Titulares de los Principales Medios de Circulación Nacionales

En el Senado, 97 tienen sueldo élite; políticos de Morena, PAN y MC, entre ellos

CIUDAD DE MÉXICO.

Luego de aplicar el plan de austeridad dentro del Senado de la República, la nómina del órgano legislativo tiene un grupo de élite de 97 personas que percibe sueldos brutos mensuales mayores a los 100 mil pesos.

Los salarios asignados van desde 14 mil 587 pesos, el más bajo, hasta 151 mil 33 pesos, el más alto. De la nómina, que se compone de mil 310 empleados, 63 ganan 143 mil 297 pesos como sueldo bruto mensual y nueve cobran 148 mil 549.

Entre esos nueve están activos políticos como Juan Manuel del Río Virgen, de Morena, secretario técnico de la Junta de Coordinación Política.

Hay otro grupo de 32 empleados que gana 143 mil 867 pesos brutos al mes. Entre ellos están los exdiputados federales Jorge Álvarez Máynez, de Movimiento Ciudadano, y Juan Pablo Adame Alemán, del PAN.

También se observa a Gilberto Francisco Encinas, excoordinador de campaña de López Obrador en San Luis Potosí, con sueldo de 143 mil 867 pesos; y Sergio Ramírez Robles, actual director general de Comunicación Social del grupo parlamentario del PAN, con 143 mil 867 pesos.

Así de austeros

La nómina del Senado se compone de mil 310 empleados que perciben sueldos brutos mensuales que van desde los 14 mil 587 pesos, hasta:

151 mil 33 pesos, para los secretarios generales de Servicios Parlamentarios, y de Servicios Administrativos.

148 mil 549 pesos, nueve empleados, entre ellos activos políticos.

146 mil 427 pesos, el coordinador del Cuerpo Técnico Profesional.

143 mil 867 pesos, 32 personas adscritas a los grupos parlamentarios.

143 mil 297 pesos, ganan otros 63 trabajadores.

Políticos, parte de élite salarial en el Senado

Pese a las medidas de austeridad, 97 empleados de la Cámara alta ganan entre 100 mil y hasta 151 mil pesos brutos.

Una vez aplicada la austeridad, el Senado se quedó con una élite salarial de 97 empleados con percepciones mensuales de al menos 100 mil pesos brutos, entre ellos 63 que ganan 143 mil 297 al mes y nueve que cobran 148 mil 549 pesos brutos, incluidos activos políticos como Jorge Álvarez Máynez, de Movimiento Ciudadano; Juan Pablo Adame Alemán, del PAN y Juan Manuel del Río Virgen, de Morena.

De acuerdo con la nómina del Senado, que incluye mil 310 empleados con un sueldo mínimo mensual de 14 mil 587 pesos brutos para sólo tres empleados y un salario máximo mensual de 151 mil 33 pesos para los secretarios generales de servicios Parlamentarios, Arturo Garita, y Administrativos, Mauricio Farah, hay también un grupo de 32 empleados con un sueldo bruto mensual de 143 mil 867 pesos, que están adscritos a los grupos parlamentarios.

Es en ese listado de salarios de 143 mil 867 pesos brutos mensuales donde se pueden ver los nombres de los exdiputados federales Jorge Álvarez Máynez, de Movimiento Ciudadano, y a Juan Pablo Adame Alemán, del PAN, mientras que en el grupo de funcionarios del Senado de alto nivel jerárquico está Juan Manuel del Río Virgen, con un ingreso mensual bruto de 148 mil 549 pesos, al ser el Secretario Técnico de la Junta de Coordinación Política, y a Gerardo Villanueva Albarrán, adscrito a la Mesa Directiva, con un salario mensual bruto de 143 mil 867 pesos.

Rodolfo Rubén Islas Ramos fue senador suplente de Luis Sánchez, en la LXIII Legislatura; hoy es parte de los trabajadores de grupos parlamentarios que tienen ingresos mensuales brutos de 143 mil 867 pesos.

