Ofrecen cuatro alternativas a criminales; Estrategia Nacional
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El gobierno busca persuadir a los integrantes de organizaciones criminales de dejar delitos como el narcotráfico. Foto: Especial/Archivo |
CIUDAD DE MÉXICO.
El gobierno federal planea ofrecer cuatro alternativas a las personas que delinquen, para que se alejen del crimen y se conviertan en empresarios.
La Estrategia Nacional de Seguridad Pública, que analiza el Senado para su posible aprobación, plantea que los delincuentes puedan convertirse en hombres y mujeres de negocios legales y regulares, con una vida tranquila, prestigiados en la sociedad y con la garantía de que vivirán más años.
¿Qué ofrecer a los delincuentes para que dejen de delinquir? En primer lugar, un aumento en la esperanza de vida”, dice el documento.
Otras alternativas que se ofrecerán son: la posibilidad de llevar una vida tranquila y sin sobresaltos; la posibilidad de que encabecen negocios legales y regulares, y alcanzar la respetabilidad social.
El documento señala que una estrategia como ésta fue la que se utilizó hace nueve décadas en Estados Unidos para combatir el tráfico de alcohol.
De este proceso surgió la bonanza de Atlantic City, Las Vegas, Miami y otros centros de inversión”, resalta.
La estrategia específica de prevención de delito, detalla el documento, se basa en cinco aristas: Desarrollo Alternativo, Prevención Especial de la Violencia y el Delito, Disuasión Focalizada, Cumplimiento Regulatorio y Justicia Procesal, y Proximidad y Atención a Víctimas.
Es en Disuasión Focalizada donde precisa que se planea establecer un diálogo directo y usar la persuasión con los delincuentes, para que tengan una alternativa de solución, basada en un acto de contrición que los lleve a arrepentirse y a garantizar que no volverán a hacerlo.
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El plan prevé dialogar con los delincuentes para que dejen la ilegalidad, vivan más y tengan respetabilidad en la sociedad
El gobierno federal tiene planeado ofrecer a los delincuentes cuatro alternativas para que renuncien a delinquir, entre ellas convertirse en empresarios legales, en un esquema similar al que utilizó Estados Unidos hace nueve décadas para combatir a las mafias del tráfico de alcohol.
202 mil presos había en el país hasta el cierre del año pasado
Además, planea establecer un diálogo directo y usar la persuasión con los delincuentes, para que tengan una alternativa de solución, basada en un acto de contrición que los lleve a arrepentirse y a garantizar que no volverán a hacerlo; “el perdón de las víctimas y la contrición sincera de los victimarios resultan pasos previos indispensables para las negociaciones”.
La Estrategia Nacional de Seguridad Pública, que analiza el Senado para su posible aprobación, plantea que los delincuentes puedan convertirse en hombres y mujeres de negocios legales y regulares, con una vida tranquila, prestigiados en la sociedad y con la garantía de que vivirán más años.
¿Qué ofrecer a los delincuentes para que dejen de delinquir? En primer lugar, un aumento en la esperanza de vida. Los integrantes de las organizaciones criminales suelen morir jóvenes (el promedio de vida de un joven que ingresa a la delincuencia organizada es de seis meses) y de manera violenta. Ensanchar las perspectivas de la existencia resulta una posibilidad que casi todo mundo ambiciona.
En segundo lugar, la posibilidad de llevar una vida tranquila y sin sobresaltos. En tercero, la posibilidad de que encabecen negocios legales y regulares. En cuarto, alcanzar la respetabilidad social”, dice el documento.
Resalta también que “ésta es la manera en que actuó el gobierno de Estados Unidos en los años treinta del siglo pasado para acabar con las mafias que asolaban sus ciudades. De este proceso surgió la bonanza de Atlantic City, Las Vegas, Miami y otros centros de inversión”.
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Es en la parte de Disuasión Focalizada donde precisa que se establecerá un diálogo con los delincuentes para que abandonen el mundo del crimen y se reinserten en la sociedad.
Junto con las instancias correspondientes de los tres órdenes de gobierno, así como con las dependencias encargadas de la política social, se diseñarán e implementarán estrategias que permitan (i) identificar dónde y quiénes se dedican a una actividad ilícita; (ii) comunicarles con claridad las consecuencias de participar o continuar participando en actividades ilícitas haciendo explícitos los riesgos y las sanciones penales asociadas o bien poniendo el ejemplo mediante la persecución efectiva de personas o grupos dedicados a actividades similares”.
