La IP invertirá en petroquímica; el Presidente llega a un acuerdo con empresarios
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CIUDAD DE MÉXICO.
El presidente Andrés Manuel López Obrador acordó con empresarios reabrir el sector energético a la inversión privada, con regulación estatal.
“El mensaje importante es que sí acepta la inversión privada y puso algunas reglas para que se dé: se va a permitir que en la petroquímica todo sea inversión privada. Solamente se va a dejar Pajaritos y la Cangrejera como parte de inversión pública”, indicó Carlos Salazar Lomelín, titular del Consejo Coordinador Empresarial, tras una reunión con el Presidente.
Además, se pactó crear una mesa de seguimiento de estos acuerdos, que encabezará Alfonso Romo, jefe de la Oficina de la Presidencia.
Salazar recalcó que López Obrador sigue firme en que se exploten, de momento, sólo los 107 contratos asignados a la IP durante la anterior administración.
“Una compañía ya le mandó un comunicado al Presidente; para 2021 ya estará extrayendo 100 mil barriles de petróleo, es una italiana”, dijo el empresario.
Sobre el tema del gasoducto Texas-Tuxpan, el presidente del Consejo Mexicano de Negocios, Antonio del Valle, reconoció que hay avances para evitar que el gobierno y las empresas lleguen a un arbitraje comercial internacional por el pago de 2.5 mil millones de dólares por la construcción de la tubería.
“El próximo lunes hay otra mesa, el avance es bastante positivo y se ve que puede haber un arreglo en el corto plazo”, aseguró Del Valle.
Sí a capital privado en sector energético
A excepción de Pajaritos y Cangrejera, toda la petroquímica será de inversión privada.
El presidente Andrés Manuel López Obrador y cámaras empresariales acordaron que el sector energético se abrirá a la inversión extranjera, con regulación estatal, aseguró Carlos Salazar Lomelín, presidente del Consejo Coordinador Empresarial (CCE).
“El mensaje importante es que sí acepta la inversión privada, sí habrá inversión privada y puso algunas reglas para que se dé. Se va a permitir que en la petroquímica todo sea inversión privada, solamente se va a dejar Pajaritos y la Cangrejera como parte de inversión pública y de aquí en adelante toda la inversión en petroquímica es privada”, expuso.
El titular del CCE estableció que se acordó crear una mesa de seguimiento de estos acuerdos que estará liderada por Alfonso Romo, jefe de la Oficina de la Presidencia.
“Se estableció una mesa para hablar de todos los temas de energía, donde vamos a hablar de petróleo, de gas, de electricidad, de electricidad limpia, y se tocó el tema de los ductos”, puntualizó.
Recalcó que López Obrador sigue firme en que se exploten por el momento sólo los 107 contratos asignados en las rondas petroleras durante la anterior administración, antes de licitar otras rondas
“Una compañía ya le mandó un comunicado al Presidente (...) para el 2021 ya estará extrayendo 100 mil barriles de petróleo, es una italiana”, recalcó.
Sobre el ducto Texas Tuxpan, el presidente del Consejo Mexicano de Negocios, Antonio del Valle, reconoció avances para evitar que el gobierno y las empresas constructoras lleguen a un arbitraje comercial internacional por el pago de unos 2.5 mil millones de dólares por la construcción de la tubería.
Europa, interesada en el corredor
Representantes del Banco de Europa se reunieron ayer con integrantes del gobierno federal y con el gobernador de Veracruz, Cuitláhuac García, para abordar la posibilidad de invertir en el proyecto del Corredor Transístmico.
En la reunión realizada en Palacio Nacional se estableció que el banco tendría disponibles hasta 13.28 millones de dólares (259 mil millones de pesos) para desarrollar las obras de infraestructura, y el gobierno federal aportaría 100 mil millones de pesos.
“Estos bancos fondean a los inversionistas, lo que estamos promoviendo es la industria nacional (...) están interesados en parques industriales.