Con un ingreso mensual de 146 mil 427 pesos está también Sergio Alejandro Durán Álvarez, coordinador del Cuerpo Técnico Profesional y quien fuera parte de la comisión de elección de los candidatos de Morena en el proceso electoral del año pasado.

De igual forma, está Federico Anaya Gallardo, coordinador de la Consultoría Jurídica, quien gana 148 mil 549 pesos brutos mensuales y quien fue abogado general de la Universidad Autónoma de la Ciudad de México. Ayer Excélsiorinformó que en el área que dirige existen seis empleados que carecen de experiencia profesional en el ámbito del derecho parlamentario, incluso algunos no tienen título, pero son parte de los asesores de los senadores en la materia.

En el grupo de los activos políticos de los diversos partidos políticos representados en el Senado se observa a Gilberto Francisco Encinas Espejel, quien fuera el coordinador de campaña de Andrés Manuel López Obrador en San Luis Potosí, que ahora es parte de los empleados del grupo parlamentario de Morena, donde obtienen ingresos mensuales brutos de 143 mil 867 pesos.

También con un salario mensual bruto de 143 mil 867 pesos está José Rodrigo Ávila Carrasco, quien fue el representante suplente de Morena ante el Instituto Nacional Electoral (INE); hoy trabaja en la Mesa Directiva. Además, Marcos Alejandro Gil González, quien ha ocupado varios cargos en Morena de la Ciudad de México.

Pero, además de activos partidistas, en el listado del grupo de empleados de altos salarios adscritos a los grupos parlamentarios existen quienes han colaborado de cerca con algunos grupos políticos, como Sergio Ramírez Robles, actual director general de Comunicación Social del grupo parlamentario del PAN, quien obtiene un salario de 143 mil 867 pesos brutos. Él fue el vocero del exgobernador de Puebla, Rafael Moreno Valle Rosas, muerto en diciembre pasado.

Y Rodrigo Ávila Barreiro, quien trabajó con Miguel Ángel Osorio Chong en la Secretaría de Gobernación y ahora es secretario técnico del Instituto Belisario Domínguez.

Extinción de dominio a transportistas polleros

Los 785 migrantes que fueron “rescatados” de cuatro tráileres el sábado pasado pagaron en total 69 millones de pesos para llegar al norte de manera ilegal, informó el canciller Marcelo Ebrard, quien advirtió que buscarán aplicar la extinción de dominio a la empresa propietaria de las unidades de transporte y pedirán a Estados Unidos que investigue quiénes reciben a estos grupos a su llegada a ese país. 

En conferencia de prensa con el presidente Andrés Manuel López Obrador, el secretario de Relaciones Exteriores detalló que los migrantes pagaron, de entrada, tres mil 500 dólares para que los llevaran a Estados Unidos y algunos pagaron cinco mil dólares con la oportunidad de una segunda vuelta en caso de ser detenidos, pese al peligro de morir asfixiados. “(Los indocumentados) pagan de 10 a 15 millones de pesos de comisiones en el tránsito, solamente estoy hablando de estos cuatro tractocamiones con ocho cajas, que se denominan cajas secas.

 Se dio vista a la Fiscalía General de la República y a la estatal, que están a cargo de las investigaciones, pero lo que sabemos hasta ahora, que quisiera subrayar, es el tamaño del tráfico de personas; es decir, esta sola operación significa alrededor de 69 millones de pesos en promedio, de acuerdo con lo que han informado los afectados”, detalló el canciller. Ebrard dijo que con estas cantidades “estamos ante uno de los tráficos de personas más importantes del mundo” y destacó que la mayor parte del pago se realiza en sus países de origen, antes de salir, o al llegar a Estados Unidos, por lo que las autoridades de las naciones involucradas deberán colaborar en las investigaciones, mientras que en el caso de México ya se interpusieron las denuncias correspondientes ante la Fiscalía General de la República por tráfico de personas, para determinar exactamente quiénes están involucrados y cómo funcionan. 

