Ofrecen a la ONU supervisar Guardia; México espera cooperación global
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| Alejandro Encinas, subsecretario de Derechos Humanos, Población y Migración de la Segob, dijo que México está obligado a evitar que la Guardia Nacional se convierta en un foco rojo en el tema de derechos humanos. |
CIUDAD DE MÉXICO.
El gobierno de México ofreció que organismos internacionales de derechos humanos tengan un mecanismo de observancia permanente en el país para verificar el trabajo de la Guardia Nacional, a fin de comprobar que no será un peligro para la ciudadanía.
“A diferencia del pasado, y del gobierno anterior en particular, nosotros estamos abiertos a la fiscalización internacional y estamos en la disposición de que todas las agencias de la ONU, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos estén fiscalizando, vigilando, dando seguimiento a las tareas de seguridad en el país”, aseguró Alejandro Encinas, subsecretario de la Segob.
En entrevista tras un foro en el Senado, reconoció que el gobierno está obligado a evitar que la Guardia Nacional se convierta en un foco rojo en materia de derechos humanos, por lo que se abrirán al escrutinio global. También destacó que espera que haya cooperación internacional en esa tarea.
Invitan a la ONU a supervisar Guardia
El gobierno llama a organismos internacionales a verificar que se respeten los derechos humanos.
México ofreció a los organismos internacionales de derechos humanos, como la Oficina del Alto Comisionado de los Derechos Humanos de la ONU; Amnistía Internacional y la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) que puedan tener un mecanismo de observancia permanente en el país para verificar el trabajo de la Guardia Nacional, a fin de comprobar que no será un peligro para los derechos humanos.
“A diferencia del pasado y del gobierno anterior, en particular, nosotros estamos abiertos a la fiscalización internacional y estamos en la disposición de que todas las agencias de la Organización de Naciones Unidas, que la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, las organizaciones internacionales en la materia estén fiscalizando, vigilando, dando seguimiento a las tareas de seguridad en el país.
“Aquí nos vamos a abrir al escrutinio internacional, como también esperemos que haya cooperación internacional en estas tareas”, aseguró Alejandro Encinas, subsecretario de Derechos Humanos, Población y Migración de la Secretaría de Gobernación.
En entrevista, Alejandro Encinas recordó que México está obligado a evitar que la Guardia Nacional se convierta en un foco rojo en materia de derechos humanos
“Es una obligación. Nosotros hemos suscrito todos los tratados internacionales en materia de derechos humanos, ratificado las convenciones, pero además les hemos planteado un asunto muy específico”, dijo.
Después de participar en un foro sobre trata de personas, realizado en el Senado, Alejandro Encinas difirió de quienes consideran que la Guardia Nacional militarizada generará puntos negativos para México en materia de respeto y garantía de los derechos humanos.
“Más negativo que la descomposición política, social, institucional que vive el país no puede haber, ni mayor descrédito. Creo que, en la medida que haya resultados, donde podamos restablecer la presencia del Estado, cumplir nuestra responsabilidad para garantizar la función primigenia de garantizar la seguridad y protección de las personas y su patrimonio, la imagen de México va a cambiar en el mundo”, dijo.
En diferentes foros públicos, incluidas las consultas públicas del Senado, organizaciones internacionales como la oficina de derechos humanos de la ONU, Amnistía Internacional y la CIDH han solicitado formalmente a México que no avance en la militarización de la seguridad pública.
Incluso, durante su participación en la consulta pública del Senado, Tania Reneaun, directora de Amnistía Internacional, lanzó siete preguntas que deberán contestar los senadores que aprueben la Guardia Nacional, entre ellas ¿por qué México desoye las recomendaciones de los organismos internacionales de derechos humanos?; ¿por qué optar por el populismo punitivo y no ver al sistema como un todo?; y, si la Guardia Nacional no es militarización, entonces que expliquen qué es.
Pero Alejandro Encinas, quien es uno de los responsables de la relación de México con todas estas organizaciones internacionales de derechos humanos, ya ha dialogado con ellos y les ofreció la apertura total de México para una revisión sobre las acciones de la Guardia Nacional.
Ejecutivo niega militarización
El presidente Andrés Manuel López Obrador negó que con la Guardia Nacional se militarice la seguridad en el país, y acusó a los senadores del PAN y a algunos dirigentes del PRI de conformar un bloque partidista para no dejar pasar la creación de la nueva corporación.
El Presidente estimó que la alianza de ambas fuerzas políticas —responsables de convertir al país en “un cementerio”— no persigue la protección de los ciudadanos, sino atacar “políticamente” al jefe del Ejecutivo federal argumentando equivocadamente de que se quiere militarizar al país.