También “(iii) movilizar a la comunidad afectada por estas actividades para generar conciencia en las personas o grupos dedicados a actividades ilícitas sobre los daños que generan de forma que la propia comunidad pueda orientarlos para que modifiquen su comportamiento de forma positiva y (iv) ofrecer apoyo para integrar a quienes deseen abandonar la actividad delictiva y den cuenta de ello”, destaca.
Se dispara narcomenudeo en territorio del huachicol
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| Guanajuato, en crisis: padece homicidios dolosos, robo de combustible y narcomenudeo. |
La franja huachicolera también es narca. Es narcomenudista. Sí, el narcomenudeo es uno de los principales problemas en este corredor formado por 91 municipios de nueve estados, que son los que tienen mayor incidencia de robo de combustibles: las denuncias por venta de droga aumentaron ahí 45 por ciento de 2017 a 2018, de acuerdo con cifras del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP).
Durante el año pasado se denunciaron 11 mil 869 casos en dicha zona, mientras que en 2017 hubo 8 mil 162 en los municipios y alcaldías de Ciudad de México, Guanajuato, Hidalgo, Jalisco, Estado de México, Michoacán, Puebla, Querétaro y Veracruz.
El pasado 22 de enero, el presidente Andrés Manuel López Obrador anunció la puesta en marcha de diversos programas sociales en los 91 municipios donde se detectó un mayor número de tomas clandestinas en los ductos de Pemex, a fin de que que la población tenga opciones y alternativas para vivir legalmente y se aleje de actividades ilícitas.
No será fácil. La apuesta del gobierno federal operará en una zona donde la venta de drogas al menudeo está arraigada y muestra un alza importante, sobre todo en los municipios de Jalisco y Guanajuato, donde ese delito creció de un año a otro 49.7 y 38.8 por ciento, respectivamente.
El caso Guanajuato
Guanajuato atraviesa una crisis de seguridad sin precedentes: padece altos índices en tres delitos de alto impacto: homicidios dolosos, robo de combustible y narcomenudeo. El primero de los delitos ocurre en casi toda la entidad. Los otros dos se concentran en 16 municipios, que el gobierno federal incluyó en la zona huachicolera del país. En 2018 las denuncias en ese estado por venta de narcóticos sumaron 8 mil 739 casos, la gran mayoría, 94.3 por ciento, en los municipios huachicoleros.
De los 16 ayuntamientos señalados, en cinco, incluidas casi todas las ciudades más importantes del estado (la excepción es la capital), se incrementaron marcadamente las denuncias por comercio de drogas respecto a 2017: se trata de León, Celaya e Irapuato, así como Pénjamo y Cortazar.
En León las denuncias pasaron de 4 mil 977 en 2017 a 7 mil 232 denuncias. Esa cifra es la más alta a escala nacional en términos de denuncias y además concentra 82.8 por ciento de los casos en el estado.
El Observatorio Nacional Ciudadano ha señalado, en un reporte específico para la entidad, que los enfrentamientos entre cárteles, los cuales se identificaron desde 2015, y la captura de diversos capos de diferentes grupos delincuenciales, generaron que el cártel de Jalisco Nueva Generación (CJNG) ganara terreno en el estado. En un principio se dedicó al robo de trenes y al narcomenudeo, pero “más adelante (los criminales) descubrieron el robo de combustible como una actividad altamente lucrativa y de bajo riesgo. Este fue el punto de quiebre que generó la ola de violencia en la entidad”, se lee en el documento.
El reporte también explica que mientras el CJNG “buscaba cómo adentrarse en el negocio, las bandas huachicoleras locales defendían sus rutas de abasto a lo largo del corredor industrial (con lo cual) poco tiempo bastó para que los primeros enfrentamientos comenzaran a detonar las alertas en torno a los diversos delitos de alto impacto”, entre ellos el narcomenudeo, que registró 3 mil 060 casos en 2015, y que para 2018 ya habían crecido 185 por ciento.