Advirtió que en el caso de las empresas que colaboran con el tráfico de migrantes, como el caso del fin de semana, se buscará la extinción de dominio, pues tienen conocimiento de este negocio. “Hay transportistas que suponen que basta con decir que no sabían para eludir cualquier tipo de sanción, pero vamos a suponer que hubiese habido un accidente con estas personas el fin de semana. ¿Qué dirían los propietarios de estos tractocamiones? Que no tenían conocimiento, seguramente, pero la ley dice que sí tienen responsabilidad y que ya no basta con decir que no se sabía, porque evidentemente sí se sabe, es casi imposible que unos tractocamiones con las cajas secas estén varios días dando servicio y los propietarios no sepan dónde están. 

“Ahora, si no lo supieren y les sorprendiese, tendrían que haber hecho alguna denuncia, pero en este caso no hay ninguna. Es evidente que es un negocio mucho muy lucrativo”, expresó Ebrard. En tanto, el titular de la Unidad de Inteligencia Financiera, Santiago Nieto, dijo que ayer se comenzaría con el bloqueo de cuentas bancarias de un bloque de nueve empresas, entre las que se encuentra la propietaria de estos tráileres. 

Luego de que hace 10 días informó del congelamiento de 26 cuentas bancarias relacionadas con el presunto tráfico de migrantes, detalló que hoy mismo comenzará el proceso para sumar a la empresa responsable de las unidades aseguradas el sábado en Veracruz. “Tenemos 26 casos bloqueados y denunciados ante la Fiscalía General de la República y hoy se presentará uno nuevo respecto al caso que vimos en Veracruz, en el que se seguirá el proceso penal y donde casi 800 migrantes eran llevados en condiciones prácticamente infrahumanas”, señaló. Nieto confirmó que en estos casos “hay temas relacionados” con Irineo Mújica y Cristóbal Sánchez, los defensores de migrantes que fueron liberados hace unos días.

Inauguran megaplanta de energía solar; beneficiará a 120 mil familias

Con una extensión equivalente a 220 campos de futbol soccer, se inauguró en Hidalgo la central de producción de electricidad mediante energía solar Guajiro, en la que se invirtieron 118 millones de dólares. La granja fotovoltaica está localizada en la comunidad de Nopala de Villagrán; es propiedad de la empresa Atlas Renewable Energy, y nace con el apoyo de iniciativa privada, academia, gobierno y asociaciones civiles. Espera generar electricidad para más de 120 mil familias por año.

En este marco, el lunes la Asociación Mexicana de Energía Solar (ASOLMEX) informó que en el primer semestre de 2019 el sector solar creció 32 por ciento, al pasar de 3 mil 75 megawatts en diciembre de 2018 a 4 mil 57 megawatts en junio de 2019.

En Hidalgo, Atlas invirtió más de 118 millones de dólares y contó con la participación del Banco Mexicano de Comercio Exterior (Bacomext), que proporcionó un financiamiento a largo plazo por un monto de 88.5 millones de dólares.

La Central Fotovoltaica Guajiro ya tiene un acuerdo de compraventa de energía (PPA) con la Comisión Federal de Electricidad (CFE). La planta cuenta con más de 370 mil paneles, y tiene una superficie de 410 hectáreas. Además, para priorizar la seguridad ambiental, se plantaron más de 36 mil árboles y casi 7 mil especies no arbóreas dentro del área del proyecto. Además, se aseguró tener un manejo cuidadoso de la flora y fauna ya existente, replantando aproximadamente 2 mil 900 especies distintas de flora autóctona del área.

El servicio ambiental que se calcula por la operación de la Central Fotovoltaica Guajiro será evitar la emisión de 215 mil toneladas de Dióxido de Carbono (CO2) al año, lo que puede compararse al impacto positivo para el ambiente que implicaría retirar de circulación 46 mil automóviles durante el mismo período de tiempo.