“Ahora resulta que los que utilizaron sólo como recurso el uso de la fuerza en tiempos pasados y que desataron la violencia y convirtieron al país en un cementerio, ahora dicen que son defensores de derechos humanos y que no quieren la militarización del país, cuando no es eso lo que se está proponiendo, lo que queremos es que haya seguridad pública”, expuso.
El presidente López Obrador dijo que, por lo que hace a los gobernadores del país, “prácticamente todos” los mandatarios estatales apoyan la propuesta de la Guardia Nacional.”
Cada hora, 5 heridos por arma llegan a urgencias
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A nivel de epidemia. La Secretaría de Salud reporta que en cuatro años la violencia callejera aumentó 60%, cuyas víctimas desbordan ya los hospitales de todo el país. |
Blanca Valadez
La crisis de violencia callejera en México escala y ya desborda al sector salud: cinco personas llegan cada hora a una sala de emergencias del país con heridas de cuchillo o bala.
En solo cuatro años, la cifra de mexicanos atendidos por los servicios de urgencia hospitalaria por lesiones ocasionadas por arma de fuego y punzocortantes se elevó casi 60 por ciento, al pasar de 29 mil 779 casos en 2014 a un total de 47 mil 542 en 2018, de acuerdo con el Sistema Nacional de Vigilancia Epidemiológica de la Secretaría de Salud (Sinave), con el que se lleva control de enfermedades transmisibles, accidentes y otros problemas de salud pública en el país.
Junto con estadísticas sobre enfermedades como tetanos, varicela, paperas o parásitos, la SSA también lleva un registro detallado de personas acuchilladas o baleadas; Ciudad de México lidera la epidemia con más de 6 mil 500 casos de personas heridas por una de estas armas en 2018, una cifra histórica.
En la capital, el hospital Magdalena de las Salinas es el epicentro de tratamiento a víctimas de esta guerra urbana: funcionarios de Salud detallaron a MILENIO que el grueso de los casos de esta naturaleza son tratados ahí por personal de urgencias.
Los datos del Sinave, que concentra la información de hospitales y clínicas de todo el país, pintan de cuerpo completo el aumento de violencia a nivel calle en territorio nacional y trazan parte del complejo panorama que enfrentan las salas de urgencia en México, en las que paramédicos, médicos y enfermeras atendieron en promedio a 129 personas por día, a veces rebasando la capacidad de los servicios locales.
La información estadística, que México debe compartir sin alteraciones con la Organización Mundial de la Salud, destaca que en lo que va de 2019 la tendencia al alza de apuñalamientos y heridos de bala no se ha abatido y, al contrario, enfrenta un crecimiento continuo.
Este tipo de heridas creció en 3.3 por ciento en los primeros meses del año y registró 3 mil 427 casos, cifra mayor que la de 2018 y 2017. Es decir, este enero fue más violento que los de los últimos dos años, con 114 personas requiriendo atención de urgencias al día.
En orden descendiente, la violencia por arma de fuego y punzocortantes se concentra en Ciudad de México, Oaxaca, Michoacán, Chiapas, Guanajuato, Veracruz, Jalisco, Hidalgo, Estado de México y Puebla, de acuerdo con datos oficiales del Sinave de la Dirección General de Epidemiología, mismo que se integra con información proporcionada por el IMSS, el ISSSTE y la Secretaría de Salud.
A mayor detalle, Ciudad de México tuvo 6 mil 537 casos, de los cuales mil 339 fueron mujeres. Eso quiere decir que 18 personas fueron atendidas, diario, por uno de los hospitales de la capital. Por otro lado, Oaxaca le siguió con 3 mil 976 heridos, de los cuales mil 85 son mujeres; en Michoacán la cifra fue de 3 mil 198, de éstas 833 mujeres; en tanto Chiapas reportó 3 mil 610 casos, de los cuales 998 fueron mujeres.
La violencia fue particularmente llamativa en Guanajuato, en donde de un año a otro pasó a ocupar el cuarto lugar a nivel nacional. El número de heridas creció en un 15 por ciento, al llegar a 3 mil 443 casos, de los cuales 626 son mujeres.
El Boletín Epidemiológico reportó en Puebla 2 mil 596 casos, de los cuales 721 responden a mujeres. Pese a contar una mayor población, el Estado de México tuvo solo mil 759 lesionados, mientras que en Hidalgo se registraron mil 711 y Jalisco mil 546.
El aumento de este tipo de heridas —que suelen dejar fuertes secuelas físicas y psicológicas— ha sido particularmente notorio desde 2014 y ha sufrido un crecimiento ininterrumpido durante 148 meses consecutivos, hasta llegar a la cifra récord reportada en 2018.