El caso Jalisco
En Jalisco hay 12 municipios catalogados por el gobierno federal como zonas de alta incidencia en robo de combustible. Ahí las denuncias por venta de drogas pasaron de mil 63 casos en 2017, a mil 581 reportes en 2018, un incremento de casi 50 por ciento de un año a otro.
Los reportes de venta de droga en la entidad se concentran mayoritariamente en municipios que conforman la Zona Metropolitana de Guadalajara: Tlajomulco de Zúñiga, Tonalá y Zapopan, además de la propia capital, que en conjunto concentran 95 de cada 100 denuncias por narcomenudeo en la entidad.
El aumento de un año a otro venía precedido por una reducción de dicho delito. En 2015 las autoridades atendieron 3 mil 432 denuncias por venta de drogas, un año después la cifra bajó a mil 270, y en 2017 descendió más, a mil 63 casos. Después de tres años de descenso, en 2018 vino el repunte.
Los demás municipios
En las demás entidades con municipios huachicoleros tambien se observa un incremento de las denuncias por narcomenudeo. Por ejemplo, en las cuatro alcaldías de Querétaro que recibirán apoyos federales para reducir el robo de combustible, hubo 291 denuncias por venta de drogas en 2018, lo que representó un alza de 122 por ciento respecto a 2017.
Una cifra similar se observó en las dos alcaldías de Ciudad de México que entran en la franja del huachicol: Azcapotzalco y Gustavo A. Madero, que reportaron mil 28 denuncias ante la Procuraduría General de Justicia, mientras que en 2017 apenas habían registrado 522 casos. De un año a otro casi se duplicaron los reportes en estas dos demarcaciones de la capital del país.
En los municipios de Veracruz las denuncias crecieron 38.2 por ciento.
En Michoacán, 9.8 por ciento.
En Hidalgo apenas aumentaron uno por ciento.
El Estado de México es un caso curioso de vaivenes, de abstinencias súbitas, como si de pronto el narcomenudeo desapareciera ahí, a pesar de la intensa actividad de los cárteles en la entidad: en 2018 los 15 municipios que integran la región con mayor robo de combustible (entre éstos Tultitlán y Toluca) solo registraron 172 denuncias. En 2017 no hubo registro alguno de narcomenudeo, cero, ni una sola denuncia, pero en 2016 hubo mil 170 casos.
De las nueve entidades que albergan municipios huachicoleros, solo en Puebla disminuyeron las denuncias: en los siete municipios pasaron de 13 denuncias por venta de drogas en 2017, a solo nueve casos en 2018.
Esta franja huachicolera y narcomenudista de 91 municipios en seis estados del país también es muy violenta: en 2018 se cometieron 7 mil 300 homicidios ahí, lo que significa un aumento de 18 por ciento respecto a 2017, cuando el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública reportó 6 mil 221 casos.
“Los precios de garantía, sólo para los más necesitados”
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Ignacio Ovalle, en entrevista con Crónica, asume su tarea con seguridad en medio de documentos que elige para sostener argumentos. (Foto: Adrián Contreras) |
Arturo Ramos Ortiz
Los llamados precios de garantía para productores del campo son subsidios modernos y progresivos, que atienden las variables del mercado y recogen experiencias internacionales, señala en entrevista con Crónica Ignacio Ovalle, titular de Seguridad Alimentaria Mexicana (Segalmex), organismo creado en este sexenio. El nombre, “precio de garantía”, es el mismo que se usó hace 40 años, comenta, pero éstos, los del gobierno amlista “son otra cosa, no son los de Conasupo o los del Sistema Nacional Alimentario y eso hay que aclararlo”. Están pensados para regular el mercado agrícola en unos casos, mirando que el productor más pobre logre beneficios de su cosecha; en granos como el arroz o el trigo panificable, buscarán aumentar la producción. En ningún caso serán apoyos asistencialistas, y de allí que Liconsa y Diconsa, bajo la tutela de Segalmex, estarán sectorizados a la Secretaría de Agricultura y no a la de Bienestar.
Maíz, frijol, arroz, trigo panificable y leche están en el centro de esta estrategia. Cada uno de estos productos tendrá su precio de garantía y un límite máximo de compra por cada productor, y límite de hectáreas en propiedad para el caso de los granos (ver gráfico).
