Guardia Nacional inicia operaciones; vigilan municipios de Veracruz y Oaxaca
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CIUDAD DE MÉXICO.
Con el objetivo de combatir la inseguridad en Veracruz, la Guardia Nacional entró en funciones oficialmente en el municipio de Minatitlán, donde hace una semana un comando asesinó a 13 personas en una fiesta.
En su conferencia matutina, el presidente Andrés Manuel López Obrador aseguró que, a pesar de que aún faltan las leyes secundarias de la nueva corporación, ya puede ordenar el despliegue de efectivos.
Los militares y policías federales que patrullaron ayer Minatitlán vestían sus uniformes regulares, pero portaban en el brazo izquierdo un distintivo con las siglas GN.
Por la tarde, el secretario de la Defensa Nacional, Luis Cresencio Sandoval, detalló que en Veracruz habrá ocho coordinaciones regionales, la primera de las cuales abarcará a Minatitlán, Cosoleacaque y Coatzacoalcos.
Los más de mil efectivos desplegados en el estado harán revisiones a vehículos que consideren sospechosos y patrullajes al interior de los citados municipios.
El gobierno de Oaxaca informó ayer que otros 300 elementos de la Guardia combatirán delitos en la Cuenca del Papaloapan, colindante con Veracruz.
En tanto, los expertos José Elías Romero Apis y Jorge Fernández Menéndez, colaboradores de Excélsior, coincidieron en que la Guardia Nacional podría enfrentar conflictos legales al no tener un marco jurídico de operación sustentado en las leyes secundarias que faltan.
ARRANCA GUARDIA EN MINATITLÁN
La Guardia Nacional arrancó operaciones oficialmente ayer en este municipio veracruzano, donde hace una semana se perpetró una matanza de 13 personas, incluido un menor de un año de edad.
El anuncio lo hizo ayer el presidente Andrés Manuel López Obrador, por la mañana, el cual reiteró por la tarde en este municipio, donde entregó apoyos de Programas Integrales de Bienestar, y ofreció condolencias a los familiares de las víctimas.
Mi pésame a los familiares de las víctimas de Minatitlán. Decirles que se está haciendo la investigación, que va a haber justicia, no es de que ya se cometieron estos crímenes y no pasa nada, va a seguir lo mismo, no.
Aquí estamos, tiene que haber justicia, todos tenemos derecho a vivir en paz, a que haya tranquilidad y vengo a Minatitlán, repito, a decirles que no están solos, tienen el respaldo, el apoyo total, completo, al 100 de su gobierno, del gobierno de la República”, manifestó en el Parque Reforma.
Previo a la llegada de la comitiva presidencial a Veracruz, mil efectivos de las distintas corporaciones de la Guardia Nacional comenzaron a patrullar la zona.
Por la mañana, el Presidente informó que la Guardia comenzaba operaciones en el sur de Veracruz y en Oaxaca, para bajar los altos niveles de inseguridad en los municipios de Minatitlán, Co soleacaque y Coatzacoalcos.
En conferencia de prensa, destacó que la Guardia Nacional también iniciará funciones en Tijuana, Baja California, y Cancún, Quintana Roo, ciudades atacadas por la inseguridad.
LO MÁS IMPORTANTE ES LA SEGURIDAD PÚBLICA
El jefe del Ejecutivo afirmó a los veracruzanos que “lo más importante es la seguridad pública, por eso decidimos crear la Guardia Nacional”, y dijo que, por las circunstancias, se decidió poner aquí la primera coordinación.
La defensa nacional, si se requiriera, para ello está todo el pueblo de México”, dijo.
Recordó que este cuerpo armado desplegará 266 coordinaciones territoriales, y en cada una habrá un mando único y elementos de la Policía Militar, Policía Naval y Policía Federal, coordinados por un mando castrense.
Dijo que las operaciones inician con mil elementos y que en Veracruz habrá ocho coordinaciones.
-Con información de Raúl Flores
ES UNA DECISIÓN APRESURADA: ESPECIALISTAS
Expertos alertaron sobre el conflicto legal que podría enfrentar la Guardia Nacional al entrar en operaciones sin estar aprobadas las leyes secundarias en la materia.