“También han venido del banco de Alemania. Se les hace atractivo. El proyecto se conoce a nivel mundial y están viendo en qué se pueden incorporar”, dijo Rafael Marín Mollinedo, coordinador del proyecto del Corredor Interoceánico del Istmo de Tehuantepec.
El corredor incluye la rehabilitación de los puertos de Coatzacoalcos y Salina Cruz, y la modernización de la autopista y del tren de carga que comunica ambos puertos.
De acuerdo con el gobernador Cuitláhuac García, el proyecto es complementario mas no competencia del Canal de Panamá.
TransCanada exige a CFE pago de 250 mdd; usó declaraciones de Urzúa
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La empresa TransCanada utilizó las declaraciones del ex secretario de Hacienda Carlos Urzúa en su denuncia para reclamar el pago de 250 millones de dólares por parte de la Comisión Federal de Electricidad (CFE). Te recomendamos: Empresa demanda a CFE pago de 250 mdd con declaraciones de Urzúa, acusa AMLO Para argumentar su temor de que de manera equivocada la CFE considera que se incumple el contrato firmado en 2016 para el transporte de gas natural, IMG (Infraestructura Marina del Golfo) —la sociedad integrada por IEnova y TransCanada— adjuntó como prueba adicional en su juicio de arbitraje promovido contra la empresa productiva del Estado, la entrevista ofrecida por Urzúa a la revista Proceso.
De acuerdo con la copia del documento compartida por el gobierno, TransCanada explica que la declaración de Urzúa: “robustece y confirma el temor fundado de IMG de que CFE considere —erróneamente— que IMG está en incumplimiento del Contrato de Servicios de Transporte de Gas Natural de 178 de junio de 2016 , en consecuencia, requiera el pago de la Carta de Crédito materia de las presentes medidas cautelares”.
Además de adjuntar un ejemplar original de la revista Proceso, en esta prueba adicional —en el lenguaje del derecho llamada superveniente, porque surgió después de la promoción del juicio— se reproducen tres párrafos entrecomillados de lo dicho por Urzúa en la entrevista publicada el pasado 14 de julio. PUBLICIDAD El documento, fechado el 17 de julio detalla las declaraciones de Urzúa quien se refirió al de Texas-Tuxpan como uno de los gasoductos paradigmáticos en el país, que provee más de un tercio de toda la demanda de gas en México, construido por TransCanada y IEnova, así como su afirmación de que "puede ser que el gasoducto haya salido caro, como afirma (Manuel) Bartlett (director de CFE), pero lo cierto es que nosotros firmamos un contrato y debemos cumplirlo". Te recomendamos: Empresarios se reunirán con AMLO por conflicto de gasoductos
Además subraya la expresión del extitular de Hacienda: "mientras ese pleito dura, el gasoducto no se podrá utilizar, lo que nos dejaría imposibilitados de satisfacer un tercio de la demanda de gas" y que "eso es jugar literalmente con fuego y con el bienestar de millones de mexicanos que viven en la península de Yucatán, donde ya están sufriendo apagones severos porque no hay gas". En su conferencia de prensa, el presidente Andrés Manuel López Obrador criticó que mientras están negociando con las empresas para encontrar un acuerdo, el compromiso era que en tanto no habría demandas, pero "una de las empresas presenta una demanda estando en el diálogo y la demanda se apoya en la declaración que le hizo a Proceso, Carlos Urzúa, es decir, utilizan esa declaración a favor de la causa de la empresa: "como que no es correcto", dijo. Insistió en que son contratos en los que “se abusó mucho" y "ni siquiera los firmó el director de la CFE, fueron chivos expiatorios. Queremos cambiarlos porque los precios están por las nubes" y no puede aceptarse un contrato leonino, advirtió. Además aclaró que CFE nunca demandó a las empresas por dichos contratos y solo actuó en respuesta a las demandas.