De acuerdo con datos de la compañía Atlas Renewable Energy, las fases de construcción, desarrollo y operación de sus plantas crearon cerca de 900 empleos directos con mano de obra local durante la construcción de la planta, así como a través de la remodelación de instituciones públicas como escuelas, clínicas, bibliotecas y caminos. Además, la construcción de Guajiro se hizo a la par de una alianza con The Pale Blue Dot, una organización mexicana que promueve proyectos educativos a largo plazo. La implementación del proyecto, que consiste en la creación de aulas digitales en ocho escuelas hasta el momento y una biblioteca pública, permite que más de 400 alumnos de las comunidades cercanas a la Central Fotovoltaica Guajiro tengan acceso a internet y a una plataforma digital de aprendizaje.

TENDENCIA SOLAR. En los primeros seis meses de 2019, el sector solar en México creció 32 por ciento. Héctor Olea, Presidente de ASOLMEX, indicó que este país puede ser un jugador mundial en energía solar, una de las más competitivas y de mayor dinamismo. “El crecimiento sostenido de la energía solar contribuye a atender la demanda de electricidad del país, que crece a un ritmo anual superior a 3 por ciento”

Al concluir 2018, México contaba con 38 centrales solares en operación comercial, ubicadas estratégicamente en once estados. Al iniciar junio, ya se cuenta con 44 parques solares en 14 entidades federativas que están en operación comercial, con una capacidad instalada de 3 mil 364 MW, lo que representa un crecimiento de 34% en generación solar a gran escala. En este rubro se han alcanzado inversiones directas por más de 6 mil 500 millones de dólares, así como la creación de más de 50 mil empleos en toda la cadena de valor.

En la mira, empleados del INM por corrupción

Personal del Instituto Nacional de Migración (INM) es investigado, luego de los casos detectados de tráfico ilegal de migrantes.

En entrevista con El Heraldo de México, el recién nombrado titular del INM, Francisco Garduño, aseguró que se indaga a todos los que pudieran estar implicados en estos casos, pues puede haber colusión de autoridades.

Garduño aseguró que, ante la crisis migratoria que vive el país, el combate a la corrupción es uno de los ejes de su administración, así como el respeto a los derechos humanos y la protección humana.

Hasta ahora 600 policías federales se han incorporado al INM como agentes migratorios.

¿Cuáles han sido sus primeras acciones como titular del INM?

Trabajando en campo, trasladando a todos los agentes migratorios habilitados en la zona fronteriza del sur y en la zona fronteriza del norte, en Reynosa y esto es la actividad más importante, fundamental, a fin de tener a la autoridad migratoria en estos operativos.

Traemos ya otros operativos de rescate de migrantes de los polleros y de los que trafican con la tragedia humana.

¿Hay autoridades coludidas?

Autoridades, pueden ser civiles, policías municipales, entonces hay que ver hasta dónde llega la corrupción.

¿Se investiga a personal de Migración por estos casos?

A todos los que estén implicados.

¿Cuántos agentes migratorios tienen en el despliegue?

Nuevos, mil, y sumarían 2 mil 400 con los que ya había en el INM.

¿Hay policías federales como agentes migratorios?

Ya se incorporaron, unos eran policías federales, otros estaban en personal penitenciario, otros se estaban dando de alta en el INM y todos suman mil.

¿Eran custodios?

Algunos de ellos sí, incluso son quienes acaban de terminar en la academia penitenciaria y pasaron el curso que se hace, además del examen de confianza que también se les aplica.

¿Se sabe cuántas bandas operan el tráfico de personas?

No podemos todavía señalar cuántas porque es un sinnúmero de gente que fue traída y ha sido transportada en un negocio de hampones que cobran hasta cinco mil dólares por estar pasando a las personas.

¿Se sabe cómo operan?

Los reclutan desde los países vecinos, les cobran, después los trasladan a zonas fronterizas y después a unas casas o sitios o campamentos y después de ahí los trasladan a vehículos diferentes en forma clandestina.

¿Sabe si son de algún cártel?