El jurista José Elías Romero Apis advirtió que la Guardia, que ayer inició operaciones en Minatitlán, Veracruz, está avalada por el Congreso, pero sin leyes secundarias, lo que podría provocar que sus actividades sean inconstitucionales.
El abogado y político consideró que “mientras todavía no esté toda la reglamentación (la Guardia Nacional) puede tener todavía un problema de legalidad. Sobre todo en lo concerniente a las facultades sustantivas, pese a las atribuciones que puedan tener o que puedan desempeñar”.
Según el especialista, el principal problema podría ser que las acciones de esta Guardia sean consideradas anticonstitucionales y, por lo tanto, correrían el riesgo de anularse. “Pudiera tener un problema de constitucionalidad, pudiera ser que los actos que hicieran fueran tachados de indebidos y de anulados, es el problema que pudiera tener”.
IMPEDIMENTOS
En el mismo sentido opinó Jorge Fernández Menéndez, especialista en seguridad nacional, quien dijo que los elementos de la Guardia Nacional podrían enfrentar conflictos legales, al no tener un marco jurídico sustentado por las leyes secundarias que no han sido discutidas por los diputados.
Consideró que fue una “decisión apresurada” la puesta en marcha de la Guardia Nacional.
Resaltó que a pesar de que la Guardia Nacional puede ejercer por mandato constitucional al ser aprobado su creación por los legisladores, pero tiene impedimentos legales al no haber leyes secundarias que norman su procedimiento.
Constitucionalmente está aprobada, pero cualquier problema (hará) que enfrente problemas o conflictos legales, porque no hay una norma legal que establezca el procedimiento sobre los cuales debe trabajar”.
Me parece que es una decisión un poco apresurada que puede complicar el funcionamiento de la Guardia más que solucionarlo”.
- Eréndira Espinosa y Raúl Flores
PATRULLAN YA EN OAXACA 300 ELEMENTOS
Un destacamento de 300 elementos, entre militares y policías federales, agrupados en la Guardia Nacional, reforzará la seguridad y vigilancia en la Cuenca del Papaloapan, colindante con Veracruz.
Leonel Cota Montaño, subsecretario de la Secretaría de Seguridad, destacó que el nuevo cuerpo de seguridad trabajará en coordinación con las instituciones similares de estados y municipios.
Invitado a la Mesa de Seguridad Regional integrada por mandos policiacos de los tres órdenes de gobierno, el funcionario reiteró el compromiso de la Federación al gobernador, Alejandro Murat, en la materia.
Venimos a apoyarlos y a colaborar con los gobiernos municipales también”.
Anunció que en breve se iniciará la construcción del primer cuartel de la Guardia Nacional para tengan “las instalaciones necesarias para su operación en favor de la seguridad de los municipio de San Juan Bautista Tuxtepec y Loma Bonita”.
La primera partida de la Guardia Nacional desplegada en la Cuenca del Papalopan está integrada por 200 militares y 100 policías federales para involucrarse en acciones que incluyen recorridos de seguridad y vigilancia, así como puestos de revisión en carreteras locales y federales, al igual que en las colonias aledañas y céntricas de los municipios de esa región.
- Patricia Briseño / Corresponsal
Prohíben a Pemex, Fiscalía y CFE negociar con Odebrecht
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El gobierno mexicano prohibió este viernes a todas sus dependencias y a los estados del país participar en contrataciones públicas de carácter federal con las empresas Odebrecht Ingeniería y Construcción Internacional de México y Constructora Norberto Odebrecht, por un periodo de tres años. En un comunicado, la Secretaría de la Función Pública (SFP) dio a conocer el impedimento a las instituciones de la administración pública, empresas productivas del Estado, entidades federativas y Fiscalía General de la República.
Asimismo, indicó que la medida se debe a que se resolvieron dos procedimientos sancionadores, uno contra Odebrecht Ingeniería y Construcción Internacional de México, SA de CV, porque presentó información falsa, durante la celebración de un convenio modificatorio de un contrato de construcción, al no cumplir con los requerimientos legales y autorizaciones necesarias para celebrarlo. El otro dictamen sancionador es contra Constructora Norberto Odebrecht, SA, porque realizó cobros excesivos a Pemex Refinación, en detrimento de su patrimonio.