Ovalle recibe en sus oficinas de Insurgentes Sur a Crónica; en los minutos previos a la entrevista, el funcionario federal gira instrucciones a sus colaboradores: “Hay que considerar el mapa productivo del país, no el político”, dice en relación con interlocutores que deben participar en unos encuentros. Luego ordena sentarse con productores que están haciendo diferentes planteamientos. Ese es el campo que se percibe en la charla con Ovalle: un México dividido en regiones según tipo de producción y necesidad de dialogar con los hombres y mujeres del sector. Asume su tarea con seguridad, habla entre documentos y tablas que elige con soltura para apoyar sus dichos. Y no le falta el buen humor, lleva años trabajando el tema, pero es obvio que aún le apasiona su labor.
Ovalle estuvo involucrado en estos temas hace décadas. Se encontró allí cuando se implementó el Plan Nacional de Zonas Deprimidas y Grupos Marginados (Coplamar) y cuando Conasupo vivió sus últimos años. En los instantes previos a iniciar la entrevista, realizada el viernes, arriba el oficio de designación oficial firmado por López Obrador. Ovalle es desde ese instante el titular de Segalmex.
Ésta es la entrevista:
—Se ha señalado que el nuevo gobierno tiene propensión a subsidios generalizados, que los precios de garantía beneficiarían a quienes necesitan los apoyos, pero también a quienes no lo requieren…
—No vamos a comprar a todos y no vamos a comprar todas las cosechas. Quizás una denominación diferente a “precio de garantía” hubiera sido buena. La principal diferencia con los antiguos precios de garantía es que no compramos a todos los productores; por ejemplo, en el caso del maíz, no compramos a los productores más exitosos. Ellos son productores de lo que debemos estar orgullosos, pero esto está pensado para los más necesitados.
Lo beneficiarios le llaman siempre precios de garantía y cuando se quiere cambiar la costumbre de la gente para un hábito, de consumo o lingüístico, cuesta mucho trabajo. Yo hubiera preferido llamarles “precios de estímulo”, pero en cualquier caso no son iguales a los viejos precios de garantía. Me resigné a someterme a la vieja máxima que reza que “cuando al mediodía el pueblo dice que es de noche, es hora de prender las farolas”. En lugar de luchar contra la inercia, los llamamos precios de garantía, pero explicamos qué son.
En resumen, estos subsidios no son para todos los productores, como lo eran los antiguos precios de garantía, y tampoco son para comprar la totalidad de las cosechas como se hacía antes. Son un instrumento regulador en los precios de los productos agrícolas.
Se buscan dos objetivos: ayudar a la gente más necesitada y por otro lado, tener menos dependencia exterior de alimentos básicos.
Y sobre si va a durar todo el sexenio, por supuesto que sí, pero no forzosamente con estas cifras, en algunos casos se incrementará, en otros permanecerá estable. Pero de que van a estar van a estar como un estímulo a los productos.
—El proyecto actual sí considera el mercado, ¿es un acto de gobierno a la vieja usanza?
—Es una mezcla inteligente y contemporánea de lo que el mundo está encontrando como soluciones; una mezcla cuidadosa, no caprichosa, de la intervención del Estado y del mercado.
Vamos a comprar a precios de garantía, pero vendemos a precios del mercado, lo que quiere decir que estamos cuidando que no se incremente el precio al consumidor y que el subsidio vaya nada más al productor, que esto lo soporte el Gobierno con su presupuesto, pero sin castigar al consumidor.
Digo que esas fórmulas de intervención del Estado y mercado funcionan, y pensamos en China, que está gobernada por el Partido Comunista y en comercio exterior es el país más capitalista del planeta. Internamente están tratando de hacer salir de la pobreza a sus zonas más olvidadas. En Estados Unidos y Europa subsidian a sus productores agrícolas… En México a veces queremos ser más papistas que el Papa, se anuncia un subsidio, un precio de garantía y se origina una escandalera por parte de grupos conservadores que quisieran que de eso ni se hablara. Por eso es importante decir que no es cualquier subsidio, sino dirigidos para obtener resultados específicos y focalizados.
Nuestro objetivo no es sólo atender a la población más necesitada del país, sino no ser tan dependientes de las importaciones de productos básicos: elevar la producción.
—¿Cómo definieron los precios y los límites de compra por productor?