Mesa para energía Más tarde, el presidente López Obrador se reunió con los líderes del Consejo Coordinador Empresarial (CCE), Carlos Salazar Lomelín y el Consejo Mexicano de Negocios (CNM), Antonio Del Valle Perochena, donde se acordó establecer una mesa coordinada por el jefe de la oficina de la Presidencia, Alfonso Romo, para hablar de las inversiones en petróleo, gas, electricidad y electricidad renovable. Salazar Lomelín señaló que "el mensaje importante es que (el Presidente) sí acepta la inversión privada, sí habrá inversión privada y puso algunas reglas para que estás se den. Una regla, por ejemplo, es que se va a permitir que en la petroquímica todo sea inversión privada. Se va a dejar (los complejos petroquímicos) Pajaritos y La Cangrejera como parte de la inversión pública y de aquí en adelante toda la inversión en petroquímica es privada", detalló. Explicó que las reglas implican básicamente cumplir los compromisos hechos y revisar el avance de la inversión y que existen 107 contratos entregados a la iniciativa privada, a cuyo avance se dará seguimiento.
Al salir del encuentro, Bartlett Díaz, negó que la reunión fuera para hablar del tema del litigio en los gasoductos. "En general el planteamiento de los proyectos de Pemex y CFE, una comunicación al sector privado de cuáles son los planes el gobierno del presidente", señaló. Sobre los gasoductos Bartlett dijo que las reuniones continúan para lograr un acuerdo que beneficie a todos y no que perjudique a ninguna de las partes. En tanto, Del Valle Perochena, detalló que "puede haber un arreglo en el corto plazo que es importantísimo pues como saben el gas es un insumo primordial no sólo para la CFE sino para todo el país". RLO
SFP: En 10 años, Coneval elevó 400% su presupuesto para medir la pobreza
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Aunque de 2008 a 2018 el Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social (Coneval) utilizó la misma metodología y fuente de información para medir la pobreza en nuestro país, su presupuesto aumentó más de 400 por ciento en el mismo lapso.
Pasó de 116 millones de pesos a casi 479 millones, aunque en este periodo hubo un par de años de mayor derroche: 2016 y 2017, en los cuales se le asignaron entre 570 y 635 millones de pesos.
Desde 2008, el Coneval mide la pobreza y la pobreza extrema con base en los resultados de la Encuesta Nacional de Ingresos y Gastos de los Hogares, emitida cada año por el INEGI, la cual será publicada el próximo 30 de julio y servirá para la medición de 2019. El Consejo sólo difunde los programas de cómputo, a partir de los cuales se derivan las cifras oficiales.
“Llevamos 10 años de medir la pobreza de la misma forma, comparable año con año”, dijo Gonzalo Hernández Licona, en el cargo desde la creación del organismo en 2005 (tras la publicación de la Ley General de Desarrollo Social) y quien fue sustituido el lunes pasado por el investigador de la Facultad de Economía de la UNAM: José Nabor Cruz Marcelo, a propuesta de la secretaria del Bienestar, María Luisa Albores González, y con el visto bueno del Presidente de la República.
En estos días de despedida, cuando se le preguntó por los índices de pobreza de este año, aseguró no tener información, porque aún no se conocían las estadísticas referidas del INEGI.
El Coneval tiene independencia y capacidad técnica, pero funciona como órgano descentralizado de la Secretaría de Desarrollo Social, hoy llamada del Bienestar; y el nombramiento de su titular es facultad presidencial.
Tras la reforma constitucional en materia política, publicada en el Diario Oficial de la Federación en febrero de 2014, se adicionó el artículo 26 Apartado C para quedar como sigue: “El Estado contará con un Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social, que será un órgano autónomo, con personalidad jurídica y patrimonio propios, a cargo de la medición de la pobreza y de la evaluación de los programas, objetivos, metas y acciones de la política de desarrollo social, así como de emitir recomendaciones en los términos que disponga la ley”.
El encargo del presidente del Consejo, se dispuso ahí, “durará cinco años y podrá ser reelecto por una sola vez”.
Hernández Licona iba ya por su año 14 en el puesto: llegó el 16 de noviembre de 2005, semanas después de la apertura institucional.
Pese a la modificación de la Carta Magna, el organismo siguió formando parte del Ejecutivo federal, su autonomía se mantuvo acotada y sus atribuciones estáticas, pues la ley secundaria se congeló desde hace cinco años en el ámbito legislativo.