No tenemos todavía esa precisión.

¿Cuántas rutas tienen los polleros?

Estamos en eso, evidentemente casi lo hacen cerca del Golfo más que del Pacífico, en el Golfo es donde transitan todos, pasando por Oaxaca, Veracruz, Hidalgo, Tamaulipas y de ahí se van hacia el norte.

¿El último caso es en Veracruz?

De Acayucan, el sábado, y después hay otros y uno más en CDMX.

¿Es el mismo modus operandi?

Sí, se sigue operando para tratar de descubrir todos los sitios donde ha estado esta gente operando y rescatando a los migrantes.

Garduño Yáñez también conversó con el periodista Salvador García Soto, en El Heraldo Radio, y señaló que se mantendrán los operativos en el sur de país con estricto apego al respeto de los derechos humanos.

“Vamos a revisar hoteles, casas que tengan estas personas casi secuestradas a los migrantes, y a seguir con los retenes”, informó.

Por Diana Martínez

Iniciativas de Morena, por bajar 75% gasto en INE, Oples y partidos

La bancada de Morena en la Cámara de Diputados impulsa una nueva Reforma del Estado que reduzca en 15 mil millones de pesos los costos anuales para la estructura y organización de elecciones, con lo cual éstos pasarían de 20 mil millones de pesos a cinco mil millones, mediante la desaparición de los Organismos Públicos Locales Electorales (Oples), el recorte de prerrogativas en 50 por ciento a partidos políticos federales y locales y la reconformación del Consejo General del Instituto Nacional Electoral (INE) de 11 a siete consejeros.

El coordinador del partido en la Cámara de Diputados, Mario Delgado, y su compañera de bancada Tatiana Clouthier argumentaron en sendas iniciativas que en los últimos 20 años, México ha multiplicado por 10 las prerrogativas a las fuerzas políticas, ya que pasaron de 386 millones de pesos en 1997 a tres mil 941 millones en 2017. Por ello, el 5 de marzo pasado, propusieron una reducción de subsidios al 50 por ciento, que también aplicaría a los partidos políticos locales.

César Agustín Hernández, diputado morenista, destacó que en la iniciativa que presentó sobre el tema expuso que “los consejeros del INE se encuentran entre los tres (países) que tienen el periodo más largo en el cargo, sólo por debajo de Panamá y Chile”. 

En 2016, “los 11 consejeros electorales del INE costaron al erario más de 308.9 millones de pesos, cifra que equivale en promedio a más de 28.8 millones de pesos cada uno; además de que éste tiene el mayor número de integrantes en los órganos electorales en Latinoamérica”, resaltó el legislador.

En entrevista con La Razón, Sergio Gutiérrez Luna, coordinador del grupo de trabajo para la Reforma del Estado y Electoral en la Cámara de Diputados, aseguró que a finales de agosto este recinto contará con un proyecto consensuado para aprobarlo a partir de septiembre próximo y organizar los comicios federales y concurrentes de 2021 con otra estructura electoral. Sobre los tribunales electorales, no consideró cambios de fondo. 

En contraste, “los Oples deben desaparecer porque la Reforma Electoral de 2014 los convirtió en un híbrido con facultades demeritadas que ha quedado rebasado; cuestan más de nueve mil millones de pesos anuales, y eso no puede seguir; el INE puede organizar las elecciones federales y locales”, afirmó.

En cuanto a las declaraciones de Lorenzo Córdova, consejero presidente del INE, en el sentido de que “la memoria histórica es breve y ello induce al olvido y al error”, consideró que “quiere distraer la atención, porque todos sabemos que las reglas y los órganos electorales deben dar certeza, pero sin un despilfarro irracional”. 

“Ajustaremos ese gasto sin trastocar la certeza. Él dice que si hay recortes va a fallar la certeza, yo no lo veo así, porque él y el INE son los encargados de garantizarla y vamos a generar un marco normativo para eso, pero no a cualquier precio. Queremos autocrítica con propuestas de ahorro, que no han presentado y tampoco han dicho nada sobre la estructura obesa de los órganos electorales”, añadió.