—Hay estudios muy cuidadosos respecto a la cantidad de productores y el costo de producción que deben enfrentar. Con base en eso se buscó un incremento en el precio de compra que fuera realmente atractivo. Si en este momento van a Zacatecas, Durango y Chihuahua, que es donde se está dando la cosecha de frijol, y preguntasen si es bueno o no el precio de garantía que estamos ofreciendo, todos allá van a decir que es muy atractivo.
Hay por supuesto, para poner un ejemplo, frijoles como algunos de Nayarit o Sinaloa, las variedades azufradas, variedades muy finas, muy codiciadas, que están por arriba del precio de garantía. Ésos van al mercado, pero incluso si alguien quiere abusar de esos productores y pagarles a 8 mil a 10 mil pesos por tonelada, entonces el precio de nosotros resultará atractivo: los 14 mil 500.
—Se establecen máximos de hectáreas en propiedad del productor para recibir el beneficio y límite de toneladas que se le comprarán, ¿y otras variables propias del mercado?
—Estos precios de garantía no son fijos. Cada año, según las señales que nos manda el mercado, puede quedarse el mismo precio, pero eventualmente puede modificarse. Los precios de los productos agrícolas son, como le llaman en el mundo comercial, commodities, tienen precios equivalentes en el mundo y tenemos que estar atento a eso, porque a veces al productor mexicano se le ha castigado al hacer importaciones de un producto cuando no se le necesita, como es el caso del trigo panificable o el arroz.
Se respetan las reglas del mercado, vendemos a precio de mercado, no compramos la totalidad de las cosechas, compramos sólo una parte que ejerce una función reguladora y lo que no entra en este esquema sigue operando en libre mercado; no hay una decisión autoritaria, precios controlados o cosas de ese tipo.
—¿Qué nos diría del caso de la leche?
—En cuanto a la leche pasamos a ser proveedores no sólo preferentes sino exclusivos del gobierno, (en) cualquier lugar donde se consuma leche infantil como comedores, guarderías, hospitales, etcétera, la leche que se entrega es Liconsa, que es de la más alta calidad.
¿Qué ocurrió allí en las compras gubernamentales? Que sólo con saber que íbamos a intervenir en ese mercado con más energía, las proveedoras privados, que no les va a faltar mercado, bajaron sus precios. Ahora representamos un efecto positivo múltiple. Al gobierno le ahorramos dinero, beneficiamos al lechero y obtenemos una pequeña ganancia que tenemos que tener para extender la cobertura. Todos ganan, no hay un ente perdedor y estamos ayudando a regular un precio.
Uno se pregunta adónde se iba el sobreprecio que antes tenía la leche; no lo sé. Podemos pensar bien o mal, que tenían mucha más utilidad los productores, para sus fines para la planta industrial o para los placeres de la vida, pero nosotros lo utilizaremos para extender la cobertura social.
Un dato: en las tiendas Diconsa, la leche que se ofrecía no era Liconsa. Se tienen que armonizar las políticas de las dos empresas.
—Durante la plática previa a esta entrevista, fue notorio que no llama “coyotes” a los acopiadores de granos o de leche, los que compraban a pie de parcela o establo el producto a bajo precio…
—En el campo les llaman así, pero a mí no me gusta hacerlo y diré por qué: esos personajes, se quiera o no, han cumplido una función social que es la de transportista. El problema era que se beneficiaban más que el productor. El productor se quedaba esperando algún beneficio incluso cuando existían los viejos precios de garantía generalizados, porque el que acopiaba era el que lo cobraba. Yo no voy a decir “malvados personajes”, pues de eso vivían, el problema derivaba del tipo de política que se aplicaba. Ahora estamos aplicando otra que nos da resultados.
Los acopiadores cubrían una deficiencia de política social. En esto, como en casi cualquier otra cosa de la vida, no hay vacíos, porque se llenan y si había un vacío en la política social el acopiador lo cubría. Por eso en el caso de los productores pobres, vamos a dar el flete para que puedan traer el producto.
Estamos aplicando una política que da resultado. Únicamente compramos a quien lo necesita y no tiene más de 5 hectáreas en el caso del maíz, y no más de 20 toneladas. Le daremos el traslado del grano… es un esquema redondo.
El acopiador ahora va a ser transportista o encontrará otra actividad.
