Guardia nacional o policía militar

Juan Ortiz Escamilla

Históricamente hablando, la guardia nacional se ha concebido como una organización de civiles armados para su autodefensa ante cualquier amenaza, interna o externa, y poco tiene qué ver con la iniciativa de ley que ahora se discute en el Congreso de la Unión.

Circunstancias como las que hoy sufre México no son nuevas. La historia nos enseña que en situaciones de crisis y de emergencia general, los gobiernos y la sociedad civil han diseñado diversos modelos de organización militar para enfrentarlas. Cabe recordar la formación de milicias presidiales, provinciales, urbanas o locales, activas, cívicas y guardias nacionales, entre otras. Las primeras se remontan a la época de la conquista del norte novohispano, la que hizo del colono un soldado para su autoprotección. Tiempo después, con la creación del ejército hispanoamericano, a partir de 1768, se reestructuraron las fuerzas armadas de la monarquía, las cuales se dividieron en ejército permanente y en milicias provinciales y urbanas (o locales) conformadas por vecinos. Durante la guerra civil de 1810 en México, a las milicias urbanas o locales se les llamó compañías de patriotas. Más tarde, la Constitución de Cádiz creó la figura de milicias cívicas y en ellas se refundaron las antiguas organizaciones de civiles armados. 

Ilustración: Víctor Solís

En la iniciativa presentada ante el Congreso de la Unión se ha hecho una inadecuada interpretación de los principios básicos a los que hacen referencia las Constituciones de 1857 y 1917, y que tienen como antecedente el decreto de creación de la primera guardia nacional de 11 de septiembre de 1846 y a su Ley Orgánica de 15 de julio de 1848. Se trataba de una fuerza armada de ciudadanos, incluyendo a los jefes y oficiales; estaba organizada por estados y bajo el mando inmediato de los gobernadores. En situaciones de emergencia nacional y con la autorización del Congreso, el presidente de la República podía disponer de ellas. Todavía en enero de 1856, el presidente Ignacio Comonfort declaró vigente el decreto de 1846 mientras se expedía la ley de guardia nacional, lo que nunca sucedió. Tal parece que 173 años después finalmente se dictará.

La actual se asemeja más al modelo de “guardia regional” diseñado por el gobierno federal mexicano durante su participación en la Segunda Guerra Mundial. Ante la declaratoria de guerra internacional, el 22 de mayo de 1942, el gobierno del presidente Manuel Ávila Camacho ordenó la “transformación radical” de las corporaciones militares al dividir a sus elementos en dos grupos: el ejército regular o de línea y las guardias regionales, que no nacionales. El primero quedaba conformado por el “nuevo tipo de soldado”, el de los voluntarios y conscriptos del servicio militar y cuya misión era la de garantizar la defensa e integridad del territorio nacional; al mismo tiempo, en la guardia regional se agrupó a los elementos de mayor edad de los regimientos de caballería y batallones de infantería, y las nuevas unidades fueron acantonadas a lo largo y ancho del país con la misión de “mantener la seguridad pública, la conservación del orden y la paz interior del país”. Sin dejar de pertenecer al ejército, se les encomendaban funciones de una “policía militar rural y urbana”. La reciente iniciativa propone la conformación de la “guardia nacional” con las policías militar, naval y federal; sus miembros en ningún momento dejarán de pertenecer a sus respectivas corporaciones conservando “sus rangos, así como las prestaciones conferidas a su nivel jerárquico y de mando”.

Por lo general, las fuerzas armadas intervienen en asuntos internos cuando se presentan estados de excepción y al presidente de la república se le autoriza gobernar con facultades extraordinarias. Así sucedió durante la Segunda Guerra Mundial. El país fue divido en comandos, zonas militares, guarniciones con baterías antiaéreas en los litorales, y se remodelaron y/o construyeron nuevos campos aéreos. Como parte del proyecto de defensa también se consideró a la población civil: además de recurrir al servicio militar obligatorio para jóvenes varones y al reclutamiento voluntario se formaron los comités regionales de defensa civil, los cuerpos de defensas rurales con ejidatarios en posesión de parcela, los batallones de milicias de obreros y los comités femeninos. Finalmente, el “Comité Nacional de la Legión Guerrilleros Mexicanos” agrupó a las asociaciones de charros. Como se trataba de un problema de emergencia nacional, ningún mexicano quedó al margen del proyecto.

De las medidas que se tomaron en ese tiempo, hoy en día sólo subsiste el servicio militar obligatorio y las defensas rurales, las que en estricto sentido realizan las funciones de una guardia nacional en sus respectivos territorios. Se trata de ciudadanos armados dependientes de la Dirección de Defensas Rurales de la Sedena para el resguardo, la paz y tranquilidad en sus respectivas localidades y que nunca salen de su demarcación. (Llama la atención que en la susodicha no se haga referencia alguna al lugar que ocuparán las defensas rurales una vez aprobada la ley. De no tomarlas en cuenta y no reglamentar al respecto, se podría generar un problema jurisdiccional de competencias por el control territorial).