Gutiérrez Luna planteó en la iniciativa que presentó el 7 de marzo pasado, el fortalecimiento de las juntas locales, “con la creación de un consejo permanente designado por las dos terceras partes de la Cámara de Diputados, para que aplique las leyes electorales federales y estatales”. 

En cuanto a los tribunales electorales, resaltó que “la justicia, ya sea familiar, mercantil o penal, debe tener como mínimo dos instancias. La primera serían las salas regionales y la segunda, la Sala Superior del Tribunal, para no saturarla nuevamente. Los tribunales locales pueden permanecer resolviendo asuntos locales”. 

                    En riesgo, 500 mdd de Afores por Oro Negro

Juan Luis Ramos | El Sol de México

Las inversiones por 500 millones de dólares que las Afores Citibanamex y Sura hicieron en Oro Negro están en riesgo. La empresa de servicios petroleros que el viernes fue declarada en quiebra no tiene activos de valor para pagar sus deudas con tenedores de bonos, trabajadores e inversionistas, dice en entrevista con El Sol de México Daniel Díaz, abogado de los acreedores.

En 2013, las Afores inyectaron recursos a la empresa a través de Axis Capital, un fondo creado por Gonzalo Gil White, hijo del exsecretario de Hacienda, Francisco Gil Díaz, y CEO de la empresa.

“Axis se convirtió en el mayor accionista de Oro Negro, lo que volvió a Oro Negro en una compañía mayoritariamente propiedad de trabajadores mexicanos a través de sus ahorros en fondos de pensiones”, señaló el fondo en un comunicado ese año.

Daniel Díaz explicó que si se llega a recuperar algo servirá para pagar en primera instancia sus deudas con el Servicio de Administración Tributaria (SAT), luego las liquidaciones de los empleados, posteriormente los créditos garantizados y no garantizados, es decir la deuda con acreedores, y, si sobra algo, a los accionistas, entre ellos a las Afores.

Las plataformas que Oro Negro rentó a Pemex por cantidades millonarias durante la gestión de Emilio Lozoya como director de la petrolera pertenecían a empresas en Singapur, que eran acreedoras de la compañía de Gil White.

En mayo, un juez federal ordenó devolver esos equipos porque Oro Negro no pudo demostrar que tenía recursos para darles mantenimiento.

La empresa contaba con la renta de las plataformas, pero desde que Pemex le rescindió contratos en septiembre de 2017 dejó de generar ingresos, además de cargar con una deuda de 950 millones de dólares con acreedores.

Foto: Especial

Daniel Díaz recordó que quien sea designado como síndico de Oro Negro esta semana podrá rematar los bienes de la empresa para obtener recursos y así liquidar sus deudas, pero el único activo de valor es el que se le pueda asignar a los juicios que tiene en contra de Pemex, de sus acreedores y del gobierno mexicano.

“Hoy es difícil asignarles valor a los dos juicios, uno en contra de Pemex y otro, el nuevo que presentaron en NY en contra de los mismos bonistas/acreedores que les prestaron el dinero”, comentó.

El síndico podría optar por desistir de los juicios por demandas de más de dos mil 500 millones de dólares, debido a que la empresa está en quiebra, o bien determinar si hay posibilidad de ganarlos y recuperar algo de esos montos.

En el tema de las Afores, la Comisión Nacional del Sistema de Ahorro para el Retiro (Consar) dijo a este diario que dichas inversiones se realizaron durante la administración anterior y sus efectos sobre los ahorros de los trabajadores se reflejaron en su totalidad desde que inició la controversia legal entre Oro Negro y sus clientes. "Es importante subrayar que ello no se reflejará en minusvalías en detrimento de los ahorros de los trabajadores y demás afiliados al Sistema de Ahorro para el Retiro”.