De haber gozado de autonomía plena, habría podido omitir las disposiciones enumeradas por el presidente López Obrador en su memorándum de austeridad difundido el 3 de mayo pasado, como la desocupación de plazas no autorizadas y la eliminación de directores generales adjuntos, asesores, representantes foráneos y choferes, las cuales son obligatorias para toda la Administración Pública Federal, incluidos órganos desconcentrados y descentralizados.
La principal tarea del Coneval es emitir la medición anual de la pobreza y otros indicadores relacionados con el tema. Sin embargo, su plantilla de funcionarios ha rebasado los 200 en los últimos años. Durante 2018, operó con 206, 144 de los cuales eran eventuales —el 69 por ciento del personal—.
La desaparición de los puestos con carácter eventual fue una de las máximas inconformidades de Hernández Licona, expresada no sólo a las autoridades de las secretarías de Bienestar y de Hacienda, sino en escritos periodísticos. También se oponía a la cancelación de las direcciones generales adjuntas, “porque si nos las quitan, le dan en la torre a la operación”. A la par se quejó de la reducción del 20 por ciento de la estructura burocrática y del 50 por ciento del dinero para evaluaciones, aunque en la realidad el presupuesto de la dependencia sólo disminuyó el 7 por ciento de 2018 a 2019, al pasar de 478 millones a 443 millones de pesos, según datos de la SHCP.
“Estos ajustes implicarían que la institución prácticamente deje de funcionar en las próximas semanas”, expresó el funcionario.
Las 62 plazas de base, registradas en el archivo de la Secretaría de la Función Pública, representan una nómina equivalente a más de 2 millones 621 pesos mensuales. Monto exclusivo para salarios, al cual habría de añadirse el sueldo de cientos de eventuales.
Y lo peor: de estos 62 puestos, 51 son de secretarios ejecutivos, contralores, directores, directores adjuntos, subdirectores y jefes de departamento, según datos de la SFP, es decir, más del 82 por ciento. Sólo 11 son funcionarios menores con tareas específicas de operación.
Abren energía a empresas
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La cúpula empresarial del país y el presidente Andrés Manuel López Obrador llegaron a un acuerdo para impulsar la participación de la inversión privada en petróleo, gas, electricidad, energías renovables y petroquímica.
Tras una reunión a puerta cerrada en Palacio Nacional, Carlos Salazar, presidente del Consejo Coordinador Empresarial (CCE), dijo que se acordó la creación de una mesa de diálogo que será coordinada por Alfonso Romo, jefe de la Oficina de la Presidencia, para establecer los mecanismos que permitan materializar esa inversión.
Destacó que “se va a permitir que en la petroquímica todo sea inversión privada, solamente se va a dejar Pajaritos y la Cangrejera como parte de la pública y de aquí en adelante toda la inversión en petroquímica es privada”.
Además indicó que “el mensaje importante es que sí se acepta la inversión privada y el presidentepuso algunas reglas para que ésta se dé. Son básicamente que cumpla el privado con lo que tiene que cumplir, de acuerdo con el compromiso que se haya hecho, y de que de alguna manera podamos ir revisando que se esté avanzando tanto en inversión pública como privada”.
Antonio del Valle, presidente del Consejo Mexicano de Negocios (CMN), comentó que en la renegociación de los gasoductos hay avances positivos y “se ve que puede haber un arreglo en el corto plazo”.
Explicó que tanto las empresas como la CFE trabajan en sus propuestas y contrapropuestas y que el próximo lunes habrá otra mesa para analizar el tema.
Sobre la continuidad de las rondas petroleras, Del Valle dijo que en la mesa de diálogo que se estableció con el Presidente, se definirá el rumbo a seguir.
INTERNET PARA TODOS
La próxima semana, el gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador presentará al Instituto Federal de Telecomunicaciones (IFT) la solicitud para crear la empresa CFE Telecomunicaciones e Internet para todos.