La exposición de motivos que justifica la creación de la “guardia nacional” es clara y coherente. Se reafirma que el origen de los problemas actuales inició hace 30 años con el cambio de modelo económico y político: del Estado benefactor al neoliberal. Con el argumento de combatir la corrupción y adelgazar el gasto público, entre 1992 y 1993 se liquidaron y/o privatizaron las empresas paraestatales de apoyo al campo sin que se crearan otras que las suplieran. Con la medida, el gobierno federal abandonó a su suerte a los cientos de miles de ejidatarios y productores en pequeño. A ello le siguió la reforma al artículo 27 constitucional con la ley de 26 de febrero de 1992 con la cual se continuó el desmantelamiento del ejido y la privatización de sus tierras. El vacío que dejaba el Estado benefactor poco a poco lo fue cubriendo el crimen organizado. Los delincuentes-empresarios se convirtieron para los campesinos en la vía más fácil de financiamiento. Así iniciaba una alianza que en principio era puramente económico-productiva, pero que con el tiempo, los campesinos terminaron arrendando y luego vendiendo sus tierras para la producción de estupefacientes o de cultivos legales para el blanqueo del dinero. Se podría alegar que los gobiernos jamás han dejado de apoyar al campo, y es cierto. El problema es que los programas gubernamentales han beneficia principalmente a los políticos coludidos con los delincuentes-empresarios. Si en un principio la presencia del crimen organizado para la producción de marihuana y amapola se circunscribía a regiones periféricas de Michoacán, Sinaloa, Guerrero, Jalisco y Tamaulipas, pero con la producción de drogas sintéticas y el incremento exponencial de la demanda en el mercado, particularmente estadounidense, el problema se extendió del campo a las ciudades y de una región a otra. Legislar al vapor, (meterle mano sin medir consecuencias al Artículo 27 de la Constitución), resultó contraproducente: la corrupción y el gasto público no disminuyeron, por el contrario, se incrementaron de una manera exponencial.

Es innegable la situación de emergencia nacional que hoy en día vivimos los mexicanos. Sin embargo, la historia nos recuerda que ningún gobierno ha podido resolver los problemas sociales, como son el de la inseguridad y la violencia, con disponer meramente del uso de fuerza armada. Antes de pensar en el despliegue de la “guardia nacional”, tendría que revisarse a fondo el sistema judicial y la impartición de justicia. Para evitar los “daños colaterales” que afectan principalmente a la población civil, también se podrían mejorar los servicios de inteligencia para la identificación de los delincuentes y sus fortunas y actuar contra ellos. Es claro que ninguna ley o instancia de gobierno por sí sola puede garantizar la neutralidad política de los miembros de la futura “guardia nacional”. A pesar del respeto que la población profesa a las fuerzas armadas, éstas no están blindadas ante el acoso y seducción del crimen organizado. No debemos olvidar la deserción de los 40 elementos del Grupo Aeromóvil de Fuerzas Especiales del Ejército mexicano que se unieron a los zetas, ni hablar de las atrocidades cometidas por los kaibiles en Guatemala, también llamados “máquinas de matar”. Los diputados no deben olvidar que los soldados están formados para matar, y que al asignarles tareas de policía, la línea imperceptible que separa al ciudadano común del delincuente, les hará muy difícil acatar la ley sin equivocarse. De la violación a los derechos de civiles seguirá el descrédito del gobierno y la pérdida de respeto y confianza en las fuerzas armadas.

Desconcierta esa manía de modificar las leyes como si por el simple hecho de hacerlo se transformara la realidad. El voluntarismo legislativo es inútil y hasta contraproducente sin una estructura institucional que le dé continuidad y certidumbre jurídica al proyecto político. La iniciativa de ley, como está planteada, es a todas luces insuficiente. Como señala el jurista Carlos Becerril: “Por decreto, las instituciones formales no cambian, sobre todo cuando se enfrentan a los vicios del sistema, arraigados en la costumbre y en las instituciones informales que tienden a perdurar en el tiempo.” Insisto, el problema de la inseguridad no es sólo un problema que pueda resolver el gobierno federal. Compete de igual manera al sistema judicial, a los gobiernos estatales y municipales y a la sociedad civil. En efecto, la iniciativa presentada, la sociedad debe ser tomada en cuenta como parte ineludible en la solución del problema. Ni duda cabe que con la presencia e intervención de la fuerza militar habrá cambios significativos en la cotidianidad de los habitantes, y se les debe preparar para sobrevivir lo que viene. La ciudadanía tendría que poder organizarse a partir de objetivos conocidos y comunes, por barrios, colonias, pueblos y ciudades. 

 

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