Sobre este tema, Sura dijo que no tenía ningún comentario, mientras que Citibanamex respondió que mantiene “un portafolio de inversiones diversificado en distintos instrumentos financieros que protege e incrementa el ahorro para el retiro y disminuye riesgos”.

SHCP lleva al límite de tiempo compra pública de medicinas

En materia de abasto de medicamentos para el sector salud, el gobierno está llevando los tiempos de espera al límite. A menos de dos semanas de terminar el primer semestre del 2019, la proveeduría de medicamentos para la segunda mitad del año aún no está asegurada y el calendario de la licitación respectiva, que lleva la oficialía mayor de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP), enfrenta un nuevo retraso.

Programado para el 20 de junio, el fallo de la primera compra global de medicamentos del gobierno de Andrés Manuel López Obrador no puede darse hasta que se dé respuesta a las miles de dudas que los proveedores tienen sobre el proceso, lo cual no sucederá para esa fecha, de acuerdo con la Cámara Nacional de la Industria Farmacéutica (Canifarma).

Sin embargo, la megacompra debe concluir antes del 1 de julio para que esté en tiempo la distribución de casi 1,000 millones de piezas en todos los puntos del país y no exista el riesgo de falta de producto en la estantería de los hospitales públicos.

De acuerdo con la convocatoria No. LA-012000991-E82-2019 que emitió la Secretaría de Salud, el 11 de junio se realizarían las juntas de aclaraciones respectivas, para luego dar paso el 18 de junio a la presentación y apertura de proposiciones y concluir el proceso el 20 de junio a las 5 de la tarde, con el fallo al que se destinarán recursos del orden de 17,000 millones de pesos.

No obstante, el acto de aclaración de dudas se pospuso en tres ocasiones, a pesar de que se publicaron los tiempos en el Diario Oficial de la Federación, debido “a la cantidad de preguntas que presentaron los proveedores, arriba de 5,700 dudas, y que no alcanzó a contestar la autoridad. Esto habla de la magnitud de la problemática que se puede presentar en este nuevo modelo que pretende implementar el gobierno federal”, dijo en entrevista Rafael Gual Cosío, director general de la Cámara Nacional de la Industria Farmacéutica.

De ahí que se esperan cambios en el anuncio del fallo de la licitación, pues el reglamento estipula que del acto de presentación de las ofertas debe realizarse seis días hábiles después de que se analizaron las dudas y aclaraciones, si esto fuera así, “hoy se cerraría el proceso para presentar las dudas y entonces sería hasta el próximo lunes 24 de junio cuando se presenten las ofertas”.

Distribución, el mayor reto

La compra de medicamento en el país pasará de un modelo de compra consolidad, misma que encabezó el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) y con el que, de acuerdo con la administración anterior, se reportaron ahorros del orden 20,649 millones de pesos en los últimos seis años, a un modelo que estará a cargo de la SHCP y que contempla la compra directa de medicamento a los laboratorios, eliminado a los distribuidores logísticos.

Tras reconocer que “éste es un nuevo esquema, totalmente diferente y por eso existen tantas dudas por parte de la proveeduría”, el presidente de la Canifarma comentó que “la principal diferencia es que quienes tienen que cotizar (en la licitación) son los proveedores de medicamentos, es decir, los fabricantes, quienes tienen los registros sanitarios, y no el operador logístico como se venía haciendo en todas las demás licitaciones, lo que trae una serie de complicaciones importantes para la industria, porque no estaba habituada para llevar estos procesos; inclusive, tuvimos que tomar seminarios para poder darnos de alta como empresas proveedoras del gobierno”.

La preocupación de la Canifarma, insistió Gual Cosío, “no radica en quién será o no el distribuidor, sino en que todos los tratamientos lleguen en óptimas condiciones hasta las manos de las personas que los necesitan”.

Cabe destacar que los medicamentos se entregaban en 2,000 puntos, a través de los más de 15 operadores logísticos que recogían el producto con las farmacéuticas y lo llevaban a todo el país, utilizando los almacenes de los distribuidores y había toda una programación.