Con esta compañía se pretende llevar el servicio de internet y telefonía a todo el país. “Ya hicimos la empresa, ya está constituida, aprobada por el Consejo de Administración de la CFE, la empresa se llama Comisión Federal de Electricidad, Telecomunicaciones e Internet para Todos”, dijo.
Por Adrián Arias y Francisco Nieto
Perturban asesinatos en la concurrida y exclusiva Plaza Artz
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Cinco personas actuaron en coordinación para ejecutar el ataque a balazos que se registró al interior de un restaurante de la exclusiva Plaza Artz, que dejó como saldo dos personas de origen israelí muertas y un policía herido de bala calibre .223 por un arma larga.
En conferencia de prensa el secretario de Seguridad Ciudadana, Jesús Orta, confirmó que en los hechos participaron dos autores materiales, una de ellas es Esperanza “N”, quien fue detenida a una calle del centro comercial; mientras que tres más lo hicieron de manera indirecta.
Detalló que la mujer aprehendida cuando se cambiaba de ropa y se quitaba una peluca color rubio, declaró ante el Ministerio Público que disparó en contra de los dos hombres, por una supuesta infidelidad. Una de las víctimas perdió la vida en el lugar y la otra falleció en el hospital al que fue trasladado.
El funcionario agregó que a través de las imágenes proporcionadas por el restaurante donde ocurrió el crimen, se determinó que a las 17:05 horas “se observa a la mujer acompañada de un hombre, en una mesa contigua (a las víctimas), aproximadamente a 10 metros (de distancia)”.
A las 17:22 horas se registra la agresión con armas de fuego en contra de los dos hombres israelíes, cometida por Esperanza “N” y su acompañante, quienes huyen del lugar.
En el material en video también se observa una tercera persona que tiene comunicación con los agresores dentro del establecimiento con razón social Hunan, que forma parte de las investigaciones.
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| Personas escondidas durante los hechos. Foto: Especial |
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Después, un sujeto que llegó al sitio a bordo de un vehículo tipo Versa, acompañado de un conductor, abrió fuego contra un policía que llegó al lugar por el reporte de disparos de arma de fuego.
Los dos sujetos que escaparon en el automóvil, que presumiblemente serviría para el escape de todos los implicados; sin embargo, Esperanza lo hizo a pie.
A la plaza llegó un helicóptero cóndor para trasladar al oficial a un hospital donde se reporta grave, pero estable, en tanto los cuerpos de Johny “N” y Azulay “N”, presunto escolta del primero, fueron llevados al anfiteatro para la necropsia de ley.
De acuerdo con lo narrado por un trabajador de la empresa DHL, despojaron de su arma de cargo al oficial que les hizo frente y una vez que arrancó la unidad en la que circulaba, accionaron en reiteradas ocasiones un arma larga, por lo que el uniformado resultó lesionado y la unidad siniestrada.
También se reportó que encañonaron a un joven encargado de la seguridad de la plaza; hicieron que se tirara al piso y le advirtieron que en caso de voltear, lo matarían.
Luego de ocurridos los hechos, comensales y visitantes, fueron evacuados para iniciar las diligencias para indagar la ruta de escape de los cómplices.
En el estacionamiento del centro comercial se contabilizaron 44 casquillos percutidos.
En Coneval no hay posibilidad de manipular datos sobre pobreza: José Nabor
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Alejandro Suárez | El Sol de México
Pese a las críticas en torno a su nombramiento como secretario Ejecutivo del Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social (Coneval), José Nabor Cruz aseguró que las cifras de pobreza están blindadas por la transparencia que rige al organismo, por lo que no hay razón de dudar sobre los resultados sobre la Evolución de la Pobreza 2018 que presentarán el 5 de agosto.
“No hay absolutamente ninguna ventanita ni puerta, ni una remota posibilidad de modificación de los datos. Reconozco la absoluta transparencia de la información que Coneval tiene desde su creación, pasando por diferentes administraciones y partidos políticos, y el informe del 5 de agosto no será la excepción”, aseguró en entrevista con El Sol de México.