Investigaciones elaboradas por el Centro Nacional para la Prevención de Accidentes, establecen que los jóvenes varones son de los sectores más afectados. En 2000 se contabilizaba que en este sector de la población 4 de cada 10 muertes eran causadas por armas de fuego, mientras que en la actualidad 9 de cada 10 son cometidos con este tipo de armas.
EN CIFRAS
1.3% es la parte del PIB que representa el costo de la violencia, que incluye accidentes, ataques con armas e intentos de suicidio.
553 091, el número de personas que sufren al año lesiones y que son atendidas en las diferentes unidades médicas.
AMLO, contra PRI y PAN; “bloquean la Guardia Nacional”
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El presidente Andrés Manuel López Obrador reprochó la “actitud partidista” del PAN y de dirigentes del PRI, encaminada a frenar en el Congreso la reforma constitucional sobre la Guardia Nacional |
Daniel Blancas Madrigal
“Los senadores del PAN están actuando en bloque contra la creación de la Guardia. Ellos simularon que enfrentaban el problema de la inseguridad con operativos, todo en el esquema de la publicidad, sin que se atendiera el problema. ¿Y por qué digo esto? Porque no se cuenta con elementos suficientes para proteger a la población”.
“Ahora resulta que quienes desataron la violencia y convirtieron al país en un cementerio, son defensores de derechos humanos y no quieren la militarización del país, cuando no es eso lo que se está proponiendo”.
Acción Nacional, acusó, ve el tema como un asunto político, y como una bandera para enfrentar al gobierno federal. “Es legítimo, nada más que fuera máscaras, porque hablamos de la seguridad de los mexicanos”.
“Ellos no tienen autoridad moral para sostener que queremos usar la fuerza para resolver el problema, cuando la estrategia es opuesta a la de ellos, que produjo este desastre de asesinatos y desaparecidos. Es muy hipócrita su postura”.
Sobre el PRI, habló del apoyo de todos los gobernadores, “porque ellos deben enfrentar el problema, y saben que es lo mejor para garantizar la seguridad pública”, pero, apuntó, “son los dirigentes quienes están resueltos a no aprobar la reforma”.
—¿Los gobernadores priistas apoyan incluso el mando del Ejército? —se le preguntó.
—Sí… En la Laguna, por ejemplo, había un problema serio de inseguridad. Se creó un sistema con la Policía Militar, que atiende parte de Durango y de Coahuila y fueron muy buenos los resultados, se redujo la incidencia delictiva. Me lo expresó el gobernador de Durango, aun perteneciendo al PAN, que eso es lo que necesitamos.
Adelantó a los legisladores su negativa a aceptar una simulación o una reedición de la Policía Federal, “porque no ha funcionado desde su creación, muchos problemas de corrupción en compras de equipos, en suministro de alimentos”.
Sobre violaciones a derechos humanos cometidas por integrantes del Ejército o la Marina, comentó: “existe una actitud de cambio en las prácticas, hay una actitud muy sensible de atención a la población”.
Asimismo, insistió en seguir ventilando a quienes obstruyan su propuesta y en solicitar el respaldo de los gobernadores para ganar la batalla ante la opinión pública.
Toma PAN la Tribuna
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| Al final, se aprobó la reforma al artículo 19 constitucionalGritos, empujones, toma de tribuna, todo eso se vivió ayer en el Congreso. Foto: Especial. |
“ Si no fuera mujer, no me gritarían”, lanzó Dolores Padierna desde la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados. Los panistas reclamaban su decisión de no someter a votación electrónica una propuesta de la morenista, Lorena Villavicencio que, contrario a la posición de su partido y del presidente, Andrés Manuel López Obrador, pedía cambiar la redacción del artículo 19 constitucional para aplicar prisión preventiva oficiosa en un catálogo de nueve delitos.
“Porfirio, Porfirio”, le reviraba la blanquiazul que, para ese momento, ya habían tomado la tribuna y pedían que Muñoz Ledo condujera la sesión.
Miguel Riggs y Adolfo Torres (PAN) bajaron los micrófonos de la secretaria de la Mesa Directiva, la morenista, Karla Almazán; Sara Rocha, también del PAN, ocuparía su lugar y la dejaría en una orilla.
La oposición estaba molesta. La propuesta alterna que construían para evitar violaciones al principio de presunción de inocencia fue rechazada por el Presidente y, por ello, Morena había retomado la redacción original que plantea encarcelar –mientras se les juzga—a quienes estén acusados de robar combustible, de corrupción, de uso de programas sociales con fines electorales, feminicidio y robo a casa-habitación, entre otros.