“El laboratorio entregaba al operador logístico y éste lo concentraba y lo llevaba a los diferentes puntos, así se hizo desde el 2012 hasta el primer semestre del 2019; lo que ahora pasa es que quien tiene que cotizar no es un operador logístico, necesariamente tiene que ser el fabricante, entonces esto complica totalmente la operación de los laboratorios, y tienen que entregar en siete almacenes un volumen altísimo de piezas, que implica un problema”, detalló Gual Cosío.

Dijo que si bien la industria tiene la capacidad para cumplir con el abastecimiento de medicamentos en el IMSS, ISSSTE, Marina, Pemex y reclusorios, “es indispensable que el proceso considere el tiempo y las condiciones que se requieren”, sostuvo.

La última licitación consolidada de medicamentos se llevó a cabo en noviembre del 2018 y serviría para abastecer medicamentos este año, pero sus resultados fueron suspendidos por la actual administración. En el proceso participaron 43 entidades compradoras: cinco dependencias, 15 entidades federativas y 23 institutos de la Secretaría de Salud. Asimismo, contemplaba la compra de 834 claves de medicamentos, 521 de material de curación y 26 correspondientes a vacunas.

IP: el Plan Nacional de Desarrollo, un listado de buenas intenciones

El sector empresarial definió que el Plan Nacional de Desarrollo es un listado de buenos deseos, y planteó a la Cámara de Diputados ampliar el plazo para la discusión, aprobación y rectificación de un proyecto que es deficiente, e incluso reclamó que la inseguridad puede afectar la decisión de invertir.

Ayer la Junta de Coordinación Política de la cámara convocó al Consejo Coordinador Empresarial, la Confederación de Cámaras Nacionales de Comercio, la Confederación de Cámaras Industriales, el Consejo Nacional Agropecuario y la Confederación Patronal de la República Mexicana a presentar sus posturas sobre el plan.

Durante la reunión, los representantes de las cúpulas cuestionaron la política de austeridad y llamaron a que ésta no incida en ineficacia gubernamental, e incluso plantearon reconsiderar los proyectos de infraestructura.

En respuesta, el coordinador de la bancada de Morena, Mario Delgado, sostuvo que la austeridad no es una moda... Las grandes obras de infraestructura son proyectos de desarrollo regional, como el Tren Maya, el Tren Transístmico o la refinería de Dos Bocas.

No obstante, Juan de Dios Barba, de la comisión para el desarrollo democrático de Coparmex, expuso que esos proyectos no pueden ser exitosos si el gobierno no cuenta con permisos, estudios de viabilidad técnica, económica y ambiental que los sustenten. Primero los estudios y luego la ejecución de los proyectos, insistió.

Él mismo definió al PND como un anteproyecto, en el mejor de los casos, y agregó que México merece más que esto. Es bastante mejorable... Para combatir la pobreza, hay que generar riqueza, no quitarles a unos para darles a otros.

También, José Manuel López Campos, presidente de la Confederación de Cámaras Nacionales de Comercio, sostuvo que la percepción que se tiene con los recortes, la austeridad, la cancelación de plazas y direcciones puede ser muy optimista; sin embargo, queremos que no incida en la funcionalidad, en la eficacia y la productividad que se requiere para acompañar al modelo de crecimiento al que aspiramos, acotó.

Además expresó su preocupación ante una posible afectación a la autonomía del Instituto Mexicano del Seguro Social y del Instituto del Fondo Nacional de Vivienda para los Trabajadores. Exigió de los diputados señales claras de que se respetará el modelo tripartita y cómo se acotará la intervención de la autoridad.

Bosco de la Vega, presidente del Consejo Nacional Agropecuario, expresó su preocupación respecto de las medidas de austeridad, porque, ejemplificó, funcionarios de las secretarías de Relaciones Exteriores y de Economía no pueden salir del país si no lo autoriza el Presidente, para atender crisis por medidas contra productos mexicanos, como ocurrió con el impuesto de 17.5 por ciento al tomate.