El especialista que viene de las aulas de la UNAM añadió que tampoco hay razón para preocuparse por el presupuesto, ya que el martes se reunió con gente de la Secretaría de Hacienda para liberar los recursos para la contratación de 130 trabajadores eventuales.
“Afortunadamente ya tuvimos respuesta de la Secretaría de Hacienda de una parte de los contratos del personal eventual, 130 contratos ya pasaron el trámite administrativo que estaba haciendo falta en la Secretaría de Hacienda”, dijo.
En la plática, comentó que la invitación para este cargo le llegó del mismo presidente Andrés Manuel López Obrador, al tiempo de reconocer el trabajo que realizó Gonzalo Hernández Licona a través de los 14 años que estuvo al frente del Coneval.
¿Cómo encontró al Coneval?
Hubo un ambiente ajeno al del Consejo, evidentemente me centraré en el ámbito interno del Consejo. En estos tres días confirmé lo que ya tenía conocimiento como académico que revisaba los informes de Coneval, es decir una institución muy fortalecida en sus actividades.
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| Foto: Roberto Hernández |
En el encuentro que tuve con los consejeros académicos dialogamos de una manera muy cordial, evidentemente siempre pensando que la figura del Secretario Ejecutivo es parte de un órgano de gobernanza, y evidentemente el objetivo es continuar con las actividades de nuestro programa anual de trabajo.
¿Cómo se dio su llegada a la titularidad de Coneval?
Hubo una invitación para que yo llegara al puesto, evidentemente bajo la normatividad actual y con las facultades que tiene el presidente para realizar el nombramiento del nuevo Secretario Ejecutivo.
Por la forma que se dio el relevo hay suspicacia ¿qué respondería ante esto?
En esta parte de los cuestionamientos sobre el tratamiento de la información y de los datos, me gustaría ser muy categórico y muy puntual, el Coneval nunca lo ha hecho ni lo hará en hacer alguna modificación de la información. Afortunadamente tenemos un mecanismo de transparencia muy fuerte, en primer lugar ocupamos la información y los datos económicos que genera otra excelente institución que es el Inegi, en el marco del Informe de Pobreza 2018 vamos a usar la Encuesta de Ingresos y Gastos de los Hogares 2018 que publicará el 31 de julio.
¿Cómo van a blindar la independencia del Coneval en sus estudios?
Afortunadamente en el esquema de normatividad que rige a este Consejo la autonomía ha sido un factor central en la gobernanza y lo seguirá siendo. ¿Por qué hablo de la gobernanza? Porque se basa en la participación del Comité directivo, y éste está enmarcado en la normatividad que garantiza la autonomía de las decisiones, propone metodología y análisis de las evaluaciones, eso se ha dado en el pasado, en el presente y en el futuro.
¿Está garantizado que el 5 de agosto los resultados de la medición de la pobreza no serán afectados por el cambio en la secretaría ejecutiva?
En lo absoluto. Es algo que evidentemente está trabajado desde hace semanas, antes de este cambio, con la buena dirección de Gonzalo Hernández Licona, a quien reconozco su amplia trayectoria en el Consejo, pero las áreas de la dirección de Medición de Pobreza y las demás áreas darán salida al informe que se presentará. Lo que estamos esperando son los datos que hará públicos Inegi, pero es un trabajo que está plenamente garantizado que el informe de pobreza será presentado el lunes 5 de agosto como estaba programado.
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| Foto: Roberto Hernández |
¿Ya habló con representantes del Gobierno federal sobre el presupuesto?
Ayer (el martes) tuvimos respuesta por parte de la Secretaría de Hacienda, es parte de la información que la parte administrativa me está proporcionando en el proceso de entrega-recepción de la Secretaría Ejecutiva.
Ya tuvimos respuesta de Hacienda de una parte de los contratos del personal eventual, 130 contratos ya pasaron el trámite administrativo. Ahora tenemos la expectativa de que los compañeros, los colegas, que son fundamental para este Consejo, reciban el pago de julio y hasta el final de año. Eso evidentemente da certidumbre laboral y que el funcionamiento del Consejo y sus múltiples tareas estén garantizadas para lo que resta del año.