La prohibición, publicada en el Diario Oficial de la Federación, se extendió a todas las entidades federativas del país (estados) “cuando utilicen recursos federales conforme a los convenios celebrados con el Ejecutivo Federal”. No obstante, se señaló que los contratos adjudicados y los que actualmente se tenga formalizados con las empresas infractoras, filiales de la firma brasileña Odebrecht, no quedarán comprendidos en esa inhabilitación. Odebrecht se vio envuelta en un escándalo tras admitir el pago de sobornos en 12 países por unos 788 millones de dólares.
En México, el caso apuntó hasta al director general de Pemex entre 2012 y 2016, Emilio Lozoya, acusado de recibir 10 millones de dólares. En diciembre de 2017, México impuso una sanción a Odebrecht y la inhabilitó por cuatro años para obtener contratos públicos, después de que se demostró el cobro indebido de 119 millones de pesos (6.2 millones de dólares) en el proyecto de una refinería. Esta inhabilitación fue anulada en noviembre 2018 por un tribunal, luego de que la SFC vetó a la constructora brasileña por un periodo de cuatro años.
Un informe de la Auditoría Superior de la Federación determinó, además, que Pemex efectuó pagos irregulares por unos 46 millones de dólares a Odebrecht al generar sobrecostos sin justificar las obras de una refinería. Al respecto, la titular de la Secretaría de la Función Pública, Irma Eréndira Sandoval Ballesteros, reiteró en el comunicado el compromiso del gobierno federal en contra la corrupción y la impunidad en el país. Y ADEMÁS URGEN A DICTAMINAR LEY DE AUSTERIDAD Las comisiones de Hacienda y de Presupuesto de la Cámara de Diputados convocaron a dictaminar el próximo lunes la iniciativa de Ley Federal de Austeridad Republicana que prevé la prohibición de pagar con recursos públicos, pasajes de avión en clase ejecutiva o vuelos privados, así como la compra o renta de automóviles con valor equivalente a 366 mil 940 pesos. Cancela seguros de vida, gastos médicos mayores, con cargo al erario, además de bonos, estímulos y compensaciones extraordinarias a servidores públicos.
Incendios dañan equivalente a 109 bosques de Chapultepec
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En lo que va de la temporada de estiaje 2019, la Comisión Nacional Forestal (Conafor) ha registrado tres mil 012 incendios, de los cuales 98 por ciento han sido por actividad agrícola y descuido al arrojar colillas de cigarro o dejar fogatas activas.
“Son causas antropogénicas, que son originadas por el hombre, siendo las principales las actividades agropecuarias, quemas controladas, descuidos al arrojar colillas de cigarro y dejar fogatas activas”, dijo a La Razón Arturo Cruz, jefe del Departamento de Protección de la dependencia.
El funcionario detalló que hasta ayer la superficie afectada supera 70 mil hectáreas a nivel nacional; de éstas, 65 por ciento son maleza y arbustos que no pasan del metro y medio de altura, sin embargo, “del arbolado adulto, que mantiene a los bosques y da oxigeno al país, al menos mil 800 hectáreas tienen daño severo y de ésas mil 200 son de 14 casos irrecuperables. El resto tardará al menos 10 años en retomar su forma inicial, según el experto.
De esta forma, la afectación de las 71 mil hectáreas en el país, equivale a 109 veces la extensión completa del Bosque de Chapultepec.
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Las entidades con mayor problemática son el Estado de México con 854 siniestros, le sigue la Ciudad de México, con 325, Michoacán, con 292, Puebla con 235, Tlaxcala, 211 y Veracruz con 103. En contraparte, los estados que han tenido menos incidentes son Baja California y Baja California Norte, Chiapas, Campeche, Coahuila, Tabasco y Sinaloa.
En tanto, Eduardo Cruz Castañeda, gerente de Manejo del Fuego de la Conafor, aseveró que son una preocupación los incendios al cierre de la temporada de estiaje que se termina en mayo; sin embargo, la cifra está por debajo de los últimos dos años ya que ha habido mayor consciencia de las personas.
