
Los 13 puntos acordados son: ningún integrante de la PF será despedido ni se solicitará su renuncia, razón por la cual mantendrán su empleo, sueldo, antigüedad y prestaciones; no continuará el pago de las cuotas diarias de apoyo, conocidas como operatividad.
Que el personal que no desee ser transferido a la nueva corporación de seguridad tendrá varias opciones para continuar en servicio. Se trata de el Servicio de Protección Federal, la Unidad de Medidas Cautelares, la Dirección General de Seguridad Privada, la Dirección de Prevención y Readaptación Social y la Coordinación Nacional Antisecuestro (dependientes de la SSPC).
También, la Comisión Nacional de Búsqueda de Personas, la Comisión Mexicana de Ayuda a Refugiados, el Instituto Nacional de Migración y Aduanas. Asimismo, se acordó instalar mesas de atención por parte de estas instituciones señaladas a partir de este martes en las instalaciones del Centro de Mando.
Asimismo, se instalarán 42 oficinas de atención al policía federal distribuidas por todo el país y un módulo del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado en el Centro de Mando, para dar seguimiento, aclaración de dudas y respuestas.
Un punto central es el referente a las indemnizaciones demandadas por el grupo representado por Carpizo. Al respecto, la minuta asienta: Se acordó que dado que ningún integrante será despedido y que existen opciones para continuar en diversas instituciones del gobierno federal, dicha solicitud es legalmente inviable. Sin embargo, quienes opten por renunciar tendrán derecho a recibir su finiquito, es decir, la parte proporcional del aguinaldo, prima vacacional y, si se tuviera, retirar los ahorros que les correspondan.
Además, la mesa de negociación rechazó la presencia de gestores o representantes ajenos a la institución y se deslindan de los ataques a la corporación y a la legalidad.
Los policías federales que suscribieron el documento se comprometieron a hacer un llamado a sus compañeros a no realizar bloqueos ni a manifestarse o faltar a sus servicios, ni a tomar instalaciones de la institución o cualquier otra.
Otras garantías dadas por la SSPC es que no habrá represalias ni se perseguirá o amedrentará a quienes se han sumado al movimiento; tampoco se realizarán descuentos por faltas durante los días de las protestas; entre otros.
El subsecretario Mejía Berdeja exhortó al personal a conducirse en apego a la legalidad, al tiempo de sumarse por un frente común en el cual hay cabida para todos y en el que se continuará trabajando por el bien de México.
Los llamados disidentes, que son representados por Carpizo, desconocieron esos acuerdos y anoche colocaron cadenas en los accesos de la División de Fuerzas Especiales y en la Gendarmería. Previamente, al filo de las 18 horas lograron ingresar a la mesa de negociaciones, pero después de una hora salieron recriminando que no se les dejó participar en los acuerdos. Horas antes, habían acudido a Palacio Nacional, donde exigieron audiencia con el presidente Andrés Manuel López Obrador.
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