Pero todo era molestia. En una operación quirúrgica, Morena logró el respaldo de nueve diputados del PRD, ocho de los cuales, incluido su coordinador, Ricardo Gallardo, renunciaron al partido.
También se sumaron diputados del PAN, PRI y MC, en cuyos distritos el robo a casa habitación o a transporte de carga es un problema.
Villavicencio hizo suya la propuesta alternativa rechazada por el Ejecutivo y la presentó en tribuna, en calidad de reserva. Fue rechazada, pero el panista, Juan Carlos Romero Hicks, solicitó la votación en tablero electrónico.
Dolores Padierna, en funciones de presidenta, rechazó su petición y los panistas subieron a la tribuna y comenzaron los empujones y manoteos con Karla Almazán y la propia Padierna. El albiazul, Carlos Valenzuela pidió la palabra; Rocha empujó poco a poco a Almazán hasta que la quitó.
“Como dijera el filósofo Juan Gabriel, pero qué necesidad”, dijo el diputado e invitó a quienes votarían en contra a subir a la tribuna y hacer una manifestación silenciosa que, otra vez, terminó en gritos.
El show no fue suficiente para detener la aprobación de la reforma que fue aprobada por 377 votos a favor, 96 en contra y cinco abstenciones.
Error, debilitar órganos autónomos, coinciden Woldenberg, Ugalde y más
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Expresidentes e integrantes de organismos autónomos defendieron la importancia de la independencia de estas instituciones para el desarrollo democrático del país y, si bien aceptaron que pueden ser mejoradas, advirtieron que sería un error desaparecerlas o debilitarlas.
El exconsejero presidente del Instituto Federal Electoral (IFE) —hoy INE—, Luis Carlos Ugalde, afirmó que hay una amenaza directa del Poder Ejecutivo contra las instituciones autónomas y los organismos reguladores por retrasar los actos de gobierno del presidente Andrés López Obrador.
“Me parece que hay un acoso a varios de esos organismos desde hace meses. [El Presidente] ha sido muy claro al tildar a estos órganos reguladores de fifís, neoliberales y corruptos. Hay una amenaza real, en el caso del INEE existe una iniciativa para desaparecerlo y para otros, como el INE, se ha reducido su presupuesto, en algunos se ha forzado la renuncia de sus titulares y en unos casos más se han mandado perfiles incompetentes para sustituirlos. Hay acciones concretas que los están debilitando”, dijo.
José Woldenberg, académico de la UNAM y quien fue presidente del IFE, percibe un desprecio y escasa comprensión de la autoridad federal de lo que son los organismos autónomos y dijo temer pulsiones autoritarias.
“Sin duda alguna sería un error desaparecer los organismos autónomos. Hay una vieja aspiración democrática con la idea de que se deben ofrecer garantías de defensa a los ciudadanos de que las instituciones estatales no se van a desbordar. Existe la vieja aspiración de fraccionar y vigilar al poder, de equilibrar los poderes y para todo ello sirven los órganos autónomos”, dijo.
“Lo que temo es que las instituciones que aparezcan como autónomas o contrapesos a la función del gobierno sean vistas con malos ojos. Es una vieja pulsión autoritaria”, aseveró.
José Luis Soberanes, expresidente de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH), calificó como poco afortunadas las declaraciones del presidente Andrés Manuel López Obrador en contra de los organismos autónomos y reguladores, puesto que llevan a la polarización.
Consideró que se ha abusado mucho en la creación de éstas, pero insistió en que, “no sólo basta la división de poderes sino que existan estos organismos con criterios técnicos y no políticos. Es más fácil arreglar lo que está mal, que descalificarlo”, señaló.
Para María Marván Laborde, integrante del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM y expresidenta del entonces IFAI, nada de lo que dice el Presidente es inocuo y se dice sin querer: “Desaparecer todos los organismos autónomos juntos sería un gravísimo error. Podríamos revisar algunos. El INEE me parece indispensable, que haya evaluación educativa, ¿tiene que ser por fuerza constitucional autónomo? No lo sé. Si dentro de los autónomos me dice, desaparezcamos al INE, a la CNDH, me parecería un gravísimo error”.
“Lo que está mal es que por encima del equilibrio y de la capacidad se privilegie la lealtad acrítica y se considere que se tiene la capacidad de decir: ‘gracias a mí llegaste y en tal o cual votación tienes que decidir así’... El problema es que en México se ha buscado subyugar la lealtad a la democracia a la lealtad partidaria”, señaló.
El presidente del Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (Inai), Francisco Acuña, indicó que la historia de estas instituciones data de hace más de 30 años, cuando México era país de un solo partido hegemónico; estos organismos ayudaron a la nueva fase de consolidación democrática, que no puede existir sin los contrapesos necesarios.