Finalmente, Ovalle habla de algo que ha despertado mucho interés. Los registros y los pagos electrónicos permiten que el productor se vaya con el dinero de su cosecha, pagada a precio de garantía, el mismo día en que entregó el producto. Toda una novedad para un campo acostumbrado a los pagos diferidos, en ocasiones un mes completo.
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Fiscalizan gasolina hasta de ¡Antorcha Campesina!
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| El gobierno federal dice que la organización realizó ventas irregulares de gasolina; también investigan a las empresas Hidrosina y Oxxo gas por robo de combustibleEl vocero de la Presidencia, Jesús Ramírez, señaló en entrevista con El Heraldo de México que se investiga el comportamiento irregular de varias empresas distribuidoras de combustible que restringieron la venta al público en zonas donde no había desabasto. FOTO: VICTORIA VALTIERRA /CUARTOSCURO.COM |
En el combate al huachicol, el gobierno federal no sólo tiene en la mira, por “comportamientos atípicos”, a empresarios gasolineros, como los de Hidrosina y Oxxo Gas, sino también a organizaciones políticas como Antorcha Campesina.
Esta asociación política del oriente del Estado de México, filial al PRI, tiene estaciones de servicio que cuentan con sus propias pipas, en las cuales presuntamente transporta y distribuye combustible robado.
De acuerdo con datos de la Presidencia y de los aparatos de inteligencia en la Secretaría de Hacienda y la Fiscalía General de la República, esta organización registra “comportamientos extraños” que fueron notorios cuando se recrudeció el desabasto de combustible.
El 15 de enero llamó la atención que las estaciones de servicio, de la ruta que va a La Montaña, contaban con combustible y además tenían sus propias pipas. “Hay estaciones que obtuvieron permiso para la venta de combustible y no tienen ni siquiera una pipa; hay concesionarios, acabo de estar en Guerrero, en La Montaña de Guerrero, y en todo el camino gasolinerías con pipas y con servicio.
“Ahí hay una organización, Antorcha Campesina, que tiene gasolinerías y sus pipas, pero no sólo ellos, en general. Estoy hablando de concesionario de una estación, de dos, y hay concesionarios nuevos que tienen hasta 400 estaciones sin una pipa (y) Pemex les tiene que vender el combustible”, comentó el titular del Ejecutivo.
Antorcha Campesina, administrada política y monetariamente por Aquiles Córdova Morán, tiene casi 50 gasolinerías en el centro y sur del país, y la mayoría de los permisos para sus operaciones los consiguió en la pasada administración; estas estaciones de servicio están controladas por los familiares y cercanos de Córdova Morán.
El vocero de la Presidencia, Jesús Ramírez, explicó que se investigan las razones que tuvieron algunas gasolinerias de cerrar la venta cuando sí existía combustible. Esta “extraña” forma de comportamiento, dijo, se dio en varias partes del país, especialmente en Nuevo León, donde Oxxo Gas fue la empresas que tuvo comportamientos irregulares.
Un caso similar enfrentan Hidrosina, quien tiene abierto un expediente y parte de un listado de posibles empresas vinculadas a robo de combustible.
“Hay un comportamiento distinto, por no calificarlo de esas gasolinerías durante la escasez de combustible que se está revisando. Muchas cerraron a pesar de que había combustible”, comentó.
Estudio liga al hampa 38% de feminicidios en alcaldías
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| Cientos de mujeres y familiares de víctimas de feminicidio y desapariciones marcharon el sábado. Foto: Cuartoscuro |
La Razón Online
En el marco de la marcha contra los secuestros en el Metro y los feminicidios en la Ciudad de México, María Salguero, creadora del Mapa de Feminicidios en el país, alertó que cuatro de cada 10 casos de crímenes contra las mujeres en la capital están vinculados con el crimen organizado.
En entrevista con La Razón, explicó que de enero a diciembre de 2018 confirmó la muerte violenta de 104 mujeres en la capital (con base en notas y seguimiento periodístico), de las cuales 40, es decir, 38 por ciento, presentan el sello característico de la delincuencia organizada. Se trata, precisó, de víctimas que aparecieron maniatadas, embolsadas, torturadas, abusadas sexualmente y estranguladas.
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La geofísica Salguero argumentó que los datos no cuadran porque “ellos (SESNSP) tienden a ocultar las cifras y las mandan a carpeta de homicidios dolosos o a veces hasta a suicidios, como el caso de Lesvy Berlín Osorio, que dijeron que había sido suicidio y resultó que no”, pues el novio la mató en las inmediaciones de Ciudad Universitaria.