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“El año pasado al corte del 18 de abril teníamos cuatro mil 274 incendios y en 2017 cinco mil 213 incendios registrados; de igual manera la cifra de superficie afectada era mayor en 2018 con 108 mil y el año anterior 195 mil”, indicó.
Por dos días consecutivos bomberos intentan controlar el fuego en el paraje Las Antenas, a un costado de la carretera a Chilpancingo.
Datos de la dependencia detallan que al cierre de 2017 se contabilizaron 195 mil hectáreas afectadas y al cierre de 2019 se espera que la cifra no aumente.
Agregó que para este año hay un presupuesto de 100 millones de pesos para el control y combate de siniestros, aunque aclaró que es menor que en años anteriores, pero adelantó que seguirán realizando la misma labor aunque tengan menos recursos.
Cruz Castañeda aseveró que las acciones más oportunas en la Conafor se basan en la coordinación con estados y delegaciones de la dependencia, ya que le han apostado a la prevención como base para atender la problemática.
En este sentido, dijo que es necesario regular el fuego en terrenos de uso agropecuario para que no se salgan de control, pero también, desde el momento en que se preparan para la siguiente siembra.
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Finalmente, aseveró que no se prevén variaciones durante el periodo de estiaje, que va de enero a mayo, será promedio, pues a finales de mayo inician las lluvias, con lo que se regularizará la situación en los bosques con nacimiento de vegetación y recuperación de masa arbolada.Fuego consume 40 hectáreas en Loma de Santa María, en Uruapan. Las labores se dificultan por el acceso accidentado a la zona.
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Protección Civil alista plan ante ciclones
El titular de la Coordinación Nacional de Protección Civil, David León Romero, informó que se trabaja de manera conjunta con el Sistema Nacional en la materia para preparar el plan de acción ante la temporada de ciclones tropicales y lluvias.
Detalló que las medidas contemplan realizar un simulacro de gabinete el próximo 2 de mayo con hipótesis de Huracán Categoría 5; fecha en la que se impartirá un curso para atender a damnificados.
Además, se prevé la revisión de procedimientos para garantizar la capacitación desde la etapa de aviso, alertamiento, hasta la atención de la emergencia.
La SCT denuncia blindaje para ocultar información del NAIM
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"Esto es muy grave y muy delicado", dijo el secretario de Comunicaciones y Transportes, Javier Jiménez Espriú, antes de acusar a las autoridades del proyecto aeroportuario de Texcoco de ocultar información en forma dolosa, de intentar blindar la continuidad del proyecto con acciones ilegales y de dejar una carga financiera a la administración federal 2018-2024.
Un informe de Parsons, empresa gerente del proyecto Texcoco, es la clave de estas acusaciones pues en él quedó claro que el costo de la megaobra iba a ser superior de lo previsto y que, en el mejor de los casos, la operación sería posible hasta 2024, un par de años después de lo que se hizo público.
El funcionario lopezobradorista anunció que este ocultamiento de información y acciones que atentaron contra el erario serán puestas a la vista de las autoridades competentes. Hay nombres de por medio, incluyendo a Alfredo del Mazo y al ingeniero Alfredo Elías Ayub, quienes aparecieron en los anexos de contratos como “asesores” del proyecto.
El 22 de junio, Parsons envió un oficio en el que se determinaba que el proyecto del Nuevo Aeropuerto Internacional de México había aumentado en costos 17 mil millones de dólares y que la operación del mismo sólo sería posible hasta septiembre de 2024. Jiménez Espriú fue enfático en que este documento no fue mostrado al Consejo de Administración de la obra, ni a los inversionistas, ni a Hacienda ni al equipo de transición una vez que López Obrador ganó las elecciones. No aparece en los libros blancos que el equipo de Enrique Peña Nieto entregó a sus sucesores.
“La información de Parsons se ocultó”, dijo el secretario, “se mintió sin recato, por ello reiteradamente dijimos que se trataba de un elefante blanco, un pozo sin fondo, que deberán analizar las autoridades competentes”.