“Creemos que los organismos constitucionales autónomos vienen a ayudar a que se pueda conocer la nueva fase, la consolidación democrática. No puede haber consolidación democrática sin mecanismos que hagan contrapesos y que limiten ejercicios de los poderes públicos”, dijo.
Marco Baños, consejero del Instituto Nacional Electoral (INE), pidió respeto irrestricto y que el presidente López Obrador tenga información detallada sobre los diagnósticos técnicos de funcionamiento y el ámbito de competencia de los organismos autónomos, para que tome valoraciones de las iniciativas que presente.
“Pero lo que sí debe quedar claro es que por sí solo el Presidente, siendo una figura central del funcionamiento del Estado, no puede tomar decisiones por una situación de diferendos con alguno de los integrantes de los órganos autónomos [que] pueda generar una lesión a las instituciones públicas. Hay que tener diagnósticos completos y un respeto irrestricto a lo que significan estos órganos”.
Bernardo Naranjo, consejero de la Junta de Gobierno del Instituto Nacional para la Evaluación de la Educación, señaló que “si bien existen cuestiones que pueden mejorarse de los organismos autónomos, estos no deben desaparecer”, en el caso del instituto, dijo, “no hay un riesgo sino una intención explícita de acabarlo, lo que ya se tradujo en una iniciativa”.
La Comisión Nacional de los Derechos Humanos se dijo “preocupada por las descalificaciones que los organismos han recibido luego de su participación en las audiencias públicas de la Guardia Nacional”. Con información de Carina García y Alexis Ortiz
PGJ: maquillaron 68% de delitos para aparentar menos crimen en CDMX
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| La procuradora precisó que las principales anomalías obedecen a delitos como homicidio doloso, robo de vehículos y de celulares. Foto: Especial |
Luis Carlos Silva
Al menos 29 mil 82 delitos de más de 42 mil carpetas de investigación revisadas, es decir, 68 por ciento, fueron clasificadas como delitos de bajo impacto en 2018 para demostrar una falsa reducción en los índices delictivos en la Ciudad de México, denunció la procuradora capitalina, Ernestina Godoy Ramos.
La funcionaria informó que se dará vista de las anomalías en tal práctica a la Fiscalía desde hace un mes para la Investigación de Delitos Cometidos por Servidores Públicos, la cual determinará quiénes están involucrados, aunque aclaró que “se realizó bajo órdenes superiores”.
La titular de la Procuraduría General de Justicia (PGJCDMX) señaló que el maquillaje de cifras, que advirtió hace un mes, corresponde a la administración del exjefe de Gobierno José Ramón Amieva, de febrero a diciembre de 2018, y del exprocurador Edmundo Garrido, desde julio de 2017.
Precisó que las principales anomalías obedecen a delitos como homicidio doloso, robo de vehículos y de celulares, con o sin violencia, que fueron registrados como denuncias de hechos, esto en un universo de 42 mil carpetas.
“Se obtuvo información de las cifras del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP), de informes semanales remitidos a la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC), antes Seguridad Pública (SSP), le llamaban Reporte Bicentenario, en donde cruzaban datos de PGJ, C5 y SSP. Tenemos una primera conclusión de que tenían como límite aproximadamente 620 delitos de alto impacto semanales”, aseveró la procuradora.
Asimismo, reveló que durante la administración pasada el promedio real de delitos de alto impacto fue de 170 ilícitos diarios y no de 80, como lo hacían pasar, lo que representa un incremento de más de 100 por ciento.
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Sobre los casos de asesinato doloso, indicó que de acuerdo con la Fiscalía de Investigación en la materia se abrieron mil 227 carpetas, de las cuales 82 fueron clasificadas como delito de bajo impacto, es decir, culposos o muertes por causas naturales.
Mientras que de más de 14 mil expedientes por robo de vehículos fueron investigados como otros delitos y 18 mil 723 casos de robo de celular con o sin violencia fueron clasificados como ilícitos de bajo impacto.
Para evitar que la situación se repita, el titular de la Unidad de Política y Estadística Criminal, Javier Ticante Cruz, señaló que trabajan con transparencia y son muy cuidadosos con las cifras que actualmente se publican en la página de Datos Abiertos de la Ciudad de México, en las que se registran todos los hechos ilícitos que se cometen en la capital del país.
“La violencia en la ciudad no ha subido, sino que se reflejó de una manera diferente en la administración anterior. Ahorita nosotros contamos carpeta por carpeta y víctimas, llevamos el control de todo y difícilmente vamos a entrar en contradicción”, sentenció.