Con base en el mapa que elaboró, Salguero reveló que la alcaldía Gustavo A. Madero encabeza el primer lugar en este delito, con 23 casos en 2018; seguida de Iztapalapa, con 21 casos, y Cuauhtémoc, con 13.
Les siguen Tlalpan con ocho feminicidios; Álvaro Obregón, siete; Coyoacán, seis; Tláhuac, cinco; Benito Juárez, Magdalena Contreras y Xochimilco, con cuatro casos cada una; Venustiano Carranza e Iztacalco, tres, y con uno, Azcapotzalco. Las demarcaciones sin reportes fueron Cuajimalpa y Milpa Alta.
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“Hace falta determinar el papel del crimen organizado en los asesinatos de mujeres. Creo que las alertas de género no han funcionado porque no hay un buen diagnóstico, no lo tienen bien medido las autoridades”, destacó.
Según cifras del SESNSP, el feminicidio va en aumento en la capital y a nivel nacional, al pasar de 37 casos en 2017 a 40 en 2018 en la CDMX, y de 735 en 2017 a 834 en 2018 en el país. El mapa de Salguero registra tres mil 607 casos en todo el país en 2018 y mil 100 en 2017.
El reporte oficial estableció que Gustavo A. Madero y Tlalpan registraron, cada una, seis feminicidios en 2018, ubicándose en los lugares 18 y 19 de los 100 municipios con más incidencia a nivel nacional.
PEQUEÑAS VIOLENTADAS. A escala nacional y en lo que va de 2019 se han reportado 144 feminicidios, 13 de ellos contra menores de 14 años, quienes no sólo presentaron rasgos de violencia física, sino de tortura sexual, afirmó Yndira Sandoval, presidenta nacional de Todas Mx.
En entrevista con La Razón explicó que la mayoría de los casos son documentados de forma aislada por medios de comunicación mediante la nota roja, pues no tienen correspondencia en cifra con carpetas de investigación abiertas por parte de las fiscalías, ni tampoco se le da el debido proceso cuando hay denuncia.
La coordinadora de la Subcomisión para la Atención de Feminicidio y Violencia contra la Mujer de la Comisión de Justicia de la Cámara de Diputados, Lorena Villavivencio, advirtió que los feminicidios comienzan a incluir a niñas, cuyo rango de edad que va de los 11 a los 15 años.
“Está grave la situación de violencia contra las mujeres en el país que debería ser ya una política de Estado, porque las alertas (de género) no han implicado ningún avance sustancial en la disminución de este tipo de asesinatos”, afirmó la morenista.
Adelantó que este miércoles en San Lázaro iniciarán las audiencias públicas donde se discutirá mantener el feminicidio en el catálogo de delitos graves, como se establecía en la propuesta original.
De acuerdo con Villavicencio, Morena prevé incluir tanto feminicidio como abuso sexual de menores en la discusión de delitos graves que ameritan prisión preventiva oficiosa.
“De hecho ya están los homicidios agravados en la Constitución y el feminicidio por sí mismo es un delito, pero no homicidio agravado, pero nosotros queremos que se establezca claramente, si no en la Constitución (sí) en las leyes que queden perfectamente claros”, añadió.
Buscan que amerite prisión preventiva
La presidenta de la Comisión de Igualdad de Género de la Cámara de Diputados, Wendy Briceño, señaló la necesidad de abrir un debate profundo y analizar la necesidad de que el feminicidio sea incluido en el catálogo de delitos graves y amerite prisión preventiva oficiosa.
La morenista aseguró que México vive una emergencia en materia de violencia de género, toda vez que se cometen nueve feminicidios al día en el país y se tiene conocimiento de que los crímenes han aumentado en todos los rangos de edad.
“Tenemos que poner un freno a esto, tenemos que prevenir, no solamente ser reactivos y sancionar lo que se requiere, sino prevenir, queremos preservar la vida de las mujeres y las niñas”, comentó.
La morenista destacó que para la comisión que encabeza hay temas que preocupan, y uno de ellos es el número de feminicidios en el país, por lo que es positivo abrir el diálogo y escuchar todas las voces.