Más allá de aspectos técnicos, como la falta de cálculo para algunas obras y la modificación de otras que no fueron informadas adecuadamente, Jiménez Espriú se mostró molesto por movimientos con los que, asegura, trataban de blindar al aeropuerto contra una cancelación. Además, compensaciones en caso de retrasos de la obra (algo que los funcionarios ya sabían que ocurriría por el informe de Parsons) se habrían hecho igualmente con dolo, a pesar de que dichos funcionarios firmaron no tener conocimiento de información sobre un retraso en el proyecto aeroportuario antes de emitir, por ejemplo, acciones para el financiamiento de la mayor obra del sexenio peñista.
En particular, la emisión de los valores denominados Fibra E, destinados a financiar obras específicas dentro del terreno, se hizo en forma innecesaria, acusó Jiménez Espriú, toda vez que en ese momento había fondos suficientes. Lo que ve el funcionario lopezobradorista en esa acción es un intento más de evitar una cancelación del proyecto Texcoco.
Para redondear la acusación, el secretario de Comunicaciones y Transportes indicó que se corroboró que era una mera leyenda urbana aquella cifra de 140 millones de pasajeros anuales, pues para ello se requerían 10 mil millones de dólares extras. En realidad, el nuevo aeropuerto sólo recibiría 55 millones de pasajeros, es decir, 10 millones arriba respecto a la terminal actual Benito Juárez de la Ciudad de México.
En un apartado de su alocución denominada Aspectos Procedimentales y jurídicos, el secretario amlista se dio el lujo de mostrar procedmientos administrativos poco rigurosos de la pasada administración peñista. La adjudicación directa del proyecto arquitectónico que tanto se alabó en el sexenio peñista e incluso la contratación de Parsons, se hizo sin seguir rigurosamente las leyes de contratación para instancias federales.
Muchas de las acciones que generaron gastos al gobierno mexicano, se tomaron desde finales de 2017, cuando Andrés Manuel comenzó a consolidarse como un candidato a vencer en las elecciones. Una de estas acciones fue que el Grupo Aeroportuario aceptara juicios en instancias internacionales y fuera de lo establecido por las leyes mexicanas.
Más de 500 contratos (con 22 mil millones de pesos de por medio) fueron otorgados mediante adjudicación directa. Un anexo que no fue hecho público del contrato con Parsons incluía como asesores estratégicos a Alfredo del Mazo y a Alfredo Alías Ayub.
El daño patrimonial que deriva de todas las irregularidades descritas ayer en Palacio Nacional por Jiménez Espriú, serán entregadas a Función Pública para que proceda a las acciones respectivas.
NAIM 2.0 duplicará al AICM
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Cuando alcance su máxima capacidad, el Nuevo Aeropuerto Internacional, que se construirá en la Base Militar de Santa Lucía, alcanzará los 80 millones de viajes anuales.
El cálculo es el doble de la capacidad que ahora tiene el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México, que es entre 40 y 50 millones; y hasta ocho veces más que la capacidad de movilidad de pasajeros en la terminal aérea de Toluca (entre 8 y 10 millones).
En total, el Sistema Aeroportuario Metropolitano (SAM), que proyecta el gobierno federal, moverá 140 millones de pasajeros anuales.
El nuevo aeropuerto en Santa Lucia costará 68 mil millones de pesos con tres pistas y sus obras terminarán en junio del 2021, informó el General Gustavo Vallejo, quien encabezará la construcción.
En la conferencia matutina del Presidente Andrés Manuel López Obrador se presentó el proyecto que comenzará su construcción plena hasta junio, cuando se tenga el estudio de impacto ambiental.
Al tomar la palabra, Vallejo aseguró que se trata de un proyecto eficiente y austero.
“Será un aeropuerto austero en su diseño, donde se elimina lo que no es esencial, donde habrá lugar a un trazo basado en conceptos lógicos y racionales, donde convivan el aeropuerto internacional y la base aérea militar”, señaló.
Vallejo precisó que el presupuesto para la construcción no incluye IVA y se incluye la interconexión de 46 kilómetros con el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México con un tiempo de traslado de 35 minutos.
Se calcula que en el futuro la actual base militar de Santa Lucía pueda transportar 80 millones de personas al año y estacionamiento hasta para 6 mil vehículos, así como una estación de tren ligero y autobuses.
Se expuso que Santa Lucía representa un costo de 28 por ciento frente al costo del Aeropuerto que se desarrollaba en el Lago de Texcoco.