Además, la procuradora señaló que otros casos que presentaron variaciones en las carpetas de investigación, al ser catalogados de bajo impacto, fueron los relacionados con lesiones dolosas por disparo de arma de fuego, robo a casa habitación con violencia, a cuentahabiente, a negocio con violencia, a pasajeros de transporte público, en el que se contempla el Sistema de Transporte Colectivo (STC) Metro, microbús y taxi.
El Dato: Desde que asumió la PGJ, Ernestina Godoy reportó que la administración de Miguel Mancera actuó de manera facciosa al manipular las estadísticas criminales.
Huawei instalará fibra óptica submarina en BC
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| Foto: Reuters |
Huawei, el gigante de telecomunicaciones chino acusado por Estados Unidos de fraude bancario por la presunta violación de las sanciones a Irán y de robo de secretos comerciales, cuenta con el permiso para instalar un cable de fibra óptica submarino para conectar Topolobampo, en Sinaloa, con La Paz, en Baja California Sur. La inversión estimada es de 14 millones de dólares.
“La demanda de transmisión de voz y datos, que se presenta a nivel regional, nacional e internacional, constituye uno de los principales motores de desarrollo y competitividad de las naciones por el impulso y crecimiento de las tecnologías de información y comunicación”, señala en el proyecto Megacable, presidida por Francisco Javier R. Bours Castelo.
Juan Carlos Zamora, director de Comunicación y Medios de Huawei, dijo desconocer el proyecto. Al cierre de esta edición no hubo comentarios sobre este contrato que en primera instancia conectará a Topolobampo con La Paz, pero que abre la posibilidad de enlazar desde Chile hasta Shanghái.
La semana pasada, el Financial Times informó que funcionarios de seguridad británicos no apoyan la restricción total para Huawei en las redes nacionales de telecomunicaciones, a pesar de las acusaciones de Estados Unidos de que la firma china y sus productos podrían ser utilizados por Pekín para espiar. La agencia de noticias Reuters recuerda frecuentemente que el mayor productor de equipos de telecomunicaciones del mundo se enfrenta a un intenso escrutinio en Occidente por su relación con el gobierno chino y las acusaciones de permitir el espionaje estatal, que han llevado a EU a pedir a sus aliados que no utilicen su tecnología.
Aunque no se han presentado pruebas públicamente y Huawei ha negado las acusaciones, varios países occidentales han restringido el acceso de la empresa a sus mercados. México no.
Megacable, la compañía mexicana que recibió autorización de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat) para edificar, con algunas condicionantes, el proyecto en el último día del gobierno de Enrique Peña Nieto, señala que el avance tecnológico de aplicaciones basadas en internet hace que el tráfico de las telecomunicaciones crezca a un paso incesante. En una zona ambientalmente sensible, como la Península de Baja California, se requiere contar con sistemas seguros, que permitan a la población y las autoridades, mantener sistemas de comunicación efectivos, dice el documento al que tuvo acceso El Sol de México.
“La presente autorización tendrá una vigencia de seis meses para llevar a cabo las etapas de preparación del sitio y construcción de las obras del proyecto. Asimismo, tendrá una vigencia de 30 (treinta) años para la operación y mantenimiento, vigencia que estará condicionada a la construcción del proyecto”, dice la autorización de Semarnat a Megacable.
La instalación del cable de 250 kilómetros de largo y 20 centímetros de ancho lo realizará Huawei Marine, firma que cuenta con la tecnología y los barcos.
La compañía china continúa en México y en el resto del mundo con la instalación de fibra óptica en el mar, vendiendo teléfonos celulares e infraestructura estratégica de telecomunicaciones, pese a que el 29 de enero de 2019 el gobierno de Estados Unidos acusó a Huawei de fraude bancario por la presunta violación de las sanciones a Irán y del robo de secretos comerciales a un rival estadounidense.
El gobierno de EU pidió a Canadá la extradición de la directora financiera de la compañía, Meng Wanzhou, hija del fundador de la misma, Ren Zhengfei. En una demanda penal presentada ante un tribunal de Brooklyn, en Nueva York, el Departamento de Justicia acusó a Huawei, dos compañías afiliadas y a su directora financiera de 13 cargos de fraude y conspiración para saltarse las sanciones a Irán.
Como parte de la investigación contra Huawei, en diciembre de 2018 autoridades estadounidenses pidieron a la Justicia de Canadá la detención de Wanzhou.
A solicitud del gobierno chino, Huawei hizo un estudio para instalar un cable de fibra óptica marino de 22 mil 800 kilómetros, que correrá de Chile hasta Shanghái. Su costo es de 500 millones de dólares.