SHCP reestructura y consigue respiro en pago de deuda
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La Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) informó que el gobierno federal realizó una operación de manejo de pasivos en los mercados internacionales por un monto aproximado de 3,560 millones de dólares, lo cual no implicó un nuevo endeudamiento.
Con ello, buscó disminuir compromisos de pago de amortizaciones durante los siguientes siete años y de forma específica se redujeron en alrededor de 37% los compromisos de pago programados para el 2021, para lo cual se realizó la reapertura de un bono por 1,456 millones de dólares con vencimiento en el 2029, tasa cupón de 4.500% y a una tasa de interés de 3.738 por ciento.
También, se hizo la emisión de un nuevo bono de referencia por 2,104 millones de dólares con vencimiento en el 2050, tasa cupón de 4.500% y a una tasa de interés de 4.552%, indicó Hacienda en un comunicado.
La dependencia, a cargo de Arturo Herrera, indicó que el manejo de pasivos de deuda se realizó mediante las siguientes acciones: primero se hizo el retiro de un bono denominado en dólares con vencimiento en enero del 2021 por un monto de 933 millones de dólares, el cual representa alrededor de 37% de las obligaciones de mercado del gobierno denominado en moneda extranjera y programadas para dicho año.
Posteriormente, se realizó un intercambio de bonos en circulación denominados en dólares con vencimientos tanto en la parte corta (2019-2026) como en l aparte larga (2031-2047) de la curva de rendimientos por aproximadamente 2,456 millones de dólares.
“Dichos bonos estaban en manos de inversionistas a los cuales se les ofreció la posibilidad de recompra o de intercambio, ya fuera por la reapertura del bono en dólares con vencimiento en abril del 2029 o por la nueva referencia a 30 años”, explicó la dependencia.
La Secretaría de Hacienda comentó que lo anterior también se realizó para mejorar su perfil de vencimientos de deuda externa y su posición financiera en los mercados de deuda.
Se busca margen de maniobra
Raymundo Tenorio, economista del Tecnológico de Monterrey, expuso que lo que hizo el equipo de Hacienda es una renegociación de pasivos para darse margen de maniobra y tener la posibilidad de esperar a que mejore la economía y tener dinero para el gasto corriente e inversión.
A su parecer, este tipo de acciones no son del todo buenas porque realmente no se reduce el valor de la deuda, “es como si una persona, en vez de pagar su casa a 10 años, ahora lo tiene que hacer a 20 años; no deja de ser una presión, lo que uno busca es estar menos apalancado a una deuda”.
Detalló que, si bien sólo se sustituyen pagarés y se alargan las curvas de vencimiento, según sus cálculos, por los 3,560 millones de dólares que se colocaron con los dos bonos mencionados, se va a generar una carga financiera (intereses) por poco más de 160 millones de dólares anuales.
“Todo gobierno debe cumplir con sus obligaciones financieras, y pagar la deuda a un mayor plazo se hace con el fin de tener mayor margen (...) el mercado cree en la estabilidad de México porque es buen pagador y si no, saben que está la línea de crédito del FMI”.
Reestructura en deuda local
A finales de junio de este año, el gobierno federal realizó una reestructura de deuda local para aplazar el pago de deuda con vencimientos entre el 2019 y el 2021 a través de una colocación de valores gubernamentales.
Para ello se realizaron dos transacciones, la primera consistió en una subasta de recompra de valores gubernamentales y así se canceló deuda por 28,228 millones de pesos con vencimientos entre el 2019 y el 2021.
En tanto, la segunda operación implicó una subasta adicional de colocación de valores gubernamentales por 27,534 millones de pesos a tasas de interés de mercado con vencimientos entre el 2024 y el 2047.
En su momento, José Luis de la Cruz, director general del Instituto para el Desarrollo Industrial y el Crecimiento Económico (IDIC), comentó que, con dichas acciones, pareciera que Hacienda está previendo un entorno financiero complicado en los siguientes dos años, por lo que decidió aprovechar las mejores condiciones que todavía se tienen.