López Obrador aclaró que el lunes será presentado a detalle el plan y dos meses después se alistarán los documentos legales para la construcción.
El secretario de Comunicaciones y Transportes, Javier Jiménez Espriú, explicó que habrá adecuaciones en el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México ‘Benito Juárez’
Por su parte, Iñaki Echeverría, responsable del Plan de Recuperación Integral del Lago de Texcoco, donde se construía el anterior nuevo aeropuerto, informó que habrá 12 mil 500 hectáreas para crear uno de los parques urbanos más grandes del mundo.
Mientras que el secretario de la Defensa Nacional, Luis Cresencio Sandoval, señaló que el nuevo Aeropuerto de Santa Lucía estará a cargo del cuerpo de ingenieros del Ejército mexicano.
Por Manuel Durán
Denuncias por tortura van a la baja, asegura México en Ginebra
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Ginebra. El Estado mexicano negó que la práctica de la tortura en el país sea generalizada. Sin embargo, la subsecretaria de Asuntos Multilaterales y Derechos Humanos de la cancillería, Martha Delgado Peralta, aceptó que hay muchas instituciones que ven con esta práctica una manera de obtener información de personas que han sido señaladas de algún delito.
Ante el Comité contra la Tortura de la Organización de las Naciones Unidas (CAT, por sus siglas en inglés), representantes del gobierno mexicano aseguraron que la cifra de denuncias por este delito va a la baja, lo que refuta la afirmación hecha la víspera por los expertos de esa instancia internacional, quienes señalaron que se trataba de una práctica endémica y generalizada.
Este viernes, México compareció ante el CAT –conformado por 10 expertos–, en el contexto del 66 periodo de sesiones del comité, que se realiza en esta ciudad. La delegación mexicana estuvo encabezada por la subsecretaria Delgado. Al igual que la víspera, los expertos manifestaron su preocupación en torno a un amplio número de temas: situación de defensores y periodistas, los riesgos de la Guardia Nacional, la impunidad, desapariciones forzadas y detenciones arbitrarias, migrantes, violencia contra la mujer e indígenas, entre otros.
Estamos recurriendo a organismos internacionales para que nos ayuden a conocer las mejores prácticas que otros países llevan a cabo para combatir este flagelo que azota al país. Un ejemplo es mejorar las prácticas de interrogación. Hay países que tienen técnicas que son más eficientes y que no requieren de tortura, hay muchas instituciones que están recurriendo a esa práctica porque piensan que no pueden obtener información de los acusados de otra manera, aseveró Delgado.
Comentario de funcionaria sorprende e indigna
Ese comentario causó sorpresa e indignación entre muchos integrantes de las organizaciones de la sociedad civil que estuvieron presentes en la audiencia pública efectuada en el Palacio Wilson, sede del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos.
La funcionaria admitió que en México hay tortura, pero no que sea generalizada o que se trate de una política de Estado.
Francesco Pipitone, representante de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, se sumó al rechazo. Sobre la referencia usada el día de ayer (jueves) en el sentido de que la tortura es una práctica generalizada en México (hecha por Diego Rodríguez Pinzón, miembro del CAT), el gobierno federal reconoce los retos y desafíos que representa la tortura. Sabemos que es un problema grave, lo tenemos claro, y lo estamos atendiendo, pero es igualmente cierto que no se trata de una política de Estado ni que su práctica sea generalizada.
Enumeró una serie de datos a la baja en las quejas por ese delito ante la Comisión Nacional de los Derechos Humanos. La Policía Federal fue señalada en 2016 en 360 requerimientos ante la instancia de garantías fundamentales y en 40 ocasiones en 2018. El organismo nacional emitió 113 recomendaciones contra el Ejército en 2013, cifra que cayó a 22 en 2018; de estas últimas, 11 fueron por tortura. En tanto que la hoy Fiscalía General de la República tuvo 42 quejas por este delito hace seis años y 32 el año pasado. No presentó datos de la Marina.
El presidente del CAT, Jens Modvig, informó que los representantes de México tienen hasta el martes de la próxima semana a las seis de la tarde para enviar más comentarios y respuestas por escrito, pues el informe final y recomendaciones al Estado se presentarán el 17 de mayo.
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