El portal Submarine Cable Map considera el trazo del cable propuesto por Huawei Marine, el cual inicia en el estrecho de Magallanes, una población chilena que se ubica al sur del continente americano. Toda esa red corre por la costa del Océano Pacífico y pasa muy cerca de Baja California Sur.
También ha trazado la ruta de la obra de Megacable. En el mundo hay instalados mil millones de metros de cable submarino que han sido instalados por diferentes empresas desde 1866 para transportar datos entre continentes.
En México, la mayoría de cables parte del este del país, concretamente desde Tulum y Cancún, atravesando el Golfo de México para unirse con Florida, pero también con otros países de Centroamérica y Sudamérica. En su costa oeste, Tijuana y Mazatlán se unen a un cable perteneciente a la multinacional Level 3, que va desde California hasta Costa Rica y Panamá.
"Con el proyecto de La Paz, la tecnología y las capacidades de servicio de Huawei Marine son una vez más reconocidas por los clientes en América Latina", dijo Zhaofeng Chen, director de Planificación de Diseño de Huawei Marine en agosto de 2018.
El terreno y el medio ambiente en el Golfo de California son complejos, lo cual impone altos requisitos en el diseño y la construcción del cable submarino, comentó el directivo chino.
“La rica experiencia de Huawei Marine en el trabajo en proyectos difíciles en todo el mundo asegurará que el proyecto Topolobampo- La Paz se complete sin problemas”, se argumenta en el documento.
La instalación del cable de fibra óptica suma a la solución de la demanda de infraestructura a nivel nacional e internacional al permitir una amplia conectividad que redunda y complementa la infraestructura existente en el país y aquella que enlaza los sistemas norteamericanos, explica Mega Cable. “Los sistemas de telecomunicación fortalecen el bienestar social por su vínculo con el desarrollo de actividades productivas y de recreación para la comunidad”, añade la empresa de la familia Bours Castelo.
Amenaza de nuevo arancel de EU sobre autos no exime a México
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Moody’s y la Cámara de Comercio del vecino país estiman daños entre us350,000 y US500,000 millones por ventas no realizadas si se impone una tarifa global de 25% a productos automotores.
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El gobierno de Donald Trump está considerando aplicar aranceles de 25% a las autopartes y vehículos importados de todo el mundo, incluido México, lo que tendría un impacto económico de entre 350,000 y 500,000 millones dólares, con el riesgo de la pérdida de empleos e incremento de precios al consumidor estadounidense, alertaron la Cámara de Comercio de Estados Unidos y la agencia calificadora de riesgo Moody’s.
John Murphy, vicepresidente de comercio internacional y la política de inversión de la Cámara de Estados Unidos (US Chamber of Commerce, por su sigla en inglés), dijo que la gran mayoría de las importaciones de automóviles proviene de cinco países: México (nación que colocó 17 autos por cada 100 vendidos en el mercado estadounidense durante enero pasado), Canadá, Japón, Alemania y Corea del Sur, todos los cuales son socios cercanos y aliados, por lo que se prevé “una guerra comercial”.
“Imponer un arancel de 25% en autos y partes de autos sería extremadamente perjudicial para la economía de los Estados Unidos. Según un estudio del Centro de Investigación Automotriz, esta acción llevaría a la pérdida de hasta 700,000 empleos estadounidenses y aumentos en los precios de autos nuevos con un promedio de 4,400 dólares por vehículo”, advirtió la Cámara de Comercio de EU en un documento titulado “Los aranceles podrían arruinar a la industria automotriz de EU”.
Por su parte, Moody’s estimó el impacto de los aranceles, el cual podría alcanzar 500,000 millones de dólares por concepto de transacciones que dejarían de realizarse, lo que representa 2.8 % de las importaciones mundiales durante el 2017 y 0.6% del PIB mundial de este mismo año.
El pasado domingo, el Departamento de Comercio de Estados Unidos entregó el resultado de la investigación de la Sección 232 contra las importaciones de autopartes y vehículos ligeros, al suponer que éstos amenazan a la seguridad nacional y, aunque se desconoce el resultado, diversos pronósticos se inclinan a que Trump impondría aranceles a las compras de coches.
El sector empresarial estadounidense se opone rotundamente, porque “la única afectada será la industria automotriz de su país, su economía y los consumidores”.
Independientemente del resultado al cual haya llegado la investigación de la sección 232 para imponer aranceles bajo el argumento de proteger a la industria, el representante del organismo privado sostuvo que “las importaciones de automóviles y autopartes no socavan la seguridad nacional”, porque el sector automotriz se ha visto beneficiado de la llegada de nuevas marcas y de inversiones, que han generado un repunte de la producción e innovación.