Agregó que existe el compromiso y la responsabilidad de hacer reflexiones y discusiones profundas, en especial en temas como la reforma al artículo 19, “que plantea, además por decirlo así, un campo de tensión de diversas voces en relación con la prisión preventiva en diversos delitos”.
Briceño Zuloaga adelantó que seguirán las mesas de análisis de la iniciativa esta semana.
Recortarán 10 mil plazas permanentes en el gobierno
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| Trabajadores del Servicio de Administración Tributaria que fueron cesados se manifestaron el pasado 2 de enero.Foto José Antonio López |
Al margen de los despidos en el sector público de trabajadores eventuales y de confianza, la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) contempla reducir casi 10 mil plazas permanentes este año, número menor a las 11 mil 412 que se cancelaron en la administración pasada, revelan informes oficiales.
Actualmente se realiza el análisis de las unidades ejecutoras para efectuar los ajustes en el gobierno federal, el cual podría llevarse la primera mitad del año, derivado de las medidas de austeridad anunciadas por el presidente Andrés Manuel López Obrador, indicó la subsecretaria de Hacienda, Victoria Rodríguez Ceja.
Además de las reducciones de salarios, el gobierno anunció el despido de 70 por ciento de los llamados empleados de confianza en el gobierno federal. Datos preliminares estiman que el número de trabajadores que no son de base o pertenecen a un sindicato oscila entre 200 mil y 250 mil.
Pese a la falta de información sobre el ajuste de trabajos que efectuará el gobierno federal, el comparativo del Analítico de plazas y remuneraciones del Presupuesto de Egresos de la Federación de 2019 establece un recorte de 9 mil 874, con lo cual se reduce de 499 mil 597 en 2018 a 489 mil 723.
Esa baja es menor a la que aplicó la pasada administración, cuando en 2016 hubo un programa de terminación laboral, con el que se cancelaron 11 mil 412 plazas, que incluye 479 de 2015.
En cuanto a personal eventual se alcanzó un ahorro de 2 mil 197 millones de pesos en la partida de sueldos, reveló Rodríguez Ceja.
Explicó que las estructuras requieren un proceso administrativo para hacer su modificación.
Victoria Rodríguez adelantó que el proceso de restructuración se está analizando en cada una de las unidades ejecutoras, el cual requiere un procedimiento que, por una parte, incluye reformas a la ley orgánica que fue votada recientemente en la Cámara de Diputados. En éstas se establece un tiempo de 180 días para hacer la publicación de los reglamentos, y derivado de eso se tendrán que aterrizar los ajustes a las estructuras. Ello llevará tiempo. A lo largo del año se irá sabiendo cuál es el número de plazas que, en su caso, serán ajustadas.
Recordó que el rubro de servicios personales tiene una disminución en ramos administrativos de 5 por ciento, y eso fue parte de los recursos que sirvieron para financiar los programas prioritarios que se han presentado en el paquete que se envió a los diputados.
Detalló: En las restructuras que se van a llevar a cabo en este ejercicio está incluida la Subsecretaría de Ingresos. Definitivamente desparece, pero de manera general, en todas las áreas, estamos planteando un ajuste en términos de una mejor eficiencia de plazas para cumplir con las indicaciones del Presidente y hacer más con el recurso que tenemos.
Desde octubre, en diversas dependencias se inició el proceso de despido de trabajadores de confianza, que abarcó el Poder Legislativo, dependencias gubernamentales, órganos reguladores y autónomos e instituciones como Nacional Financiera, Comisión Nacional Bancaria y de Valores, Servicio de Administración Tributaria, Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros y Banco de México, entre otros.
El SAT recortó 560 plazas en el último trimestre de 2018, al descender de 35 mil 660 a 35 mil 100.
En diversas circulares el gobierno federal ordenó que a partir del 7 de diciembre de 2018 en las dependencias no se podrá realizar contratación de personal en plazas presupuestarias de carácter permanente ni contrataciones de prestación de servicios profesionales por honorarios con cargo a su presupuesto autorizado.
Incluso, en el Senado se condicionó a los 2 mil 40 trabajadores que fueron liquidados al término de la Legislatura anterior a ser recontratados sólo si regresaban el finiquito que recibieron en julio pasado y aceptar un sueldo de acuerdo con las políticas de austeridad.
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