Censura CIDH política migratoria; el gobierno respeta derechos: SRE
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Las medidas en materia migratoria y de asilo adoptadas de manera conjunta por México y Estados Unidos están teniendo impactos directos en los derechos humanos de los migrantes, solicitantes de asilo y refugiados; los exponen a riesgos como secuestros, extorsiones y otros abusos, y limitan su derecho a la protección inter-nacional, censuró la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH).
En un extenso pronunciamiento dado a conocer ayer en su sede en Washington, el organismo internacional criticó duramente las políticas en la materia adoptadas recientemente por los gobiernos de la región, en particular el acuerdo suscrito entre México y Estados Unidos el 7 de junio, a partir de las amenazas del presidente Donald Trump de imponer aranceles a las exportaciones mexicanas.
Expresó su preocupación por la extrema seguridad, militarización y externalización de las fronteras; así como la criminalización de defensores de derechos humanos que atienden a ese sector.
La comisión hizo un llamado urgente a los gobiernos de la región a respetar y garantizar los derechos de migrantes y refugiados, así como de los defensores de sus garantías.
Complejidades y desafíos
En cuanto a la magnitud del fenómeno, la CIDH remarcó que el informe Tendencias globales: desplazamiento forzado en 2018 del Alto Comisionado de la Organización de las Naciones Unidas para los Refugiados (Acnur) evidencia que a finales de 2018 se registraban 314 mil 946 solicitantes de asilo y 72 mil 229 refugiados de los países de Centroamérica a escala mundial, y reconoce las complejidades y desafíos que plantea la llegada masiva de personas en el contexto de movimientos migratorios mixtos.
Destacó que a partir de la implementación unilateral del programa Quédate en México, Estados Unidos ha devuelto a territorio mexicano a más de 10 mil personas para que esperen mientras se realizan sus procedimientos migratorios y de asilo.
El organismo internacional agregó que ambos países han colaborado en la coordinación de citas para iniciar los procesos de asilo, por medio de las cuales cerca de 18 mil 778 personas habrían esperado en un puerto de entrada fronterizo en México hasta principios de junio para presentar su solicitud.
La comisión observa que estas políticas son contrarias a obligaciones en materia de derechos humanos, en particular en lo que respecta al derecho a solicitar y recibir asilo, el principio de no devolución, dado que exponen a estas personas a numerosos riesgos, que incluyen la extorsión, el secuestro y otros actos de violencia a manos de organizaciones criminales y delincuentes comunes que se encuentran en las zonas en las que están siendo devueltas estas personas, así como a la falta de acceso a servicios de asistencia básica.
La CIDH solicitó a los países de Norte y Centroamérica adoptar medidas urgentes e integrales con el fin de garantizar vías seguras para que las personas busquen protección internacional.
Otro aspecto que preocupa a la CIDH son los casos de separación de familias mediante el programa Quédate en México, por el cual los padres y/o madres permanecen en territorio mexicano mientras sus hijos son enviados a la Oficina de Reasentamiento de Refugiados de Estados Unidos.
Motivo de alerta también, señaló, son las nuevas normas en materia de asilo anunciadas por Estados Unidos el 15 de julio, mediante las cuales impedirá que muchos migrantes soliciten esa protección, lo cual violenta el derecho internacional.
Asimismo, la CIDH tiene información acerca de que existe hacinamiento y malas condiciones de detención en las estaciones migratorias y estancias provisionales mexicanas, así como detenciones de niños, niñas y adolescentes.
Además, el 2 de julio la oficina del inspector general del Departamento de Seguridad Nacional de Estados Unidos publicó un informe sobre el hacinamiento, la mala alimentación y las condiciones insalubres en los centros de detención de migrantes.
El plan integral es positivo
Sobre el plan del gobierno mexicano para el Desarrollo Integral de Centroamérica, presentado el 20 de mayo, en colaboración con la Comisión Económica para América Latina y el Caribe, la CIDH consideró positivo que se implementen medidas para abordar las causas estructurales de la migración forzada, como promover el desarrollo y condiciones de vida dignas para todas las personas en sus comunidades de origen.
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