El presidente y CEO de la Cámara de Comercio de EU, Thomas J. Donohue, sostuvo que se opone firmemente a la amenaza del gobierno de imponer aranceles a las importaciones de automóviles en nombre de la seguridad nacional. “Si se lleva a cabo esta propuesta, supondría un gran golpe para la misma industria que pretende proteger y amenazaría con iniciar una guerra comercial mundial”. Los empresarios del sector automotor reconocen que la producción automotriz en Estados Unidos se ha duplicado en la última década y el sector genera casi 8 millones de estadounidenses, cerca de 50% más de trabajadores que los empleados en el 2011, según el American Automotive Policy Council.
La industria es también el mayor exportador de productos manufacturados de Estados Unidos, agregó.
Según Here for America, una coalición que representa a fabricantes de automóviles internacionales, estas firmas con sede en el extranjero han invertido más de 75,000 millones de dólares en operaciones en territorio estadounidense, en plantas de 14 estados e instalaciones de investigación y desarrollo en 16 estados. Esto ha derivado en 1.29 millones de empleos directos e indirectos.
“Las importaciones de automóviles y autopartes no socavan la seguridad nacional. Dada la robusta salud, el enorme tamaño y la sofisticación tecnológica de la industria automotriz de EU, incluso las suposiciones más generosas con respecto a la seguridad nacional encontrarán que la industria de este país está extremadamente bien situada para satisfacer dichas demandas”, aseguró la coalición.
Debido a que todos los autos vendidos en los Estados Unidos se fabrican con cantidades sustanciales de contenido hecho en el extranjero, se esperarán aumentos significativos en los precios de todos los modelos. Como resultado, los consumidores comprarían menos automóviles, reduciendo la producción y los empleos con los concesionarios. Todo esto contribuiría a la presión a la baja en la economía estadounidense, aseguraron.
El nuevo gobierno recortó 25.3% el gasto desde diciembre
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La austeridad en el gasto público, bandera del actual gobierno, se manifestó desde el último mes del año pasado.
En diciembre de 2018, primer mes de la actual administración, se reportó una reducción del gasto de 25.3 por ciento, equivalente a 110 mil 180 millones de pesos respecto de diciembre de 2017, revelan informes de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP).
La contracción del gasto programable en dicho mes fue superior a la reducción que se observó en diciembre de 2012, cuando se inició el gobierno de Enrique Peña Nieto, de 15 por ciento o unos 48 mil 481 millones de pesos, en comparación con ese mes de 2011.
Es común que al comienzo de cada administración haya un bajo dinamismo del gasto público, lo que se traduce en que el crecimiento económico también sea menor y se mantenga prácticamente con la inercia del año anterior.
En el gobierno actual, en diciembre de 2018 las reducciones en provisiones salariales y económicas cayeron 50 por ciento, al descender de 117 mil 878 millones en el último mes de 2017 a 61 mil 953 millones en diciembre de 2018.
Este instrumento, también conocido como Ramo 23, tiene entre sus objetivos otorgar recursos a entidades federativas y municipios.
Comparativamente, al inicio de la pasada administración las provisiones salariales y económicas bajaron de 32 mil 93 millones de pesos en diciembre de 2011 a 15 mil 447.9 millones en el mismo mes de 2012, es decir, una reducción de 53.5 por ciento.
Las mayores disminuciones en diciembre de 2018 fueron encabezadas por la Secretaría de Energía, que registra un desplome de 88.2 por ciento, al pasar de mil 328.2 millones de pesos en diciembre de 2017 a 162.2 millones en el mismo mes del año pasado.
Le siguió Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano, con una contracción de 75.6 por ciento, al bajar de mil 102.8 millones a 281.7 millones de pesos.
El bajo dinamismo en el gasto se reflejó también en la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, que tuvo una baja de 67.4 por ciento, al descender de 25 mil 773.4 millones de pesos en diciembre de 2017 a 8 mil 817.4 millones en el mismo mes del año pasado.
En tanto, el gasto en la Presidencia de la República se contrajo 61.4 por ciento, al caer de 345.5 millones de pesos a 143.6 millones en términos anualizados.
Las empresas productivas del Estado, como Petróleos Mexicanos (Pemex) y la Comisión Federal de Electricidad (CFE) redujeron su gasto 51 por ciento, al pasar de 82 mil 863.6 millones a 42 mil 548.1 millones de pesos.
Pemex disminuyó sus erogaciones 22 por ciento y la CFE 81.1.
En contraste, el gasto aumentó en Agricultura, Ganadería y Desarrollo Rural, así como en Medio Ambiente y la Secretaría de Hacienda, de 33, 14 y 3.3 por ciento, respectivamente.
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